Todos los actores se ostentan como habitantes de diversos municipios de Oaxaca y señalan como acto reclamado la incorrecta calificación de su voto por parte de los funcionarios de las casillas instaladas en el 03 distrito electoral federal de esa entidad, respecto a la elección de diputado federal, con lo cual pretenden, se corrija lo anterior y se rectifique el resultado del cómputo correspondiente.
En este sentido, los promoventes aseguran que, si bien tacharon tanto el logo del Partido Verde Ecologista de México como el del Partido Revolucionario Institucional en la boleta, lo hicieron al estimar que esa forma de votar era válida en virtud de una coalición entre esos partidos y la campaña emprendida por el Instituto Federal Electoral al respecto, pero nunca, por incapacidad para distinguir su preferencia electoral, pues sostienen que esta era a favor del candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Luis Antonio Ramírez Pineda.
Así, estiman que se debe valorar como dato relevante que al menos dos mil cuarenta y dos ciudadanos acuden a esta sala regional en juicios ciudadanos para poner de manifiesto que la sanción de nulidad del voto por dos marcas de partidos distintos, no resulta aplicable a su caso, ante la confusión para sufragar derivada de la coalición parcial en el proceso.
En concreto, estiman responsable al Instituto Federal Electoral por informar deficientemente acerca de las distintas formas de sufragar por los candidatos para los cargos en disputa cuando los partidos políticos contendieron para unos en coalición y para otros, por separado.
R E S U L T A N D O
I. Antecedentes. De lo narrado por los actores y de las constancias de autos se advierte:
a. Jornada electoral. El primero de julio de dos mil doce se llevó a cabo la jornada electoral federal en todo el país, para elegir a los candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados.
b. Votación en el 03 distrito electoral federal. En el referido distrito electoral federal en Oaxaca, los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional presentaron a dos candidatos distintos para contender por el cargo de diputado federal, pues no contendieron en coalición en ese distrito.
c. Escrutinio y cómputo de la votación en casilla. Los actores aseguran que marcaron tanto el logo del Partido Verde Ecologista de México como el del Revolucionario Institucional, cuando únicamente querían votar por el candidato de este último partido, pero que marcaron los recuadros de ambos partidos derivado de la inercia generada por la forma de sufragar para elegir al Presidente de la República, por lo cual estiman incorrecto que se aplique la sanción de nulidad del voto, sin que se analice la circunstancia descrita.
d. Cómputo de la elección. El cinco siguiente, en la sede del consejo distrital correspondiente, se llevó a cabo el cómputo de la elección. Una vez leídos los resultados asentados en las quinientas diecisiete (517) actas de escrutinio y cómputo, se identificaron doscientas cuarenta y seis (246) casillas con errores que merecieron el recuento de ley.
El siete de julio siguiente finalizó el cómputo y se obtuvieron los siguientes resultados:
Votación total en el distrito.
Partido | Votación | ||
Numero | Letra | ||
| Partido Acción Nacional | 24,856 | Veinticuatro mil ochocientos cincuenta y seis. |
| Partido Revolucionario Institucional | 49,261 | Cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y uno. |
| Partido de la Revolución Democrática | 34,541 | Treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y uno. |
| Partido Verde Ecologista de México | 5,651 | Cinco mil seiscientos cincuenta y uno. |
| Partido del Trabajo | 4,361 | Cuatro mil trescientos sesenta y uno. |
| Movimiento Ciudadano | 4,782 | Cuatro mil setecientos ochenta y dos. |
| Partido Nueva Alianza | 3,990 | Tres mil novecientos noventa. |
| PRD-PT-MC | 7,018 | Siete mil dieciocho. |
| PRD-PT | 1,985 | Mil novecientos ochenta y cinco. |
| PRD-MC | 496 | Cuatrocientos noventa y seis. |
| PT-MC | 178 | Ciento setenta y ocho. |
| Candidatos no registrados | 493 | Cuatrocientos noventa y tres. |
| Votos Nulos | 11748 | Once mil setecientos cuarenta y ocho. |
| Total | 149,360 | Ciento cuarenta y nueve mil trescientos sesenta. |
Votación para cada partido político.
