JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SX-JDC-622/2025

ACTORA: TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO TRONCOSO ÁVILA

SECRETARIO: RAFAEL ANDRÉS SCHLESKE COUTIÑO

COLABORARON: ROBIN JULIO VAZQUEZ IXTEPAN Y EDUARDO DE JESÚS SAYAGO ORTEGA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veinte de agosto de dos mil veinticinco.[1]

SENTENCIA que se emite en el juicio de la ciudadanía promovido por Teresa Atenea Gómez Ricalde, quien se identifica como presidenta municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo.

La actora controvierte la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo en el expediente PES/001/2025 que declaró inexistente la violencia política por razón de género que denunció.

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Esta Sala Regional confirma la resolución impugnada, en virtud de que fue correcto que se declarara inexistente la VPG denunciada por la actora, pues las expresiones objeto de su queja constituyeron un ejercicio legítimo de la libertad periodística y únicamente criticaron su gestión como servidora.

ANTECEDENTES

I. El contexto

De lo narrado por la actora, y de las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente:

1.                  Quejas. El diecinueve y el treinta de junio, la actora presentó sendas quejas en las que denunció que diversas publicaciones realizadas por medios de comunicación constituyeron VPG en su contra.

2.                  Las quejas se registraron con las claves IEQROO/PESVPG/001/2025 y IEQROO/PESVPG/002/2025; posteriormente fueron acumuladas.

3.                  Medidas cautelares.[2] El veintitrés de junio y el tres de julio, respectivamente, la Comisión de quejas determinó improcedentes las medidas cautelares solicitadas en ambas quejas antes mencionadas.

4.                  Impugnaciones locales respecto de las medidas cautelares. La parte actora inconforme con la determinación respecto de las medidas cautelares solicitadas impugnó ante el Tribunal local los acuerdos emitidos por la Comisión de quejas del IEQROO.

5.                  El TEQROO en atención a los medios de impugnación presentados, el diez de julio dentro de los expedientes JDC/013/2025 y JDC/014/2025 determinó confirmar los acuerdos impugnados en donde se determinaron improcedentes las medidas solicitadas.

6.                  Primera impugnación federal. El catorce de julio, la parte actora presentó, ante la Sala Superior, un medio de impugnación en contra de la determinación del Tribunal local dentro del expediente JDC/013/2025, el cual fue reencauzado a esta Sala Regional.

7.                  De dicho procedimiento se ordenó integrar el expediente SX-JDC-597/2025, en el que este órgano jurisdiccional, el seis de agosto determinó desechar de plano el medio de impugnación al surgir un cambio de situación jurídica. 

8.                  Segunda impugnación federal. El dieciocho de julio, la parte actora presentó, ante la Sala Superior, otro medio de impugnación en contra de la determinación del Tribunal local dentro del expediente JDC/014/2025, el cual fue reencauzado a esta Sala Regional.

9.                  De dicho procedimiento se ordenó integrar el expediente SX-JDC-605/2025, en el que este órgano jurisdiccional, el trece de agosto determinó confirmar la sentencia impugnada.

10.              Audiencia de pruebas y alegatos.[3] El veintiuno de julio, se llevó a cabo la mencionada audiencia, en la que se hizo constar que la parte actora compareció de manera escrita, en tanto que, los medios de comunicación emplazados no comparecieron de manera personal ni por escrito.

11.              Resolución impugnada.[4] El treinta de julio, el Tribunal local resolvió el expediente PES/001/2025, formado con motivo de las quejas presentadas por la actora, y declaró inexistente la conducta denunciada.

II. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación federal

12.              Presentación.[5] El uno de agosto, la actora controvirtió la resolución indicada, a través de lo que denominó recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

13.              Recepción y turno.[6] El ocho de agosto, la Sala Superior recibió la demanda y las demás constancias que le remitió el Tribunal local; además, el asunto se turnó a la ponencia de la magistrada presidenta de este Tribunal Electoral.

14.              Reencauzamiento.[7] El trece de agosto, la Sala Superior declaró que esta Sala es la competente para conocer de la controversia planteada por la actora, por lo que reencauzó la demanda respectiva.[8]

15.              Recepción en esta Sala y turno. En la misma fecha, esta Sala Regional recibió de manera electrónica las constancias remitidas por la Sala Superior; al día siguiente, la magistrada presidenta de esta Sala Regional acordó integrar el expediente SX-JDC-622/2025 y que se turnara a la ponencia del magistrado en funciones José Antonio Troncoso Ávila,[9] para los efectos correspondientes.

16.              Sustanciación. En su oportunidad, el magistrado instructor acordó radicar el expediente en su ponencia y admitir la demanda y, al encontrarse debidamente sustanciado el juicio, declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia respectivo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

17.              El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, es competente para conocer y resolver el presente asunto en virtud de dos criterios: a) por materia, porque la controversia se relaciona con la VPG denunciada por una presidenta municipal en Quintana Roo; y b) por territorio, porque esa entidad federativa corresponde a esta circunscripción plurinominal.

18.              Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución general, artículos 41, párrafo tercero, base VI, 94, párrafo primero, 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 251, 252, 253, fracción IV, inciso c, 260, párrafo primero, y 263, fracción IV; y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 3, párrafos 1 y 2, inciso c; 4, párrafo 1; 79, 80, párrafo 1, incisos f y h, y 83, párrafo 1, inciso b. Además, de acuerdo con lo decidido por la Sala Superior en el acuerdo recaído al expediente SUP-JDC-2341/2025.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia

19.              Se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del presente juicio de la ciudadanía, en términos de lo establecido en la Ley General de medios, artículos 7, apartado 2, 8, 9, 12, apartado 1, 13, apartado 1, inciso b, 79 y 80.

