JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL cIUDADANO

EXPEDIENTE: SX-JDC-542/2021

ACTORAS: MARÍA PAULINA MOTA CONDE Y OTRAS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

MAGISTRADO PONENTE: ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA

SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO GRANADOS FIERRO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

SENTENCIA que resuelve el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por María Paulina Mota Conde, Haydee Olvera Ocampo, Ruth Aurelia Pensamiento Morales y Fanny Grisel Nájera Zepeda[1], por propio derecho y ostentándose como militantes del Partido Revolucionario Institucional[2].

Las enjuiciantes controvierten la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas[3], el pasado veintitrés de marzo en el expediente TEECH/JDC/014/2021 y su acumulado TEECH/JDC/015/2021 que, entre otras cuestiones, determinó, en lo que es el punto central de la presente controversia, que no se tuvieron por acreditados los actos de violencia política en razón de género contra las actoras, por parte del expresidente del Comité Directivo Estatal del referido partido político, el ciudadano Julián Nazar Morales[4].

SUMARIO

Esta Sala Regional modifica la sentencia controvertida, al advertir que, el Tribunal responsable no analizó la controversia con perspectiva de género, lo que trajo como consecuencia que no se analizaran de forma exhaustiva e integral la totalidad de los planteamientos en la instancia local, por lo que contrario a su determinación, en el caso sí se actualiza la violencia política en razón de género en contra de las cuatro actoras.

Lo anterior, toda vez que las conductas de obstaculización del cargo por parte de Julián Nazar Morales, en su calidad de exdirigente del Comité Directivo Estatal del PRI constituyeron una serie de conductas sistemáticas que generaron una afectación desproporcionada y que, en cada caso, menoscabaron el desempeño de sus respectivos cargos por el hecho de ser mujeres ocupando cargos hacia el interior del partido.

Asimismo, se amonesta públicamente a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, por la dilación injustificada para resolver los medios impugnativos presentados desde dos mil diecinueve por las actoras.

A N T E C E D E N T E S

I. El Contexto

De la demanda y demás constancias que integran el expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

1.                  Denuncias partidistas. El treinta y uno de julio y veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, entre otras militantes, las actoras presentaron ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI sendos escritos de denuncia, por actos de violencia política en razón de género supuestamente perpetrados por Julián Nazar Morales, quien fungía en ese momento como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político.

2.                  Juicio ciudadano local. El once de enero del presente año, las actoras se inconformaron ante el TEECH, por la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI de resolver las denuncias referidas en el punto anterior.

3.                  Sentencia TEECH/JDC/003/2021 y acumulado. El veintidós de enero siguiente, el Tribunal responsable ordenó al referido órgano partidista resolver en un plazo de setenta y dos horas las denuncias presentadas por las quejosas; y escindió lo relativo al supuesto desvío de recursos, para lo cual se abrió el expediente CNJP-PS-CHP-067/2020.

4.                  Resolución CNJP-PS-CHP-767/2019 y acumulados. El veintinueve de enero posterior, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del citado instituto político declaró infundadas las quejas presentadas contra Julián Nazar Morales.

5.                  Demanda local. El cuatro de febrero, inconformes con la determinación señalada en el parágrafo anterior, las actoras promovieron los respectivos medios de impugnación, a los que se les asignó la clave TEECH/JDC/014/2021 y TEECH/JDC/015/2021.

6.                  Medidas de protección. El ocho de febrero del presente año, el Tribunal responsable determinó, sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia planteada, esencialmente como medidas de protección, ordenar a Julián Nazar Morales que se abstuviera de causar actos de molestia o cualquier tipo de represalia política o personal, vinculando para su cumplimiento a diversas autoridades locales y al Comité Directivo Estatal del PRI.

7.                  Sentencia impugnada. El veintitrés de marzo de presente año, el Tribunal responsable emitió sentencia en el juicio ciudadano referido en el parágrafo cinco que antecede, en la cual, entre otras cosas revocó la resolución partidista, tuvo por acreditada la violencia política por obstaculización del cargo y declaró improcedente la violencia política por razón de género en contra de las hoy actoras por parte de Julián Nazar Morales.

8.                  Asimismo, como medida de reparación vinculó al exdirigente partidista para que ofreciera una disculpa pública a María Paulina Mota Conde, Haydee Olvera Ocampo, y Fanny Grisel Nájera Zepeda.

II. Medio de impugnación federal

9.                  Presentación. A fin de controvertir la determinación señalada en el punto anterior, el treinta de marzo de dos mil veintiuno, las actoras presentaron ante el Tribunal responsable, escrito de demanda de juicio ciudadano federal.

10.              Recepción. El cinco de abril de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el escrito referido en el punto anterior, junto con las demás constancias que integran el expediente.

11.              Turno. El mismo día, el magistrado presidente de esta Sala Regional ordenó integrar y registrar el expediente número
SX-JDC-542/2021, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos legales correspondientes.

12.              Radicación. El seis de abril siguiente, el magistrado instructor radicó el presente juicio.

13.              Acuerdo plenario. En la misma data, el Pleno de esta Sala Regional acordó declarar improcedentes las medidas de protección solicitadas por las actoras.

14.              Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor admitió el presente juicio; y, en posterior acuerdo, al no existir diligencias pendientes por desahogar declaró cerrada la instrucción, con lo cual el expediente quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

15.              El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal es competente para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio promovido por ciudadanas militantes del PRI contra una sentencia dictada por el Tribunal responsable, que, entre otras cuestiones, determinó que no se acreditaba la violencia política en razón de género en su contra, por parte del exdirigente partidista.

16.              Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, y 99, apartados primero y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[5]; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192, apartado primero, y 195, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, apartado primero, 79, apartado 1, 80, apartado 1, inciso f), y 83, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[6], y la razón esencial de las jurisprudencias: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN”[7] y “DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES”.[8]

17.              Lo anterior, porque el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es un medio de impugnación en materia electoral, a través del cual la ciudadanía solicita la protección de sus derechos político-electorales, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con éstos, con la finalidad ser restituidos en el uso y goce de sus derechos, por medio de la protección legal y constitucional.

18.              Así en el caso, como las actoras alegan la vulneración de sus derechos como integrantes del partido y que estatutariamente cuentan con derechos y obligaciones, con base en los artículos de los diversos cuerpos normativos, en las jurisprudencias que tienen carácter obligatorio, las tesis que tienen carácter orientador, analizadas en su conjunto, a la luz del caso concreto, se surte la competencia respectiva en su calidad de militantes alegan la vulneración a sus derechos.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia

19.              En términos de los artículos 7, apartado 2, 8, 9, apartado 1, y 13, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Medios, previo al estudio de fondo del asunto, se analiza si se cumplen los requisitos de procedencia.

20.              Forma. La demanda se presentó por escrito ante la responsable, en ella se hace constar los nombres y firmas autógrafas de las actoras; se identifican el acto impugnado; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación y se exponen los agravios que estimaron pertinentes.

21.              Oportunidad. El juicio se promovió dentro del plazo de cuatro días previsto en la ley procesal, toda vez que la sentencia impugnada se emitió el veintitrés de marzo del presente año y fue notificada al siguiente día[9]; por lo que el plazo para impugnar transcurrió del veinticinco al treinta de marzo de dos mil veintiuno; lo anterior, sin contar los días veintisiete y veintiocho por ser sábado y domingo respectivamente, toda vez que el presente asunto deriva un procedimiento sancionador partidista iniciado en dos mil diecinueve, cuyos actos no guardan relación directa con el proceso electoral que se encuentra en marcha.

