JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA

EXPEDIENTES: SX-JDC-123/2026 y ACUMULADOS

PARTE ACTORA: ISAÍAS VÁSQUEZ GONZÁLEZ Y OTRAS PERSONAS[1]

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA[2]

TERCERÍA: JUAN ANDRÉS LÓPEZ PADILLA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO TRONCOSO ÁVILA

SECRETARIA: MALENYN ROSAS MARTÍNEZ

COLABORADORES: JULIANA VÁZQUEZ MORALES Y EDUARDO DE JESÚS SAYAGO ORTEGA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de mayo de dos mil veintiséis.

SENTENCIA que se emite en los juicios promovidos por Isaías Vásquez González y otros ciudadanos, por propio derecho y ostentándose como ciudadanía indígena del municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, cuyo ayuntamiento se rige por sistemas normativos internos.

La parte actora impugna la sentencia de treinta de marzo del año en curso, dictada por el TEEO en el expediente JNI/07/2026 y acumulados mediante la cual se modificó el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca[3] vinculado con la validez de la elección del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca[4], regido por sistemas normativos internos[5].

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Esta Sala Regional revoca la sentencia impugnada, toda vez que el TEEO ordenó de manera indebida la realización de una diligencia para mejor proveer consistente en un recuento judicial, sin existir causa justificada para ello, puesto que de las pruebas que obran en el sumario es posible advertir la inexistencia de variaciones sustanciales que generaran duda razonable sobre la certeza en el resultado de la votación; por tanto, debe confirmarse el acuerdo del Consejo General del IEEPCO.

ANTECEDENTES

I. El contexto

De lo narrado por la parte actora y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1.                  Dictamen. El veinticinco de junio se aprobó el dictamen DESNI-IEEPCO-CAT-287/2025 por el que se identifica el método de elección de las concejalías al ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, el cual se rige por SNI.

2.                  Convocatoria. El veintiocho de octubre siguiente se emitió la convocatoria para la elección. Misma que en el punto “NOVENO” establece:

3.                  Elección. El treinta de noviembre de dos mil veinticinco se llevó a cabo la elección de concejalías del ayuntamiento del municipio en mención.

4.                  Sesión permanente. El día de la elección, se instaló la sesión permanente del Consejo Municipal Electoral, la cual tras realizar el seguimiento de la jornada y el respectivo cómputo de la elección declaró ganadora a la planilla guinda integrada por los ciudadanos siguientes:

5.                  Declaratoria de validez. El treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, el Consejo General del Instituto local mediante el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-420/2025 calificó como jurídicamente válida la elección de concejalías al tenor de los resultados del Consejo Municipal, con ajustes aritméticos en la sumatoria de votos.

6.                  Impugnaciones locales. En distintas fechas, se presentaron sendas demandas ante el Tribunal local mediante las cuales se solicitó un recuento total de votos en esa instancia y, se controvirtió el acuerdo de validez de la elección de referencia, tal como se detalla a continuación:

7.                  Diligencia para mejor proveer.[9] El seis de marzo, el TEEO mediante acuerdo plenario ordenó la realización de una diligencia para mejor proveer a fin de aperturar la totalidad de los paquetes electorales y realizar el recuento total de votos de la elección.

8.                  Recuento. El doce de marzo, se llevó a cabo la diligencia de la apertura de paquetes y el recuento de la votación a cargo del órgano jurisdiccional local.

9.                  Escritos derivados de la diligencia[10]. En esa misma fecha y el diecisiete de marzo siguiente, el ciudadano Juan Andrés López Padilla en su calidad de tercero interesado en los juicios primigenios presentó escritos de incidencias por vicios del recuento realizado en el TEEO.

10.              En esencia, señaló que no realizaron separación de boletas por casillas y secciones de los paquetes de la localidad la Garzona; no se cumplieron las formalidades ni se levantó acta alguna, no se les permitió presenciar la extracción y traslado por lo cual se rompió la cadena de custodia; y, dentro del cómputo existe un total de treinta boletas de menos, es decir, faltan documentos electorales lo cual resta certeza al conteo.

11.              También advirtió que se le restaron indebidamente votos a la planilla guinda en la casilla 960 C1, por lo cual debía desestimarse la diligencia. Finalmente, señaló que dentro del sistema normativo de su comunidad no se advertían las reglas implementadas por el TEEO para el recuento, de ahí que era injustificado.

12.              Acta de hechos. El trece de marzo del año en curso, el IEEPCO levantó el acta de hechos de la diligencia de recuento en la instancia jurisdiccional llevado a cabo el doce de marzo.[11]

13.              Sentencia impugnada. El treinta de marzo, el Tribunal local dentro del expediente JNI/07/2026 y acumulados determinó lo siguiente:

[…]

RESUELVE

PRIMERO. Se modifica el Acuerdo IEEPCO-CG-SNI-420/2025, en lo que fue materia de impugnación, en términos de lo precisado en la presente sentencia.

SEGUNDO. Se establece que los resultados válidos de la elección son los obtenidos en la diligencia para mejor proveer consistente en la apertura de paquetes electorales y el recuento total de la votación, en términos de lo razonado en esta resolución.

TERCERO. Se reconoce como personas electas a quienes integran la planilla rosa, encabezada por Juan Andrés López Padilla, al haber obtenido la mayor votación conforme a los resultados derivados de la diligencia referida.

CUARTO. Se dejan sin efectos las constancias de mayoría y validez previamente otorgadas, así como cualquier acreditación expedida con base en el cómputo anterior, quedando firmes las actuaciones realizadas por quienes hubieran ejercido el cargo con motivo de las mismas.

QUINTO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que quede legalmente notificada la presente sentencia, expida la constancia de mayoría y validez correspondiente a favor de las personas integrantes de la planilla rosa, encabezada por Juan Andrés López Padilla.

[…]

14.              La planilla rosa a la que se ordenó se le entregara la constancia de mayoría está encabezada por Juan Andrés López Padilla e integrada por los siguientes ciudadanos:[12]

II. De los medios de impugnación federales

15.              Presentación, recepción y turno. El ocho, nueve y veintisiete de abril, la parte actora presentó ante la autoridad responsable escritos de demanda en contra de la sentencia referida en el párrafo anterior, las cuales se recibieron en esta Sala Regional junto con sus constancias de trámite.

16.              Posteriormente, la magistrada presidenta ordenó la integración de los expedientes como se describe en el siguiente cuadro y los turnó a la ponencia del magistrado José Antonio Troncoso Ávila, para los efectos legales correspondientes.

17.              Sustanciación. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó los expedientes en su ponencia y admitió las demandas; así, al encontrarse debidamente sustanciados los juicios, declaró cerrada la instrucción y ordenó que se formulara el proyecto de sentencia respectivo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

18.              El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[14] ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral es competente para conocer y resolver los medios de impugnación, a) por materia, al tratarse de juicios promovidos contra una sentencia del Tribunal local vinculada con la validez de la elección de concejalías de un ayuntamiento de Oaxaca, regido por SNI; y b) por territorio, porque esa entidad federativa corresponde a esta circunscripción plurinominal.

19.              Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, 94, párrafo primero, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[15] 251, 252, 253, fracción IV, incisos b y c, 260, párrafo primero, y 263, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 3, apartado 2, inciso c, 4, apartado 1, 79, 80, apartado 1, inciso f, y 83, apartado 1, inciso b, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[16]

SEGUNDO. Acumulación

20.              En las demandas se combate la sentencia del Tribunal local recaída en el expediente JNI/07/2026 y acumulados que determinó modificar la resolución emitida en el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-420/2025 del IEEPCO, en el que se declaró como jurídicamente válida la elección de concejalías del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

21.              En tal sentido, para facilitar su resolución pronta y expedita, y evitar la emisión de sentencias contradictorias, se acumulan los juicios SX-JDC-132/2026 y SX-JDC-141/2026 al diverso juicio SX-JDC-123/2026, por ser éste el más antiguo.

