Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a siete de abril de dos mil diecisiete.

SENTENCIA mediante la cual se resuelven los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por Gelasio Cruz García y otros[1], ostentándose como indígenas integrantes del municipio de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca, a fin de impugnar la sentencia de seis de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el expediente JDC/162/2016, relacionada con la elección de concejales del ayuntamiento referido.

ÍNDICE

SUMARIO DE LA DECISIÓN…………………...……………..…2

ANTECEDENTES………………..………………….……....……3

I. El Contexto…………………………...............................…3

II- Del trámite y sustanciación del medio de impugnación federal…....………...………………………………………..…8

CONSIDERANDO……………...……………….….…………..…9

PRIMERO. Jurisdicción y competencia………................…9

SEGUNDO. Acumulación……………………..……………10

TERCERO. Irreparabilidad………………………………….11

CUARTO. Requisitos de procedencia de los juicios .........18

QUINTO. Tercero interesado……….….............................24

SEXTO. Contexto social de la comunidad ...…………..…26

SÉPTIMO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de estudio …...……….………………………………………30

OCTAVO. Estudio de fondo………..………………………39

RESUELVE……………………...…………………………..…...93

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Esta Sala Regional confirma la resolución impugnada, que a la vez declaró la nulidad de la elección, debido a que, de las pruebas, no es posible concluir que se permitió la inclusión de la agencia de San Baltazar Guelavila, vulnerando el derecho de sus habitantes a votar y ser votados en el proceso electoral de concejales del ayuntamiento de San Dionicio Ocotepec, Oaxaca.

Asimismo, se estima que el método de elección de los regidores y sus suplentes, consistente en designación directa por lo tequitlatos, es contrario al artículo 115, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que tales cargos son de elección popular.

ANTECEDENTES

I. El contexto.

De las demandas y demás constancias que integran el expediente del juicio, se desprende lo siguiente:

1. Primera solicitud de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila. El veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, ciudadanos de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila, perteneciente al municipio de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, solicitaron la participación en las elecciones de concejales, así como que se les permitiera proponer candidatos de su comunidad para integrar el ayuntamiento para el periodo 2017-2018.

2. Citación a primera asamblea general comunitaria. Mediante citatorios de uno de agosto de dos mil dieciséis, suscritos por los representantes –Tequitlatos– de las cuatro secciones en las que se divide la cabecera municipal, convocaron a los ciudadanos del municipio para que asistieran a la asamblea general comunitaria a celebrarse el siete de agosto siguiente, mediante la cual los suscribientes presentarían a los ocho precandidatos a ocupar los cargos de presidente municipal, síndico municipal y sus respectivos suplentes.

3. Primera asamblea general comunitaria. El siete de agosto de dos mil diecisiete, mediante asamblea general comunitaria, los representantes de las cuatro secciones del municipio de San Dionisio Ocotepec, presentaron a los ochos precandidatos a ocupar los cargos de presidente municipal, síndico municipal y sus respectivos suplentes.

4. Segunda solicitud. El diecinueve de agosto del año pasado, se solicitó al Instituto local la participación activa de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila en las próximas elecciones municipales en San Dionisio Ocotepec, respetando y garantizando los derechos humanos de los ciudadanos del municipio.

5. Reunión de comparecencia. El veintiséis del mismo mes, se realizó una reunión de trabajo, entre autoridades municipales de San Dionisio Ocotepec, con el personal del Instituto local.

6. Segunda citación a asamblea general comunitaria. El treinta de agosto del año en curso, mediante citatorios suscritos por los tequitlatos de las cuatro secciones en las que se divide la cabecera municipal, convocaron a la asamblea general comunitaria a celebrarse el cuatro de septiembre posterior, para que, mediante el método de elección a mano alzada, eligieran de los ocho precandidatos presentados en la asamblea anterior a los cuatro candidatos a ocupar los cargos de presidente municipal, síndico municipal y sus respectivos suplentes.

7. Segunda asamblea general comunitaria. El cuatro de septiembre del año pasado, mediante el método de elección a mano alzada, se eligió a cuatro candidatos a ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico Municipal y sus respectivos suplentes. Resultando electas las siguientes personas.

8. Tercera solicitud. El doce de septiembre del año dos mil dieciséis, de nueva cuenta, diversos ciudadanos de la referida agencia municipal solicitaron la participación activa en las próximas elecciones municipales en San Dionisio Ocotepec, respetando y garantizando los derechos humanos de los ciudadanos del municipio.

9. Reunión de trabajo. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se sostuvo una reunión de trabajo entre las autoridades municipales, la agencia municipal de San Baltazar Guelavila y personal del mencionado Instituto.

10. Segunda reunión de trabajo. El veintidós del mismo mes, en virtud de lo acordado en la reunión previa, se sostuvo una reunión de trabajo entre las autoridades municipales en cita y el personal del Instituto local.

11. Citación a tercera asamblea general comunitaria. El veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, mediante citatorios suscritos por los tequitlatos, se convocó a celebrar general comunitario a celebrase el dos de octubre siguiente, mediante el voto de la ciudadanía, se eligieran de los cuatro candidatos electos en la asamblea anterior, al presidente y síndico municipal, así como a sus respectivos suplentes.

12. Solicitud de mesa de trabajo. El veintiocho de septiembre siguiente, diversos ciudadanos de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila solicitaron al Instituto local que girara los oficios respectivos al municipio de San Dionisio Ocotepec, para que se realizara una nueva mesa de trabajo y así garantizar su legal participación en las próximas elecciones municipales.

13. Tercera reunión de trabajo. El treinta del mismo mes, las autoridades de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila solicitaron que se garantizara la participación de la agencia en el proceso electoral municipal y se realizó una reunión de trabajo, entre las autoridades municipales y de la agencia, con personal del Instituto local y las Secretarías General de Gobierno y de Asuntos Indígenas.

14. Tercera asamblea general comunitaria. El dos de octubre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la asamblea electiva en la explanada cívica de la referida comunidad, en la que, con base en los estatutos comunitarios, se eligió al presidente y síndico municipal, con sus respectivos suplentes.

15. Los ciudadanos electos en dicha asamblea fueron los siguientes:

16. Citación a asamblea solemne. El veinticinco de octubre del año dos mil dieciséis, mediante citatorios, los tequitlatos convocaron a la reunión solemne, para efecto de dar a conocer la lista completa de ciudadanos que prestarían su servicio como concejales durante el periodo 2017-2019, señalando el dos de noviembre siguiente para su celebración.

17. Cuarta asamblea general comunitaria. El dos de noviembre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la asamblea en la que, con base en los estatutos comunitarios, se dio lectura de la lista completa de concejales al ayuntamiento para el periodo 2017-2019, quedando de la siguiente manera:

18. Calificación de la elección. El veintitrés de diciembre del año pasado, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emitió el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-297/2016 por medio del cual calificó como válida la elección de concejales del municipio en comento.

19. Juicio local. El veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, Ismael Antonio Méndez y otros, ostentándose como ciudadanos originarios de la agencia municipal de San Baltazar, perteneciente al municipio de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, presentaron su demanda de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano directamente en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral de la entidad federativa señalada.

20. Tal medio de impugnación se le asignó la clave de identificación JDC/162/2016.

21. Sentencia impugnada. El seis de marzo de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca determinó, entre otras cosas, declarar la nulidad de la elección de concejales del municipio de San Dionicio Ocotepec, Oaxaca, y revocó el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-297/2016 que había validado la elección de concejales.

II. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación federal.

22. Demandas. El once, diecisiete, veinte y veintidós de marzo del presente año, Gelacio Cruz García, Gil Abab Palacios López y otro, Nemesio Méndez Gómez y otros, Raquel Hipólito García y otros, así como Marcelo López Cosme y otros, Jesús Cruz López y otros, Pedro Hernández López y otros, Pedro Martínez Luis y otros, Pedro Pérez Gómez y otros, Juan García Antonio y otros, así como Eliseo Martínez Cortez y otros, presentaron respectivas demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a fin de controvertir la resolución descrita en el apartado previo.

23. Dichos medios de impugnación fueron recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el diecisiete, veinticuatro, veintisiete y veintinueve de marzo posterior.

24. Turno. El diecisiete, veinticuatro y veintisiete y veintinueve de marzo siguiente, se ordenó integrar los expedientes SX-JDC-151/2017, SX-JDC-247/2017, SX-JDC-248/2017, SX-JDC-253/2017, SX-JDC-254/2017, SX-JDC-262/2017, SX-JDC-263/2017, SX-JDC-264/2017, SX-JDC-265/2017, SX-JDC-266/2017 y SX-JDC-267/2017 y se turnaron a la ponencia correspondiente.

25. Radicación, admisión y requerimiento. El veintidós y veintiocho de marzo, así como el cuatro de abril del presente año, el Magistrado Instructor radicó los expedientes y admitió las demandas, de igual manera en el juicio SX-JDC-151/2017 requirió a diversas autoridades información relacionada con el presente conflicto y los comicios municipales, lo cual fue cumplimentado durante el transcurso de la sustanciación.

26. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción de los presentes juicios, quedando los autos en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

27. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por materia y territorio, al tratarse de diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos a fin de impugnar una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, relacionado con la elección de concejales del ayuntamiento de San Dionicio Ocotepec, de dicha entidad federativa, lo cual forma parte de la circunscripción en la que tiene competencia esta Sala.

28. Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192, párrafo primero, y 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, apartados 1 y 2, inciso c), 4, apartado 1, 79, apartado 1, 80, apartado 1, inciso f), y 83, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Acumulación.

29. Procede la acumulación de los juicios ciudadanos, toda vez que los actores combaten la misma resolución, emanada de la propia autoridad responsable.

30. En efecto, los actores de los juicios ciudadanos combaten la sentencia de seis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JDC/162/2016.

31. De ahí que para facilitar su resolución pronta y expedita se deben acumular los juicios ciudadanos identificados con las claves de expediente SX-JDC-247/2017, SX-JDC-248/2017, SX-JDC-253/2017, SX-JDC-254/2017, SX-JDC-262/2017, SX-JDC-263/2017, SX-JDC-264/2017, SX-JDC-265/2017, SX-JDC-266/2017 y SX-JDC-267/2017 al SX-JDC-151/2017 por ser éste último el más antiguo.

32. Lo anterior de conformidad con los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como el 79 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

33. En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

TERCERO. Reparabilidad.

34. El artículo 113, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, señala que los Concejales que integren los ayuntamientos, tomarán posesión el primero de enero del año siguiente al de su elección o en la fecha acostumbrada, y que los concejales electos por el sistema de usos y costumbres tomarán posesión en la misma fecha; lo cual también se menciona en el artículo 247 del código local de la materia.

35. En razón de lo previsto en dichos artículos, es necesario mencionar, lo siguiente:

36. La reparabilidad de la violación reclamada, implica la posibilidad de que los efectos de la sentencia permitan volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y restituir a los promoventes en el goce del derecho político-electoral que se asume violentado.

37. Por el contrario, se ha estimado que el principio de definitividad de los actos electorales —derivado de la conclusión de una etapa del proceso electoral, o de la finalización del mismo procedimiento comicial—, implica la imposibilidad de retrotraer los efectos de una sentencia a hechos acaecidos en una etapa distinta del proceso electoral; es decir, trae consigo la irreparabilidad de las lesiones provocadas al derecho cuya tutela se pretende a través de la sentencia que al efecto pueda dictarse.

38. En este sentido, la irreparabilidad —como impedimento jurídico y material para la continuación de un proceso impugnativo— limita el derecho del gobernado para acceder a la justicia, por lo que debe interpretarse de manera estricta y sólo en los casos en que por disposición legal así se establezca, o que de la naturaleza del acto impugnado así se desprenda.

39. En el caso, estamos ante un supuesto de excepción al principio de definitividad de los actos y a la eventual irreparabilidad producida por la toma de posesión de los concejales electos.

40. En efecto, al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-3/2011, de la cual surgió la jurisprudencia 8/2011 de rubro: “IRREPARABILIDAD. ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES. SE ACTUALIZA CUANDO EL PLAZO FIJADO EN LA CONVOCATORIA, ENTRE LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN Y LA TOMA DE POSESIÓN PERMITE EL ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN”[2], la Sala Superior de este Tribunal Electoral sostuvo el criterio de que, en determinadas ocasiones, frente a la irreparabilidad de los actos, deberá darse prevalencia o mayor peso al derecho fundamental de tutela judicial efectiva.

