JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SX-JDC-346/2015.

ACTORES: CELERINA HERNÁNDEZ MATA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE OAXACA.

TERCEROS INTERESADOS: ALMA DELIA PEÑALOZA CRUZ Y OTROS.

MAGISTRADO PONENTE: OCTAVIO RAMOS RAMOS.

SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO GRANADOS FIERRO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diez de junio de dos mil quince.

 Sentencia de esta Sala Regional que confirma la resolución de dieciséis de abril del año en curso, dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el expediente JDCI/04/2015, por la que, revocó el acta de sesión extraordinaria de Cabildo de seis de enero del presente año, emitida por el Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila, Oaxaca y declaró invalida la elección de Agente Municipal llevada a cabo el veintiocho de diciembre de dos mil catorce.

 El presente juicio fue promovido por ciudadanos que se ostentan como integrantes de una comunidad indígena, en contra de la sentencia citada, por considerar que se vulneran sus derechos de votar y ser votados; quienes firmaron la demanda son los que se enlistan a continuación:

 Sin que pase inadvertido, que la lista que se acompañó al escrito de demanda contiene una relación de cuatrocientas noventa y tres firmas de personas; sin embargo, de su análisis se obtuvo que diversos nombres se encuentran repetidos, por lo que como se aprecia de la tabla que antecede, el total de ciudadanas y ciudadanos una vez depurada la lista respectiva, es de trescientos cuarenta y cuatro.

RESULTANDO.

 I. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las constancias que obran en autos se desprende lo siguiente:

 a. Convocatoria. El treinta de noviembre de dos mil catorce, se aprobó la Convocatoria para la elección de las autoridades de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, Municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, para el periodo dos mil quince – dos mil dieciséis, y el cuatro de diciembre posterior, se emitió la convocatoria respectiva.

 b. Juicio ciudadano local JDCI/54/2014. El doce de diciembre de dos mil catorce, Celerina Hernández Mata y otros, acudieron per saltum o en salto de instancia, ante el Tribunal local a controvertir el Estatuto Electoral Comunitario y la Convocatoria precisada en el inciso anterior.

c. Elección de agente municipal por asamblea. El veintiuno de diciembre de dos mil catorce, dio inicio la asamblea general comunitaria, con la finalidad de renovar a los integrantes de la referida Agencia Municipal.

d. Suspensión de la Asamblea electiva. Dicha asamblea se suspendió en virtud de haberse presentado irregularidades en el proceso de votación, entre las cuales, diversos ciudadanos emitieron su voto en más de una ocasión; otros no pudieron votar, hechos que ocasionaron inconformidad entre los asistentes, por lo que para calmar los ánimos y evitar sucesos violentos se suspendió la misma.

e. Convocatoria para la continuación de la elección ordinaria. El veintidós de diciembre de dos mil catorce, la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, por conducto del Agente Municipal, suplente, los Regidores Primero y Segundo, así como el Alcalde Único Constitucional, convocaron a continuar con la elección ordinaria para elegir a las autoridades de dicha Agencia Municipal.

f. Reanudación, reinstalación y conclusión de la Asamblea General Comunitaria de la elección de Agente Municipal. El veintiocho de diciembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la reanudación, reinstalación y conclusión de la asamblea general comunitaria, quedando la integración de la autoridad municipal electa para ejercer el cargo durante un año, de la manera siguiente:

g. Sentencia del JDCI/54/2014. El veintinueve de diciembre de dos mil catorce, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca resolvió el juicio de mérito, en el sentido de desecharlo por estimar que hubo un cambio de situación jurídica en la controversia planteada.

h. Solicitud de expedición de nombramiento. El dos de enero de dos mil quince, las autoridades electas y salientes de dicha Agencia, solicitaron al Municipio de Santa Catarina Juquila, autorizara al Presidente Municipal para que le fueran expedidos los respectivos nombramientos.

i. Sesión extraordinaria de Cabildo. El seis de enero de dos mil quince, el Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, celebró sesión extraordinaria en la cual determinó que no se pudo llevar a cabo la citada elección en las asambleas celebradas los días veintiuno y veintiocho de diciembre de dos mil catorce, por haberse violentado el orden en las mismas, determinando entre otras cosas, declarar no válida la elección y en consecuencia nombrar como encargado de la Administración a René Vargas Hernández.

j. Juicio local de sistemas normativos internos JDCI/04/2015. El catorce de enero de dos mil quince, en contra de la determinación señalada en el punto que antecede, Alma Delia Peñaloza Cruz, Darío Mendoza Canseco, Marco Antonio Torres Morales, Aristeo Ernesto Santiago Peralta e Isidro Contreras Guzmán, por su propio derecho y en calidad de indígenas originarios y vecinos de la referida Agencia, presentaron demanda de juicio ciudadano en el régimen de sistemas normativos internos, ante el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.

k. Sentencia impugnada JDCI/04/2015. El dieciséis de abril de la presente anualidad, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, dictó sentencia por la que, entre otras cosas, revocó el acta de sesión extraordinaria de Cabildo de seis de enero del mismo año, emitida por el Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila, Oaxaca y declaró válida la elección de Agente Municipal llevada a cabo el veintiocho de diciembre de dos mil catorce.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veinticuatro de abril del año en curso, en contra de la determinación anterior los hoy actores presentaron ante la autoridad responsable, escrito de demanda de juicio ciudadano, a fin de controvertir la sentencia aludida.

a. Recepción y turno en esta Sala Regional. El treinta de abril posterior, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el oficio por el cual el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca remitió, entre otras constancias, la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano antes aludida.

En consecuencia, mediante proveído de la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó que se integrara el expediente SX-JDC-346/2015, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Octavio Ramos Ramos, para los efectos contenidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

b. Radicación, admisión y requerimientos. En su momento, el Magistrado Instructor radicó y admitió el presente juicio, y al advertir la necesidad de contar con mayores elementos para resolver, se formularon diversos requerimientos, mismos que en su oportunidad fueron cumplimentados por las autoridades requeridas.

c. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO.

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafos primero y quinto, 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción III, inciso c), y 195, fracción IV, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo primero y segundo, inciso c), 79, párrafo primero, 80, párrafo primero, inciso f), y 83, párrafo primero, inciso b), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, al tratarse de un juicio ciudadano, en el que los actores en su calidad de integrantes de una comunidad indígena reclaman la posible violación a sus derechos político-electorales de votar y ser votados al impugnar una sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, relacionada con la validez de la Asamblea General Comunitaria de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, Municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, lo cual por materia y territorio corresponde conocer a esta autoridad jurisdiccional.

