juicio general

expediente: SX-JG-176/2025

actor: MOVIMIENTO CIUDADANO

responsable: TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

ponente: magistrada roselia bustillo marín[1]

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 3 de diciembre de 2025

Sentencia que confirma, en la materia de impugnación, la resolución mediante la cual, el TEV, entre otras cuestiones, sancionó con una amonestación pública al denunciado por la aparición de personas menores de edad en su propaganda electoral, así como a MC con una multa, por su responsabilidad indirecta (culpa in vigilando) en la comisión de tal infracción.

I.  ANTECEDENTES

1.  Denuncia (5/mayo).[2] El PVEM la presentó en contra del denunciado, entre otras posibles infracciones a la normativa electoral, por la aparición de personas menores de edad en su propaganda electoral e imputándole responsabilidad indirecta a MC.

2.  Instrucción del PES (10/septiembre). La Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz tuvo por agotada la línea de investigación e instauro el PES y, una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos, integró el expediente y lo remitió al TEV.

3.  Sentencia reclamada (7/noviembre). El TEV la emitió en el expediente TEV-PES-207/2025.

II.  TRÁMITE DEL JG

4.  Demanda (13/noviembre). MC la presentó ante el TEV.

5.  Turno (18/noviembre). Una vez que se recibieron la demanda y las demás constancias, la magistrada presidenta acordó integrar, registrar y turnar el expediente que ahora se resuelve a su ponencia.

6.  Sustanciación. En su oportunidad, la magistrada instructora radicó el expediente en su ponencia, admitió la demanda y cerró la instrucción.

III.  JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El TEPJF ejerce jurisdicción y esta Sala Xalapa es competente para conocer y resolver este asunto:[3]

         Por materia, al estar relacionado con la presunta infracción a la normativa en materia de propaganda electoral en una elección municipal; y

         Por territorio, toda vez que Veracruz forma parte de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral.

IV.  PRESUPUESTOS PROCESALES

El JG reúne los requisitos de procedibilidad.[4]

1.  Forma. La demanda se presentó por escrito y en ella, se hacen constar la denominación del partido político actor; el nombre y firma de quien acude en su representación; así como a la autoridad responsable, el acto reclamado, los hechos, los agravios y los preceptos, presuntamente, violentados.

2.  Oportunidad. La sentencia reclamada se emitió el 7 de noviembre y fue notificada el 9 siguiente, por lo que, si la demanda se presentó el 13 de noviembre, es evidente su oportunidad.

3.  Legitimación y personería. Se cumplen, dado que el JG lo promovió MC (partido político nacional y denunciado en el PES) por conducto de su representante suplente ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, tal como lo reconoce el TEV en su informe circunstanciado.

4.  Interés. MC cuenta con interés, dado que el TEV le imputó una responsabilidad indirecta (culpa in vigilando) y, por ende, lo sancionó con una multa por la inclusión de personas menores de edad en la propaganda electoral del denunciado, la cual, aduce, le causa perjuicio.

5.  Definitividad. Se satisface, porque no existe otro medio de impugnación que se deba agotar de forma previa.

V.  ESTUDIO

a.  Contexto

El PVEM denunció la pinta de 10 bardas, así como 23 publicaciones en Facebook, presuntamente, constitutivas de actos anticipados de campaña, así como de vulneración a la normativa en materia de propaganda electoral por la utilización de símbolos religiosos y por la aparición de personas menores de edad; probables infracciones que atribuyó de manera directa al denunciado y por culpa in vigilando a MC.

b.  Sentencia reclamada

El TEV declaró la inexistencia de los posibles actos anticipados de campaña y la utilización de símbolos religiosos, en tanto que tuvo por acreditada la aparición de niñas y niños en las publicaciones electrónicas denunciadas, por lo que sancionó al candidato denunciado con una amonestación pública y a MC con una multa debido a su responsabilidad indirecta en la comisión de la infracción.

El TEV sustentó su conclusión sancionatoria en lo siguiente:

         Se acreditaba la existencia y contenido de 21 publicaciones electrónicas (se expuso un extracto del material denunciado).

         A partir de la coincidencia entre el nombre del denunciado con el del perfil de Facebook donde se hicieron las publicaciones denunciadas, así como al haber reconocido tener influencia en la administración de tal perfil, se contaba con los elementos probatorios (directos e indirectos) para sostener de forma válida que tal denunciado era su titular o administrador.

