JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SX-JIN-64/2024 Y SX-JIN-67/2024 ACUMULADO

ACTORES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 05 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[1] EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON CABECERA EN POZA RICA DE HIDALGO

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO TRONCOSO ÁVILA

SECRETARIA: CYNTHIA HURTADO OLEA

COLABORADORES: LAURA ANAHÍ RIVERA ARGUELLES, GUSTAVO DE JESÚS PORTILLA HERNÁNDEZ Y JUSTO CEDRIT VELIS CÁRDENAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiocho de junio de dos mil veinticuatro.[2]

SENTENCIA que se emite en los juicios de inconformidad al rubro citado, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática[3] y el Partido Acción Nacional,[4] a través de Mitzi Jocelin Pérez Fuentes y Romina Adhara Amezcua Aguirre, quienes se ostentan como representantes propietarias de los referidos partidos políticos, respectivamente, ante el 05 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo.

Los partidos actores controvierten los resultados del cómputo distrital, respecto de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el 05 distrito electoral federal, realizado por el Consejo Distrital ya mencionado y, por consecuencia, la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora.

SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN

Esta Sala Regional determina que no se acredita la causal de nulidad de la elección planteada por el PRD.

Por otra parte, se declara la nulidad de la votación recibida en dos casillas al actualizarse la causal de indebida integración de casilla.

Por ende, procede la modificación de los resultados del cómputo distrital; sin embargo, al no existir un cambio en la fórmula de candidaturas que obtuvieron el mayor número de sufragios, lo procedente es confirmar el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, y la declaratoria de validez de la elección.

ANTECEDENTES

I. Contexto

De los escritos de demanda y demás constancias que obran en los expedientes se advierte lo siguiente:

1.           Jornada electoral. El dos de junio, se efectuó la jornada electoral para elegir, entre otros cargos, a la persona titular del Ejecutivo Federal y a las y los integrantes del Congreso de la Unión.

2.           Sesión de cómputo distrital. En su oportunidad, el 05 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo, realizó el cómputo distrital de las diversas elecciones; entre ellas, la correspondiente a las diputaciones federales, por el principio de mayoría relativa, mismo que arrojó los resultados siguientes:

Total de votos en el distrito

Distribución final de votos a partidos políticos y candidaturas

Votación final obtenida por las candidaturas

3.           El consejo distrital, después de obtener los resultados, hizo la declaración de validez de la elección y entregó la constancia de mayoría a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y MORENA. Dicho cómputo distrital concluyó el siete de junio.

II. Del trámite y sustanciación de los medios de impugnación federales.

4.           Demandas. El once de junio de esta anualidad, el PRD y el PAN, por conducto de sus respectivas representantes propietarias ante el 05 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo, presentaron ante dicha autoridad, demandas de juicio de inconformidad a fin de impugnar los actos referidos en el punto anterior.

5.           Recepción y turno. El dieciocho de junio, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional se recibieron las demandas, los expedientes y sus anexos; y en la misma fecha, la magistrada presidenta acordó integrar los expedientes SX-JIN-64/2024 y SX-JIN-67/2024 y turnarlos a la ponencia a cargo del magistrado en funciones[5] José Antonio Troncoso Ávila, para los efectos respectivos.

6.           Requerimiento en el expediente SX-JIN-67/2024. Mediante acuerdo de diecinueve de junio, se requirió al 05 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo, diversa documentación e información para la debida sustanciación del expediente.

7.           Recepción de constancias. En su oportunidad la autoridad responsable dio cumplimiento al requerimiento señalado en el punto anterior.

8.           Radicación, admisión y cierre de Instrucción. Oportunamente, el magistrado instructor admitió las demandas de los juicios de inconformidad y, en virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción de los mismos.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

9.           El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional es competente para conocer y resolver estos medios de impugnación, a) por materia, al tratarse del cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, realizado por el 05 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo, y b) por territorio, toda vez que la citada entidad federativa corresponde a esta tercera circunscripción plurinominal electoral.

