JUICIO DE INCONFORMIDAD: SX-JIN-01/2012.

ACTORES: PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: 13 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON CABECERA EN HUATUSCO, VERACRUZ.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MAGISTRADA PONENTE Y ENCARGADA DEL ENGROSE: CLAUDIA PASTOR BADILLA.

SECRETARIO: VÍCTOR RUIZ VILLEGAS.

ASESORA JURÍDICA: RUBÍ YARIM TAVIRA BUSTOS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de agosto de dos mil doce.

VISTOS para resolver, los autos del juicio de inconformidad al rubro citado, promovido por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral Federal 13, con cabecera en Huatusco, Veracruz y,

R E S U L T A N D O

I.       Jornada electoral. El primero de julio del año en curso, se celebró la elección de diputados al Congreso de la Unión.

II.    Cómputo distrital. El cuatro de julio de dos mil doce el Consejo Distrital 13, con cabecera en Huatusco, Veracruz inició el cómputo distrital de la elección de diputado federal, el cual culminó el cinco siguiente. Los resultados fueron.

Distribución final de votos a partidos políticos y partidos coaligados

Votación final obtenida por los candidatos

Conforme con esos resultados, la diferencia entre el primero y segundo lugar es de veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho.

Al finalizar el cómputo, el citado Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados y la elegibilidad de la fórmula que obtuvo la mayoría de votos y el presidente expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos registrada por el Partido Acción Nacional, integrada por los ciudadanos Víctor Serralde Martínez como propietario y Ramiro Hernández Lozano como suplente.

III. Juicio de inconformidad. En contra de lo anterior, el nueve de julio del año en curso, los representantes de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México promovieron conjuntamente juicio de inconformidad ante el consejo distrital responsable, esencialmente, por considerar nula la elección, por violación a principios constitucionales y, además, por causas de nulidad específicas de votación en casilla, en cincuenta y cuatro, por error o dolo y en cincuenta y dos, porque la votación se recibió por personas u órganos distintos a las autorizadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

IV. Tercero interesado. El doce de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante acreditado ante el consejo distrital responsable, presentó escrito como tercero interesado.

V. Trámite. El consejo distrital remitió a este órgano jurisdiccional la demanda, el expediente del cómputo distrital, su informe circunstanciado, las constancias de publicitación de la demanda, el escrito de comparecencia del tercero interesado y demás documentación atinente.

VI. Turno. El trece de julio, la Magistrada Presidente de esta sala regional formó el expediente SX-JIN-001/2012. El turno correspondió a la ponencia de la Magistrada Claudia Pastor Badilla, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. Radicación y requerimientos. El dieciséis siguiente, la instructora radicó el juicio. En esa fecha y el veinte posterior, requirió al consejo responsable diversa información, lo cual quedó satisfecho oportunamente.

VIII. Admisión y cierre de instrucción. El dieciocho siguiente, se admitió el juicio y, en su oportunidad, al no encontrarse pendiente ninguna diligencia, se cerró la instrucción con lo cual quedaron los autos en estado de dictar sentencia; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta sala regional es competente, para conocer y resolver este medio de impugnación, por la elección cuestionada, es decir, al promoverse en contra del cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría, de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, y, por geografía política, pues la autoridad responsable se encuentra en Veracruz, entidad correspondiente a esta circunscripción plurinominal electoral.

Lo anterior con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 60, y 99, párrafo 4, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción I, 192, párrafo 1  y 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, 34, párrafo 2, inciso a), 49, 50, párrafo 1, inciso b), fracción I, y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Presupuestos procesales y requisitos especiales de la demanda.

Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en la cual, consta el nombre y firma autógrafa de los promoventes, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios pertinentes.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 55, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la sesión de cómputo distrital cuestionada concluyó el cinco de julio del año en curso, y tal presentación se realizó el nueve siguiente.

Legitimación y personería. El juicio de inconformidad es promovido por parte legítima, conforme con lo previsto por el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la ley adjetiva electoral, al hacerlo los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, a través de sus  representantes ante el órgano electoral responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, apartado 1, inciso a), fracción I, del citado ordenamiento procesal, como se acredita con la copia certificada de sus nombramientos y lo reconoce la responsable en su informe circunstanciado.

Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el artículo 52, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral están satisfechos porque en la demanda se precisan la elección cuestionada y las causas de nulidad.

TERCERO. Tercero interesado. El párrafo 2 del artículo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que el tercero deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifique plenamente la legitimación para ello.

El artículo 13 de la Ley citada señala que la presentación de los medios de impugnación corresponde, entre otros, a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos a los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado, caso éste último, en el que los registrados sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados.

El doce de julio del año en curso, la representante propietaria del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital presentó escrito de tercero interesado.

Respecto de la calidad con que se ostenta, se tiene por acreditada pues acompaña copia del escrito por el cual se le designó con tal carácter lo cual se corrobora con el contenido de diversas actas y acuerdos de la responsable relativas a la sesión del cómputo impugnado en los cuales se le atribuye tal carácter.

a. Calidad. De conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c), el tercero interesado es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

Los partidos actores sostienen, entre otras cosas, que la elección de diputado federal del distrito 13 del Instituto Federal Electoral en Huatusco, Veracruz, debe ser anulada.

Por su parte, el Partido Acción Nacional a través de su representante, pretende que se confirme la validez de la citada elección, así como la entrega de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula de candidatos integrada por Víctor Serralde Martínez como propietario y Ramiro Hernández Lozano como suplente.

Por tanto, se advierte que existe un derecho incompatible entre los actores y el Partido Acción Nacional pues ambos proponen cuestiones contrarias, de ahí que cumple con este requisito.

Ahora bien, respecto a los requisitos propios del tercero se tiene lo siguiente.

a.                Oportunidad. De conformidad con el artículo 17, párrafo 1, inciso b), la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito. El párrafo cuarto del mismo artículo señala que dentro del plazo a que se refiere el inciso b), los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

De las constancias en el expediente se advierte que el aviso de la presentación del juicio se fijó en los estrados de la autoridad responsable el nueve de julio del año en curso a las veintitrés horas y el escrito del tercero interesado se presentó ante la misma autoridad el doce siguiente, a las catorce horas, es decir, dentro del plazo legal de setenta y dos horas.

Con lo anterior, se satisface el supuesto previsto en el artículo 13, inciso a), fracción I, en relación con el 88, párrafo 1, inciso a) y 17, párrafo 4, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. Causales de improcedencia. El tercero interesado hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, de la invocada ley, al estimar frívola la demanda.

No se actualiza la causa.

