JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SX-JIN-83/2024

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: 01 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[1] EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON CABECERA EN PÁNUCO

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO TRONCOSO ÁVILA

SECRETARIA: LUZ IRENE LOZA GONZÁLEZ

COLABORADOR: EDUARDO LÓPEZ DÍAZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, doce de julio de dos mil veinticuatro.[2]

SENTENCIA que se emite en el juicio de inconformidad al rubro citado, promovido por el Partido Acción Nacional,[3] a través de César Alejandro García Flores, quien se ostenta como representante propietario del referido partido político ante el 01 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Pánuco.

El partido actor controvierte los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, emitidas por el citado Consejo Distrital.

SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN

Esta Sala Regional declara la nulidad de la votación recibida en cuatro casillas al actualizarse la causal de indebida integración de casilla prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por ende, procede la modificación de los resultados del cómputo distrital; sin embargo, al no existir un cambio en la fórmula de candidaturas que obtuvieron el mayor número de sufragios, lo procedente es confirmar el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, y la declaratoria de validez de la elección.

ANTECEDENTES

I. Contexto

Del escrito de demanda y demás constancias que obran en el expediente se advierte lo siguiente:

1.            Jornada electoral. El dos de junio, se efectuó la jornada electoral para elegir, entre otros cargos, a la persona titular del Ejecutivo Federal y a las y los integrantes del Congreso de la Unión.

2.            Sesión de cómputo distrital. En su oportunidad, el 01 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Pánuco, realizó el cómputo distrital de las diversas elecciones; entre ellas, la correspondiente a las diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, mismo que arrojó los resultados siguientes:

Total de votos en el distrito

Distribución final de votos a partidos políticos y candidaturas independientes

Votación final obtenida por las candidaturas

3.            El Consejo Distrital, después de obtener los resultados, hizo la declaración de validez de la elección y entregó la constancia de mayoría a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA. Dicha sesión concluyó el siete de junio.

II. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación federal

4.            Demanda. El once de junio de esta anualidad, el PAN, por conducto de su representante propietario ante el 01 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Pánuco, presentó ante dicha autoridad, demanda de juicio de inconformidad a fin de impugnar los actos referidos en el punto anterior.

5.            Recepción y turno. El dieciocho de junio, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional se recibió la demanda, el expediente y sus anexos. En la misma fecha, la magistrada presidenta acordó integrar el expediente SX-JIN-83/2024 y turnarlo a la ponencia a cargo del magistrado en funciones[4] José Antonio Troncoso Ávila, para los efectos respectivos.

6.            Radicación, admisión y requerimiento. Mediante acuerdo de veintitrés de junio, el magistrado instructor admitió la demanda del juicio de inconformidad y requirió al 01 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Pánuco, diversa documentación e información para la debida sustanciación del expediente.

7.            Recepción de constancias. En su oportunidad la autoridad responsable dio cumplimiento al requerimiento señalado en el punto anterior.

8.            Cierre de Instrucción. En virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, en su oportunidad, el magistrado instructor declaró cerrada la instrucción del juicio.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

9.            El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este medio de impugnación, a) por materia, al tratarse de un juicio de inconformidad mediante el cual se combate el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, realizado por el 01 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Pánuco, y b) por territorio, toda vez que la citada entidad federativa corresponde a esta tercera circunscripción plurinominal electoral.

10.       Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI; 60, segundo párrafo, y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;[5] 1, fracción II, 164, 165, 166, 173, párrafo primero, y 176, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, inciso b), 34, apartado 2, inciso a), 49, 50 apartado 1, inciso b), y 53, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[6]

SEGUNDO. Tercero interesado

11.       En el presente juicio, se le reconoce el carácter de tercero interesado al partido MORENA, quien comparece a través de su representante propietario acreditado ante el 01 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Pánuco.

12.       Lo anterior, en términos de los artículos 12, apartados 1, inciso c), y 2; 13, apartado 1, inciso a) y 17, apartado 4, de la Ley General de Medios, como se indica a continuación:

13.       Legitimación, personería e interés incompatible. En el caso, el partido MORENA comparece a través de Jesús Antíoco Vázquez Rivera quien se ostenta como su representante acreditado ante la autoridad responsable, tal como lo reconoce esta última en el acuerdo de recepción de escrito de tercero interesado.[7] Por lo que, se le reconoce legitimación y personería.

14.       Además, quien comparece, participó en la contienda electoral y, por lo mismo, tiene un derecho incompatible con la parte actora a efecto de que se conserven los resultados electorales,[8] máxime que formó parte de la coalición que obtuvo el triunfo en la elección controvertida.

15.       Forma. El escrito de tercero interesado fue presentado ante la autoridad responsable; se hizo constar el nombre del partido político y la firma autógrafa de quien comparece como su representante; además, expresa la oposición a las pretensiones de los partidos actores mediante la exposición de los argumentos.

16.       Oportunidad. De las constancias de autos se advierte que el juicio se presentó el catorce de junio ante la autoridad responsable, mientras que la publicitación y la presentación del escrito de comparecencia de tercero interesado ocurrió en las fechas y horas que se precisan:

17.       Por tanto, si la presentación se efectuó dentro de las setenta y dos horas de la publicación de los medios de impugnación, es indudable que se realizó de manera oportuna.

TERCERO. Causales de improcedencia

18.       El tercero interesado, en el escrito de comparecencia, invoca diversas causales de improcedencia por las que solicita se deseche la demanda del partido actor, como se expone a continuación:

a) Se pretende impugnar más de una elección

19.       MORENA solicita que la demanda se deseche de plano debido a que, desde su perspectiva, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo primero, inciso e), de la Ley General de Medios, por impugnarse, tanto la elección de diputaciones, como de senadurías por el principio de mayoría relativa.

20.       Al respecto, esta Sala Regional considera que la causal invocada no se actualiza en la demanda ya que, de su lectura, se advierte que en ningún momento se menciona que sea pretensión del partido actor el impugnar algún acto relacionado con la elección de presidencia o senadurías; sino que en el caso precisa que el acto reclamado es el cómputo distrital relativo a la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.

21.       En ese tenor, la causal de improcedencia hecha valer es infundada, dado que el planteamiento y solicitud parten de una premisa falsa.

b) Por falta de definitividad del acto cuestionado

22.       El partido MORENA aduce que el medio de impugnación debe desecharse porque se actualiza lo previsto en el artículo 10, apartado 1, inciso d) de la Ley General de Medios, al estimar que se impugna un acto que no resulta definitivo ni firme, ya que no se han agotado los medios de defensa contemplados por las leyes aplicables.

23.       A partir de lo analizado en la causal anterior, donde quedó indicado que únicamente se impugna la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, es que también la causal de improcedencia que ahora se estudia es infundada, dado que, de conformidad con el artículo 50, inciso b) de la Ley General de Medios, no existe algún medio de impugnación, recurso o instancia que se deba agotar de manera previa, para promover el juicio de inconformidad en contra de los resultados y declaración de validez de la elección de diputaciones de mayoría relativa.

CUARTO. Requisitos generales y especiales de procedencia

24.       La demanda del presente juicio reúne los requisitos generales y especiales exigidos por los artículos 9, apartado 1, 13, apartado 1, inciso a), fracción I, 52, apartado primero, 54, apartado 1, inciso a), y 55, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Medios, tal como se explica a continuación.

Requisitos generales:

25.       Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de los cuatro días que fija la legislación, pues el cómputo de la elección, materia de este asunto, concluyó el ocho de junio, y la demanda se presentó el once siguiente.

26.       Por tanto, si la presentación del escrito de demanda se efectuó dentro de los cuatro días posteriores, es indudable que se realizó de manera oportuna.

27.       Legitimación y personería. El presente juicio de inconformidad está promovido por parte legítima, porque se trata del partido político PAN, quien participó en la elección de diputaciones federales en el 01 distrito electoral federal en el estado de Veracruz, con cabecera en Pánuco.

28.       Asimismo, la personería se acredita, debido a que el mencionado partido comparece a través de César Alejandro García Robles, en su calidad de representante propietario ante el 01 Consejo Distrital del INE en el estado de Veracruz, con cabecera en Pánuco, a quien le reconocieron tal personalidad en el informe circunstanciado[9] rendido por la autoridad responsable.