22.              Ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 267, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley General de Medios y 79 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

23.              Por tanto, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados.

TERCERO. Improcedencia del juicio SX-JDC-141/2026

24.              Esta Sala Regional considera que es improcedente el juicio SX-JDC-141/2026, porque el escrito de demanda es extemporáneo debido a su presentación fuera del plazo establecido en la ley.

25.              Al respecto, el artículo 8 de la Ley General de Medios dispone que los recursos o juicios deberán presentarse por escrito dentro del plazo de cuatro días, contado a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento de la resolución o acto impugnado, o se hubiese notificado en conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución.

26.              De esta manera, si el medio de impugnación respectivo no cumple con ese requisito procesal, la consecuencia jurídica será el desechamiento de plano de la demanda, tal como lo prevén los artículos 9, en su apartado 3, y 10, apartado 1, inciso b, de la Ley de Medios, donde el primero de ellos establece la consecuencia jurídica y el segundo la causa de improcedencia cuando la demanda no se interponga en los plazos señalados en la propia Ley.

27.              Por otra parte, conviene precisar que cuando la parte interesada es ajena a la relación procesal de donde emanó el acto o resolución controvertida, el cómputo del plazo para promover de manera oportuna algún medio de impugnación en materia electoral se rige por la notificación realizada por estrados del acto o resolución de que se trate, pues de esta manera queda en aptitud legal de proceder en la forma y términos que considere pertinentes en defensa de sus derechos.[17]

28.              En el caso, se precisa que la parte actora del juicio SX-JDC-141/2026, no formó parte de la relación procesal en la instancia primigenia, pero eso no le impide impugnar ante este órgano jurisdiccional, dado que el acto que ahora controvierte es la resolución emitida por el Tribunal local en el expediente JNI/07/2026 y acumulados relacionada con la elección de concejalías del ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. En ese sentido, lo ordinario es que el conocimiento de la sentencia se rija por la notificación realizada por el TEEO vía estrados.

29.              En ese tenor, cuando la materia de la impugnación verse sobre la validez de las elecciones regidas por sistemas normativos indígenas y la notificación del acto impugnado se haya efectuado por estrados, ésta debe surtir sus efectos al día siguiente en que se efectuó,[18] porque tal tipo de notificación surte efectos frente a terceros, y para los propios integrantes de dichas comunidades que, aun cuando no hayan tenido la calidad de parte, cuentan con interés para controvertir los actos y resoluciones de las autoridades electorales relacionadas con la validez de la elección de sus autoridades municipales.

30.              De esa forma, en el caso, la notificación por estrados de la sentencia impugnada se realizó el treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis, por lo que, conforme a lo precisado en líneas anteriores, surtió efectos el uno de abril siguiente; así, el plazo legal de cuatro días para promover el presente juicio ciudadano transcurrió del seis al nueve de abril, sin contabilizar los días del dos al cinco de abril por ser inhábiles.[19]

31.              En ese orden, la presentación de la demanda del presente juicio es extemporánea, ya que se realizó hasta el veintisiete de abril de dos mil veintiséis, es decir, con posterioridad al vencimiento del plazo legal previsto para impugnar. Tal como se ilustra:

32.              Por otro lado, aun cuando la parte actora se auto adscribe como indígenas, no es posible aplicar los criterios emitidos por la Sala Superior relativos a la flexibilización del plazo para impugnar,[20] puesto que no existe causa que justifique la excepción a las normas procesales.

33.              Al respecto, la parte actora expone para justificar la oportunidad en la presentación de su demanda que tuvo conocimiento del acto impugnado el día veintiuno de abril; empero, tal circunstancia no resulta ser de la entidad suficiente para demostrar que no les rige la notificación por estrados (al no ser parte en la instancia previa) o bien, que hayan tenido alguna imposibilidad para conocer del acto impugnado con antelación.

34.              En ese sentido, la parte actora no señala ni desarrolla argumento alguno encaminado a evidenciar que existió una imposibilidad para promover el juicio dentro del plazo legalmente establecido. Además, de las constancias que obran en autos esta Sala Regional tampoco advierte la existencia de alguna circunstancia extraordinaria o especial que justificara la presentación extemporánea del medio de impugnación.

35.              En ese tenor, la extemporaneidad en la promoción del juicio de la ciudadanía SX-JDC-141/2026, se traduce en el incumplimiento de uno de los requisitos legales indispensables para el ejercicio del derecho de acción y, al incumplirse tal presupuesto, no se satisface el requisito de oportunidad correspondiente, lo que en forma alguna implica la vulneración del derecho humano a la tutela judicial efectiva.[21]

36.              En consecuencia, es improcedente el juicio de la ciudadanía SX-JDC-141/2026, por lo que debe desecharse de plano la demanda.[22]

CUARTO. Tercería en el SX-JDC-123/2026

37.              Se reconoce el carácter de tercero interesado a Juan Andrés López Padilla, ya que su escrito de comparecencia en el expediente citado cumple con los requisitos legales, previstos en lo dispuesto por los artículos 12, apartado 1, inciso c), 13 inciso b) y 17, apartado 4 de la Ley General de Medios, tal y como a continuación se advierte:

38.              Forma. El requisito se encuentra satisfecho, ya que el escrito se presentó ante el Tribunal local en el que consta el nombre y firma autógrafa de quien pretende se le reconozca el carácter de tercerista y expresa las razones en que funda su interés incompatible con la parte actora.

39.              Oportunidad. Se cumple, puesto que el plazo para comparecer en el juicio transcurrió de las catorce horas con dos minutos del nueve de abril, a la misma hora del catorce de abril siguiente[23] por lo que, si el escrito de comparecencia se presentó el trece de abril a las nueve horas con cincuenta minutos, es evidente que su presentación fue oportuna.[24]

40.              Legitimación e interés incompatible. El escrito de comparecencia fue presentado por quien fungió como parte en la instancia primigenia y tiene un derecho incompatible con la parte actora quien pretende la revocación de la sentencia impugnada, en cambio la persona compareciente pretende que se confirme la sentencia, evidenciándose un derecho incompatible, por lo cual se cumple el requisito.

CUARTO. Análisis del escrito de Amicus Curiae

41.              Es improcedente reconocer la calidad de amicus curiae o amigos de la corte a las personas que comparecieron en el juicio de la ciudadanía SX-JDC-123/2026[25].

42.              Al respecto, este Tribunal Electoral ha considerado que, en los medios de impugnación es posible la intervención de terceros mediante amicus curiae[26], a fin de contar con elementos para un análisis integral, siempre que: i) se presenten antes de la resolución del asunto; ii) por persona ajena al proceso, y iii) tenga únicamente la finalidad de aumentar el conocimiento del juzgador mediante razonamientos o información científica y jurídica pertinente para resolver.

43.              En el caso, quienes acuden en calidad de amicus curiae presentan un escrito que no cumplen los requisitos de admisibilidad, ya que su pretensión no es aumentar el conocimiento de este Tribunal sobre aspectos especializados, sino influir en su criterio en un sentido específico en relación con la legalidad e importancia de la sentencia regional, al solicitar la nulidad de la elección.