Este Tribunal Electoral ha sostenido en forma reiterada que para considerar frívolo un medio de impugnación, necesariamente, debe estimarse intrascendente y, en términos generales, los agravios inútiles para alcanzar la pretensión invocada.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.[1]

De tal forma, si en la demanda las pretensiones de los actores son revertir el resultado de la elección o que se declare su nulidad y se expresan las causas por las que estiman es procedente lo pedido, esto satisface los requisitos de trascendencia y utilidad en la expresión de los agravios, de ahí que no pueda considerarse frívolo el juicio. Cuestión distinta será determinar si les asiste razón, lo cual corresponde al fondo de la controversia.

QUINTO. Pruebas. Los actores solicitaron requerir la siguiente información:

No es procedente lo pedido.

El artículo 9, apartado 1, inciso f), de Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece como requisito de los recursos y juicios, cuando se pretenda sea el tribunal quien requiera las pruebas, que el promovente justifique la solicitud oportuna, por escrito, al órgano competente, y éstas no le fueran entregadas.

Así, para estar en aptitud de requerir alguna prueba es menester que se reúnan los requisitos siguientes:

1. Acompañar a la demanda, la solicitud por escrito al órgano competente;

2. La solicitud  oportuna, y

3. La negativa u omisión de la responsable de entregar lo pedido.

En el caso, se incumple con el primero de los requisitos en lo que toca a las pruebas señaladas en los puntos primero al quinto del recuadro correspondiente, porque los actores exhiben, únicamente, la impresión de la página electrónica de la Procuraduría General de la República del acuse de recibo de la presentación de una denuncia, o bien, las copias de las denuncias presentadas.

Sin embargo, esos documentos, si bien informan de la presentación de las denuncias ante esas instancias, nada dicen acerca de la solicitud de información o documentación específica, es decir, probar que se denunciaron hechos específicos no es equivalente a solicitar información de una autoridad.

Por lo tanto, no es posible considerar satisfecho con esos documentos, el requisito de solicitud oportuna de la prueba correspondiente ante la autoridad responsable.

Respecto a la prueba seis, si bien los actores adjuntan la solicitud de información ante la autoridad competente, la misma carece de valor al ser una copia simple insuficiente para establecer el vínculo entre lo pedido y la autoridad.

Lo anterior de acuerdo al criterio reiterado de este tribunal en el sentido de considerar que las copias simples no generan prueba plena de su contenido.

Además, como se verá, la pretensión relativa a la nulidad de la elección no es posible acogerla, de ahí que sea innecesario tener a la vista esta prueba.

SEXTO. Estudio de fondo. Los actores solicitan la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales y de votación recibida en noventa y cinco casillas, por dos causales distintas.

Por cuestión de método, se analiza en primer orden lo concerniente a la nulidad de la elección, pues de prosperar sería innecesario el estudio de lo restante.

1. Pretensión de nulidad de elección por violación a principios constitucionales.

Los actores solicitan la nulidad de la elección por violación a los principios constitucionales, propios de una elección democrática. Hacen valer los siguientes planteamientos:

a. Utilización de programas sociales para coaccionar o manipular el voto.

b. Participación de funcionarios públicos federales y municipales en la campaña.

c. Rebase del tope de gastos de campaña.

d. Cobertura inequitativa de los medios impresos de comunicación regionales.

Antes de analizar los temas de la impugnación, deben precisarse las razones por las cuales es procedente estudiar el planteamiento de nulidad de la elección, pese a tratarse de hechos ubicados en etapas distintas al día de la jornada electoral y lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciertamente, el artículo 99, fracción II, constitucional, establece que las salas del Tribunal Electoral sólo podrán declarar la nulidad de una elección por causas expresamente previstas en la ley, lo cual llevaría a suponer, en principio y analizado de una manera aislada, que un determinado hecho no puede concebirse normativamente hablando como causa de nulidad o, en términos generales, que un acto contrario a la ley, no puede ser privado de efectos.

No obstante, de la interpretación sistemática y funcional de ese precepto constitucional, en relación con los artículos 39, 40, 41, 116 y 133 de la propia Constitución Federal, se sostiene que la limitante preceptuada, de manera alguna restringe la posibilidad de determinar la invalidez de los comicios, cuando se acrediten violaciones a los contenidos constitucionales normativos de la materia electoral, supuesto en el cual, no se requiere la reiteración en normas secundarias ni la consignación expresa de la consecuencia de nulidad, pues basta justificar la contravención de esas normas constitucionales, de manera generalizada, grave y determinante, para proceder a su nulidad.

De esta suerte, es procedente el análisis de los planteamientos formulados por los actores, con independencia de que se ubiquen fuera del día de la jornada electoral, al estar relacionados con la posible afectación de los principios rectores de todo proceso electoral, fijados con rango constitucional.

De acuerdo a lo anterior, son infundadas las causales alegadas por la responsable y el tercero en el sentido de que los hechos base de la pretensión se consumaron de forma irreparable.

Por otra parte, es necesario establecer que, al tratarse de actos sancionables, ya sea en el ámbito administrativo sancionador, penal o electoral, exigir pruebas directas de los hechos es pedir lo imposible pues es evidente que quien lleva a cabo actos contrarios a la norma busca evitar la denuncia de los mismos para mantener la ventaja obtenida con su realización.

De tal forma, al analizar ese tipo de planteamientos es necesario tener en cuenta el funcionamiento doctrinal de la prueba de indicios, la cual, en ocasiones, es la única disponible para probarlos.

Para abordar el material probatorio, debe preciarse en qué consisten las pruebas de indicios y cómo operan en la convicción del juzgador acerca de los hechos a demostrarse.

Prueba indiciaria.

La prueba indiciaria, de conformidad con Hernando Devis Echandía,[2] consiste siempre, en hechos plenamente comprobados por cualquier medio conducente, para en ese sentido demostrar plenamente hechos indiciarios.

Esto es, el indicio no es una prueba de segunda clase, ni un principio de prueba, sino que, como cualquier otro medio, puede tener o no el carácter de prueba plena, de acuerdo con sus condiciones intrínsecas y extrínsecas, pero es un medio autónomo, en el sentido de que se trata de hechos que por sí mismos tienen significación probatoria en virtud de la conexión lógica que presentan con el hecho investigado y nunca de un medio que por sus deficiencias pierda categoría.

La razón o el fundamento del valor probatorio del indicio, radica en su aptitud para que el juez induzca de él lógicamente el hecho desconocido que investiga.

Ese poder indicativo se fundamenta, por su parte, en la experiencia humana o en los conocimientos técnicos o científicos especializados, según sean indicios ordinarios o técnicos.