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad y sobreseimiento parcial por falta de firma de algunos actores. El juicio que nos ocupa satisface los requisitos establecidos en los artículos 8, 9, párrafo primero, 13, párrafo primero, inciso b), 79, párrafo primero, y 80, párrafo primero, inciso f), de la citada Ley de Medios de Impugnación, ya que la demanda fue presentada ante la autoridad responsable, contiene el señalamiento del nombre y domicilio de los promoventes para recibir notificaciones, la identificación del acto impugnado y del Tribunal responsable, así como la mención de los hechos y de los agravios que afirman les causa la sentencia impugnada, además de constar la firma autógrafa de los accionantes.

Se cumple con el requisito de oportunidad, previsto en el mencionado artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la sentencia combatida se dictó el dieciséis de abril del presente año y se notificó el veinte siguiente, por lo que el plazo corrió del veintiuno al veinticuatro del mes y año en cita, y los actores presentaron su demanda el mismo veinticuatro de abril, por lo que la presentación del medio de impugnación fue oportuna.

Cabe precisar, que el juicio legítimamente se instaura por conducto de ciudadanos indígenas integrantes de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, Municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, compareciendo por su propio derecho, y que además cuentan con interés jurídico, porque los efectos de la sentencia que aquí se controvierte, les recayeron directamente.

También está colmado el requisito de definitividad, tal como lo exige el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no existe algún medio de impugnación que deba ser desahogado antes de acudir a esta instancia jurisdiccional y que pueda modificar o revocar la resolución reclamada.

Sobreseimiento parcial por falta de firma de los promoventes que se precisa a continuación. En virtud de que los requisitos de procedibilidad del juicio que se analiza, están directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso, resulta evidente que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 9, 10 y 11 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, su estudio resulta de carácter preferente.

De las constancias que obran en el expediente, se observa que en la demanda no todos los actores cumplen con los requisitos de procedencia, en específico, con el previsto en el párrafo primero, inciso g), del artículo 9 de la Ley adjetiva electoral, el cual establece que los medios de impugnación, incluido el juicio ciudadano, se deben promover mediante escrito, que contenga, entre otros requisitos, el nombre y firma autógrafa de la parte promovente.

Cuestión que no se satisface, toda vez que, del total de firmas plasmadas en el escrito de demanda del juicio de referencia, carece de la de dos ciudadanos.

En razón de lo anterior, se debe observar que si bien el párrafo tercero, del numeral 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé el desechamiento de plano de la demanda de un medio de impugnación, cuando ésta carezca de firma autógrafa, en el caso, cabe resaltar que hubo dos personas que no firmaron el ocurso, que son: Eleuterio Hernández Cortes y Gregoria Canseco Hernández.

Es de destacar que la importancia de colmar dicho requisito radica en que la firma autógrafa es el conjunto de rasgos puestos del puño y letra del promovente, que producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la finalidad de asentar esa firma consiste en dar autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y vincularlo con el acto jurídico contenido en el ocurso.

Por tanto, la falta de firma autógrafa en el escrito inicial del medio de impugnación significa la ausencia de la manifestación de la voluntad del suscriptor para promover el medio de impugnación que, como se ha explicado, constituye un requisito esencial de la demanda, cuya carencia trae como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica procesal.

Dicha omisión trae como resultado el desechamiento del medio de impugnación, tal como lo prevé la norma jurídica invocada ante el incumplimiento de hacer constar la firma autógrafa del promovente en el escrito de demanda, lo cual obedece a la falta del elemento idóneo para acreditar la autenticidad de la voluntad del enjuiciante, en el sentido de querer ejercer el derecho público de acción.

Conforme con lo anterior, es evidente que en el juicio se actualiza la causal invocada, y en virtud de que la demanda ya ha sido admitida, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-346/2014, únicamente por lo que hace a Eleuterio Hernández Cortes y Gregoria Canseco Hernández.

TERCERO. Terceros Interesados. Consta en autos que el veintinueve de abril del año en curso, en la Oficialía de Partes del Tribunal Estatal, se recibió escrito de comparecencia, signado por Alma Delia Peñaloza Cruz, Darío Mendoza Canseco, Marco Antonio Torres Morales, Aristeo Ernesto Santiago Peralta e Isidro Contreras Guzmán, actores en el juicio ciudadano del cual derivó la sentencia impugnada, por lo que solicitan, les sea reconocida la calidad de terceros interesados en el presente juicio.

Es de reconocerles tal carácter por lo siguiente:

Los comparecientes, en su calidad de actores en el juicio ciudadano local JDCI/04/2015, cuentan con un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el de los enjuiciantes, toda vez que estos últimos consideran que se les han violado sus derechos político-electorales de votar y ser votados, mismos que se violentaron al reanudarse de manera ilegal la Asamblea General Comunitaria de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, Municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, para elegir a sus autoridades, mientras que los terceros interesados pretenden que se confirme la resolución impugnada y por ende quede firme.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece que quien pretenda comparecer como tercero interesado, deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifique plenamente la legitimación para ello, según lo señala el párrafo segundo, del artículo 12 de la ley citada.

Asimismo, se acredita la legitimación de los terceros interesados en virtud de que, su comparecencia es derivada de un derecho incompatible con el que pretenden la parte actora. Además Alma Delia Peñaloza Cruz, Darío Mendoza Canseco, Marco Antonio Torres Morales, Aristeo Ernesto Santiago Peralta e Isidro Contreras Guzmán, acuden por propio derecho y con la calidad de indígenas originarios y vecinos de la Agencia Municipal en cita, electa por la Asamblea General Comunitaria de San Marcos Zacatepec, nombrando a la primera de los señalados, como su representante común, cargo que ostentó dentro del expediente del juicio primigenio.

Alegan desde su perspectiva que la resolución del Tribunal local no violentó ningún derecho de los ciudadanos de la comunidad de San Marcos Zacatepec, aunado a que los hoy actores pretender hacer valer hechos novedosos, los cuales consideran falsos y sin sustento alguno.

Asimismo respecto al requisito de la oportunidad, previsto en el artículo 17, apartado 1, inciso b), y apartado 4, de la ley procesal electoral de referencia, que establece que dentro de las setenta y dos horas de la publicitación del medio de impugnación, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

La demanda de este juicio ciudadano fue publicitada por la responsable fijando la cédula atinente a las once horas con quince minutos del veinticinco de abril de dos mil quince, y fue retirada a la misma hora del día veintiocho de abril posterior, mientras que el escrito de los terceros fue presentado a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del día siguiente, es decir, dentro de las veinticuatro horas después de haber fenecido el término de la publicitación.

Sin embargo, en el caso particular, esta Sala Regional estima que el escrito de los comparecientes se debe tener por presentado de forma oportuna, en atención a las circunstancias y condiciones especiales de la comunidad indígena de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, Municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca.