         Las publicaciones denunciadas constituían propaganda electoral al observase en ellas el emblema de MC y por difundirse en el periodo de campañas electorales, aunado a en su contenido y texto se hacía alusión al denunciado como candidato.

         De tal propaganda denunciada, se observó la presencia de 20 personas menores de edad cuyo rostro era plenamente identificable.

         Si bien el denunciado aportó diversa documentación para acreditar el consentimiento de sus padres y madres:

o        Tales consentimientos no cumplían con la totalidad de los requisitos establecidos en los Lineamientos (contenían sólo la autorización de la madre o del padre sin justificar la falta de la otra persona responsable; no señalaba el nombre del padre; y/o no se adjuntaron las copias de las credenciales de elector de esas madres o padres).

o        Faltó el consentimiento respecto de 4 personas menores.

         Se tenía por acreditada la infracción, al no haberse proporcionado la documentación completa para poder mostrar a niñas, niños o adolescentes en la propaganda electoral, a pesar del requerimiento que le fue formulado al denunciado.

         Tampoco se tuvo el cuidado de difuminar, ocultar o hacer irreconocibles los rostros de las personas menores que aparecieron en la propaganda denunciada.

         Se acreditaba la culpa in vigilando atribuida a MC, al haberse actualizado una afectación al interés superior de la niñez y la vulneración a diversas disposiciones en materia electoral por parte del denunciado, quien era su candidato, dado el incumplimiento a su deber de cuidado y al no haber deslinde alguno de su parte.

         Al haberse demostrado que MC incumplió con su deber de cuidado, respecto a velar por el interés superior de la niñez, y ser reincidente, su conducta la calificó como grave ordinaria, y le impuso como sanción una multa.

c.  Planteamiento

MC pretende la revocación de la sentencia reclamada en lo relativo a tener por acreditada la aparición de personas menores de edad en la propaganda electoral del denunciado y su responsabilidad indirecta por falta a su deber de cuidado en la comisión de la infracción, a fin de dejar sin efectos la multa que le fue impuesta por el TEV.

Aduce que la sentencia reclamada es contraria al principio de legalidad, al carecer de exhaustividad y congruencia, conforme con los siguientes motivos de agravio:

         Violación a los principios de legalidad, presunción de inocencia y el derecho a no autoincriminación, al considerar que no bastaba con acreditarse la calidad de candidato, militante o simpatizante ni la mera aparición del nombre o imagen para demostrar quién diseñó, editó, administró, difundió o controló las publicaciones denunciadas.

         Indebida valoración de las pruebas relativas al consentimiento y a las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes, dado que la sentencia reclamada carece de un análisis integral, completo y razonado de todos los elementos que daban cuenta del actuar diligente del candidato y de MC.

         Falta de exhaustividad en el análisis de la intencionalidad, participación protagónica y uso propagandístico de las personas menores de edad, dado que la sentencia reclamada realizó una aproximación meramente descriptiva y cuantitativa de su presencia en fotografías y videos, sin realizar un análisis contextual, cualitativo e integral, lo que llevó al TEV a equiparar de manera automática toda aparición de personas menores en la propaganda de MC con una infracción.

         Ilegalidad en la calificación de las publicaciones como propaganda electoral, dado que el TEV no realizó un análisis individualizado de su contenido, asumiendo que toda manifestación difundida en el perfil asociado con una candidatura constituye, necesariamente, propaganda electoral.

         Incorrecta actualización de la culpa in vigilando y desproporción de la sanción impuesta, dado que el TEV partió de concepción equivocada de la referida figura y fijó una multa sin atender a los parámetros de proporcionalidad.

d.  Delimitación de la controversia

Al no haberse impugnado las determinaciones relativas a la inexistencia de las infracciones de actos anticipados de campaña y de uso de símbolos religiosos, ni las consideraciones que la sustentan, éstas deben seguir rigiendo a la sentencia reclamada.

Así, la controversia de este JG consiste en establecer[5] si la determinación del TEV de atribuir a MC una responsabilidad indirecta por la aparición de niñas y niños en la propaganda electoral del denunciado, derivado del incumplimiento a su deber de cuidado, así como la sanción que le impuso por esa responsabilidad, se encuentran debidamente fundada y motivada.

En ese sentido, los motivos de agravio se analizarán agrupándolos en las siguientes temáticas:[6]

         Acreditación de la infracción.