41. Sobre ello, sostuvo que la consumación irreparable de los actos se actualiza cuando, entre la calificación de la elección y la toma de posesión del cargo, existe un periodo suficiente que permita el desahogo de la cadena impugnativa, la cual, de manera ordinaria, culmina hasta que la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene conocimiento del caso, pues sólo de esa manera se materializa el sistema integral de medios de impugnación que prevé nuestro orden constitucional.

42. Además, reconoció que existen supuestos que constituyen verdaderas excepciones a la figura procesal en comento, es decir, a la irreparabilidad de la violación aducida por la inmutabilidad del acto controvertido, derivado de la toma de posesión o instalación de los órganos electos, cuestiones que deberán analizarse en cada caso.

43. También, dijo que las excepciones a la irreparabilidad pueden justificarse cuando, de manera objetiva, no se den las condiciones óptimas que aseguren a los justiciables un acceso pleno a la jurisdicción. Uno de los supuestos excepcionales se actualiza cuando entre el momento en que se lleve a cabo la calificación de una elección y el diverso en que el candidato electo tome posesión del cargo, medie un periodo extremadamente corto que impida agotar los medios impugnativos que resulten procedentes para cuestionarlos.

44. Resaltó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que a fin de dar solución a problemas como el reseñado, el legislador tiene como imperativo establecer plazos para la presentación de los juicios y recursos, que permitan el acceso a la tutela judicial efectiva, con la finalidad que la autoridad jurisdiccional federal pueda conocer, en última instancia, de la materia controvertida.

45. Para ello, justificó que era necesario que el tiempo que medie entre el momento de la declaración de validez de una elección y el correspondiente a la fecha de toma de posesión de los cargos electos, debe permitir el desahogo total de la cadena impugnativa correspondiente, pues sólo de esa manera puede materializarse el pleno acceso a la justicia, a través del sistema integral de medios de impugnación; por tal motivo, es dable afirmar que un elemento adicional que garantice la certeza y seguridad jurídica de los participantes de una contienda, es la posibilidad real de impugnar los resultados y la eventual declaración de validez —o invalidez— de la elección.

46. Es por ello que, para determinar la irreparabilidad de un acto, debe examinarse, en cada caso, si el periodo transcurrido entre la fecha en que se califica determinada elección y la toma de posesión del funcionario electo, permite el ejercicio pleno de la cadena impugnativa relativa.

47. En este supuesto habrán de incluirse los casos en que, si bien, pudiera parecer suficiente el periodo existente entre la calificación de la elección y la toma de posesión del cargo para agotar la cadena impugnativa, el mismo se vea acotado o reducido de manera que dificulte o imposibilite el efectivo acceso a la jurisdicción —máxime si tal fenómeno ocurre por cuestiones ajenas a la voluntad del afectado—, caso en el cual, deberá ponderarse si el lapso señalado fue suficiente para acudir a la jurisdicción, pues sólo a través de ese análisis podrá determinarse si el acto controvertido es realmente irreparable.

48. Desde esa perspectiva, es viable considerar que no se actualiza la irreparabilidad de los actos por el solo hecho de que los funcionarios electos hayan entrado en funciones, sino por tener la certeza de que esa determinación ha sido objeto del escrutinio jurisdiccional, mediante el agotamiento de los eslabones que componen la cadena impugnativa, con lo que, además, se respeta el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

49. En la resolución recaída a la contradicción de criterios señalada, la Sala Superior ponderó los dos valores en juego: la certeza en el resultado de las elecciones —que permite que una vez que se tome posesión, por regla general, no pueda cuestionarse la validez del proceso comicial— y la necesidad de que en una sociedad democrática se garantice a todos los gobernados el acceso a la tutela judicial efectiva —que permita, en su caso, impugnar el resultado de una elección por estimar que se apartó de la legalidad—.

50. Dijo que la medida en cuestión, respeta la efectividad de ambos valores fundamentales, pues permite evaluar si el tiempo existente entre la calificación de la elección y la toma de posesión es suficiente para garantizar un acceso pleno a la justicia electoral, ya que, de lo contrario, deberá obviarse el principio de irreparabilidad, para dar mayor peso al de tutela judicial, y velar por la legitimidad de las autoridades electas a través del sufragio popular.

51. Este criterio, además, es conforme con lo dispuesto en el artículo 1° de nuestra Carta Magna, pues es protectora de los derechos humanos previstos en nuestro marco jurídico; y es que, en materia de acceso a la justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, en el caso Castañeda Gutman contra los Estados Unidos Mexicanos, que el artículo 25, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  —también conocida como “Pacto de San José”—, prevé la obligación de los Estados parte de proporcionar un recurso judicial, lo cual no se reduce a la mera existencia de tribunales o procedimientos formales, o a la posibilidad de recurrir a éstos, sino que los recursos deben tener efectividad, de manera que se brinde a la persona la posibilidad real de tutelar sus derechos a través de la vía jurisdiccional, de manera que la autoridad competente, al determinar la existencia de la violación aducida, restituya al interesado en el goce de sus garantías.

52. Conforme a lo expuesto, y teniendo en cuenta que en las elecciones por sistemas normativos internos, la legislación comicial de Oaxaca únicamente prevé la obligación de celebrarlas, y que los funcionarios electos iniciarán su encargo el primero de enero del año siguiente al de la elección —lo que pudiera permitir que la asamblea comunitaria se lleve a cabo, incluso, un día antes de la toma de protesta—, deberá obviarse la irreparabilidad de los actos, para dar prevalencia al derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva, medida que, además, es respetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, según se prevé en el artículo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

53. En efecto, en el caso concreto, debe prevalecer el derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva, toda vez que la elección municipal de San Dionicio Ocotepec, Oaxaca, —materia de análisis del presente juicio— fue celebrada el dos de octubre y el dos de noviembre, ambas del año pasado, y calificada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca el veintitrés de diciembre siguiente.

54. Dicha calificación fue impugnada el veintiséis de diciembre de la anualidad pasada, y la resolución que ahora se combate fue emitida el seis de marzo posterior.

55. Por ende, con el fin de privilegiar el acceso a la justicia completa, es claro que la violación aducida por el actor puede ser reparable.

CUARTO. Requisitos de procedencia de los juicios.

56. Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, apartado 1, 8, 9, apartado 1, 13, apartado 1, inciso b), 79, apartado 1, y 80, apartado 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes.

57. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito; se hacen constar los nombres y firmas de los promoventes; se identifica la sentencia impugnada y la autoridad responsable, se enuncian los hechos y agravios en los que se basan las impugnaciones.

58. Oportunidad. Se estima que los juicios fueron promovidos de forma oportuna como se explica a continuación.

59. Respecto al juicio promovido por Gelacio Cruz García[3], se concluye que promovió dentro del plazo de cuatro días que prevé la ley, pues tuvo conocimiento de la resolución impugnada el siete de marzo del año en curso, tal y como se desprende de la razón y de la cédula de notificación personal[4], por lo que, si la demanda se presentó el once de marzo, es claro que se promovió dentro del plazo de cuatro días.

60. Ahora bien, respecto a las demandas presentadas por Gil Abad Palacios López y Luis Alberto Núñez García, Nemesio Méndez Gómez, Nicolás Martínez García y Álvaro Martínez Méndez, Raquel Hipólito García y otros, así como por Marcelo López Cosme, Nicandro Luis Bautista, Leonel Hernández Rodríguez y Edgar Cruz, Jesús Cruz López y otros, Pedro Hernández López y otros, Pedro Martínez Luis y otros, Pedro Pérez Gómez y otros, Juan García Antonio y otros, así como Eliseo Martínez Cortez y otros, se estiman de igual manera oportunas.

61. El presente caso se rige bajo un esquema de derecho consuetudinario de los pueblos y comunidades indígenas, donde concurren factores de desventaja social y económica ampliamente reconocida en la Constitución General.

62. Consecuentemente, se debe atender a las circunstancias específicas y, por tanto, se debe aplicar el derecho sin llegar al extremo de formalismos que restrinjan excesivamente el acceso a la justicia e impedir colocar al ciudadano en un estado de indefensión al exigirle la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales o desproporcionadas.

63. Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia número 28/2011, de rubro: "COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE”[5].

64. En el caso, la sentencia impugnada fue emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca el seis de marzo de dos mil diecisiete y las demandas fueron presentadas el diecisiete y veinte de marzo siguiente.

65. Sin embargo, tales ciudadanos no formaron parte de los juicios locales, y lo cierto es que no se garantizó la debida publicación de la resolución que ahora impugnan.

66. En efecto, de las constancias que integran el expediente SX-JDC-151/2017, se advierte que se encuentran agregadas al cuaderno accesorio uno[6] las copias certificadas de las constancias de notificación correspondientes a la citada sentencia, de las cuales se observa que ésta se les hizo del conocimiento únicamente a los actores, al tercero interesado, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, al ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, y al Gobernador del estado de Oaxaca.

67. En ese sentido, la sentencia impugnada fue conocida por un número limitado de sujetos, impidiendo que otros ciudadanos que pudieran tener interés en tal decisión, pudieran conocerla.

68. Por ende, al señalar los actores que tuvieron conocimiento fehaciente de la resolución que ahora impugnan el quince[7] y dieciocho[8] de marzo, debe tenerse tal fecha como base para realizar el cómputo del plazo para la presentación de las respectivas demandas, a fin de no generar un perjuicio en los ciudadanos ni hacer nugatorio su derecho de acceder a la justicia federal.

69. En ese tenor, el plazo para la presentación de algunas demandas[9] transcurrió del dieciséis al veintiuno de marzo del año en curso, sin contar sábado ni domingo, y si las promociones fueron recibidas en la Oficialía de Partes del Tribunal local el diecisiete y veinte de marzo, es claro que se presentó en tiempo.

70. Por otro lado, el plazo para la presentación del segundo grupo de demandas[10] transcurrió del diecinueve al veintidós de marzo del año que transcurre, por lo que, si las promociones se presentaron ante la autoridad responsable el veintidós del señalado mes y año, es inconcuso que se encuentran dentro del plazo legal.

71. Aunado a lo anterior, en el caso de Marcelo López Cosme, Nicardo Luis Bautista, Leonel Hernández Rodríguez y Edgar Cruz, si bien no señalaron en su demanda la fecha en que tuvieron conocimiento, como ya se precisó, no existe constancia que permita concluir que la presente determinación fue notificada a los habitantes del municipio d emérito, por lo que debe tenerse la fecha de la presentación de la demanda como el momento del conocimiento del acto impugnado y por lo tanto la presentación de juicio fue el veinte de marzo por lo que se tiene por colmado el presente requisito.

72. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 8/2001, que lleva por rubro: “CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO”[11].

73. Legitimación e interés jurídico. Se satisfacen dichos requisitos, ya que los actores son ciudadanos que promueven por su propio derecho y ostentándose como habitantes del ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca. En ese sentido, al ostentarse como integrantes de la comunidad indígena del señalado municipio, se les tiene por legitimados.

74. Tal postura se encuentra inmersa en las jurisprudencias 4/2012 y 12/2013, que llevan por rubro respectivamente: 

        “COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO”[12]

        “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES”[13].

75. A su vez, Gelacio Cruz García cuenta con interés jurídico para promover el presente juicio dado que, la sentencia que controvierten declaró la invalidez de la elección por la cual fue electo síndico municipal suplente, de ahí que, al ser contraria dicha determinación a sus pretensiones, cuente con el interés jurídico para combatirla. Aunado a que acudió a la instancia anterior como tercero interesado.

