JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SX-JIN-26/2015 Y SU ACUMULADO SX-JIN-27/2015

ACTORES: MORENA Y PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 10 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON CABECERA EN VILLAFLORES

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ

SECRETARIOS: JOSÉ DE JESÚS CASTRO DIAZ Y JORGE ARMANDO POOT PECH

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diecisiete de julio de dos mil quince.

V I S T O S, para resolver los juicios de inconformidad al rubro citados, promovidos por los partidos políticos MORENA y del Trabajo, por conducto de Gilder Alfaro Salas y Ataín Cruz Astudillo, respectivamente ambos en su carácter de representantes propietarios de dichos institutos políticos ante el 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, con cabecera en Villaflores en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital correspondiente a la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De los hechos expuestos por la parte actora en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

a. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince se llevó a cabo la jornada para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa.

b. Sesión de Cómputo Distrital. En su oportunidad, el 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, con cabecera en              Villaflores, realizó el cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, mismo que arrojó los resultados siguientes:

Total de votos en el distrito.

Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos.

Votación final obtenida por los candidatos.

II. Juicios de inconformidad.

a. Demandas. El quince de junio de dos mil quince, el partido político MORENA, promovió por conducto de Gilder Alfaro Salas, en su carácter de representante propietario ante el citado consejo distrital, el presente juicio de inconformidad en contra de los actos referidos en el punto anterior. En esa misma fecha, el Partido del Trabajo, por conducto de Ataín Cruz Astudillo, en su calidad de representante ante el citado consejo, presentó juicio de inconformidad.

b. Recepción y turno. El veinte de junio del mismo año, se recibió en esta Sala Regional las demandas, los expedientes y sus anexos; y en la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar los expedientes SX-JIN-26/2015 y SX-JIN-27/2015 respectivamente, y turnarlos a la ponencia a su cargo, para los efectos que establecen los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c. Requerimiento. Por acuerdo de dos de julio de dos mil quince, se requirió al 10 Consejo Distrital y al Consejo Local, ambos del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, la exhibición de diversa documentación e información, misma que en su oportunidad se cumplimentó.

d. Admisión y cierre de Instrucción. En su oportunidad, el Magistrado admitió los juicios de mérito y, en virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada su instrucción, quedando los autos en estado de dictar resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este medio de impugnación, por materia, al tratarse de los cómputos de la elección de diputado por  el principio de mayoría relativa; y por geografía política al tratarse de cargos de elección en el estado de Chiapas, entidad correspondiente a esta tercera circunscripción plurinominal electoral.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos en los artículos 41, fracción VI, 60, segundo párrafo, y 99, párrafo 4, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción I, 192, párrafo 1, y 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, incisos b), 34, párrafo 2, inciso a), 49, 50 párrafo 1, incisos b) y c), y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Acumulación. En los presentes juicios existe conexidad en la causa, en virtud de que hay identidad en la autoridad señalada como responsable y en el acto impugnado, pues del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, se combaten los resultados, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias respectivas.

En consecuencia, a fin de facilitar la pronta, congruente y conjunta resolución, se debe decretar la acumulación del juicio SX-JIN-27/2015 al diverso SX-JIN-26/2015, por ser éste el más antiguo. Por tanto, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del juicio acumulado.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 86 y 87 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.

TERCERO. Cuestión previa en relación con la fecha límite para resolver los juicios de inconformidad. De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 44, apartado 1, inciso u), 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 58 y 69 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que esta Sala Regional tiene para resolver los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados federales, como límite, a más tardar el 3 de agosto del año de la elección como a continuación se explica.

El artículo 41 en su fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la propia Constitución.

Además, establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

Asimismo, se prevé que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

              Por su parte el artículo 99, párrafo tercero, fracción I, de la misma Constitución Federal dispone que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

              También, el mencionado artículo señala que a este Tribunal le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley, de la impugnaciones en las elecciones federales de diputados, entre otras.

              Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 44, apartado 1, inciso u) establece que dentro de las atribuciones que tiene el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se encuentra la de efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de diputados por este principio, determinar la asignación de diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección.

              En ese tenor, el numeral 327 de la referida ley sustantiva electoral señala que en los términos del artículo 54 de la Constitución, el Consejo General procederá a la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional conforme al procedimiento indicado en la ley de instituciones.