20.              Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable y constan el nombre y firma autógrafa de quien promueve, además, se identifican el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se basa la impugnación y se formulan agravios.

21.              Oportunidad. El medio de impugnación se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto en la Ley General de medios, puesto que la resolución impugnada se emitió el treinta de julio y la demanda se presentó el uno de agosto, por lo que es evidente su oportunidad.

22.              Legitimación e interés jurídico. El presente juicio es promovido por parte legítima, en virtud de que la actora acude por propio derecho y fue la parte denunciante en el procedimiento al que le recayó la resolución impugnada.

23.              Además, la actora cuenta con interés jurídico porque considera que lo decidido por el Tribunal responsable le causa una afectación jurídica.[10]

24.              Definitividad. El requisito se encuentra colmado, pues en la legislación aplicable no está previsto medio de impugnación que deba ser agotado antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal, por el cual sea posible revocar, anular, modificar o confirmar el acuerdo plenario ahora controvertido.

TERCERO. Contexto de la controversia

25.              El asunto se promueve por una ciudadana que se inconforma contra la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo que declaró inexistente la VPG que denunció en la instancia previa.

26.              La controversia se originó porque la actora denunció a dos medios de comunicación que, a través de la red social Facebook, publicaron notas periodísticas y realizaron expresiones que, en su opinión, implicaron VPG en su contra.

27.              Con las denuncias presentadas por la actora se inició el procedimiento especial sancionador respectivo y, una vez que fue sustanciado por el Instituto local, el asunto se remitió al Tribunal responsable para que se emitiera la resolución correspondiente.[11]

28.              En la resolución que ahora se impugna la autoridad responsable tuvo por demostrada la existencia del contenido alojado en las veinte direcciones electrónicas que fueron aportadas por la quejosa, de las cuales doce fueron publicadas por Poder y Crítica y ocho correspondieron a Información S/Límite Quintana Roo.

29.              Por lo que hace al análisis de fondo, el TEQROO analizó si las publicaciones que fueron denunciadas constituyeron VPG en contra la actora, de acuerdo con los elementos previstos en la jurisprudencia 21/2018, de acuerdo con lo siguiente:

        Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o bien en el ejercicio de un cargo público.[12]

30.              El elemento se tuvo por satisfecho, pues las conductas denunciadas se vincularon con la calidad de la actora, como presidenta municipal de un Ayuntamiento en Quintana Roo.

        Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por supervisores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de éstos; medios de comunicación y sus personas integrantes, un particular y/o un grupo de personas.[13]

31.              Este aspecto también se estimó cumplido, porque la conducta denunciada se atribuyó a medios de comunicación.

        Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.[14]

32.              Sobre este punto, el Tribunal responsable analizó las publicaciones realizadas con la finalidad de determinar si, como lo sostuvo la quejosa, las expresiones e imágenes con que se acompañaron constituyeron VPG en su contra, dada la sistematicidad y reiteración con que se publicaron.

33.              En su decisión, el TEQROO consideró que el elemento en cuestión no se satisfizo, porque al analizar el contenido de las publicaciones denunciadas no advirtió la existencia de expresiones o de imágenes que actualizaran alguno de los supuestos de violencia contra la mujer, pues no se desprendió que tuvieran como finalidad menoscabar, afectar o anular derechos o causar un daño físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual en perjuicio de la actora.

34.              Para respaldar su conclusión, se refirió a las publicaciones realizadas por medios de comunicación, sujetos que, en principio, gozan de libertad de prensa, protegida por un marco jurídico que privilegia su ejercicio y sólo se puede limitar al demostrar su ilicitud, lo que no ocurrió en el caso.

35.              Adicionalmente, expuso que la quejosa tenía la calidad de figura pública, dada su calidad de presidenta municipal y persona servidora pública de elección popular; por ende consideró que sus actividades y manifestaciones estaban expuestas a un control más riguroso que el de las personas privadas sin proyección pública.

36.              De modo que las expresiones que se realizaran hacia ella en su calidad de persona servidora tenían relevancia pública porque estaban relacionadas con el control que la ciudadanía realiza sobre su desempeño como tal.

37.              En forma específica, expuso que de las doce publicaciones realizadas por Poder y Crítica se advirtió lo siguiente:

38.              Acto seguido, el Tribunal local argumentó que debía establecerse el significado de algunas de las palabras utilizadas en las publicaciones objeto de denuncia, conforme con lo siguiente:

        Saqueo: Acción y efecto de saquear (Apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que hay o se guarda en algún sitio).

        Atracar: Asaltar con propósito de robo.

        Chapulina: Langosta, cigarrón.

        Corrupción: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores.

        Nepotismo: Utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad.

        Impunidad: Cualidad de impune.

        Colusión: Pacto ilícito en daño de tercero.

        Sobreprecio: Recargo en el precio ordinario.

        Simulación: Acción y efecto de simular;

        Esbirro: Persona que sigue servilmente a otra por dinero o por interés.

39.              Posteriormente, el Tribunal local analizó la intencionalidad con la que fueron emitidos los mensajes, de acuerdo con lo que se expone a continuación.

40.              Con base en lo anterior, desestimó que las expresiones e imágenes contenidas en las doce publicaciones de Poder y crítica constituyeran VPG en contra de la actora.