10.      Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI; 60, segundo párrafo, y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;[6] 1, fracción II, 164, 165, 166, 173, párrafo primero, y 176, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, inciso b), 34, apartado 2, inciso a), 49, 50 apartado 1, inciso b), y 53, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[7]

SEGUNDO. Acumulación

11.      En el caso, de los escritos de demanda de los juicios que se analizan, se advierte conexidad en la causa, porque en ambos se controvierte el mismo acto, esto es, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 05 distrito electoral federal, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; además, existe identidad en la autoridad señalada como responsable, que es el 05 Consejo Distrital del INE correspondiente a dicho distrito electoral.

12.      En tal virtud, a efecto de evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias respecto de una misma cuestión es procedente acumular los juicios al existir identidad en el acto impugnado, a fin de privilegiar su resolución congruente y pronta.

13.      Lo anterior, en términos de los artículos 31 de la Ley General de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

14.      Por lo tanto, se acumula el expediente SX-JIN-67/2024 al diverso SX-JIN-64/2024, por ser éste el más antiguo; además, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente del juicio acumulado.

TERCERO. Tercero interesado

15.      En los presentes juicios, se le reconoce el carácter de tercero interesado al partido MORENA, quien comparece a través de su representante propietaria acreditada ante el 05 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo.

16.      Lo anterior, en términos de los artículos 12, apartados 1, inciso c), y 2; 13, apartado 1, inciso a) y 17, apartado 4, de la Ley General de Medios, como se indica a continuación:

17.      Legitimación, personería e interés incompatible: En el caso, el partido MORENA comparece a través de Jaqueline Álvarez Vázquez quien se ostenta como su representante propietaria acreditada ante la autoridad responsable, tal como lo reconoce la autoridad responsable en su informe circunstanciado. Por lo que, se le reconoce legitimación y personería.

18.      Además, quien comparece, participó en la contienda electoral y, por lo mismo, tiene un derecho incompatible con la parte actora a efecto de que se conserven los resultados electorales[8] máxime que formó parte de la coalición que obtuvo el triunfo en la elección controvertida.

19.      Forma: El escrito de tercero interesado fue presentado ante la autoridad responsable; se hizo constar el nombre del partido político y la firma autógrafa de quien comparece como su representante; además, expresa la oposición a las pretensiones de los partidos actores mediante la exposición de los argumentos.

20.      Oportunidad. De las constancias de autos se advierte que los juicios se presentaron el once de junio ante la autoridad responsable, mientras que la publicitación y la presentación de los escritos de comparecencia de tercero interesado ocurrió en las fechas y horas que se precisan:

21.      Por tanto, si la presentación se efectuó dentro de las setenta y dos horas de la publicación de los medios de impugnación; es indudable que se realizó de manera oportuna.

CUARTO. Causales de improcedencia

22.      El tercero interesado, en ambos escritos de comparecencia, invoca diversas causales de improcedencia por las que solicita se desechen las demandas de los partidos actores, como se expone a continuación:

a) Se pretende impugnar más de una elección

23.      MORENA solicita que las demandas se desechen de plano debido a que, desde su perspectiva, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo primero, inciso e), de la Ley General de Medios, por impugnarse, tanto la elección de diputaciones, como de senadurías por el principio de mayoría relativa.

24.      Al respecto, esta Sala Regional considera que la causal invocada no se actualiza en las demandas ya que, de su lectura, se advierte que en ningún momento se menciona que sea pretensión de los partidos actores el impugnar algún acto relacionado con la elección de presidencia o senadurías; sino que en ambos casos precisan que el acto reclamado es el cómputo distrital relativo a la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.

25.      En ese tenor, la causal de improcedencia hecha valer es infundada, dado que el planteamiento y solicitud parten de una premisa falsa.

b) Por falta de definitividad del acto cuestionado

26.      El partido MORENA aduce que los medios de impugnación deben desecharse porque se actualiza lo previsto en el artículo 10, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Medios, al estimar que se impugnan actos que no resultan definitivos ni firmes, ya que no se han agotado los medios de defensa contemplados por las leyes aplicables.