En el primer caso, se trata de esas máximas o reglas generales de la experiencia, que le enseñan la manera normal constante o solo ordinaria, como se suceden los hechos físicos o psíquicos, y le sirven al juez de guía segura para la valoración de toda clase de pruebas y, en especial, de la indiciaria.

Al juez le basta aplicar a los hechos indiciarios debidamente probados y que conoce con certeza, esas máximas comunes o las técnicas especiales que conozca o que le hayan suministrado unos expertos, para obtener con ayuda de la lógica su conclusión acerca de si de aquellos se concluye o no la existencia o inexistencia de los investigados y si esa conclusión es cierta o únicamente probable.

En todo caso, cualquiera que sea la naturaleza del razonamiento, la fuerza probatoria de los indicios, supuesta la prueba plena de los hechos indiciarios, depende de la mayor o menor conexión lógica que el juez encuentra entre aquellos y el hecho desconocido que investiga, con fundamento en las reglas generales de la experiencia o en las técnicas, según sea el caso, es decir, depende de la mayor o menor probabilidad del hecho indicado en razón de su conexión lógica con los hechos indiciarios contingentes o de la indispensable relación de causa a efecto, o viceversa, que existe entre aquel y el indicio necesario.

Entre las clasificaciones posibles del tipo de indicios, encontramos:

Indicio necesario. Es aquel que de manera infalible e inevitable demuestra la existencia o inexistencia del hecho investigado, aquél que por sí solo da la certeza del hecho desconocido.

Para este supuesto es necesario que la regla de la experiencia común o científica que le sirve de fundamento sea de aquellas que no sufren excepción, que ineludiblemente se cumplen, porque constan en una ley física inmutable y constante, pues solo así la inferencia indiciaria resulta también inexorablemente cierta.

Indicios contingentes. Son los que tomados en lo individual, aportan un cálculo de probabilidad y no una relación de certeza, pero varios de ellos aportan ese elemento.

Ciertamente, la teoría de lo constante u ordinario, es decir, de lo que siempre u ordinariamente ocurre en el mundo físico y en el mundo moral es la base de la prueba indiciaria, pues permite que de un hecho se induzca la causa o el efecto de otro, cuando tal conclusión corresponde a la idea que tenemos del modo constante o solo ordinario como esa causa o ese efecto se producen.

De la constante del ser y de obrar, deducimos consecuencias ciertas, de lo ordinario del ser y de actuar, deducimos consecuencias probables.

Por lo anterior, debe quedar aclarado que los indicios se pesan no se cuentan, esto es, no basta con que aparezcan probados en número plural; es indispensable que examinados en conjunto produzcan la certeza sobre el hecho investigado y, para que esto se cumpla, se requiere que sean graves, que concurran armónicamente a indicar el mismo hecho y que suministren presunciones que converjan a formar el convencimiento en el mismo sentido.

De esta forma si los indicios son leves o de poco valor probatorio, porque la relación de causalidad con el hecho indicado no es clara ni precisa, de su conjunto tampoco podrá resultar la certeza necesaria para que el juez base en ellos su decisión, pues de un conjunto de malas pruebas por muchas que sean, no puede resultar una conclusión cierta.

En conclusión, los requisitos para la existencia jurídica del indicio, son:

i. Prueba plena del hecho indicador o del hecho conocido.

ii. El hecho probado tenga significación probatoria respecto al hecho que se investiga, por existir alguna conexión lógica entre ellos.

iii. Que no existan contra-indicios que no puedan descartarse razonablemente.

Ahora bien, para entrar al análisis de los planteamientos de los actores conviene tener presente que, cuando se trata de pretensiones de nulidad de elección por violación a principios constitucionales, es necesario establecer el marco normativo que permita conocer los elementos de una conducta contraria a esos principios, después revisar si los hechos base de la pretensión están acreditados y, por último, determinar su grado de trascendencia al curso del proceso electoral.

a. Uso indebido de programas sociales.

Conforme al artículo 41 párrafo segundo y base I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la libertad es un elemento indispensable y esencial de toda elección democrática, sin la cual no puede estimarse válida.

Un aspecto fundamental de la libertad del sufragio, consiste en que el elector asuma su postura sin ningún tipo de presión o coacción exterior, esto es, que la determinación a la cual llegue al momento de votar sea exclusivamente producto de su convencimiento.

Conforme al orden constitucional, una de las funciones primordiales del estado democrático de derecho es crear las condiciones para el bienestar del gobernado, mediante la recaudación de impuestos que destina, entre otras cosas, a programas de carácter social en apoyo a los grupos necesitados, tales como vivienda digna, educación, salud, entre otros.

Por su naturaleza, los programas sociales deben ser una herramienta encaminada al equilibrio dentro de la sociedad, al proveer de los satisfactores indispensables para una vida digna a los sectores de la población más desprotegidos, por lo cual, debe ser una actividad permanente. Por tanto, puede ser concurrente con el desarrollo de los procesos electorales, de esta suerte, su presencia durante los mismos no se traduce, necesariamente, en una afectación a los principios rectores de las elecciones constitucionales.

Estos programas no deben utilizarse como medio para presionar o coaccionar a los beneficiarios, para inclinar el sufragio a favor de una fuerza política determinada, ya sea mediante el condicionamiento para obtener el beneficio o con la promesa de un provecho o privilegio, a cambio de votar en un sentido determinado, razón por la cual los funcionarios gubernamentales, así como los dirigentes partidistas y candidatos, están impedidos para emplearlos como medios para coaccionar al elector, si se tiene en cuenta que, ordinariamente, sus beneficiarios forman parte de las clases sociales más desprotegidas y, por tanto, más susceptibles de ser objeto de coacción.

Cuando se presentan ese tipo de conductas, se afecta, además, la equidad en la contienda, otro de los principios rectores de las elecciones libres y auténticas, al implicar que una de las fuerzas políticas contendientes cuente con mejores condiciones para allegarse de votantes, mediante el aprovechamiento del aparato estatal, para favorecer a su candidato, mediante el condicionamiento de los programas sociales a cambio de la emisión del sufragio en un sentido determinado, lo cual se traduce en la transformación de una de las obligaciones estatales en beneficio de una fuerza política, que resulta desleal para el resto de los contendientes ajenos al gobierno.

Por tanto, los programas sociales no deben utilizarse como medios para presionar al electorado, ni diseñarse con la intención evidente de favorecer a un candidato o partido político determinado.

Tal consideración se reitera en diversas normas de nuestro orden jurídico.