         Responsabilidad en la comisión de la infracción.

         Individualización de la sanción.

e.  Análisis de caso

Se desestiman por ineficaces los motivos de agravio, dado que, contrario a lo que afirma MC, sí resulta responsable indirecto por la vulneración al interés superior de la niñez por su aparición en la propaganda electoral del denunciado, aunado a que la individualización y cuantificación de la sanción se encuentra debidamente justificada.

e.1.  Actualización de la infracción

Se desestiman los motivos de agravio relativos a la indebida calificación de los mensajes denunciados como propaganda electoral, dado que, como lo resolvió el TEV, tenían tal naturaleza propagandística, aun cuando se difundieron en una red social. [7]

En el caso, la denuncia consistió en la difusión de propaganda electoral en la que se incluyeron imágenes de niños, niñas y adolescentes; además de que son hechos incontrovertidos que el denunciado tenía la calidad de candidato y que el material denunciado se difundió durante la campaña electoral.

En ese contexto, es evidente que cada una de esas publicaciones en Facebook llevaba la intención de promocionar las actividades, recorridos y actos que el denunciado realizó en aras de presentar su candidatura al electorado;[8] aunado a que se hacía referencia a la respectiva elección municipal y al propio denunciado como candidato a la presidencia municipal; contenía frases o mensajes que constituían (explícita e implícitamente) un llamado al voto, así como los colores y emblema del propio MC.[9]

De ahí que, como lo resolvió el TEV, la valoración de su contenido y contexto de su difusión permite establecer que las publicaciones denunciadas se trataban de propaganda electoral.

Contrario a lo señalado por MC, si bien es criterio de la Sala Superior que la difusión de mensajes en las redes sociales goza de una presunción de espontaneidad,[10] el hecho de que las publicaciones denunciadas se traten de propaganda electoral, de forma alguna contraría tal presunción, en la medida que su intención de proporcionar la candidatura del denunciado no limitaría la libre y genuina interacción entre los usuarios de Facebook, sino que el problema jurídico que se suscitó con tal promoción y difusión, fue por la aparición de personas menores de edad que resultaban identificables.

No le asiste la razón a MC cuando aduce que el TEV asumió que la mera presencia de personas menores era suficiente para acreditar la vulneración a su interés superior, cuando, aduce, se debió realizar un análisis integral y contextual para establecer la intencionalidad de cada mensaje y el grado de participación de las niñas, niños y adolescentes.

Contrario a lo alegado, el TEV sí realizó un estudio exhaustivo de cada uno de los mensajes en los que aparecían niñas, niños o adolescentes, señalando en cada uno de ellos, en cuáles se hacía identificable al menor, lo cual es suficiente para tener por acreditado uno de los elementos del tipo administrativo, precisamente, la aparición de personas menores de edad que resultan identificables.

Es criterio de la Sala Superior[11] que, si en la propaganda política o electoral se recurre a imágenes de menores de edad, se deben cumplir con ciertos requisitos mínimos para garantizar sus derechos (consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de la madre y padre, o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niñez y adolescencia acorde con su edad y madurez). En caso de no contar con tales elementos, entonces, se deberá hacer irreconocible su imagen o cualquier otro dato que los haga identificables, independientemente, si su aparición es directa o incidental.[12]

Bajo tal parámetro normativo, contrario a lo aducido por MC, lo que genera la infracción a la normativa en materia de propaganda electoral no es la intencionalidad en el uso de la imagen de niñas, niños o adolescentes, o si su participación es protagónica o incidental, sino el hecho de que ese menor sea o no identificable.

Es cierto que es inexistente la prohibición absoluta para la aparición incidental o directa de niñas, niños y/o adolescentes en la propaganda electoral. Sin embargo, es obligación de los partidos políticos contar con los requisitos mínimos cuando sea identificable la persona menor de edad, de forma que, como se ha establecido, de no contar con esos requisitos se debe difuminar su imagen, sin importar si su aparición es directa o incidental.[13]

De ahí que también resultan ineficaces los motivos de agravio relativos a una indebida valoración de los consentimientos y a las supuestas medidas de protección a la niñez y adolescencia adoptadas por MC.

Esto, porque el TEV sí vinculó cada consentimiento presentado con la correspondiente persona menor, tal como se aprecia en la tabla de las páginas 36 y 37 de la sentencia reclamada (se asentó las iniciales del nombre del correspondiente menor, así como las observaciones a los respectivos consentimientos), y de la que se obtuvo lo siguiente:

         Se presentaron 16 consentimientos.