Aunado a lo anterior, el Consejo General hará la asignación a que se refiere el párrafo anterior, una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos previstos en la ley de la materia y a más tardar el 23 de julio del año de la elección.

En cuanto a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, su artículo 3, párrafo 2, dispone que el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, por el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración.

El artículo 49 de la referida ley de medios prevé que durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de diputados, entre otras, en los términos señalados en la ley en comento.

En ese orden de ideas, el diverso artículo 58 de la ley sustantiva electoral establece que los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados, entre otras, deberán quedar resueltos el día 3 de agosto y los relativos a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el 31 de agosto, ambas fechas del año de la elección.

Además, de los artículos 61, 64 y 69 de la citada ley general, se tiene que el recurso de reconsideración procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales y que la Sala Superior del Tribunal Electoral es la única competente para resolver este tipo de recurso y cuando versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados, deberán ser resueltos a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral.

Es de señalarse que en el proceso electoral federal que transcurre se eligieron en el país únicamente diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; no así senadores ni Presidente de la República, y al Consejo General le corresponde realizar la asignación de diputados por el referido principio.

En ese orden de ideas, los artículos 51, 52 y 65 de la Constitución Federal señalan que la Cámara de Diputados se compondrá de 300 diputados electos según el principio de mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, electos en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión el 1o. de septiembre.

Ahora bien, de lo expuesto se advierte que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone por una parte que el Consejo General deberá realizar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a más tardar el 23 de agosto del año de la elección, pero también señala que la referida asignación deberá realizarse a más tardar el 23 de julio del año de la elección; por tanto, hay una incongruencia en la citada ley sustantiva electoral al manejar dos fechas para la realización de un mismo acto.

Por su parte la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios de inconformidad a más tardar el 3 de agosto del año de la elección y los recursos de reconsideración a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral.

Cabe señalar que las fechas previstas en la ley sustantiva en relación con la ley adjetiva, referidas, no resultan congruentes, ya que lo ideal sería que primeramente el Tribunal Electoral resolviera todos los juicios de inconformidad y de reconsideración que se presentaran, a fin de que quedaran firmes los cómputos respectivos, y posteriormente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizara la asignación de diputados.

Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la falta de congruencia en las fechas señaladas se debió a un lapsus calami del legislador, al no ajustar las fechas que permitan coordinar las actividades antes referidas, al dejar como fecha límite al Consejo General para realizar la asignación, una fecha anterior a que culmine el límite temporal con que cuenta el Tribunal Electoral para resolver los juicios y recursos señalados.

En consecuencia, aún y cuando se establezca en los artículos 44, apartado 1, inciso u) y 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que el Consejo General hará la asignación a más tardar en dos posibles fechas como sería el 23 de agosto o el 23 de julio del año de la elección, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ajustarse a lo previsto en los artículos 58 y 69 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser la que regula lo relativo a los juicios de inconformidad de la elección de diputados y que prevé como límite para resolver a más tardar el 3 de agosto, y en el caso de los recursos de reconsideración a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral. Ello, porque este Tribunal Electoral se rige por la referida ley adjetiva electoral.

CUARTO. Tercero interesado.

a) Expediente SX-JIN-26/2015.

Este Sala, encuentra que en expediente SX-JIN-26/2015 promovido por el instituto político MORENA no compareció tercero interesado, tal y como se corrobora de la cédula de razón de retiro de estrados de dieciocho de junio del año en curso, signada por el Secretario de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, con cabecera en Villaflores[1].

b) Expediente SX-JIN-27/2015.