La propia Constitución General en su artículo 134, párrafo séptimo, obliga a los funcionarios públicos de todos los niveles a aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Por su parte la Ley General de Desarrollo Social prevé, en su artículo 28, que la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberá identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

En el mismo sentido, el Código Penal Federal establece, en su artículo 407, fracción II, la pena de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato.

Como se puede advertir, el orden jurídico tiene como principio cuidar la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos respecto a las contiendas electorales, en lo cual, evidentemente se incluyen los programas sociales pues, con ello, se garantizan tanto la imparcialidad gubernamental y la equidad en la contienda como la libertad de sufragio.

En el caso, los actores señalan tres hechos.

1. El candidato ganador, en los últimos años, ha realizado tareas de gestión de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, y

2. El candidato en diversas ocasiones hizo mención expresa de que en caso de no votar por los candidatos del Partido Acción Nacional se privaría de los apoyos a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal.

Además sostiene que, por el grado de marginación social en la población del distrito, la cual, en su mayoría es beneficiaria de tales programas, son particularmente sensibles a ese tipo de amenazas.

3. La casa de campaña se instaló en el mismo inmueble que el ocupado por las oficinas del programa oportunidades pues solo las separa un cancel y no se puede diferenciar claramente entre ellas.

a.1 Existencia de los hechos.

Por lo que hace a los dos primeros los actores aportaron diversas notas de periódicos cuyo contenido se relata en el anexo 1.

De acuerdo a su contenido pueden clasificarse de la siguiente forma.

1.    Se relaciona al candidato con los programas sociales de la SEDESOL o con el personal que integra la delegación estatal.

2.    Se sostiene que se benefició económicamente de los programas sociales.

3.    Incurrió en conductas ilícitas al operar el programa.

4.    Empleó los apoyos a cambio del voto en la precampaña para ser postulado candidato.

5.    Directa o indirectamente condicionó la entrega o permanencia de los programas sociales al voto a su favor en la elección constitucional o bien amenazó con la terminación del programa.

Con base en la anterior clasificación se tiene que las once notas se pueden ubicar de la siguiente forma:

Valoración.

Por principio, debe tenerse en cuenta que, como se explicó, la conducta relativa a la manipulación de los programas sociales con fines electorales implica la necesidad de acreditar el condicionamiento de la entrega de beneficios a cambio del voto, o bien, amenazar con la pérdida de los mismos si no gana determinado partido.

Con base en lo anterior, las pruebas agrupadas en los temas 1, 2 y 3 en nada benefician la pretensión de los actores pues de ninguna forma se relacionan con el condicionamiento de la entrega de beneficios de los programas a cambio del voto a su favor.

Ahora bien, en el caso de las cuatro notas que refieren el empleo de programas sociales para obtener la candidatura, se trata solo de manifestaciones hechas por quienes escriben las notas sin que en las mismas se refieran circunstancias que permitieran comparar los hechos que describen. De tal forma, aun cuando las cuatro son coincidentes, no puede atribuírseles valor probatorio pues se tratan de meras opiniones que no aportan elementos mínimos de verificación fáctica.

Por lo que hace a las seis notas agrupadas en el numeral 5, esto es, las que atribuyen el condicionamiento del voto a cambio de la entrega de programas sociales, se tiene lo siguiente.

En el caso de las notas de prensa descritas en los apartados 3 y 5 se trata de afirmaciones genéricas, esto es, de apreciaciones de quien redacta la nota. En lo relativo al tema esencialmente se sostiene:

Nota 3. Santiago Chicuellar, quien se identifica como coordinador regional de Oportunidades, condiciona el beneficio del programa al voto por Víctor Serralde Martínez.

Nota 5. Víctor Serralde Martínez compra votos ejerciendo poderío en los programas sociales de la SEDESOL.

Ambas notas refieren la opinión de quien así lo sostiene, lo cual es insuficiente para acreditar la causa de nulidad, pero además, en ellas tampoco existe ninguna descripción de los hechos por los cuales, quienes redactan, llegan a esa conclusión, lo que les resta cualquier valor probatorio.

Respecto a las notas de prensa  2 y 4 y la nota electrónica 20 se advierte que dan cuenta de eventos respecto de los cuales se narran circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Nota escrita 2. Se narra la realización de un evento en el auditorio de Paso del Macho ante por lo menos 200 beneficiarios de los programas sociales convocados por los mismos empleados de SEDESOL. Se sostiene que el candidato afirmó que al término del sexenio culminarían los programas de oportunidades y 70 y más, por lo que, junto con personas afines a él les solicitó una serie de documentos entre ellos sus constancias médicas, para inscribirlos a los "nuevos programas sociales".

Nota escrita 4. Se sostiene que en una tienda en el municipio de Tenampa, el veintidós de mayo, el equipo de campaña de Serralde, entregó el apoyo de Oportunidades de manera directa.

Se dice que, según versiones de los mismos beneficiarios, indicaron que les decían que si no votaban por el PAN les suspenderían el programa, lo que ocasionaba que las personas salieran con miedo.

Nota electrónica 20. Se sostiene que Margarita Bonilla Casas, de la comunidad El Progreso, Mata Lovillo,  municipio de Soledad de Doblado, explicó que personal de SEDESOL condiciona el registro del programa Oportunidades.

Este tipo de acciones las han llevado a cabo durante toda la campaña de Víctor Serralde Martínez, pero ahora se han intensificado en su desesperación por obtener de manera ilegal el voto ciudadano, señalaron los afectados.

Los denunciantes que radican en el municipio de Soledad de  Doblado, manifestaron su inconformidad ante los medios de comunicación, y aseguraron que no caerán en las trampas y argucias del personal de la SEDESOL.

Los servidores públicos implicados en el delito  electoral se llaman Aurelia Sánchez Sánchez, Eva Carreón García, Julia Cruz Sánchez y Roque  Sánchez  Ruiz, quienes  están llevando a cabo estas maniobras en los municipios aledaños como Soledad de Doblado y sus  alrededores.

Como se advierte, las notas refieren tres hechos en los que, quienes redactan expresan el condicionamiento en la entrega, inscripción o permanencia de programas sociales a cambio del voto, lo cual, además de ser la opinión de quien escribe no están relacionados entre sí.

Además, debe tenerse en cuenta que todas las notas impresas corresponden al mismo diario, lo cual mengua aun más, su peso convictivo, de acuerdo al criterio sustentado en la jurisprudencia de rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.[3]

Con base en lo anterior, a ningún efecto práctico puede llevar el análisis de las pruebas descritas como reglas de operación del programa oportunidades ni del registro electrónico de los beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social en el distrito impugnado pues las mismas no se relacionan con la alegada presión del candidato ganador contra los beneficiarios de tales programas.