76. Por otro lado, respecto a Gil Abad Palacios López y Luis Alberto Núñez García, Nemesio Méndez Gómez, Nicolás Martínez García y Álvaro Martínez Méndez, Raquel Hipólito García y otros, así como por Marcelo López Cosme, Nicandro Luis Bautista, Leonel Hernández Rodríguez y Edgar Cruz, Jesús Cruz López y otros, Pedro Hernández López y otros, Pedro Martínez Luis y otros, Pedro Pérez Gómez y otros, Juan García Antonio y otros, así como Eliseo Martínez Cortez y otros, de igual manera se les tiene por reconocido tales requisitos ya que, si bien no formaron parte de la instancia previa, ello no les impide ejercer su derecho de defensa, el cual surge a partir de la existencia de una resolución que resulte adversa a sus intereses, aunado a que manifiestan que no tenían conocimiento de la sentencia emitida por el Tribunal local, de ahí que deba estarse a la regla prevista en la jurisprudencia 8/2004, de rubro: “LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO IMPUGNADO AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE[14]”.

77. Definitividad. Se cumple también con este requisito, pues la legislación de Oaxaca no prevé algún medio de impugnación que proceda contra la resolución dictada por el Tribunal local en el juicio electoral de los sistemas normativos.

QUINTO. Tercero interesado

78. En el juicio con la clave de identificación SX-JDC-151/2016 debe tenerse como tercero interesado a Abel Hernández Martínez, quien comparece en su carácter de agente municipal de San Baltazar Guelavila, perteneciente al municipio de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca; de conformidad con los artículos 12, apartado 1, inciso c), y 17, apartado 4, inciso d), en relación con el 13, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

79. Forma. El escrito de tercero interesado fue debidamente presentado ante la autoridad responsable; en él se hizo constar el nombre y firma autógrafa del compareciente; también, se formulan las oposiciones a la pretensión de los actores mediante la exposición de diversos argumentos.

80. Oportunidad. En relación a lo anterior, debe tenerse por oportuna la comparecencia de Abel Hernández Martínez en el juicio con la clave de identificación SX-JDC-151/2017, pues si bien no fue presentad dentro del plazo de setenta y dos horas que establece la ley, lo cierto es que existe una justificación para tenerlo por oportuno.

81. En el caso, el plazo de setenta y dos horas transcurrió del doce de marzo del año en curso a las dieciséis horas con treinta minutos y finalizó a la misma ahora del dieciséis siguiente; y el escrito de comparecencia fue presentado a las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos del quince de marzo del año en curso, por lo que podría estimarse como fuera de tiempo en un primer momento.

82. Sin embargo, la distancia entre San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, y la capital oaxaqueña es de aproximadamente sesenta y tres kilómetros[15], por lo que el retardo puede deberse a la distancia existente entre el municipio en que radican y la ubicación de la autoridad jurisdiccional local, de ahí que se considere que la oportunidad debe tenerse por cumplida.

83. Tal postura, conlleva a potencializar el derecho a la tutela judicial efectiva, salvaguardando a través de medidas idóneas, racionales, objetivas, proporcionales y necesarias, el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

84. Dicha actuación cumple con lo dispuesto en la jurisprudencia 7/2013, con el rubro: “PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL[16]”.

85. Interés. Se tiene por reconocido tal requisito, en virtud de que tiene un derecho incompatible al de los actores, toda vez que pretenden que la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca quedé firme, manteniendo la invalidez de la elección, contrario a lo pretendido por los accionantes, quienes desean que se revoque la sentencia y se declare la validez de las designaciones; de ahí que el interés del compareciente es contrario al de los actores.

SEXTO. Contexto social de la comunidad.

86. En reiteradas ocasiones esta Sala Regional ha sostenido que para comprender las controversias relacionadas con las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos es necesario, conocer los antecedentes concretos de cada caso, acercándose al contexto en que se desarrolla su realidad.

87. La resolución de los conflictos en los que se involucran los usos y costumbres de las comunidades indígenas requiere ser partícipes de su realidad social para comprender el origen de sus problemáticas y las razones por las que tales comunidades han decidido dotarse de determinadas normas.

88. Lo anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia 9/2014, de este Tribunal que cuenta como título: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INTRACOMUNITARIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)”[17].

89. Así también, orienta, en la parte que interesa, las tesis aisladas 1a. CXCVII/2009 y 1a. CCX/2009 que llevan por rubros:

        “INDÍGENAS. DERECHOS MÍNIMOS QUE LES ASISTEN EN EL JUICIO”[18].

        “PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. APARTADO A, FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”[19].

90. Para ello, a efecto de garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, de acceso a la justicia, defensa y audiencia de los que son titulares sus miembros, las autoridades jurisdiccionales, federales o locales, que conozcan de controversias relacionadas con la determinación de las normas y procedimientos para la elección de autoridades regidas por sistemas normativos propios, deberán adoptar, de ser necesario con la colaboración o apoyo de otras instancias comunitarias, municipales, estatales o federales, las medidas necesarias y suficientes para garantizar la efectividad de esos derechos, tomando en cuenta las circunstancias específicas de cada controversia, atendiendo al conjunto del acervo probatorio y, en su caso, realizar las notificaciones, requerimientos, vistas, peritajes, solicitud de informes y demás actuaciones idóneas y pertinentes al contexto del conflicto comunitario que corresponda.

91. Dicho razonamiento se encuentra en la jurisprudencia 10/2014, que cuenta con el rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBERES ESPECÍFICOS DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES EN CONTEXTOS DE CONFLICTOS COMUNITARIOS (LEGISLACIÓN DE OAXACA)”[20].

92. En esa tesitura, a fin de cumplir con dichos deberes y contar con los elementos necesarios para poder entender el contexto socio-político del municipio de San Dionicio Ocotepec, Oaxaca, derivado de diversos requerimientos, esta autoridad judicial se allegó de lo siguiente:

-         Oficio IEEPCO/DESNI/798/2017, de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, signado por el Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el cual rinde informe.

-         Oficio SAI/452/2017, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, rubricado por la Secretaria de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, por medio del cual rinde informe.

-         Oficio número SJAR/DJ/DC/999/2017, de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, signado por el encargado del despacho de la Dirección Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca, por el cual remite informe.

-         Oficio CGAJ/RL/2017/OF/31, de veintiocho de marzo del presente año, signado por la Coordinadora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por el cual rinde informe.

-         Dictamen que emite la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por el que se identifica el método de la elección de concejales al ayuntamiento del municipio de San Dionicio Ocotepec que electoralmente se rige por sistemas normativos internos.

93. De los anteriores elementos y de las diligencias realizadas por esta Sala, se obtuvo la siguiente información, así como las condiciones generales del municipio de San Dionicio Ocotepec, Oaxaca.

Localización geográfica, coordenadas y delimitación territorial

94. El municipio de San Dionicio Ocotepec, Oaxaca, se localiza en la región central del Estado, a 65 kilómetros de la ciudad capital, pertenece al distrito de Tlacolula, región de los Valles Centrales. Se ubica en las coordenadas 16º 48´de latitud norte y 96º 24´de latitud oeste, a una altitud de 1,670 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de Santiago Matatlán y Tlacolula de Matamoros; al sur con San Pedro Totolapa; al oeste con San Baltasar Chichicapam y Yaxe, distrito de Ocotlán; y al este con San Pedro Quiatoni.

95. Existe una distancia aproximada de 63 kilómetros de distancia con la capital oaxaqueña.

Población y lengua

96. El municipio cuenta con una población aproximada de diez mil quinientos (10,500) habitantes de los cuales nueve mil doscientos cuarenta y cinco (9,245) son hablantes de legua indígena. A su vez, cuenta con seis mil seiscientos treinta y ocho (6638) ciudadanos mayores de edad: dos mil novecientos noventa y cuatro (2974) varones y tres mil seiscientos sesenta y cuatro (3664) mujeres.

97. La lengua indígena predominante es el zapoteco.

Condiciones socio-políticas

98. Actualmente en el municipio, según diversas fuentes periodísticas citadas por la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del estado de Oaxaca, un grupo de inconformes tomó las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y cerró diversas carreteras debido a la declaración de nulidad que realizó dicha autoridad jurisdiccional local.

99. A su vez, de las citas se advierte que un grupo de pobladores del municipio inició, el veintisiete de marzo del año en curso, la toma de Ciudad Administrativa para exigir a la Secretaría General de Gobierno que no se realizara la designación de un administrador en el municipio.

SÉPTIMO. Pretensión, síntesis de agravios y postura del tercero interesado

100. De la lectura integral y minuciosa de los escritos de demanda se advierte lo siguiente:

101. A. La pretensión de los actores es que se revoque la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y se tenga por válida la elección de concejal de San Dionicio Ocotepec, Oaxaca.

102. Para ello, los actores exponen los siguientes agravios:

Agravios del juicio SX-JDC-151/2017

1. Arguyen que se les vulnera sus derechos político-electoral a ser votados debido a que fueron electos el dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, mediante asamblea general comunitaria, para fungir como concejales e integrar el Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec.

2. La autoridad responsable no fue exhaustiva pues dejó de observar que situaciones que contradicen la violación al principio de universalidad del sufragio y pasando por alto el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

La autoridad responsable dejó de aplicar el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anulando los principios de certeza y legalidad que rigen en los procesos electorales, esto porque la revisión de las constancias que obran en los autos no debe beneficiar sólo al promovente, ni dar valor a los dichos de las partes que se encuentren en documentales, sino que debe realizar una valoración integral del material probatorio y no así sólo de aquellas que respaldaran su premisa y postura sobre la Litis fijada.

En la especie, sólo tomó en consideración las constancias en las que algunos habitantes de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila pidieron participar en la elección y la autoridad municipal refirió que la costumbre era la únicamente la participación de la cabecera municipal.

A su vez, la autoridad responsable dejó de analiza que no existe prueba que acredite que el comité electoral o las autoridades comunitarias impidieran la participación de las localidades en la elección.

Refieren que la Convocatoria tampoco excluyó la participación de los habitantes de las Agencias.

Tampoco se encuentra acreditado que los habitantes de las localidades hubieran llegado a la asamblea electiva y que no se les permitiera participar, puesto que fueron convocados en tiempo y forma, teniendo la posibilidad de asistir.

3. Se duelen de que el Tribunal local soslayó que no existe una sola prueba que acredite que se impidiera participar a los habitantes de la agencia de San Baltazar Guelavila en la asamblea comunitaria.

Por el contrario, con anterioridad, han solicitado la inclusión en la participación, pero con base en sus propias reglas, apartándose del sistema normativo interno de la comunidad. Aun con ello, nunca se les ha negado el derecho a ejercer el sufragio, por lo que su inasistencia se debe a un acto doloso.

El razonamiento del Tribunal local viola el principio de igualdad procesal que tiene las partes, y aún en tratándose de comunidades indígenas, existen actos procesales mínimos que se tiene que ejecutar y formalidades que se tiene que cumplir, no obstante, se resolvió sin pruebas que sustentaran su decisión.

Falto el análisis de la otra parte para tener un a Litis completa, ya que olvidó analizar si la falta de participación de las localidades fue provocada por disposiciones tomadas por el comité electoral, en la convocatoria o por alguna autoridad comunitaria, pues las meras afirmaciones de la exclusión por que la costumbre únicamente permite participar a la cabecera municipal no es suficiente para tener por acreditado que no se les permitió votar y ser votados.

Por el contrario, se difundió la convocatoria, se dio cuenta de ello al Instituto local, aunado a que obran memorias fotográficas que no fueron valoradas.

Solicitan que, mediante plenitud de jurisdicción se revise la sentencia con perspectiva indígena a fin de determinar si la falta de participación de las localidades en la asamblea general comunitaria fue por una acción deliberada de la cabecera de excluirlos o por otra circunstancia, como podría ser la falta de voluntad de participar y determinar si tal ausencia por sí misma, es causa suficiente para declarar la nulidad.

Refieren que se debe de considerar que el municipio está en un proceso de adecuación del sistema normativo interno, necesitando la asistencia técnica de las autoridades electorales a fin de que la modificación se implemente de manera paulatina.

Agravios comunes de los juicios SX-JDC-247/2017, SX-JDC-248/2017 y SX-JDC-253/2017

4. Señalan que la autoridad responsable violentó su derecho de autodeterminación, ya que no tomó en cuenta los deberes del Estado de respetar y salvaguardar la integridad de los valores, prácticas e instituciones del pueblo, así como el derecho de estas comunidades a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias, considerando para ello sus tradiciones, costumbres, sistemas jurídicos y las normas internacionales de derechos humanos interpretadas de manera favorable a sus derechos humanos.