41.              En cuanto a lo publicado por Información S/Límite Quintana Roo, el Tribunal local advirtió lo siguiente:

42.              Acto seguido, el Tribunal local identificó las expresiones empleadas en las publicaciones y consideró conveniente establecer su significado, de acuerdo con lo siguiente:

        Saqueo: Acción y efecto de saquear (Apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que hay o se guarda en algún sitio).

        Atracar: Asaltar con propósito de robo.

        Corrupción: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores.

        Complicidad: Cualidad de cómplice.

        Cínicos: Dicho de una persona: que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas.

        Sinvergüenza: Dicho de una persona: Que comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades.

        Canija: Mala persona.

        Transar: Transigir, ceder, llegar a una transacción o acuerdo.

        Maquillar: Modificar la apariencia de algo para disimular su verdadera naturaleza.

        Corruptela: Corrupción.

        Leoninos: Dicho especialmente de una condición o de un contrato: Ventajoso para una sola de las partes.

        Cloaca: Lugar sucio, inmundo.

        Amañar: Preparar o disponer algo con engaño o artificio.

        Impunidad: Cualidad de impune.

        Desfalco: Acción y efecto de desfalcar.

        Simulación: Acción y efecto de simular;

43.              Posteriormente la autoridad responsable desestimó que los mensajes tuvieran como propósito menoscabar los derechos político-electorales de la actora o colocarla en una situación de desventaja por razón de género, por lo siguiente.

44.              En primer lugar, se refirió a la publicación de nueve de abril, en la que, en concepto de la autoridad responsable, se contienen expresiones en las que el medio de comunicación denunció posibles actos de corrupción en la administración municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, pero no se hizo referencia a la calidad de mujer de la quejosa, ni se utilizó lenguaje sexista o con estereotipos, razón por la cual concluyó que estaba enmarcado en el derecho a la crítica pública y la rendición de cuentas en el ámbito público, amparado por la libertad de expresión y de prensa.

45.              En lo que hace a la publicación del uno de mayo, el Tribunal local expuso que no se advirtieron expresiones que aludieran al género de la actora, ni a roles, estereotipos o características propias de la identidad de la servidora pública quejosa por ser mujer, sino que, por el contrario, estaban relacionadas con el uso de recursos públicos durante el desempeño de su cargo, por lo cual concluyó que también estaba amparado por la libertad de expresión, de prensa y en el derecho a la información.

46.              Por otro lado, en concepto de dicha autoridad, con la expresión La alcaldesa ex panistas ahora Morenista de #IslaMujeres #AteneaGómezRicalde, se hizo referencia a que la quejosa ganó la presidencia municipal de Isla Mujeres en dos mil veintiuno por la alianza PAN-PRI, pero en el dos mil veinticuatro buscó la reelección por la alianza Morena-PVEM-PT. Esto es, una alusión a su trayectoria partidista y a decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo, por lo cual también consideró que estaba amparada en las libertades mencionadas.

47.              En lo que corresponde a la diversa de doce de mayo, la autoridad responsable advirtió temas como la presunta corrupción en contrataciones públicas, el uso de empresas fantasmas, encubrimiento institucional, manipulación de información pública y una crítica debido a su cambio de partido político presuntamente para mantenerse en el poder.

48.              Temas que se vincularon exclusivamente con el ejercicio de su cargo y con el manejo de los recursos públicos, sin que se advirtieran expresiones referidas a su calidad de mujer, estereotipos de género o un probable impacto diferenciado por ser mujer.

49.              Con respecto a la publicación de veintinueve de mayo, el TEQROO desprendió señalamientos relativos a empresas fantasmas, ocultamiento de contratos de obras públicas, uso indebido de fondos y manejo poco claro de los programas de ayuda social, por lo que no observó elementos relativos a estereotipos de género, lenguaje discriminatorio o referencias a la actora por ser mujer; inclusive, el propio medio de comunicación explicó que se trató de una investigación de su actuación como titular del gobierno municipal.

50.              Por último, en lo que hace a la diversa de veinticuatro de junio, expuso que en ella se realizaron denuncias de presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos, falta de transparencia en la ejecución de las obras y opacidad en la información presupuestal, todo ello durante el ejercicio de la quejosa como presidenta municipal de Isla Mujeres.

51.              Del mismo modo, se hizo referencia al uso de empresas cercanas a la denunciante para entregárselo a empresas amigas del esposo de Atenea y omisiones por parte de los órganos fiscalizadores estatales y federales.

52.              Con base en lo anterior, del análisis integral de la publicación no advirtió un enfoque basado en el género de la actora, estereotipos sexistas, ni lenguaje discriminatorio, sino que se trató de una crítica severa en torno al ejercicio de los recursos públicos y a la gestión de programas y obras en su administración.

53.              En ese orden, concluyó que las imágenes y expresiones contenidas en las ocho publicaciones difundidas por el medio Información S/Límite Quintana Roo se inscribieron en el ámbito del debate público y de la rendición de cuentas y estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión y de prensa, por lo que no actualizaron violencia mediática, moral y simbólica que denunció.

        Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.[15]

54.              El Tribunal local determinó que el elemento en cuestión no estaba acreditado, pues aunque las críticas fueron fuertes, se referían a decisiones administrativas atribuibles a la quejosa en su calidad de presidenta municipal, sin aludir a su género o usar estereotipos o generar un impacto diferenciado.

        Se basa en elementos de género, es decir: a) se dirige a una mujer por ser mujer; b) tiene un impacto diferenciado en las mujeres; c) afecta desproporcionadamente a las mujeres.[16]

55.              El elemento en cuestión también se desestimó, porque no existían elementos para afirmar que las expresiones denunciadas se realizaron en contra de la promovente por el hecho de ser mujer.