Partido | Votación | ||
Numero | Letra | ||
| Partido Acción Nacional | 24,856 | Veinticuatro mil ochocientos cincuenta y seis. |
| Partido Revolucionario Institucional | 49,261 | Cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y uno. |
| Partido de la Revolución Democrática | 38,122 | Treinta y ocho mil ciento veintidós. |
| Partido Verde Ecologista de México | 5,651 | Cinco mil seiscientos cincuenta y uno. |
| Partido del Trabajo | 7,781 | Siete mil setecientos ochenta y uno. |
| Movimiento Ciudadano | 7,458 | Siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho. |
| Partido Nueva Alianza | 3,990 | Tres mil novecientos noventa. |
| Candidatos no registrados | 493 | Cuatrocientos noventa y tres. |
| Votos Nulos | 11,748 | Once mil setecientos cuarenta y ocho. |
| Total | 149,360 | Ciento cuarenta y nueve mil trescientos sesenta. |
Votación final para los candidatos.
Partido | Votación | ||
Numero | Letra | ||
| Partido Acción Nacional | 24,856 | Veinticuatro mil ochocientos cincuenta y seis. |
| Partido Revolucionario Institucional | 49,261 | Cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y uno. |
| Coalición “Movimiento Progresista” | 53,361 | Cincuenta y tres mil trescientos sesenta y uno. |
| Partido Verde Ecologista de México | 5,651 | Cinco mil seiscientos cincuenta y uno. |
| Partido Nueva Alianza | 3,990 | Tres mil novecientos noventa. |
| Candidatos no registrados | 493 | Cuatrocientos noventa y tres. |
| Votos Nulos | 11,748 | Once mil setecientos cuarenta y ocho. |
| Total | 149,360 | Ciento cuarenta y nueve mil trescientos sesenta. |
Como se ve, la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la votación, fue de cuatro mil cien (4100) votos.
e. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Inconformes con lo anterior, en diversas fechas se presentaron las demandas promovidas por los ciudadanos precisados en el recuadro mencionado.
f. Recepción de las demandas en esta Sala Regional. El diecisiete de julio posterior se recibieron en esta sala regional seiscientos ochenta demandas, correspondientes a los juicios identificados con los números uno al sescientos ochenta del recuadro, el informe circunstanciado y demás documentación relativa a la tramitación de los medios de impugnación.
g. Turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta acordó integrar los expedientes correspondientes, así como turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada Claudia Pastor Badilla.
h. Recepción de nuevas demandas. El veintiséis de julio posterior se recibieron otras treinta y cinco demandas, en términos idénticos a las recibidas el diecisiete de julio, precisadas en el recuadro e identificadas con los números seiscientos ochenta y uno al setecientos quince, el informe circunstanciado y demás documentación relativa a la tramitación de los medios de impugnación.
i. Turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta acordó integrar los expedientes correspondientes, así como turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada Claudia Pastor Badilla.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta sala regional, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal es competente para conocer y resolver estos juicios, por materia, tipo de elección (nivel de gobierno) y geografía política, al tratarse de asuntos relacionados, con la elección de la fórmula de candidatos a diputados federales por el 03 distrito electoral federal en Oaxaca, entidad correspondiente a esta circunscripción electoral federal.
Lo anterior, de conformidad con los artículo 41, párrafo segundo, fracción VI, y 99 párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c); 192, párrafo primero y 195, fracción IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79, 80, párrafo 1, inciso g), y 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
SEGUNDO. Acumulación. En las demandas se combate el mismo acto de idéntica autoridad, es decir, la incorrecta calificación de los votos de cada actor por parte de los funcionarios de las casillas instaladas en el 03 distrito electoral federal en Oaxaca, respecto a la elección de diputado federal, con lo cual pretenden rectificar, a su vez, el resultado del cómputo correspondiente.
