JUICIOS DE INCONFORMIDAD Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SX-JIN-86/2015 Y ACUMULADOS

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: 07 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE OAXACA, CON CABECERA EN LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ

SECRETARIOS: JOSÉ ANTONIO MORALES MENDIETA Y ESTEBAN RAMÍREZ JUNCAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dos de agosto de dos mil quince.

V I S T O S los autos para resolver los juicios cuyos números de expedientes y nombres de los actores son:

A fin de impugnar del 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, diversos actos relacionados con la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa de ese distrito.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De los hechos expuestos por los actores en sus escritos de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

a. Inicio del proceso electoral federal. El siete de octubre de dos mil catorce inició el proceso electoral federal ordinario 2014-2015, para la renovación de diputados del Congreso de la Unión.

b. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince se llevó a cabo la jornada electoral.

c. Sesión de cómputo distrital. Del diez al once de junio del presente año, el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca llevó a cabo la sesión de cómputo distrital de la elección antes referida.

Una vez concluido el cómputo distrital se obtuvieron los siguientes resultados.

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA PARA LOS CANDIDATOS

El Consejo Distrital, después de obtener los resultados, hizo la declaración de validez de la elección y entregó la constancia de mayoría a la fórmula integrada por Yarith Tannos Cruz como propietaria y Mayra Herrera Saynes como suplente, postulados por el Partido Revolucionario Institucional.

II. Juicios.

a. Demandas. El catorce y quince de junio del año en curso, los partidos Acción Nacional, MORENA, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Humanista, por conducto de sus respectivos representantes, así como los candidatos de los partidos Encuentro Social, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Humanista, presentaron sendos juicios de inconformidad, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la referida elección.

b. Recepción y turno. El veinticuatro de junio del presente año, se recibieron en esta Sala Regional las demandas, los informes circunstanciados y demás documentos, mediante diversos oficios remitidos por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca.

En la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar los expedientes SX-JIN-86/2015 al SX-JIN-93/2015, y turnarlos a la ponencia a su cargo, para los efectos que establece el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c. Radicación y admisión de los juicios de inconformidad. En el acuerdo de treinta de junio posterior, el Magistrado Instructor radicó y admitió los medios de impugnación con las claves SX-JIN-86/2015, SX-JIN-89/2015, SX-JIN-90/2015 y SX-JIN-92/2015.

De igual forma, radicó el juicio de inconformidad SX-JIN-93/2015.

d. Acuerdos de reconducción. El primero de julio del presente año, esta Sala recondujo los juicios de inconformidad SX-JIN-87/2015, SX-JIN-88/2015 y SX-JIN-91/2015, a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Por otra parte, el juicio de inconformidad SX-JIN-93/2015 se escindió, debido a que fue presentado tanto por el representante del Partido Humanista como por la candidata postulada por dicho ente político, por lo que la acción de la referida candidata se recondujo a juicio ciudadano.

e. Nuevo turno. En virtud de lo señalado en el punto anterior, el primero de julio de la anualidad que transcurre, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar los expedientes SX-JDC-751/2015 a SX-JDC-754/2015, y turnarlos a la ponencia a su cargo, para los efectos que establece el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

f. Requerimiento. Por acuerdo de cuatro de julio de la presente anualidad, se requirió al 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, la exhibición de diversa documentación e información, mismo que en su oportunidad se cumplimentó.

g. Admisión de los juicios ciudadanos. El siete de julio del presente año, el Magistrado admitió los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

h. Recepción de documentación. El catorce de julio del año en curso, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional se recibieron diversos escritos y documentación relacionada con los expedientes con las claves SX-JIN-86/2015, SX-JIN-90/2015 y SX-JIN-92/2015.

i. Nuevos requerimientos. El dieciséis de julio de dos mil quince, en el expediente SX-JIN-86/2015, se requirió al Instituto Nacional Electoral, a través del Secretario Ejecutivo del Consejo General y sus respectivos Presidentes del Consejo Local en el estado de Oaxaca y del 07 Consejo Distrital responsable, para que remitieran diversos informes sobre la situación social y política del Estado y del referido distrito.