El municipio de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca, tiene el derecho a decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política, cultural y de aplicar sus propios sistemas normativos en la resolución de conflictos internos, con apego a los derechos fundamentales, lo que implica que puedan elegir a sus propias autoridades, sin que se les imponga el tener que convocar y dejar participar a la agencia de San Baltazar Guelavila, ya que atentaría contra los usos y costumbres del Municipio.

El Tribunal local, con un criterio formalista, no tomó en consideración el contexto del municipio, ni respetó los usos y costumbres, ya que históricamente es la cabecera quien elige a sus autoridades municipales, ya que esta ejerce únicamente en la referida cabecera.

El Tribunal local dejó de aplicar diversos criterios y disposiciones jurídicas que tiene que atenderse cuando se juzgue temas en donde se vean involucradas las comunidades indígenas, pues implícitamente inaplicó las normas propias de la comunidad, pues la cabecera y la agencia de San Baltazar Guelavila no cuentan con los mismos usos y costumbres, así como el sistema de cargos propio de cada comunidad, ya que son dos pueblos distintos.

Aducen que los problemas que surjan entre tales comunidades se resuelven a través del consenso en la Asamblea, por ello es que oportunamente se sometió la propuesta que realizó la agencia de querer participar en la elección de autoridades municipales, sin embargo, fue la propia asamblea quien no aprobó tal propuesta, ya que fue rechazada por novecientos noventa y dos votos.

Lo anterior lleva a concluir que los habitantes de la cabecera no están conformes con la participación de la agencia de San Baltazar Guelavila, ya que se encuentra enraizada la idea de que no participan en la elección de sus autoridades, por lo que no aceptan la intromisión en la forma de organización.

Argumentan que, al no contar con estudios, ni estar capacitados en los temas de universalidad del sufragio y derechos de los pueblos indígenas, no saben de los acuerdos que tiene el Estado Mexicano, aunado a que ninguna institución gubernamental les ha informado de tal situación.

De ahí que estimen que primero debe dárseles la oportunidad de estar informados respecto al alcance de cada uno de los derechos que se tiene que observar, para ello, señalan que debe permitírseles realizar trabajos a fin de coadyuvar con las diversas dependencias, para así flexibilizar, concientizar y lograr acuerdos entre la comunidad de San Dionisio Ocotepec y la agencia de San Baltazar Guelavila.

Refieren que no desconocen las diversas solicitudes de la mencionada agencia para participar en la elección, sin embargo, estiman que el tiempo no fue suficiente para que lograran arraigarse de la cosmovisión de la cabecera.

La autoridad responsable no tomó en consideración que las dos mesas de trabajo que tuvieron las anteriores autoridades municipales fueron improductivas debido a que no se generó ningún consenso.

Agregan que en ningún momento se llevó a cabo ninguna mesa de trabajo, conferencia, platica, taller, repartición de folletos, revistas, libros, tampoco se solicitó la intervención de las autoridades, con la finalidad de comprender el contacto de la cabecera y la referida Agencia.

Manifiestan que también debió de considerar que sólo pueden participar los habitantes de la cabecera en la decisión de las autoridades puesto que son estos quienes se encuentran al corriente con los servicios, siendo injusto que se le permita participar a la ciudadanía de la Agencia ya que no ha generado derechos.

5. El Tribunal local no realizó un estudio adecuado del tema que le fue sometido a su conocimiento ya que, de diversos documentos, es posible concluir que la agencia de San Baltazar Guelavila nunca ha participado.

Sumado a ello, se inobservó la jurisprudencia 10/2014 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La autoridad responsable también omitió el hecho de que se ha respetado la forma en que eligen a las autoridades internas.

Agravios del juicio SX-JDC-254/2017

6. La autoridad responsable violentó el derecho de autodeterminación de la comunidad ya que no se realizó una consulta donde se hiciera constar la intención de la agencia de San Baltazar Guelavila de participar en la elección municipal e introducir cargos o empleos indeseados.

El tribunal local interpretó incorrectamente el artículo 2 de la Constitución General, ya que no respetó el derecho de autodeterminación y autonomía de la comunidad, debido a que no se realizaron las acciones necesarias y suficientes para allegarse de todos los elementos necesarios para entender el contexto político y económico entre la cabecera y la citada agencia.

Tampoco respetó la autonomía y libre determinación de cada comunidad para conservar sus instituciones internas, esto es, cada comunidad cuenta con su propio sistema de cargos.

Agravios comunes de los juicios SX-JDC-262/2017, SX-JDC-263/2017, SX-JDC-264/2017, SX-JDC-265/2017, SX-JDC-266/2017 y SX-JDC-267/2017.

7. Refieren que la decisión del Tribunal local atenta contra los usos y costumbres de las agencias ya que éstos deben respetarse, pues cada comunidad elige a sus representantes sin que se tenga que pedir la opinión de personas ajenas, esto es, que las agencias no participan en la designación de autoridades municipales, lo cual no fue valorado por la autoridad responsable.

Añaden que las agencias de Las Flores, Las Carretas, Las Milpas, Agua Santa, La Laguna y Santo Tomas de Arriba, no desean participar en la designación de autoridades, pues tampoco desean que la cabecera intervenga en la designación de las autoridades internas.

103. B. La pretensión del tercero interesado es que se confirme la sentencia impugnada que declaró inválida la elección de concejales en el municipio de mérito, a fin de llevar a cabo una nueva elección; para ello señala lo siguiente:

1. El compareciente se ostenta como agente municipal de San Baltazar Guelavila, y señala que la afectación de no haber sido convocados es manifiesta en las actuaciones del Instituto local.

2. El desconocimiento de la convocatoria electiva afecta de manera irreparable su garantía al sufragio universal.

3. A nombre de la comunidad, manifiesta que respalda la sentencia emitida en el expediente JDC/162/2016, emitida por el Tribunal local, toda vez que su resolución vincula a la paz y armonía de su localidad.

4. Solicita que se respete su sistema normativo vigente a plenitud, como lo es el de participar en la definición de las próximas autoridades municipales y se generen las condiciones de participación que fortalezcan el referido sistema de la comunidad, garantizando la diversidad cultural y la pluralidad política.

OCTAVO. Estudio de fondo.

104. A juicio de esta Sala Regional, los agravios de los actores son infundados, atendiendo a las siguientes razones:

- Marco jurídico

I. Autodeterminación de los pueblos indígenas

105. De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad, social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

106. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico.

107. En el apartado A de dicho artículo, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, entre otros puntos, para:

a. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

b. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

c. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

d. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

108. Como se aprecia, la propia Constitución establece que quienes se asuman descendientes de aquéllos que habitaban en el país al inicio de la colonización, tienen derecho a la aplicación del marco de regulación indígena.

109. Aunado a esto, dentro de los instrumentos internacionales que vinculan al Estado Mexicano en relación al derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas encontramos los siguientes:

110. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 8, párrafo primero, que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberá tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

111. Por su parte, el párrafo segundo, señala que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos internacionalmente reconocidos.

112. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas[21], menciona en su artículo 3 que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

113. El artículo 4 establece que los pueblos indígenas, en ejercicio de su libre determinación, tienen el derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

114. En el mismo sentido, el artículo 5 refiere que tales pueblos tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

115. El artículo 33, párrafo segundo, menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

116. En un sentido más específico, el artículo 34 menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

117. El numeral 40 de dicha declaración establece que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión en sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

118. Finalmente, el artículo 43 señala que los derechos reconocidos en la Declaración constituyen normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

119. Los citados dispositivos se tienen en cuenta en el quehacer jurisdiccional de nuestro país, en los términos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento a la condena[22] del Estado Mexicano en el caso Rosendo Radilla contra el Estado Mexicano; y conforme con lo establecido por la  Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.18/2012, de rubro: “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011)”.[23]

120. Sobre el tema de usos y costumbres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso de Yatama vs Nicaragua[24], que el Estado debe integrar a las comunidades indígenas a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa y proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización, siempre que sean compatibles con los derechos humanos consagrados en la Convención.

121. Como se relató, tanto en la normativa nacional, internacional, así como en los criterios adoptados por la corte interamericana, se encuentra reconocido el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, dentro del cual se encuentra la posibilidad de organizar sus formas de gobierno o representación.

-Marco jurisprudencial

122. La Sala Superior de este Tribunal Electoral ya ha sostenido[25] que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación constituye el principio que articula y engloba una serie de derechos específicos que constituyen manifestaciones concretas de autonomía:

1) Autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

2) Autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

3) Autonomía para elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, y

4) Autonomía para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.

123. En esa línea argumentativa, el reconocimiento constitucional y convencional de la diversidad étnica y cultural responde a una concepción del Estado en el sentido de que tiene la obligación de garantizar y respetar la concepción de las formas de acceso al poder por parte de los indígenas, a efecto de que su cosmovisión expresada en sus usos y costumbres puedan coexistir pacíficamente con aquellos valores y principios constitucionales que la mayoría de la población ha establecido para la renovación del poder.

124. Dicha tarea no resulta sencilla, en tanto que en muchas ocasiones los usos y costumbres indígenas, pueden resultar contrarios a aquellas normas y principios que de manera generalizada se han concebido para garantizar la democracia en todo el País.

125. Por ello, las autoridades jurisdiccionales electorales, aun cuando encuentren prácticas electorales que no sean compatibles con las prácticas generalizadas, tiene que hacer compatible su deber de proteger las reglas electorales, con su deber de preservar los usos y costumbres como medio para fortalecer a las culturas indígenas de nuestro País.

126. Ello en virtud de que la conformación multicultural que establece el artículo 2º de la Constitución Federal implica la obligación de no imponer una concepción del mundo particular, pues de lo contrario se vulneraría el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y del trato igualitario para las diferentes culturas indígenas.

127. En otras palabras, dicha norma constitucional, entre otras normas convencionales, ordenan precisamente que se debe tener presente que la democracia en que vivimos también tiene una conformación multicultural.

128. Debe recordarse también que, la esta Sala Superior ha sostenido que dicho derecho de autodeterminación no es absoluto, sino que encuentra límites por ejemplo en el derecho a la igualdad de las mujeres[26] o en el principio de la universalidad el voto[27].

129. En ese entendido, en la propia dinámica de las normas constitucionales, por un lado se encuentra la obligación de maximizar en la medida de lo posible el derecho de autodeterminación de las comunidades indígenas a efecto de evitar afectaciones e interferencias injustificadas en la forma de decidir cómo elegirán a sus autoridades; y por otro debe considerarse que dicha maximización no puede hacerse a costa de la vulneración desproporcionada de otros principios y derechos constitucionales que pueden verse afectados.

130. Bajo este contexto, los límites a los que debe someterse a las comunidades indígenas respecto de sus usos y costumbres para elegir a sus propias autoridades deben ser aquellos que evidentemente lesionen de manera directa y desproporcionada derechos humanos y principios de superior jerarquía y que bajo cualquier perspectiva resulten inadmisibles a la luz de las normas fundamentales.

131. Lo anterior, se concretiza en el criterio reiterado de este Tribunal Electoral, que en el marco de aplicación de los derechos individuales y colectivos indígenas, los órganos jurisdiccionales deben privilegiar el principio de maximización de la autonomía y de minimización de la intervención,[28] salvaguardando y protegiendo el sistema normativo interno que rige a cada pueblo o comunidad, siempre que se respeten los derechos humanos, lo que conlleva tanto la posibilidad de establecer sus propias formas de organización, como también la de regularlas, pues ambos aspectos constituyen la piedra angular del autogobierno indígena.

132. De esa suerte, la implementación eficaz de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente exige el reconocimiento y la aceptación de las costumbres, el derecho consuetudinario y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, en especial en lo que respecta a la determinación de sus formas de organización y en la determinación de sus autoridades; sin embargo, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales de la materia determinan que esta implementación tiene límites.

133. Así lo ha reconocido también la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis de rubro: "DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL"[29], en el sentido de que el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no es absoluto.

134. Lo anterior, también ha sido reconocido por esta Sala Superior en la tesis VII/2014, de rubro: "SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. LAS NORMAS QUE RESTRINJAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERAN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD"[30].

135. Entonces, si bien es cierto que el reconocimiento del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas no es absoluto, también lo es que dicho concepto tiene una significación especial, ya que constituye un fundamento para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.