Por lo tanto, el hecho de que el escrito de los terceros interesados se haya exhibido al día siguiente del vencimiento de las setenta y dos horas de la publicitación de la demanda de este juicio, no resulta excluyente del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva para tenerlo por no presentado, esencialmente por tratarse de ciudadanos indígenas; por tanto, se deben flexibilizar las normas procesales a fin de maximizar y materializar su garantía de acceso a la jurisdicción del Estado.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 28/2011 de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE”[1], que establece que el reconocimiento de las comunidades indígenas al derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, impone a su vez el deber de establecer protecciones jurídicas especiales en su favor, así como de las personas que las conforman, considerando sus particulares condiciones de desigualdad y facilitándoles el acceso efectivo a la tutela judicial.

En consecuencia, se tiene por presentado de forma oportuna el escrito de los terceros interesados y por reconocido dicho carácter.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales de procedibilidad, resulta viable exponer los agravios relativos y realizar el estudio de fondo de la litis planteada.

CUARTO. Suplencia absoluta de la deficiencia de los agravios. Este Tribunal, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de sus derechos, la autoridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta.

Ello, en virtud de que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional, tiene como presupuesto necesario la facilidad de acceso a los Tribunales. Esto es así, porque el alcance de la suplencia de la queja obedece al espíritu garantista y antiformalista, tendente a superar las desventajas procesales en que se encuentran, por sus circunstancias culturales, económicas o sociales.

Lo anterior, de conformidad con la razón esencial de la Jurisprudencia 13/2008, de rubro: "COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES"[2], y con la interpretación sistemática y funcional que realizó la Sala Superior al emitir dicho criterio, en los artículos 2°, apartado A, fracción VIII, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1, y 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De ahí que, el análisis que realice este órgano jurisdiccional se hará atendiendo a la referida garantía constitucional y convencional, tanto de los planteamientos formulados en esta instancia, como de aquellos en los que los actores tilden o señalen que la responsable omitió examinar y resolver en armonía con el mandato de suplencia de la queja en controversias en las que alguna de las partes se adscriba con el carácter de integrante de comunidad o pueblo indígena.

QUINTO. Contexto general de San Marcos Zacatepec, Juquila, Oaxaca. Para estar en condiciones de atender las controversias relacionadas con las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, se estima conveniente, acercarse al contexto en que se desarrolla su realidad social.

Lo anterior, porque la visión mediante la que el juez debe abordar los asuntos de esa índole es particular. La resolución de los conflictos en los que se involucran los usos y costumbres de las comunidades y pueblos indígenas, requieren ser partícipes de su realidad para comprender el origen de sus conflictos y las razones por las que tales comunidades han decidido dotarse de determinadas normas, tal como lo ha refrendado la Sala Superior de este Tribunal en la Jurisprudencia 9/2014, de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INTRACOMUNITARIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)”[3].

En el caso de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, Oaxaca, se tienen las particularidades siguientes.

Lengua y población. La Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec se localiza en la Región de la Costa, administrativamente está situada en la jurisdicción del Municipio de Santa Catarina Juquila, Distrito de Juquila, Oaxaca, perteneciente al Pueblo Chatino.

Conforme al Censo de Población y Vivienda dos mil diez del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, cuenta con una población total de mil treinta y cuatro (1,034) habitantes, de los cuales cuatrocientos noventa y ocho (498) son hombres y quinientos treinta y seis (536) mujeres.

De acuerdo al catálogo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), geostadísticamente, la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, forma parte de la familia lingüística “chatino-familia oto-mangue”. En este sentido, el cien por ciento se auto adscribe como indígena.

El chatino pertenece a la rama zapoteco-chatina de la familia de lenguas otomangues. La Región chatina se ubica en las alturas y laderas de la Sierra Madre del Sur en el Estado de Oaxaca, México. Es un grupo que cuenta con alrededor de veintinueve mil hablantes, constituido por diversas variantes, las cuales no siempre son mutuamente inteligibles.

El chatino de Zacatepec es hablado en la comunidad de San Marcos Zacatepec, ubicada en la zona suroeste de la Región Chatina. Es una variedad con alrededor de dos mil hablantes. El cuarenta y tres por ciento de los adultos habla alguna lengua indígena.

Referencia normativa electoral. Ahora bien, entre otros aspectos, en cuanto a la forma en que llevan a cabo la toma de sus decisiones, se tiene a la Asamblea Comunitaria como máxima autoridad, de tal manera que se puede hablar de un ejercicio de poder comunal para atender necesidades y obras de beneficio colectivo, mismo que se desarrolla a través de los tequios.

Esta forma de organización, configura lo que se ha denominado en el Estado de Oaxaca como “comunalidad”, misma que implica un modo de vida, una forma de ser y un gusto por la colectividad y lo común.

En este sentido, la decisión del colectivo cobra capital importancia y se traduce en los principios de “máxima autoridad” y “mandar obedeciendo” para los mandatarios y autoridades que de ella emanen.

Condiciones sociales y políticas actuales. De la información obtenida por la Secretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, se tiene que en la comunidad de San Marcos Zacatepec, desde el mes de diciembre de dos mil trece, a la fecha, prevalece incertidumbre, en virtud de que en dicha Agencia Municipal por instrucciones del Presidente Municipal de Santa Catarina Juquila, después de que el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, ordenó revocar el nombramiento otorgado por el Cabildo del Ayuntamiento de Agente Municipal a Hermenegildo Vásquez Gutiérrez, enseguida lo nombró el referido Presidente Municipal como Director de Agencias y posteriormente, como Administrador Municipal de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, Juquila, Oaxaca; asimismo, no se ha entregado el edificio que debe ocupar la Agencia Municipal a las autoridades comunitarias y los bastones de mando aún los tiene en su poder.

Es decir, en el informe rendido por la Secretaría aludida, se manifestó que el Presidente Municipal de Santa Catarina Juquila, por diversos mecanismos pretende gobernar actualmente la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, desconociendo a las personas que en diversas asambleas han resultado electas, tanto para los años dos mil catorce, como para el dos mil quince, mismos que han tenido que acudir a los Tribunales electorales para hacer valer sus derechos.

Tres últimas elecciones de Agentes Municipales. Conforme al sistema normativo interno de esta comunidad, la renovación de las autoridades se lleva cabo cada año, a través de la Asamblea General de ciudadanas y ciudadanos, que es la máxima autoridad, porque a través de ella eligen a sus representantes principales y es la instancia donde se toman decisiones que tendrán que ejecutar tanto las propias autoridades electas como cualquier otro ciudadano de la comunidad.