Requisitos especiales:

29.       Tales requisitos también están colmados, como se ve a continuación:

30.       Señalamiento de la elección que se impugna. La parte actora en su demanda señala en forma concreta que la elección que impugna es la de diputaciones federales en el 01 distrito electoral federal en el estado de Veracruz.

31.       Mención individualizada del acta de cómputo distrital. En virtud del punto anterior, el acta de cómputo distrital es la correspondiente a esa misma elección.

32.       La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas. El partido actor en su demanda precisó las casillas cuya votación solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso, tal como se precisará en la tabla contenida en un diverso considerando de esta sentencia, en específico, el relativo a la “Pretensión, causales de nulidad invocadas y metodología de estudio”.

QUINTO. Cuestión previa en relación con la fecha límite para resolver los juicios de inconformidad

33.       Esta Sala Regional tiene como límite para resolver los juicios de inconformidad de las elecciones de integrantes del Congreso de la Unión, a más tardar el tres de agosto del año de la elección; como se advierte de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 44, apartado 1, inciso u), y 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[10]; así como 58 y 69 de la Ley General de Medios, tal y como se explica a continuación:

34.       Dentro de las atribuciones que tiene el Consejo General del INE se encuentra la de efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de diputados por este principio, determinar la asignación de diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección, en términos del artículo 44, apartado 1, inciso u), de la LGIPE.

35.       Asimismo, el Consejo General procederá a la asignación de diputaciones y senadurías electos por el principio de representación proporcional, conforme al procedimiento indicado en los numerales 15 al 21 de la LGIPE, una vez resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones que se hayan interpuesto a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección, lo anterior, con fundamento en los artículo 327 de la referida ley sustantiva electoral y 54 de la Constitución federal.

36.       Por su parte, el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, por el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, inciso b), de la Ley General de Medios.

37.       Durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones, entre otras, las de integrantes del Congreso de la Unión, en términos del artículo 49 de la referida Ley General de Medios.

38.       En ese orden de ideas, los juicios de inconformidad de las elecciones de integrantes del Congreso de la Unión deberán quedar resueltos el día tres de agosto y los relativos a la elección de presidencia de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el treinta y uno de agosto, ambas fechas del año de la elección, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley General de Medios.

39.       Además, se tiene que el recurso de reconsideración procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, siendo la Sala Superior del Tribunal Electoral la única competente para resolver este tipo de recurso y, cuando versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados, deberán ser resueltos a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral, conforme a lo previsto en los artículos 61, 64 y 69 de la citada Ley General de Medios.

40.       En ese orden de ideas, la Cámara de Diputados se compondrá de trescientos diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y doscientos diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, electos en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión el primero de septiembre, de acuerdo con los artículos 51, 52 y 65 de la Constitución federal.

41.       Ahora bien, de lo expuesto se advierte que la LGIPE dispone, por una parte, que el Consejo General deberá realizar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección, pero también señala que la referida asignación deberá realizarse a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección; por tanto, hay una incongruencia en la citada ley sustantiva electoral al manejar dos fechas para la realización de un mismo acto.

42.       Por su parte, la Ley General de Medios señala que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios de inconformidad a más tardar el tres de agosto del año de la elección y los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral.

43.       Cabe señalar que las fechas previstas en la ley sustantiva en relación con la ley adjetiva referidas, no resultan congruentes ya que lo ideal sería que primeramente el Tribunal Electoral resolviera todos los juicios de inconformidad y de reconsideración que se presentaran, a fin de que quedaran firmes los cómputos respectivos y, posteriormente, el Consejo General del INE realizara la asignación de diputaciones.

44.       Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la falta de congruencia en las fechas señaladas se debió a un lapsus calami del legislador, al no ajustar las fechas que permitan coordinar las actividades antes referidas, al dejar como fecha límite al Consejo General para realizar la asignación, una fecha anterior a que culmine el límite temporal con que cuenta el Tribunal Electoral para resolver los juicios y recursos señalados.

45.       En consecuencia, aún y cuando se establezca que el Consejo General hará la asignación a más tardar en dos posibles fechas como sería el veintitrés de agosto o el veintitrés de julio del año de la elección, en términos de lo señalado en los artículos 44, apartado 1, inciso u) y 327 de la LGIPE; este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ajustarse a lo previsto en los artículos 58 y 69 de la Ley General de Medios, al ser la que regula lo relativo a los juicios de inconformidad de la elección de diputaciones y que prevé como límite para resolver a más tardar el tres de agosto, y en el caso de los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral. Ello, porque este Tribunal Electoral se rige por la referida ley adjetiva electoral.

SEXTO. Pretensión, causales de nulidades invocadas y metodología de estudio

46.       La pretensión del PAN es que se declare la nulidad de la elección, esencialmente por lo siguiente:

A)   Falta de quorum durante el desarrollo de la sesión de escrutinio y cómputo

B)   Anomalías suscitadas durante la sesión de escrutinio y cómputo

C)   Inequidad en la contienda por participación de servidores públicos durante la campaña de la candidata y violación al principio de neutralidad

47.       Además, el actor pretende que se anule la votación de diversas casillas, por las causales que se precisan a continuación.[11]

48.       Al respecto, se precisa que, en el escrito de demanda el actor hace valer 524 casillas por la causal K),[12] sin embargo, de la lectura de sus planteamientos se advierte que, por lo que hace a 523, los mismos van encaminados a señalar que los paquetes de las casillas referidas fueron entregados de manera extemporánea y, aunado a ello, se vulneró la cadena de custodia, misma que hace depender del supuesto retraso en la entrega de los paquetes, por tanto, si la Ley de Medios señala en su artículo 75, inciso b) que será causa de nulidad de votación recibida en casilla entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale, esta Sala Regional considera que al existir una causal de nulidad de casilla específica para los planteamientos del actor, es que se debe hacer el análisis bajo dicha causal.

49.       Por otra parte, el actor, inserta una tabla en la cual señala 63 casillas impugnadas por la causal a),[13] sin embargo, menciona que existió retraso en la instalación de esas casillas, por lo que el estudio se realizará por la causal de nulidad referida en el inciso d) del artículo 75 de la Ley General de Medios.

50.       Por metodología, en primer término, se estudiarán las causales de nulidad de elección y, posteriormente las causales de nulidad de votación recibida en casilla.

SÉPTIMO. Elementos comunes para analizar las causales de nulidad de votación recibida en casilla

51.       El estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casillas se hará tomando en consideración que el elemento “determinante” deberá colmarse en cada uno de los supuestos jurídicos que prevé el artículo 75 de la Ley General de Medios, tanto en los que se encuentra expresamente señalado (incisos f, g, i, j y k) como en aquellos en que no se menciona, pero está implícito (incisos a, b, c, d, e y h).[14]

52.       Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante para el resultado de la votación.

53.       En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito significa que –por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de su prueba– existe la presunción iuris tantum de que la irregularidad es “determinante” para el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se actualizará la nulidad.

54.       Para analizar el elemento de determinancia se utilizará cualquiera de los dos criterios siguientes[15]:

        Cuantitativo o aritmético

        Cualitativo

55.       Lo anterior, sin perder de vista “el principio de conservación de los actos válidamente” celebrados, al momento de analizar el elemento de determinancia[16].

56.       El principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, se caracteriza por los siguientes aspectos fundamentales:

a)  La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanas y ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarias a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

57.       Así, dicho principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados parte de la base que no cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación o elección.

58.       Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación con el elemento denominado determinante.

59.       El criterio cuantitativo aritmético se basa en factores numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que, de no haberse presentado la irregularidad, el partido, coalición o candidatura independiente que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos.

60.       El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico que tutela cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el elemento consistente en que la irregularidad sea determinante.

OCTAVO. Causal de nulidad de elección

61.       El partido actor en su escrito de demanda refiere como “causales de nulidad genérica” lo siguiente:

A)   Falta de quorum durante el desarrollo de la sesión de cómputo

B)   Anomalías suscitadas durante la sesión de escrutinio y cómputo

C)   Inequidad en la contienda por participación de servidores públicos durante la campaña de la candidata y violación al principio de neutralidad

I. Marco normativo

62.       Al respecto, la Ley General de Medios, en su artículo 78 establece:

“Artículo 78.