Se reconoce el carácter de tercero interesado al Partido Revolucionario Institucional por reunir los requisitos siguientes:

a. Calidad. El artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, define al tercero interesado como el ciudadano, partido político, coalición, candidato, organización o agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el caso el compareciente es el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante, el cual cuenta con un derecho incompatible con el del partido actor, pues pretende que subsista el acto, de ahí que cumpla con este requisito.

b. Legitimación y Personería. El tercero interesado deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, en el caso el actor se encuentra legitimado por tratarse de un partido político, tal y como lo dispone el párrafo 2 del artículo 12, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo que hace a la personería del representante propietario del referido instituto político ante la responsable, ésta se encuentra acreditada con la certificación del acta de cómputo distrital de diputados federales de mayoría relativa de once de junio del año en curso, del 10 Distrito Electoral Federal de Chiapas, con cabecera municipal de Villaflores, se desprende que dicho ciudadano estuvo representando al Partido Revolucionario Institucional, e inclusive firmó el acta correspondiente.[2]

Además, del acta circunstanciada de cómputo distrital se advierte que el referido ciudadano también estuvo en representación del citado instituto político durante la sesión de cómputo iniciada el diez de junio, y concluida el once siguiente.[3]

c. Oportunidad. El artículo 17, párrafo 4, inciso b), de la referida Ley señala que los terceros podrán comparecer a partir de la publicitación del medio, dentro de las setenta y dos horas siguientes.

De las constancias del expediente se advierte que el escrito se presentó ante la responsable dentro del plazo referido; esto es, el término empezó a correr a partir de las veintitrés horas, con cuarenta y siete minutos del día quince de junio, fecha en que fue publicitado, hasta las veintitrés horas con cuarenta y siete minutos del dieciocho siguiente, por lo que al presentarse el escrito de comparecencia el dieciocho de junio siguiente, a las catorce horas con quince minutos,[4] se encuentra presentado dentro del plazo legal.

Al estimarse colmados los requisitos de ley, es que se considera correcto tener al Partido Revolucionario Institucional como tercero interesado en el presente juicio.

QUINTO. Presupuestos procesales y requisitos de la demanda. En el presente apartado se estudiará el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos especiales de la demanda de juicio de inconformidad.

Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro de los cuatro días que fija el artículo 55, apartado 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el cómputo respectivo de la elección de diputados federales en el 10 Distrito Electoral Federal del Estado de Chiapas concluyó el pasado once de junio del año en curso, y las demandas se presentaron, ambas el quince siguiente.

Legitimación. El presente juicio de inconformidad está promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la ley en cita, porque lo promueven los partidos políticos MORENA y del Trabajo, y en ambos casos, quien lo hace en su representación tiene personería, ya que se trata del representante acreditado ante el consejo responsable, de acuerdo con lo previsto por el artículo 13, apartado 1, inciso a), fracción I, personerías que son reconocidas en el informe circunstanciado respectivo.

Requisitos especiales de procedibilidad. Los requisitos previstos por el artículo 52, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral también están reunidos, como se ve a continuación.

Señalamiento de la elección que se impugna. Este requisito se reúne, porque en ambas demandas, la parte actora señala en forma concreta que la elección que impugna es la de Diputados Federales en el 10 Distrito Electoral Federal en el Estado de Chiapas.

Mención individualizada del acta de cómputo distrital. En las demandas de los respectivos juicios de inconformidad se precisa que la resolución que se impugna son los resultados consignados en el acta de cómputo correspondiente al distrito electoral federal 10 con cabecera en el municipio de Villaflores, Chiapas.

La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas. Este requisito se cumple en los presentes juicios, toda vez que los actores, en sus respectivas demandas, identificaron las casillas, cuya votación controvierten por considerar que en ellas se actualizaron la causal de nulidad de votación, previstas en el artículo 75, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se advierte en la siguiente gráfica:

Casillas Impugnadas por el partido político MORENA.

Casillas impugnadas por el Partido del Trabajo:

SEXTO. Pruebas. MORENA refiere en su demanda los siguientes medios probatorios:

a. Expedientes.

MORENA ofreció en su demanda como medios de convicción los expedientes formados con motivo de las quejas interpuestas contra el Partido Verde Ecologista de México por la comisión de diversas conductas violatorias de la ley. Señala las claves de expedientes así como las sesiones de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las cuales se resolvieron algunas quejas.