27.      El compareciente señala que la parte actora se encuentra impugnando la declaratoria de validez y la emisión de la constancia de mayoría correspondientes a las elecciones de Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales que, al momento de la presentación de sus demandas, tales circunstancias se trataban de actos futuros de realización incierta.

28.      En estima de esta Sala Regional, resulta falso que en los juicios al rubro citado se indique la pretensión de impugnar algún acto relacionado con alguna elección distinta al cómputo de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa en el 05 distrito electoral en el estado de Veracruz, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo.

29.      De ahí que, se advierta que la causal de improcedencia es infundada, dado que, de conformidad con el artículo 50, inciso b) de la Ley General de Medios, no existe algún medio de impugnación, recurso o instancia que se deba agotar de manera previa, para promover el juicio de inconformidad en contra de los resultados y declaración de validez de la elección de diputaciones de mayoría relativa.

c) Falta de oportunidad

30.      MORENA señala que ambas demandas resultan extemporáneas en términos de lo dispuesto por el artículo 10, apartado 1, inciso b) de la Ley General de Medios, al considerar que fueron presentadas fuera del plazo de los cuatro días previsto en el artículo 8 de la citada Ley.

31.      Tal causal de improcedencia es infundada.

32.      Al respecto, se toma en cuenta que, si la parte actora está impugnando únicamente la elección de Diputados, entonces debe tomarse de base el cómputo respectivo emitido por el 05 Consejo Distrital en Veracruz, el cual concluyó el pasado siete de junio tal como se observa de las constancias que obran en el expediente; por lo que el plazo para la interposición de la demanda empezó a contar a partir del día ocho de junio y feneció el once de junio.

33.      Luego, si los medios de impugnación fueron presentados ante el Consejo Distrital responsable el once de junio del presente año, tal como se advierte del sello de recepción; es evidente su presentación es oportuna, al estar dentro del plazo de cuatro días que establecen los artículos 8 y 55, párrafo primero, inciso b) de la Ley General de Medios.

34.      Además, de que en ninguna de las demandas se pretende impugnar el cómputo distrital de la elección de la presidencia de la república y senadurías como lo afirma el compareciente.

QUINTO. Requisitos generales y especiales de procedencia

35.      Las demandas de los presentes juicios reúnen los requisitos generales y especiales exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 13, apartado 1, inciso a), fracción I, 52, párrafo primero, 54, apartado 1, inciso a), y 55, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Medios, tal como se explica a continuación.

Requisitos generales:

36.      Oportunidad. Tal requisito está colmado, como se estudió en el considerando CUARTO de esta sentencia, por lo que, en obvio de repeticiones, debe estarse a lo ya dicho.

37.      Legitimación y personería. Los presentes juicios de inconformidad están promovidos por parte legítima, porque se trata de los partidos políticos PRD y PAN, quienes participaron en la elección de diputaciones federales en el 05 distrito electoral federal en el estado de Veracruz, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo.

38.      Asimismo, la personería se acredita, debido a que los mencionados partidos comparecen a través de Mitzi Jocelin Pérez Fuentes y Romina Adhara Amezcua Aguirre, respectivamente, en sus calidades de representantes propietarias ante el 05 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Poza Rica de Hidalgo, a quienes les reconocieron tal personalidad en el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.

Requisitos especiales:

39.      Tales requisitos también están colmados, como se ve a continuación:

40.      Señalamiento de la elección que se impugna. La parte actora en sus demandas señala en forma concreta que la elección que impugna es la de diputaciones federales en el 05 distrito electoral federal en el estado de Veracruz.

41.      Mención individualizada del acta de cómputo distrital. En virtud del punto anterior, el acta de cómputo distrital es la correspondiente a esa misma elección.

42.      La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas. El partido actor en sus demandas precisó las casillas cuya votación solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso, tal como se precisará en la tabla contenida en un diverso considerando de esta sentencia, en específico, el SÉPTIMO “Pretensión, causales de nulidad invocadas y metodología de estudio”.