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditados y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.”

63.       Los alcances de esa causa de nulidad que se denomina "genérica", son los siguientes:[17]

64.       Es preciso que se hubieren cometido violaciones:

a) Sustanciales.

b) En forma generalizada.

c) En la jornada electoral.

d) En el distrito o entidad de que se trate.

e) Plenamente acreditadas.

f) Determinantes para el resultado de la elección.

65.       En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible tener una elección democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus representantes.

66.       Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad.

67.       Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de diputados y senadores, en el distrito o entidad de que se trate.

68.       Lo anterior, con el fin de que, por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está viciada.

69.       En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, prima facie, da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza.

70.       Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral.

71.       Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera originaria.

72.       Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 78 de la ley mencionada, no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre, secreto y directo que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades.

73.       En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.

74.       Esto, porque se exige que las violaciones sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que, por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral y por sus circunstancias, sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales mencionados.

75.       Cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso un delito que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta importante la prueba indiciaria.

76.       Lo anterior, se encuentra estrechamente ligado a la exigencia que las violaciones sean determinantes, elemento que, al ser común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por violación a principios constitucionales.

77.       Por su parte, la llamada causa de invalidez por violación a principios constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho este Tribunal Electoral ha sostenido que la Constitución federal establece mandamientos respecto de los cuales debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma general, valores que son inmutables y que garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son producto de la experiencia histórica propia del Estado.

78.       Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función estatal, porque establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden público.

79.       Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente, vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables de su observancia.

80.       Así, las disposiciones constitucionales no sólo son mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la función estatal, sino que también contienen normas vigentes y exigibles.

81.       Consecuentemente, este Tribunal Electoral ha considerado que una elección de mayoría relativa puede declararse inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales o valores fundamentales, constitucionalmente previstos.

82.       Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección por violación de principios constitucionales son:[18]

a)    Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio de algún principio o norma constitucional, o parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);

b)    Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas;

c)     Que se constate el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral, y

d)    Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

83.       En la sentencia SUP-JIN-359/2012, la Sala Superior de este Tribunal Electoral al analizar el grado de afectación por la violación y que ésta sea cuantitativa o cualitativa, sostuvo que éstas deben ser sustanciales, graves y generalizadas o sistemáticas.

84.       Como ya se dijo en el apartado previo, hay principios que son tutelados por el sistema de nulidades; y tratándose de la causa de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley General de Medios, y de la invalidez por violación de principios constitucionales, se puede establecer que ambas comparten algunos elementos, entre otros, exigen que sean violaciones sustanciales, graves, plenamente acreditadas, se constate el grado de afectación o su generalización y que sean determinantes.

85.       Este último elemento de “determinancia”, al ser común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por violación a principios constitucionales, se abordará con más detalle a continuación.

I.            El elemento determinancia en las causales de nulidad

86.       Para que se actualice la nulidad de una elección bien sea por los supuestos jurídicos establecidos en los artículos 76, párrafo 1, incisos a o b, 78, 78 bis o por violación a los principios constitucionales, es necesario que se pruebe la existencia de una irregularidad o conjunto de ellas, cuya consecuencia sea la vulneración significativa a los principios que rigen las elecciones,[19] es decir, se requiere que se reúna el requisito de la determinancia, el cual es un elemento que siempre debe analizarse.

87.       Ahora bien, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha razonado que para establecer si se actualiza la determinancia se pueden utilizar criterios aritméticos, pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de verificar si se han conculcado de manera significativa uno o más de los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió.[20]

88.       Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de una violación supone la concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y otro cuantitativo.

89.       El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático (como sería el caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral).

90.       Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la misma.[21]

91.       Es más, los criterios cualitativo y cuantitativo mutuamente se complementan, ya que no son criterios netamente puros, pues el criterio cualitativo si bien atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos, no menos cierto es que puede también apoyarse en estadísticas o cifras; y el criterio cualitativo si bien atiende a una cierta magnitud medible o el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular, también lo es que cuando se estima colmado desde este punto de vista, implícitamente está protegiendo los valores constitucionales; pero lo que define uno y otro, es el carácter que predomina, lo que no implica que el criterio diverso de determinancia esté ausente.

92.       Ahora bien, no debe dejarse de lado que la evolución de la interpretación constitucional y legal de la figura de la nulidad de una elección permite advertir que la determinancia tiene como finalidad primordial la protección de la voluntad popular y que no cualquier irregularidad tenga como consecuencia la nulidad de una elección, sino que éstas deben ser de una gran magnitud.

93.       En efecto, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que el sistema de nulidades solamente comprende conductas calificadas como graves.[22]

94.       Por otro lado, al analizar si se vulneraron principios constitucionales, con el fin de verificar si se acredita la determinancia, no debe perderse de vista que todos los principios y valores contemplados por la Constitución federal son vinculantes, por tratarse de elementos fundamentales para considerar válida una elección, por lo que, el sistema de nulidades debe procurar que todos ellos sean cumplidos en cada proceso electivo.

95.       De tal modo, el juzgador debe cuidar que al considerar la actualización de la determinancia por vulneración a un principio constitucional no deje insubsistente otro u otros principios de igual jerarquía, pues como se dijo, debe darse vigencia a todos los principios constitucionales.

96.       Así el juzgador, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, debe buscar que la decisión de anular o validar una elección, se base en el equilibrio de los posibles principios constitucionales en juego.

97.       Pues no debe perderse de vista que, la nulidad de una elección es un asunto sumamente delicado, por un lado, representa una de las sanciones más severas que puede imponer la autoridad electoral a fin de asegurar la legalidad de la competencia política y la legitimidad de los resultados; pero, por otra parte, implica un dilema moral sobre la voluntad de los votantes, que con irregularidades o no, participan en un proceso en el que esperan que su voto cuente.

98.       Así, en casos particulares, la Sala Superior ha sostenido que: “…si se está en presencia de una irregularidad leve o no grave, o bien, si la irregularidad, aun de carácter grave, no es de la magnitud o amplitud suficiente para influir en el resultado electoral, no será una irregularidad invalidante y, por tanto, no será susceptible de acarrear la nulidad de una elección (votación), incluso si la diferencia entre los partidos es mínima, así sea de un solo voto, toda vez que debe privilegiarse la expresión de la voluntad popular expresada en las urnas”.[23]

99.       Por ende, en atención al artículo 1° de la Constitución federal, el cual impone que, cuando estén en juego los derechos humanos se interpreten de conformidad con esta Carta Magna, y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo cual también debe tomar en cuenta el voto de los ciudadanos que, colectivamente, conforman la voluntad popular.

100.   Así, el requisito de determinancia garantiza la autenticidad y libertad del sufragio y de la elección, asimismo otorga certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados.

101.   De no exigirse, según el caso, que la violación sea determinante, se podría llegar al absurdo de considerar que cualquier transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas y jurisdiccionales que en última instancia garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio.

II. Casos concretos

A)   Falta de quorum durante el desarrollo de la sesión de cómputo

102.   El actor considera que es contrario a los principios de certeza y seguridad jurídica que, durante la sesión de cómputo, en diversos momentos, no haya estado debidamente conformado el Consejo Distrital de Pánuco, Veracruz.

103.   En ese sentido, sostiene que de acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, en lo que interesa, la siguiente atribución: efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputaciones de representación proporcional.

104.   También señala que el artículo 14, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del INE, establece que para que el Consejo respectivo pueda sesionar, es necesario que estén presentes la mayoría de sus integrantes, entre los que deben de estar el presidente y tres consejerías.

105.   En ese sentido, refiere que, si durante el transcurso de la sesión se ausentara de manera definitiva alguna de las personas que integran el consejo, deberá suspenderse la sesión.

106.   En atención a lo anterior, considera que, en el caso, no se realizó de esa manera, porque durante el desarrollo de la sesión de cómputo, no estuvieron presentes en diversos lapsos las y los consejeros, por tanto, no hubo quorum a pesar de la importancia de la sesión.