También constituyen el espacio de diálogo y reflexión para la construcción de acuerdos y consensos bajo la convocatoria y conducción de las autoridades. La integración de la Agencia en los tres últimos periodos ha sido la siguiente:

En el caso, la elección de autoridades que fungirían para el dos mil quince, generó conflicto por la intervención de las Autoridades del Municipio de Santa Catarina Juquila, misma que fue resuelta por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca y que es motivo de impugnación en el presente juicio.

Conflictos existentes o que se hubieren suscitado al interior de las mencionadas comunidades, con motivo de dichas elecciones. Con base en el informe rendido por la aludida Secretaría, de los documentos que obran en los archivos de la Dirección de Gobierno, manifiesta que de las últimas elecciones de autoridades, sólo en la que nos ocupa, se presentaron diversos conflictos electorales entre el Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila y las autoridades electas por la Asamblea General Comunitaria de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec.

De dicho informe, se advierte que en el proceso electoral para elegir a las Autoridades Municipales que fungirían en el presente año, se realizó una asamblea con la participación de todos los ciudadanos de la comunidad; sin embargo, un grupo de ciudadanos, se retiró de la asamblea electiva al no verse favorecidos con la votación. Frente a esta situación el Presidente Municipal no reconoció a la Agente Municipal electa y en su lugar, nombró a un administrador municipal.

En contra de esta decisión, la Agente Municipal electa en Asamblea General Comunitaria y su Cabildo interpusieron juicio ciudadano local de los Sistemas Normativos Indígenas, mismo que dio origen a la sentencia que hoy se impugna. Cabe mencionar que la elección llevada a cabo el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, no fue impugnada por los ciudadanos que se retiraron de la asamblea de elección.

De acuerdo con la información obtenida en la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, la elección de las Autoridades Comunitarias de la Agencia Municipal, inicialmente fue realizada el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, pero como fue suspendida por irregularidades en su desarrollo, se reprogramó para el veintiocho siguiente, misma que se informó, culminó sin incidentes.

En ese orden, el primero de enero de dos mil quince la autoridad comunitaria electa solicitó al Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila, que expidiera los respectivos nombramientos, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca; sin embargo, el seis de enero siguiente, el Cabildo determinó declarar que no hubo elecciones en San Marcos Zacatepec y decidió nombrar un encargado de la administración de la Agencia.

Esta situación ha causado confusión e inconformidades dentro de la población, ya que por un lado se encuentra la autoridad electa mediante la asamblea de ciudadanos; y por otro, el encargado de la administración de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, nombrado por el Cabildo del Municipio de Santa Catarina Juquila, lo que está generando la polarización de la comunidad.

Por otra parte, de la información recabada, se desprende que no es la primera vez que el Ayuntamiento nombra a un representante paralelamente a la autoridad comunitaria, para que administre directamente la Agencia en cita, ya que el año pasado una vez que le fue revocado su nombramiento a Hermenegildo Baños Gutiérrez, como Agente Municipal por los tribunales, el Ayuntamiento lo nombró Director de Agencias Municipales y le estableció su domicilio en la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec.

Sin embargo, ante esta situación la autoridad Comunitaria que legalmente fue reconocida mediante sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el Expediente JDCI/28/2014, acudió al mismo para inconformarse de la determinación del Ayuntamiento, de nombrar a un Director de Agencias Municipales, situación que fue resuelta en el expediente JDCI/44/2014, en donde el Tribunal local ordenó reubicar al Director de Agencias Municipales para que despachara en la cabecera municipal y no en la Agencia de San Marcos Zacatepec.

En el mismo fallo, también se ordenó al Ayuntamiento que hiciera la entrega del edificio que estuvo ocupando el Director de Agencias Municipales a la autoridad comunitaria de la Agencia Municipal, ya que es ese el inmueble del Palacio Municipal de la Agencia de San Marcos Zacatepec; sin embargo, hasta el día en que se presentó el informe a esta Sala Regional, la Secretaría manifestó que está pendiente por ejecutarse la sentencia, en virtud de que la autoridad electa por la asamblea no ha tomado posesión de dicho inmueble.

Esta situación ha generado inconformidades dentro de la población, en virtud de que es el Presidente Municipal en particular, quien de manera unilateral se ha negado a entregarlo.

Por otra parte, también se informó que tampoco se han entregado los bastones de mando a la autoridad electa por la asamblea, dado que al iniciar el año dos mil catorce, Hermenegildo Baños Gutiérrez, quien fungía como Agente Municipal, los sustrajo del nicho donde permanecían resguardados al lado del santo patrón, negándose a entregarlos a pesar de que a él le fue revocado su nombramiento.

Al respecto, se informó que a pesar de que en diversas ocasiones el Presidente Municipal se ha comprometido a devolverlos, no se tiene conocimiento de que ya se hayan entregado a la autoridad legalmente reconocida, situación que ha generado aún más la molestia de los ciudadanos, ya que la actitud del Presidente constituye ante los ojos de sus pobladores, un atentado grave a sus ancestros, autoridad, asamblea y modo de vida.

Se destaca que existe actualmente una inconformidad y descontento social grave porque a decir de los ciudadanos, el Presidente no respeta los símbolos sagrados, tal como ocurre en la comunidad como sus bastones de mando.

Por último se destaca que en otras reuniones de trabajo que han entablado los ciudadanos y el Presidente sobre el tema de la entrega de los bastones de mando, se desprende que esta autoridad de forma ofensiva y con desconocimiento de lo que simbolizan dichos bastones para una comunidad indígena, señala que los entregará pero que ya dejen “esos palos” que no “sirven para nada” y que mejor piensen en “algo que sirva”. Aún con esos descalificativos se ha comprometido a entregarlos.

SEXTO. Precisión del caso, agravios y metodología de análisis.

Precisión del caso. Los promoventes impugnan la resolución del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, de dieciséis de abril de dos mil quince emitida en el expediente JDCI/04/2015, en la que se revocó la determinación del Cabildo del Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, dictada el seis de enero pasado, en la que por supuestas irregularidades, se designó a un encargado de la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, hasta en tanto se realice una nueva elección extraordinaria.

Del escrito de demanda, se advierte que la litis se circunscribe a determinar si las razones vertidas por el Tribunal Electoral local, para estimar fundados los motivos de agravio en el juicio primigenio y revocar la Asamblea Extraordinaria de Cabildo de seis de enero del presente año, emitida por el Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, que declaró invalida la elección de Agente Municipal llevada a cabo en Asamblea General Comunitaria el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, fueron apegadas a derecho; o si por el contrario, se vulneraron las disposiciones legales y constitucionales que al respecto se hacen valer.

Agravios. A continuación se identifican los agravios formulados en la demanda, los cuales se estudiarán en el orden presentado.

Tema 1. Elección ilegal (vulneración a la libre autodeterminación).