QUINTO. Requisitos de procedencia

44.              En términos de lo establecido en los artículos 7, 8, 9, 12, apartado 1, 13, apartado 1, inciso b, 79 y 80 de la Ley General de Medios, se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia de los juicios de la ciudadanía SX-JDC-123/2026 y SX-JDC-132/2026, conforme a lo siguiente:

45.              Forma. Las demandas se presentaron por escrito, constan los nombres y firmas autógrafas de quienes promueven, además, se identifica el acto impugnado, la autoridad responsable y se mencionan los hechos y agravios en que se basan las impugnaciones.

46.              Oportunidad. En el caso, las demandas se promovieron por conducto de la parte actora en las fechas que a continuación se ilustran:

47.              En ese tenor, para el promovente del juicio SX-JDC-123/2026 el plazo transcurrió del uno al ocho de abril del año en curso, sin contabilizar días inhábiles[29], de ahí que, se estima que la demanda en dicho juicio es oportuna puesto que se presentó el último día del plazo legal previsto en la normativa electoral.

48.              Por cuanto hace al ciudadano Hilario Ignacio Vásquez Gómez, parte actora en el juicio SX-JDC-132/2026, ha sido criterio de esta Sala Regional que cuando la impugnación se relaciona con elecciones regidas por SNI, la notificación se practica por estrados, la cual surte efectos al día siguiente de su fijación,[30] incluso frente a quienes no fueron parte en la instancia original, pues los estrados constituyen un mecanismo válido de publicidad para los integrantes de la comunidad [31].

49.              En ese tenor, la sentencia fue fijada en estrados el treinta y uno de marzo, por lo que surtió efectos el día uno de abril. En consecuencia, el plazo para impugnar transcurrió del seis al nueve de abril, al no computarse del dos al cinco de ese mes, al ser días inhábiles como ya se razonó anteriormente. En ese orden, la presentación de la demanda del presente juicio es oportuna, ya que se realizó el nueve de abril, el último día legal previsto por la normativa electoral.

50.              Legitimación, personería e interés jurídico. Se satisfacen los requisitos, toda vez que, la parte actora en cada uno de los juicios son personas ciudadanas que promueven las demandas por su propio derecho. Asimismo, la parte actora en el SX-JDC-123/2026 fungió como persona tercera interesada en la instancia local, cuya sentencia ahora se impugna y considera que vulnera su esfera jurídica de derechos.[32]

51.              Por su parte, la parte actora en el juicio SX-JDC-132/2026 se ostenta como integrante de la comunidad indígena y fue representante de la planilla café ante el Consejo Municipal Electoral, lo cual le otorga interés para controvertir el acto impugnado en esta instancia, con independencia de que no se apersonara en la instancia primigenia.

52.              Definitividad. Dicho requisito se encuentra colmado, en virtud de que no existe algún medio de impugnación que deba ser agotado antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, pues la resolución impugnada del Tribunal local constituye un acto definitivo, esto, porque la legislación estatal[33] no prevé algún otro medio de impugnación por el que pueda confirmarla, revocarla o modificarla.

SEXTO. Cuestión previa

53.              La presente controversia tiene su origen en el proceso de renovación ordinaria de las concejalías del Ayuntamiento de San José del Progreso, Oaxaca, municipio que electoralmente se rige por sistemas normativos internos. El método de la elección de concejalías, en esencia, se rige por las reglas siguientes:

Génesis de la controversia

54.              El treinta de noviembre de dos mil veinticinco se acordó llevar a cabo la elección de concejalías en el municipio. Derivado de la organización de la elección y los actos realizados para la elección municipal se advierte lo siguiente:

        Se estableció el procedimiento para el registro de planillas, los requisitos de elegibilidad y la fecha de la jornada electoral.

        Se instauró la instalación de 10 casillas.

        La utilización del cuadernillo del INE para el análisis de los votos válidos y nulos.

        Se delimitaron las reglas aplicables al periodo de campañas.

        Se aprobó el modelo de boletas a utilizar en la jornada electoral.

        Se definieron las condiciones de desarrollo de la jornada, y la integración y ubicación de los centros de votación.

55.              Al respecto, del acta de la sesión permanente levantada el día de la jornada electoral por el Consejo municipal se desprende, en esencia, lo siguiente:

         Lectura de los resultados derivados de las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las mesas de casilla.

         Derivado de presuntos datos erróneos asentados en las actas de las secciones 959 B, 959 C2, 961 C1 y 961 B, el consejo municipal determinó realizar un recuento de votos de cada una de las casillas.

         Un ajuste en dos casillas y la expedición de los resultados conducentes, sin que se advierta la apertura total de los paquetes.

         Se asentó que los representantes de dos planillas llegaron al acuerdo de dar por terminado el reconteo de la votación total.

         La entonces candidata de la planilla Morada solicitó el recuento de cada una de las boletas utilizadas y votos nulos. Lo mismo que el otrora candidato de la planilla Rosa.

         En una intervención Luis Gabriel López Padilla sostuvo que las incidencias se habían encontrado por lo que no tenía caso continuar el reconteo y se retiró de la sesión con inconformidad. A tal exposición se adhirió el representante de la planilla Morada.

         Los integrantes del Consejo Municipal por unanimidad de votos determinaron publicar los resultados obtenidos mediante el “reconteo de votos”.

56.              Tal como se observa el consejo municipal determinó realizar un recuento de votos de cada una de las casillas, el cual se dio por finalizado, sin que se recontara la totalidad de los votos. Así, el uno de diciembre de dos mil veinticinco el consejo municipal determinó el ganador conforme lo actuado en el consejo.

57.              Esto es, se concluyó que quienes integrarían el ayuntamiento municipal del uno de enero del año en curso, al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiocho eran los integrantes de la planilla Guinda quien obtuvo el mayor número de votos. Ello, al tenor de los resultados impactados en el “cartel de resultados de cómputo municipal”[35] de conformidad con lo siguiente:

58.              Como se ve, la suma de los votos válidos y los nulos, así como las boletas sobrantes, dieron un resultado de seis mil (votos y boletas sobrantes)[36] y la diferencia, entre el primer y segundo lugar fue de 11 votos.

59.              Una vez determinado lo anterior, se comunicó que el expediente de la elección se remitiría a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas y Consejo General del IEEPCO a fin de que se declarara lo procedente, dándose así por terminados los trabajos de dicho Consejo.

60.              Después de dicha sesión y los resultados, los otrora candidatos de la planilla Rosa y Morada presentaron diversas solicitudes de recuento ante el IEEPCO, sin embargo, el IEEPCO negó la procedencia del recuento de votos, al determinar que conforme al marco constitucional y legal carecía de atribuciones para asumir funciones o atribuciones que correspondían al consejo municipal conformado de manera autónoma por la ciudadanía del municipio.

61.              El treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, el IEEPCO validó la elección de autoridades municipales. Ello, al tenor de los resultados del Consejo Municipal, y la ineficacia de las inconformidades hechas valer, por lo que se determinó la debida integración del expediente.

62.              La determinación respecto los resultados del cómputo municipal, fue retomado y ajustado por el IEEPCO validándose la elección a favor de la planilla guinda. Esa decisión fue motivó de impugnación en la instancia primigenia, por integrantes de la planilla Morada, Rosa y Café, en esencia, por lo siguiente:

63.              En dichos juicios compareció como tercero interesado el entonces candidato de la planilla guinda y expuso, en esencia, lo siguiente:

64.              En la instrucción de los asuntos, el TEEO mediante acuerdo plenario de seis de marzo del año en curso, previa acumulación de los juicios y como diligencia de mejor proveer, ordenó la apertura de los paquetes electorales y el recuento total de votos en sede jurisdiccional, al considerar que no existía certeza en el recuento realizado en la sede del Consejo Municipal Electoral.