107.   Para demostrar lo anterior en su demanda anexa un cuadro en el que señala los supuestos periodos de ausencia de las consejerías y con ello pretende demostrar la falta de quorum del Consejo Distrital.

108.   A juicio de esta Sala Regional tales planteamientos son inoperantes, lo anterior es así porque si bien el actor en su demanda plasma una tabla en la cual inserta los nombres, los supuestos periodos de ausencia e indica que tales datos son obtenidos del acta de sesión permanente de cómputo llevada a cabo el cinco de junio pasado, lo cierto es que, no refiere cómo es que, en todo caso, tales ausencias, de encontrarse acreditadas, son graves, determinantes y generalizadas, para que puedan generar el efecto pretendido, esto es, la nulidad de la elección controvertida.

109.   Se dice lo anterior porque, aún de llegar al extremo de tomar como ciertos los datos señalados por el actor, no se advierte que el simple hecho de que alguna de las o los consejeros distritales se hubieran ausentado de la sesión de cómputo por un periodo corto de tiempo, esto traiga como consecuencia la vulneración al principio de certeza y legalidad.

110.   Pues en principio no demuestra porqué ello constituye una irregularidad grave y determinante, además de que esto traiga consecuencias generalizadas, que se traduzcan en una afectación sustancia o importante a los principios que deben regir las elecciones, que lleve al extremo de considerar que la elección se encuentra viciada.

111.   Mas aún cuando el hecho que controvierte no tiene que ver propiamente con la jornada electoral, sino que se encuentra relacionado con la etapa de resultados, por lo que, en todo caso, el actor tendría que acreditar por qué esta actuación en una etapa posterior incide de manera directa en la elección de modo tal que traiga como consecuencia la nulidad de la misma.

112.   De ahí que, en el caso, el actor solo se limita a referir que no hubo quorum durante la sesión de cómputo, debido a que por algunos periodos de tiempo se ausentaron diversos consejeros y consejeras, pero no prueba, en todo caso, como es que esto afectó la elección, pues se limita a referir que con ello se vulneró el principio de certeza y legalidad, pues aun de acreditarse las faltas temporales de las consejerías, el actor tampoco acredita algún nexo causal entre dicha circunstancia y alguna posible irregularidad en los resultados de la elección, por tanto, el agravio se califica como inoperante.

B)   Anomalías suscitadas durante la sesión de escrutinio y cómputo

113.   Respecto a dicha temática señala que, durante la sesión de cómputo realizada por el Consejo Distrital, a las veintidós horas con treinta y siete minutos del seis de junio del año en curso, al momento de la calificación de votos reservados, el representante del Partido del Trabajo manifestó “que los CAES al manipular las boletas las rayan”.

114.   A partir de esa manifestación, el actor considera que lejos de abonar a la certeza y legalidad del voto, tal funcionariado atentó contra el sufragio de los electores, y ello va en contra del profesionalismo y ética que los debe de regir como personas encargadas de los comicios.

115.   A juicio de esta Sala Regional, los planteamientos son inoperantes, porque el actor construye su argumento señalando que un representante de otro partido hizo referencia a una supuesta irregularidad cometida por el funcionariado el INE, lo cual, en todo caso constituye una manifestación que no se encuentra sustentada con prueba idónea alguna.

116.   De ahí que no basta con hacer alusión a que otra persona manifestó que se cometió una irregularidad durante la jornada electoral, pues en todo caso, aun de acreditarse la existencia de tal manifestación, esto no trae como consecuencia la actualización de la supuesta irregularidad.

117.   Pues la irregularidad supuestamente expuesta, debe estar plenamente acreditada, además de ser determinante, sustancial y generalizada, de ahí que, en el caso, al ser solo la referencia a una manifestación, sin sustento alguno, pues en todo caso el actor no aportó medios de convicción con los que se estuviera en condiciones de acreditar la supuesta irregularidad, es que esta Sala Regional estima que no es posible que el actor alcance su pretensión de nulidad de la elección controvertida.

C)   Inequidad en la contienda por participación de servidores públicos durante la campaña de la candidata y violación al principio de neutralidad

118.   El PAN señala que, en el presente proceso electoral, a lo largo de tres meses se observó una serie de actos violatorios del principio de equidad e igualdad en las contiendas electorales.

119.   En ese sentido refiere que la coalición “sigamos haciendo historia” realizó un sinfín de hipótesis en las cuales hacía notar la presencia de dichos partidos, y posicionando sus candidaturas.

120.   Considera que durante las campañas electorales y, en lo que interesa, se observó la participación activa de funcionarios públicos de primer nivel municipal que participaron en eventos proselitistas, y si bien la Ley prevé algunos supuestos permitidos, lo cierto es que la participación en los mismos no puede ser activa, es decir, pueden acudir, pero no hacer referencia al cargo público que ostentan.

121.   Lo anterior, pues a su decir, participaron de forma activa y en algunas ocasiones en horarios laborales en eventos masivos y aportando recursos y movilizando personas a través de vehículos oficiales en beneficio de la candidata hoy electa diputada federal por el Distrito 01, ediles de los municipios de Pánuco, Chontla, Chalma, Platón Sánchez, regidurías del ayuntamiento de Tantoyuca, directores de departamentos de diferentes ayuntamientos, entre otros.

122.   Lo cual considera vulnera el principio de imparcialidad contenido en el artículo 134, párrafo sexto, de la Constitución federal, ya que, al hacer apariciones públicas, no preservaron las condiciones de igualdad en la contienda, al ocasionar un efecto simbiosis en beneficio de la campaña de la diputada electa.

123.   En esa tesitura, aduce que el cuatro de junio tuvo lugar un evento proselitista donde estuvieron en tarima diversas funcionarias y funcionarios, cuyos nombres y cargos especifica en su escrito de demanda.

124.   Refiere también que otro aspecto fundamental es la participación activa de empleados del gobierno federal para inhibir el voto de la ciudadanía a través de represalias con la inhibición y amenaza de retirar los programas sociales a las personas que votaran en contra del partido político que está en el poder o sus aliados, o en su defecto que estos no acudieran a participar en eventos proselitistas en beneficio de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

125.   A su vez señala que se instaron supuestos eventos ciudadanos que tenían connotaciones políticas en los cuales se hacía referencia a la cuarta transformación, en los que se inmiscuían a servidores públicos, lo cual se hizo notar al INE a través del 01 Consejo Distrital mediante un oficio.

126.   Concluye señalando que se ha trastocado el principio de neutralidad y equidad en la contienda, por las participaciones de servidores públicos en eventos de la candidata ganadora.

127.   A juicio de esta Sala Regional tales planteamientos son inoperantes, pues de manera general refiere hechos que –desde su punto de vista– implican la intervención de diversas funcionarias y funcionarios públicos federales y municipales en la campaña de la ahora diputada electa.

128.   Ahora bien, con independencia de que el actor no prueba tales señalamientos, pues de manera genérica relata algunos hechos, lo cierto es que contrario al deber que tiene de frente a su pretensión de nulidad, el actor incumple con la exigencia de referir, pero sobre todo demostrar las circunstancias particulares que pudieran llevar a este órgano jurisdiccional a determinar la nulidad de la elección controvertida.

129.   Se dice lo anterior porque, el acto presentó diversas pruebas, de las cuales las siguientes se relacionan con el planteamiento bajo análisis:

        Oficio PAN-DIS01-INE/226/2024[24], de trece de mayo del año en curso, signado por el representante del PAN, dirigido al consejero presidente del Consejo Distrital 01, mediante el cual se solicita exhorte a la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, suspender o reprogramar las reuniones masivas de los beneficiarios de programas sociales.

        Oficio INE/JD01-VER-0527/2024[25], mediante el cual la secretaria del 01 Consejo Distrital del INE, remite la fe de hechos del expediente INEJD-1/VER/OE/3/2024, donde a su consideración, se certifica la existencia de información de carácter político electoral, relacionada al inicio de campaña de la candidata a diputada federal por el 01 Distrito Electoral Federal, en el que existe participación activa de funcionarios públicos, violentando el principio de equidad.