Ahora bien, por lo que hace a la confusión entre la casa de campaña de Víctor Serralde Martínez y la oficina de oportunidades en la ciudad de Huatusco se tiene lo siguiente.

Los actores aportaron las siguientes impresiones:

Sostiene que el hecho de que no puedan distinguirse los recintos de ambas oficinas, la del Programa Oportunidades y la Casa de Campaña, genera confusión en el electorado y le otorga una ventaja indebida a Víctor Serralde Martínez.

Tal manifestación es infundada pues de las imágenes aportadas por los actores se advierte la clara identificación entre los dos inmuebles ya que ambos tienen anuncios perfectamente diferenciables que abarcan el espacio ocupado por cada oficina.

Además, no hay igualdad o identidad de lemas o propaganda que permitieran suponer la intención de confundir al electorado o bien, con algún elemento que permitiera afirmar que los funcionarios del programa social de alguna forma remitieran a los beneficiarios a la casa de campaña.

Con lo anterior no se pierde de vista que la cercanía de ambas oficinas podría suponer, en principio, la facilidad para que quienes acuden a una, pudieran a su vez, pasar a la segunda.

Sin embargo, para establecer tal suposición haría falta demostrar que, para tener derecho a entrar a la de los programas sociales, era necesario pasar o quedar obligado en la que corresponde a la del casa de campaña, circunstancia que en el caso, ni siquiera se refiere en los hechos y mucho menos se acredita.

Es decir, lo que la norma sanciona es que los programas sociales se condicionen a una preferencia política, lo cual, difícilmente puede extraerse, de la sola ubicación de las oficinas correspondientes.

De acuerdo a lo anterior, se desestiman los planteamientos de los actores relativos a la manipulación de programas sociales para coaccionar el voto.

b. Participación de servidores públicos en la campaña

El artículo 41, base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten con elementos para llevar a cabo sus actividades en igualdad de circunstancias, lo cual constituye la fuente del principio de equidad en la contienda.

Como parte de las reglas para el respeto de la equidad en la contienda, el artículo 134, párrafo séptimo, de la propia constitución dispone la obligación de los servidores públicos de los tres niveles, la obligación de actuar con imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos bajo su responsabilidad y literalmente establece la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

En el mismo tenor, el párrafo siguiente dispone que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social difundida por los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, para lo cual restringe el contenido de la publicidad, a no incluir nombres, imágenes o voces que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Como se ve, la norma fundamental establece las directrices de actuación de las autoridades, cuando se encuentra en curso un proceso electoral, al establecer, que si bien, sus labores no pueden interrumpirse y, por lo mismo, pueden implicar cierta información pública, deben evitar propiciar o influir en el ánimo electoral con su proceder, para lo cual, se acota el tipo de publicidad o de actos que pueden realizar.

En concordancia con lo anterior, el artículo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone la prohibición de difundir, en los medios de comunicación social, la propaganda gubernamental de todas las autoridades en los tres niveles, durante todo el tiempo que comprendan las campañas electorales, federales y hasta la conclusión de la jornada comicial.

La infracción a las disposiciones comentadas, además del régimen sancionador al cual se exponen los servidores públicos responsables puede, en atención al grado y magnitud de la irregularidad, lesionar los principios rectores del proceso electoral al grado de provocar su nulidad, de ahí que las irregularidades relacionadas con el indebido proceder de las autoridades deba estudiarse a partir de sus efectos con el proceso electoral.

La premisa anterior se matiza, cuando la participación de los funcionarios en actos de proselitismo se dé en días y horas inhábiles, dado que los funcionarios fuera de los ámbitos del desempeño de sus labores tienen garantizados, como cualquier otro ciudadano, todos los derechos fundamentales, en los cuales se encuentra la libertad de expresión y asociación en materia política de conformidad con la jurisprudencia de este tribunal de rubro ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.[4]

Para probar la indebida participación de funcionarios de gobierno federal y municipal los actores aportaron las notas periodísticas descritas en el anexo 2.

Respecto a la nota ocho, en la misma se da cuenta de dos reportes de diversos actos de inauguración de casas de campaña, lo cual ocurrió el catorce y quince de abril del año en curso. Ahora, si bien es cierto que se da cuenta de la participación de funcionarios municipales, también lo es que esas fechas corresponden a días inhábiles, sábado y domingo. Con base en lo anterior, aun de tener por acreditada la participación de servidores públicos narrados en la nota, no podrían considerarse como irregularidades al llevarse a cabo fuera de días y horas laborables.

Las notas restantes dan cuenta de tres actos, el primero, relativo al cierre de campaña y los demás, de recorridos del candidato Víctor Serralde Martínez por diversas comunidades y colonias integrantes del distrito 13.

Cabe mencionar que en ninguna de las notas se asienta la fecha en el cual sucedieron los hechos a efecto de estar en aptitud de verificar si la supuesta participación de funcionarios públicos en los actos proselitistas se llevó a cabo en día y hora hábil.

De tal forma, aun cuando los actores no ofrecen elemento alguno para constatar este extremo, en el mejor de los casos para su pretensión, y de considerar que los días en los cuales participaron servidores públicos en los eventos eran hábiles, cabe precisar lo siguiente.

Cierre de campaña

Respecto a la participación de los alcaldes las tres dan cuenta del hecho, una identifica a los de Zentla, Sochiapa, Huatusco, Tepetlaxco, Tenampa, Atoyac y la última solo refiere al alcalde de Huatusco, Miguel Ángel Sedas Castro.

Las tres notas coinciden en señalar la presencia del Bernardo Téllez Juárez quien, de acuerdo a la página oficial de la Cámara de Diputados[5] ostenta el cargo de Diputado Federal por el Partido Acción Nacional, por el principio de representación proporcional y se adjudica a Veracruz.

Así, podría suponerse la asistencia de los funcionarios al cierre de campaña, sin embargo, al no estar concatenados con otros elementos de prueba, ni existir circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos descritos en las notas, ninguna convicción generan sobre la violación alegada.

Recorridos.

En el caso de la presencia de funcionarios municipales y auxiliares de los ayuntamientos, no puede tenerse por acreditada pues ambas notas periodísticas refieren eventos diversos y por ende, solo existe una prueba de valor muy débil por cada uno.

Conclusión.

Como se ve, en relación con los cierres de campaña y los recorridos aludidos, las notas referidas dan cuenta de circunstancias aisladas que de forma alguna tienen la entidad suficiente para, por sí mismas, calificarse de graves, sistemáticas y generalizadas pues se trata solo de tres eventos en noventa días de campaña.

c. Rebase de tope de gastos de campaña.