56.              Por otro lado, señaló que en las imágenes en las que se observó a la actora no presentaron elementos visuales, ediciones, alteraciones ni contextos que, por sí mismos, generaran un impacto diferenciado o menoscabaran su ejercicio del cargo por razón de género.

57.              Adicionalmente, al considerar las imágenes en su contexto y en relación con el contenido de las publicaciones, observó que carecían de elementos que pudieran configurar violencia simbólica o mediática, por lo cual no podían considerarse como constitutivas de VPG.

58.              Por otro lado, descartó el argumento de la promovente de que la conducta se demostraba por la reiteración y sistematicidad de las publicaciones.

59.              Lo anterior, pues aunado a que tal conducta no se apreció de su contenido, la reiteración de los actos, por sí sola, no actualiza el elemento de género. Argumento basado en lo decidido por la Sala Superior en la sentencia recaída al expediente SUP-REC-325/2023.

60.              De modo que la reiteración alegada por la actora, representada por las veinte publicaciones en las que se hizo mención directa hacia ella, no podían configurar VPG.

61.              En ese orden, agregó que si bien se demostró la existencia de las publicaciones denunciadas y que las partes denunciadas no acudieron a la audiencia respectiva, la reversión de la carga probatoria no es aplicable para verificar los elementos que conforman la VPG; en particular, el elemento de género, ya que éste representa una labor judicial y no una carga probatoria.

62.              Ello, máxime que la suma de las conductas y las referencias directas a la entonces quejosa no obedeció a su calidad de mujer, sino a su cargo como presidenta municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo. Por lo cual, descartó la existencia de un nexo causal entre las publicaciones denunciadas y la calidad de mujer de la actora.

63.              Por todo lo expuesto, declaró inexistente la conducta denunciada.

CUARTO. Pretensión, agravios y metodología

64.              La actora pretende que se revoque la resolución impugnada con la finalidad de que se declare existente la violencia política por razón de género que denunció y, en consecuencia, se dicten las medidas de reparación integral correspondientes.

65.              Para ello, expone distintos argumentos que pueden agruparse en los temas siguientes:

A.   Valoración indebida del elemento 3 previsto en la jurisprudencia 21/2018;

B.    Valoración indebida del elemento 4 previsto en la jurisprudencia 21/2018;

C.   Valoración indebida del elemento 5 previsto en la jurisprudencia 21/2018;

D.   Valoración deficiente del contexto y del lenguaje empleado en las publicaciones;

E.    Falta de diligencia en la investigación de la denuncia;

F.    Evaluación probatoria fragmentada y sin perspectiva de género;

G.  Ausencia de reparación integral y visión restaurativa.

66.              Los temas de agravio se analizarán conforme con las temáticas indicadas en ese mismo orden, sin que tal proceder afecte los derechos de la promovente, en el entendido de que la forma en la que se analizan los agravios no es susceptible de generar daño a sus derechos, sino que lo trascendental es que todos se estudien.[17]

QUINTO. Estudio de fondo

A.   Valoración indebida del elemento 3 previsto en la jurisprudencia 21/2018.

67.              En relación con este tema, conviene precisar que para acreditar la existencia de VPG dentro de un debate político se deben acreditar distintos elementos. Entre ellos, si el acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.[18] Ese elemento es al que se refiere la actora en el presente argumento.

68.              Desde su perspectiva, el análisis efectuado por el Tribunal responsable en ese punto fue incorrecto, pues se omitió considerar el impacto real y la connotación de las publicaciones en su calidad de mujer que ejerce un cargo público.

69.              En específico, señala que las expresiones como ATENEA GÓMEZ RICALDE SINÓNIMO DE CORRUPCIÓN Y SANGRE o calificativos como canija y lista no son una simple crítica a su gestión, sino que, debido a su reiteración, se aprecia que buscan afectar su honor, reputación, imagen pública y su dignidad. Incluso, refiere que esa violencia moral y simbólica se enmarca en los tipos de violencia tipificados en el artículo 32 TER de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo.

70.              El agravio es infundado, debido a las razones que se exponen a continuación.

71.              En primer lugar, debe señalarse que la pretensión de la actora es incorrecta, pues plantea que, a partir de la selección de adjetivos o de frases aisladas que se advierten en las publicaciones que denunció, se acredite que tales actos sí constituyen violencia mediática y de género en su contra.

72.              La pretensión es inadecuada, porque cuando se denuncia VPG por expresiones realizadas por algún sujeto, éstas no deben analizarse de forma aislada, siendo crucial que se lean y valoren de manera integral, considerando el contexto completo de la intervención denunciada.[19]

73.              De hecho, en los casos en los que se alega la comisión de VPG, las autoridades tienen la obligación de analizar la controversia de manera integral y contextual, con la finalidad de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.

74.              Ello implica que para constatar si la conducta en mención se actualiza o no, es necesario tomar los hechos como un conjunto interrelacionado, sin que sea válida su fragmentación.[20]

75.              Ahora, el Tribunal local realizó el estudio en cuestión en términos de lo precisado en párrafos precedentes, pues analizó las expresiones con base en el contexto en el que se formularon y, en lo que atañe específicamente a las expresiones señaladas por la actora, concluyó que no se actualizó el elemento cuestionado en el presente agravio.