        Acta de fe de hechos del expediente INEJD-1/VER/OE/3/2024[26], mediante la cual se certifica una página de Facebook, donde a su consideración, se certifica la existencia de información de carácter político electoral, relacionada al inicio de campaña de la candidata a diputada federal por el 01 Distrito Electoral Federal, en el que existe participación activa de funcionarios públicos, violentando el principio de equidad.

        Oficio OPLEV/CD/545/2024 y anexo, en el que la secretaria del 02 consejo distrital del OPLE remite a la representación partidista el acta que contiene la certificación de un evento del programa sembrando vida.

130.   Sin embargo, las mismas no son de la entidad suficiente para probar lo pretendido, esto es así porque, por lo que hace a la primera probanza se refiere a una petición del actor al Consejo Distrital para que se exhortara a dependencias federales a conducirse con imparcialidad y evitar realizar acciones que vulneren los principios del proceso electoral.

131.   En ese sentido, tal probanza en todo caso constituye una petición por parte del partido actor al Consejo Distrital, sin que con ello logre demostrar que se vulneró el principio de neutralidad, puesto que con ello no se logran acreditar circunstancias fácticas concretas que actualicen la causal de nulidad de elección aducida.

132.   Por lo que hace a las tres probanzas siguientes, se tiene que se encuentran relacionadas con la solicitud por parte del actor para que, el OPLE y el INE ejercieran sus funciones de oficialía electoral, y certificaran, por una parte, la existencia de un evento del programa social sembrando vidas y, por otra parte, la fe de hechos realizada por la oficialía electoral del INE de diversos links electrónicos de la red social Facebook.

133.   Sobre tales probanzas esta Sala Regional estima que no son de la entidad suficiente para acreditar la vulneración al principio de neutralidad, pues si bien constituyen documentales públicas al ser expedidas por una autoridad, lo cierto es que esto es solo por cuanto hace a la función que realizaron, esto es, la certificación de hechos como parte de su función de oficialía electoral, sin que con ello se acredite la existencia de la conducta pretendida, ni la posible injerencia en la elección cuestionada.

134.   Ahora bien, esas certificaciones en todo caso se podrían relacionar con la presentación de una queja o denuncia, lo que tampoco pueden alcanzar los fines pretendidos por el actor.

135.   Pues si bien las conductas podrían conocerse a través de un procedimiento sancionador, lo cierto es que ello no trae como resultado la nulidad de una elección.

136.   Al respecto, debe precisarse que la Sala Superior ha sostenido que los procedimientos administrativos sancionadores electorales tienen, cuando menos, 3 (tres) finalidades: depuradora, punitiva y preconstitutiva de pruebas.[27]

137.   Además, se ha establecido que los procedimientos sancionadores tienen como uno de sus objetivos implementar un castigo en la esfera jurídica del agente infractor, en tanto que el sistema de nulidades en materia electoral es un mecanismo regulador de los principios rectores en la materia, pues su inobservancia implica la invalidez del proceso en diversos grados, hasta concluir, dada la gravedad de la conducta, con la nulidad como consecuencia máxima.[28]

138.   Asimismo, se ha sostenido que, si la naturaleza jurídica de los procedimientos sancionadores consiste en prevenir y reprimir conductas que transgredan disposiciones legales en la materia, con la finalidad de que el proceso electoral se desarrolle de acuerdo con los principios rectores del Estado democrático, entonces las conductas sancionadas en estos durante un proceso comicial o democrático no tienen el alcance, por sí mismas, para que se decrete la nulidad del proceso respectivo, pues para tal efecto debe probarse que satisfacen los elementos objetivos correspondientes .[29]

139.   En ese sentido, se debe destacar que la litis en este juicio lleva a un análisis específico de esos hechos de frente a la actualización o no de alguna causal de nulidad invocada en su demanda.

140.   Conforme a la línea jurisprudencial clara y sostenida de este Tribunal Electoral —la cual quedó señalada en el marco normativo previamente referido— el estudio de nulidades en materia electoral debe vencer la presunción de legalidad de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados.

141.   En esta lógica, la nulidad de una elección solo puede actualizarse si se acreditan plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista en la legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación o la elección

142.   Así, cómo ya se señaló, cuando los valores tutelados en la elección no son afectados sustancialmente, o el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deberán preservarse los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

143.   En ese sentido, como se refirió en el marco normativo de referencia, los tribunales electorales, conforme a sus atribuciones y competencia, podrán reconocer la validez o declarar la nulidad de una elección siempre que, en los planteamientos de la demanda, en primer lugar, se expongan argumentos tendentes a demostrar que está plenamente acreditada la causal específica de nulidad legalmente prevista o incluso irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.

144.   En el caso, como se refirió, la parte actora no señala y menos acredita, cómo es que la supuesta intervención de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, diversas funcionarias y funcionarios federales y municipales en supuestos actos públicos encaminados a apoyar la campaña de la candidata electa en el Distrito 01, fueron determinantes para el resultado de la elección; en ese sentido tampoco acredita las manifestaciones que realiza respecto a la supuesta utilización de recursos públicos.

145.   Lo anterior es así porque de la revisión detallada de sus planteamientos no se advierten circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto a la forma en que esos hechos, en caso de haberse demostrado, pueden incidir en forma determinante en la elección controvertida en este juicio; menos cómo pudieran afectarse en forma generalizada, cierta, suficiente y determinante, los principios que tutelan el voto universal, libre, secreto y directo.

146.   Esto es así porque las manifestaciones referidas por el actor constituyen afirmaciones que genéricos, y no directos, particulares e individualizados que son necesarios para el análisis de las supuestas irregularidades. De ahí que esta Sala Regional califica como inoperantes sus planteamientos.

NOVENO. Causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso b), de la LGSMIME.

147.   La parte actora hace valer dicha causal de votación respecto de un total de quinientas veinte casillas, mismas que se precisan en la siguiente tabla:

148.   Respecto a esta causal el actor enlista las casillas referidas en la tabla anterior, y posteriormente, refiere que, una vez terminada la jornada electoral, era obligación de los presidentes de las mesas remitir a la sede distrital los paquetes electorales, sin embargo, no existe certeza de su traslado, porque los capacitadores asistentes electorales,[30] como los centros de capacitación y traslado, violaron la integridad de algunos paquetes electorales.

149.   Considera que, en atención a los estudios de factibilidad previamente realizados, los tiempos de entrega de los paquetes debían ser exactos, ya que antes de la jornada electoral se realizaron diversos simulacros en los cuales no existía discrepancia en el tiempo, tales como los que se generaron el día de la jornada electoral.

150.   Al respecto señala que en algunas secciones electorales pasaron más de doce horas para recibir información de los centros de recepción y traslado[31] sin alguna causa que justificara dicha situación, por lo que esto debió notificarse en la sesión permanente a los integrantes del Consejo Distrital, circunstancias que no acontecieron, por lo que bajo dicha dinámica se tuvo un sin número de paquetes electorales que estuvieron perdidos, lo cual, a su decir, genera suspicacias bajo qué circunstancias llegaron a los CRYT o en su defecto al Consejo.

151.   Refiere que dicha circunstancia se observó en varios municipios del distrito electoral, como lo son Tantoyuca, Pánuco, El Higo, Pueblo Viejo, Ozuluama, Tantima, Tempoal y Platón Sánchez.

152.   En ese sentido refiere que no se tiene certeza de qué pasó con los paquetes, pues en su estima no se cumplieron los tiempos de entrega, sin que mediara caso fortuito o causa de fuerza mayor que lo justificara.

153.   Aunado a ello, señala que las circunstancias de los retrasos no fueron mencionadas en la sesión permanente, por lo que las mismas no constan en el acta circunstanciada de cómputo de la elección, de ahí que, considera que ante dicha omisión, se actualiza lo establecido en el artículo 229, apartados 4, 5 y 6 de la Ley General de Instituciones.

154.   En ese sentido, refiere que solicitó a través de un oficio, la hora de recepción de los paquetes electorales del centro de votación, hora de salida de los paquetes del centro de votación al CRYT, al Consejo Distrital, a fin de contar con todos los elementos necesarios para resolver la hipótesis planteada, el cual señala no había sido respondido al momento de la presentación el escrito de demanda que dio origen al presente juicio y que para los efectos del agravio que formula es de suma trascendencia para originar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se pretende acreditar en el mismo. Al respecto considera de primera necesidad que esa información sea genera para el presente juicio.