Por lo tanto, al tratarse de actos idénticos imputados a una misma autoridad, para facilitar su resolución pronta y expedita, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como el 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se acumulan todos los juicios al SX-JDC-3300/2012, por ser éste el más antiguo. Agréguese copia certificada de este acuerdo al juicio acumulado.
TERCERO. Tercero interesado. Comparece con tal carácter el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante.
a. Calidad. De conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el tercero interesado es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.
El Partido de la Revolución Democrática comparece con tal carácter, pues forma parte de la coalición que resultó ganadora en los comicios de diputado federal por el 03 distrito electoral en Oaxaca, por lo que es evidente que tiene un interés contrario al de los actores, pues de resultar fundada la pretensión de estos últimos podría modificarse la calificación de los votos y, en último caso, alterarse el resultado de la elección, de ahí que cumple con ese requisito.
b. Legitimación y personería. El párrafo 2 del artículo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que el tercero deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifique plenamente la legitimación para ello.
El artículo 13 de la Ley citada señala que la presentación de los medios de impugnación corresponde, entre otros, a los partidos políticos.
En el caso comparece el Partido de la Revolución Democrática a través de su representante ante el 03 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en Oaxaca, de ahí que se debe tener por reconocida la legitimidad y personería del tercero.
c. Oportunidad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la referida Ley, la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito.
El párrafo cuarto del mismo artículo señala que dentro del plazo a que se refiere el inciso b), los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.
En el caso, las primeras demandas se presentaron el trece de julio y ese mismo día a las quince horas (15:00) se publicitaron los juicios, y se retiraron de estrados a las quince horas (15:00) del dieciséis posterior.
El escrito de tercero interesado se recibió el trece de julio a las diecisiete horas con veinte minutos (17:20), por lo tanto, se recibió dentro de las setenta y dos horas que fija la norma y por lo mismo se satisface el supuesto previsto en el artículo 13, inciso b), fracción III, en relación con el 88, párrafo 1, inciso a) y 17, párrafo 4, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
CUARTO. Improcedencia. La pretensión de los actores es que se modifique el cómputo final de la elección, tomando en cuenta que los votos por ellos emitidos fueron anulados, cuando debieron ser considerados como válidos. No obstante, sus demandas resultan improcedentes como consecuencia de la falta de legitimación de los promoventes, de conformidad con el artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
De acuerdo con la doctrina, la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimida para que por sentencia de fondo se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda[1].
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación[2] sostiene que la legitimación en la causa constituye una condición de la acción, porque únicamente en el supuesto de que se acredite la legitimación del actor y del demandado, tiene posibiliad de éxito la demanda, pues si falta en una o en otra parte, la demanda tiene que ser desestimada.
Ahora bien, las pretensión de los actores, al referir una falta de correspondencia entre los resultados del cómputo y la voluntad ciudadana, ubican su impugnación en lo que se reconoce como autenticidad de las elecciones.
El artículo 41 de la Constitución, establece que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo debe realizarse mediante elecciones libres, aútenticas y peródicas.
En relación con el segundo principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acto de elegir a los representantes debe ser “auténtico”, tal como dispone el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al señalar que debe existir una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo, esta característica implica la ausencia de interferencias que distorsionen la voluntad de los ciudadanos[3].
Al respecto, cabe señalar que la Observación General número 25 de Naciones Unidas señala que por lo que respecta a las elecciones, debe existir un escrutinio de los votos y un proceso de recuento independientes, y con posibilidad de revisión judicial o de otro proceso equivalente, a fin de que los electores tengan confianza en la seguridad de la votación y del recuento de los votos[4].
Como se ve, el Estado tiene la obligación de garantizar los mecanismos necesarios para que las elecciones sean autenticas y, por ende, la expresión del voto se refleje en los resultados obtenidos en los comicios, pues en caso de no existir correspondencia se afectaría al principio aludido.