SEXTO. Cuestión previa en relación con la fecha límite para resolver los juicios de inconformidad

43.      Esta Sala Regional tiene como límite para resolver los juicios de inconformidad de las elecciones de integrantes del Congreso de la Unión, a más tardar el tres de agosto del año de la elección; como se advierte de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 44, apartado 1, inciso u), y 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[11]; así como 58 y 69 de la Ley General de Medios, tal y como se explica a continuación:

44.      Dentro de las atribuciones que tiene el Consejo General del INE se encuentra la de efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de diputados por este principio, determinar la asignación de diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección, en términos del artículo 44, apartado 1, inciso u), de la LGIPE.

45.      Asimismo, el Consejo General procederá a la asignación de diputaciones y senadurías electos por el principio de representación proporcional, conforme al procedimiento indicado en los numerales 15 al 21 de la LGIPE, una vez resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones que se hayan interpuesto a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección, lo anterior, con fundamento en los artículo 327 de la referida ley sustantiva electoral y 54 de la Constitución federal.

46.      Por su parte, el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, por el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, inciso b), de la Ley General de Medios.

47.      Durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones, entre otras, las de integrantes del Congreso de la Unión, en términos del artículo 49 de la referida Ley General de Medios.

48.      En ese orden de ideas, los juicios de inconformidad de las elecciones de integrantes del Congreso de la Unión deberán quedar resueltos el día tres de agosto y los relativos a la elección de presidencia de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el treinta y uno de agosto, ambas fechas del año de la elección, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley General de Medios.

49.      Además, se tiene que el recurso de reconsideración procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, siendo la Sala Superior del Tribunal Electoral la única competente para resolver este tipo de recurso y, cuando versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados, deberán ser resueltos a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral, conforme a lo previsto en los artículos 61, 64 y 69 de la citada Ley General de Medios.

50.      En ese orden de ideas, la Cámara de Diputados se compondrá de trescientos diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y doscientos diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, electos en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión el primero de septiembre, de acuerdo con los artículos 51, 52 y 65 de la Constitución federal.

51.      Ahora bien, de lo expuesto se advierte que la LGIPE dispone, por una parte, que el Consejo General deberá realizar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección, pero también señala que la referida asignación deberá realizarse a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección; por tanto, hay una incongruencia en la citada ley sustantiva electoral al manejar dos fechas para la realización de un mismo acto.

52.      Por su parte, la Ley General de Medios señala que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios de inconformidad a más tardar el tres de agosto del año de la elección y los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral.

53.      Cabe señalar que las fechas previstas en la ley sustantiva en relación con la ley adjetiva referidas, no resultan congruentes ya que lo ideal sería que primeramente el Tribunal Electoral resolviera todos los juicios de inconformidad y de reconsideración que se presentaran, a fin de que quedaran firmes los cómputos respectivos y, posteriormente, el Consejo General del INE realizara la asignación de diputaciones.

54.      Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la falta de congruencia en las fechas señaladas se debió a un lapsus calami del legislador, al no ajustar las fechas que permitan coordinar las actividades antes referidas, al dejar como fecha límite al Consejo General para realizar la asignación, una fecha anterior a que culmine el límite temporal con que cuenta el Tribunal Electoral para resolver los juicios y recursos señalados.

55.      En consecuencia, aún y cuando se establezca que el Consejo General hará la asignación a más tardar en dos posibles fechas como sería el veintitrés de agosto o el veintitrés de julio del año de la elección, en términos de lo señalado en los artículos 44, apartado 1, inciso u) y 327 de la LGIPE; este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ajustarse a lo previsto en los artículos 58 y 69 de la Ley General de Medios, al ser la que regula lo relativo a los juicios de inconformidad de la elección de diputaciones y que prevé como límite para resolver a más tardar el tres de agosto, y en el caso de los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral. Ello, porque este Tribunal Electoral se rige por la referida ley adjetiva electoral.