155.   Aunado a lo anterior, considera que no se tiene información exacta sobre el actuar de los DATS, pues una vez finalizado el escrutinio y cómputo de las casillas en las secciones electorales de los paquetes que tenían la obligación de recoger en los centros de votación, no se tiene certeza del debido traslado a los CRYS y posteriormente a los Centros de Recepción, ubicados en la sede del Consejo Distrital.

156.   Por lo relatado, considera que se vulneró la cadena de custodia y que la autoridad responsable fue omisa en cumplir con las medidas idóneas en el primero y segundo momento de resguardo de dicha cadena de custodia.

Marco normativo

157.   El artículo 75, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Medios prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente:

a)        Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale.

158.   La etapa de la jornada electoral inicia a las ocho horas del domingo respectivo que indica la ley y concluye con la clausura de la casilla, en términos del artículo 225, apartados 2 y 4, de la LGIPE.

159.   El artículo 295 de la misma ley dispone que al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla y que, para garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga, con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos que desearen hacerlo.

160.   El párrafo 1 del artículo 299, de la citada ley, establece que una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes:

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y,

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

161.   De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2, del propio artículo, los consejos distritales, previo al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los referidos plazos, para aquellas casillas en las que existan causas que lo justifiquen.

162.   Además, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo en comento, los Consejos Distritales podrán acordar que se establezcan mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas, cuando fuere necesario, lo que se realizará bajo la vigilancia de representantes de los partidos que así desearen hacerlo.

163.   En términos del párrafo 5 del precepto en cuestión, se desprende que existirá causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al Consejo Distrital fuera de los plazos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

164.   El Consejo Distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las causas que se aduzcan para justificar el retraso en su entrega, atento a lo previsto por el párrafo 6 del artículo 299 de la ley de mérito. Además, será necesario que se describa y compruebe, ante el órgano jurisdiccional, el hecho real al que se atribuye el calificativo de “caso fortuito” o “fuerza mayor”.

165.   Al respecto, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación distingue el caso fortuito que es el acontecimiento natural, de la fuerza mayor que es el hecho del hombre; aunque ambas figuras jurídicas comparten algunas las características, ya que pueden ser una situación previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación.

166.   En este orden de ideas y para el estudio de la causal que nos ocupa, resulta claro que ambos conceptos constituyen excepciones al cumplimiento de la obligación de entregar los paquetes electorales dentro de los plazos legales.

167.   Por otro lado, el párrafo 1 del artículo 304 de la LGIPE dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla, se harán conforme al procedimiento siguiente:

a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello; y,

b) La presidencia o persona funcionaria autorizada del Consejo Distrital extenderá el recibo respectivo, señalando la hora en que éstos fueron entregados.

c) El presidente del Consejo Distrital dispondrá su depósito, en orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del consejo que reúna las condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el día en que se practique el cómputo distrital; y

d) El presidente del Consejo Distrital, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos.

168.   Finalmente, del contenido del párrafo 2 del mismo precepto normativo, se desprende la obligación del Consejo Distrital de hacer constar en acta circunstanciada la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla y, en su caso, los que se hubieren recibido sin reunir los requisitos que señala la ley.

169.   Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de los numerales antes citados, se desprende que el legislador estableció los requisitos y formalidades que deben contener los paquetes electorales, fijando el procedimiento tanto para su integración como para su traslado y entrega a los consejos distritales respectivos, en el entendido de que dichos actos representan aspectos trascendentes para la clara y correcta culminación del proceso de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del único medio material con que se cuenta para conocer el sentido de la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la ley.

170.   En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los paquetes electorales a los consejos distritales respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios relacionados entre sí, uno temporal y otro material. 

171.   El criterio temporal consiste en determinar el tiempo razonable para que se realice el traslado de los paquetes electorales de casilla a los consejos distritales respectivos.

172.   Este criterio se deriva de lo dispuesto en los párrafos 1, 5 y 6 del artículo 299 de la citada ley, que establecen tanto los plazos para realizar la entrega, así como la causa justificada para el caso de su retraso.

173.   Cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes electorales que contienen la documentación relativa a los resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio de una etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, y tiene como objetivo que los resultados de la votación recibida en casilla puedan ser tomados en cuenta para obtener los resultados preliminares de la elección de que se trate y, en su momento, para la realización del cómputo distrital correspondiente.

174.   El criterio material tiene como finalidad que el contenido de los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la autoridad encargada de publicar los resultados preliminares y realizar el cómputo distrital de la elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de los procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y confiables.

175.   Por tanto, debe considerarse que, si el legislador previó que en el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales se observen ciertas medidas de seguridad, lo hizo con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad popular contenido en los mismos.

176.   En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, en los casos en que se acredite la entrega extemporánea de los paquetes electorales fuera de los plazos legales, sin causa justificada, esta Sala Regional debe analizar si, de las constancias que obran en autos se desprende que los referidos paquetes evidencian muestras de alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgreda el principio constitucional de certeza.[32]

177.   Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la irregularidad sea determinante, es criterio de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según jurisprudencia 13/2000, que cuando la ley omite mencionar el requisito, la omisión significa que, dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la “determinancia” en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad.

178.   En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia antes invocada y en términos de lo previsto en el artículo 75, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los plazos establecidos en la ley; y,

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada.

c) Que la irregularidad sea determinante.

179.   Para analizar el primero de los supuestos normativos, se debe examinar el material probatorio que obra en el expediente para obtener el dato del tiempo transcurrido entre la hora en que fue clausurada la casilla y la hora en que fue entregado el paquete electoral en el Consejo Distrital correspondiente.

180.   Si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse que la entrega de la documentación electoral es extemporánea.

181.   En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las constancias que obren en autos relacionadas con las posibles causas justificadas de la entrega extemporánea de los paquetes electorales.

182.   Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la irregularidad sea determinante,[33] en la cual se menciona que, sí queda demostrado que la irregularidad no fue determinante para el resultado de la votación, no se surtirá la hipótesis de nulidad de que se trate.[34]

183.   En consecuencia, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado, que el paquete electoral permaneció inviolado, ya que, al constar los resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza.

184.   A juicio de esta Sala Regional los planteamientos enderezados para controvertir las casillas señaladas respecto a la causal de nulidad bajo análisis son inoperantes.

185.   Tal calificativa obedece a que el actor se limita a enlistar las casillas en las que considera se realizó la entrega de los paquetes de manera extemporánea, sin embargo, es omiso en referir, de cada una de ellas, las circunstancias mínimas que permitan a esta Sala Regional realizar el análisis pormenorizado.

186.   Se dice lo anterior porque el actor se limita a referir que no existe certeza sobre el traslado de los paquetes electorales, que existió retraso en su entrega, que en “algunas” secciones electorales pasaron más de doce horas para recibir información de los centros de recepción y traslado sobre la entrega de los paquetes.

187.   En atención a lo anterior, se hace patente que el actor no menciona las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron las supuestas irregularidades que considera deberían tener como consecuencia la nulidad de las casillas referidas.

188.   Pues si bien de su escrito de demanda se advierte que enlistan las casillas y los centros de recepción de votación donde se recepcionarían los paquetes de las mismas, lo hace de manera genérica, sin especificar sobre cada una de ellas, cuál es la irregularidad.

189.   Al respecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9, apartado 1, inciso e) de la Ley de Medios, la parte actora al impugnar las casillas donde refiere existieron irregularidades, además de mencionar en forma individualizada las casillas cuya votación solicita que sea anulada y la causal de nulidad que invoca para cada una de esas casillas, también tiene la carga procesal de mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que se basa su impugnación y los agravios que le causa el acto que impugna. 

190.   En ese sentido, es claro que el partido actor omite precisar de manera específica y concreta los hechos en los que se basa sus alegaciones; esto es, las supuestas situaciones irregulares que se presentaron en la entrega del referido paquete electoral, por lo que resulta evidente que incumple con la carga procesal de la afirmación que le impone la Ley General de Medios en su artículo 9, párrafo 1, inciso g).