A juicio de los actores, la responsable valida de manera incorrecta la elección para renovar al Ttitular de la Agencia Municipal citada, en virtud de que en su estima tales comicios no se llevaron a cabo los días veintiuno y veintiocho de diciembre de dos mil catorce, tal como lo razonó el Tribunal Electoral local responsable, sino por el contrario, los actores afirman que fueron excluidos para elegir a sus autoridades con base en elementos prefabricados y falsos que vulneran su derecho a la libre autodeterminación, ya que se les impuso de manera arbitraria una autoridad que no fue legalmente electa.

Aducen, que el actuar de la responsable es incorrecto, porque en vez de validar una fraudulenta elección, debió de adoptar medidas necesarias y suficientes para garantizar la efectividad de los derechos de los integrantes de su comunidad y brindar la más amplia protección y garantía a los derechos de acceso a la justicia, defensa y audiencia, tomando en cuenta las circunstancias específicas de la controversia planteada, debiendo realizar para ello, requerimientos, vistas, solicitud de informes y demás actuaciones idóneas y pertinentes al contexto del conflicto de la comunidad, lo que desde su perspectiva el Tribunal Electoral local responsable no observó, en virtud de que sólo se limitó a dar validez a un acto carente de legalidad.

Lo anterior, porque consideran que las actas levantadas el veintiuno y veintiocho de diciembre de dos mil catorce, respectivamente, son falsas; y contrario a lo sostenido en la resolución impugnada, dicho proceso comicial no se apegó a la observancia de los usos y costumbres de esa comunidad.

Esgrimen que se vulneraron los principios de certeza y legalidad, porque reiteradamente sostienen en su escrito de demanda que las citadas actas son el resultado de manipulación, simulación y falsedad en sus contenidos; agregan que en la sentencia combatida, no se analizó ni se emitió pronunciamiento alguno en cuanto a las razones que tuvo el Presidente de la Mesa de los Debates para no firmar las supuestas actas de asamblea ni tampoco porque no fueron signadas por todos sus asistentes, ya que si estas son elaboradas el día veintiuno, lo lógico -desde su perspectiva- es que se le hubiera dado lectura el siguiente veintiocho de diciembre, día en que supuestamente –para ellos- se reanudó la asamblea a efecto de que los actores estuvieran en condiciones de alegar lo que a su derecho conviniera, situación que en su estima no ocurrió.

También señalan, que una vez que fue nombrada la Mesa de Debates el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, su desarrollo tenía que haber sido sin la intervención de la autoridad municipal o alguna otra autoridad, porque consideran que del contenido del acta se desprende que después de que fue electa la mesa, hubo intervención del Agente Municipal saliente, a efecto de inducir el sentido de la Asamblea y que la Secretaria de dicho funcionario fue quien realizó el pase de lista, hechos que a su parecer resultan violatorios tanto de la convocatoria como de los usos y costumbres de la comunidad.

Por las razones expuestas, concluyen que la elección estuvo colmada de irregularidades, tal como lo determinó el Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila, Oaxaca.

Tema 2. Violación a sus derechos de votar y ser votados.

A juicio de los incoantes, la autoridad electoral no consideró la exclusión de la que fueron parte, ya que sólo bastaba que hubiera realizado una simple comparación de la primera Asamblea (veintiuno de diciembre de dos mil catorce), en la que participaron más de setecientos ciudadanos, con relación a la segunda (veintiocho de diciembre del mismo año), en la cual de manera errónea la responsable sostuvo que fueron trescientos cincuenta y tres ciudadanos los que votaron.

Al respecto señalan concretamente que, veintitrés de las hojas de firmas contienen la leyenda “Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, Juquila, Oaxaca”, del lado derecho el Escudo Nacional, del lado izquierdo una imagen con la leyenda “Unidad y Progreso”, que se trata de la reanudación de la Asamblea General Comunitaria; mientras que otras once hojas no cuentan con elementos que den veracidad de que sean nombres de personas que participaron en la supuesta asamblea, además no obra la firma de los mismos ni del Agente Municipal en funciones, alguna certificación del Secretario de dicha Agencia, sello de la autoridad que pudiera dar indicios de su autenticidad y veracidad, por lo que tales elementos no fueron tomados en cuenta por el Tribunal Electoral local responsable al declarar válida la elección en comento.

       Vulneración al derecho de votar y ser votado de Cornelio Cortes Soriano.

El ciudadano en cita, en su calidad de signante de la demanda y bajo protesta de decir verdad, aduce que se transgredieron sus derechos, porque en la supuesta asamblea celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, no se desistió en ningún momento de su intención para poder ser votado como autoridad de esa Agencia Municipal; y afirma que sin razón fundada y motivada, lo removieron de la terna para la cual había sido propuesto, hecho que trastoca su derecho a ser votado.

La parte enjuiciante esgrime que las convocatorias realizadas para las asambleas del veintiuno y veintiocho de diciembre no fueron debidamente publicitadas como se pretende acreditar para el primer caso con seis oficios, mediante los cuales solicitaron permisos a diversas instituciones educativas para pegar la convocatoria.

Sin embargo, a su parecer no consta en alguna documental que demuestre que se haya autorizado dicha publicitación, sino que afirma se trató de actos de simulación con el fin de excluirlos de participar en la Asamblea para elegir a sus autoridades. Respecto a la segunda convocatoria, esgrimen que al igual que en el caso anterior se trata de acreditar su publicitación con dos escritos dirigidos a los encargados tanto de la tienda comunitaria, como al del centro de salud; sin que medie algún otro documento que acredite que la publicación respectiva se haya llevado a cabo conforme a sus usos y costumbres.

Tema 3. Incongruencia de la sentencia impugnada.

Aducen que la sentencia impugnada carece de congruencia, en razón de que el Tribunal responsable al razonar los puntos de disenso en la impugnación primigenia se contradice en diversos puntos, tales como los que se precisan a continuación.

       En el análisis de usos y costumbres en diversos juicios.

La parte actora señala que en tres juicios ciudadanos de sistemas normativos, identificados con las claves: JDCI/28/2014, JDCI/44/2014 y JDCI/04/2015, la autoridad responsable al realizar el estudio de los usos y costumbres de la Comunidad de San Marcos Zacatepec, sostiene criterios discordantes, ya que en la sentencia impugnada se hace referencia a que el Agente Municipal en funciones, nombra a la Mesa de Debates que será integrada por un Presidente, un Secretario y dos Escrutadores, afirmación que se contradice con lo precisado en los juicios ciudadanos 28 y 44, ambos de dos mil catorce, en los que se señala, que dicha mesa es nombrada por la Asamblea y no por la autoridad saliente, tal como se sostuvo en la sentencia impugnada.

       En el análisis del número de personas que participaron en las asambleas del 21 y 28 de diciembre de 2014.