SÉPTIMO. Pretensión, causales de nulidad invocadas y metodología de estudio

56.      La pretensión del PRD es que se declare la nulidad de la elección relativa a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el 05 distrito electoral federal con cabecera en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, porque, en su consideración, ocurrieron irregularidades graves y determinantes, debido a que supuestamente el INE no capacitó adecuadamente a los Capacitadores Asistentes Electorales, quienes a su vez tampoco lo hicieron con las personas funcionarias de casilla, lo que ocasionó la inasistencia de las y los funcionarios de casilla designados, y quienes integraron la casilla no sabían realizar su labor.

57.      Además, porque a su decir existieron fallas en el horario de apertura y clausura de la casilla, en el armado de las casillas, en la recepción de la votación y distribución de boletas a la ciudadanía, la falta de funcionarios, sustituciones y que se tomó personal de la fila que no cumplió con su deber, así como errores graves y significativos, en diversas secciones electorales.

58.      Por su parte, la pretensión del PAN es que se declare la nulidad de diversas casillas, al haberse integrados supuestamente por personas no autorizadas para ello, las cuales se precisan en la siguiente tabla:

59.      Ahora, respecto a la metodología, se estudiarán las causales en el orden antes propuesto, pues de declararse fundada la nulidad de la elección haría innecesario el resto de las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, por lo que, solo en caso de no asistir razón al PRD que la hizo valer, se continuará con el estudio del resto de las nulidades señaladas por el PAN.

OCTAVO. Causal de nulidad de elección

60.      El PRD hace valer la causal de nulidad de la elección de diputaciones federales en el 05 distrito electoral federal en Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, por supuestas irregularidades graves y determinantes, debido a que las personas funcionarias de casilla cometieron una serie de irregularidades graves que provocaron falta de certeza en los resultados de la elección.

61.      Además, señala que existió una incompetencia por parte de la 05 junta distrital del INE en el estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, porque no capacitó adecuadamente a los Capacitadores Asistentes Electorales, quienes a su vez tampoco lo hicieron con las personas funcionarias de casilla, lo que ocasionó la inasistencia de las y los funcionarios de casilla designados, y quienes integraron la casilla no sabían realizar su labor.

62.      De igual manera, expone que existieron fallas en el horario de apertura y clausura de la casilla, en el armado de las casillas, en la recepción de la votación y distribución de boletas a la ciudadanía, la falta de funcionarios, sustituciones y que se tomó personal de la fila que no cumplió con su deber, así como errores graves y significativos, en las secciones que se ilustran enseguida:

Marco normativo

Nulidad de elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa

63.      El artículo 75 de la Ley General de Medios define las causales de nulidad de la votación recibida en casilla y, en su artículo 76, establece como causales de nulidad de una elección de diputación de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, cualesquiera de las siguientes:

a)      Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo 75 se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos;

b)     Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida;

c)      Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.

Causal genérica de nulidad de elección

64.      Al respecto, la Ley General de Medios, en su artículo 78 establece:

Artículo 78.

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditados y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

65.      Los alcances de esa causa de nulidad que se denomina "genérica", es preciso que se hubieren cometido violaciones:[12]

a) Sustanciales.

b) En forma generalizada.

c) En la jornada electoral.

d) En el distrito o entidad de que se trate.

e) Plenamente acreditadas.

f) Determinantes para el resultado de la elección.

66.      En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible tener una elección democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus representantes.

67.      Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución federal, y que se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad.

68.      Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de diputados y senadores, en el distrito o entidad de que se trate. En efecto, debe analizarse si las irregularidades cometidas se traducen en una afectación importante de uno o varios elementos sustanciales de la elección, que den lugar a considerar que la elección está viciada.

69.      En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, prima facie, da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza.

70.      Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral.

71.      Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera originaria.

72.      Así, la causal de nulidad prevista en el artículo 78 de la ley mencionada, no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre, secreto y directo que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades.

73.      En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto, porque se exige que las violaciones sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que, por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral y por sus circunstancias, sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales mencionados.

