JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SX-JE-101/2022

ACTOR: PARTIDO CHIAPAS UNIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

MAGISTRADO PONENTE EN FUNCIONES: JOSÉ ANTONIO TRONCOSO ÁVILA

SECRETARIO: RAFAEL ANDRÉS SCHLESKE COUTIÑO

COLABORÓ: ROBIN JULIO VAZQUEZ IXTEPAN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno de junio de dos mil veintidós.

SENTENCIA que resuelve el juicio electoral promovido por el partido Chiapas Unido,[1] a través de quien se ostenta como su representante propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad federativa.[2]

El actor impugna la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas[3] en el recurso de apelación TEECH/RAP/017/2022 que, entre otras cuestiones, confirmó la resolución del Consejo General del instituto local recaída al procedimiento especial sancionador IEPC/PE/DEOFICIO/012/2022.

ÍNDICE

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Esta Sala Regional confirma la sentencia impugnada, en lo que fue materia de impugnación. Por un lado, porque los agravios expuestos por el actor son infundados porque el Tribunal local fue exhaustivo al resolver el recurso de apelación atendiendo lo expuesto al momento de emitir su sentencia, y analizó correctamente el elemento subjetivo en la actualización de la infracción de los actos anticipados de campaña. Respecto de los restantes agravios, son inoperantes porque el actor no controvierte la totalidad de las razones que sustentó la autoridad responsable.

ANTECEDENTES

I. Contexto

De lo narrado por el actor y de las demás constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente.

1.                  Denuncia. El veintiuno de marzo de dos mil veintidós,[4] la titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social informó a la Dirección Jurídica y de lo Contencioso, ambas del IEPC, respecto de diversas publicaciones en redes sociales relacionadas con candidaturas del partido actor.

2.                  Inicio de investigación preliminar. En la misma fecha, la encargada de despacho de la dirección referida, en calidad de secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC ordenó la apertura del cuaderno de antecedentes IEPC/CA/DEOFICIO/020/2022 y de la etapa de investigación preliminar.

3.                  Radicación y emplazamiento. El veinticinco de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, entre otras cuestiones, acordó radicar el expediente con la clave: IEPC/PE/DEOFICIO/012/2022 y emplazar al ahora actor para que diera contestación a los hechos presentados en su contra.

4.                  Resolución. El veintiséis de abril, el Consejo General del instituto local resolvió el procedimiento referido y determinó la responsabilidad administrativa del ahora actor por la comisión de actos anticipados de campaña.

5.                  En consecuencia, se le impuso una reducción del uno por ciento (1%) de la ministración del financiamiento público que le corresponde, equivalente a doce mil trescientos setenta y cinco pesos 89/100 moneda nacional ($12,375.89).

6.                  Recurso local. El dos de mayo, el ahora promovente interpuso recurso de apelación ante el tribunal local a fin de impugnar la resolución mencionada en el punto que antecede.

7.                  El recurso se registró con la clave de expediente TEECH/RAP/017/2022.

8.                  Sentencia impugnada. El veintisiete de mayo, el tribunal local emitió sentencia en el recurso de apelación y determinó confirmar la resolución del IEPC.

II. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación federal[5]

9.                  Demanda. El dos de junio, el actor presentó la demanda del presente juicio, con la finalidad de controvertir la sentencia emitida por la autoridad responsable.

10.              Recepción y turno. El nueve de junio se recibieron en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional federal la demanda y anexos correspondientes. El mismo día, la magistrada presidenta interina de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente SX-JE-101/2022 y turnarlo a la ponencia a cargo del magistrado en funciones[6] José Antonio Troncoso Ávila.

11.              Sustanciación. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el juicio y, al no advertir causa notoria y manifiesta de improcedencia, admitió el escrito de demanda; de igual forma, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, declaró cerrada la instrucción, con lo cual el expediente quedó en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

12.              El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral es competente para conocer y resolver el presente asunto: por materia, al tratarse de un juicio electoral en el que se impugna la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que confirmó la imposición de una sanción al actor por cometer actos anticipados de campaña; y por territorio, porque dicha entidad federativa corresponde a esta circunscripción plurinominal.