         Sólo 5 reunieron la totalidad de los requisitos del artículo 8 de los Lineamientos.

         En los restantes 11, el TEV especificó las deficiencias legales de los respectivos consentimientos.

Conforme con los Lineamientos y los criterios de la Sala Superior[14], los consentimientos deben otorgarse por la padre y madre, por quien ejerza la patria potestad o los tutores y, sólo por excepción, por una de las personas que ostente esa patria potestad.[15] Asimismo, tales consentimientos deben acompañarse de la explicación del alcance de la participación y la opinión informada de la niña, niño o adolescente.

La justificación de que se pida el consentimiento de la madre y padre es porqué, en principio, ambas personas ejercen la patria potestad respecto del menor de edad, de forma que, cuando quien otorga la autorización es sólo la madre o el padre, debe justificar por escrito que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con la utilización de la imagen del menor, o bien que, quien otorga el consentimiento, es la única persona que ejerce la patria potestad o el tutor.

Ello, porque el fin de la norma es asegurar que la voluntad de las niñas, niños y adolescentes sea respetada y libre, así como que las personas que se encuentran a cargo de su cuidado, en tanto sus padres o tutores, otorguen el consentimiento para que su imagen sea utilizada en propaganda política o electoral.

Lo trascedentes es la protección de los datos e imagen de las y los menores de edad, por lo que la autorización de los padres y madres debe ser plena, lo cual implica presentar la documentación respectiva completa en tiempo y forma para que se acredite su total consentimiento.

De esta forma, conforme con los lineamientos y el criterio de la Sala Superior, el denunciado y/o MC estaban obligados a cumplir con el requisito consistente en que, si ambos padres ejercen la patria potestad, en principio, se debió tener el consentimiento de ambos para autorizar el uso de la imagen de su hija. Máxime que no se proporcionaron razones por las cuales se omitió exhibir la autorización de la madre o el padre.

Como lo resolvió el TEV, 11 consentimientos presentados por el denunciado incumplieron con tal normativa, dado que sólo fueron otorgados por el padre o la madre y sin justificar porqué la otra persona que pudiera ejercer también la patria potestad estuvo ausente o que estuvo de acuerdo con la aparición del menor.

Tampoco se advierte que a los consentimientos se hubieran acompañado de la opinión informada de la persona menor de edad involucrada.

Por tanto, dado que MC no controvierte de manera eficaz las consideraciones del TEV, al limitarse a señalar de manera genérica que no se valoraron los referidos consentimientos, omitiendo establecer porqué deberían considerarse como válidos a pesar de no reunir los respectivos requisitos, es que se desestima el motivo de agravio.

Por cuanto hace a unos supuestos lineamientos internos de MC para el uso responsable de la imagen de personas menores de edad que el denunciado presentó, también resulta ineficaz el argumento, en la medida que tales lineamientos no fueron aportados al PES, de forma que no existía la obligación procesal del TEV de valorarlos.

Y aun en el caso de que se hubieran presentado, esos lineamientos de manera alguna serían suficientes para justificar la aparición identificable de personas menores de edad en la propaganda denunciada, sin contar con la respectiva autorización informada de su madre y padre, persona tutora o quien ejerciese la patria potestad (conforme con los Lineamientos y los criterios de la Sala Superior), precisamente, porque tales personas son las únicas que, legalmente, pueden autorizar de manera informada la aparición de las personas menores en la propaganda electoral.

e.2.  Responsabilidad en la comisión de la infracción

Se desestiman los motivos de agravios relativos a la responsabilidad de denunciado en la comisión de la infracción, dado que, contrario a lo que aduce MC, en el expediente constan los elementos para acreditar, más allá de toda duda razonable esa responsabilidad.[16]

En principio, se tiene que el denunciado no negó que la propaganda electoral denunciada fuera suya ni que en ella aparecían, de manera identificable, personas menores de edad; por el contrario, aportó al PES diversos consentimientos tendentes a justificar esa aparición.

El denunciado tampoco negó que fuese el titular del perfil de Facebook en el que se publicó y difundió la referida propaganda denunciada, de forma que, como lo resolvió el TEV, a partir de la coincidencia entre el nombre del denunciado con el del perfil de Facebook y el contenido de las publicaciones, es que se acredita su participación, al menos, en la difusión de esa propaganda.