Asimismo, aducen los enjuiciantes que en la parte relativa al número de participantes en la elección que a su juicio erróneamente valida, en la del veintiuno de diciembre de dos mil catorce, se encuentra asentado que participaron setecientos veintinueve ciudadanos y en la de continuación correspondiente al veintiocho de diciembre posterior, se asentó que participaron setecientos once ciudadanos, cantidad que dista mucho de lo asentado por la responsable al razonar que participaron trescientos ochenta y un ciudadanos.

       Cuando se afirma en la sentencia que la convocatoria no fuer impugnada.

Por otro lado, los actores esgrimen que la autoridad responsable no tiene razón cuando afirma en la sentencia impugnada que la convocatoria expedida por el Agente Municipal y autoridades comunitarias de San Marcos Zacatepec, de treinta de noviembre de dos mil catorce, no fue impugnada, en razón de que sostienen que la misma fue impugnada ante el Tribunal Electoral local responsable, dentro del juicio ciudadano local JDCI/54/2014.

        Cuando se afirma en la sentencia que la convocatoria la emitió y signó el Consejo de Ancianos.

Igualmente se duelen los actores por la contradicción que existe en la sentencia impugnada, ya que en ella se afirma que la convocatoria para la asamblea del veintiuno de diciembre de dos mil catorce, fue emitida por el Agente Municipal en funciones en conjunto con el Consejo de Ancianos, hecho que a su juicio no sucede, ya que en ninguna parte se dice que en la elaboración de la misma, participó ese consejo y mucho menos se aprecia el nombre y la firma de sus integrantes.

Idéntica situación sucede en la elaboración de la Convocatoria de veintidós de diciembre para la continuación de la Asamblea de veintiocho de ese mes y año, toda vez que según los actores dichas convocatorias son suscritas únicamente por las autoridades municipales.

       Falta de exhaustividad de la sentencia porque no analizó el procedimiento de votación y no se pronunció sobre el conflicto intracomunitario existente.

Manifiestan que se viola el principio de exhaustividad de las sentencias, dado que el Tribunal responsable no analizó el contenido de las supuestas actas de elección, en virtud de que a su juicio, del examen respectivo se desprende que se vulneró la forma en cómo se nombró e integró la Mesa de los Debates, así como el procedimiento de votación de esa comunidad, en razón de que dicha mesa, tenía que integrarse por un Presidente, un Secretario y dos Escrutadores y que la Asamblea es el órgano facultado para elegirlos bajo el procedimiento acostumbrado.

Tal afirmación la sustentan en el hecho de que en ninguna de las actas levantadas con motivo de las elecciones, se aprecia que la Asamblea autorizara a una persona para que de manera directa designara a un escrutador, al igual que no existe registro de que tanto el cargo de Presidente de la citada mesa, como el del Secretario, pudiera recaer en una sola persona, tal como sucedió en la supuesta asamblea de veintiocho de diciembre de dos mil catorce.

En ese sentido, sostienen que esas conductas, son ilegalmente convalidadas por la autoridad responsable, porque el atribuir valor probatorio a datos que a su juicio resultaban falsos, dejó en estado de indefensión a más de cuatrocientos ochenta ciudadanas y ciudadanos que pertenecen a esa comunidad. Alegan además, que de manera extraña y sorprendente la autoridad responsable alteró el contenido de los datos e información asentados en las mencionadas actas.

Por otro lado, a su juicio resultaba de vital importancia lo asentado en el punto número dos del acta de veintiuno de diciembre de dos mil catorce, de la que se desprende que se encontraban presentes dos representantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quienes participaron en calidad de Observadores Electorales; así como del representante de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de la entidad, y a pesar que los hoy actores ya habían ofrecido los respectivos informes en el juicio primigenio, la responsable no los requirió y por ende no los consideró al momento de emitir la sentencia que hoy se impugna.

Asimismo, aducen que no se valoró el escrito de veintitrés de diciembre de dos mil catorce, en el que los promoventes manifestaron al Ayuntamiento que la escrutadora Aracely Hernández Ramírez, injurió al Presidente de la Mesa de los Debates delante de toda la Asamblea y al alterarse el orden en ese momento, Román Guzmán Cortes, abandonó las instalaciones, hecho que se encuentra plasmado en dicha documental, la cual no fue valorada por la responsable.

Por tanto, además de las anteriores irregularidades, la parte actora se duele que la valoración realizada por el Tribunal local responsable, fue sobre actas que a su parecer son falsas, afirmando una vez más que la elección no se pudo celebrar conforme a los usos y costumbres de la comunidad, por ende dicha elección calificada erróneamente válida por el Tribunal responsable, desde su perspectiva resultó a todas luces ilegal.

Metodología de análisis. Del escrito de demanda presentado por los actores, se advierte que expresan diversos hechos y agrupan los agravios en ocho puntos, mismos que serán abordados en tres temas centrales, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 02/98 de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”[4], que indica que los agravios pueden tenerse por formulados, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, de la integridad del escrito de demanda se identifican en tres temas y sus respectivos subtemas. Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio de la jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"[5].

Tema 1. Elección ilegal (vulneración a la libre autodeterminación).

Tema 2. Violación a sus derechos de votar y ser votados.

Tema 3. Incongruencia de la sentencia impugnada.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. A juicio de esta Sala Regional, los motivos de disenso de los actores, devienen infundados, tal como se razona enseguida.

Tema 1. Elección ilegal. (Vulneración a la libre autodeterminación).

Ahora bien, a juicio de este órgano colegiado, lo infundado de los motivos de disenso radica en que la determinación del Cabildo de declarar que no se pudo llevar a cabo la elección en las asambleas de los días veintiuno y veintiocho de diciembre de dos mil catorce, resulta incorrecta tal como se razona a continuación.

En efecto, contrario a dicha afirmación, resulta dable establecer que el desarrollo de la elección de Agente Municipal de San Marcos Zacatepec, Juquila, Oaxaca, si bien fue álgido y con vicisitudes tales como la suspensión de la asamblea el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, también lo es que se genera convicción de su realización, de conformidad con los elementos probatorios que existen en el expediente, de ahí que no existen condiciones para demostrar la supuesta falsedad y alteración de las actas respectivas; por tanto se colige que la determinación de la responsable es correcta en el sentido de razonar que no se vulneró el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas.

Los enjuiciantes aducen que le fue vulnerado el derecho que tienen a la libre autodeterminación para elegir a sus autoridades con base en elementos de prueba prefabricados y falsos; sin embargo, lo anterior no es así, en virtud que del expediente no se obtiene evidencia alguna que genere convicción a esta autoridad sobre la supuesta falsedad y alteración de las actas señaladas, máxime que los actores omiten aportar elementos que demeriten o destruyan el valor probatorio de los documentos que obran agregados a los autos.