13.              Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41, párrafo tercero, base VI, y 99, párrafos segundo y cuarto, fracción X; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículos 164, 165, 166, fracción X, 173, párrafo primero y 176, fracción XIV; así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, artículo 19. Lo cual es acorde con el criterio adoptado en la resolución del expediente SUP-JRC-158/2018, donde se determinó que el juicio electoral es la vía idónea para conocer de determinaciones sobre procedimientos especiales sancionadores con independencia de que sea una determinación de un Tribunal local como primera instancia o como autoridad resolutora del procedimiento especial sancionador.

14.              Es importante mencionar que la vía denominada juicio electoral fue producto de los Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,[7] en los cuales se expone que el dinamismo propio de la materia ha originado que en ocasiones no exista un medio de impugnación específico para hacer valer la afectación derivada de algún acto o resolución en materia electoral.

15.              Para esos casos, los lineamientos referidos inicialmente ordenaban formar asuntos generales; pero ahora indican que debe integrarse un expediente denominado juicio electoral, el cual debe tramitarse en términos de las reglas generales previstas para los medios de impugnación establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[8]

16.              Robustece lo anterior, la razón esencial de la jurisprudencia 1/2012 de rubro “ASUNTO GENERAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁN FACULTADAS PARA FORMAR EXPEDIENTE, ANTE LA IMPROCEDENCIA DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO”.[9]

SEGUNDO. Requisitos de procedencia

17.              El presente medio de impugnación satisface los requisitos generales previstos en la Ley General de Medios, en sus artículos 7, 8, 9 y 13, apartado 1, inciso a, como a continuación se expone.

18.              Forma. La demanda fue presentada por escrito ante la autoridad responsable y en ella consta el nombre del partido actor y la firma de quien promueve en su representación; se identifica el acto impugnado y a la autoridad que lo emitió; se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan agravios.

19.              Oportunidad. En relación con la oportunidad de la demanda, conviene precisar lo siguiente.

20.              De inicio, se destaca que al rendir su informe circunstanciado, la autoridad responsable manifestó que la sentencia impugnada se notificó al promovente vía correo electrónico el veintisiete de mayo; sin embargo, omitió remitir la constancia de notificación respectiva.

21.              Por otro lado, se advierte que el treinta de mayo la secretaria general en funciones del tribunal local hizo constar que el plazo de cuatro días hábiles concedidos a las partes para inconformarse con la sentencia referida comenzaría a correr el treinta y uno de mayo y fenecería el tres de junio.[10] Tal certificación pudo influir en la fecha en la que el promovente decidió presentar su demanda.

22.              En ese mismo sentido, para justificar la oportunidad de su demanda, el promovente manifestó que el plazo para impugnar empezó a computarse el treinta y uno de mayo, lo cual es coincidente con lo señalado por la autoridad responsable.

23.              En consecuencia, la demanda se debe considerar oportuna, en virtud de que se presentó dentro del plazo señalado en la certificación realizada por la autoridad responsable.

24.              Legitimación, personería e interés jurídico. El juicio fue promovido por parte legítima, debido a que se trata de un partido político local, en el caso, Chiapas Unido y acude a través de Elias Antonio Argueta Ruiz, en su carácter de representante propietario del partido actor ante el Consejo General del instituto local; cuya personería está reconocida en el informe circunstanciado.

25.              Lo anterior, con sustento en la razón esencial de la jurisprudencia 2/99, de rubro: “PERSONERÍA, LA TIENEN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN FORMALMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL”.[11]

26.              Asimismo, el promovente cuenta con interés jurídico pues considera que la resolución impugnada le genera diversos agravios; al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 7/2002, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”.[12]

27.              Definitividad. Se satisface el requisito, en virtud de que no existe algún medio de impugnación que deba desahogarse antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal.

28.              Lo anterior, toda vez que las sentencias emitidas por el tribunal local son definitivas e inatacables, conforme lo establece la Constitución local, artículo 101, párrafo sexto.

29.              En consecuencia, al cumplirse los requisitos de procedencia, esta Sala Regional realizará el estudio de fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Pretensión, agravios y metodología de estudio

A. Pretensión y síntesis de agravios

30.              El promovente pretende que este órgano jurisdiccional federal revoque la sentencia impugnada y, en consecuencia, se le absuelva de la sanción que se le impuso.

31.              Para alcanzar ese objetivo, formula los agravios siguientes:

I.                        Falta de exhaustividad

32.              El actor aduce que los agravios formulados en su recurso de apelación no se atendieron o fueron abordados de forma deficiente.