Los expedientes ofrecidos son los siguientes:

1. Sentencias de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su demanda, MORENA ofreció como pruebas las constancias de diversos expedientes que, a su decir, obran en las siguientes páginas de internet de este Tribunal Electoral:

http://portal.te.gob.mx/

http://portales.te.gob.mx/srespecializada/

http://www.trife.gob.mx/turnos-sentencias/sistema-consulta?advanced=1&sala=SER

http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/acuerdos-y-actas?sala=481

http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/sesiones-publicas?sala=6

2. Expedientes señalados en la demanda en los que se denunció al Partido Verde Ecologista de México.

Además, en su demanda MORENA señaló diversos procedimientos iniciados con motivo de denuncias contra el referido instituto político. De la lectura de dicho documento se advierten los siguientes:

Este órgano jurisdiccional considera en lo que toca a los expedientes de los procedimientos relacionados en la tabla que antecede, que no es posible requerirlos, ya que aun cuando MORENA manifiesta que solicitó a la responsable que glosara copia certificada de cada uno de ellos al expediente del juicio de inconformidad, de la revisión exhaustiva a las constancias no se encontró el acuse de recibo que ampare la mencionada petición.

Al respecto, el artículo 9, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que los medios de impugnación deberán cumplir, entre otros requisitos, con el de señalar las pruebas que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas.

Dicho precepto impone una carga para quienes soliciten que determinados medios de convicción sean requeridos por el órgano jurisdiccional, consistente en que demuestren haber realizado la petición de las pruebas y que éstas no les hubieren sido entregadas, es decir, que por cuestiones ajenas a su voluntad no hubieren podido aportarlas.

En ese sentido, es insuficiente la mención de que solicitó que las copias certificadas de dichos expedientes fueran glosadas al juicio de inconformidad, porque como se dijo, no demostró haber realizado dicha petición.

No obstante lo anterior, este órgano colegiado, con la finalidad de satisfacer a cabalidad el principio de exhaustividad al que se encuentra obligado como impartidor de justicia, considera que es posible admitir como pruebas las sentencias que hubieren recaído a dichos procedimientos para determinar cuál fue el resultado de las denuncias presentadas contra el Partido Verde Ecologista de México, documentos que se valorarán en su oportunidad.

Es decir, pese a que no es posible requerir los expedientes completos, sí es viable el análisis de los fallos jurisdiccionales que se hubieren emitido con motivo de los expedientes señalados por el partido actor, pues al haber sido resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituyen hechos notorios para esta Sala Regional, en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, no es dable admitir los expedientes que supuestamente obran en los vínculos electrónicos, ni los que se resolvieron en las sesiones públicas de la Sala Regional Especializada.

Lo anterior, porque dicha información no traería un mayor beneficio para la parte actora, toda vez que los expedientes que supuestamente obran en los vínculos electrónicos, en el mejor de los casos se refieren a sentencias emitidas por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismas que como se apuntó son notorias para esta Sala Regional al momento de resolver.

En este orden de ideas, como se señaló, serán las sentencias vinculadas a los procedimientos administrativos que se refieren las que se consideren al momento de resolver el presente medio de impugnación.

Además, el contenido de las sesiones públicas de la Sala Regional Especializada, como lo son las intervenciones de los Magistrados; la cuenta que dan de los asuntos los Secretarios; así como el sentido de su votación, no son el medio probatorio idóneo para acreditar lo resuelto.

Sin embargo, como se adelantó, lo que se tomará en cuenta será el sentido y contenido de las sentencias; lo que no le genera perjuicio a la parte actora, en tanto que serán valorados los medios probatorios idóneos para demostrar que las conductas expresadas, para estar en condiciones de determinar si efectivamente se acreditó o no la infracción a las disposiciones electorales y, en su caso, la sanción que correspondió.

b. Vínculos electrónicos.

En su demanda, MORENA señala diversas irregularidades presuntamente cometidas por el Partido Verde Ecologista de México, mismas que asegura fueron difundidas en Internet.

Para demostrar su dicho, menciona diversos links en los cuales se pueden constatar dichas afirmaciones. Los vínculos son los siguientes:

Este órgano jurisdiccional considera oportuno analizar los vínculos electrónicos señalados, por lo cual, al entrar al estudio de fondo se analizará el contenido de dichas direcciones de Internet.

SÉPTIMO. Solicitud de vista a la Unidad de Fiscalización. En su demanda MORENA solicita que este órgano jurisdiccional dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que determine el gasto de los mensajes de twitter señalados en su escrito de impugnación.

Sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición. 