76.              En efecto, respecto de la publicación realizada por Poder y Crítica el uno de junio, el Tribunal local argumentó que con la expresión SINÓIMO DE CORRUPCIÓN Y SANGRE se hizo referencia directa al desempeño de su cargo como servidora pública, pues se le asoció con presunta corrupción y con situaciones que implican violencia y seguridad pública, lo cual se enmarca en el debate público protegido por la libertad de expresión y de prensa.

77.              Por otro lado, en lo relativo a las expresiones canija y lista, utilizadas por Información S/Límite Quintana Roo en su nota periodística de nueve de abril, el Tribunal responsable desestimó la acreditación del elemento cuestionado, en virtud de que en ella se refirió a presuntas obras públicas y contratos irregulares, aunado a que se hizo una comparación con las administraciones municipales de Benito Juárez y de José María Morelos, ambas de Quintana Roo.

78.              En ese orden, consideró que se denunciaron presuntos actos de corrupción en la administración a cargo de la actora, pero no se hizo referencia a su calidad de mujer, ni se utilizó lenguaje estereotipado o sexista, por lo cual las manifestaciones se enmarcaron en el derecho a la crítica pública y la rendición de cuentas, amparadas por la libertad de expresión y de prensa.

79.              Análisis que se comparte por este órgano jurisdiccional federal, pues, como lo decidió el TEQROO, las expresiones se realizaron en un contexto en el que evidentemente se criticaron las acciones de la promovente, debido a su desempeño como presidenta municipal de Isla Mujeres y los presuntos actos irregulares en los que incurrió, así como la percepción que ello generó acerca de su gobierno.

80.              Lo cual descarta su argumento de que se cometió violencia mediática y de género en su contra. Por ende, contrario a lo que sostiene en su demanda, fue correcto que se considerara no actualizado el elemento en estudio.

81.              Por otro lado, la reiteración de las publicaciones en las que se le criticó es un elemento que también fue abordado por el Tribunal local; sin embargo, en forma adecuada, concluyó que la reiteración y sistematicidad alegada era insuficiente para que la actora alcanzara su pretensión.

82.              Por último, la actora menciona que la violencia moral y simbólica cometida en su contra se enmarca en los tipos de violencia que se prevén en el artículo 32 TER de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, la cual no se aplicó correctamente.

83.              El planteamiento en cuestión también debe descartarse, porque si bien en el artículo que menciona se delimitan una serie de conductas que constituyen VPG, su contenido debe interpretarse de forma armónica con lo dispuesto en los artículos 20 BIS de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del 32 BIS de la propia legislación local.

84.              Esto es, si bien en la legislación federal y en la local se prevén conductas específicas que constituyen VPG, ello debe interpretarse de la mano de que en ambas legislaciones se prevé que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.[21]

85.              Así, pese a que la actora no menciona un apartado específico del artículo que menciona, el apelar a una definición específica es insuficiente para alcanzar su pretensión, ya que no basta con que la conducta de hecho se encuadre en una diversa prevista en la legislación, sino que, necesariamente, se requiere que haya elementos que demuestren que se configura el elemento de género, lo cual no sucedió en el caso.

B.    Valoración indebida del elemento 4 previsto en la jurisprudencia 21/2018.

86.              De inicio, se debe aclarar que para acreditar la existencia de VPG dentro de un debate político se deben acreditar distintos elementos. Entre ellos, si el acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.[22] Ese elemento es al que se refiere la actora en el presente argumento.

87.              Según la promovente, el Tribunal local concluyó erróneamente que con las publicaciones denunciadas no se pretendió menoscabar o anular sus derechos político-electorales.

88.              Lo anterior, pues en su opinión, a través de información difamatoria y basada en estereotipos, se buscó generar un ambiente de desconfianza y de hostilidad en su contra, lo que obstaculiza el libre desarrollo de su función pública. Incluso, señala que el objetivo final es menoscabar su honor, reputación e imagen pública para anular o limitar sus derechos político-electorales.

89.              En este punto, se debe recordar que el Tribunal local descartó la acreditación de este elemento, porque aunque las expresiones eran críticas fuertes, se refirieron a las decisiones administrativas atribuibles a la quejosa en su calidad de presidenta municipal, sin que contuvieran elementos de estereotipos, alusiones a su género ni un impacto diferenciado, por lo que debía entenderse que formaron parte del debate político amparado por la libertad de expresión y de prensa.

90.              El agravio es infundado, puesto que, como lo resolvió el Tribunal local, no se acredita que las publicaciones se realizaran con el objetivo de limitar sus derechos político-electorales por el hecho de ser mujer, sino que se constituyeron críticas hacia su desempeño como servidora pública.

91.              En relación con lo anterior, debe precisarse que, en la sentencia impugnada, la autoridad responsable consideró que debían privilegiarse el derecho a la libertad de expresión, así como el relativo al ejercicio de la actividad periodística.

92.              Lo anterior, porque si bien se emitieron críticas fuertes hacia la actora en su calidad de presidenta municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, era precisamente esa calidad la que implica que sus actividades y manifestaciones estuvieran expuestas a un control más riguroso en comparación al que están sometidas las personas privadas sin proyección pública.

93.              Análisis que se considera adecuado, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido un sistema de protección dual conforme con el cual, de manera general, las personas involucradas en notas periodísticas pueden tener dos naturalezas distintas: personas públicas o personas privadas sin proyección pública.

94.              Lo anterior es importante porque a partir de esa situación se puede determinar si una persona está obligada a tolerar, o no, un mayor grado de intromisión en su derecho al honor, respecto del resto de las personas privadas.