33.              Al respecto, precisa que de sus agravios tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, la autoridad responsable no se pronunció de manera concreta, sino de manera general, dejando de contestar varias interrogantes que le planteó.

34.              Por lo que la autoridad responsable inobservó el principio de exhaustividad.

II.                        Publicaciones en ejercicio de libertad de expresión

35.              A decir del promovente, el tribunal local no se pronunció de manera concreta respecto a, si se estaba ante actos de quienes ejercen el periodismo en ejercicio libre de su derecho o libertad de expresión.

III.                        Estudio deficiente de los elementos configurativos de los actos anticipados de campaña

36.              El actor indica que desde su demanda local argumentó que no se acreditaron los elementos configurativos de los actos anticipados de campaña; sin embargo, el tribunal local confirmó tenerlos por colmados, dando valor a los argumentos subjetivos y sin sustento del Consejo Electoral local. Por lo que, estima que se vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia.

37.              A decir del actor, los elementos “personal” y “subjetivo” no debieron tenerse por acreditados, tal como lo refirió en sus primeros agravios del recurso de apelación.

38.              Al respecto, se duele de un deficiente estudio, pues el tribunal local inobservó que para acreditar el elemento subjetivo era necesario que se cumpliera con: a) la intención objetiva de lograr un posicionamiento a favor o en contra de una opción política y b) la trascendencia que hubiese tenido en la ciudadanía.

39.              Sin embargo, la sentencia impugnada no aborda la trascendencia de las publicaciones o eventos, es decir, no analiza el impacto ocasionado por su difusión en redes sociales; dejando de responder a sus interrogantes de cuál fue la ventaja obtenida y cómo se midió, en qué lugar se realizó, qué usuarios tuvieron acceso a las páginas de Facebook y cómo se probó que las personas vieron las notas publicadas o que fueran personas del territorio que interesa, etc.

40.              Es más, respecto del elemento subjetivo, no bastaba que la autoridad responsable sostuviera que las manifestaciones expresadas constituían un llamado expreso al voto; sino que era necesario que explicara de manera objetiva y fundada por qué las expresiones trascendieron al conocimiento de la ciudadanía en términos de la tesis XXX/2018, a partir de un riguroso análisis contextual del mensaje emitido. Pero este tipo de análisis no se realizó por el tribunal local, por lo que tampoco fue correcto que concluyeran que el elemento subjetivo se configuró a partir de la figura de equivalentes funcionales.

IV.                        Valoración probatoria

41.              El tribunal local no valoró en su integridad los medios de convicción, únicamente realizó una valoración aislada, generando una resolución tendenciosa.

B. Metodología de estudio

42.              Una vez realizada la síntesis de agravios, es de mencionar que por metodología los argumentos del actor identificados con las fracciones I y II relacionados con agravios de falta de exhaustividad o falta del estudio de un tema específico, se analizarán de forma conjunta; paso seguido se analizarán los agravios III y IV, respecto de los elementos que configuran la infracción y en el tema de la valoración probatoria. En el entendido de que el orden para analizar los agravios o su estudio conjunto o de forma separada, no genera ninguna afectación a los derechos de la parte actora, pues lo trascedente es que sus planteamientos sean analizados.[13]

CUARTO. Estudio de fondo

Agravio de falta de exhaustividad

Marco normativo

43.              En primer lugar, es de mencionar que el principio de legalidad consiste en que las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permita, en la forma y términos que la misma prevé. Lo que está íntimamente vinculado con el deber de fundamentar y motivar todo acto de autoridad, incluso las resoluciones de los procedimientos sancionadores en materia electoral, en virtud de lo ordenado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 16.

44.              La fundamentación consiste en que la autoridad emisora del acto exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso en concreto, mientras que la motivación implica el deber de mencionar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración. Para colmar correctamente lo anterior, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en cada caso en concreto se configuren las hipótesis normativas.

45.              Así, para estimar que un acto de autoridad se encuentra debidamente fundado y motivado, no basta con que la autoridad cite los preceptos que estima aplicables, sino que debe expresar las razones por las que considera que los hechos que imperan se ajustan a la hipótesis normativa, pues de lo contrario, el gobernado desconocerá los motivos que impulsan a una autoridad para actuar de una manera y no de otra, viéndose disminuida así la certeza jurídica que, por mandato constitucional le asiste.[14]

46.              Por tanto, existe falta de fundamentación y motivación cuando en la sentencia no se den razones, motivos ni fundamentos, que justifiquen la decisión.