Así, cuando existan violaciones a tales principios, se deben establecer mecanismos de defensa que permitan reparar de forma efectiva las mismas, a través del control jurisidiccional.
La legitimación para controvertir los resultados de una elección, de acuerdo al sistema de medios de impugnación en materia electoral, corresponde exclusivamente a los partidos políticos.
Ciertamente, de conformidad con el artículo 49 de la Ley adjetiva electoral, durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados.
Por su parte, el artículo 50, inciso b) de dicho ordenamiento señala que son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa:
I. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección;
II. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas, y
III. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, por error aritmético.
Asimismo, el artículo 54 señala que el juicio de inconformidad sólo podrá ser promovido por:
a) Los partidos políticos, y
b) Los candidatos, exclusivamente cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría. En todos los demás casos, sólo podrán intervenir como coadyuvantes en términos de lo establecido en el párrafo 3 del artículo 12 de dicha Ley.
Como se ve, la legislación electoral prevé un medio para impugnar, entre otras cuestiones, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de mayoría y validez respectivas por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o por nulidad de la elección, y que dicho medio puede ser promovido por los partidos políticos.
De lo anterior se advierte que una vez emitidos los sufragios existen mecanismos legales para que los mismos sean respetados, en atención a que su defensa se convierte, a partir de ese momento, en interés público general de toda la ciudadanía.
Sirve para sustentar lo anterior la jurisprudencia 11/2004 de rubro “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA”[5]. Ello es así pues, como se ha mencionado, en materia de elecciones federales se contempla el juicio de inconformidad que puede promoverse por los partidos políticos, precisamente para impugnar tales supuestos.
Por lo tanto, si lo pretendido por los actores es rectificar la calificación de sus votos en aras de modificar el resultado del cómputo distrital, al tratase de violaciones vinculadas con la etapa del proceso electoral en la cual se cuentan y califican los votos, los actores carecen de legitimación.
Esto, porque la titularidad del derecho de velar por la correspondencia entre los resultados y la voluntad ciudadana, se encuentra reservada a los partidos políticos como entidades de interés público.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 15/2000 de rubro “PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INETRESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES”[6].
Además, es un hecho público y notorio que en esta sala regional se encuentra en sustanciación el juicio de inconformidad SX-JIN-26/2012 promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en el cual se hace valer, entre otros agravios, lo planteado por los actores, es decir, la solicitud de rectificar los resultados de la elección de diputados federales del distrito 03, con cabecera en Huajuapan de León, Oaxaca, en virtud de la confusión o inducción al error por la deficiente difusión del Instituto Federal Electoral, sobre la manera correcta de emitir el voto en el caso de elecciones simultáneas cuando no en todas ellas, los partidos participan en coalición.
Por lo tanto, la respuesta a tal pretensión al estar ejercida por el titular del derecho a través de quien cuenta con legitimación en la vía idónea, será motivo de respuesta en la sentencia que al efecto se emita, por lo cual, el acceso a la tutela judicial efectiva respecto a tales pretensiones se encuentra salvaguardado.
Por lo expuesto y fundado, se:
R E S U E L V E
PRIMERO. Se acumulan todos los juicios al diverso SX-JDC-3300/2012, por ser este el más antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada del presente fallo a los autos de los medios de impugnación acumulados.
SEGUNDO. Se desechan los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano promovidos por los ciudadanos precisados en el apartado de antecedentes de este fallo.
NOTIFÍQUESE personalmente a los actores en el domicilio señalado en sus demandas en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Oaxaca, en auxilio de esta sala; personalmente al tercero interesado, en el domicilio señalado en su escrito, por conducto del Consejo Distrital 03 del Instituto Federal Electoral, en auxilio de esta sala; por oficio al Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Oaxaca, y al Consejo Distrital 03 del referido Instituto, ambas notificaciones con copia certificada de este fallo, y por estrados a los demás interesados.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, 27, 28 y 29, párrafos 1 y 3, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en los numerales 103 y 106 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.
Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, las Magistradas integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, Judith Yolanda Muñoz Tagle, Yolli García Alvarez, y Claudia Pastor Badilla, quien, además, formula voto concurrente, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTE
JUDITH YOLANDA MUÑOZ TAGLE | |
MAGISTRADA
YOLLI GARCÍA ALVAREZ | MAGISTRADA
CLAUDIA PASTOR BADILLA |
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
FRANCISCO ALEJANDRO CROCKER PÉREZ
| |
VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN FORMULA LA MAGISTRADA CLAUDIA PASTOR BADILLA, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SX-JDC-3300/2012.
Con el debido respeto a mis compañeras, comparto el sentido del proyecto pero estimo que también debe resolverse la diversa pretensión de los actores acerca de la tutela efectiva a su derecho de votar, lo cual no se abarca con la respuesta de lo concerniente a la rectificación de los cómputos.
Ciertamente, considero que los escritos de demanda contienen dos pretensiones:
La primera, lograr la recalificación de su voto para cambiar de nulo a válido a favor del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de la confusión generada a partir de la contienda de ese instituto político en coalición para la elección de Presidente de la República, y en lo individual para la de diputados.
La segunda, que esta sala valore como dato relevante que al menos, dos mil cuarenta y dos ciudadanos del 03 distrito electoral, acuden en juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para poner de manifiesto la necesidad de rectificación citada, lo cual, de prosperar, deberá reflejarse en el resultado final del cómputo correspondiente.
Así, el carácter con el que acuden al juicio los actores en defensa de sus derechos político-electorales, implicaría un análisis del derecho a votar enunciado por estos y su correlación con las pretensiones enunciadas, o bien, con la autenticidad de las elecciones a partir de la legalidad de los cómputos y su correspondencia con la voluntad ciudadana.
Por lo anterior estimo que la respuesta en torno al derecho de votar implicaría la falta de interés jurídico por las razones siguientes.
El interés jurídico consiste en la relación que debe existir entre la situación jurídica irregular planteada y la providencia jurisdiccional pedida para remediarla, la cual debe ser idónea, necesaria y útil para reparar la situación de hecho aducida, que se estima contraria a derecho.
Con base en lo anterior, únicamente está en condiciones de iniciar un procedimiento quien afirma la existencia de una lesión a su esfera de derechos y promueve la providencia idónea para ser restituido en el goce de ese derecho, la cual debe ser apta para revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, a fin de lograr una efectiva restitución al demandante en el goce del pretendido derecho violado.
En ese sentido se ha pronunciado este tribunal en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO"[7].
Así, para hablar de una lesión a la esfera jurídica de los actores en su derecho a votar, sería necesario aducir, la ausencia de alguna de las garantías que para su ejercicio prevé el marco jurídico correspondiente, es decir, la violación al sufragio universal, igualitario, secreto, directo y libre.
En principio, es necesario precisar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[8] como la Convención Americana de Derechos Humanos[9] identifican al ciudadano como sujeto de tres aspectos de los derechos políticos, a saber: la participación en la gestión de los asuntos públicos, la participación en elecciones –voto y candidatura- y el acceso a las funciones públicas[10].
En específico, por lo que se refiere al derecho al voto, autores como Dieter Nohlen distinguen entre los diversos aspectos que comprende este derecho, los siguientes:
Sufragio universal.
Esta forma jurídica significa que, en principio, todo ciudadano tiene derecho de elegir y ser elegido, independientemente de su género, raza, lengua, ingresos o propiedad, profesión, clase social, educación, religión o convicción política.
Este principio no es incompatible con la exigencia de otros requisitos, como determinada edad, ejercicio de la ciudadanía (nacionalidad), residencia y posesión de las facultades mentales y de los derechos civiles, así como la plena capacidad jurídica.
Sufragio igualitario.