74.      Cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones se prueben plenamente, se refiere a que la causal de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso un delito que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta importante la prueba indiciaria.

75.      Lo anterior, se encuentra estrechamente ligado a la exigencia que las violaciones sean determinantes, elemento que, al ser común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por violación a principios constitucionales.

76.      Por otro lado, el elemento determinancia en las causales de nulidad, para que se actualice la nulidad de una elección, es necesario que se pruebe la existencia de una irregularidad o conjunto de ellas, cuya consecuencia sea la vulneración significativa a los principios que rigen las elecciones,[13] es decir, se requiere que se reúna el requisito de la determinancia, el cual es un elemento que siempre debe analizarse.

77.      La Sala Superior de este Tribunal ha razonado que para establecer si se actualiza la determinancia se pueden utilizar criterios aritméticos, pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de verificar si se han conculcado de manera significativa uno o más de los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió.[14]

78.      Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de una violación supone la concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y otro cuantitativo.

79.      El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático (como sería el caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral).

80.      Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible, que puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la misma.[15]

81.      Es más, los criterios cualitativo y cuantitativo mutuamente se complementan, ya que no son criterios netamente puros, pues el criterio cualitativo si bien atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos, no menos cierto es que puede también apoyarse en estadísticas o cifras.

82.      Mientras que, el criterio cuantitativo si bien atiende a una cierta magnitud medible o el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular, también lo es que cuando se estima colmado desde este punto de vista, implícitamente está protegiendo los valores constitucionales; pero lo que define uno y otro, es el carácter que predomina, lo que no implica que el criterio diverso de determinancia esté ausente.

83.      Ahora bien, no debe dejarse de lado que la determinancia tiene como finalidad primordial la protección de la voluntad popular y que no cualquier irregularidad tenga como consecuencia la nulidad de una elección, sino que estas deben ser de una gran magnitud.

84.      En efecto, ya que la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha sostenido que el sistema de nulidades solamente comprende conductas calificadas como graves. [16]

85.      No debe perderse de vista que la nulidad de una elección es un asunto sumamente delicado, puesto que por un lado representa una de las sanciones más severas que puede imponer la autoridad electoral a fin de asegurar la legalidad de la competencia política y la legitimidad de los resultados; pero, por otra parte, implica un dilema moral sobre la voluntad de los votantes que con irregularidades o no, participan en un proceso en el que esperan que su voto cuente.

86.      Así, en casos particulares, la Sala Superior ha sostenido que: “… si se está en presencia de una irregularidad leve o no grave, o bien, si la irregularidad, aun de carácter grave, no es de la magnitud o amplitud suficiente para influir en el resultado electoral, no será una irregularidad invalidante y, por tanto, no será susceptible de acarrear la nulidad de una elección (votación), incluso si la diferencia entre los partidos es mínima, así sea de un solo voto, toda vez que debe privilegiarse la expresión de la voluntad popular expresada en las urnas”.[17]  

87.      Por ende, en atención al artículo 1° de la Constitución federal, el cual impone que, cuando estén en juego los derechos humanos se interpreten de conformidad con dicho cuerpo normativo, y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, lo cual también debe tomar en cuenta el voto de los ciudadanos que, colectivamente, conforman la voluntad popular.

88.      Así, el requisito de determinancia garantiza la autenticidad y libertad del sufragio y de la elección, asimismo otorga certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados.

89.      De no exigirse, según el caso, que la violación sea determinante, se podría llegar al absurdo de considerar que cualquier transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas y jurisdiccionales que en última instancia garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio.

Caso concreto

90.      Como se advierte, los hechos por los que el PRD considera que se debe anular la elección que impugna, se refieren a supuestas irregularidades graves y generalizadas, acontecidas en los actos preparatorios y durante la jornada electoral, que establece el artículo 78 de la ley General de Medios, y que actualizan de prima facie, los motivos de nulidad que previene su artículo 76.