95.              Aspecto que no se deduce a partir de la calidad de la persona en cuestión, sino del interés público que conllevan sus actividades y actuaciones. Así, entre las personas que se identifican como figuras o personajes públicos destacan las personas servidoras públicas.[23]

96.              Conforme con lo anterior, como correctamente lo decidió el Tribunal local, el hecho de que la actora se desempeñe como presidenta municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, implica que tiene el carácter de figura pública, lo cual, a su vez, conlleva que debe tener una mayor tolerancia a la crítica.

97.              Lo anterior, máxime que, en el caso, las críticas se dirigieron hacia su gestión y no hacia su persona.

98.              Incluso, la Sala Superior ha establecido que las expresiones que se denuncien por presuntamente constituir VPG, atribuidas a medios de comunicación, deben contextualizarse teniendo en cuenta que se trata de una labor periodística y que las decisiones relacionadas con ellas no pueden, directa ni indirectamente, conducir a que el debate periodístico y político se inhiba.

99.              Por el contrario, las determinaciones judiciales que revisan la probable comisión de VPG en materia electoral, y que se vinculan con el ejercicio periodístico, deben promover el debate que incluya expresiones e ideas no necesariamente compartidas por una mayoría e, inclusive, que puedan calificarse como chocantes y ofensivas para algunas personas, siempre en el margen de lo permitido constitucional y convencionalmente.[24]

100.          En el caso, debe desestimarse el planteamiento de la actora, porque no le asiste la razón acerca de que con las expresiones denunciadas se buscó limitar el ejercicio de sus derechos político-electorales.

101.          Lo anterior, porque, tal como lo decidió el TEQROO, las expresiones constituyeron una crítica a su desempeño y a sus decisiones como presidenta municipal, así como a las consecuencias que, en concepto de quienes las publicaron, derivaron de esas decisiones; por tanto, forman parte del escrutinio al que están sometidas las personas con proyección pública.

102.          En efecto, como ya se precisó, se le criticó por presuntas irregularidades en asignaciones de obras, probables desvíos de recursos, falta de transparencia en la rendición de cuentas, uso de recursos públicos para uso personal, competir por distintas fuerzas políticas y falta de seguridad en el municipio que ella gobierna.

103.          De ese modo, se advierte que las críticas que se le realizaron derivan de su actividad como servidora pública, por lo cual no tienen como objetivo limitar sus derechos, sino evaluar el desempeño que ha tenido y la forma en la que se ha comportado con ese carácter, lo cual no es incorrecto.

104.          Considerar lo contrario y conceder su pretensión, implicaría que las personas servidoras públicas no pueden ser criticadas por los medios de comunicación, porque la crítica inhibe el ejercicio de sus derechos, lo cual tendría, precisamente, la finalidad contraria que se busca al analizar los asuntos de VPG en los que se involucre el ejercicio periodístico, que es fomentar el debate público y político.

C.   Valoración indebida del elemento 5 previsto en la jurisprudencia 21/2018.

105.          En primer lugar, se debe traer a colación que para acreditar la existencia de violencia política por razón de género dentro de un debate político se deben acreditar distintos elementos. Además de los que ya fueron precisados, se debe verificar que el acto u omisión se basa en elementos de género; es decir: I. Se dirige a una mujer por ser mujer; II. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; o III. Afecta desproporcionadamente a las mujeres.[25] Ese elemento es al que se refiere la actora en el presente argumento.

106.          Según la promovente, la conclusión del Tribunal responsable, que desestimó la actualización de este elemento, es contraria a su obligación de juzgar con perspectiva de género y de aplicar la reversión de la carga de la prueba.

107.          En su opinión, las publicaciones se realizaron en un contexto en el que las mujeres en cargos de poder son objeto de un escrutinio más agresivo con la finalidad de socavar su autoridad y legitimidad.

108.          De manera particular, indica que la narrativa constante de corrupción, saqueo y desvío, con calificativos como canija y sinvergüenza apela a estereotipos de género en los que se asocia la corrupción con una aparente incapacidad para la política, lo que genera un impacto diferenciado.

109.          Además, considera que la acumulación de veinte publicaciones con un tono denigrante debió valorarse como parte del contexto de la VPG que alegó.

110.          El agravio es infundado, porque tal como lo resolvió el Tribunal responsable, las publicaciones que denunció no se basaron en elementos de género.

111.          De inicio, debe descartarse el planteamiento de la actora por el que alude a una narrativa constante, a la acumulación de veinte publicaciones como parte del contexto y a la aplicación de la reversión de la carga de la prueba como elementos por los que se debió tener por acreditado el elemento en estudio.

112.          Lo anterior, porque la reiteración constante y sistemática de los actos no actualiza, por sí mismo, el elemento de género aludido por la actora y la reversión de la carga de la prueba no puede aplicarse para demostrar ese elemento, sino que debe ser el resultado de una valoración judicial que evidencia su existencia.[26]

113.          Con base en lo anterior, aunque la reiteración de conductas no es un aspecto irrelevante, por sí mismo es insuficiente para demostrar los extremos que pretende la actora. Así, la demostración de ese elemento dependerá de la valoración judicial de todos los elementos del caso y de su contexto.

114.          En el asunto que se analiza, la promovente aduce que la utilización de los calificativos indicados alude a un estereotipo de género en el que se asocia la corrupción con una presunta incapacidad de las mujeres para gobernar, lo que provoca un impacto diferenciado.

115.          Lo anterior es infundado, porque tal como lo determinó la autoridad responsable, las expresiones denunciadas por la actora no tienen un impacto diferenciado en las mujeres.