Lo anterior, porque como el propio actor lo señala[5] ya se han realizado las denuncias correspondientes en relación con dicho tópico. En efecto, en su demanda, MORENA mencionó:

“MORENA denunció oportunamente ante la Unidad Técnica de Fiscalización que el Partido Verde Ecologista de México ha gastado y continúa gastando recursos en la propaganda a la que se alude líneas más arriba, cantidades que rebasan con mucho el financiamiento público al cual tiene derecho, así como el tope para el financiamiento privado estipulado por la autoridad electoral para los partidos políticos, precandidatos y candidatos dentro del Proceso Electoral Federal 2014-2015, eso sin contar que el PVEM continúa con su dispendiosa campaña que está siendo ilegalmente financiada por particulares, servidores públicos, órganos de gobierno, organismos descentralizados y personas morales violando a todas luces la normatividad electoral vigente”.

Como se ve, MORENA reconoce que ha realizado las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes para denunciar la infracción a diversos preceptos legales en materia electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera innecesario dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con las irregularidades aducidas en la demanda de juicio de inconformidad pues, se insiste, tales hechos ya se hicieron del conocimiento a la referida autoridad por la vía pertinente.

OCTAVO. Pretensión. De las demandas se advierte que la pretensión de los partidos actores consiste en que se anule la elección de diputado por el principio de mayoría relativa del distrito electoral federal 10 con cabecera en Villaflores, Chiapas.

En el caso de MORENA su causa de pedir, la sostiene en que hubo irregularidades en el cómputo de 293 casillas, por su parte el Partido del Trabajo sostiene que hubo las mismas irregularidades en 4 casillas, pues ambos a su juicio, manifiestan que existió error o dolo en el mismo, actualizándose con ello, la causal prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; asimismo MORENA sostiene que durante el desarrollo del proceso electoral, se llevaron a cabo irregularidades provocadas por el Partido Verde Ecologista de México, lo cual, a su juicio, transcendieron en el resultado de la citada elección.

NOVENO.- Metodología. Por cuestión de método, primeramente se analizará los agravios planteados relativos a la nulidad de la votación recibida en casilla, y en su caso, se hará la recomposición de los votos; y seguidamente, se estudiará lo relativo a la nulidad de la elección.

DÉCIMO. Estudio de fondo. Nulidad de la votación recibida en casilla. Es preciso señalar que en el asunto que nos ocupa, los partidos políticos impetrantes se duelen que en los cómputos levantados por los diversos funcionarios de las mesas directivas de casilla instaladas en el Distrito Electoral Federal 10 en el Estado de Chiapas, se cometieron irregularidades relativas al error o dolo, de ahí que soliciten la nulidad de votación recibida en la casilla, por actualizarse la causal de nulidad prevista en el inciso f), del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Instituto Político MORENA impugna doscientas noventa y tres casillas (293); asimismo el Partido del Trabajo impugna cuatro casillas (4), sin embargo, 3 de ellas (76 Básica, 199 Contigua 1 y la 651 Básica) fueron impugnadas también por MORENA; luego entonces, se estudiarán conjuntamente; por tanto el estudio de las casillas referidas por ambos partidos políticos se harán en un total de doscientas noventa y cuatro casillas (294).

Marco normativo.

La causa de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se actualiza con dos elementos: a) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos, y b) que ello sea determinante para el resultado de la votación.

Del primer elemento normativo, cabe mencionar que el dolo en el cómputo de los votos debe ser debidamente probado y no cabe presunción sobre él, así que, toda vez que la parte actora no aporta prueba alguna tendiente a evidenciar el dolo, se debe entender que el agravio únicamente se refiere a haber mediado error en el cómputo de los votos, por lo que, este órgano jurisdiccional electoral se abocará al estudio desde ese punto de partida.

Es criterio reiterado, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicho error en el cómputo se acredita cuando en los rubros fundamentales existan irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo; los mencionados rubros son: 1) la suma del total de personas que votaron  y representantes de partidos políticos que votaron en la casilla sin estar incluidos en la lista nominal (en adelante, total de ciudadanos que votaron), 2) total de boletas sacadas de las urnas, y 3) el total de los resultados de la votación.