136. Consecuentemente, no puede estimarse como válido aquél desarrollo de conductas que, pretendiéndose amparar en un derecho fundamental recogido en el sistema jurídico, tenga como efecto conculcar otro derecho establecido por la propia Constitución o en un tratado internacional suscrito y ratificado por México, o bien, que tenga aparejada la vulneración de la dignidad de la persona humana, pues, en esos casos, las conductas desplegadas se encuentran fuera de toda cobertura o protección jurídica.

137. Bajo esa vertiente, en los actos que se lleven a cabo de acuerdo a sus sistema normativos internos, si bien no resultan exactamente aplicables los principios rectores de corte constitucional, para que se les reconozca validez a los procedimientos o prácticas que se sigan, éstos no deben ser incompatibles con los derechos fundamentales recogidos por la Carta Magna ni con los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, así como tampoco, tener como consecuencia impedir a los individuos que conformen los pueblos y comunidades indígenas, ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

138. Por citar algunos ejemplos, esta Sala Superior ha considerado excluido del ámbito de reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros, la vulneración al principio de universalidad del voto.

139. Dicho criterio está recogido en la jurisprudencia 7/2014 de rubro: "SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO"[31],

-Método de elección.

140. Conforme al Estatuto Electoral Comunitario[32], y demás constancias que obran en el expediente, se advierte que el método electivo es siguiente:

141. Para poder participar en el nombramiento de autoridades municipales se debe cumplir con ser ciudadanos mayores de dieciocho años, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones, que habiten la cabecera municipal, las agencias de policía y las rancherías que integran el municipio. Las agencias municipales tienen sus propios procesos internos locales de nombramiento de autoridades, además deben estar inscritos en el padrón electoral comunitario y contar con credencial de elector.

142. El nombramiento de concejales se realiza mediante dos procesos: en el primero se nombra a presidente, síndico y suplentes, y en el segundo se nombra a los regidores, el alcalde y sus suplentes.

143. En el primer proceso, se nombrará a cuatro ciudadanos para elegir a presidente, síndico y sus respectivos suplentes, lo cual se realizará en dos etapas: la primera mediante elección simple o mano alzada y la siguiente en una jornada electoral comunitaria.

144. En este caso, los tequitlatos sesionaran a puerta cerrada en el mes de julio en el año en que termina el mandato de los concejales, para elegir a ocho precandidatos. Las propuestas de cada tequitlato representará a cada sección de la cabecera municipal, esto es, dos por sección.

145. En el mes de julio, los tequitlatos se reunirán con la autoridad municipal y el consejo de ciudadanos (regidores y alcalde) con la finalidad de anunciar y formalizar el inicio del proceso de nombramiento de concejales. Las asambleas para este proceso serán convocadas por los tequitlatos en coordinación con la autoridad municipal y el consejo ciudadano.

146. El primer domingo de agosto, los tequitlatos en coordinación con la autoridad municipal y el consejo ciudadano convocarán a la asamblea comunitaria.

147. Los tequitlatos presentarán a los ocho precandidatos ante asamblea general comunitaria con la finalidad de se conozcan públicamente los nombres.

148. El primer domingo de septiembre, los tequitlatos en coordinación con la autoridad municipal y el consejo ciudadano convocarán a una asamblea comunitaria que tendrá el objetivo de elegir de los ocho precandidatos a cuatro. Dicho procedimiento se realizará mediante elección simple o mano alzada.

149. Es esa misma asamblea se nombrará al comité electoral comunitario que tendrá el mandato de organizar y dar seguimiento a la jornada electoral comunitaria para elegir al presidente, síndico y sus suplentes mediante el voto libre y secreto.

150. La segunda etapa se integra de la jornada electoral comunitaria, la cual se celebra a las 8:00 horas a partir de la cual el comité electoral comunitario instala dos urnas en el corredor municipal del palacio y a las 18:00 horas cierra la votación.

151. Posteriormente al cierre, el citado Comité procede al conteo de votos y al finalizar, éste escribe en una cartulina los resultados de la votación y se coloca en un lugar visible del corredor municipal.

152. Los cargos quedan distribuidos de acuerdo a los resultados de la jornada, esto es, el candidato con el mayor número de votos ocupará el cargo de presidente municipal el segundo ocupará el cargo de síndico, el tercero ocupará el cargo de suplente del presidente y el último lugar el suplente del síndico.

153. Por cuanto al nombramiento de regidores, alcalde y suplentes, se nombrarán de forma directa en la oficina de los tequitlatos luego de un previo análisis del historial de cargos y del cumplimiento de los mismos.

-Caso concreto.

154. Teniendo en cuenta esas premisas, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se vulneró el principio universalidad del sufragio y, por ende, debe prevalecer la decisión del Tribunal local de tener por invalida la elección de concejales del municipio de San Dionisio Ocotepec, Tlaculola, Oaxaca.

155. Para sostener lo anterior, es necesario precisar los actos que han acontecido para que, a partir del análisis de éstos, se especifique las circunstancias de exclusión.

        El veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, mediante escrito[33] dirigido al Subsecretario de Fortalecimiento Municipal, por el cual, el agente municipal de San Baltazar Guelavila, el síndico municipal, los regidores de hacienda, obras, salud, educación, diversos suplentes de regidurías, el secretario municipal, el secretario suplente y el tesorero de la agencia municipal, manifestaron que exigirían a la autoridad municipal, entre otras cosas, participar en las elecciones de los servidores municipales, permitiéndoles proporcionar a dos candidatos de su comunidad para que fueran parte de los candidatos a presidente municipal, así como tener derecho a votar.

        El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en respuesta al escrito petitorio descrito en el párrafo anterior, la autoridad municipal respondió[34], respecto a las exigencias la que interesa, que, conforme a la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, tiene el derecho de determinar, conforme a sus tradiciones, su propia composición, en ejercicio de la autonomía. De ahí que la decisión de seleccionar a los candidatos estaba sujeto al órgano electoral del municipio, esto es, a los tequitlatos.

        Mediante citatorio de uno de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por los representantes -Tequitlatos- de las cuatro secciones en las que se divide la cabecera municipal, convocaron a la asamblea general comunitaria a celebrarse el siete de agosto siguiente, mediante la cual los suscribientes presentarían a los ocho precandidatos a ocupar los cargos de presidente municipal, síndico municipal y sus respectivos suplentes.

        El siete de agosto de dos mil diecisiete, mediante asamblea general comunitaria, los representantes de las cuatro secciones del municipio de San Dionisio Ocotepec, presentaron a los ochos precandidatos a ocupar los cargos de presidente municipal, síndico municipal y sus respectivos suplentes. Tal reunión se realizó con la asistencia de los cuatro tequitlatos, el alcalde único, el presidente y síndico municipal, así como la mayoría de habitantes de los barrios que conforman la comunidad, invitados mediante previo citatorio. En dicha asamblea se eligieron a los siguientes ciudadanos como precandidatos a presidente municipal y síndico

        El diecinueve de agosto del año pasado, el agente municipal de San Baltazar Guelavila solicitó al Instituto local la participación activa de la agencia en las próximas elecciones municipales en San Dionisio Ocotepec, respetando y garantizando los derechos humanos de los ciudadanos del municipio.

        El treinta de agosto del año en curso, mediante citatorios suscritos por los tequitlatos de las cuatro secciones en las que se divide la cabecera municipal, convocaron a la asamblea general comunitaria a celebrarse el cuatro de septiembre posterior, para que, mediante el método de elección a mano alzada, eligieran de los ocho precandidatos presentados en la asamblea anterior a los cuatro candidatos a ocupar los cargos de presidente municipal, síndico municipal y sus respectivos suplentes.

        El cuatro de septiembre del año pasado, se realizó la asamblea general de ciudadanos con la asistencia de todos los ciudadanos de la población con previo citatorio girado por parte de los tequitlatos; mediante el método de elección a mano alzada se eligió a cuatro candidatos a ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico Municipal y sus respectivos suplentes. Resultando electas las siguientes personas.

        El doce de septiembre del año dos mil dieciséis, de nueva cuenta, diversos ciudadanos solicitaron al Instituto local la participación activa de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila en las elecciones próximas elecciones municipales en San Dionisio Ocotepec, respetando y garantizando los derechos humanos de los ciudadanos del municipio.

        El diecinueve de septiembre del año pasado, se sostuvo una reunión de trabajo entre las autoridades municipales, la agencia municipal de San Baltazar Guelavila y personal del mencionado Instituto, en la que el presidente municipal refirió que para participar debían regirse por los estatutos y que debía participar la asamblea a fin de dar a conocer los puntos de acuerdo; el suplente del presidente manifestó que era necesario que la agencia se coordinara con la cabecera para llevar a cabo la elección por cuestiones de tiempo; a su vez, el secretario municipal manifestó que los integrantes del municipio pedían a San Baltazar participar en la reunión de trabajo que llevarían con sus agencias, para dar a conocer como se rigen los estatutos y que ambos pudieran estar en la misma dinámica.

        El veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, en virtud de lo acordado el diecinueve de septiembre, se sostuvo una reunión de trabajo entre las autoridades municipales en cita y el personal del Instituto local, en la cual la autoridad municipal señaló que si la agencia municipal quería participar debía presentar su estatuto para poder trabajar de manera conjunta, concluyendo que la agencia debía asumir sus responsabilidades en relación a participar, además de que era conveniente que integraran su Comité Electoral para que solicitaran el material para poder realizar la votación correspondiente y que se presentaran al municipio para explicarles el procedimiento de la elección.

        El veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, mediante citatorios suscritos por los tequitlatos, se convocó a la asamblea general comunitaria a celebrase el dos de octubre siguiente, mediante el voto de la ciudadanía, a fin de elegir de los cuatro candidatos electos en la asamblea anterior, al presidente y síndico municipal, así como a sus respectivos suplentes.

        El veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, diversos ciudadanos de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila solicitaron al Instituto local que girara los oficios respectivos al municipio de San Dionisio Ocotepec, para que se realizara una nueva mesa de trabajo y así garantizar su legal participación en las próximas elecciones municipales.

        El treinta de septiembre del año pasado las autoridades de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila solicitaron que se garantizara la participación de la agencia en el proceso electoral municipal y se realizó una reunión de trabajo, entre las autoridades municipales y de la agencia, con personal del Instituto local y las Secretarías General de Gobierno y de Asuntos Indígenas. En ella se concluyó que la agencia municipal deseaba participar votando y siendo votada, y por el otro lado, la autoridad municipal señaló que se les dejaría votar y posteriormente harían mesas de trabajo para su integración y pudieran ser votados.

        El dos de octubre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la asamblea electiva en la explanada cívica de la referida comunidad, con la asistencia del presidente, síndico, escrutadores, los integrantes del comité electoral, los tequitlatos de las cuatro secciones, así como el consejo ciudadano y un número de ciudadanos; se eligió al presidente y síndico municipal, con sus respectivos suplentes, resultando electas las personas que se precisan.

        El veinticinco de octubre del año dos mil dieciséis, mediante citatorios, los tequitlatos convocaron a la reunión solemne, para efecto de dar a conocer la lista completa de ciudadanos que prestarían su servicio como concejales durante el periodo 2017-2019, señalando como el dos de noviembre siguiente para su celebración.

        El dos de noviembre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la asamblea, con la presencia de ciudadanos de las diferentes localidades adscritas al municipio quienes fueron convocados previo citatorio, en la que se dio lectura de la lista completa de concejales al ayuntamiento para el periodo 2017-2019, quedando de la siguiente manera:

        El doce de diciembre de la anualidad pasada, se presentó ante el Instituto local, escrito signado por el agente municipal de San Baltazar Guelavila y otras autoridades, por medio del cual manifestaron que no se respetaron los acuerdos tomados en la mesa de trabajo de treinta de septiembre y, por lo tanto, solicitaron que se calificara como no válida la elección de dos de octubre de dos mil dieciséis.

156. Ahora bien, del método electivo y de la descripción de los hechos es posible advertir que existió una exclusión de las agencias municipales, en la especie, de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila, en la designación del presidente municipal, síndico y sus respectivos suplentes.

157. A su vez, es claro que la designación de los restantes concejales, es decir, los regidores, es de igual manera conculcatorio del principio de universalidad del sufragio, pues no sólo lesiona el derecho de la agencia municipal a participar en su designación, sino también de la ciudadanía que pertenece a la cabecera municipal.

