JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SX-JDC-731/2013.

ACTOR: JUAN ELIEL INOCENTE HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

MAGISTRADO PONENTE: OCTAVIO RAMOS RAMOS.

SECRETARIO: OMAR BONILLA MARÍN.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiséis de diciembre de dos mil trece.

VISTOS, para acordar, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado, promovido, per saltum o en salto de instancia, por Juan Eliel Inocente Hernández, por su propio derecho, a fin de controvertir el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-73/2013 de catorce de diciembre del año que transcurre, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través del cual se declaró la validez de la elección de Concejales del Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, de la citada entidad federativa, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. Del expediente, se advierte:

a. Oficio IEEPCO/DESNI/394/2013. El seis de abril del año en curso, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca solicitó a la autoridad municipal de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca informara la fecha, hora y el lugar de la celebración del acto de renovación de Concejales Municipales.

b. Reunión de trabajo. El veintitrés de octubre del presente año, en la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto local en reunión de trabajo se acordó lo siguiente:

Se constituyó un Concejo Municipal Electoral quien se encargara de la preparación y desarrollo del proceso electoral ordinario.

Llevar a cabo la elección el primero de diciembre del año dos mil trece.

En cada una de las comunidades, se respete lo que la Asamblea determinó en cuanto al procedimiento para emitir su voto mediante urnas y en trece localidades emitirán su voto conforme a sus Sistemas Normativos Internos.

Quedaron pendientes las comunidades de San Juan Cotzocón (Cabecera Municipal) y la Agencia Municipal de Emiliano Zapata para determinar el método para emitir su voto.

Podrán emitir su voto todas aquellas personas mayores de 18 años, que cuenten con su credencial de elector que aparezcan en la lista nominal de electores del pasado 7 de julio y aquellos que cuenten con su credencial de elector pero que no aparezcan en la lista nominal de electores, se anexaran al final de la misma.

Para las localidades que aprobaron el procedimiento a mano alzada, podrán emitir su voto los mayores de 18 años, que cuenten con su credencial de elector, sin lista nominal, para lo cual utilizaran una lista de asistencia como tradicionalmente la han realizado.

El registro de planillas serían los días cinco y seis de noviembre, de las doce a las catorce horas, en la Agencia Municipal de Jaltepec de Candayoc, San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca.

c. Convocatoria. El siete de noviembre de dos mil trece, el Ayuntamiento, los Agentes Municipales, Agentes de Policía y Ejidos de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca; en coordinación con el Consejo Municipal Electoral, emitieron convocatoria para participar en las asambleas generales comunitarias, para la elección.

d. Vencimiento del plazo para el registro de planillas. El once de noviembre de dos mil trece; el ciudadano Efraín Miguel García, en su carácter de Secretario del Consejo Municipal Electoral del San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca; certificó el vencimiento del plazo para el registro de las planillas de candidatos a Concejales del Ayuntamiento del Municipio antes referido.

e. Elección. El uno de diciembre de dos mil trece, se celebraron las Asambleas en catorce comunidades de por el método denominado "Mano Alzada" y en diez a través de "Voto Secreto".

Realizado el cómputo en la sede del Consejo Municipal Electoral, obteniéndose los siguientes resultados:

El Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca; declaró ganadora Jaime Regino Patricio; quedando integrado el Ayuntamiento electo de la siguiente forma:

f. Presentación de escritos. El seis de diciembre de dos mil trece, se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el oficio TEEPJO/SG/A/5275/2013, signado por el Actuario del Tribunal Estatal Electoral de Poder Judicial de Oaxaca, mediante el cual notificó a dicho Consejo el acuerdo de seis de diciembre, en el que se ordenó la reconducción de la controversia de cinco de diciembre de dos mil trece planteada por Juan Eliel Inocente Hernández.

El trece de diciembre de dos mil trece, se recibió en la Oficialía de Partes del multicitado Instituto, el escrito signado por el Presidente Municipal de San Juan Cotzocón, Oaxaca, mediante el cual remitió, copia certificada en donde consta la denuncia de inconformidad presentada ante la Sindicatura Municipal, contra Álvaro Martínez Aparicio y el candidato de la Planilla Verde, por presunto fraude electoral en la elección de concejales al ayuntamiento del municipio de referencia.

El mismo trece de diciembre, se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto local, escrito de Gorgonio Tomás Mateos, concejal del ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca; mediante el cual refiere diversas irregularidades suscitadas durante la jornada electoral.

g. Calificación de la elección. El catorce de diciembre del año en curso, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, calificó y declaró legalmente válida la elección y ordenó expedir las constancias de mayoría a a la planilla ganadora.