191.   Al respecto, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha determinado que es al demandante a quien le corresponde cumplir indefectiblemente con la carga procesal de la afirmación, de manera que, además de hacer la mención particularizada de las casillas y la causal de nulidad respectiva, debe precisar los hechos que la motivan.

192.   Lo anterior, porque no es suficiente que señale de manera vaga, genérica e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia, porque, además de que al cumplirla da a conocer al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran como su contraparte —la autoridad responsable y los terceros interesados—, que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su derecho convenga.

193.   Por ello, si el enjuiciante es omiso en narrar los eventos en que sustenten sus pretensiones, falta la materia misma de la prueba, pues incorrectamente se permitiría que a través de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad no planteadas de manera clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o deficiente observada por el reclamante, no podría permitirse que se examinaran causales de nulidad de votación recibida en casilla no hechas valer como lo marca la ley.

194.   Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera al resolutor el dictado de una sentencia que en forma abierta infringiera el principio de congruencia, rector del pronunciamiento de todo fallo judicial.

195.   Ello, atendiendo a que ha sido criterio reiterado de este Tribunal que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos de alguna causal prevista en el artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, siempre y cuando las irregularidades detectadas trasciendan en el resultado de la votación, sin que ello ocurra en la especie.

196.   En el contexto apuntado, la ineficacia del motivo de disenso en estudio radica en que existen evidentes deficiencias y omisiones en las alegaciones, de las cuales no pueden deducirse claramente los hechos atinentes, sin que sea factible suplir la deficiencia en la expresión de los agravios, dado que al inconforme le correspondía exponer tales hechos y sustentarlos en los elementos de convicción conducentes.

197.   Al respecto, el actor debió apartar elementos mínimos para probar que la entrega de los paquetes se llevó a cabo de manera extemporánea, referir, por lo menos, el horario de clausura y entrega de estos, y los motivos por los cuales considera que se encontró comprometida la integridad de los paquetes electorales para poder anular la votación recibida en las casillas que impugna.

198.   Lo anterior porque se debe tomar en cuenta que, para que se actualice la causal de nulidad bajo análisis, no solo es necesario que se acredite que la entrega del paquete se realizó de manera extemporánea, sino que se debe acreditar que dicha entrega tardía se realizó sin causa justificada, aunado a que se debe acreditar que el paquete tiene muestras de alteración que pongan en duda la autenticidad de su contenido, pero sobre todo, la nulidad se actualiza cuando se acredite que su entrega tardía es determinante para el resultado de la votación.

199.   De ahí que si en el caso el actor se limita a referir de manera general que en las casillas cuestionadas se realizó la entrega tardía de los paquetes e incluso señala que se vulneró la cadena de custodia, sin acompañar sus alegaciones de elementos mínimos de cada una de las casillas, que lleven a la conclusión a este órgano jurisdiccional de que se acredita la causal de nulidad de casilla bajo análisis, sus planteamientos resulten inoperantes.

200.   Sin que sea obstáculo para lo anterior el señalamiento del actor en el sentido de que realizó una consulta[35] al Consejo Distrital sobre la hora de recepción de los paquetes a su centro de votación y la hora de salida de dichos paquetes al Consejo Distrital, ello, para tener elementos para sustentar su hipótesis.

201.   Sin embargo, con independencia de que tal solicitud de información hubiera sido respondida o no, lo cierto es que no puede hacer depender sus alegaciones sobre irregularidades de la respuesta que en todo caso otorgue la autoridad, esto, porque el partido actor cuenta con representación ante cada una de las casillas, por lo que, en todo caso, a través de sus diversas representaciones es que pudo obtener la información necesaria para realizar las manifestaciones que considerara pertinentes sobre las supuestas irregularidades en cada una de las casillas.

202.   Pues atender a lo contrario, esto es, hacer depender sus planteamientos de una respuesta dada por la autoridad responsable, sería tanto como inobservar que el partido cuenta con representación ante cada una de las casillas y, ante el consejo distrital, por lo que tienen la posibilidad de advertir, de primera mano, cualquier irregularidad y, en todo caso, hacerla valer puntualmente.

203.   En ese sentido, se tiene que  aun de contar con la respuesta a la solicitud que señala, al no haber referido de manera concreta en cuáles casillas se hubiesen sobrepasado los plazos en concreto que prevé la normatividad aplicable, implicaría pretender que este órgano jurisdiccional realizara una investigación oficiosa con la finalidad de buscar la actualización inquisitiva de infracciones electorales, cuando conforme al sistema de nulidades es a la parte actora a la que le corresponde  acreditarlas.

204.   Dicho de otra forma, el actor no individualiza las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la supuesta entrega tardía de los paquetes electorales respecto a cada una de las casillas impugnadas a pesar de que se encuentra obligado a ello a efecto de configurar la causa de pedir y, por el contrario, se limita a realizar manifestaciones genéricas.

205.   Aunado a lo anterior, si bien el actor señala que durante la sesión permanente de la jornada electoral se omitió asentar los retrasos respecto a la entrega tardía de los paquetes electorales, lo cierto es que tal manifestación no se encuentra sustentada en algún elemento que pudiera tener por acreditada la omisión referida, pues en todo caso, como ya se señaló, el actor cuenta con representación tanto ante las mesas directivas de casilla, como ante el Consejo Distrital, sin por lo que en todo caso, estuvo en posibilidad de presentar los escritos de protesta o de incidente que considerar pertinentes y, en todo caso, referirlos como pruebas para acreditar su dicho.

206.   Pues el pretender acreditar el supuesto retraso en la entrega de los paquetes a partir de una supuesta omisión de asentarlo durante la sesión permanente llevada a cabo el día de la jornada, es tanto como arrojar la carga de la prueba a la autoridad administrativa, lo cual, como ya se refirió, no es conforme a derecho, pues es al actor a quien le corresponde argumentar y probar las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a los paquetes de las casillas que, en su consideración fueron entregados de manera extemporánea.

207.   De ahí que a juicio de esta Sala Regional los planteamientos del actor se califiquen como inoperantes. 

DÉCIMO. Causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso d), de la LGSMIME.

208.   La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación respecto de un total de sesenta y dos casillas, mismas que se precisan en la tabla:

209.   Respecto a dicha causal el actor manifiesta que el dos de junio en diversas casillas demoraron en la apertura de las mismas, situación que inhibió la votación, ello porque sin haber justificación y al haber transcurrido cuatro horas en promedio dejaron a diversa ciudadanía sin poder votar.

Marco normativo

210.   El artículo 75, apartado 1, inciso d), de la Ley General de Medios prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente:

b)        Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

211.   Tal hipótesis normativa hace necesario precisar lo que debe entenderse por fecha de la elección.

212.   Así, fecha de elección, para el caso en particular que aquí se analiza, es el período que inició a las ocho horas del primer domingo de julio del año en curso, y culminó a las dieciocho horas del mismo día, salvo que se hayan actualizado los supuestos que indica la misma ley; lo cual se precisa a continuación.

213.   En efecto, la jornada electoral en el presente año tuvo lugar el primer domingo de junio, tal como lo ordena el artículo 273, párrafo 2, en correlación con los artículos 22, numeral 1, 208, numeral 2, 225, numeral 4, de la LGIPE.

214.   Luego, la “recepción de la votación” –que debe realizarse durante la jornada electoral– es un acto complejo, a través del cual la mesa directiva de casilla garantiza el ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos.

215.   Al respecto, existen los actos preparativos para la instalación de las casillas, los cuales deben iniciar a las siete horas con treinta minutos de ese día domingo; y en ningún caso se podrán recibir votos antes de las ocho horas. Así, la jornada electoral inicia a las ocho horas de ese día domingo. Tales reglas se obtienen de los artículos 208, numeral 2, 225, apartado 4, y 273, apartados 2 y 6, de la LGIPE.

216.   Es de mencionar que dicho artículo 273, apartado 2, utiliza la frase “instalación de la casilla” en un sentido amplio, que abarca no solamente lo relativo a los preparativos del material y documentación electoral, tales como el armado de urnas, contabilizar las boletas, llenado de actas etc., sino que también incluye lo propio de la ciudadanía que fungirán como funcionariado de la mesa directiva de casilla, es decir, verificar la integración de dicha mesa, tal como se observa de los supuestos que prevé el artículo 274 de la misma LGIPE.