65.              En virtud de lo anterior, se realizó la diligencia referida, en esencia, se hizo constar, en las documentales que ordenaron el recuento lo siguiente:

66.              Ese mismo día y el diecisiete de marzo siguiente el tercero interesado en esa instancia presentó sendos ocursos, a fin de inconformarse contra la diligencia.

67.              En ese contexto, al emitir la sentencia, el Tribunal local analizó el contexto de la comunidad y estableció el tipo de conflicto como mixto, al clasificarlo como intracomunitario porque se alegó que el escrutinio y cómputo no se ajustó al sistema normativo interno, lo cual evidenció tensión entre integrantes de la comunidad; y, como extracomunitario porque se generó una relación de tensión entre la decisión adoptada por la autoridad estatal y el ejercicio del derecho de autodeterminación de la comunidad.

68.              Finalmente, el TEEO determinó un cambio de ganador, pues determinó que en el ejercicio llevado a cabo en sede jurisdiccional triunfó la planilla Rosa. Esto es, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, modificó el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-420/2025, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, relativo a la elección de concejalías del Ayuntamiento de San José del Progreso, al acreditar inconsistencias en la integración del cómputo original derivadas de errores en la captura, suma y sistematización de los datos.

69.              Dicha decisión constituye la sentencia impugnada en esta instancia.

SÉPTIMO. Estudio de fondo

Pretensión y causa de pedir.

La pretensión de la parte actora, en los juicios que se resuelven es que se revoque la resolución impugnada, para que se desestime el recuento jurisdiccional decretado en el TEEO; y, se valide lo determinado por el IEEPCO; y, en su caso, se declare la inelegibilidad del candidato que encabeza la planilla Rosa y la falta de paridad en la integración de dicha planilla.

70.              La causa de pedir la sustenta, esencialmente, en la ilegalidad de la sentencia por la falta de exhaustividad, la incongruencia, la actualización de cosa juzgada y la omisión de juzgar con perspectiva intercultural.

71.              En síntesis, la parte actora en cada uno de los juicios alega lo siguiente:

    Juicio de la ciudadanía SX-JDC-123/2026

72.              La parte actora sostiene la ilegalidad de la sentencia por temáticas relacionadas con la indebida implementación del recuento en sede jurisdiccional, vicios propios del recuento en sede jurisdiccional; y, finalmente, la presunta omisión de analizar la elegibilidad y debida integración de la planilla rosa. En ese contexto, alega que el TEEO inobservó lo siguiente:

        El recuento judicial es ilegal y no se justificaba, al no demostrarse la gravedad de este.

        El recuento judicial, no es parte del método electivo.

        La petición de recuento –en sede jurisdiccional– era cosa juzgada.

        Vulneración a la cadena de custodia.

        Fue un error de suma, no en datos de la votación.

        Los datos más apegados a la realidad son los que establecen las actas de los centros de votación.

        Señala que el TEEO inobservó que Juan Andrés López Padilla, es inelegible.

        La reelección no es parte del sistema normativo.

        No se verificó la paridad en la integración de la planilla rosa.

    Juicio de la ciudadanía SX-JDC-132/2026

73.              La parte actora en ese juicio sostiene que la sentencia es ilegal porque el TEEO inobservó que Juan Andrés López Padilla, es inelegible, al señalar que no se separó de su cargo público –regidor de hacienda–, lo cual generó inequidad en la contienda, también refiere que se vulneró además el sistema normativo de la comunidad ya que no se prevé la reelección; asimismo, sostiene la vulneración de la paridad en la integración de la planilla Rosa.

74.              De lo anterior se desprende que la parte actora en ambos juicios combaten la inelegibilidad del candidato de la planilla Rosa. Por otro lado, de los agravios expuestos en el SX-JDC-123/2026 se advierte la exposición de temáticas vinculadas con el indebido recuento en sede jurisdiccional.

75.              Es importante precisar, que el ciudadano Juan Andrés López Padilla al comparecer como tercero interesado en el juicio SX-JDC-123/2026 manifiesta:

        El actor consintió el acuerdo que determinó la procedencia del recuento.

        No era necesario consultar a la asamblea sobre un recuento, porque el Consejo Municipal encargado de organizar la elección, lo implementó y el que ahora se controvierte en sede jurisdiccional, es consecuencia de ese primero.

        No existe la cosa juzgada porque la decisión del IEEPCO no atiende a una sentencia firme.

        La litis fue atendida conforme a los planteamientos que fueron hechos valer.

        No es viable impugnar su inelegibilidad, ya que debió hacerlo valer desde los resultados y no esperarse hasta ahora.

        La paridad está garantizada porque de los 6 cargos propietarios, 3 serán ocupados por hombres y 3 por mujeres, no existe ninguna discrepancia con la paridad.

76.              Esta Sala tendrá en cuenta las manifestaciones aludidas, a fin de evaluar el caso.

77.              En el presente caso no está en debate la organización del proceso electivo, la controversia consiste en determinar esencialmente si el recuento de votos en sede judicial fue conforme al sistema normativo interno y si con ello se vulneraron los derechos de la comunidad; máxime que existía la negativa de recuento del IEEPCO.

78.              De conformidad con los planteamientos de las partes, en primer lugar, se analizará lo relacionado con la viabilidad del recuento judicial de votos, pues de resultar fundados, lo conducente sería revocar la sentencia impugnada. De superarse tal cuestión se analizará lo relativo a la presunta inelegibilidad de la candidatura que encabezó la planilla rosa y su integración paritaria.

Análisis de agravios

Planteamientos

79.              La parte actora sostiene que el TEEO de manera dogmática se limitó a señalar inconsistencias en el cómputo de votos sin demostrar gravedad, generalidad o un impacto determinante sino únicamente en su sentencia señaló dos casillas y una supuesta irregularidad en el cómputo, pero ello obedeció a una suma aritmética no a irregularidades demostrables.

80.              Señala que de manera ilógica y subjetiva estableció elementos mínimos con los cuales justificó la realización del recuento judicial sin que existiera la necesidad de un ejercicio de recuento, máxime que de los datos de las actas de escrutinio y cómputo se establecía una coincidencia.

81.              En su estima, se introdujeron exigencias de certeza aritmética y estándares de escrutinio y cómputo que caracteriza al sistema de partidos, sin que además sea viable el recuento judicial en su método electivo.

82.              Considera que de conformidad con el principio de mínima intervención se debió convalidar lo sostenido por el IEEPCO y usar las actas de escrutinio y cómputo, al no estar controvertidas desde su autenticidad y contenido, máxime que el TEEO reconoce que las cifras de las actas de escrutinio y cómputo son solo un error de suma, no así en los datos asentados en la votación.

Decisión

83.              El agravio es fundado y suficiente para revocar en lo que es materia de impugnación, la sentencia reclamada. Esencialmente, porque del contexto integral y de la documentación electoral no se advierte la existencia de alguna irregularidad grave que justificara un recuento diverso en sede judicial.

84.              Esto es, la decisión respectiva del TEEO no se sustentó en razones válidas, sino que partió de una supuesta falta de certeza derivado del ejercicio realizado por el Consejo Municipal Electoral, lo cual es insuficiente para sustentar una determinación de tal magnitud, sobre todo, tratándose de una elección regida por el sistema normativo interno de la comunidad.

85.              De ahí que, el TEEO inobservó que de los elementos de autos –actas– se advertía la inexistencia de inconsistencias que justificaran o dieran sustento a la realización de un nuevo recuento, ya que los datos discordantes derivaron de una variación que era subsanable y no determinante.