j. Recepción de documentos del partido MORENA. El veintiuno de julio del presente año, el partido MORENA presentó un escrito y diversos documentos que estimó como pruebas supervenientes; lo cual está relacionado con el expediente SX-JIN-89/2015.

k. Cumplimientos de los requerimientos. En su oportunidad, las autoridades requeridas cumplieron los respectivos requerimientos.

l. Recepción de documentación del Consejo responsable. El veintisiete de julio de dos mil quince, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el oficio INE/OAX/CD07/SC/0049/2015, de veintiséis de julio del año que transcurre, rubricado por la Secretaria del 07 Consejo Distrital ya referido, y por el cual realiza diversas manifestaciones respecto a diversos actos presuntamente ilegales acontecidos con posterioridad a la jornada electoral.

m. Recepción de documentos de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo. El treinta de julio de dos mil quince, los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo presentaron sendos escritos por medio de los cuales exhibieron diversos documentos como pruebas supervenientes.

n. Cierre de instrucción. En el momento procesal oportuno, en virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción de todos los juicios, quedando los autos en estado de dictar resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, por tratarse de diversos juicio de inconformidad, así como juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, relacionados con la elección de diputados federales de mayoría relativa del 07 distrito electoral federal, el cual corresponde a esta tercera circunscripción plurinominal electoral.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción VI, y 99, párrafo 4, fracciones I y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracciones I y III, inciso c), 192, párrafo 1, y 195, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, incisos b) y c), 34, párrafo 2, inciso a), 49, 50, párrafo 1, inciso b), y 53, párrafo 1, inciso b), 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Cuestión previa en relación con la fecha límite para resolver los juicios de inconformidad. De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 44, párrafo 1, inciso u), 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 58 y 69 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que esta Sala Regional tiene para resolver los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados federales, como límite, a más tardar el 3 de agosto del año de la elección como a continuación se explica.

El artículo 41 en su fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la propia Constitución.

Además, establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

Asimismo, se prevé que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

Por su parte el artículo 99, párrafo tercero, fracción I, de la misma Constitución Federal dispone que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

También, el mencionado artículo señala que a este Tribunal le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley, de la impugnaciones en las elecciones federales de diputados, entre otras.

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 44, párrafo 1, inciso u) establece que dentro de las atribuciones que tiene el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se encuentra la de efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de diputados por este principio, determinar la asignación de diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección.

En ese tenor, el numeral 327 de la referida ley sustantiva electoral señala que en los términos del artículo 54 de la Constitución, el Consejo General procederá a la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional conforme al procedimiento indicado en la ley de instituciones.

Aunado a lo anterior, el Consejo General hará la asignación a que se refiere el párrafo anterior, una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos previstos en la ley de la materia y a más tardar el 23 de julio del año de la elección.

En cuanto a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, su artículo 3, párrafo 2, dispone que el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, por el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración.

El artículo 49 de la referida ley de medios prevé que durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de diputados, entre otras, en los términos señalados en la ley en comento.

En ese orden de ideas, el diverso artículo 58 de la ley sustantiva electoral establece que los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados, entre otras, deberán quedar resueltos el día 3 de agosto y los relativos a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el 31 de agosto, ambas fechas del año de la elección.

Además, de los artículos 61, 64 y 69 de la citada ley general, se tiene que el recurso de reconsideración procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales y que la Sala Superior del Tribunal Electoral es la única competente para resolver este tipo de recurso y cuando versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados, deberán ser resueltos a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral.

Es de señalarse que en el proceso electoral federal que transcurre se eligieron en el país únicamente diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; no así senadores ni Presidente de la República, y al Consejo General le corresponde realizar la asignación de diputados por el referido principio.

En ese orden de ideas, los artículos 51, 52 y 65 de la Constitución Federal señalan que la Cámara de Diputados se compondrá de 300 diputados electos según el principio de mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, electos en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión el 1o. de septiembre.