217.   De tal manera que, la recepción de la votación puede retrasarse con causa justificada en la misma medida en que se demore la instalación de la casilla, lo que incluye la integración de la mesa directiva.

218.   En el entendido de que la instalación debe llevarse a cabo ante las representaciones presentes, es decir, tanto de los partidos políticos como de las candidaturas independientes, a fin de que vigilen tales actos. Esto es, la finalidad de establecer una hora para iniciar la instalación consiste, en esencia, en permitir la presencia de las personas funcionarias y representaciones de los partidos políticos que puedan estar vigilantes de que todos los actos se lleven a cabo con apego a la norma.

219.   La recepción de la votación, por otra parte, conforme se dispone en el artículo 285 de la LGIPE, se cierra a las dieciocho horas del día de la elección, salvo los casos de excepción que el propio precepto establece en los siguientes términos:

“Artículo 285.

1. La votación se cerrará a las 18:00 horas.

2. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.

3. Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.”

220.   Por tanto, la fecha de la elección debe entenderse en los términos antes referidos, donde la ley marca un inicio para la recepción de la votación y una hora para dejar de recibirla.

221.   La ley sanciona con la nulidad, la recepción del voto en fecha diversa a la predeterminada por la ley, a fin de tutelar el valor de certeza respecto del parámetro temporal dentro del cual los electores sufragarán, los funcionarios de casilla recibirán la votación y los representantes de partidos y candidatos vigilarán el desarrollo de los comicios.

222.   Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, apartado 1, incisos d), de la Ley General de Medios, se actualiza cuando se cumplan los elementos normativos siguientes:

a)       Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

b) Que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación.

223.   Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a lo apuntado en el presente marco normativo.

224.   Respecto al segundo elemento, consistente en la determinancia, se tendrán que analizar las circunstancias particulares del caso, bien mediante el criterio cuantitativo, bien cualitativo.

225.   Esta Sala Regional califica como inoperantes los planteamientos expuestos por el partido actor, en atención a que son genéricos y no refieren circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues solo se limita a referir que en promedio las casillas tardaron en aperturar cuatro horas y que, por tanto, se inhibió la votación.

226.   Lo cual, trae como consecuencia que esta Sala Regional no pueda avocarse al análisis puntual de cada una de las casillas referidas, pues como se desprende del marco normativo expuesto, para que se actualice la causal de nulidad invocada es necesario que se actualicen dos supuestos, el primero que se acredite que la votación fue recibida de manera tardía, y por otra parte, que esa irregularidad sea determinante para el resultado de la votación.

227.   En ese sentido, si en el caso, del escrito de demanda no se advierten elementos mínimos respecto a las supuestas irregularidades en cada una de las casillas señaladas, como, por ejemplo, la hora en que supuestamente abrió la casilla de manera tardía, y cuantas personas dejaron de votar en ese lapso de tiempo, se imposibilita el análisis correspondiente.

228.   Lo anterior es así porque el actor se limita a referir que conforme al acta de sesión permanente de seguimiento se asentó que, a las doce treinta horas, solo estaban instaladas quinientas sesenta y seis casillas de seiscientas doce, pues con ello no se permite tener elementos mínimos para determinar el momento en que cada una de las casillas impugnadas fueron instaladas.

229.   Pues se debe tener presente que la nulidad de la votación recibida en una casilla solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna de las causales de nulidad previstas por la ley, pero siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicio de procedimiento o irregularidades efectivamente vulneren el valor de certeza que la específica causal de nulidad de tutela.[36]

230.   De ahí que, como se refirió, en el caso el partido actor no aparta elementos necesarios para el análisis de sus planteamientos que traigan como consecuencia la nulidad pretendida, por tanto, su agravio deviene inoperante.

DÉCIMO PRIMERO. Causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso e), de la LGSMIME

231.   El PAN hace valer la causal de nulidad de votación en mención respecto de un total de sesenta y tres casillas, mismas que se precisan en la tabla:

Marco normativo

232.   El artículo 75, apartado 1, inciso e), de la Ley General de Medios prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla, lo siguiente:

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (sic)

233.   Las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los trescientos distritos electorales; conforme al artículo 81 de la LGIPE.

234.   En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección, la cual se integrará con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, además de un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán las actividades que indique la ley, tal como lo prevé el artículo 82, numerales 1 y 2, de la ley en cita.

235.   Por otra parte, el artículo 274 de la misma ley establece que el inicio de los preparativos para la instalación de la casilla se realizará por la presidencia, secretaría y escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados como propietarios, a partir de las siete horas con treinta minutos del día de la elección, debiendo respetar las reglas siguientes:

Artículo 274.

1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar, y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o representantes de los Candidatos Independientes.

236.   Como se observa, en caso de estar en alguno de esos supuestos, los nombramientos deberán recaer en electores que se encuentren en la fila de la casilla para emitir su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en las representaciones de los partidos políticos o de las candidaturas independientes.

237.   En consecuencia, las personas electoras que sean designadas como funcionariado de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de las personas propietarias o suplentes nombrados por la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección electoral, porque en cualquier caso se trata de la ciudadanía residente en dicha sección electoral.

238.   De lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que este supuesto de nulidad de votación recibida en casilla protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley.

239.   Este valor se vulnera cuando: i) la mesa directiva de casilla se integra por ciudadanía que tienen un impedimento legal para fungir como funcionariado en la casilla; o, ii) la mesa directiva de casilla como órgano electoral se integra de manera incompleta[37] y que esto genere un inadecuado desarrollo de sus actividades, por lo que en este caso, tienen relevancia analizar las funciones de carácter autónomo, independiente, indispensables y necesarias que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre estos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.

240.   Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso e), de la Ley General de Medios, se actualiza cuando se cumplan los elementos normativos siguientes:

a) Recibida la votación por personas u órganos distintos a los facultados.

b)    Que la irregularidad sea determinante.

241.   Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a lo apuntado en el presente marco normativo.

242.   Respecto al segundo elemento, consistente en la determinancia se tendrán que analizar las circunstancias particulares del caso, para verificar si las irregularidades se traducen o no en una vulneración a los principios que tutela la propia causal de nulidad.

Material probatorio

243.   Es necesario analizar el material probatorio que obra en autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y causal de nulidad que hace valer la parte actora.

244.   Al respecto, cobra relevancia el siguiente material probatorio: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla –comúnmente llamadas encarte–; b) listas nominales de todas las secciones de las casillas impugnadas; c) constancias de clausura de las casillas; d) actas de la jornada electoral; e) actas de escrutinio y cómputo en casilla y f) hojas de incidentes.

245.   Además, obran en el expediente los oficios INE/DERFE/STN/22193/2024 y INE/DERFE/STN/22347/2024 de cinco y siete de julio respectivamente, mediante los cuales el secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral[38] remite diversa información necesaria para resolver el presente juicio.

246.   Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, apartado 4, incisos a) y b), y 16, apartado 2, de la Ley General de Medios.

247.   Además, podrán analizarse las documentales privadas y demás medios de convicción que aportaron las partes –de naturaleza distinta a las públicas–, cuando tengan relación con las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo se determinará con base en lo dispuesto en el artículo 16, apartados 1 y 3, de la Ley General de Medios.

Cuadro o tabla de apoyo que concentra los datos relevantes

248.   A continuación, se presenta un cuadro comparativo o tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el estudio de los agravios formulados por la parte actora.

249.   Así, en el cuadro o tabla de apoyo, en la primera columna –empezando por el costado izquierdo– se anota el número consecutivo; y en la segunda columna la clave, número o identificación de la casilla en particular.

250.   En la tercera columna se asienta el cargo del funcionariado de casilla controvertido por la parte actora.

251.   En la cuarta columna, se precisa la persona que, a decir de la parte actora, fungió el día de la jornada electoral de manera indebida en la mesa directiva de casilla.

252.   En la quinta columna se asientan los datos de los ciudadanos que en realidad fungieron como funcionarios de casilla, en el cargo señalado, según actas respectivas.

253.   En la última columna –del costado derecho–, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos, según la información que se desprenda de autos.