En efecto, los rubros en los que se indica el total de ciudadanos que votaron, las boletas depositadas y votación emitida son fundamentales, en virtud de que éstos están estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que si existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en el cómputo de los votos.

Caso contrario sucede cuando el error está en el rubro de boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, lo que eventualmente genera una discrepancia entre algunos de los denominados rubros fundamentales y la cantidad resultante de restar las boletas sobrantes al total de las recibidas, en cuyo caso existe un error en el cómputo de las boletas y no necesariamente de los votos, o bien, probablemente un error en el llenado de las actas, los cuales, por sí mismos, no se consideran suficientes para actualizar la causa de nulidad que se analiza, pues, si bien se pudiera considerar una irregularidad, la misma no se traduce necesariamente en votos indebidamente computados (lo cual, en todo caso, debe ser probado) y, en consecuencia, no se viola principio alguno que rige la recepción del sufragio.

Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de rubro: “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN”[6].

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el cualitativo.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, ya que, de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos.

              Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la  jurisprudencia 10/2001 de rubro: “ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES)”[7].

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error será determinante para el resultado de la votación cuando en las actas de escrutinio y cómputo se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas o subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, consistentes en:

a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla (o en su caso, las actas de escrutinio y cómputo levantadas en el Consejo Distrital con motivo del recuento);

c) Hojas de incidentes;

d) Recibos de documentación y materiales electorales entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla; y

e) Listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna.

Teniendo prioridad las documentales que dan cuenta del recuento de los votos de casilla en el distrito:

f) Actas circunstanciadas levantadas por cada uno de los grupos de trabajo;

g) Constancias individuales;

h) Acta circunstanciada del consejo responsable con motivo del registro de los votos reservados.

Documentales, que por tener el carácter de públicas de conformidad con el artículo 14, apartado 4, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 2 de la ley en cita.

Cabe precisar que la naturaleza del escrutinio y conteo de votos realizado por los integrantes de las mesas directivas de casilla es distinta a la acción de nuevo escrutinio efectuado por los Consejos Distritales, pues estos últimos, de conformidad con el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando realizan nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla en los casos que así se requiera, el secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta las boletas sobrantes, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente.

De este procedimiento, se advierte que no se ocupa de asentar los datos del número de electores que votaron, por lo que no utilizan los listados nominales, toda vez que el propósito de esa diligencia es verificar el número de votos válidos y nulos que efectivamente se recibieron en las casillas.

Sin embargo, para poder analizar la respectiva causal de nulidad relativa al error o dolo en el cómputo de la votación recibida en casilla, que aduce la parte actora, sí será necesario tener a la vista el dato de electores que votaron en la casilla, que consigna el acta de escrutinio y cómputo levantada por los funcionarios de la misma; y en caso de advertirse una inconsistencia en este rubro, se deberá acudir a las listas nominales de forma directa, para verificar si efectivamente se asentó el dato correcto en el acta, atendiendo al número de electores que sufragaron y que fueron apuntados en el respectivo listado.

                                                                                                                                                                                                                                              Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la computación de los votos y evaluar si es determinante para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo con relación a todas y cada una de las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en estudio, precisándose que estará apoyado en algunos o en todos los datos siguientes:

a) En la columna primera se asentará el número consecutivo de casilla;

b) En la columna primera se asentará el número de casilla y tipo;

c) En la columna marcada con el número 1, total de boletas recibidas;

d) En la columna marcada con el número 2, total de boletas sobrantes;

e) En la columna marcada con número 3, se asentará el resultado de la operación realizada de boletas recibidas menos boletas sobrantes;

f) En la columna marcada con el número 4, el número total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal;

g) En la columna marcada con el número 5, el total de las boletas sacadas de la urna;

h) En la columna marcada con el número 6, se asentará el resultado de la votación;

i) En la columna marcada con el número 7, se hará constar la votación obtenida por el primer lugar;

j) En la columna marcada con el número 8, se asentará la votación obtenida por el segundo lugar;

k) En la columna marcada con el número 9, se asentará la diferencia máxima entre las columnas 4, 5 y 6;

l) En la columna marcada con la letra A, se anotará la diferencia entre el primer y segundo lugar; y

m) En la columna marcada con la letra B, se establecerá si es determinante o no.