158. En efecto, de las constancias se advierte que la cabecera municipal excluyó a la agencia de San Baltazar Guelavila de poder participar en la designación de autoridades municipales, esto, debido a que no existe constancia que permita concluir que fueron convocados e incluidos en la jornada comicial.

159. Esto, pues de las diversas documentales se advierte que, a pesar de que la solicitud de inclusión en el proceso de designación de autoridades municipales se hizo con oportuna anticipación, pues fue realizada desde el veintiuno de marzo del año en curso, la cabecera municipal no realizó ningún acto tendiente a acercar las posturas de ambas comunidades a fin de llegar a una solución y con ello se permitiera la inclusión de la agencia de San Baltazar Guelavila al proceso electoral municipal, por el contrario, emitió una respuesta a través de la cual únicamente señalaron que la postulación de candidatos estaba a cargo de los tequitlatos y que debía respetarse la autonomía de las comunidades en la distribución interna.

160. Ahora bien, ya iniciados los trabajos preparatorios del proceso electoral, es cuando la cabecera municipal llevó a cabo diversas intervenciones a fin de solucionar el problema.

161. En esa línea, mediante diversas mesas de trabajo en las cuales tanto la referida cabecera como la agencia municipal venían realizando acercamientos para la inclusión de esta última, lo cierto es que no se concretó ningún acto que permitiera la inclusión de la referida agencia.

162. Ello debido a que el treinta de septiembre, mediante una reunión de trabajo, ambas partes discreparon respecto a la participación de la agencia municipal con el objeto de que postularan candidatos para ser votados, sin embargo, coincidieron en que podían participar sufragando.

163. No obstante, no existe constancia que permita concluir que se giraron los citatorios a la agencia de San Baltazar Guelavila a fin de hacerle del conocimiento que la elección de presidente, síndico y suplentes se realizaría el dos de octubre siguiente.

164. Obra únicamente el citatorio[35] girado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el cual fue emitido previamente al acuerdo relativo a que la citada Agencia podría votar, y el acta de asamblea[36] de dos de octubre de la anualidad pasada, documentales que contiene un lenguaje genérico y no refieren particularidades que permitan advertir si los habitantes de la agencia de San Balatazar Guelavila fueron citados a la elección o si asistieron.

165. A pesar de tal situación, se concluye que los habitantes de la agencia de San Baltazar Guelavila fueron excluidos de la elección de autoridades municipales, esto debido a la adminiculación de los diversos elementos probatorios.

166. En efecto, las listas de asistencia correspondientes al acta de asamblea general comunitaria de dos de octubre del año pasado, por medio de la cual se dio a conocer la integración del cabildo, se encuentran marcadas por localidad, es decir, cada lista cuenta en la parte superior con el barrio, colonia o localidad a la que pertenece, y en ninguna de ellas se encuentra incluido listado alguno perteneciente a la agencia de San Baltazar Guelavila.

167. En ese sentido, en el caso de que efectivamente se haya incluido a la agencia en comento al proceso electoral, lo consecuente era incluirlo en todos los actos posteriores al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, lo cual como se observa, no aconteció.

168. Sumado a lo anterior, el doce de diciembre de dos mil dieciséis, el agente municipal de San Baltazar Guelavila y otras autoridades municipales, presentaron un escrito por medio del cual manifestaron que no se respetaron los acuerdos tomados en la mesa de trabajo de treinta de septiembre y, por lo tanto, solicitaron que se calificara como no válida la elección de dos de octubre de dos mil dieciséis.

169. Como se observa, es claro que la mencionada Agencia no fue incorporada a la elección, puesto que existe expresa inconformidad de tal proceso comicial dado que no fueron tomados en consideración para la designación de las autoridades municipales.

170. A mayor abundamiento, de los listados de las asambleas comunitarias de siete de agosto y cuatro de septiembre, se encuentran marcadas con los barrios, colonias y localidades a que pertenecen los asambleístas, sin embargo, en ninguna aparece la agencia municipal de San Baltazar Guelavila.

171. A su vez, del acta de asamblea general comunitaria de cuatro de septiembre[37], es posible desprender que, existen diversas intervenciones en el sentido de no dejar participar a la mencionada agencia en el proceso electoral, ni permitir que las nuevas autoridades municipales negocien a la postre con ella, así, sometido a votación la participación de la agencia municipal, se obtuvieron novecientos noventa y dos votos en contra de su incorporación y cero a favor.

172. Así las cosas, se puede concluir que, en ningún momento del proceso de elección de autoridades municipales, se les permitió participar a las agencias, en específico, a San Baltazar Guelavila.

173. En ese sentido, es claro que existió una vulneración al principio de universalidad del sufragio al no respetar los acuerdos tomados previamente y excluir del proceso electoral a los habitantes de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila.

174. Se estima lo anterior pues si bien en determinados municipios indígenas, las agencias cuentan con cierta autonomía y realizan sus propias elecciones, lo cierto es que, en cuanto a la designación de los concejales, cualquier método electivo que se utilice, debe incluir la participación de todos los habitantes, incluyendo a los de las agencias a fin de que cuenten con representatividad en el Ayuntamiento.

175. Es criterio de este Tribunal Electoral que el derecho de sufragio constituye la piedra angular del sistema democrático, en tanto que, con su ejercicio, se permite la necesaria conexión entre los ciudadanos y el poder público, legitimando a éste; de ahí que, si se considera que en una elección no se respetó el principio de universalidad del sufragio, ello conduce a establecer que se han infringido los preceptos que lo tutelan y que, además, se ha atentado contra la esencia misma del sistema democrático.

176. Por lo tanto, la característica de universalidad del sufragio implica que, salvo las excepciones expresamente permitidas por los ordenamientos nacional y estatal, toda persona física se encuentra en aptitud de ejercerlo en las elecciones populares que se celebren, para la renovación de los órganos públicos representativos del Estado mexicano, sean estos federales, estatales o municipales ordinarias, o mediante reglas de derecho consuetudinario, sin que para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, mérito, experiencia, formación, rendimiento, etcétera. Por ello, es posible afirmar que la universalidad del sufragio, se funda en el principio de un hombre, un voto; con el cual se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público.

177. Consecuentemente, si en una comunidad indígena no se permitiera votar a los ciudadanos que no residieran en la cabecera municipal, dicha restricción se traduciría en la negación o anulación de su derecho fundamental a sufragar, y ello significaría la transgresión al principio de igualdad, visto desde el punto de vista subjetivo que emana de dicha norma, el derecho a no ser discriminado injustamente; por lo tanto, esta situación violatoria de derechos fundamentales, queda excluida del ámbito de reconocimiento y tutela de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas previstos por la Constitución federal, al resultar incompatible con los derechos fundamentales que han quedado precisados; por lo que, en consecuencia, esa práctica o tradición adoptada por una comunidad indígena no tendría el carácter de democrática.

178. Tal razonamiento se encuentra inmerso en la jurisprudencia 37/2014, que tiene por rubro: “SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO”[38].

179. En ese sentido, con independencia de que las agencias cuenten con un sistema normativo interno propio, al no existir constancia fehaciente de que las agencias fueron debidamente convocadas y de que participaron en la asamblea electiva, es que se tiene por lesionado el principio de universalidad.

180. En esos términos, para esta Sala Regional la asamblea electiva de dos de octubre del año pasado no fue celebrada conforme a los principios constitucionales, en la especie, la universalidad del sufragio, sin que sea obstáculo que cada agencia designe a sus propias autoridades, pues como ya se precisó, es un marco de relación intracomunitario, debe existir inclusión de las comunidades en las autoridades municipales a fin de ser representadas en el ámbito municipal, de ahí lo infundado del agravio expuesto por los actores[39].

181. No pasa inadvertido que en la comunidad existe un problema económico por la distribución de recursos, sin embargo, al margen de tales temas, los cuales si bien deben ser tomados en consideración para entender el contexto de la problemática intracomunitaria y resolver cada asunto, lo cierto es que la materia de análisis es la inclusión o exclusión de las agencias en el proceso electoral municipal y la violación al derecho de votar y ser votados de las comunidades; por lo que, del análisis que se ha realizado, es posible concluir que existió tal exclusión y por lo tanto una vulneración al derecho de votar y ser votados de las agencias.

182. Aunado a lo anterior, existe una vulneración al derecho del sufragio de la ciudadanía del Municipio, incluyendo a la cabecera, así como una trasgresión directa al artículo 115, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

183. Esto debido a que tal mandamiento constitucional establece que “[c]ada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine”.

184. De tal precepto constitucional es posible concluir que son cargos de elección popular el presidente municipal, los síndicos, así como los regidores, esto, debido a que integran el ayuntamiento.

185. En ese sentido, aquellos sistemas que establezcan un método no democrático, que impida la participación de la ciudadanía para deliberar sobre quienes deben ser sus autoridades municipales, incluyendo a los regidores, es contrario al mandato constitucional.

186. En el caso, el sistema normativo interno de la comunidad trasgrede la disposición fundamental referida, ya que, de acuerdo al Estatuto Electoral Comunitario del municipio y del acta de dos de noviembre de dos mil dieciséis, es posible arribar a la conclusión que la designación de los ciudadanos que debe ocupar los cargos de regidores y sus suplentes, se llevó a cabo mediante la designación directa de los cuatro tequitlatos y la ciudadanía únicamente es convocada para hacerles del conocimiento la integración definitiva del ayuntamiento.

187. Por lo anterior, es claro que, en la designación de los regidores y sus suplentes, no interviene la ciudadanía, ni siquiera los habitantes de la cabecera municipal, por lo que es claro que controvierte francamente el sentido del artículo 115, base I, de la Constitución General.

188. En esa línea argumentativa, debe entenderse como cargos de elección popular aquellos que surgen del voto de los ciudadanos en una elección, y no así aquéllos en los que la ciudadanía no tiene injerencia y son designados a través de diversos métodos, como lo es la designación directa por parte de uno o de un número concreto de sujetos que no permiten la intervención de los habitantes de la comunidad.

189. De ahí que el sistema normativo interno del municipio se considere contrario a la Constitución General y restrictivo de la participación de la ciudadanía, lesionando los derechos de votar y ser votados de todos los habitantes del municipio en comento.

190. De ahí que se estime que fue correcta la decisión del Tribunal local de declarar invalida la elección de concejales.

191. Ahora bien, respecto a que que se les vulnera a los actores sus derechos político-electoral a ser votados debido a que fueron electos mediante asamblea general comunitaria, para fungir como concejales e integrar el ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec[40], tal agravio es infundado.

192. Esto debido a que, si bien el derecho a ser votado se encuentra tutelado ampliamente por la Constitución Federal y las Convenciones Internacionales, lo cierto es que la eficacia de dicho derecho se encuentra directamente vinculado al derecho de la ciudadanía a votar por aquél candidato que estime acorde a sus intereses políticos a fin de que lo represente en la vida pública.

193. En ese tenor, para considerar que un candidato fue debidamente electo, es necesario que el proceso electoral a través del cual fue elegido cumpla con las normas y principios constitucionales que rigen los comicios, respetando los derechos político-electorales de los ciudadanos, como lo son, el derecho a votar y ser votado.

194. Siguiendo lo anterior, en el presente caso no es posible estimar que se lesiona el derecho a ser votado de los actores puesto que el proceso electoral en el que participaron no respetó el principio de universalidad del sufragio, ni los derechos a votar y ser votados pro partes de la ciudadanía.

195. En ese sentido, el proceso comicial en el cual participaron no puede tener efecto jurídico alguno y, por ende, la designación de los ciudadanos tampoco puede estimarse que surta efecto alguno. De ahí que no les asista la razón a los actores.

196. Por otra parte, los actores aducen[41] que la autoridad responsable no fue exhaustiva pues dejó de observar situaciones que contradicen la violación al principio de universalidad del sufragio y pasó por alto el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

197. A su vez señalan que también dejó de aplicar el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anulando los principios de certeza y legalidad que rigen en los procesos electorales, esto porque la revisión de las constancias que obran en los autos no debe beneficiar sólo al promovente, ni dar valor a los dichos de las partes que se encuentren en documentales, sino que debe realizar una valoración integral del material probatorio y no así sólo de aquellas que respaldaran su premisa y postura sobre la Litis fijada.