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

a. Presentación. El diecisiete de diciembre siguiente Juan Eliel Inocente Hernández promovió ante la responsable per saltum o salto de instancia juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

b. Recepción. El veintitrés de diciembre siguiente, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el oficio del Secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con el que remitió el escrito de demanda, el informe circunstanciado y las demás constancias relativas al presente juicio.

c. Turno. El mismo veintitrés de diciembre, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar el expediente SX-JDC-731/2013, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Octavio Ramos Ramos, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual fue cumplimentado por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional mediante oficio TEPJF/SRX/SGA-2231/2013.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa este acuerdo corresponde al conocimiento de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante actuación colegiada, en términos del artículo 33, fracción III, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la jurisprudencia 11/99, sustentada por la Sala Superior, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR”.[1]

Lo anterior, porque la materia de este acuerdo consiste en determinar si esta Sala Regional debe conocer del presente asunto, o bien reencauzarlo a la instancia local del Estado de Oaxaca.

Por tanto, lo que al efecto se determine no constituye un acuerdo de mero trámite y debe estarse a la regla general mencionada en el artículo y jurisprudencia citados; y por consiguiente, ser esta Sala Regional, de forma colegiada, quien emita la determinación que en derecho proceda.

SEGUNDO. Improcedencia del per saltum. En el caso, no se justifica conocer per saltum o salto de la instancia en atención a las consideraciones siguientes:

En el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver de forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios.

Por su parte los artículos 10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevén como causal de improcedencia la falta de agotamiento de las instancias previas.

Al respecto, este órgano jurisdiccional ha sostenido que, para que resulten procedentes los medios de impugnación extraordinarios previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es necesario que el acto o resolución reclamada, sea definitivo y firme.

Tales características se traducen en la necesidad de que el acto o resolución que se combate no sea susceptible de modificación o revocación alguna, o bien, que requiera de la intervención posterior de algún órgano diverso para que adquiera esas calidades, a través de cualquier procedimiento o instancia, que se encuentre previsto, en el caso concreto, en la jurisdicción local correspondiente.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 37/2002, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LAS CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONAL SON GENERALES".[2]

Por otra parte, el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que los medios de impugnación previstos en el propio ordenamiento son improcedentes cuando no se hayan agotado las instancias previas, establecidas en las leyes federales o locales aplicables, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales, en virtud de las cuales se pudieran modificar, revocar o anular, al acoger la pretensión del demandante.

El artículo 80, párrafo 2, de la Ley General referida, dispone que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sólo es procedente cuando el actor haya agotado las instancias previas y realizado las gestiones necesarias, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para ese efecto, a fin de estar en aptitud jurídica de ejercer la acción impugnativa, para defender el derecho político-electoral presuntamente violado.

En esencia, en los preceptos normativos citados se dispone que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sólo será procedente cuando el acto impugnado sea definitivo y firme.

Un acto carece de tales presupuestos cuando existen medios de defensa, previos al juicio constitucional, aptos para revocarlo, modificarlo o confirmarlo.

La excepción a lo anterior, se basa en el criterio de este Tribunal Electoral que establece que cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, resulta válido tener por colmado el principio de definitividad y, por consiguiente, conocer del asunto bajo la figura jurídica del per saltum, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Lo anterior, conforme lo establecido en la jurisprudencia 9/2001 de rubro: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO".[3]

Empero, en el caso concreto no se trata de un caso de excepción a ese principio que permita el estudio per saltum o en salto de instancia, del presente juicio, por las siguientes razones:

El actor manifiesta que acude per saltum o en salto de instancia al presente juicio para impugnar el acuerdo de catorce de diciembre del año que transcurre, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través del cual se declaró la validez de la elección de Concejales del Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, de la citada entidad federativa; sin embargo, el acto impugnado hasta este momento no genera el riesgo de extinguir su pretensión, tal como se explica a continuación.

La reparabilidad de la violación reclamada implica que los efectos de la sentencia permitan devolver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y con ellos se restituya al promovente del medio de impugnación en el goce del derecho político-electoral violado.

En este sentido, la irreparabilidad como impedimento jurídico y material para la continuación de un proceso impugnativo, el cual, limita el derecho de acceso a la justicia por parte del gobernado, debe interpretarse de manera estricta y sólo en los casos en que por disposición legal así se establezca; o bien, la naturaleza misma del acto impugnado impida su reparación.

En el caso, no se actualiza la irreparabilidad de la violación aducida, y por ende, no se hace nugatoria la pretensión del recurrente, según se explicará enseguida.

Al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-3/2011[4], la Sala Superior de este Tribunal Electoral sostuvo el criterio de que en determinadas ocasiones, frente a la irreparabilidad de los actos —la cual se actualiza por la toma de protesta o instalación de los órganos electos—, deberá darse prevalencia o mayor peso al derecho fundamental de tutela judicial efectiva.