91.      Ello, pues de la demanda del partido actor se advierte que su inconformidad se encuentra encaminada a controvertir circunstancias y hechos que, a su decir, ocurrieron antes y durante la jornada electoral, los cuales considera ponen en entredicho los resultados de la elección.

92.      Sin embargo, para esta Sala Regional sus planteamientos devienen inoperantes pues se tratan de manifestaciones genéricas y sin sustento jurídico de las que no es posible desprender circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre las supuestas irregularidades graves, la actuación incorrecta de las personas funcionarias de casilla, no acredita las incidencias ni la manera en la que afectaron los resultados que controvierte.

93.      Se dice lo anterior, porque el actor no demuestra que existió una incorrecta capacitación por parte del INE a las personas funcionarias de casilla; tampoco señala cuántas y cuáles personas supuestamente fueron designadas para integrar la casilla y no asistieron a cumplir sus funciones, no precisa quiénes son las personas que integraron las casillas y no realizaron correctamente su labor, ni especifica en qué casillas ocurrieron tales inconsistencias, menos aún acredita cómo es que la capacitación impartida por el INE ocasionó que no asistieran las personas funcionarias de casilla y cómo ello impactó en los resultados de la jornada electoral.

94.      Por otra parte, respecto las secciones electorales que precisa en su demanda, en primer lugar, debe señalarse que dichos planteamientos no fueron encuadrados por el partido actor en alguna de las causales de nulidad de votación específica previstas por el artículo 75 de la Ley General de Medios, por lo que, esta Sala Regional se encuentra impedida para analizarlos por nulidad de casillas.

95.      No obstante, para esta Sala Regional de igual manera resultan inoperantes pues se tratan de manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, ya que el enjuiciante omite señalar las circunstancias específicas acontecidas el día de la jornada electoral, por las que en su concepto se vulneraron las disposiciones referidas en cada una de las secciones que precisa.

96.      Además, no señala las circunstancias de modo, tiempo y lugar, bajo las cuales los funcionarios de casilla cometieron las supuestas irregularidades que implicaron el desapego a los procedimientos establecidos por las disposiciones legales mencionadas.

97.      De igual forma, omite señalar de qué forma las mesas directivas de casilla incumplieron con la obligación de respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, así como las circunstancias concretas que derivaron en el indebido funcionamiento de las casillas, y la forma en que dichas inconsistencias impactaron en el resultado de la elección.

98.      Finalmente, no pasa inadvertido que, si bien el PRD aportó diversos escritos de protesta para demostrar que se llevaron a cabo las supuestas irregularidades generalizadas en la elección y por tanto se acredite la nulidad de esta, lo cierto es que, dado que los planteamientos formulados en su demanda resultan ser genéricos, vagos e imprecisos, ello impide a esta Sala Regional tener por acreditada la irregularidad aducida.

99.      De ahí lo inoperante de los planteamientos realizados por el PRD.

100. Por otro lado, no pasa inadvertido que el PRD en su demanda solicita dar vista al INE por las conductas dolosas y el error inexcusable de las personas funcionarias de casilla, pues a su consideración hubo una notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones que debieron realizar; así como la remoción de todos los capacitadores asistentes electorales.

101. Sin embargo, esta Sala Regional considera que ello no es materia de pronunciamiento en el presente juicio de inconformidad, por lo tanto, se dejan a salvo los derechos del PRD para que los haga valer en la vía que a su interés convenga.

NOVENO. Causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso e), de la LGSMIME

102. El PAN hace valer la causal de nulidad de votación en mención respecto de un total de 83 casillas, mismas que se precisan en la tabla:

Marco normativo

103. El artículo 75, apartado 1, inciso e), de la Ley General de Medios prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla, lo siguiente:

a)       Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (sic)

104. Las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los trescientos distritos electorales; conforme al artículo 81 de la LGIPE.

105. En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección, la cual se integrará con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, además de un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán las actividades que indique la ley, tal como lo prevé el artículo 82, numerales 1 y 2, de la ley en cita.