198. En la especie, sólo tomó en consideración las constancias en las que algunos habitantes de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila pidieron participar en la elección y la autoridad municipal refirió que la costumbre era la únicamente la participación de la cabecera municipal.

199. A su vez, refieren que la autoridad responsable dejó de analizar que no existe prueba que acredite que el comité electoral o las autoridades comunitarias impidieran la participación de las localidades en la elección.

200. Refieren que la Convocatoria tampoco excluyó la participación de los habitantes de las Agencias.

201. Tampoco se encuentra acreditado que los habitantes de las localidades hubieran llegado a la asamblea electiva y que no se les permitiera participar, puesto que fueron convocados en tiempo y forma, teniendo la posibilidad de asistir.

202. A juicio de esta Sala es infundado el agravio.

203. Es criterio reiterado de este Tribunal Electoral que, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados tiene especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, ya que no cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación o elección, de estimar lo contrario, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

204. Tal criterio se encuentra inmerso en la jurisprudencia 9/98, que lleva por rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”[42].

205. No obstante, en el caso, dicho principio no puede prevalecer ya que la trasgresión al proceso electoral es de tal entidad que lesiona gravemente la vida democrática del municipio de San Dionisio Ocotepec, y vulnera directamente los derechos político-electorales de los habitantes de las agencias municipales, en especial, los de la agencia de San Baltazar Guelavila, así como el de toda la ciudadanía del Municipio, al impedirles elegir a los regidores y sus respectivos suplentes.

206. Por lo tanto, fue correcta la decisión del Tribunal local y resolvió de forma completa, ya que ponderó el derecho de conservación de los actos públicos válidamente celebrados y el derecho a votar y ser votado de la ciudadanía, prevaleciendo correctamente este último.

207. Por otro lado, el Tribunal local respetó lo previsto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal[43], puesto que resolvió conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, tomando en consideración las pruebas que se encontraban en el expediente, esto es, el Dictamen por el que se identificó el método electivo del Ayuntamiento en comento, el Estatuto Electoral Comunitario, el acta de asamblea general de cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, así como la levantada el dos de octubre siguiente, el acta de votación para la elección de autoridades municipales para el periodo de 2007-2010, el acta de sesión ordinaria de primero de noviembre de dos mil diez, mediante el cual se dieron a conocer los regidores y suplentes que conformarían el cabildo municipal para el periodo 2011-2013, la constancia de clausura de casilla única de la elección de concejales para el periodo 2014-2016, y el oficio SJAR/DJ/DC/0148/2017, de diecisiete de enero del presente año, emitido por la Dirección Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca.

208. Así, del análisis del material probatorio concluyó que las agencias municipales tienen una nula participación en la designación de las autoridades municipales, sin que tal determinación se deba a que favorezca a alguna de las partes.

209. En efecto, la decisión del juzgador derivada del análisis del material probatorio, necesariamente lleva a resolver a favor o en contra del accionante y, en el presente caso, se advierte que correctamente el Tribunal local, con base en el material probatorio, estimó que les asistía la razón a los actores de la instancia anterior.

210. Tampoco es posible advertir que el Tribunal local analizara únicamente el material probatorio que respaldó su premisa, puesto que tomó para sustentar su decisión, principalmente, las actas de asamblea general comunitaria, las cuales le generaron convicción sobre la inexistente participación de las agencias municipales.

211. En ese sentido, es incorrecto lo señalado respecto a que la autoridad responsable sólo tomó en consideración las constancias en las que algunos habitantes de la agencia municipal de San Baltazar Guelavila pidieron participar en la elección y la autoridad municipal refirió que la costumbre era únicamente la participación de la cabecera municipal.

212. En cuanto a que la autoridad responsable dejó de analizar que no existe prueba que acredite que el comité electoral o las autoridades comunitarias impidieran la participación de las localidades en la elección, que la Convocatoria tampoco excluyó la participación de los habitantes de las Agencias y que tampoco se encuentra acreditado que los habitantes de las localidades hubieran llegado a la asamblea electiva y que no se les permitiera participar, no les asiste la razón, pues como se señaló con anterioridad, los diversos elementos probatorios adminiculados permiten a arribar a la conclusión de que la agencia de San Baltazar Guelavila sí fue excluida.

213. De ahí que se estime que la autoridad responsable no anulara los principios de certeza y legalidad que rigen en los procesos electorales y, por lo tanto, no les asista la razón a los actores

214. Respecto a que faltó el análisis de la otra parte para tener una Litis completa [44], ya que olvidó analizar si la falta de participación de las localidades fue provocada por disposiciones tomadas por el comité electoral, en la convocatoria o por alguna autoridad comunitaria, pues las meras afirmaciones de la exclusión por que la costumbre únicamente permite participar a la cabecera municipal no es suficiente para tener por acreditado que no se les permitió votar y ser votados.

215. Por el contrario, se difundió la convocatoria, se dio cuenta de ello al Instituto local, aunado a que obran memorias fotográficas que no fueron valoradas.

216. Además, solicitan que, mediante plenitud de jurisdicción se revise la sentencia con perspectiva indígena a fin de determinar si la falta de participación de las localidades en la asamblea general comunitaria fue por una acción deliberada de la cabecera de excluirlos o por otra circunstancia, como podría ser la falta de voluntad de participar y determinar si tal ausencia por sí misma, es causa suficiente para declarar la nulidad.

217. Refieren que se debe de considerar que el municipio está en un proceso de adecuación del sistema normativo interno, necesitando la asistencia técnica de las autoridades electorales a fin de que la modificación se implemente de manera paulatina.

218. Tal agravio es infundado.

219. Ello debido a que, si bien la autoridad responsable no hizo mención de las comparecencias en el fallo que se impugna, lo cierto es que aun tomando en consideración la solicitud de los terceros respecto a que debía analizarse si la falta de participación de las localidades fue provocada por disposiciones tomadas por el comité electoral, por la convocatoria o por alguna autoridad comunitaria, lo cierto es que, desde el Estatuto Electoral Comunitario y las determinaciones tomadas por los tequitlatos, la comisión ciudadana y las autoridades municipales, tornan al sistema normativo interno del municipio un régimen trasgresor de los derechos políticos-electorales de los habitantes del municipio y lesiona la regularidad constitucional.

220. Ahora, por cuanto a que obran las memorias fotográficas de la asamblea comunitaria y que no fueron tomadas en consideración, se tiene que los actores parten de una premisa inexistente ya que, de la revisión integra de las constancias que se encuentran agregadas al expediente, no se advierte que se encuentren agregada las pruebas técnicas a las que aluden, ni de los acuses de recepción de la demanda, ni de los escritos de los terceros interesados se observa que agregaran fotografía alguna.

221. Por otro lado, no puede estimarse que la falta de participación de las localidades en la asamblea general comunitaria fue por la falta de voluntad de participar, puesto que, como ya se ha precisado, los medios convictivos permiten concluir que se excluyó del proceso electoral municipal a la agencia de San Baltazar Guelavila.

222. Por otro lado, en lo tocante a que se debe de considerar que el municipio está en un proceso de adecuación del sistema normativo interno, y que por ello se necesita la asistencia técnica de las autoridades electorales a fin de que la modificación se implemente de manera paulatina, se concluye que no les asiste la razón puesto que la solicitud de inclusión al proceso de designación de autoridades se realizó desde el veintiuno de marzo del año pasado, esto es, tiempo suficiente para poder realizar una adecuación al sistema normativo, sin embargo, la cabecera se limitó a señalar que la postulación de candidatos quedaba a cargo de los tequitlatos, sin realizar o implementar una medida conciliatoria que acercara a ambas localidades a fin de compatibilizar los sistemas normativos internos.

223. No es obstáculo a lo anterior, que el diecinueve de septiembre de la anualidad pasada, empezaran a llevarse a cabo reuniones de trabajo relacionados con la petición de la agencia de San Baltazar Guelavila, pues esta medida fue tardía.

224. Además, es necesario enfatizar que, no obstante este Tribunal ha sido del criterio que en aquellos casos en que no se haya permitido a las agencias o localidades intervenir en el proceso de designación de autoridades, pero es la primera ocasión en la que solicitan su participación y tal petición no se realiza con la oportunidad adecuada, se ha privilegiado mantener la validez de la elección con el objetivo de no propiciar mayores conflictos.

225. Sin embargo, en el presente asunto, como ya se precisó, existió una petición oportuna, pero en respuesta a ella no se implementaron las medidas necesarias para la inclusión de la agencia en los comicios.

226. Además, en el caso, de mantener como válida la elección, se estaría consistiendo una irregularidad verdaderamente grave, pues no sólo es la negativa de incluir a los habitantes de la agencia de San Baltazar Guelavila en los comicios, sino que también el sistema normativo interno del municipio está constituido de tal manera que trasgrede al artículo 115, base I, de la Constitución General, y al principio de democracia que rige al Estado Mexicano.

227. De ahí que no pueda validarse la referida irregularidad, ya que el método electivo debe ser replanteado por la ciudadanía a fin de ser incluyente y democrático.

228. En cuanto al señalamiento[45] de que la autoridad responsable violentó su derecho de autodeterminación, ya que no tomó en cuenta los deberes del Estado de respetar y salvaguardar la integridad de los valores, prácticas e instituciones del pueblo, así como el derecho de estas comunidades a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias, considerando para ello sus tradiciones, costumbres, sistemas jurídicos y las normas internacionales de derechos humanos interpretadas de manera favorable a sus derechos humanos.

229. Aunado a que el municipio de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca, tiene el derecho a decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política, cultural y de aplicar sus propios sistemas normativos en la resolución de conflictos internos, con apego a los derechos fundamentales, lo que implica que puedan elegir a sus propias autoridades, sin que se les imponga el tener que convocar y dejar participar a la agencia de San Baltazar Guelavila, ya que atentaría contra los usos y costumbres del Municipio.

230. Señalan que el Tribunal local, con un criterio formalista, no tomó en consideración el contexto del municipio, ni respetó los usos y costumbres, ya que históricamente es la cabecera quien elige a sus autoridades municipales, ya que esta ejerce únicamente en la referida cabecera.

231. Aducen que el Tribunal local dejó de aplicar diversos criterios y disposiciones jurídicas que tiene que atenderse cuando se juzguen temas en donde se vean involucradas las comunidades indígenas, pues implícitamente inaplicó las normas propias de la comunidad, pues la cabecera y la agencia de San Baltazar Guelavila no cuentan con los mismos usos y costumbres, así como el sistema de cargos propio de cada comunidad, ya que son dos pueblos distintos.

232. Arguyen que los problemas que surjan entre tales comunidades se resuelven a través del consenso en la Asamblea, por ello es que oportunamente se sometió la propuesta que realizó la agencia de querer participar en la elección de autoridades municipales, sin embargo, fue la propia asamblea quien no aprobó tal propuesta, ya que fue rechazada por novecientos noventa y dos votos.

233. Lo anterior lleva a concluir que los habitantes de la cabecera no están conformes con la participación de la agencia de San Baltazar Guelavila, ya que se encuentra enraizada la idea de que no participan en la elección de sus autoridades, por lo que no aceptan la intromisión en la forma de organización.

234. Argumentan que, al no contar con estudios, ni estar capacitados en los temas de universalidad del sufragio y derechos de los pueblos indígenas, no saben de los acuerdos que tiene el Estado Mexicano, aunado a que ninguna institución gubernamental les ha informado de tal situación.

235. De ahí que estimen que primero debe dárseles la oportunidad de estar informados respecto al alcance de cada uno de los derechos que se tiene que observar. Para ello, señalan que debe permitírseles realizar trabajos a fin de coadyuvar con las diversas dependencias, para así flexibilizar, concientizar y lograr acuerdos entre la comunidad de San Dionisio Ocotepec y la agencia de San Baltazar Guelavila.

236. Refieren que no desconocen las diversas solicitudes de la mencionada agencia para participar en la elección, sin embargo, estiman que el tiempo no fue suficiente para que lograran arraigarse de la cosmovisión de la cabecera.

237. Manifiestan también que la autoridad responsable no tomó en consideración que las dos mesas de trabajo que tuvieron las anteriores autoridades municipales fueron improductivas debido a que no se generó ningún consenso.