22.              Por ende, si la demanda se presentó el treinta de marzo, esto es, en el cuarto día del cómputo señalado, resulta evidente su oportunidad.

23.              Legitimación e interés jurídico. Se cumplen con estos requisitos, respecto a la legitimación de las actoras, en atención a que quienes impugnan, acuden por su propio derecho como ciudadanas y militantes del PRI.

24.              Además, se estima que cuentan con interés jurídico porque fueron parte actora en la instancia local, tal como lo reconoce el Tribunal responsable al rendir su informe circunstanciado[10] y pretenden que se revoque la sentencia, porque, en su estima, se cometieron actos de violencia política por razón de género en su contra.

25.              Definitividad. Se satisface el requisito, debido a que la legislación electoral del Estado de Chiapas no prevé medio de impugnación a través del cual pueda modificarse o revocarse la resolución controvertida.

26.              Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 101, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que establece que las determinaciones del Tribunal responsable son definitivas e inatacables.

TERCERO. Pruebas reservadas

27.              Mediante acuerdo de doce de abril del presente año, el magistrado instructor reservó para que fuera el Pleno de esta Sala Regional, quien se pronunciara sobre la admisión de las pruebas señaladas en los numerales tercero y sexto del apartado correspondiente del escrito que da origen al presente juicio.

28.              Esta Sala Regional estima que no ha lugar a su admisión por las razones que se expresan enseguida.

29.              Por lo que hace a las probanzas mencionadas en el numeral tercero, consistentes en todos aquéllos documentos que se encuentren en poder de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que integren los expedientes de comprobación del ejercicio del PAT durante los años 2018 y 2019, rendidos por la dirigencia del Estado de Chiapas, y en particular las que se refieran a los programas de trabajo de la Red de Jóvenes por México y del ONMPRI (Organismo Nacional de Mujeres Priistas)"; porque las actoras no acreditaron haberlas solicitado por escrito a la autoridad señalada.

30.              Incluso, cabe señalar que estas mismas probanzas fueron ofrecidas en los mismos términos en la instancia local, y al no haberlas ofrecido correctamente, el Tribunal responsable las tuvo por no admitidas, sin que en el caso las actoras realicen manifestación alguna.

31.              Lo mismo ocurre en el caso de las pruebas que las actoras denominan “supervenientes”, sobre las cuales solicitan que se requiera al área correspondiente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, para que a la brevedad envíen los videos y memorias fotográficas sobre los diversos eventos y actividades del partido, giras y reuniones de trabajo, desde el siete de septiembre de dos mil diecisiete a la fecha.

32.              Esta Sala Regional considera que no ha lugar a su admisión.

33.              Esto, porque en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales; con excepción de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales, los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse éstos, así como aquéllos existentes desde entonces pero que, en este caso, las actoras no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar.

34.              Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 4 de la Ley General de Medios.

35.              De esta manera, para que el juzgador admita una prueba con el carácter de superveniente, el accionante debe demostrar, de manera fehaciente, que los elementos de prueba surgieron con posterioridad al vencimiento del plazo legal para aportarlas al proceso; o bien, debe manifestar las circunstancias especiales bajo las cuales tuvo conocimiento con posterioridad al periodo para su ofrecimiento y aportación, sobre la existencia de los elementos de convicción ofrecidos como supervenientes y, en su caso, prever que estas circunstancias queden demostradas.

36.              En el caso, no se les puede considerar como pruebas supervenientes, toda vez que no son producto del desconocimiento o de haber existido algún obstáculo para la aportación de la actora, debido a que se trata de documentales y técnicas cuya elaboración data del siete de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que se generaron de manera previa a la presentación de la demanda, y las actoras no refieren circunstancia alguna por la cual las hubiere conocido con posterioridad.

37.              Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 12/2002, de rubro: “PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE”.[11]

CUARTO. Pretensión, temas de agravio y metodología

38.              La pretensión de las enjuiciantes consiste en revocar la sentencia controvertida, pues afirman que se vulneran sus derechos fundamentales al tratarse de una sentencia incongruente, pues a su juicio, existen elementos suficientes para tener por acreditada la violencia política por razón de género cometida por Julián Nazar Morales, quien al momento de los hechos fungía como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

39.              Lo anterior, lo sustentan en los temas de agravio que se agrupan de la forma siguiente:

i.                    Falta de exhaustividad por el indebido análisis probatorio realizado por el TEECH[12];

ii.                 Omisión de juzgar con perspectiva de género y violación a los derechos de las víctimas[13]; e

iii.              Incongruencia de la resolución impugnada[14].

40.              Es importante mencionar, que el estudio de los argumentos expuestos por las actoras se realizará de manera conjunta, conforme a las temáticas anunciadas, esto porque todos sus argumentos están enderezados a sostener que el Tribunal responsable dejó de considerar elementos para acreditar la sistematicidad de conductas por parte de Julián Nazar Morales hacía las cuatro actoras, por lo que estiman que sí se acreditan los actos constitutivos de violencia política en razón de género.

41.              Lo anterior no implica, que esta forma de análisis les cause afectación jurídica, ya que no es la forma cómo los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que lo relevante es su estudio integral.[15]

42.              Por otro lado, cabe precisar que el estudio de la controversia se centrará en determinar, si en los actos de obstaculización del cargo que determinó el Tribunal responsable existe el elemento de género como lo afirman las actoras, a fin de que del estudio integral de la controversia se pueda concluir o no, si, como lo afirman se acreditan sistemáticamente los actos de violencia política en razón de género cometidos en su perjuicio.

QUINTO. Estudio de fondo

43.              Para mejor comprensión del análisis de la controversia planteada por las actoras, resulta conveniente, en primer lugar, explicar los hechos que originaron las inconformidades de las actoras ante el propio instituto político.

Hechos relevantes que dan origen al presente juicio

44.              Mediante escritos presentados desde el treinta y uno de julio y veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, las entonces quejosas instauraron en lo individual, sendas impugnaciones en la instancia partidista, a fin de solicitar la inhabilitación y, en su caso, la expulsión del partido de Julián Nazar Morales.

45.              Esto, porque en su estima, el exdirigente cometió diversas acciones que estimaron contrarias a la normatividad partidista, y que, desde su óptica, resultaron constitutivas de violencia política por razón de género, tal como se reseña enseguida.

46.              En el caso de Fanny Grisel Nájera Zepeda[16], además de ser militante, acudió con el carácter de presidenta de la Red Jóvenes por México y sostuvo que Julián Nazar Morales no reconoció su calidad de presidenta de la Red de Jóvenes X México en el Estado de Chiapas, al no recibirle su propuesta para la ratificación del Consejo Político Estatal de la mencionada Red, el siete de junio de dos mil diecinueve.

47.              Luego, María Paulina Mota Conde como militante y cuadro político[17] alegó destacadamente que si bien, su cargo había culminado en dos mil diecinueve, acusó que el ciudadano Julián Nazar Morales no debió relevarla hasta que no se llevara a cabo el proceso de designación respectivo, considerando que, por el hecho de ser mujer, el denunciado había tomado una decisión ilegal al contravenir la normativa del partido.

48.              Por su parte, Haydeé Ocampo Olvera[18], refirió que fue destituida por Julián Nazar Morales como Coordinadora de la Fracción Parlamentara del referido partido en la LXVII legislatura local, porque aparentemente la diputada apoyaba la reelección de la presidenta del citado Congreso.