Al efecto, sostuvo que la consumación irreparable de los actos se surte cuando, entre la calificación de la elección y la toma de posesión del cargo, existe un periodo suficiente que permita el desahogo de la cadena impugnativa, la cual, de manera ordinaria, culmina hasta que la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene conocimiento del caso, pues sólo de esa manera se materializa el sistema integral de medios de impugnación que prevé nuestro orden constitucional.

Además, reconoció que existen supuestos que constituyen verdaderas excepciones a la figura procesal en comento, es decir, a la irreparabilidad de la violación aducida por la inmutabilidad del acto controvertido, derivado de la toma de posesión o instalación de los órganos electos, cuestiones que deberán analizarse en cada caso.

Sobre el particular, sostuvo que las excepciones a la irreparabilidad pueden justificarse cuando, de manera objetiva, no se den las condiciones óptimas que aseguren a los justiciables un acceso pleno a la jurisdicción. Uno de los supuestos excepcionales se actualiza cuando entre el momento en que se lleve a cabo la calificación de una elección y el diverso en que el candidato electo tome posesión del cargo, medie un periodo extremadamente corto que impida agotar los medios impugnativos que resulten procedentes para cuestionarlos.

También, resaltó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio[5] de que a fin de dar solución a problemas como el reseñado, el legislador tiene como imperativo establecer plazos para la presentación de los juicios y recursos, que permitan el acceso a la tutela judicial efectiva, con la finalidad que la autoridad jurisdiccional federal pueda conocer, en última instancia, de la materia controvertida.

Para ello, dijo, es necesario que el tiempo que medie entre el momento de la declaración de validez de una elección y el correspondiente a la fecha de toma de posesión de los cargos electos, debe permitir el desahogo total de la cadena impugnativa correspondiente, pues sólo de esa manera puede materializarse el pleno acceso a la justicia, a través del sistema integral de medios de impugnación; por tal motivo, es dable afirmar que un elemento adicional que garantice la certeza y seguridad jurídica de los participantes de una contienda, es la posibilidad real de impugnar los resultados y la declaración de validez de la elección.

Es por ello que, para determinar la irreparabilidad de un acto, debe examinarse, en cada caso, si el periodo transcurrido entre la fecha en que se califica determinada elección y la toma de posesión del funcionario electo, permite el ejercicio pleno de la cadena impugnativa relativa.

En este supuesto habrán de incluirse los casos en que, si bien, pudiera parecer suficiente el periodo existente entre la calificación de la elección y la toma de posesión del cargo para agotar la cadena impugnativa, el mismo se vea acotado o reducido de manera que dificulte o imposibilite el efectivo acceso a la jurisdicción —máxime si tal fenómeno ocurre por cuestiones ajenas a la voluntad del afectado—, caso en el cual, deberá ponderarse si el lapso señalado fue suficiente para acudir a la jurisdicción, pues sólo a través de ese análisis podrá determinarse si el acto controvertido es realmente irreparable.

Desde esa perspectiva, es viable considerar que la definitividad no puede tenerse por colmada por el sólo hecho de que los funcionarios electos han entrado en funciones, sino por tener la certeza de que esa determinación ha sido objeto del escrutinio jurisdiccional, mediante el agotamiento de los eslabones que componen la cadena impugnativa, con lo que, además, se respeta el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la resolución recaída a la contradicción de criterios referida, la Sala Superior arribó a dicha determinación, al realizar una ponderación entre dos valores en juego: la certeza en el resultado de las elecciones —que permite que una vez que se tome posesión, por regla general, no pueda cuestionarse la validez del proceso comicial— y la necesidad de que en una sociedad democrática se garantice a todos los gobernados el acceso a la tutela judicial efectiva —que permita, en su caso, impugnar el resultado de una elección por estimar que se apartó de la legalidad—.

La Sala Superior expresó, que la medida en cuestión, respeta la efectividad de ambos valores fundamentales, toda vez que permite evaluar si el tiempo existente entre la calificación de la elección y la toma de posesión es suficiente para garantizar un acceso pleno a la justicia electoral, ya que de lo contrario, deberá obviarse la excepción al principio de irreparabilidad, para dar mayor peso al de tutela judicial, y velar por la legitimidad de las autoridades electas a través del sufragio popular.

Este criterio, además, es conforme con lo dispuesto en el artículo 1° de nuestra Carta Magna, por ser protectora de los derechos humanos previstos en nuestro marco jurídico; y es que, en materia de acceso a la justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, en el caso Castañeda Gutman contra los Estados Unidos Mexicanos[6], que el artículo 25, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[7] —también conocida como “Pacto de San José”—, prevé la obligación de los Estados parte de proporcionar un recurso judicial, lo cual no se reduce a la mera existencia de Tribunales o procedimientos formales, o a la posibilidad de recurrir a éstos, sino que los recursos deben tener efectividad, de manera que se brinde a la persona la posibilidad real de tutelar sus derechos a través de la vía jurisdiccional, para que la autoridad competente, al determinar la existencia de la violación aducida, restituya al interesado en el goce de sus garantías.