Marco normativo

   Juzgar con perspectiva intercultural

86.              Juzgar con perspectiva intercultural entraña el reconocimiento a la otredad y de la existencia de cosmovisiones distintas que conviven en el ámbito nacional.[37] Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el “Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural: personas, pueblos y comunidades indígenas”[38] señala que la perspectiva intercultural en el acceso a la justicia se manifiesta de manera especial al apreciar los hechos y las pruebas sobre las cuales se han de aplicar las normas jurídicas.

87.              Por su parte, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que para realizar un estudio con una perspectiva intercultural implica los siguientes elementos:[39]

        Reconocer el pluralismo jurídico y que el derecho indígena cuenta con principios, instituciones y características propias, originadas a partir del desarrollo histórico y cosmovisión de los pueblos originarios y que son distintas a las generadas en el derecho legislado formalmente;

        Acudir a las fuentes adecuadas para conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena a aplicar, como pueden ser solicitud de peritajes jurídico-antropológicos, así como informes y comparecencias de las autoridades comunitarias;

        Revisar fuentes bibliográficas;

        Realizar visitas in situ;[40]

        Aceptar opiniones especializadas presentadas en forma de amicus curiae,[41] entre otras.

88.              Asimismo, se ha establecido[42] que el análisis contextual de las controversias comunitarias permite garantizar de mejor manera la dimensión interna del derecho a la participación política de las personas integrantes de las comunidades y pueblos indígenas como expresión de su derecho a la libre determinación, así como evitar la imposición de determinaciones que resulten ajenas a la comunidad o que no consideren al conjunto de autoridades tradicionales o miembros relevantes de la misma en la toma de decisiones y que pueden resultar un factor agravante o desencadenante de otros escenarios de conflicto dentro de las propias comunidades.

89.              Lo anterior favorece el restablecimiento de las relaciones que conforman el tejido social comunitario desde una perspectiva intercultural que atiende el contexto integral de la controversia y el efecto de las resoluciones judiciales al interior de las comunidades a fin de contribuir a una solución efectiva de los conflictos internos.

   Principio de certeza

90.              El principio de certeza permea todo proceso electoral, de tal forma que la observancia de ese principio se traduce en que la ciudadanía, las autoridades electorales y, en general, quienes participan en ese proceso conozcan la situación jurídica que los rige, así como las normas electorales que se aplicarán a la contienda electoral.

91.              En ese orden, el principio mencionado debe estar presente, tanto en la preparación y desarrollo de la elección de que se trate, como en los resultados obtenidos.

92.              En el caso de las comunidades que se rigen por su propio sistema normativo interno el principio de certeza opera en una doble vía, esto es, por una parte, respecto a los resultados electorales y, por otra, que dichas comunidades puedan gozar de una estabilidad en el ejercicio de los cargos regulados en su propio sistema.

   Principio de exhaustividad

93.              El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución federal, es la base constitucional del dictado de las resoluciones jurisdiccionales y prevé, entre otras hipótesis, que aquéllas tienen que dictarse de forma completa o integral, característica de la cual deriva el principio de exhaustividad con que debe cumplir toda resolución jurisdiccional.

94.              Dicho principio impone a la autoridad el deber de agotar en la resolución, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, para lo cual, previamente, debe constatar la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción. Ello, de conformidad con lo que establece la jurisprudencia 12/2001, de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”. 

   Valoración probatoria

95.              El artículo 14 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca establece que, para la resolución de los medios de impugnación previstos en esa Ley, podrán ser ofrecidas y admitidas: las documentales públicas y privadas; las técnicas (cuando por su naturaleza no requiera de perfeccionamiento); la presuncional legal y humana; la instrumental de actuaciones; la confesional; la testimonial y la pericial.

96.              Además, ese mismo artículo indica que en casos extraordinarios el Tribunal local podrá ordenar que se realice alguna diligencia o perfeccione una prueba, siempre que ello no sea obstáculo para resolver. En ese sentido, el artículo 15 de la citada Ley de Medios local prevé que serán objeto de prueba los hechos controvertidos, además, que el que afirma está obligado a probar, igualmente esa carga procesal la tiene el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.

97.              En ese orden, el artículo 16, apartados 1, 2 y 3, de la misma Ley establece que los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, quien deberá atender las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, y estar a las disposiciones específicas del capítulo relativo “De las pruebas” de esa Ley.

98.              En el caso de las comunidades indígenas, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha establecido que de la interpretación funcional de los artículos 1, 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución federal, 16, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 5, 8, 74, 75 y 86, párrafo 1, inciso b, de la Ley de Medios local; se colige que en los medios de impugnación promovidos por los integrantes de las comunidades indígenas, son aplicables las reglas comunes en materia probatoria, siempre que se armonicen y respeten sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales acordes con la Constitución.

99.              Sirve de apoyo la tesis XXXVIII/2011, de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. REGLAS PROBATORIAS APLICABLES EN LOS JUICIOS ELECTORALES (LEGISLACIÓN DE OAXACA)”.[43]

Consideraciones del TEEO

100.          Al respecto, es importante precisar que el seis de marzo del año en curso, el TEEO ordenó la realización del recuento en sede judicial al aducir falta de certeza derivado de la realización del recuento llevado a cabo en el Consejo Municipal Electoral, pues sostuvo que los resultados finales consignados en el “cartel de resultados de cómputo municipal”[44] derivaron de un ejercicio de “recuento total” incompleto, esto es, señaló que en razón de que el referido consejo municipal no realizó el recuento de la totalidad de los paquetes electorales, no se tenía certeza sobre el resultado de la votación.

101.          En ese contexto, sustentó que no existía certeza en el recuento realizado en la sede del Consejo Municipal Electoral, por lo siguiente:

      Que no existía “trazabilidad documental” que permitiera verificar que el recuento municipal se hubiera realizado en todos los centros de votación, ni cómo se integró el cómputo final de la elección.

      En el expediente únicamente obraban actas de escrutinio y cómputo levantadas en los centros de votación.

      No había actas, registros o documentos que identificaran los resultados del recuento durante la sesión permanente del Consejo Municipal, que permitieran verificar que los paquetes fueran abiertos y los votos contados conforme al presunto acuerdo adoptado por el Consejo Municipal

      Se decidió dar por terminado el recuento, sin que del acta se desprendiera que se concluyó, lo cual impidió identificar con claridad como se integró el cómputo final de la elección, si con los datos del recuento o a partir de los datos originalmente asentados en las actas de escrutinio y cómputo.

      A mayor abundamiento agregó que la diferencia entre el primero y segundo lugar (once votos) era inferior al número de votos nulos cuya revisión fue solicitada por las partes.

102.          Derivado de ello, se realizó la diligencia referida.

103.          Al emitir la sentencia, el Tribunal local determinó un cambio de ganador, pues mientras en el acta emitida por el Consejo Municipal resultó ganadora la planilla Guinda, en el ejercicio en sede jurisdiccional triunfó la planilla Rosa, ello al tenor de lo siguiente:

104.          Con base en esos razonamientos y resultados, el TEEO determinó que la planilla rosa obtuvo la mayor cantidad de votos, por lo que debía reconocerse como la opción ganadora del proceso electivo, conforme a los resultados derivados de la diligencia para mejor proveer.

Postura de esta Sala

105.          Esta Sala Regional estima que el recuento judicial ordenado por el TEEO fue una diligencia carente de sustento legal, excesiva e innecesaria, pues únicamente se sostuvo en consideraciones subjetivas.

106.          Más aún cuando el propio Tribunal responsable señaló que a partir de la verificación integral de los datos de las actas de escrutinio y cómputo se advertía que, si bien la suma de la votación emitida y las boletas sobrantes no coincidía de manera exacta con el total autorizado de una de las casillas, dicha diferencia correspondía a inconsistencias aritméticas menores identificadas en las distintas etapas de sistematización.