49.              También afirmó, que el tres de octubre de dos mil diecinueve, al encabezar una conferencia de prensa, Julián Nazar Morales realizó expresiones que la denigraron como mujer, militante y diputada local; lo que a su juicio causó un gran impacto hacia la ciudadanía por la cobertura de los medios de comunicación, puesto que las publicaciones, en su mayoría fueron negativas.

50.              Por esa razón, señaló que el exdirigente partidista la denigró en la conferencia de prensa, con la intención de que los medios replicaran la noticia al electorado y a la ciudadanía, lo que, desde su perspectiva tuvo como consecuencia inmediata la afectación a su integridad como mujer y militante, pero sobre todo, señaló que se violentaron sus derechos político-electorales y garantías constitucionales, afirmando que esos actos le ocasionaron un daño irreparable, pues a su juicio fueron hechos constitutivos de violencia política en razón de género en su contra.

51.              Finalmente, Ruth Aurelia Pensamiento Morales[19], como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en la citada entidad federativa, al presentar su queja partidista retomó los argumentos de cada una de las ciudadanas mencionadas, refiriendo que, ante el cúmulo de conductas cometidas en su contra, de alguna u otra forma se actualizaba un fenómeno de violencia contra mujeres chiapanecas militantes del PRI.

52.              Además, formuló alegaciones respecto a que no se respaldaron sus acciones en favor de las mujeres del partido, ni se le entregaron recursos materiales ni económicos para la consecución de sus metas, y que el denunciado argumentó indebidamente que no había presupuesto destinado para las actividades que estaban enfocadas en el desarrollo de liderazgos femeninos del partido.

53.              Adicional a lo anterior, formuló alegaciones enderezadas a demostrar un supuesto desvío de recursos económicos por parte del referido exdirigente.

54.              En ese contexto, hasta el veintinueve de enero del presente año, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal responsable[20], declaró infundadas las quejas, bajo el argumento de que esos actos no se podían conocer a través de un procedimiento sancionador, sino que debieron promoverse por la vía del juicio de protección de los derechos partidarios del militante.

55.              Dicha determinación fue cuestionada por las actoras, y el TEECH declaró fundados los agravios; y, en plenitud de jurisdicción analizó los escritos reseñados y concluyó esencialmente, que del caudal probatorio se acreditaba violencia política por obstrucción del cargo, y ordenó como medida de reparación vincular a Julián Nazar Morales para que ofreciera una disculpa pública a las ciudadanas únicamente a Haydeé Ocampo Olvera, Fanny Grisel Nájera Zepeda y María Paulina Mota Conde.

56.              Asimismo, determinó que del análisis probatorio que realizó no se tuvieron por acreditados los actos de violencia política por razón de género por parte del exdirigente del PRI, lo cual es la causa medular de las alegaciones expuestas por las actoras en el presente juicio.

57.              Ahora bien, una vez reseñados los hechos que dieron origen al presente juicio, resulta conveniente establecer las premisas constitucionales y convencionales sobre las cuales esta Sala Regional sustentará su decisión.

Marco normativo

58.              Lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41 de la Constitución Federal; así como de las disposiciones relativas de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que la violencia anotada comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.[21]

59.              En ese sentido, conforme con los preceptos constitucionales e instrumentos internacionales anteriormente invocados, así como lo previsto en los artículos 1º y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se advierte que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, implica la obligación para todos los órganos jurisdiccionales del país de impartir justicia con perspectiva de género.

60.              Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[22] estableció que el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia implica la obligación de toda autoridad jurisdiccional de actuar con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y adoptar una perspectiva de género para evitar condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por "invisibilizar" su situación particular.

61.              De igual forma, la perspectiva de género –en términos expuestos por dicha Sala de la Suprema Corte– es una categoría analítica para deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como “lo femenino” y “lo masculino”.

62.              Por tanto, la obligación de juzgar con perspectiva de género significa reconocer la particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres como consecuencia de la edificación que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir.

63.              Sin embargo, como esa situación de desventaja no necesariamente está presente en todos los casos, debe atenderse a las circunstancias de cada asunto, para determinar si las prácticas institucionales tienen un efecto discriminatorio hacia las mujeres.

64.              En ese tópico, como parte de la metodología de juzgar con perspectiva de género, al establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, la autoridad jurisdiccional debe procurar desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género, que impida el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, realizando un estudio integral de todos los elementos que integren el expediente.

65.              Así, cuando el operador jurídico se encuentra ante un caso en que una o varias mujeres afirmas ser víctimas de situaciones de violencia, invariable y necesariamente deberá aplicar la herramienta de perspectiva de género para determinar si, efectivamente, la realidad sociocultural en que se desenvuelven, la o las coloca en una situación de desventaja, en un momento en que, particularmente, requiere una mayor protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos.

66.              Por ello, la obligación de los impartidores de justicia de juzgar con perspectiva de género implica realizar acciones diversas, como reconocer un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza con respecto a la declaración de las víctimas, identificar y erradicar estereotipos que produzcan situaciones de desventaja al decidir, así como emplear de manera adecuada la cláusula de libre valoración probatoria en la que se sustenta este tipo de asuntos y analizar la controversia de forma integral a fin de evitar estudios que puedan ser incompletos o sesgados.

67.              Como se puede ver, la actividad probatoria adquiere una dimensión especial, tratándose de controversias que implican el juzgamiento de actos que pueden constituir violencia política por razón de género; por lo que, también su estudio debe realizarse de manera adminiculada con la totalidad de los elementos que integren el o los expedientes.

68.              Esto es así, debido a la complejidad de esta clase de controversias, aunado a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones que, no en pocos casos, puede perderse de vista debido a que –entre otras manifestaciones– la violencia puede ser simbólica o verbal, que en ciertos casos puede constituir una conducta reiterada o sistemática, que por ello puedan carecer de pruebas directas; de ahí, que no sea jurídicamente posible someter el análisis de dichos casos a un estándar de prueba imposible.

69.              Por ello, La Suprema Corte de Justicia de la nación ha sostenido que, del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, se sigue la obligación de todo órgano jurisdiccional de impartir justicia con perspectiva de género.[23]

70.              Por su parte, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha sostenido que, debido a la complejidad que implican los casos de violencia política en razón de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada circunstancia se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.

71.              Además, de acuerdo con la jurisprudencia 21/2018[24], de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”, este Tribunal Electoral identificó los elementos para tener por actualizada la violencia política contra las mujeres, en la cual señaló que para tales efectos es indispensable que en un acto u omisión concurra lo siguiente:

        Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

        Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;

        Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;

        Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y

        Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres.

72.              Ahora bien, conforme a la metodología anunciada, ahora se procede al análisis de los agravios expuestos por las enjuiciantes en esta instancia federal.

Postura de esta Sala Regional

73.              Esta Sala Regional considera que los planteamientos formulados por las enjuiciantes son fundados y suficientes para modificar la sentencia impugnada, en la parte que fue controvertida, por las razones que se explican enseguida.

74.              Las enjuiciantes afirman que la sentencia carece de exhaustividad, porque el TEECH dejó de pronunciarse respecto a la totalidad de los agravios planteados por Ruth Aurelia Pensamiento Morales, en cuyo escrito se hizo un análisis de todas y cada una de las conductas denunciadas, lo cual no fue considerado en la instancia local.