Este principio implica que la influencia del voto de todos los electores es igual, y no debe ser diferenciada en razón de propiedad, ingresos, capacidad impositiva, educación, religión, raza, género u orientación política.
Bajo este principio, se postula la igualdad cuantitativa de los votos de los electores. El principio de sufragio igualitario es incompatible con todas las formas de voto plural de clase o de casta.
Sufragio secreto.
Este principio exige que la decisión del elector en forma de voto no sea conocida por otros. El principio del voto secreto se opone a todas las formas de emisión abierta o pública. Con el fin de garantizar el voto secreto, se han introducido en la organización electoral la cabina electoral, las boletas oficiales, las urnas electorales selladas, etcétera.
Sufragio directo.
En las elecciones directas o inmediatas, el elector determina a los titulares de los escaños; por el contrario, en las elecciones indirectas, el cuerpo intermedio (colegio electoral) es previamente electo y se encuentra entre el elector y los diputados.
Sufragio libre.
La libertad de elección es una exigencia fundamental de la elección; sin ella no existiría en lo absoluto una elección. Es decir, la libertad de elección significa que el acto de la emisión del sufragio debe ser ejercido sin coerción y sin presión ilícita[11].
En similares términos, la Observación General número 25 de Naciones Unidas, relativa al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala en el párrafo diecinueve que las elecciones deben ser libres y equitativas y celebrarse periódicamente en el marco de disposiciones jurídicas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de voto.
Agrega que las personas con derecho a voto deben ser libres de votar a favor de cualquier candidato y a favor y en contra de cualquier propuesta sometida a referendum o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre voluntad de los electores.
Además, señala que los estados deberán tomar medidas para garantizar el carácter secreto del voto durante las elecciones. Lo anterior supone la necesidad de que los votantes estén protegidos contra toda forma de coacción para revelar cómo van a votar, o cómo han votado y contra toda injerencia ilícita en el proceso electoral[12].
Como se ve, la tutela efectiva sobre el derecho al voto activo implica la garantía de su ejercicio libre, directo, secreto y universal en cuyo caso, el sistema de medios de impugnación debe prever un medio idóneo y eficaz para remediar la situación jurídica irregular.
Para tal efecto, el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala que el juicio ciudadano sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.
Por otra parte, el artículo 80 del mismo ordenamiento señala que el juicio ciudadano podrá ser promovido cuando:
a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto;
b) Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;
c) Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;
d) Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto por ésta, junto con el juicio promovido por el ciudadano;
e) Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política;
f) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior, y
g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aún cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable.
Como se ve, si bien el juicio ciudadano es el medio idóneo para reparar las violaciones de los ciudadanos a cualquiera de sus derechos político –electorales y en concreto, en relación con el derecho a votar, lo cierto es que los actores reconocen que el perjuicio denunciado no se encuentra en cualquiera de tales elementos.
Es decir, la situación irregular denunciada no se relaciona con la posibilidad de votar libre, directamente, en secrecíaa o el impedimento para ejercerlo, por el contrario, reconocen que acudieron a votar sin que se duelan de la violación a cualquiera de las garantías enunciadas, es decir, no se duelen de su exclusión en la lista, de no contar con su credencial para votar, o bien, de la imposibilidad para acudir o identificar los lugares en que podría sufragar, o cualquiera otra.
Por lo tanto, al no corresponder la situación irregular a los aspectos que es posible reparar a través del juicio ciudadano, es decir, al no tratarse de una afectación real y directa sobre la esfera jurídica de los actores respecto al derecho de votar, los promoventes no cumplen con el requisito de interés jurídico.
En atención a las razones expuestas, considero que la mayoría confunde ambas pretensiones, lo cual ocasiona que respondan exclusivamente lo concerniente a la falta de legitimación de los actores, cuando debe responderse también la falta de interés de los mismos para impugnar lo relativo a los alcances del derecho a votar por ser parte de las pretensiones de los actores, de ahí mi voto concurrente.
Magistrada
Claudia Pastor Badilla