Haciéndose la precisión en cuanto a la votación obtenida por el primer o segundo lugar, ésta debe entenderse a aquella obtenida por los candidatos registrados para ocupar el cargo de elección popular, independientemente del partido político que los haya postulado. Ello, porque los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, formaron una coalición parcial para postular a los mismos candidatos por el principio de mayoría relativa en diversos distritos electorales federales, entre ellos, como consta en autos, el distrito electoral que se impugna.

Por tanto, la votación obtenida por el Partido Revolucionario Institucional debe sumársele aquella obtenida por el Partido Verde Ecologista de México, además de añadírsele, los votos que se hayan consignado en el apartado donde aparecen coaligados dichos partidos políticos. Dicho resultado, será el obtenido por el candidato postulado por la citada coalición, el cual es el que deberá compararse, en todo caso, con la votación obtenida por los demás candidatos postulados por los diversos partidos políticos.

Sobre lo alegado por los enjuiciantes y una vez hecho un análisis de los elementos probatorios que obran en los respectivos expedientes en que se actúa, se tiene lo siguiente.

              A) Casillas que fueron objeto de recuento de votos.

 Previo al análisis de los elementos que conforman la causal de mérito, conviene precisar que el artículo 311, párrafo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, refiere que los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en el numeral antes aludido, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el tribunal electoral.

               De lo anterior se desprende que sólo procederá el examen de las inconsistencias aducidas respecto de las casillas cuyas actas originales de escrutinio y cómputo no hayan sido corregidas por haber sido objeto de recuento por parte del consejo distrital respectivo; salvo, que se alegue, que aun y cuando se haya realizado el recuento de votos, éste no se realizó conforme lo establece la ley, o que la irregularidad en el cómputo de casilla siga subsistiendo.

               Sentado lo anterior, en el caso, el Partido del Trabajo y MORENA hacen valer la causal en estudio toda vez que consideran que medió error manifiesto en el cómputo de votos al considerar que de las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casillas puede acreditarse el cómputo de votos realizado de forma irregular, por ende pide la nulidad de la votación recibida en las siguientes casillas:

Al caso, esta autoridad considera que la causal hecha valer deviene inoperante, toda vez que, como se advierte de autos, las señaladas casillas impugnadas fueron motivo de recuento parcial por parte del Consejo Distrital.

 De las constancias que obran en el expediente aportadas por la autoridad responsable, se cuenta con: las actas circunstanciadas del recuento parcial de la Elección de Diputados de Mayoría Relativa en el 10 Distrito Electoral en el Estado de Chiapas, realizadas por los grupos de las mesas de trabajo, así como las constancias individuales de resultados electorales del punto de recuento de diputados de mayoría relativa respectivas[8].

 Dichos documentos obran agregados en copia certificada emitida por la presidenta del citado consejo, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 80, párrafo 1, inciso l) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 7, párrafo 1, inciso p) del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, por lo que en términos de lo establecido por el artículo 14, apartado 4, Inciso d), en concatenación con el diverso 16, apartado 2, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se trata de una documental pública con valor probatorio pleno.

 Con base en lo anterior, es que se actualiza el supuesto del artículo 311, párrafo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues al haberse corregido los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla, es claro que ante esta instancia no puede invocarse la causal de mérito como motivo de nulidad, esto es, esta Sala Regional no puede pronunciarse respecto de los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo que sean corregidas por los respectivos Consejos Distritales a través del recuento.

 Ello encuentra razón de ser si se toma en cuenta que la finalidad del nuevo escrutinio y cómputo es, precisamente, que al ser realizado por la autoridad electoral especializada y facultada para ello, no quede ninguna duda de la voluntad del electorado cuando se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 311, párrafo 1, inciso d) de la citada ley, a saber: a) que de las cifras contenidas en las respectivas actas se desprenda que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar; b) que todos los sufragios hayan sido depositados a favor de un solo partido; o, c) que existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos datos de las actas.

 Además, en el presente caso, los agravios hechos valer por los actores, no van dirigidos a evidenciar errores o inconsistencias evidentes relacionados, con el recuento de votos; ni mucho menos alegan, que a pesar de que se haya realizado el citado recuento, las irregularidades aun subsistan.

                            B) Casillas en donde no hay error en el cómputo de votos.