75.              Señalan que en el expediente obran pruebas documentales públicas que, a su juicio, generan convicción plena; documentales privadas con un alto valor indiciario porque nunca fueron objetadas; testimonios que se ofrecieron y desahogaron en términos de ley, así como fotografías y publicaciones de internet, que, adminiculadas entre sí, acreditan sus afirmaciones, pero que el Tribunal analizó de manera subjetiva.

76.              Asimismo, indican que el TEECH dejó de analizar un estudio académico que fue ofrecido como prueba, cuya relevancia radicaba, en que ahí se explica y contextualiza la situación de violencia política contra las mujeres y su normalización en las estructuras sociales y políticas en el Estado de Chiapas, en un momento en el que Julián Nazar ocupaba un cargo de dirección en el PRI.

77.              Aducen, que el Tribunal responsable no se pronunció sobre el desvío de recursos del Programa Anual de Trabajo (PAT) con el que se impidió a mujeres y jóvenes del Estado de Chiapas gozar de capacitaciones y actividades de fortalecimiento destinadas y financiadas de manera específica para los partidos políticos.

78.              Respecto a este último punto, cabe precisar desde este momento, que esta Sala Regional no se pronunciará sobre el supuesto desvío de recursos, toda vez que eso es materia del expediente CNJP-PS-CHP-067/2020, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del Tribunal responsable de veintidós de enero del presente año en el expediente TEECH/JDC/003/2021 y acumulado.

79.              Por tanto, esta Sala Regional se avocará estrictamente al análisis de los agravios con los que sustentan su pretensión y que están enderezados a acreditar que en el caso se actualiza violencia política por razón de género en su contra, por actos cometidos por Julián Nazar Morales.

80.              En principio, resulta conveniente señalar que, el artículo 17, párrafo segundo, de la Carta Magna, establece que las resoluciones jurisdiccionales deben dictarse de forma imparcial y completa o integral, supuestos de los cuales derivan el principio de exhaustividad.

81.              Dicho principio impone a la autoridad el deber de agotar en la resolución, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis.

82.              Por ende, si se trata de una resolución de primera o única instancia, para resolver sobre las pretensiones, debe pronunciarse sobre los hechos constitutivos de la causa de pedir, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso.

83.              A su vez, cuando un medio impugnativo pueda originar una nueva instancia o juicio para revisar la resolución, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos de los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese proceso impugnativo.

84.              Además de ello, es criterio de este órgano jurisdiccional, en relación con el principio de exhaustividad, que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, están obligadas a estudiar todos los puntos de las pretensiones y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión.

85.              Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 12/2001 emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”.[25]

86.              Bajo esta premisa constitucional, esta Sala Regional considera que son fundadas las alegaciones de las actoras, porque el Tribunal responsable no fue exhaustivo al analizar la totalidad de los agravios expuestos y, por ende, de los elementos de prueba que fueron aportados, ya que con independencia de que estudió las probanzas relacionadas con Haydeé Ocampo Olvera, María Paulina Mota y Fanny Grisel Nájera Zepeda, lo cierto es que indebidamente omitió hacerlo respecto a las de Ruth Aurelia Pensamiento Morales.

87.              En efecto, como se observa de la lectura integral de la sentencia impugnada, el Tribunal responsable analizó, en los tres primeros casos, diversos elementos de prueba, con los cuales concluyó que se actualizaba violencia política por obstrucción del cargo.

88.              Sin embargo, el Tribunal responsable determinó respecto a Ruth Aurelia Pensamiento Morales, que al haber promovido una nueva denuncia ante el INE por el uso indebido de las prerrogativas –quien la remitió a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI–[26], lo procedente era, al resolver el TEECH/JDC/003/2021 y acumulado, escindirlo para que se resolviera por separado lo conducente.

89.              Ahora, lo incorrecto del actuar del TEECH radica en que si bien, no podía pronunciarse respecto al supuesto desvío de recursos, lo cierto es que sí debió hacerlo respecto a las manifestaciones enderezadas a demostrar que Julián Nazar Morales vulneró la autonomía del ONMPRI que la actora encabeza, a quien omitió otorgarle los apoyos necesarios para la consecución de sus metas como presidenta, así como de actos que estima constituyen violencia política por razón de género.

90.              Por ello, fue incorrecto que el Tribunal responsable haya considerado indebidamente que, al escindir el expediente CNJP-PS-CHP-067/2020, estaba impedido para pronunciarse sobre el resto de los agravios expuestos por Ruth Aurelia Pensamiento Morales que no estaban relacionados con el supuesto desvío de recursos.

91.              De ahí que el Tribunal responsable concluyó de forma incorrecta, no analizar los agravios que sí estaba obligado a analizar, razón por la cual es que resulta fundado el planteamiento de las actoras.

92.              En ese sentido, lo procedente es que esta Sala Regional, revoque la sentencia impugnada en lo que es materia de impugnación y, en plenitud de jurisdicción analice de manera integral los planteamientos expuestos por dicha ciudadana, únicamente en lo concerniente a los actos de violencia política por razón de género, reiterando que esta Sala Regional no se pronunciará sobre el supuesto desvío de recursos.

Análisis en plenitud de jurisdicción sobre los agravios expuestos por Ruth Aurelia Pensamiento Morales

93.              La actora expuso en su escrito inicial una serie de hechos, que a su juicio evidencian que el entonces presidente del Comité Directivo Estatal tenía conocimiento de los planes de trabajo del ONMPRI en Chiapas para poder otorgarle los recursos para el adecuado funcionamiento de dicho organismo interno.

94.              Asimismo, refirió que Julián Nazar Morales, de forma indebida le impuso a una persona para que capacitara a mujeres priistas, vulnerando la autonomía y atribuciones del ONMPRI, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de los Estatutos, pero que además de esto, tampoco se realizó ninguna actividad de capacitación.

95.              Asimismo, alegó que el Tribunal responsable no se pronunció sobre el agravio relativo a que el exdirigente partidista dejó de suministrarles los recursos económicos que por derecho le correspondían, a fin de realizar los planes de trabajo de la ONMPRI que le fueron oportunamente presentados, señalando que con tal actuar se impidió a mujeres y jóvenes del Estado de Chiapas gozar de capacitaciones y actividades de fortalecimiento destinadas y financiadas de manera específica para los partidos políticos.

96.              Adicionalmente, la referida ciudadana alegó que en el caso se actualizaba un fenómeno de violencia contra las mujeres priistas chiapanecas, porque en su mayoría fueron violentadas de una u otra forma por el entonces presidente del Comité Directivo Estatal, vulnerando, entre otros derechos, lo establecido en el artículo 37, fracción III, de los Estatutos del Partido, que establece esencialmente que el ONMPRI tiene como fines, concretamente, el de promover los derechos políticos y electorales de las mujeres.

97.              Esto, a propósito de que, en su escrito, la referida ciudadana retomó los casos de Haydeé Ocampo Olvera, María Paulina Mota y Fanny Grisel Nájera Zepeda y aportó las pruebas que se enlistan y agrupan a continuación:

98.              Es importante precisar, que la mayoría de estas pruebas fueron consideradas por el Tribunal responsable para analizar los casos de las tres actoras, sobre las cuales concluyó, de manera separada, que sí se actualizaba violencia política, pero por obstrucción del cargo, sin realizar un análisis adminiculado de estas.