238. Agregan que en ningún momento se llevó a cabo ninguna mesa de trabajo, conferencia, platica, taller, repartición de folletos, revistas, libros, tampoco se solicitó la intervención de las autoridades, con la finalidad de comprender el contacto de la cabecera y la referida Agencia.

239. Manifiestan que también debió de considerar que sólo pueden participar los habitantes de la cabecera en la decisión de las autoridades puesto que son estos quienes se encuentran al corriente con los servicios, siendo injusto que se le permita participar a la ciudadanía de la Agencia ya que no ha generado derechos.

240. Tales manifestaciones son infundadas puesto que el reconocimiento del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas no es absoluto.

241. Es decir, no puede estimarse como válido aquél desarrollo de conductas que, pretendiéndose amparar en un derecho fundamental recogido en el sistema jurídico, tenga como efecto conculcar otro derecho establecido por la propia Constitución o en un tratado internacional suscrito y ratificado por México, o bien, que tenga aparejada la vulneración de la dignidad de la persona humana, pues, en esos casos, las conductas desplegadas se encuentran fuera de toda cobertura o protección jurídica.

242. Bajo esa vertiente, en los actos que se lleven a cabo de acuerdo a sus sistemas normativos internos, si bien no resultan exactamente aplicables los principios rectores de corte constitucional, para que se les reconozca validez a los procedimientos o prácticas que se sigan, éstos no deben ser incompatibles con los derechos fundamentales recogidos por la Carta Magna ni con los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, así como tampoco, tener como consecuencia impedir a los individuos que conformen los pueblos y comunidades indígenas, ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

243. Así, la Sala Superior ha considerado excluido del ámbito de reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros, la vulneración al principio de universalidad del voto.

244. Dicho criterio está recogido en la jurisprudencia 7/2014 de rubro: "SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO"[46].

245. De ahí que, no obstante que los sistemas normativos internos se encuentran amparados por las normas Constitucionales y Convencionales, éste debe respetar otros derechos, como lo son el de votar y ser votado.

246. Además, debe respetar el marco constitucional a fin de hacer que prevalezca el sistema político-electoral que regulan las normas fundamentales, y en ese sentido, es claro que las particularidades del sistema normativo interno conllevan a que éste no pueda ser jurídicamente admisible; de ahí lo incorrecto del aserto.

247. Por cuanto a que el Tribunal local, con un criterio formalista, no tomó en consideración el contexto del municipio, ni respetó los usos y costumbres, ya que históricamente es la cabecera quien elige a sus autoridades municipales, ya que esta ejerce únicamente en la referida cabecera, es incorrecta tal afirmación puesto que la responsable sí tomó en consideración el contexto del municipio, además de que valoró documentación electoral de proceso comiciales previos, y concluyó que, tal y como lo manifiestan los actores, las agencias municipales no han sido participes del proceso electoral municipal.

248. Aunado a lo anterior, también es incorrecto que la designación de los concejales que integran el Ayuntamiento ejercen sus facultades únicamente en la referida cabecera, pues conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros de la Federación, administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa.

249. El Municipio goza de capacidad jurídica, económica y política para alcanzar sus fines y autogobernarse, esto es, se trata de un órgano de gobierno autónomo en su régimen interior, respecto de la Federación y de la entidad federativa a la que pertenece. La autonomía del municipio se refiere a la atribución que tiene el ayuntamiento de perpetrar actos, de manera libre, encaminados a cumplir con las atribuciones, obligaciones y finalidades previstas, tanto en la Constitución Federal, como en las leyes locales.

250. Dotado de autonomía, el ayuntamiento se encuentra en aptitud de realizar todo tipo de acto que le permita cumplir con sus atribuciones, siempre que se ajuste a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la normativa local.[47]

251. El Ayuntamiento cuenta con personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, lo que trasciende en el cúmulo de facultades con que cuentea, como lo son:

-Facultades normativas. Aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

-Facultades de servicio público. Tiene a su cargo la función y servicio en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; y los demás que las legislaturas locales determinen.

-Facultades hacendarias. Administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, percibiendo las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados; los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

-Facultades de decisión territorial. En los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;  y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

-Facultades de seguridad pública. El presidente municipal tendrá el mando de la policía preventiva en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

252. Lo anterior se ve robustecido por el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual reproduce las facultades referidas en la Constitución Federal.

253. De lo anterior es claro que el Ayuntamiento no sólo cuenta con facultades que pueden ser ejercidas en el ámbito de la cabecera municipal, sino que éstas son de tal magnitud que permean en todo el territorio municipal, abarcando a todas las localidades que lo componen, de ahí la importancia de que se permita a todos los ciudadanos del municipio a votar, así como postularse a los cargos de elección popular, esto para poder representar a todos los sectores y localidades de San Dionisio Ocotepec.

254. En lo referente a que el Tribunal local dejó de aplicar diversos criterios y disposiciones jurídicas que tiene que atenderse cuando se juzgue temas en donde se vean involucradas las comunidades indígenas, pues implícitamente inaplicó las normas propias de la comunidad, pues la cabecera y la agencia de San Baltazar Guelavila no cuentan con los mismos usos y costumbres, así como el sistema de cargos propio de cada comunidad, ya que son dos pueblos distintos.

255. Se estima que tal manifestación no puede surtir los efectos jurídicos que pretenden los actores ya que, no obstante que la autoridad responsable dejó de observar el sistema normativo interno establecido por la cabecera municipal, a juicio de esta Sala ello fue acertado.

256. Esto porque el principio de maximización de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, que implica también la minimización de las restricciones a su ejercicio, forma parte y potencializa su derecho a la autonomía o autogobierno, en el entendido de que si bien este último no constituye un derecho absoluto, toda limitación debe ser estrictamente necesaria y razonable, para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y libertades fundamentales de los integrantes de dichas comunidades, así como para satisfacer las necesidades de una sociedad democrática y plural, considerando el contexto específico de cada comunidad, a fin de que no se impongan restricciones que incidan desproporcionadamente en el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y al desarrollo pleno de su cultura.

257. Lo anterior conforme a la tesis VIII/2015, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. TODA RESTRICCIÓN DE SU AUTONOMÍA DEBE SER ESTRICTAMENTE NECESARIA Y RAZONABLE”[48].

258. En ese sentido, la decisión judicial por la que el sistema normativo fue restringido, atendió a que esta era una medida necesaria y razonable.

259. Necesaria porque a través de ella se hace evidente la discriminación de diversas localidades en la participación en la vida pública del municipio, y se impulsa la inclusión de la ciudadanía de todo el Ayuntamiento con la finalidad de que participe tanto activa como pasivamente en la designación de sus autoridades.

260. También es razonable ya que la decisión judicial tuvo como efecto la orden de realizar un nuevo proceso electoral extraordinario a través del cual se permitiera la participación de los habitantes de todo el municipio, lo que a todas luces es objetivamente posible de llevar a cabo, permita así la inclusión de los habitantes en el proceso electoral municipal, además de que la decisión genera una mayor participación política de la ciudadanía.

261. De ahí que, si bien se dejó de atender las normas previstas por la comunidad, éstas no son conformes con la Constitución y, por ende, deban ser superadas en aras de un pleno respeto a los principios constitucionales y los derechos político-electorales de la ciudadanía.

262. En cuanto a que los problemas que surjan entre tales comunidades se debieron resolver a través del consenso en la Asamblea, y por ello es que oportunamente se sometió la propuesta que realizó la agencia de querer participar en la elección de autoridades municipales, sin embargo, fue la propia asamblea quien no aprobó tal propuesta, ya que fue rechazada por novecientos noventa y dos votos.

263. Se considera que tal manifestación no puede generar los efectos que pretenden los actores pues si bien la incorporación de la agencia de San Baltazar Gulavila fue sometida a consideración de una asamblea comunitaria, lo cierto es que tal autoridad estaba integrada únicamente por habitantes de la cabecera municipal, es decir, no existió imparcialidad en la decisión, lo que conlleva a que tal decisión no pueda prevalecer.

264. Ahora bien, los actores arguyen[49] que el Tribunal local inobservó la jurisprudencia 10/2014 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

265. Tal manifestación es infundada pues si bien es cierto que la referida jurisprudencia[50] señala que, a efecto de garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y brindar la más amplia garantía y protección a los derechos de acceso a la justicia, defensa y audiencia de los que son titulares sus miembros, las autoridades jurisdiccionales, federales o locales, deberán adoptar, de ser necesario con la colaboración o apoyo de otras instancias comunitarias, municipales, estatales o federales, las medidas necesarias y suficientes para garantizar la efectividad de esos derechos, tomando en cuenta las circunstancias específicas de cada controversia, atendiendo al conjunto del acervo probatorio y, en su caso, realizar las notificaciones, requerimientos, vistas, peritajes, solicitud de informes y demás actuaciones idóneas y pertinentes al contexto del conflicto comunitario que corresponda; en el caso tal criterio no fue transgredido por la autoridad responsable.

266. Esto porque la jurisprudencia se encuentra diseñada para realizar diversas medidas a través de las cuales se potencialicen los derechos de las comunidades indígenas, pero no por ello es que deba concederles la razón.

267. Sumado a lo anterior, es claro que el Tribunal local sí llevó a cabo diversos actos, ya que requirió a diversas autoridades como lo fue al Instituto local y a las dependencias administrativas del estado de Oaxaca, a fin de allegarse de diversos elementos que le permitieran entender el contexto del conflicto, y así determinar la invalidez de la elección, lo cual es una medida que por sí misma protege y potencializa los derechos de la comunidad, ya que permite que sus habitantes se participen en la designación de sus autoridades.

268. Por cuanto al concepto de agravio[51] consistente en que la autoridad responsable violentó el derecho de autodeterminación de la comunidad ya que no se realizó una consulta donde se hiciera constar la intención de la agencia de San Baltazar Guelavila de participar en la elección municipal e introducir cargos o empleos indeseados; se tiene por infundado, ello debido a que los actores parten de una premisa equivocada.

269. En efecto, la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

270. En ese sentido, las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, tienen el deber de consultar a la comunidad interesada, mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades; sin que la opinión que al efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían agraviados.

271. Lo anterior se encuentra inmerso en la jurisprudencia 37/2015, de título: “CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS”[52].

272. En el presente caso, no es una medida administrativa que incida en el Municipio que amerite la realización de una consulta previa a la comunidad indígena, por el contrario, es una decisión judicial a través de la cual se ordena la realización de diversos actos tendentes a resolver el conflicto intracomunitario y así poder celebrar una elección respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía.

273. Por tales consideraciones es que se estima correcta la decisión del Tribunal local y, por tanto, lo conducente es confirmar la sentencia impugnada, de conformidad con lo previsto en el artículo 84, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

274. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

275. Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E

}

PRIMERO. Se acumulan los juicios ciudadanos identificados con las claves de expediente SX-JDC-247/2017, SX-JDC-248/2017, SX-JDC-253/2017, SX-JDC-254/2017, SX-JDC-262/2017, SX-JDC-263/2017, SX-JDC-264/2017, SX-JDC-265/2017, SX-JDC-266/2017 y SX-JDC-267/2017 al SX-JDC-151/2017 por ser éste último el más antiguo.

En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia de seis de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el expediente JDC/162/2016, relacionada con la elección de concejales del ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca.

NOTIFÍQUESE, personalmente a los actores y al tercero interesado, en los domicilios que señalan en sus respectivos escritos, por conducto del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en auxilio de las labores de esta autoridad jurisdiccional; por correo electrónico u oficio, al Tribunal Electoral y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ambos del estado de Oaxaca, con respectivas copias certificadas del presente fallo; y por estrados a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, apartado 3, 27, 28, 29, apartados 1, 3 y 5, y 84 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en los diversos 94, 95, 98 y 101 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Regional para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, Adín Antonio de León Gálvez, Presidente, Enrique Figueroa Ávila, así como, Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos, quien actúa en funciones de Magistrado, con motivo de la ausencia del Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, ante Johana Elizabeth Vázquez González, Secretaria Técnica que actúa como Secretaria General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
EN FUNCIONES

JOHANA ELIZABETH VÁZQUEZ GONZÁLEZ

ANEXO 1

LISTA DE ACTORAS Y ACTORES POR JUICIO