47.              Por otro lado, una resolución estará indebidamente fundada y motivada cuando la autoridad emisora del acto invoque preceptos que no resulten aplicables al caso concreto o mencione las razones que no se ajusten a la controversia planteada.

48.              Asimismo, los principios de fundamentación y motivación guardan una estrecha vinculación con el principio de completitud del que a su vez derivan los de congruencia y exhaustividad, pues la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad descansa en el análisis exhaustivo de las cuestiones que se sometieran a su potestad.

49.              En relación con lo anterior, las resoluciones jurisdiccionales deben dictarse de forma completa o integral, tal como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supuesto del cual deriva el principio de exhaustividad.

50.              Dicho principio impone a la autoridad el deber de agotar en la resolución, todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por las partes durante la integración de la controversia.

51.              Si se trata de una resolución de primera o única instancia, para resolver sobre las pretensiones, debe pronunciarse sobre los hechos constitutivos de la causa de pedir, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso.

52.              A su vez, cuando un medio impugnativo pueda originar una nueva instancia o juicio para revisar la resolución, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos de los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese proceso impugnativo.

53.              Además de ello, es criterio de este órgano jurisdiccional, en relación con el principio de exhaustividad, que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, están obligadas a estudiar todos los puntos de las pretensiones y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión.[15]

54.              Así, el principio de exhaustividad, de manera general, se traduce en que quienes juzgan debe estudiar todos los planteamientos de las partes, así como las pruebas aportadas o que se alleguen al expediente legalmente.

55.              Cabe precisar que el estudiar todos los planteamientos puede hacerse de manera sustancial, sin que sea necesario llegar al extremo de que los órganos jurisdiccionales deban referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos formulados, aunque sí debe, obviamente, estudiarse en su integridad el problema planteado.[16]

Consideraciones de esta Sala Regional

56.              Es infundado el agravio de falta de exhaustividad.

57.              Esta Sala Regional considera que no le asiste la razón al actor porque el Tribunal local fue exhaustivo en el análisis realizado, agotando la materia puesta a su consideración.

58.              Como se precisó, entre otras cuestiones, el actor aduce que la autoridad responsable no se pronunció de manera concreta de los agravios tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo planteados en su demanda local.

59.              Al respecto, para estar en aptitud de decidir lo que en Derecho corresponda a continuación se reproducen los agravios formulados en la instancia previa y, de ser el caso, las consideraciones que en relación con ello sostuvo el tribunal local.

60.              De la cadena impugnativa se advierte que la Titular de la Unidad Técnica de comunicación Social del Instituto Electoral local denunció publicaciones contenidas en portales de noticias y redes sociales de periodistas donde advirtió publicidad a favor del partido político Chiapas Unido, fuera del periodo permitido para realizar campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.

61.              Lo que dio lugar a que, en el procedimiento especial sancionador IEPC/PE/DEOFICIO/012/2022 se determinara la responsabilidad administrativa del ahora promovente por la comisión de actos anticipados de campaña durante el proceso electoral extraordinario 2022 por seis publicaciones en Facebook y, en consecuencia, se le impuso una multa consistente en la reducción del uno por ciento de la ministración mensual del financiamiento público, consistente en $12,375.89 (doce mil trecientos setenta y cinco pesos 89/100 m.n.)

62.              Posteriormente, el veintisiete de mayo del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el expediente TEECH/RAP/017/2022 confirmó la resolución IEPC/PE/DEOFICIO/012/2022 del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de dicha entidad.

63.              En esa determinación, la autoridad responsable atendió los planteamientos jurídicos que el actor expuso en la demanda local; ello, al margen de que en la sentencia impugnada los disensos se estudiaron en conjunto, puesto que del estudio conjunto realizado por la autoridad responsable, de ser el caso, se obtendrán los argumentos particulares en relación con lo argumentado por el actor.

64.              Así, de las constancias de autos esta Sala Regional desprende lo siguiente:

65.              Así, resulta evidente que contrario a lo afirmado por el actor, la autoridad responsable fue exhaustiva pues se pronunció sobre los planteamientos jurídicos formulados en la demanda local, con independencia de que el estudio realizado por la autoridad responsable fuera de manera conjunta, pues cualquier inconsistencia sobre la respuesta dada pudo ser expuesta de manera particular por el actor.