99.              Ahora bien, las pruebas documentales que fueron aportadas por Ruth Aurelia Pensamiento Morales, que son valoradas de conformidad con lo previsto por los artículos 14, apartado 1, inciso a) y b), en relación con el 16, apartados 1, 2 y 3 de la Ley General de Medios, y que, al no haber sido objetadas en ningún momento, hacen prueba plena sobre la veracidad de su contenido.

100.          De dichas probanzas, se puede concluir que le asiste razón a la ahora actora, cuando afirma que el exdirigente partidista, de manera injustificada, no le brindó los apoyos necesarios para los proyectos que le fueron presentados en su oportunidad.

101.          En efecto, como se puede observar de las pruebas documentales 1 a 10 del cuadro 3 de pruebas, estas son idóneas para acreditar que la actora presentó, en diferentes momentos los proyectos de las actividades a realizar, los cuales se especifican en cada caso, sin que exista constancia que las mismas se hubieran llevado a cabo.

102.          Luego, las documentales 13 a 29 del mismo cuadro 3 de pruebas, en consideración de esta Sala Regional resultan aptas para acreditar que la actora estuvo solicitando en diferentes fechas, recursos económicos y materiales para que se llevaran a cabo los referidos eventos, sin que se adviertan respuestas que justificaran plenamente la negativa de los recursos.

103.          Incluso, de las documentales que van de la 36 a la 45 del cuadro 3, se observa que la actora solicitó directamente a otras instancias como el INE y la CTM, espacios para llevar a cabo eventos propios de la ONMPRI.

104.          De las pruebas referidas, esta Sala Regional arriba a la convicción que, de manera sistemática y recurrente le fueron negados recursos económicos y materiales necesarios para la realización de los eventos que fueron programados en su oportunidad por parte del exdirigente.

105.          Lo relevante de esta afirmación, es que no existen elementos de prueba en el sumario que justifiquen la negativa reiterada por parte de Julián Nazar Morales, sino que únicamente se limitó a expresar el solo argumento de que no existían recursos para ello, sin aportar elementos fehacientes que así acreditaran tal negativa.

106.          Por otro lado, con la prueba 33 del mismo cuadro 3, queda acreditado que, como lo sostiene la actora, se vulneró la autonomía del ONMPRI, pues el entonces presidente del Comité Directivo Estatal no justificó ni explicó las razones para celebrar un contrato de prestación de servicios con un tercero con la finalidad de realizar actividades que son propias de la presidenta del ONMPRI, lo cual tampoco fue refutado por el exdirigente.

107.          Para esta Sala Regional, el exdirigente partidista vulnera la autonomía del organismo presidido por la actora en Chiapas, pues conforme al artículo 37, fracción III de los Estatutos del PRI, una de las finalidades del ONMPRI es, precisamente promover los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como proponer medidas para fomentar su ejercicio.

108.          En ese sentido, resulta evidente la negativa sin justificación por parte del entonces líder del partido en Chiapas a destinar, en diferentes momentos, los recursos económicos que le corresponden a dicho organismo interno para realizar las actividades tendentes al empoderamiento de las mujeres militantes del PRI en dicho Estado para evitar que se ejecutaran los planes de trabajo sobre los cuales tenía conocimiento pleno.

109.          Se afirma que tenía conocimiento de dichos proyectos, toda vez que existen los oficios que demuestran que la actora los presentó, y que además solicitó en diversas ocasiones los recursos para su realización, sin que hubiere una justificación a su reiterada negativa.

110.          Es muy importante destacar, que para las actividades de Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, los partidos políticos están obligados a destinar el mínimo del tres por ciento del financiamiento público ordinario que les sea otorgado, lo cual es y ha sido materia de observaciones y sanciones a diversos partidos por parte del Instituto Nacional Electoral como órgano fiscalizador de los recursos que les son otorgados a los distintos institutos políticos.

111.          Asimismo, con las pruebas 22 y 23 del cuadro 3, también se acredita que la actora solicitó llevar a cabo diversas sustituciones de consejeros, sin que tampoco el exdirigente emitiera una respuesta fundada a su petición, sino que lo hizo sobre la base de que, en ese momento, no se podían realizar los cambios planteados, sin que conste en el expediente de que Julián Nazar Morales hubiere fundamentado debidamente tal negativa.

112.          De lo anterior, se observa que Julián Nazar Morales, al comparecer mediante escrito[27] no aportó elementos de prueba para desvirtuar las alegaciones que fueron formuladas por la actora, pues no resulta suficiente para esta Sala Regional simplemente negar los hechos, como lo hizo, sino que resultaba necesario acreditar sus actuaciones.

113.          Esto, conforme al principio de reversión de la carga de la prueba que debe aplicarse en esta clase de asuntos; por lo que esta Sala Regional considera que le correspondía justificar con probanzas fehacientes las razones para justificar que no se llevaran a cabo los actos que fueron programados por la presidenta del ONMPRI.

114.          Adicional a lo anterior, el referido exdirigente tampoco fundó y motivo, ni explicó concretamente las razones que lo llevaron a celebrar un contrato de prestación de servicios con una persona ajena para realizar las actividades que estatutariamente le correspondían a la presidenta del ONMPRI.

115.          En suma, de todo lo anterior se arriba a la conclusión que, en el caso de Ruth Aurelia Pensamiento Morales, el exdirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, al igual que en los otros tres casos de las actoras también obstruyó injustificadamente las funciones, que como presidenta de dicho organismo partidario le corresponden, sin que este justificara en modo alguno sus reiteradas negativas y omisiones.

116.          Sentado lo anterior, ahora se realizará al análisis de los cinco elementos establecidos en la jurisprudencia 21/2018[28], de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”, para poder determinar sí de los hechos analizados en su conjunto, y de las manifestaciones realizadas por la actora y que el Tribunal responsable dejó de analizar, vistas en su conjunto, constituyen violencia política por razón de género.

117.          Ahora bien, como Ruth Aurelia Pensamiento Morales expresó que se configuraba el elemento de género porque el exdirigente había cometido actos reiterados que habían perjudicado a las cuatro mujeres impugnantes, entonces es importante aclarar, que al abordar el quinto elemento del test que enseguida se correrá respecto a Ruth Aurelia Pensamiento Morales en plenitud de jurisdicción, esta Sala tomará en consideración que el Tribunal responsable determinó respecto a las otras tres mujeres, que el exdirigente había cometido actos de violencia por obstrucción de cargo.

118.          Esto es, el estudio en plenitud de jurisdicción que realiza esta Sala Regional se realizará de forma integral; esto es, tomando en cuenta los actos que quedaron probados por el Tribunal responsable y que afectaron al resto de las actoras.

119.          Lo anterior, atiende a la obligación que tienen las autoridades de analizar esta clase de controversias con perspectiva de género y de manera integral, lo cual no realizó el Tribunal responsable y, que es precisamente de lo que ahora en esta instancia exponen como agravio medular las actoras.

120.          No realizar el análisis de esta manera, se estaría realizando un estudio sesgado de los hechos, lo cual sería atentatorio del principio de exhaustividad dejando de impartir justicia completa e imparcial, conforme a la premisa constitucional que previamente fue expuesta.

121.          Bajo esa lógica, ahora se realiza el estudio correspondiente de los elementos anunciados respecto a Ruth Aurelia Pensamiento Morales.

I.                   Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público

122.          Este elemento se cumple, dado que indudablemente las conductas acreditadas de Julián Nazar Morales (omisión de dar respuesta a diversas peticiones, tales como la solicitud de recursos financieros y materiales, así como la negativa a sustituir consejeros) se surten sobre las atribuciones que le confiere la normatividad partidista, en ejercicio de su cargo como presidenta de la ONMPRI, Chiapas.