Conforme a lo expuesto, y teniendo en cuenta que en las elecciones por sistemas normativos internos, la legislación comicial de Oaxaca únicamente prevé la obligación de celebrarlas, y que los funcionarios electos iniciarán su encargo el primero de enero del año siguiente al de la elección, lo que permitiría que la asamblea respectiva se lleve a cabo, incluso, un día antes de la toma de protesta, deberá obviarse la excepción a la irreparabilidad de los actos, para dar prevalencia al principio de acceso a una tutela judicial efectiva, medida que, además, es respetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, según se prevé en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso, el actor manifiesta que acude per saltum o en salto de instancia al presente juicio para impugnar el acuerdo de catorce de diciembre del año que transcurre, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través del cual se declaró la validez de la elección de Concejales del Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca; sin embargo, tal y como ya se señaló, se debe garantizar que entre la calificación de la elección y la toma de posesión exista el tiempo suficiente para agotar las instancias correspondientes, ya que de lo contrario, deberá obviarse la excepción principio de irreparabilidad.

Por las razones señaladas, no se justifica conocer per saltum o en salto de instancia el presente juicio.

TERCERO. Reencauzamiento. No obstante la determinación que antecede, a fin de salvaguardar el acceso a la justicia del actor consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Regional estima factible reencauzar el presente juicio a la instancia local competente.

La Constitución Política del Estado de Oaxaca establece:

(…)

Artículo 25. El sistema electoral y de participación ciudadana del Estado se regirá por las siguientes bases:

D. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN La ley establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Así mismo se señalarán los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales y parciales de votación;

Artículo 111.- (…) A. El Tribunal Estatal Electoral, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca, y tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Conocer de los recursos y medios de impugnación que se interpongan respecto de las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados y Concejales de los Ayuntamientos por los regímenes de partidos políticos y de usos y costumbres, de la revocación de mandato del Gobernador del Estado, así como de todas las demás controversias que determine la ley respectiva;

II.- Resolver en única instancia las impugnaciones que se presenten en contra de la elección de Gobernador del Estado;

III.- Realizar el cómputo final y la calificación de la elección de Gobernador del Estado, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, o cuando se tenga constancia de que no se presentó ningún recurso, procediendo a formular la declaratoria de Gobernador electo, respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos, comunicándolo a la Legislatura para difundirlo mediante Bando Solemne y por otros medios idóneos;

IV.- El Tribunal Estatal Electoral podrá decretar la nulidad de una elección por causas expresamente establecidas en la ley. Se preverán los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias de impugnación, tomando en cuenta el principio de definitividad de los procesos electorales;

V. (sic) El Tribunal Estatal Electoral emitirá, en su caso, la Declaratoria de Revocación de Mandato de Gobernador del Estado, en los términos de esta Constitución y las Leyes; y

VI. (sic) Las demás atribuciones que le confieran esta Constitución y la Ley."

Por su parte la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, dispone lo siguiente:

(…)

Artículo 4

1. El sistema de medios de impugnación en materia electoral, se integra con el conjunto de medios o vías legalmente establecidas para cuestionar la legalidad o validez de un acto de autoridad y tendentes a que se modifiquen o revoquen los acuerdos y resoluciones dictadas por los organismos electorales en los términos de esta Ley.

2. El sistema de medios de impugnación regulado por esta Ley tiene por objeto garantizar:

a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios de legalidad; y(sic)

b) La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

c) El respeto a las normas, instituciones y principios electorales de Municipios y comunidades que se rigen por sus sistemas normativos internos, en ejercicio de su autonomía.

3. El Sistema de Medios de Impugnación se integra por:

d) Los que se establecen en esta Ley para garantizar la legalidad de las elecciones que se rigen bajo sistemas normativos internos;

…

De los Medios de Impugnación y las Nulidades en las Elecciones de Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPÍTULO I

Del ámbito de aplicación y de la interpretación

(…)

CAPÍTULO II

De los Medios de Impugnación

Artículo 80.

 Los medios de impugnación regulados en este libro tienen por objeto garantizar:

a) La Legalidad de los actos de las autoridades electorales, que resulten vinculatorios con la preparación o desarrollo de los procesos electorales; a fin de salvaguardar el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas democráticas de gobierno, su identidad, cultura, cosmovisión, protección de sus prácticas políticas tradicionales y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural y sus instituciones político-electorales.