66.              Cabe mencionar que el orden para examinar los agravios o su estudio conjunto o de forma separada, no genera ninguna afectación a los derechos de la parte actora, pues lo trascedente es que sus planteamientos sean analizados, toda vez que lo verdaderamente relevante es que se analicen todos y cada uno de los planteamientos formulados con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto que se controvierte.[17]

67.              Pues como se hizo referencia previamente, para estimar que la autoridad responsable fue exhaustiva en su resolución, basta con estudiar los planteamientos de manera sustancial, sin que sea necesario llegar al extremo de que los órganos jurisdiccionales deban referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos formulados, aunque sí debe, obviamente, estudiarse en su integridad el problema planteado, como aconteció en el caso.

68.              En ese tenor, esta Sala Regional advierte, con apoyo en lo mencionado en la tabla anterior, que el tribunal local sí fue exhaustivo, incluso también hizo pronunciamientos específicos sobre el ejercicio de la libertad de expresión de las publicaciones y la presencia de los elementos configurativos de los actos anticipados de campaña, evidenciando lo injustificado del agravio expuesto por el actor en cuanto señaló que no había un pronunciamiento al respecto.

69.              De ahí que la autoridad responsable sí fue exhaustiva pues atendió la esencia de todos los planteamientos formulados, en relación con lo expuesto en la demanda del recurso de apelación.

Agravio de estudio deficiente de los elementos configurativos de los actos anticipados de campaña; y agravio de valoración probatoria

70.              El actor indica que desde su demanda local argumentó que no se acreditaron los elementos configurativos de los actos anticipados de campaña; sin embargo, el tribunal local confirmó tenerlos por colmados, dando valor a los argumentos subjetivos y sin sustento del Consejo Electoral local. Por lo que, estima que se vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia.

71.              A decir del actor, los elementos “personal” y “subjetivo” no debieron tenerse por acreditados, tal como lo refirió en sus primeros agravios del recurso de apelación.

72.              Al respecto, se duele de un deficiente estudio, pues el tribunal local inobservó que para acreditar el “elemento subjetivo” era necesario que se cumpliera con: a) la intención objetiva de lograr un posicionamiento a favor o en contra de una opción política y b) la trascendencia que hubiese tenido en la ciudadanía.

73.              Sin embargo, la sentencia impugnada no aborda la trascendencia de las publicaciones o eventos, es decir, no analiza el impacto ocasionado por su difusión en redes sociales; dejando de responder a sus interrogantes de cuál fue la ventaja obtenida y cómo se midió, en qué lugar se realizó, qué usuarios tuvieron acceso a las páginas de Facebook y cómo se probó que las personas vieron las notas publicadas o que fueran personas del territorio que interesa, etc.

74.              Es más, respecto del elemento subjetivo, no bastaba que la autoridad responsable sostuviera que las manifestaciones expresadas constituían un llamado expreso al voto; sino que era necesario que explicara de manera objetiva y fundada por qué las expresiones trascendieron al conocimiento de la ciudadanía en términos de la tesis XXX/2018, a partir de un riguroso análisis contextual del mensaje emitido. Pero este tipo de análisis no se realizó por el tribunal local, por lo que tampoco fue correcto que concluyeran que el elemento subjetivo se configuró a partir de la figura de equivalentes funcionales.

75.              Por otro lado, el actor aduce que el tribunal local no valoró en su integridad los medios de convicción, sino que únicamente realizó una valoración aislada, generando una resolución tendenciosa.

76.              Estos agravios se califican por una parte en inoperantes, y otra parte en infundados, tal como se explica a continuación.

77.              La inoperancia se actualiza respecto a los argumentos que el actor hace consistir en que:

a) No se colman los elementos configurativos de los actos anticipados de campaña, a partir de lo que considera que el tribunal local los confirmó al dar valor a los argumentos subjetivos y sin sustento del Consejo Electoral local.

b) El elemento “personal” no debió tenerse por acreditado, en virtud de lo que refirió en sus primeros agravios del recurso de apelación.

c) El tribunal local no valoró en su integridad los medios de convicción, sino que únicamente realizó una valoración aislada, generando una resolución tendenciosa.

78.              Pues todas ellas son manifestaciones genéricas del actor, con las cuales no ataca las razones esenciales sostenidas en la resolución que emitió la autoridad responsable, aunado a que no señala las pruebas concretas que dejaron de analizarse o el valor y eficacia probatoria que en su caso les correspondía.