II.               Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de Ios mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas

123.          También se cumple, porque la obstaculización acreditada en el caso a Ruth Aurelia Pensamiento Morales es atribuida a Julián Nazar Morales, en su calidad expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, toda vez que pertenecen al mismo partido político y denota por parte de éste un actuar de jerarquía sobre la actora.

III.           Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o sexual

124.          Igualmente se cumple, pues la obstaculización que ahora se analiza, es simbólica; esto, en la medida que tiende a generar en quienes laboran en el partido y en su militancia, la percepción de que la presidenta del ONMPRI en Chiapas asuma una posición subordinada, pasiva y de sumisión frente al exdirigente.

125.          Esto, ante la persistencia de no brindar el apoyo requerido para la consecución de los proyectos de la ONMPRI, afectando e invadiendo la autonomía de un organismo que fue creado precisamente para la protección de las mujeres militantes del PRI, y cuyos proyectos y funcionamiento se vieron afectados negativamente por los actos de Julián Nazar Morales.

126.          Lo anterior, porque como ya se razonó, no se advierte que el exdirigente haya emitido respuestas favorables a las diversas solicitudes de información, pero sobre todo a la petición de recursos para la realización de actividades, que, en su mayoría, estaban destinadas a las mujeres militantes de dicho instituto político y que por derecho le corresponden a dicho organismo.

IV.            Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres

127.          El cuarto elemento también se cumple, ya que la obstaculización en el ejercicio del cargo del cual Ruth Aurelia Pensamiento Morales ha sido objeto, se hizo con el propósito de que asumiera una posición de subordinación que pudo anular o disminuir su reconocimiento frente a otras mujeres militantes del partido.

128.          Además, la dejó en imposibilidad de participar de manera plena en las actividades del ONMPRI, así como en aspectos de ejecución de proyectos y administrativos, cuyos aspectos menoscaban el ejercicio efectivo de sus derechos estatutarios como presidenta de dicho organismo partidario.

V.                Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres

129.          Finalmente, el quinto elemento también se cumple, toda vez que esta Sala Regional estima que existe una conducta reiterada en la obstaculización en el ejercicio del cargo no solo de Ruth Aurelia Pensamiento Morales, por lo que cobra especial relevancia para el presente análisis traer a colación los casos de Haydeé Ocampo Olvera, María Paulina Mota y Fanny Grisel Nájera Zepeda, de quienes el Tribunal responsable tuvo por acreditada la violencia política por la comisión de actos indebidos de obstaculización del cargo perpetrados por Julián Nazar Morales.

130.          En efecto, en los cuatro casos de las ahora impugnantes, se observa una conducta reiterada y continua de obstaculización de sus cargos, por parte de Julián Nazar Morales, hacía cuatro mujeres militantes y que ostentan cargos importantes dentro del PRI, porque ha quedado acreditado que:

        A la diputada Haydee Ocampo Olvera, porque se tuvo por acreditado que no se le convocó a eventos organizados por la dirigencia estatal y se le impuso someter su voto como legisladora vulnerando el libre ejercicio de la actividad parlamentaria;

        A María Paulina Mota Conde, porque quedó probado que la sustituyó ilegalmente de su cargo como secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, y no se le invitaba en esa calidad a las reuniones de trabajo convocadas por el exdirigente partidista;

        A Fanny Grisel Nájera Zepeda porque se le afectó en su desempeño como presidenta de la Red de Jóvenes X México, al omitir recibirle su propuesta para la ratificación del Consejo Político Estatal del citado organismo partidario; y,

        A Ruth Aurelia Pensamiento Morales, por las razones que han sido expuestos en los elementos del test que han sido previamente analizados.

131.          De lo anterior, se observa que existen una afectación de manera desproporcionada y diferenciada con relación al género, lo que crea convicción plena para este órgano jurisdiccional, que los actos perpetrados por Julián Nazar Morales en su calidad de exdirigente fueron por el hecho de ser mujeres; lo cual implicaba  necesariamente que el Tribunal local aplicara la reversión de la carga de la prueba, ante la sistematicidad e imparcialidad de su actuar y de sus dichos, lo que evidentemente no hizo.

132.          Se afirma lo anterior, porque la obstaculización reiterada al debido ejercicio de los cargos dentro del partido hacia las actoras, permiten concluir válidamente que esos actos de molestia se dieron por el hecho de ser mujeres activas dentro del citado instituto político.

133.          De ahí que, por cuanto hace al supuesto (i) se dirija a una mujer por ser mujer, se estime acreditado, toda vez que las actoras son cuatro mujeres, cuyas conductas realizadas por el exdirigente impactan propiamente por el género, esto es por ser mujeres.

134.          Por cuanto hace al supuesto (ii) tenga un impacto diferenciado en las mujeres, se configura, ya que se evidencia que la obstaculización al cargo de las actoras fueron conductas que tuvieran un impacto diferenciado y desventajoso por el hecho de ser cuatro mujeres ocupando posiciones al interior del partido.

135.          Por cuanto hace al supuesto (iii) también se advierte que la obstaculización al cargo de las actoras se dio en total medida hacia las cuatro mujeres, ya que, desde la perspectiva de esta Sala Regional, queda demostrado que los actos de obstrucción para el ejercicio del cargo se llevaron a cabo en perjuicio de las cuatro mujeres, por el hecho de pertenecer al género femenino.

136.          Máxime, que se advierten elementos discriminatorios hacía ellas como lo son el cúmulo de conductas agresivas que vistas en su conjunto, se encuadran como estereotipo de género, pues se trata de cuatro mujeres con tareas de relevancia dentro del propio partido violentadas por el entonces líder del partido en el Estado de Chiapas.

137.          Hasta aquí, del estudio realizado en plenitud de jurisdicción, esta Sala Regional considera que vistos en su conjunto los actos cometidos por Julián Nazar, en el caso si se actualiza violencia política por razón de género contra las actoras.

138.          Ahora bien, por lo que hace al resto del resto de los agravios expuestos en esta instancia federal, resultan fundados, tal como se explica enseguida.

139.          A partir de las razones expuestas, se estima que les asiste razón a las actoras en su escrito de demanda federal, cuando señalan que el Tribunal responsable anunció que aplicaría la reversión de la carga de la prueba, y no lo hizo, lo que implicó que a las probanzas en su conjunto no se les concediera la presunción de veracidad respecto de los hechos ahí consignados.

140.          Esto se afirma, porque el Tribunal responsable no estudió de manera integral la controversia, sino que lo hizo de manera sesgada omitiendo realizar un estudio contextual de las pruebas en relación con los actos ocurridos hacia la totalidad de las mujeres actoras.

141.          Por ende, lo incorrecto del actuar del Tribunal responsable fue que, aunque del estudio aislado realizado de las pruebas, esto es caso por caso, no se refirieran actos visibles, sí resultaba viable arribar a la conclusión de que, en todos los casos se actualizó una sistematicidad en las conductas obstaculizadoras del exdirigente, que por jerarquía, cuenta con las facultades de actuar en perjuicio de mujeres que están por debajo de su cargo, y esos actos indudablemente son constitutivos de violencia política por razón de género.

142.          Además, se tiene que considerar un aspecto muy importante que robustece la decisión a la que se arriba; Julián Nazar Morales, en ninguno de los cuatro casos aportó elementos de prueba para desvirtuar las imputaciones hechas por las actoras.