El artículo 41, base II, de la Constitución Federal prevé el acceso al financiamiento público y privado de los partidos políticos para la obtención del voto en condiciones de equidad.

A su vez, el artículo 118, párrafo 1, inciso m), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución del Consejo General, determinar los topes máximos de gastos de campaña que pueden erogarse en la elección de diputados federales.

De estas disposiciones se advierte que para garantizar una contienda equitativa el legislador previó la facultad del máximo órgano de dirección del citado instituto, para establecer cuál sería el gasto máximo en una campaña de diputado, pues con ello abona a la equidad entre los contendientes y se posibilita el ejercicio libre del sufragio.

Conforme con esa facultad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG433/2011, de dieciséis de diciembre de dos mil once, mediante el cual estableció que el tope máximo de gastos para una campaña de diputado federal por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 equivale a $1,120,373.61 (un millón ciento veinte mil trescientos setenta y tres pesos 61/100 M.N.).

Los actores estiman, que al acreditarse el rebase del tope de gastos de campaña, se actualiza directamente la infracción sobre el principio de equidad en la contienda y, por lo mismo, es suficiente para producir la nulidad de los comicios.

Antes de abordar el análisis de tal planteamiento es indispensable hacer las siguientes precisiones.

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción I, 216 y 229, párrafo dos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se advierte, que los informes que deben rendir los partidos políticos ante la autoridad administrativa electoral acerca del origen y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, corresponden a un régimen administrativo sancionador cuya finalidad es, mediante la aplicación de medidas de apremio, inhibir conductas similares en próximos procesos electorales.

Por lo cual son posibles, al menos, dos escenarios, que al momento de la calificación de la elección la fiscalización se encuentre culminada caso en el cual existirá la presunción entorno a la afectación del principio de equidad, de conformidad con el dictamen de fiscalización para que la autoridad de que se trate lo tenga en cuenta al resolver.

En cambio, cuando la norma prevé que la fiscalización culmine después de la calificación de la elección, esto no significa que el órgano revisor de la legalidad y constitucionalidad de los actos derivados del proceso comicial, quede impedido para determinar la nulidad de una elección por la afectación al principio de equidad en la contienda, sino que la forma de dar congruencia al sistema se traduce en que, quien solicite la nulidad por esa razón deberá demostrar que los actos por los cuales sostiene la lesión existen y tienen la magnitud o grado de afectación necesario para cumplir, además, con el requisito de ser determinante.

Ciertamente, el artículo 41, base II, párrafo segundo, de la Constitución Federal se establece que la ley establecerá los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos.

En este dispositivo se prevé un tope de gastos de las campañas electorales que desarrollen los partidos políticos, entre otras, la de diputados federales por mayoría relativa, el cual será fijado conforme con la ley respectiva.

De acuerdo con lo anterior, en el artículo 83 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en tratándose de los gastos de campaña electoral, un informe preliminar con corte hasta el treinta de mayo, dentro de los primeros quince días de junio del año de la elección, y uno final, a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al de la jornada electoral.

En relación con estos plazos, el artículo 65 de la Constitución Federal establece que el congreso se reunirá cada año, inclusive el de la elección, el primero de septiembre. A su vez, el artículo 69 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que los recursos de reconsideración que versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados deberán ser resueltos, a más tardar, el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral.

Como se ve, al momento de la declaración de validez e integración del órgano aún no concluye, ni siquiera, la primera fase del procedimiento de fiscalización, esto es, de la entrega del informe final.

Por lo tanto, nos encontramos en el supuesto de que se tengan que acreditar, al no existir la presunción de la norma, los actos que constituyen la lesión al principio de equidad en la contienda y la determinancia, lo cual no se cumple en el caso como se demuestra enseguida.

Flotilla de camionetas.

Los actores sostienen que el candidato Víctor Serralde Martínez tenía a su disposición una flotilla de “aproximadamente” treinta camionetas.

Para demostrarlo presentó la impresión de diez fotografías.

1. Vehículo placas MKB 45-84

2. Vehículo placas MKB 46-12

3. Vehículo placas MKB 29-29

3. Vehículo placas KX 41-218

4. Vehículo MHE92-57

Aún cuando habla de treinta vehículos, solo ofrece pruebas respecto de cuatro. Además, que un vehículo porte propaganda política de un candidato no implica que pertenezca a la propiedad de éste, o bien, que existiera un contrato de arrendamiento a su servicio de los automóviles, o incluso, la donación en el uso.

Es decir, los cuatro automóviles que se aprecian de las fotografías pueden obedecer, entre otras muchas razones, a las preferencias electorales de los verdaderos propietarios, de militantes del partido o simpatizantes.

Es decir, las máximas de la experiencia permiten afirmar que una forma muy difundida de hacer campaña por los partidos políticos es precisamente regalar a los automovilistas propaganda para portarla en el auto.

Por ello, las fotografías son insuficientes para acreditar el gasto del candidato y, por ende, el rebase en el tope de gastos de campaña.

Publicidad en periódico de alta circulación.

Los actores aseguran que en la edición del dieciocho de junio de este año del periódico “El Mundo de Huatusco” se repartió propaganda a color con ocho hojas del candidato Víctor Serralde Martínez.

Ahora bien, sostienen que tal cuestión se prueba con el testimonio notarial aportado en una queja presentada ante el consejo responsable por rebase del tope de gastos de campaña. Sin embargo, tal prueba no fue aportada a este juicio, por lo cual, no puede tenerse por acreditado el hecho en cuestión.

Costos elevados para la celebración de cierre de campaña.

Los actores sostienen que en el cierre de campaña de Víctor Serralde Martínez se presentaron los artistas Lupillo Rivera y Nelson Canzela. Sostiene que el precio por presentación es entre quinientos y setecientos mil pesos, por lo cual, al sumar el costo de instalación del escenario, afirma que el evento tuvo un costo aproximado al millón de pesos, lo que representa casi la totalidad del límite para erogaciones de campaña.

Para probar su dicho ofreció tres notas periodísticas electrónicas (Anexo 3) y dos impresiones fotográficas.

De las tres notas periodísticas únicamente dos dan cuenta de la actuación de los mencionados artistas.

En las impresiones fotográficas no se advierte ese hecho.

De tal forma, los actores solo aportan pruebas de carácter muy débil para acreditar la actuación de los mencionados artistas. Además, aun cuando se tuviera por probada, no hay elemento alguno que permita conocer otros factores como la duración de la actuación o la extensión del equipo necesario para la presentación.