79.              Aunado a que la segunda de sus posturas (inciso b) puede entenderse como una reiteración a su agravio de primera instancia y, por lo mismo, tampoco es idóneo para derrotar las consideraciones del tribunal local, entre otras, en lo relativo a que el deslinde no fue efectivo y que se actualizó una responsabilidad indirecta.

80.              De ahí la inoperancia de esos argumentos, al no controvertir de manera frontal las consideraciones torales sostenidas por el Tribunal local en el estudio de fondo de la sentencia controvertida.

81.              Sirve de orientación la razón esencial del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA”;[18] así como del criterio de la Sala Superior de este Tribunal Electoral contenido en la tesis XXVI/97 de rubro: “AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD”,[19] de la cual se toma su razón esencial, en donde se razonó que son inoperantes los argumentos que se expresen para combatir la sentencia, cuando sólo constituyen la reproducción textual de los agravios expuestos en primera instancia.

82.              Por otro lado, lo infundado del agravio estriba en que el actor parte una premisa incorrecta, al plantear una falta de análisis de la trascendencia que hubiese tenido en la ciudadanía, pues a su decir, el tribunal local ante el planteamiento de que el Instituto local en ningún momento mencionó en qué consistió la ventaja que presuntamente obtuvo en relación con el resto de los contendientes, sí efectuó pronunciamiento en su estudio realizado en conjunto, al señalar que las publicaciones en redes sociales lo beneficiaron frente a otros partidos que no tuvieron la oportunidad de presentar sus candidaturas con antelación al inicio de las campañas.

83.              Ha sido criterio de la Sala Superior de este Tribunal Electoral que el análisis sobre la trascendencia de un mensaje, para definir si configura o no un acto anticipado de campaña, admite dos vías: la primera, a partir de valorar su contexto integral; y la segunda, atendiendo a las cargas argumentativas de las partes y las inferencias válidas que puedan generarse de los hechos acreditados. Tal como lo sostuvo en la sentencia SUP-JRC-97/2018, que dio origen a la tesis XXX/2018 que cita el actor.

84.              Por ende, en algunos casos podrá mencionarse el auditorio al que se dirige el mensaje, tipo de lugar o recinto, modalidad de la difusión, etc. Pero, en otros casos, es posible valorar la trascendencia a la ciudadanía de un mensaje a partir de los actos realizados por los sujetos obligados o las partes en un procedimiento administrativo. Lo que significa que hay una flexibilidad en los aspectos a considerar, pues lo relevante es que se consideren los aspectos acordes con cada caso en particular, de manera lógica y que lleven a evidenciar la existencia de los actos anticipados en relación con la finalidad que busca la normatividad electoral.

85.              Un aspecto importante es la modalidad en que se difundió el mensaje –objeto de la denuncia–, pues si la difusión fue en un lugar físico, tendría pertinencia mencionar si fue en un lugar público o privado, si el acceso fue restringido o libre, si únicamente fue para miembros del partido o para el publico en general, por citar algunos ejemplos; sin embargo, cuando lo que se denuncia es un menaje en otra modalidad, a través de páginas de Facebook, entonces su análisis no necesariamente debe abordar los datos antes enunciados, sino aquellos que sean acordes con esa modalidad de mensaje.

86.              Además, cuando la modalidad es a través de redes sociales, la trascendencia debe entenderse a partir de la máxima de la experiencia que se sabe del alcance en general que tienen esos medios de comunicación en la actualidad, en consideración de la naturaleza de estas. Por lo que, puede válidamente razonarse sobre ese aspecto, sin que sea condición tener mediciones o cuantificaciones exactas para arribar a una trascendencia hacia la ciudadanía, pues esto, sólo daría lugar a una modulación en su caso para graduar la sanción, mas no para condicionar la actualización de los actos anticipados de campaña, si de los demás elementos que se analicen se puede corroborar los elementos temporal, personal y subjetivo.

87.              Por ende, se insiste, en el precedente SUP-JRC-97/2018 del cual surgió el criterio de tesis XXX/2018, el evento denunciado fue dado en un lugar físico, por lo que no es el mismo supuesto que ahora nos ocupa, pues la denuncia fue por mensajes en redes sociales.