143.          Incluso, es importante mencionar que en la instancia partidista se le respetó la garantía de audiencia, ya que se le dio vista de los actos que se le denunciaba y únicamente contestó que las denunciantes no acreditaban sus dichos, sin que aportara medios de prueba para desvirtuar las acusaciones.

144.          Aunado a lo anterior, como se observa de la lectura integral del escrito de tercero interesado presentado en la instancia local[29], se advierte que únicamente se limitó a negar los hechos, sin aportar los elementos de prueba fehacientes que desvirtuaran las acusaciones formuladas por las actoras, cuando en el caso, por la temática de la controversia, le aplicaba la reversión de la carga de la prueba.

145.          En función de lo anterior, también son fundadas las alegaciones relativas a que el Tribunal responsable omitió juzgar con perspectiva de género, porque soslayó que los actos de violencia se cometieron en mayor medida contra mujeres que contra hombres.

146.          Esto es así, porque en el estudio de los apartados correspondientes a Haydeé Ocampo Olvera, María Paulina Mota y Fanny Grisel Nájera Zepeda, el Tribunal responsable, sin analizar los agravios de Ruth Aurelia Pensamiento Morales, no observó que las cuatro militantes con cargos dentro del partido son mujeres y que respondían al liderazgo del entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cuyas conductas provocaron que se generara un trato diferenciado y desproporcionado hacia ellas, porque no solamente obstaculizó sus funciones, sino que provocó discriminación en razón de género.

147.          Además, desvinculó el estudio de los citados apartados, del escrito correspondiente a Ruth Aurelia Pensamiento Morales, quien además de exponer sus alegaciones, como ya se dijo también retomó los casos de las otras tres mujeres actoras y señaló que existía una conducta sistemática por parte de Julián Nazar Morales, lo que trajo como consecuencia, que el estudio por separado descontextualizara la situación a la que estuvieron sometidas en diferentes momentos y circunstancias, lo que evidentemente provocó una afectación desproporcionada en contra de las actoras, en su calidad de mujeres.

148.          En consecuencia, al correr el test para acreditar la violencia política en razón de género, solamente por lo que hace a tres de ellas, entonces se evidencia lo sesgado del estudio, puesto que, no consideró de manera integral que el exdirigente partidista emitió actos negativos y de forma sistemática contra las actoras, por ser mujeres; por lo cual se concluye que el TEECH dejó de tomar en cuenta los elementos necesarios para juzgar con una perspectiva integral de género.

149.          Por tanto, les asiste razón cuando en esta instancia federal, afirman que la resolución impugnada vulnera los derechos de las mujeres con la incertidumbre de que hacia el interior del PRI no se protege a las mujeres de actos de violencia por razón de género, cuando es precisamente una obligación de las autoridades evitar que esto ocurra, por supuesto, a través de los cauces legales atinentes.

150.          De ahí, que se considere que tal como lo afirman las enjuiciantes, la sentencia impugnada fue emitida de manera incongruente, puesto que si bien se anunció que se juzgaría con perspectiva de género y que se aplicaría la reversión de la carga probatoria, lo cierto es que esto no fue así.

151.          Por ende, como ha quedado explicado a lo largo del presente considerando, en el caso se reitera, que, contrario a lo sostenido por el Tribunal responsable sí se actualiza el elemento de género, y como consecuencia de ello, se arriba a la conclusión fundada y motivada, que Julián Nazar Morales, en su calidad de exdirigente del PRI, cometió actos de violencia política por razón de género contra las actoras.

152.          En ese orden de ideas, resulta entonces, que la sola disculpa pública decretada por el Tribunal responsable no es proporcional al cúmulo de conductas perpetradas, tal como ya se ha explicado; por tanto, ante lo fundado de sus alegaciones, lo procedente es modificar la sentencia impugnada a efecto de determinar la gravedad de la conducta, tal como se explicará en el apartado siguiente.

153.          Finalmente, no pasa inadvertido para esta Sala Regional, que las actoras cuestionan en su escrito de demanda, la actitud poco diligente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, esto para resolver de forma tardía y sin justificación los medios de impugnación que fueron incoados desde el treinta y uno de julio y veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve.

154.          Además, afirman y les asiste razón, que no fue sino hasta el veintinueve de enero del presente año que emitió la resolución respectiva, sino que esto se dio, como ya se ha referido, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal responsable en el expediente TEECH/JDC/003/2021 y su acumulado.

155.          Para esta Sala Regional, resulta injustificada la falta de diligencia de la referida Comisión, porque conforme a la obligación que tienen todas las autoridades, incluyendo a los partidos políticos, de juzgar con perspectiva de género, resulta necesario actuar con la debida diligencia, en general, pero sobre todo, en casos de violencia contra las mujeres a fin de evitar condicionar el acceso a una justicia pronta y expedita de las mujeres con el objeto perverso de "invisibilizar" su situación particular, tal como ocurrió en el presente asunto.

156.          Además, con independencia de que el Tribunal responsable haya revocado tales determinaciones y haya analizado los agravios de las actoras; lo cierto es, que para esta Sala Regional la falta de expedites para resolver los medios impugnativos transgredió la garantía de acceso a la justicia de las actoras prevista en el artículo 17 de la Carta Magna.

157.          En este sentido, esta Sala Regional no debe pasar inadvertido el incumplimiento a dicho principio constitucional, por lo que, se deben tomar las medidas legales para evitar la repetición en la falta de diligencia para resolver, lo cual implicó un obstáculo al acceso a una efectiva administración de justicia de las actoras, sobre todo, en asuntos con una temática como la que ahora se analiza.

158.          En consecuencia, con fundamento en los artículos 5, 32, inciso b), y 33 de la Ley General de Medios, así como 102, párrafos primero y segundo; 103, párrafo segundo; 104, párrafo primero y 105 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, lo procedente es imponer una corrección disciplinaria a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, consistente en una amonestación pública.

159.          Lo anterior, como una medida idónea, que busca garantizar la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en atención a que, el apercibimiento, la multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto se descartan, pues, el primero, no cumpliría con dicho estándar de idoneidad y, el resto, aunque idóneos, resultarían innecesarios.

160.          La medida es proporcional, puesto que se busca que, en lo sucesivo, observe cabalmente el principio de acceso a la justicia de su militancia; por tanto, garantizar el valor constitucional que implica proteger el derecho, en este caso, de la militancia partidista a acceder a una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, además de que busca cumplir con una función disuasoria y preventiva, tanto en lo general como en lo particular.

161.          En lo particular, porque, con esta medida, se pretende disuadir las conductas indebidas como el retardo que ha sido evidenciado, para evitar que en lo subsecuente, dicho órgano partidario continúe retrasando injustificadamente la impartición de justicia en asuntos sometidos a su conocimiento, pero principalmente en aquellos relacionados con violencia política por razón de género, previniendo la realización de estas conductas, en perjuicio de las mujeres militantes del Partido Revolucionario Institucional.

162.          Y en lo general, porque la presente determinación es de carácter público y por ende, resulta útil para transmitir el mensaje a la ciudadanía de que este Sala Regional se hace cargo de su obligación constitucional de proteger, en el ámbito de su competencia, los derechos humanos de los gobernados, ante cualquier autoridad o ente público que, encontrándose obligado a cumplir con los referidos dispositivos constitucionales, los inobserve injustificadamente, entonces la consecuencia será, como en el presente caso, el ejercicio de las facultades de coacción que le otorga la normativa constitucional y legal vigente.