107.          De ahí que, al tenor de lo sostenido por el TEEO y de la corroboración de los datos asentados en la documentación electoral, no era necesario ni se justificaba la implementación de un recuento en sede judicial.

108.          En principio, es necesario precisar que si bien la parte actora realiza sus planteamientos en relación con la improcedencia del recuento en sede jurisdiccional hasta el momento de presentar su demanda ante esta instancia y no lo hizo contra el acuerdo que ordenó su ejecución (seis de marzo), ello no es motivo suficiente para que sus planteamientos no sean tomados en cuenta al emitir esta resolución.

109.          Ello, pues se trata de un asunto que involucra derechos de integrantes de pueblos y comunidades indígenas, además de que la materialización de la afectación de ese ejercicio se dio hasta la emisión de la sentencia que ahora se impugna, momento que se decretó el cambio de ganador en la elección y momento en que la responsable optó por los resultados obtenidos en esa diligencia, frente a los obtenidos en el recuento realizado por el Consejo Municipal, así como los derivados de las actas individuales de escrutinio y cómputo levantadas en casilla.

110.          En ese tenor, la Sala Superior determinó, al resolver el SUP-REC-24/2026 y sus acumulados, que cuando se controviertan decisiones que puedan afectar o incidir en el sistema normativo de una comunidad indígena, no opera la figura de la definitividad, sino que es posible su impugnación en cada acto de aplicación.

111.          Por ende, si la parte actora plantea la ilegalidad de la sentencia de treinta de marzo del año en curso que tuvo como sustento lo obtenido en el recuento realizado en sede jurisdiccional, resulta evidente que su derecho a que esa decisión sea analizada es procedente, ello con independencia de que la orden de realizar el referido recuento se hubiera realizado de manera previa al dictado de la resolución que ahora se impugna.

112.          Como se adelantó, los planteamientos de la parte actora relacionados con la ilegalidad de la sentencia dado lo indebido de haber realizado un recuento de manera injustificada, resultan fundados, pues como se explicó el Tribunal local no sustentó la decisión de llevar a cabo ese recuento en razones válidas ni objetivas.

113.          Del análisis exhaustivo de las constancias, así como del dicho de las partes y lo resuelto por el TEEO, se estima que no se justificaba el recuento judicial, ya que de los elementos existentes en aquella instancia permitían conocer con certeza y seguridad los resultados de los comicios.

114.          Este TEPJF ha estimado que con el objeto de determinar si existe un contexto excepcional de falta de certeza para sostener la realización de un nuevo recuento en sede jurisdiccional, dado el carácter extraordinario, es necesario un análisis reforzado y razonado de los documentos y circunstancias con las que se llevó a cabo el cómputo. [45]

115.          En ese panorama, el principio de certeza consiste en que las acciones que se efectúen sean veraces, reales y apegadas a los hechos, sin manipulaciones o alteraciones y que el resultado de todo lo actuado en el proceso electoral sea plenamente verificable, fidedigno y confiable, para reducir al mínimo la posibilidad de errar y desterrar en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin de que aquellos adquieran el carácter de auténticos.

116.          Por tanto, la apertura de los paquetes electorales integrados con motivo de las elecciones es una cuestión extraordinaria tal como se advierte de la jurisprudencia 14/2004 de este TEPJF de rubro: PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

117.          Esa atribución, por su propia naturaleza, constituye una medida última y excepcional, que conforme esos criterios jurisprudenciales únicamente tienen verificativo cuando, a juicio del órgano jurisdiccional:

        La gravedad de la cuestión controvertida así lo exija.

        El eventual desahogo pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo —como ocurriría si pudiese ser determinante para el resultado de la elección—.

        Siempre que, habiéndose agotado todos los medios posibles para dilucidar la situación, sólo se pueda alcanzar certidumbre a través del recuento.

118.          En ese tenor, ante la petición formulada al órgano jurisdiccional a efecto de que proceda a ordenar la diligencia de apertura de paquetes electorales, al sustanciarse un medio de impugnación, resulta evidente que sólo cuando se reúnan las condiciones señaladas podrá acordarse afirmativamente tal solicitud.

119.          Ello, a efecto de preservar la seguridad jurídica también distintiva de la justicia electoral, y proceder a desahogar la diligencia señalada observando todas las formalidades que el caso amerita.

120.          De ahí que no procederá la apertura de paquetes electorales cuando del análisis del propio medio de impugnación hecho valer por el ocursante, o bien, de las constancias de autos, se infiera que las pretensiones del actor o las irregularidades esgrimidas no son susceptibles de aclararse mediante la multicitada diligencia de apertura de paquetes, pues ésta carecería completamente de materia.

121.          Los citados criterios jurisprudenciales de este Tribunal prevén que, en la medida en que se reserve el ejercicio de dicha atribución extraordinaria, se evitarán la incertidumbre y la inseguridad jurídicas, preservando al mismo tiempo tanto el sistema probatorio en la materia como el principio de definitividad de los procesos electorales, al otorgar valor probatorio a los medios legalmente reconocidos y obviar retrotraer el proceso electoral a etapas concluidas, mediante el ejercicio debidamente justificado de esta trascendente atribución de la autoridad jurisdiccional.

122.          Es indispensable que, entre otros requisitos, la irregularidad hecha valer sea determinante para el resultado de la votación. Lo cual si se incumple es suficiente para negarle valor a la diligencia respectiva, por carecer de sustento jurídico, y debe reconocerse eficacia probatoria a las actas de escrutinio y cómputo levantadas, originaria o subsidiariamente, por los organismos electorales.

123.          Sirve de referencia la tesis XXV/2005 de rubro APERTURA DE PAQUETES. REQUISITOS PARA SU PRÁCTICA POR ÓRGANO JURISDICCIONAL que establece además que el acta de escrutinio y cómputo de la votación, elaborada por los funcionarios de casilla, es el medio más apto para demostrar el resultado de la votación recibida en una casilla.

Caso concreto

124.          Esta Sala Regional estima que de una valoración integral de las probanzas que obran en el expediente, el Tribunal local debió advertir, en primer lugar, la inexistencia de inconsistencias graves en los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en los centros de votación, y en segundo término, que los resultados obtenidos del recuento realizado por el consejo municipal resultaban plenamente consistentes con los datos asentados en las referidas actas de escrutinio y cómputo.

125.          Esto es, que existía concordancia entre los resultados asentados en el cartel de resultados de recuento y el cómputo de las actas de la votación, por ende, al no observarse inconsistencias graves en los resultados se carecía de causa justificada que exigiera la realización de un nuevo recuento ahora en sede jurisdiccional.

126.          Tal como lo señala la parte actora, el resultado de la elección se despejaba con una simple suma de las actas de escrutinio y cómputo, mismo que se despejó a su vez y de manera concatenada con el recuento realizado en dicho consejo, sin que el resultado o diferencia entre el primero y segundo lugar resultara determinante, pues solo se advirtió entre un cómputo y otro una variación de 3 votos, sin exceder la cantidad de boletas recibidas ni la diferencia entre primero y segundo lugar que fluctuó entre 10 y 11 votos, derivado de un resultado (actas de escrutinio y cómputo) y otro (recuento de 4 casillas), siendo además consistentes los resultados en cada una de las casillas, con el total de boletas recibidas (6,000).

127.          En ese sentido, la determinación de recuento sustentada por el TEEO fue incorrecta al ser ajena a un ejercicio de valoración con perspectiva intercultural.