Lo que en el caso concreto se debe destacar es que obra en autos las actas de las asambleas de los días veintiuno y veintiocho de diciembre de dos mil catorce[6] levantadas con motivo de la elección, y que de ellas se desprende que existieron desacuerdos entre los asistentes pero que los mismos fueron superados por la propia Asamblea General Comunitaria, en apego a su normatividad interna, documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De ahí que no le asiste la razón a la parte actora cuando afirma que el Tribunal local responsable validó una elección fraudulenta, y que debió de tomar las medidas pertinentes para garantizar la protección de los derechos de los habitantes de la comunidad, en virtud de que dicha autoridad razonó que los elementos de prueba considerados por el Cabildo para declarar invalida la elección resultaban insuficientes para tomar tal determinación.

En ese orden, como se observa de las respectivas actas de la asamblea, la elección para la renovación de la citada Agencia Municipal, y como ya se ha mencionado, no existe duda de que la Asamblea General Comunitaria electiva se suspendió el veintiuno de diciembre de dos mil catorce y se reanudó el veintiocho siguiente; tampoco que ese día, el Presidente de la Mesa de Debates, Gustavo Zavaleta López junto con los escrutadores Bárbara Jazmín Ordaz, Amancia Rosette Matías y Jesui Guzmán Mendoza, decidieron retirarse de la Asamblea, sin que se desprenda de autos las razones que los llevaron a tomar tal determinación.

Lo anterior, en razón de que de acuerdo con lo que se encuentra plasmado en dicha documental, es indubitable que la sesión ya se había reanudado y reinstalado el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, y que la Asamblea General acordó, que por actitudes que calificó como caprichosas, no se podía volver a suspender, razón por la cual al privilegiar el interés comunitario de concretar el derecho a la libre autodeterminación, expresada en la autonomía, organización y cohesión comunitaria a la que fueron convocados, y con la finalidad primordial de no retardar más la elección, las decisiones que a partir de ese momento serían consideradas válidas.

Sirve de sustento a lo anterior la Tesis XL/2011, dictada por la Sala Superior de este Tribunal de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA (LEGISLACIÓN DE OAXACA)”[7]

Al respecto, se estima conveniente precisar que conforme al artículo 31 del Estatuto Comunitario, que prevé el procedimiento para la renovación de las autoridades municipales, en su último párrafo establece que, todo lo no previsto en dicha porción normativa, será discutido y resuelto por la Asamblea General Comunitaria.

En ese sentido y conforme a los artículos 2, apartado A, fracción I, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, párrafo séptimo de la Constitución Política de Oaxaca; 79, párrafo 1 del Código Electoral de la entidad, que garantiza entre otros los derechos de los pueblos indígenas, el de la libre autodeterminación y autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; así, en cuanto a su organización política, se traduce en que los municipios que se rigen por sistemas normativos internos, pueden realizar sus procesos electorales a partir de métodos de resolución alternativa de conflictos electorales, basados en aspectos democráticos tales como: de pacificación social, tolerancia, diálogo, respeto y consenso, utilizados con el objeto de construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos.

Se debe considerar como en otros casos que la regla de mayoría entendida como la toma de decisiones de una sociedad que se considere democrática, en la que todos sus integrantes pueden expresar su voluntad al momento de adoptar una medida, tal como sucede en las asambleas generales comunitarias, en las que preponderantemente se respeta la voluntad mayoritaria de quienes intervienen en esa determinación, también debe aplicarse en la integración de algún órgano representativo que involucre los intereses colectivos, ya que se trata de un elemento democrático fundamental de los órganos deliberativos o autoridades de decisión, en razón de que si bien el disenso también es connatural en una sociedad que vive en democracia, la finalidad de observar esa regla en las mencionadas asambleas u órganos representativos, debe obedecer en todo momento a alcanzar un acuerdo en el que prevalezca la voluntad mayoritaria de sus participantes como en el caso ocurrió; por tanto, no necesariamente se requería que las decisiones se adoptaran por unanimidad, porque ello hubiera llevado al extremo de paralizar nuevamente la elección, por la sola oposición de un grupo presumiblemente que no reflejaba la opinión mayoritaria.

En ese orden de ideas, como ya se expuso en el caso, ante la ausencia del Presidente de la Mesa de Debates y de los escrutadores mencionados, y conforme a lo resuelto por la Asamblea General Comunitaria, se volvió a pasar lista de asistencia, resultando estar presentes cuatrocientos un ciudadanos y se nombró como Secretario de la Mesa a Román Guzmán Cortés, para que ante la ausencia del Presidente, lo supliera en sus funciones y designara un escrutador de manera directa a Constantino Hernández Pérez y la mesa funcionara con tres de los cinco escrutadores, por lo que a partir de tales circunstancias se pudo reanudar la elección de la autoridad comunitaria.

Además de las anteriores consideraciones no le asiste la razón a los enjuiciantes, cuando afirman que una vez que fue nombrada la mesa de debates el veintiuno de diciembre, su desarrollo fue con la intervención de la autoridad municipal o alguna otra autoridad, porque según los actores, del contenido del acta se desprende que después de que fue electa dicha mesa, hubo intervención del Agente Municipal saliente a efecto de inducir el sentido de los comicios y fue la secretaria de dicho funcionario quien realizó el pase de lista, hechos que a su parecer resultan violatorios tanto de la convocatoria como de los usos y costumbres de la comunidad.

Lo anterior resulta una afirmación incorrecta, dado que como se desprende de la lectura del acta que obra en autos, el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, durante el desarrollo de la sesión, una vez que fue votada e integrada la Mesa de Debates, por disposición normativa, el Presidente que previamente nombrado fue quien se encargó de presidir, conducir y moderar dicha Asamblea, dando el uso de la palabra a algunos ciudadanos que expresaron diversas consideraciones, hasta que él mismo dio por suspendida la Asamblea en razón de que se presentaron diversas irregularidades.

Ahora, se debe considerar que aún y cuando existieron situaciones adversas que la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, ha enfrentado al interior de su comunidad indigena, y en especial con las autoridades municipales de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, como se aprecia de los hechos y elementos probatorios que obran en el expediente, sus habitantes en apego a su libre autodeterminación y haciendo uso de los instrumentos legales con que cuentan han intentado resolver tales problemáticas, por lo que en atención a ello y al principio de conservación de los actos públicamente celebrados, es que a juicio de este órgano jurisdiccional se debe preservar la elección de la Agencia Municipal en comento.

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 9/98, dictada por la Sala Superior de este Tribunal cuyo rubro es: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”[8].

Tema 2. Violación a derechos de votar y ser votados.