163.          Como resultado de todo lo anterior, y ante lo fundado de los agravios hechos valer, lo procedente es, de conformidad con lo previsto en el artículo 84, apartado 1, inciso b) de la Ley General de Medios, modificar la sentencia reclamada, conforme a los efectos que se señalan en el apartado siguiente.

SEXTO. Apartado de efectos de la sentencia

164.          De la lectura integral del escrito de demanda y los agravios hechos valer por las actoras, esta Sala Regional determinó que su pretensión es que se revoque la resolución impugnada, únicamente, a fin de determinar que en el caso se actualiza violencia política en razón de género en su contra.

165.          Por tales razones, en concepto de esta Sala Regional, únicamente se debe dejar sin efectos el resolutivo cuarto, así como la parte conducente y el resolutivo quinto de la sentencia controvertida que tuvo por acreditada la violencia política en la vertiente de obstrucción del cargo en contra de Haydeé Ocampo Olvera, María Paulina Mota Conde y Fanny Grisel Nájera Zepeda; mientras que los resolutivos primero, segundo, tercero, y séptimo deben mantenerse intocados, al no haber sido motivo de controversia ni de estudio por parte de esta Sala Regional.

166.          Por lo que hace a la parte conducente de los efectos y del resolutivo sexto, debe modificarse únicamente para que se incluya a Ruth Aurelia Pensamiento Morales en la medida de reparación ordenada por el Tribunal responsable, y también se vincule a Julián Nazar Morales, para que, ofrezca una disculpa pública a dicha ciudadana, quedando intocado lo relacionado con la subsistencia de las medidas de protección decretadas mediante acuerdo plenario de ocho de febrero de dos mil veintiuno por el TEECH.

167.          Por tanto, al haber sido revocados los resolutivos cuarto y quinto de la sentencia reclamada, lo procedente es calificar como fundada la violencia política en razón de género, en contra de las enjuiciantes en el presente juicio.

168.          En este sentido, además de lo anterior, y conforme a lo establecido en el recurso de reconsideración SUP-REC-91/2020 lo procedente es darle vista al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Chiapas.

169.          Lo anterior para que, conforme al Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género de Chiapas, en relación con el diverso INE/CG269/2020, por el que se aprobaron los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior, en el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado, registre a Julián Nazar Morales, en el referido Registro Estatal y, conforme a sus propios lineamientos, realice la comunicación respectiva al Instituto Nacional Electoral para efecto de que también se le inscriba en el Registro Nacional.

170.          Para dichos efectos, las autoridades administrativas electorales tanto local como nacional, deberán considerar que, en términos de lo señalado por el artículo 11, inciso a) de los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, la falta atribuida al exdirigente partidista debe considerarse como ordinaria en atención a que se dio de manera sistemática y desproporcionada contra cuatro mujeres en el ejercicio de sus cargos hacía al interior de dicho instituto político.

171.          Por lo cual, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, inciso a) de los citados Lineamientos, deberá permanecer en dicho registro por un periodo de cuatro años contados a partir de la respectiva inscripción.

172.          Además, como garantía de satisfacción, se ordena al Tribunal responsable difundir la presente ejecutoria en su sitio electrónico.

173.          Para ello, se vincula al Tribunal responsable a dar seguimiento al cumplimiento de las presentes medidas, así como a su sentencia, en los resolutivos que quedaron intocados.

174.          Asimismo, el Tribunal responsable deberá informar a esta Sala Regional del cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra; esto, en términos del artículo 92, párrafo tercero, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

175.          Por cuanto hace a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, se le impone una amonestación pública, en términos de lo razonado en la parte final del considerando anterior.

176.          Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

177.          Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se modifica la sentencia impugnada, en términos del considerando quinto y para los efectos previstos en el apartado sexto de la presente ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, de manera electrónica a las actoras en la cuenta de correo señalada en su escrito de demanda; así como a Julián Nazar Morales en la dirección de correo electrónico señalada en su escrito de tercero interesado presentado en la instancia local; por oficio o de manera electrónica con copia certificada de la presente sentencia al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, al Organismo Público Local Electoral, así como a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI; y por estrados a los demás interesados.

Lo anterior, en términos de los artículos 26, párrafos 1 y 3, 28, 29, párrafos 1, 3 y 5, y 84 de la Ley General de Medios, y en los diversos 94, 95 y 101 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, así como el acuerdo 4/2020, aprobado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Electoral.

En su oportunidad y, en su caso, devuélvase las constancias atinentes y archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados Enrique Figueroa Ávila, Presidente, y Adín Antonio de León Gálvez, con el voto razonado de la Magistrada Eva Barrientos Zepeda, todos integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, ante el Secretario General de Acuerdos, José Francisco Delgado Estévez, quien autoriza y da fe.

VOTO RAZONADO QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 193, SEGUNDO PÁRRAFO, CON RELACIÓN AL PRECEPTO 199, FRACCIÓN XV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ASÍ COMO 48 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, FORMULA LA MAGISTRADA EVA BARRIENTOS ZEPEDA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SX-JDC-542/2021.

Aunque coincido plenamente con las consideraciones y sentido de la resolución dictada en el juicio referido, estimo conveniente hacer algunas precisiones respecto al sentido de mi voto.

Ciertamente, en diversos asuntos[30] he sostenido que a partir de las reformas federal y local, en materia de violencia política por razones de género, se ha establecido un nuevo esquema de distribución de competencias para prevenir, atender, sancionar y erradicarla; es decir, el procedimiento especial sancionador es la vía idónea para investigar y sancionar este tipo de conductas, mientras que el juicio ciudadano en el régimen de sistemas normativos internos debe continuar tutelando los derechos político-electorales de quienes ejerzan el cargo, a fin de remover los obstáculos que impidan su debido ejercicio.

Lo anterior, porque se ha modificado el diseño institucional para la investigación y sanción de este tipo de conductas, al establecerse el procedimiento especial sancionador como la vía específica para ello, tanto a nivel federal como a nivel local.

En ese sentido, mi postura ha sido consistente en que a través del procedimiento especial sancionador es posible imponer sanciones y ordenar la reparación del daño por conductas que puedan constituir violencia política contra la mujer en razón de género, mientras que el juicio ciudadano adquiere una finalidad distinta, consistente en tutelar la violación de derechos político-electorales de quien se encuentre en el ejercicio de un cargo.

Empero, en este asunto existen características particulares que impiden que las conductas de violencia política de género sean analizadas a través del procedimiento especial sancionador.

Ello, porque los hechos sucedieron en el año dos mil diecinueve, esto es, antes de que se aprobara la reforma de trece de abril de dos mil veinte, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Lo anterior se constata porque de las constancias de autos se desprende que el treinta y uno de julio y veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, entre otras militantes, las actoras presentaron ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional sendos escritos de denuncia, por actos de violencia política en razón de género supuestamente perpetrados por Julián Nazar Morales, quien fungía en ese momento como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político.

Lo anterior, sin dejar de reconocer que las reformas a las que me he referido, expresamente establecieron que los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia puede ser perpetrada indistintamente, entre otros, por dirigentes de partidos políticos.

No obstante, por los antecedentes que conforman la cadena impugnativa del presente asunto, considero que, en este caso concreto, que el juicio ciudadano es la vía idónea para tutelar las conductas de violencia política de género y justifican la formulación del presente voto razonado.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral segundo del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.