128.          Al respecto, el TEEO determinó el recuento por el error de actas invocado por el propio consejo municipal.

129.          En ese sentido, es importante precisar que del acta de la sesión permanente de cómputo se estableció que el consejo municipal determinó el recuento por lo siguiente:

130.          Ahora bien, el TEEO también sostuvo la procedencia del recuento por la falta de trazabilidad documental del cómputo, esto es, la falta de documentación en la cual se hubiese asentado puntualmente cada uno de los pasos de lo ocurrido respecto el recuento en esa sede municipal.

131.          Pero, tal cuestión era insuficiente para ordenar un recuento ya que si bien el recuento judicial es una facultad extraordinaria de los órganos jurisdiccionales su viabilidad es conducente excepcionalmente, debiéndose cumplir diversos requisitos, entre ellos, que se acredite fehacientemente la carencia de documentos que generen certeza en el resultado de la votación, lo cual no ocurrió.

132.          El propio TEEO en su determinación señala que no existió ruptura en la secuencia lógica de la votación, sino únicamente ajustes derivados de errores de captura, suma y sistematización, lo cual, en efecto, tal como se ha explicado se estima que no representaba una falta de fiabilidad y, por tanto, tampoco se justificaba un recuento judicial.

133.          Esto es, la existencia de inconsistencias en la captura, suma, concentración y totalización de los datos inmersos en el escrutinio y cómputo de la votación no resultaba suficiente para ordenar la diligencia de apertura de paquetes, puesto que eran fiables los resultados electorales a través de las actas de escrutinio y cómputo, cuyos vicios únicamente trascendieron a la suma de resultados en una casilla, lo cual era subsanable al concatenarse con la información del recuento y el cartel de resultados finales.

134.          En efecto, al concentrar los resultados obtenidos en cada una de las actas de escrutinio y cómputo, se obtuvieron los resultados siguientes:

135.          De los resultados de las actas de escrutinio y cómputo se desprende que en la sumatoria de la casilla 959 contigua 2, hay un error de captura o suma tal como lo reconoce el TEEO, puesto que la suma de votos válidos es de 446 que sumados a los votos nulos da un total de 459, y no así de 472 que es el número que se asentó; esto es, lo incorrecto está en lo asentado en la sumatoria, no en los votos recibidos por cada candidato.

136.          Ese error tiene una explicación lógica, dado que se aprecia que se sumó en la mesa directiva de casilla los votos válidos más los votos nulos y el resultado se impactó en “votos válidos”. Siendo que lo correcto era impactar esa suma en el rubro “votación total”, pero en lugar de eso, esa cantidad ya sumada a los “votos nulos” se sumó de nueva cuenta con dicho rubro; y, así se impactó en la “votación total”, lo cual alteró la información, al agregarse 13 votos.

137.          Dicha falta arrojó una inconsistencia de 10 “votos totales” al sostenerse una sumatoria de 6,010 (votos más boletas sobrantes). 10 votos fue en ese primer momento la diferencia entre el primero y segundo lugar, pero tal como se ilustró esa cantidad errónea era subsanable en conjunto con lo sostenido en el recuento ante el consejo municipal, el cual fue puesto en práctica para cuadrar la suma de votos y boletas sobrantes, con el total de boletas entregadas.

138.          En ese sentido, esa primera circunstancia explica el desajuste, consistente en haber obtenido más votos y boletas sobrantes, que las utilizadas el día de la elección, por lo cual el Consejo Municipal Electoral decidió realizar el recuento de votos en su sede, lo cual al sostenerse que se cuadró al inicio de este, se determinó darlo por concluido.

139.          Es decir, con independencia de que las actas de escrutinio y cómputo cuyos datos tal como se advierte arrojaron un error de suma, en el consejo municipal se determinó la factibilidad de una revisión o recuento, a fin de verificar los posibles errores asentados. En ese contexto se elaboró un cuadro de recomposición analizado en la instancia local, mismo que se ilustra:

140.          Con tales resultados se advierten nuevos errores de escritura o suma, en los votos de la planilla morada, puesto que la suma del total de votos es de 1,248 y en el consejo municipal se reflejaron en la escritura 1,154 sin que exista algún otro error, solo se aprecian los ajustes determinados en las casillas con datos de recuento.

141.          En efecto, además de la explicación señalada anteriormente, relacionada con el error aritmético al sumar las cantidades de los rubros del acta 959 C2, se advierte que del ejercicio realizado por el Consejo Municipal Electoral se logró subsanar la diferencia que se obtenía en los rubros de boletas no utilizadas[51], y modificar un voto[52].

142.          Por ello, se insiste, la responsable debió tomar en cuenta los datos que han sido expuestos por este órgano jurisdiccional, para concluir que no existió ninguna falta de certeza y, al no hacerlo, la orden y realización de su diligencia de recuento de votos configuró una determinación carente de validez y solidez jurídica.

143.          Puesto que, además, los resultados obtenidos de las actas de escrutinio y cómputo y la verificación realizada mediante el recuento del Consejo Municipal Electoral restablecieron plena certeza al impactarse en el “cartel de resultados de cómputo municipal” en los que se advierte que la sumatoria de la planilla morada reflejó los “1,248 votos”. Y de la sumatoria total de votos, coincide con el total de boletas recibidas: 6,000. Ello, como se ilustra:

144.          Por otra parte, se advierte que el IEEPCO, al dictar el acuerdo de validez de la elección hace la precisión de ajustes a pie de página por el presunto error en la sumatoria, incurriéndose también en error, lo cierto es que, el error derivado en dicha sumatoria obedece a un lapsus calami o error involuntario, y por ende insuficiente para sustentar la decisión del recuento judicial ordenado por el TEEO.

145.          Esto es, el IEEPCO en su acuerdo de validez de la elección establece lo siguiente:

146.          De los pies de página de dicho acuerdo concentrados en la tabla de resultados, se lee la presunta corrección en la suma, y para ello, esta Sala advierte, en el apartado de observación que se ilustra a continuación, que el error fue al sumar y no considerar el cartel de resultados que contenía lo correcto en la suma de la planilla morada. Ello, al tenor de lo siguiente:

147.          Tal como se advierte la suma total de 4,550, más 1,499 boletas no utilizadas, da un total de 5,999 al respecto si bien un (1) voto no cuadra con el total o el universo de boletas recibidas (6,000), se estima a que aunado a que la discrepancia no es determinante, existe otro error en la sumatoria del IEEPCO, puesto que no se sumó uno de los votos que resultó del recuento municipal.

148.          Ese error de un voto de diferencia, con el número de “boletas recibidas” tiene justificación lógica en la sumatoria que se asentó erróneamente en la casilla 959 Básica, tal como se ilustra:

149.          La suma de la votación, tal como lo sustentó el TEEO da un total de 435 por tanto, una vez detectados los errores, todo es coincidente, ya que corregida esa suma el total corresponde al número de boletas recibidas (6,000), como lo respaldó el Consejo Municipal en su cartel de resultados. Sin que existiera alguna discrepancia o diferencia, lo cual el TEEO estuvo en aptitud de determinar, por lo cual no era necesario accionar un nuevo recuento en sede judicial.

150.          Sin que el número de votos nulos (135) constituye un parámetro o causa que dé sustento a la realización de recuento, menos aún si se carece de una norma dentro una elección regida por sistema normativos internos, que así lo autorice.

151.          De todo lo previo, se advierte que exigir que el acta de sesión permanente de la jornada electoral realizada por el Consejo Municipal detallara de manera explícita lo sucedido en la diligencia de recuento municipal, sin advertir la existencia del cartel en el cual se asentaron los resultados finales (mismos que no fueron controvertidos), implica un sesgo en la valoración probatoria.

152.          Lo anterior, al dejar de atender el cartel de resultados emitido por una autoridad relevante en la comunidad como lo es el citado consejo municipal, el cual está conformado por personas elegidas por la propia asamblea general comunitaria, lo que la dota de una representación importante en las decisiones colectivas de la comunidad.