De ahí que, en el mejor de los casos para los actores, aunque se tuviera por probada la realización del evento y la asistencia de los mencionados artistas, no hay más que su dicho para calcular los costos del evento y, en ese sentido, incumple su carga probatoria.

De ahí que no se tenga por acreditada la irregularidad alegada.

d. Falta de equidad en medios.

Como se mencionó, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé los elementos esenciales para que una elección pueda considerarse como producto del ejercicio popular de la soberanía, tales como el establecimiento de condiciones de equidad entre los partidos políticos contendientes en el proceso comicial.

Entre esas condiciones destaca el acceso igualitario a los medios de comunicación.

Conforme a lo establecido en el citado precepto constitucional, la ley debe garantizar que los partidos políticos, en su calidad de entidades de interés público, cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades de manera equitativa y dentro de un contexto de neutralidad. Uno de esos elementos es el derecho al uso de los medios de comunicación, ya sea electrónicos o impresos, regulado por la ley en cuanto a la calidad, las formas, los procedimientos y tiempos, que habrán de respetarse para la difusión de mensajes orientados a la obtención del voto durante una campaña electoral.

Por tanto, el derecho de los partidos políticos para contratar inserciones o espacios en medios impresos, debe practicarse sobre la base del respeto al orden jurídico nacional, en cuyas normas se delinean las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión como derecho fundamental que, cabe decirlo, aun cuando no está sometido a censura previa, no representa una libertad absoluta, pues admite ser limitado, tomando en cuenta también, que la actividad de tales medios debe sujetarse a los principios y las reglas previstas para la contienda electoral.

De este modo, se puede afirmar, que cuando la libertad de expresión está relacionada con la materia electoral y, en general con los derechos político-electorales, su ejercicio debe realizarse de manera armónica con estos, así como con los principios de la materia, sin que el ejercicio de dicha libertades, suprima o vaya en contra de tales derechos y principios.

En ese sentido, si el sufragio activo permite el ejercicio de la soberanía popular, pues representa el medio para que la ciudadanía elija a sus representantes o gobernantes entonces, para ser verdadero y auténtico, se requiere, entre otras condiciones, que sea emitido en forma libre, lo cual puede alcanzarse sólo si el elector está objetivamente informado y tiene conocimiento imparcial de las diversas opciones y propuestas de los candidatos, a efecto de razonar el sentido de su voto, o bien, si se le facilita el acceso a todas las posiciones parciales ostentadas por los participantes en la contienda electoral.

De igual manera, el derecho a ser votado en condiciones de igualdad limita la libertad de expresión, la cual, aplicada al contexto de un proceso electoral, debe garantizar que la cobertura concedida a las acciones de los contendientes en él, tenga pretensiones serias de veracidad, objetividad y neutralidad, además de ser equitativa y proporcional en cuanto al seguimiento de las actividades de cada candidato o fuerza política.

La razón de que la información proporcionada por los medios de comunicación impresos o electrónicos cumpla con los requisitos expuestos, radica en evitar el desequilibrio en la contienda electoral, en perjuicio de un candidato y en beneficio de otro.

A partir de lo explicado, puede concluirse que el correcto ejercicio de la libertad de expresión, utilizada en el ámbito electoral, está directamente vinculado con la eficacia de los derechos político-electorales y los principios democráticos. Esto es, en la medida en que la libertad de expresión sea ejercida en los términos constitucionalmente previstos, se permitirá la observancia de ese tipo de derechos, los cuales se garantizan, entre otros principios, con la libertad del sufragio y la equidad entre los contendientes a ser votados.

Una vez aclarada la trascendencia del papel desempeñado por los medios impresos en una contienda electoral, se analizará lo planteado por los actores quien sostiene que durante la campaña se publicaron notas periodística secuenciales, generalizadas y reiteradas para posicionar al candidato Víctor Serralde Martínez.

Para acreditar su dicho ofrece, a manera de ejemplo, seis notas periodísticas.

Las manifestaciones de los actores son infundadas.

En principio pues para acreditar una campaña secuencial generalizada y reiterada es insuficiente aportar solo seis notas, aun cuando tal situación se haga a manera de ejemplo, pues estaba a su alcance preconstituir las pruebas necesarias para acreditar su dicho.

Más aún, independientemente de esa situación, las propias pruebas aportadas por los actores van en contra de su pretensión pues, como se vio, ofrece once notas periodísticas donde se acusa a Víctor Serralde de actividades ilícitas, se expresan calificativos denostativos y, en el mejor de los casos, se hace una crítica fuerte a su actuar, tanto público como privado.

De tal forma, los actores lejos de probar la inequidad de los medios de comunicación a favor del candidato triunfador, aporta elementos en sentido contrario.

En consecuencia, al no haber acreditado las violaciones alegadas a los principios constitucionales no procede la nulidad solicitada por violación a principios constitucionales.

2. Nulidad de votación recibida en casilla.

Los actores plantean la nulidad de la votación en noventa y cinco casillas, por las causales previstas por el artículo 75, apartado 1, incisos e) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esto es, en cincuenta y cuatro, por haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos y en cincuenta y dos, por haber recibido la votación personas u órganos distintos a los autorizados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las casillas involucradas son las siguientes:

a. Cuestión previa: Antes de entrar al análisis de los agravios debe precisarse lo siguiente:

Inexistencia de la casilla 260 Contigua uno en el distrito electoral de Huatusco.

Los actores solicitan la nulidad de la casilla 260 contigua uno del distrito electoral federal XIII perteneciente a Huatusco, sin embargo, tal casilla no forma parte de este distrito como se advierte de la copia certificada de la lista de ubicación de casillas aprobadas por el consejo distrital para el proceso electoral federal 2011-2012, perteneciente al distrito 13 con cabecera en Huatusco.

Tal situación se corrobora, además, con el contenido del acuerdo CG268/2011 y del descriptivo distrital federal 2005 del consejo general consultables en la página electrónica del Instituto Federal Electoral, en los cuales se advierte que la casilla mencionada está comprendida en el distrito electoral federal 17, con cabecera en Cosamaloapan, Veracruz.

Con base en la anterior, esta sala no puede pronunciarse respecto a la misma pues no forma parte del cómputo distrital impugnado.

b. Estudio de nulidad por error o dolo en casilla.

Los actores aducen la causa de nulidad de error o dolo en el cómputo de los votos, para lo cual inserta la siguiente tabla.

Como se ve, los actores no identifican si las inconsistencias corresponden a los rubros fundamentales o bien auxiliares, sin embargo, en aras de la mayor exhaustividad, esta sala regional analizará la causa de nulidad específica en relación con todos los elementos que conforman los resultados por casilla, a fin de despejar cualquier duda en torno a la validez de la votación ahí recibida.