116.          En efecto, en el estudio relativo al impacto diferenciado lo que se tiene que observar es la significación distinta de los hechos, actos u omisiones denunciadas, a partir de lo que representa ser mujer en un contexto determinado, o cómo las consecuencias se agravan por el hecho de ser mujer.

117.          Por tanto, lo que se debe tener en cuenta no es el caso particular de la presunta víctima, sino las incidencias y recurrencia que el mismo acto tiene en contra de las mujeres en su conjunto.

118.          En ese orden de ideas, no le asiste la razón a la accionante, porque es incorrecto que la corrupción constituya un estereotipo de género asociado a una presunta incapacidad para gobernar.

119.          En el caso, los hechos de corrupción de los que se le señaló hicieron referencia a actos aparentemente planificados y deliberados de su parte, puesto que no se hicieron depender de un descuido, falta de conocimiento o de experiencia ni, de manera general, un supuesto originado a partir de una incapacidad.

120.          Por el contrario, las narrativas se construyeron sobre la base de que, según los medios de comunicación, la actora incurrió en diversos actos indebidos con el propósito claro de beneficiarse de ellos, ya sea lograr una reelección u obtener recursos a través de conductas prohibidas.

121.          Además, en el caso, la acusación de corrupción no tiene una significación distinta entre hombres y mujeres, puesto que no se hicieron depender de que la actora tenga esa calidad. De hecho, del análisis de las publicaciones efectuado por la autoridad responsable se advierte que tal cuestión fue incluso irrelevante, pues las expresiones de canija y sinvergüenzas implicaron un evidente reproche a las conductas ilícitas en las que, presuntamente, incurrió en el ejercicio de su cargo.

122.          Aspecto que no guarda relación con su género, sino con el desempeño negativo que, según los medios de comunicación, ha tenido en el ejercicio de su cargo.

D.   Valoración deficiente del contexto y del lenguaje empleado en las publicaciones.

123.          En este punto, la actora refiere que se debió hacer un análisis contextual en el que se apreciara la sistematicidad y la finalidad de las expresiones.

124.          Asimismo, refiere que se debió realizar un análisis semántico y semiótico de las expresiones y que se omitió analizar algunas de ellas como nido de ratas, basura política o sinvergüenza, las cuales tuvieron como propósito minar la confianza pública en su liderazgo.

125.          El agravio es infundado, en primer lugar porque, como ya se precisó, la sistematicidad y reiteración de actos, por sí mismas, es insuficiente para acreditar la VPG.

126.          Adicionalmente, de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal local sí analizó el significado de las expresiones advertidas en las publicaciones materia de la denuncia, incluida la expresión sinvergüenza mencionada por la actora.

127.          Incluso, no analizó únicamente su significado literal, sino lo que debía entenderse de ellas a partir del contexto de la denuncia. Es más, fue a partir de ese contexto que, precisamente, se descartó la existencia de la conducta motivo de la queja, pues con independencia del significado aislado de las palabras utilizadas se advirtió que constituyeron una crítica severa al desempeño de la actora como presidenta municipal de Isla Mujeres.

128.          Por otro lado, si bien en la resolución controvertida no se estableció expresamente el significado de las expresiones nido de ratas o de basura política, una vez más, las palabras no deben analizarse de manera aislada, sino en el contexto en el que se dijeron.

129.          Así, del análisis de las constancias del expediente se advierte que la expresión nido de ratas se utilizó en una de las publicaciones realizadas por Información S/Límite Quintana Roo.[27]

130.          En ella se aprecia que literalmente se hace referencia a que el partido morena en Quintana Roo se ha convertido en un nido de ratas, ya que allí está lo peor de la clase política conformada por personas ex priístas, ex perredistas y ex panistas, en tanto que ese partido fue recogiendo la basura en el pasado, lo que desecharon los demás partidos.

131.          Por otro lado, la diversa basura política se utilizó en otra nota publicada por ese mismo medio en la que se hizo referencia a que, en su oportunidad, morena criticó al viejo PRIAN y terminó recogiendo a la basura política de esos partidos.

132.          Como se observa, las expresiones se realizaron en un contexto de crítica hacia el partido morena en Quintana Roo, provocada por una evidente inconformidad del medio de comunicación a la práctica consistente en postular o afiliar a personas que anteriormente conformaron otras fuerzas políticas.

133.          En ese orden de ideas, de acuerdo con el contexto en el que se emitieron, las expresiones en comento son insuficientes para que la actora alcance los extremos pretendidos con su acción, en tanto que no se basa en elementos de género.

134.          Por el contrario, se califica así a las personas que se encuentren en una situación fáctica que nada tiene que ver con su género. El medio de comunicación denunciado se dirige así a todas las personas que anteriormente militaron o fueron postuladas por otros partidos políticos y que ahora representan a morena.

135.          En ese orden, la crítica se dirige a todas las personas que desplieguen actos para insertarse en ese supuesto, lo cual no guarda relación con su género, sino en actos que deben desplegar de manera voluntaria.

E.    Falta de diligencia en la investigación de la denuncia.

136.          En concepto de la promovente, se vulneró el deber de debida diligencia al validarse actuaciones que fueron insuficientes por parte del IEQROO. Lo anterior, pues no se realizó una investigación exhaustiva, integral y contextualizada conforme con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por razón de género.

137.          Asimismo, considera que el Tribunal local debió valorar que compitió por su reelección y que cambió de alianza política, lo que era un contexto indispensable para evaluar si los ataques tenían una motivación sexista. Además, insiste en que debió aplicar la reversión de la carga de la prueba, debido a que la parte denunciada decidió no comparecer, por lo que se debieron presumir ciertos los hechos relevantes y trasladar la carga de la prueba a sus agresores.