153.          De la sumatoria de los resultados electorales de cada una de las actas de escrutinio y cómputo elaboradas en la jornada electoral, coinciden con los resultados de cada una de las planillas insertados en el cartel de resultados de cómputo elaborado por el Consejo Municipal Electoral. Esto es, la suma de los rubros de cada una de las actas de escrutinio y cómputo llenadas el día de la elección, generan certeza sobre los resultados, pues coinciden en que la planilla ganadora es la guinda.

154.          Por tanto, no se justificaba que el Tribunal local ordenara una nueva diligencia basándose en la presunta falta de trazabilidad de documentos, máxime que lo relevante se delineó desde el acta de sesión permanente y se impactó en el cartel de resultados. Lo cual resultaba coincidente con el número de boletas recibidas, al tenor de una recomposición objetiva y clara, máxime que no afectó los votos de ninguna planilla.

155.          Dejar de lado la documentación electoral, sobre la base de que no se estableció de manera detallada la forma de realizar el recuento implicó una exigencia desproporcionada en un asunto donde quienes participan en una elección son integrantes de una comunidad indígena.

156.          Reconocer la validez de un ejercicio de recuento judicial carente de sustento legal y elementos fácticos que lo justifiquen, implica una vulneración al derecho a la autonomía y libre autodeterminación consagrado en el artículo 2º constitucional a favor de los pueblos y comunidades indígenas, así como al deber de mínima intervención de las autoridades estatales en la vida comunitaria, pues como se ha expuesto, no se advierte causa suficiente que justificara la decisión de llevar a cabo un nuevo recuento en sede jurisdiccional.

157.          Por otra parte, si bien el órgano jurisdiccional local consideró que en el caso la decisión de recontar los votos se sustentaba también en la diferencia tan estrecha entre el primero y segundo lugar, y en la cantidad de votos nulos, lo cierto es que ello no justificaba de ninguna manera su proceder, puesto que no se agotaron todos los medios posibles para dilucidar la situación.

158.          Es decir, de la revisión realizada por este órgano jurisdiccional, se advierte que los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo, tomando en cuenta también los resultados consignados en el acta de sesión permanente del Consejo Municipal Electoral explican de manera clara la coincidencia entre los datos asentados en esas actas y el cartel de resultados de cómputo municipal.

159.          En conclusión, si bien un recuento total de votos constituye un mecanismo para dotar de certeza los resultados electorales, no puede ser accionado de manera indiscriminada e injustificada, sino que su ejercicio obedece a la actualización de los supuestos previstos en la norma, lo que en el caso no aconteció, pues se insiste, de la comparativa es posible advertir la coincidencia entre lo asentado por la ciudadanía que integró las mesas directivas de casilla y lo asentado por el Consejo Municipal, con independencia de que nos encontramos frente a una elección regida por sistemas normativos internos.

160.          Menos aún la presunta falta de datos descriptivos de tipo informativo de las acciones desarrolladas por el consejo municipal en el acta de sesión permanente puede estimarse como causa que justificara el recuento judicial, pues se reitera, de la verificación del cómputo a través de las actas de escrutinio y cómputo, el acta de sesión permanente y el cartel de resultados, era viable reconstruir el cómputo municipal, sin la necesidad de un recuento judicial. Tal como se ilustra del ejercicio llevado a cabo por esta Sala Regional:

161.          En ese tenor, la validez de los resultados deriva de que lo obtenido coincide con lo asentado en las actas de escrutinio y cómputo, en conjunto con el recuento municipal reflejado en el cartel de resultados, pues en ambos casos resulta triunfadora la planilla guinda y en segundo lugar la rosa.

162.          De ahí que, se deja insubsistente la orden de llevar a cabo el recuento judicial y la diligencia respectiva analizados en la sentencia controvertida.

163.          A mayor abundamiento ha sido criterio de esta Sala Regional en el juicio de la ciudadanía SX-JDC-63/2026 que, si el método electivo del sistema normativo interno del municipio no contempla el recuento total de votos, en principio esa figura no sería aplicable, puesto que en nada contribuye a la certeza, que se puedan modificar los resultados de la elección con un procedimiento que no aprobó la propia comunidad, sin tener conocimiento previo de que ello podría suceder y sus consecuencias.

164.          Por tanto, si la comunidad tiene conocimiento de los resultados de la votación y de una planilla ganadora conforme con el método y reglas que la comunidad aprobó resulta contrario a los principios de certeza y mínima intervención incorporar desde fuera del ámbito comunitario reglas, figuras y procedimientos ajenos al sistema normativo interno, sin necesidad ni justificación alguna.

165.          Al respecto, la Sala Superior estableció en el SUP-REC-439/2014 que si bien el recuento de votos es posible en el sistema normativo interno, será siempre atendiendo al caso concreto, a las circunstancias específicas y al contexto, siempre y cuando se encuentre en duda el principio de certeza en el resultado de la votación, dados los hechos ocurridos en la correspondiente jornada electiva, o bien, en el cómputo municipal, que la asamblea respectiva lo apruebe desde su convocatoria o mediante un acuerdo posterior en el que participen los integrantes de la comunidad y autoridades facultadas para ello, que no vaya en contra de los usos y costumbres y que el sistema de votación lo permita.

166.          Sin embargo, en el presente asunto tal como se analizó no procedía el recuento, dado que de los elementos de autos no se advierte que existiera una posible vulneración al principio de certeza que pusiera en duda el resultado de la votación.

167.          En consecuencia, es innecesario el análisis de los restantes agravios relacionados con el indebido recuento y los vinculados con la designación de la planilla rosa al desestimarse el recuento judicial, toda vez que, con la presente decisión, la parte actora en el primero de los juicios alcanzó su pretensión.

Consecuencia de la determinación de dejar insubsistente el recuento

Como se vio en el apartado anterior, fue injustificado que la responsable ordenara y realizara el ejercicio de recuento jurisdiccional y, por ende, deben quedar insubsistentes sus resultados y, ante ello, lo conducente es reconocer la validez del acuerdo IEEPCO-CG-SNI-420/2025, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, relativo a la elección de concejalías del Ayuntamiento de San José del Progreso.

168.          No es óbice a lo anterior que el Consejo General del IEEPCO al impactar los resultados detectó un presunto error de suma de las actas municipales y por consiguiente asienta también datos erróneos en el total de votos, sin embargo, versa en errores involuntarios, que no son suficientes para revertir la decisión de dicha autoridad administrativa electoral.

Con motivo de lo anterior, los efectos de la presente ejecutoria son los siguientes:

        Se revoca la resolución controvertida, en lo que fue materia de impugnación.

        Se dejan sin efectos todos los actos realizados con motivo de la sentencia del Tribunal local.

En consecuencia, queda intocada la validez de la elección derivada del acuerdo IEEPCO-CG-SNI-420/2025, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, relativo a la elección de concejalías del Ayuntamiento de San José del Progreso, Oaxaca.[58]

169.          Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional, para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y la sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

170.          Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SX-JDC-132/2026 y SX-JDC-141/2026 al diverso SX-JDC-123/2026, por ser éste el primero que se recibió en esta Sala Regional.

Por tanto, se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda del juicio de la ciudadanía SX-JDC-141/2026.

TEERCERO. Se revoca la sentencia impugnada en lo que fue materia de impugnación. 

NOTIFÍQUESE; conforme a Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos, y devuélvanse las constancias originales.

Así lo resolvieron, por unanimidad las magistraturas integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal ante la secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral segundo del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

ANEXO 1_PARTE ACTORA DEL SX-JDC-141/2026