88.              Ahora bien, para esta Sala Regional, lo razonado por el tribunal local si se hizo cargo de lo sustancial de los planteamientos del actor, y acorde con las particularidades de lo denunciado, se abordó lo relativo a las publicaciones en redes sociales y a su contenido, de las cuales se determinó la responsabilidad administrativa del ahora actor por la comisión de actos anticipados de campaña durante el proceso electoral extraordinario 2022 por seis publicaciones en Facebook y en consecuencia le impuso una sanción económica, al realizarse dentro del proceso electoral y fuera del periodo permitido para realizar las campañas.

89.              En efecto, pues incluso de la resolución de la autoridad electoral administrativa, se observa que precisó: los hechos acreditados (seis links de Facebook); expuso su marco normativo refiriendo, entre otros puntos, la jurisprudencia 4/2018[20] y explicó los elementos temporal, personal y subjetivo, se apoyó en precedentes de la Sala Superior (SUP-REP-16/2016) e individualizó la sanción que aplicó, además de otros aspectos que ahí se detallaron. También se observa de ese acto primigenio, que en la resolución plasmó las imágenes y el texto de la publicación que analizó, incluso describió los aspectos relevantes que observó de esas imágenes y razonó de las diversas frases de la publicación, el por qué sí se trataba de actos anticipados de campaña.

90.              Incluso, se advierte que, el Instituto local hizo referencia a que existía la posibilidad de que en el marco de una estrategia publicitaria se busque, so pretexto del ejercicio de la libertad de expresión, incidir de manera indebida en la contienda electoral a partir de la emisión de mensajes que, en vez de ser espontáneos, formen parte de una estrategia propagandística diseñada por los partidos políticos para conseguir el apoyo ciudadano, particularmente si ello acontece en momentos en que está legalmente prohibida la propaganda electoral.

91.              Aspectos que, en efecto, confirmó el Tribunal local al considerar su actuar apegado a derecho, y refiriendo además al parámetro de equivalencia funcional o de la equivalencia de la expresión “vota por mí”.

92.              Lo cual resulta acorde con considerar que la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político.

93.              En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial.[21]

94.              También debe mencionarse que, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que el análisis de los elementos de la publicidad no puede ser únicamente una tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o signos, sino que también incluye necesariamente el análisis del contexto integral del mensaje y las demás características expresas de ellos para determinar si los mensajes constituyen o contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral expreso, o bien —como lo señala la jurisprudencia 4/2018— un “significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca”.

95.              Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o beneficia electoralmente a una persona obligada, los tribunales deben determinar si su difusión puede ser interpretada de manera objetiva como una influencia positiva o negativa para una campaña, por un electorado potencial concretamente delimitado, es decir, si el mensaje es funcionalmente equivalente a un llamado al voto.

96.               Ante esta situación, la Sala Superior ha considerado que un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso cuando, de manera objetiva o razonable, pueda ser interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a no votar, por un potencial y delimitado electorado.

97.              En resumen, a partir de lo antes expuesto, se puede afirmar que el análisis efectuado por las autoridades locales respecto al elemento subjetivo fue correcto, pues dejaron mencionadas las razones del porqué las publicaciones objeto de denuncia sí trascendió al conocimiento del electorado.

98.              Con base en esa misma conclusión, se tiene que, si la vulneración a los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y de legalidad, lo hizo depender el actor de los argumentos del estudio deficiente de los elementos que integran los actos anticipados de campaña, y a la valoración que dice fue incorrecta, y esos argumentos han quedado desestimados, la misma consecuencia le sigue a su afirmación referida.

99.              En consecuencia, al haber resultado infundados e inoperantes los planteamientos hechos valer por el actor lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

100.          Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

101.          Por lo expuesto y fundado; se

RESUELVE

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada, en lo que fue materia de impugnación.

NOTIFÍQUESE: de manera electrónica al actor; de manera electrónica o por oficio, al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con copia certificada de la presente sentencia; y por estrados a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, artículos 26, apartado 3, 28 y 29, apartados 1, 3 y 5, en relación con el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, numerales 94, 95, 98 y 101, así como en lo dispuesto en el punto QUINTO del Acuerdo General 8/2020, en correlación al numeral XIV de los lineamientos del Acuerdo General 4/2020, ambos de la Sala Superior.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

En su oportunidad, y en su caso, devuélvanse las constancias atinentes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la magistrada y los magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, Eva Barrientos Zepeda, presidenta interina, Enrique Figueroa Ávila y José Antonio Troncoso Ávila, quien actúa en funciones de magistrado, ante Mariana Villegas Herrera, secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral segundo del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.