138.          En primer lugar, aunque la actora no especifica qué parte de la investigación no fue exhaustiva e integral o, en dado caso, insuficiente para los efectos que pretendió, esta Sala Regional advierte que lo realizado por el Instituto local fue suficiente para que se demostrara la existencia de las publicaciones materia de su denuncia.

139.          Al respecto, se debe precisar que la actora presentó dos denuncias, una por cada medio de comunicación, y para sustentar su dicho aportó las direcciones electrónicas en las que constaban las publicaciones que denunció.

140.          Durante la instrucción de los procedimientos, el Instituto local certificó el contenido de las publicaciones que denunció[28] lo cual implicó que, al tratarse de documentos públicos con pleno valor probatorio, se tuviera por demostrada sin ninguna duda la existencia de las publicaciones objeto de su queja.

141.          Lo anterior es así, pues incluso ello fue lo que sustentó el análisis de fondo que posteriormente efectuó el TEQROO.

142.          Con base en lo anterior, se advierte que la instrucción efectuada por la autoridad administrativa fue idónea para que el asunto pudiera estudiarse en el fondo.

143.          Lo cual no tiene relación con la determinación a la que se arribó, pues, como se expuso, ello no depende de la actividad de la autoridad instructora ni de las cargas probatorias, sino de la revisión judicial que se haga en la resolución.

144.          Y precisamente por ese motivo, debe desestimarse su planteamiento relativo a que se debió aplicar la reversión de la carga de la prueba, debido a la incomparecencia de la parte denunciada, pues con ese argumento la parte actora pretende que se demostrara la conducta que ella denunció; sin embargo, como ya se precisó, la actualización de la VPG no se vincula con las cargas probatorias de las partes, sino del análisis jurisdiccional que se realice al respecto.

145.          Inclusive, en este caso la comparecencia no habría tenido ningún efecto práctico, pues la existencia y autoría de las publicaciones denunciadas sí se demostró, siendo lo único que la parte denunciada podría haber desvirtuado.

F.    Evaluación probatoria fragmentada y sin perspectiva de género.

146.          En este punto, la actora insiste en que se debió valorar la sistematicidad de la conducta, debido a que fueron veinte publicaciones cuya temporalidad demuestra un patrón sistemático de hostigamiento.

147.          Al respecto, como ya se analizó, los planteamientos en los que se alude a este tema deben descartarse, porque la sistematicidad o reiteración de actos es insuficiente por sí misma para actualizar la VPG.

148.          Por otro lado, la promovente indica que el asunto no se juzgó con perspectiva de género. Al respecto, la falta de precisión acerca de por qué se plantea esa cuestión conlleva a concluir que se hace depender de la conclusión a la que arribó la autoridad responsable.

149.          Por ende, el agravio es infundado, porque juzgar con perspectiva intercultural no implica que en todos los casos en los que se denuncie VPG, ésta deba tenerse por actualizada, sino que deben tenerse en cuentas distintos factores, particularmente el contexto en el que se dieron los hechos.[29]

150.          En el caso, como se ha establecido, la decisión del Tribunal local fue correcta porque, precisamente, valoró el contexto de las publicaciones materia de la denuncia.

151.          Por otro lado, la actora refiere que se debió analizar la proporcionalidad entre la libertad de expresión y el derecho de la víctima a una vida libre de violencia, por lo que se concluyó que no hubo un impacto diferenciado sin apoyarse en peritajes o en el contexto.

152.          El agravio es infundado porque, como ya se estableció, el contexto sí fue analizado por el Tribunal local.

153.          Asimismo, debe desestimarse el argumento relativo a que no se estudió la proporcionalidad entre ambos derechos. Lo anterior, pues la resolución del Tribunal local constituyó precisamente el análisis solicitado por la actora.

154.          En su resolución, el TEQROO decidió que, debido a que las críticas, aunque severas, se dirigieron a la actora exclusivamente en su carácter de servidora pública, debía prevalecer el derecho a la libertad de expresión, periodística y de prensa.

155.          Adicionalmente, un ejercicio de ponderación no fue necesario porque se declaró que las publicaciones no constituyeron violencia en contra de la promovente, de modo que no existió tensión entre su derecho a una vida libre de violencia y la libertad de expresión, en la medida en que las expresiones no implicaron violencia en su contra.

G.  Ausencia de reparación integral y visión restaurativa

156.          En concepto de la promovente, el Tribunal omitió decretar cualquier medida de reparación a su favor, por lo que se le dejó en estado de indefensión en tanto que las publicaciones permanecieron accesibles, no se ordenó su retiro ni que se efectuara una disculpa pública.

157.          El agravio es infundado, porque la actora pretende que se retiren las publicaciones analizadas y que se ordene una disculpa pública a la parte denunciada; sin embargo, no le asiste la razón pues al declarar inexistente la VPG que alegó no existe ninguna circunstancia válida para que se ordene ese proceder.

158.          Conforme con lo anterior, al resultar infundado lo expuesto por la actora, lo conducente es confirmar la resolución impugnada; con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de medios, artículo 84, apartado 1, inciso a.

159.          Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional, para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y la sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

160.          Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

NOTIFÍQUESE: como en Derecho corresponda.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional, para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación del juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistraturas integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, Eva Barrientos Zepeda, presidenta, Enrique Figueroa Ávila y José Antonio Troncoso Ávila quien actúa en funciones de magistrado; ante Mariana Villegas Herrera secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral segundo del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.