106. Por otra parte, el artículo 274 de la misma ley establece que el inicio de los preparativos para la instalación de la casilla se realizará por la presidencia, secretaría y escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados como propietarios, a partir de las siete horas con treinta minutos del día de la elección, debiendo respetar las reglas siguientes:

Artículo 274.

1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar, y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o representantes de los Candidatos Independientes.

107. Como se observa, en caso de estar en alguno de esos supuestos, los nombramientos deberán recaer en electores que se encuentren en la fila de la casilla para emitir su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en las representaciones de los partidos políticos o de las candidaturas independientes.

108. En consecuencia, las personas electoras que sean designadas como funcionariado de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de las personas propietarias o suplentes nombrados por la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección electoral, porque en cualquier caso se trata de la ciudadanía residente en dicha sección electoral.

109. De lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que este supuesto de nulidad de votación recibida en casilla protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley.

110. Este valor se vulnera cuando: i) la mesa directiva de casilla se integra por ciudadanía que tienen un impedimento legal para fungir como funcionariado en la casilla; o, ii) la mesa directiva de casilla como órgano electoral se integra de manera incompleta[18] y que esto genere un inadecuado desarrollo de sus actividades, por lo que en este caso, tienen relevancia analizar las funciones de carácter autónomo, independiente, indispensables y necesarias que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre estos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.

111. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, apartado 1, incisos e), de la Ley General de Medios, se actualiza cuando se cumplan los elementos normativos siguientes:

a)      Recibida la votación por personas u órganos distintos a los facultados.

b)      Que la irregularidad sea determinante.

112. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a lo apuntado en el presente marco normativo.

113. Respecto al segundo elemento, consistente en la determinancia se tendrán que analizar las circunstancias particulares del caso, para verificar si las irregularidades se traducen o no en una vulneración a los principios que tutela la propia causal de nulidad.

Material probatorio

114. Es necesario analizar el material probatorio que obra en autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y causal de nulidad que hace valer la parte actora.

115. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material probatorio: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla publicadas el 27 de mayo del año en curso –comúnmente llamadas encarte–; b) listas nominales de todas las secciones de las casillas impugnadas; c) constancias de clausura de las casillas; d) actas de la jornada electoral; e) actas de escrutinio y cómputo en casilla y f) hojas de incidentes.

116. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, apartado 4, incisos a) y b), y 16, apartado 2, de la Ley General de Medios.

117. Además, podrán analizarse las documentales privadas y demás medios de convicción que aportaron las partes –de naturaleza distinta a las públicas–, cuando tengan relación con las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto en el artículo 16, apartados 1 y 3, de la Ley General de Medios.

Cuadro o tabla de apoyo que concentra los datos relevantes

118. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el estudio de los agravios formulados por la parte actora.

119. Así, en el cuadro o tabla de apoyo, en la primera columna –empezando por el costado izquierdo– se anota el número consecutivo; y en la segunda columna la clave, número o identificación de la casilla en particular.

120. En la tercera columna se asientan los datos de la ciudadanía previamente designada por el INE para fungir como funcionariado, según el encarte.

121. En la cuarta columna, se asientan los datos de los ciudadanos que en realidad fungieron como funcionarios de casilla, según actas respectivas.

122. En la quinta columna se precisa la persona que, a decir de la parte actora, fungió el día de la jornada electoral de manera indebida en la mesa directiva de casilla.

123. En la última columna –del costado derecho–, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos.

Casos concretos

124. La información contenida en el cuadro comparativo que se precisa a continuación se obtuvo de los documentos siguientes:

1. Copia certificada de las actas de jornada electoral;

2. Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo;

3. Publicación final de la lista de funcionarios de casilla, realizada por la autoridad administrativa electoral (encarte);

4. Copia certificada de las Hojas de Incidentes;

5. Copia certificada de las actas de clausura de la casilla; y

6. Lista nominal de electores.

125. Los medios de convicción enunciados con anterioridad son documentos públicos y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 14, apartado 4, incisos a) y b), y 16, apartado 2, de la Ley General de Medios.