Por lo que hace a este agravio, en el que afirman los incoantes, que la responsable no comparó la asistencia de la asamblea del veintiuno de diciembre de dos mil catorce, con la del veintiocho siguiente, dichos planteamientos devienen infundados, en razón de que a juicio de este órgano colegiado, la autoridad responsable determinó de conformidad con las constancias de autos, que fueron trescientos cincuenta y tres (353) ciudadanos los que asistieron el veintiuno de diciembre de dos mil catorce sin votar, dado que se suspendió, porque precisamente de las listas que obran en el expediente, mismas que se encuentran en autos y que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley adjetiva procesal de la materia, se desprende que, veintitrés (23) de las hojas de firmas y que están membretadas, es decir, con la leyenda “Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec, Juquila, Oaxaca”, así como del lado derecho el Escudo Nacional, y del izquierdo una imagen con la leyenda “Unidad y Progreso”, contienen el total de firmas de las personas que presumiblemente asistieron.

En lo tocante al tema de agravio en análisis, los accionantes parten de la premisa inexacta de considerar a los ciudadanos apuntados desde el inicio de la Asamblea del veintiocho de diciembre de dos mil catorce, esto es la reanudación de la misma, que según consta en el acta fueron setecientos once (711) ciudadanas y ciudadanos al inicio, pero cuando el Presidente de la Mesa de Debates se retiró, (hechos a los que se ha venido haciendo referencia) el Agente Municipal solicitó a la Secretaria que volviera a pasar lista de asistencia, resultando estar presentes cuatrocientos un (401) ciudadanas y ciudadanos, dato que fue considerado por el Tribunal responsable al emitir la sentencia impugnada, de ahí lo infundado de su dicho, dado que como se desprende de las constancias en estudio, hubo mayor participación ciudadana en la continuación de la Asamblea Comunitaria electiva de veintiocho de diciembre de dos mil catorce.

Por lo que hace a la afirmación de que se vulneró el derecho de votar y ser votado de Cornelio Cortes Soriano, cuando afirma que en la supuesta asamblea celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, en ningún momento se desistió de su intención de participar en la terna para ser electo como autoridad de esa Agencia Municipal.

Contrario a lo sostenido por la parte actora, como se desprende del acta de la Asamblea de veintiocho de diciembre de dos mil catorce y como se explicó al analizar el agravio relativo a la supuesta elección ilegal, posterior al momento en que se retiró el Presidente de la Mesa de Debates y los escrutadores, se encuentra asentado en el acta de referencia que Cornelio Cortés Soriano y Tomás González Hernández, dos de los candidatos que participaron en la terna de elección que fue suspendida el veintiuno de diciembre de ese mismo año, decidieron renunciar ante la Asamblea a participar nuevamente como candidatos en la elección.

Aunado a que no obra en autos algún elemento que demuestre inconformidad al respecto, durante el desarrollo de la elección en ese día, es decir algún indicio que permitiera inferir a esta autoridad que dicha exclusión fue indebida; sólo se asentó en el acta respectiva, que hubo diversas intervenciones de ciudadanos en el sentido de solicitar aclaraciones y una vez que estas fueron colmadas, se procedió a la aceptación de las renuncias y a las respectivas sustituciones, razones que permiten inferir que el derecho de Cornelio Cortés Soriano no fue vulnerado, de ahí lo infundado de su agravio.

En ese orden de ideas, la parte enjuiciante se duele también que se trasgredieran sus derechos de votar y ser votados, en virtud de que las convocatorias realizadas para las asambleas de veintiuno y veintiocho de diciembre ambas de dos mil catorce, no fueron debidamente publicitadas.

Como ya se ha señalado, los actores pretenden acreditar con dichos argumentos que esas conductas eran tendentes a excluirlos de participar en la asamblea para elegir a sus autoridades y con ello privarlos de sus derechos fundamentales de votar y ser votados.

Sin embargo, tales manifestaciones resultan infundadas, en razón de que si bien es cierto que tanto la convocatoria para la elección de veintiuno de diciembre de dos mil catorce, y el Estatuto Electoral Comunitario si fueron impugnados ante el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, mismo que resolvió en el expediente JDCI/54/2014, el veintinueve de diciembre desechar el medio de impugnación dado que ya se había llevado a cabo la elección; lo cierto es, que la parte actora controvirtió esa determinación y el Tribunal local no lo resolvió con la diligencia correspondiente.

Por lo que la actuación del Tribunal local en este caso en particular, no fue con la diligencia debida, en razón de que el asunto impugnado, tal como lo narra la parte actora en su escrito de demanda, siguió el curso precisado en los antecedentes del Acuerdo Plenario del SX-JDC-304/2014, de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, dictado por esta Sala Regional, en el que estimó que la competencia para conocer y resolver ese asunto, era precisamente de esa autoridad local.

Sin embargo, el Tribunal responsable lo resolvió hasta el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, es decir, después de la elección con todo y el diferimiento de la misma, así conforme a la cronología de hechos que ha quedado expuesta a lo largo de esta sentencia, que ha evidenciado los problemas que se tuvieron al respecto, dicho Tribunal electoral local no actuó con prontitud para pronunciarse en cuanto al tema, sobre todo al tener pleno conocimiento de la data en que se realizaría la elección de mérito.

Incluso en la sentencia que se impugna y que es un hecho controvertido por la parte actora, existe una afirmación de la responsable respecto a que la convocatoria no fue impugnada, lo cual será motivo de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional al dar contestación al último de los agravios planteados.

No obstante lo anterior y con independencia del actuar de la responsable, lo infundado de los agravios en este sentido, es que no se acredita que existió una indebida publicitación de las convocatorias de los días veintiuno y veintiocho de diciembre de dos mil catorce; porque la participación de la ciudadanía fue mayor en la Asamblea Comunitaria electiva, de veintiocho de diciembre de dos mil catorce, que en la de veintiuno de ese mismo año, la cual incluso se suspendió sin haberse llevado a cabo la votación, es decir, fueron cuatrocientos un (401) ciudadanas y ciudadanos, quienes sufragaron, lo que comparado con los tres procesos electivos anteriores, resulta ser la asistencia más alta.

Aunado a ello, contrario a lo sostenido por la parte actora, la difusión de las convocatorias tanto del veintiuno que es cuando inició la Asamblea sin votación como del veintiocho de diciembre siguiente, en la cual fue materialmente emitido el sufragio de los ciudadanos asistentes si fue debidamente publicitada en atención al número de personas que asistieron a ambas reuniones, tal como se detalla a continuación.

Para analizar este punto, se estima conveniente hacer una análisis comparativo de las personas que asistieron tanto a la Asamblea del veintiuno de diciembre de dos mil catorce, como la del veintiocho siguiente, con base en las listas de asistencia que obran en el expediente, a efecto de evidenciar que un alto porcentaje de personas que votaron, asistieron a ambas reuniones.

Cuadro 1.