Asimismo, es evidente que, como las publicaciones denunciadas se trataron de propaganda electoral difundida durante la campaña electoral, el denunciado se vio beneficiado, precisamente, porque, a través de ellas, se dio a conocer su candidatura entre el electorado con la finalidad de posicionarse en la elección municipal. Ello, sin que el propio denunciado se hubiera deslindado, sino que, como se ha señalado, trató de probar que la aparición de niñas, niños y adolescentes estaba amparada con las respectivas autorizaciones.

De ahí que resulten ineficaces los motivos de agravio relativos a que se vulneraron el principio de presunción de inocencia y el derecho a la no incriminarse del denunciado, dado que su responsabilidad quedó acreditada, más allá de toda duda razonable; aunado a que MC no controvierte las consideraciones del TEV al respecto, ni argumenta cómo, desde su perspectiva, se debieron valorar las diversas pruebas como de descargo.

Tampoco le asiste la razón a MC cuando aduce que indebidamente se le trasladó una responsabilidad por la comisión de la infracción (bajo la figura de culpa in vigilando), sin haberse acreditado la responsabilidad del denunciado ni habérsele especificado las obligaciones de cuidado que incumplió.

Contrario a lo alegado, sí quedó acreditada la responsabilidad del denunciado, aunado a que, bajo la figura de la culpa in vigilando, bastaba con que ese denunciado fuera su candidato para responsabilizar de manera indirecta a MC de la infracción en la que incurrió, debido a que no se deslindó de manera eficaz, idónea, oportuna y razonable de esa propaganda. [17]

De esta manera, lo ineficaz los motivos de agravio deriva de que el TEV no estaba obligado a señalar cuáles habría sido las obligaciones específicas que MC pudo haber incumplido, dado que, tanto el denunciado como MC, eran responsables de las infracciones relacionadas con la propaganda que se difundió con su nombre o imagen, con independencia de quienes fueran los responsables directos de su elaboración, publicación o difusión.[18]

Por ello, para este caso, resulta irrelevante e ineficaz que MC señale que el TEV omitió considerar los mecanismos de control interno con los que cuenta para prevenir conductas como la del denunciado, dado que, conforme con la línea argumentativa seguida, MC debió demostrar que realizó las acciones concretas y necesarias para sancionar (conforme con su normativa interna) o deslindarse de la propaganda electoral denunciada, y que, efectivamente, le irrogó un beneficio, precisamente, al posicionar a su candidato a la presidencia municipal.

e.3.  Individualización de la sanción

MC aduce que la sanción que le fue impuesta no resulta proporcional, dado que el TEV dejó de considerar diversos factores atenuantes.

Se desestima el planteamiento, dado que el ejercicio de individualización de la sanción del TEV se encuentra debidamente motivada al haber calificado la falta como grave ordinaria, sin que MC controvierta de manera eficaz las respectivas consideraciones.

De la sentencia reclamada, se advierte que el TEV tomó en consideración, entre otros aspectos, los bienes jurídicos tutelados, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la singularidad de la falta y el contexto fáctico en se suscitaron los hechos y que no se obtuvo un beneficio económico. Además, se patentizó que MC resultaba reincidente de la violación al interés superior de la niñez (conforme con lo resuelto en otros 2 PES).

En torno a la cuantificación de la multa, el TEV partió de los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, el grado de afectación a las reglas de la propaganda electoral, en detrimento del interés superior de la infancia y, con base en ello, consideró que la sanción procedente a imponer.

De esta forma, lo ineficaz del motivo de agravio deriva de que el TEV sí consideró diversas atenuantes y agravantes para calificar la gravedad de la infracción y, de ahí, proceder a la individualización de la sanción y cuantificación de la multa. Todo ello, como se dijo, sin que MC controvierta tales consideraciones.

f.  Decisión

Al haberse desestimado por ineficaces los motivos de agravio, dado que la sentencia reclamada se ajustó a los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia, al ser MC responsable indirecto por la vulneración al interés superior de la niñez por su aparición en la propaganda electoral del denunciado, lo procedente es confirmarla, en la materia de impugnación.

VI.  RESOLUTIVO

ÚNICO. Se confirma, en la materia de impugnación, la sentencia reclamada.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente que ahora se resuelve como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la respectiva documentación.

Así lo resolvieron, por unanimidad, las magistraturas quienes integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, ante la secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.