La causal de nulidad aducida por los actores establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos; y

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el "error" debe entenderse en el sentido de algo que no corresponde con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error es determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones, que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación, ya que, de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Como se puede apreciar, la causa de nulidad prevista en el artículo trascrito tiene que ver con cuestiones que provocan la existencia de error en el cómputo de votos. Por ello, en principio, los datos que deben verificarse para determinar si existió ese error son los que relativos a votos ya que la causa de nulidad se refiere precisamente a votos.

Ahora bien, este tribunal ha asumido el criterio de que el error o dolo en el cómputo de los votos se detecta mediante la comparación de los tres rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, atinentes precisamente a la emisión de votos, como son el total de ciudadanos que votaron, el de votos extraídos de la urna y el correspondiente a la suma de los resultados de la votación, esto es, la votación total emitida, porque es a través de sus diferencias como se puede advertir la exclusión de votos legalmente emitidos, la sustracción de algunos sufragios válidos o la existencia de un error o actividad dolosa en el cómputo.

Cabe mencionar, que las inconsistencias derivadas de los datos referentes a las boletas recibidas en la casilla y a las boletas sobrantes e inutilizadas, sólo constituyen elementos auxiliares para controlar la votación, pues las boletas son formatos impresos, susceptibles únicamente de convertirse en votos, cuando se entregan al elector, si éste los deposita en la urna, y mientras no quede demostrado lo anterior, las diferencias derivadas de tales rubros no constituyen errores en el cómputo, por lo cual no pueden actualizar la causa de nulidad.

Para el análisis correspondiente se tienen en cuenta las copias certificadas de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, relación de boletas a entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla, constancias de clausura de las casillas y los cuadernillos de listados nominales utilizados el día de la jornada electoral, documentos que de conformidad con los artículos 14, apartado 4, incisos a) y b) y 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen valor probatorio pleno.

b.1 Coincidencia en todos los rubros.

Como se ve, en todas las mesas de votación hay coincidencia en rubros fundamentales de ahí que no exista la causa de nulidad invocada.

c. Estudio de nulidad de casilla por haber recibido la votación personas u órganos distintos a los autorizados por la autoridad electoral.

Se plantea la nulidad de la votación en cincuenta y dos casillas, porque se recibió por personas distintas a las autorizadas por la ley, prevista por el artículo 75, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé en su artículo 240 el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, el cual consiste en lo siguiente:

1. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en enero del año de la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

2. Del primero al veinte de marzo de años de la elección, las Juntas Distritales Ejecutivas procederán a insacular, de las listas nominales de electores, a un diez por ciento de ciudadanos por cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta.

3. Las Juntas Distritales Ejecutivas impartirán un curso de capacitación a los ciudadanos sorteados, harán una evaluación  imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de oportunidades, a los que resulten aptos, para lo cual, se preferirá a los de mayor escolaridad.

4. El Consejo Distrital procederá a una segunda insaculación, que se realizará de la forma siguiente:

a) Se sorteará una letra del alfabeto y, conforme a la misma y al apellido paterno, serán seleccionados los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

b) Entre el dieciséis de abril y doce de mayo, las Juntas Distritales harán una relación de ciudadanos que hayan asistido a la capacitación correspondiente y que no tengan impedimento para desempeñar el cargo conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De esta relación, los Consejos Distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas, a más tardar el catorce de mayo.

c) A más tardar el quince de mayo, las Juntas Distritales integrarán las mesas directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados y determinarán las funciones (propietarios y suplentes) que cada uno desempeñará en la casilla (en función de su escolaridad).

El dieciséis de mayo del año de la elección, a más tardar, las juntas distritales harán la publicación de las listas de los miembros de las mesas directivas de casilla, lo que comunicarán a los consejos distritales que correspondan.

Los consejos distritales notificarán personalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su nombramiento y les tomarán protesta.

En el libro quinto, título tercero "De la jornada electoral", capítulo primero "De la instalación y apertura de casillas", en los artículos 259, 260 y 262 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se regula lo siguiente:

La instalación de las casillas iniciará a las ocho horas del día de la elección, y se realizará por el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casilla. En ningún caso se podrán instalar las casillas antes de las ocho horas.

En caso de que la casilla no se instale a las 8:15 horas conforme a lo establecido en los párrafos precedentes, se procederá de la manera siguiente:

Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos con los propietarios y suplentes que estén presentes y, en ausencia de éstos, con los electores que se encuentren en la casilla.

Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario éste asumirá las funciones de presidente de casilla y procederá a integrarla en los términos anteriores.

Si no estuviera el presidente y el secretario, pero sí alguno de los escrutadores, éste asumirá funciones de presidente y procederá integrar la casilla.

Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente y los otros de secretario y escrutador, y se integrará la casilla con electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar.

Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para su instalación.

Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal que el instituto haya designado, a las diez horas del día de la jornada, los representantes de los partidos políticos ante la casilla correspondiente designarán, por mayoría de votos, de entre los electores de la sección electoral presentes, inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar, a los funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva.

En este último supuesto, se requerirá la presencia de un juez o notario público, quien deberá acudir y dar fe de los hechos; en caso de que no asista, bastará con la expresión de conformidad por parte de los representantes de los partidos políticos, para designar a los miembros de la casilla.

En cualquiera de los supuestos mencionados, con excepción de la hipótesis en la que la instalación de la casilla se lleve a cabo por los funcionarios suplentes, los nombramientos deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto y que correspondan a la sección de que se trate (artículo 156 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) en ningún caso los representantes de los partidos políticos podrán ser nombrados como funcionarios de casilla.

Para dar respuesta a lo planteado por los actores, se toman en cuenta los siguientes medios de prueba: copias certificadas de las actas de de escrutinio y cómputo, de jornada electoral, constancia de clausura de casilla, hojas de incidentes, lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla para la elección federal 2012 (Encarte), el cual obra en copia certificada por la autoridad responsable, cuya impresión, se advierte, se hizo el treinta de junio del año en curso y en el cual constan las rúbricas de los representantes de los partidos políticos ante ese consejo correspondiente al distrito en estudio, así como las listas nominales, las cuales merecen eficacia demostrativa de conformidad con el artículo 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c.1 Plena coincidencia entre encarte y funcionarios de las casillas.

En las siguientes cuarenta no existe diferencia entre los ciudadanos nombrados por la autoridad electoral para ser integrantes de las mesas directivas de casilla con los funcionarios que, de acuerdo a las constancias, fungieron en la elección de diputados federales de primero de julio.