Ahora bien, de lo expuesto se advierte que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone por una parte que el Consejo General deberá realizar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a más tardar el 23 de agosto del año de la elección, pero también señala que la referida asignación deberá realizarse a más tardar el 23 de julio del año de la elección; por tanto, hay una incongruencia en la citada ley sustantiva electoral al manejar dos fechas para la realización de un mismo acto.

Por su parte la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios de inconformidad a más tardar el 3 de agosto del año de la elección y los recursos de reconsideración a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral.

Cabe señalar que las fechas previstas en la ley sustantiva en relación con la ley adjetiva, referidas, no resultan congruentes, ya que lo ideal sería que primeramente el Tribunal Electoral resolviera todos los juicios de inconformidad y de reconsideración que se presentaran, a fin de que quedaran firmes los cómputos respectivos, y posteriormente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizara la asignación de diputados.

Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la falta de congruencia en las fechas señaladas se debió a un lapsus calami del legislador, al no ajustar las fechas que permitan coordinar las actividades antes referidas, al dejar como fecha límite al Consejo General para realizar la asignación, una fecha anterior a que culmine el límite temporal con que cuenta el Tribunal Electoral para resolver los juicios y recursos señalados.

En consecuencia, aún y cuando se establezca en los artículos 44, párrafo 1, inciso u) y 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que el Consejo General hará la asignación a más tardar en dos posibles fechas como sería el 23 de agosto o el 23 de julio del año de la elección, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ajustarse a lo previsto en los artículos 58 y 69 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser la que regula lo relativo a los juicios de inconformidad de la elección de diputados y que prevé como límite para resolver a más tardar el 3 de agosto, y en el caso de los recursos de reconsideración a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral. Ello, porque este Tribunal Electoral se rige por la referida ley adjetiva electoral.

TERCERO. Acumulación. En los presentes juicios existe conexidad en la causa, en virtud de que hay identidad en la autoridad señalada como responsable y en el acto impugnado, pues del 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca, se combaten los resultados, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva.

En consecuencia, a fin de facilitar la pronta, congruente y conjunta resolución, se debe decretar la acumulación de los juicios SX-JIN-89/2015, SX-JIN-90/2015, SX-JIN-92/2015, SX-JIN-93/2015, SX-JDC-751/2015, SX-JDC-752/2015, SX-JDC-753/2015 y SX-JDC-754/2015 al diverso SX-JIN-86/2015, por ser éste el más antiguo.

Por tanto, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Causales de improcedencia. Al respecto, la autoridad responsable y el tercero interesado[1] hacen valer como causales de improcedencia lo siguiente:

1. La pretensión de invocar cuestiones de actos que no están estrictamente relacionadas con las pruebas ofrecidas en los juicios SX-JIN-86/2015, SX-JIN-89/2015, SX-JIN-91/2015, SX-JIN-93/2015, SX-JDC-751/2015, SX-JDC-752/2015 y SX-JDC-754/2015.

2. No se aportaron pruebas en los juicios SX-JIN-86/2015, SX-JIN-89/2015, SX-JIN-91/2015, SX-JIN-93/2015, SX-JIN-94/2015, SX-JDC-751/2015, SX-JIN-JDC-752/2015 y SX-JDC-754/2015.

3. Frivolidad en la demanda de los juicios SX-JIN-86/2015, SX-JIN-89/2015, SX-JIN-90/2015, SX-JIN-92/2015, SX-JDC-751/2015 y SX-JDC-752/2015.

4. Falta de legitimación en los juicios SX-JIN-91/2015, SX-JIN-93/2015 y SX-JDC-754/2015.

Respecto a los motivos que se precisaron líneas arriba con los numerales 1 y 2, esta Sala Regional estima que son infundados, ya que, el que se pretenda invocar actos que no están estrictamente relacionadas con las pruebas ofrecidas por los accionantes o que no se aporte probanza alguna, no son causales de improcedencia de un medio de impugnación de las previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino aspectos que corresponden al fondo de la controversia, esto debido a que, precisamente, una de las cuestiones a tomar en consideración al resolver los presentes asuntos es si existen los elementos convictivos que demuestren las afirmaciones de los actores, y en su caso, si se encuentran relacionadas con los actos que hacen valer.

Por cuanto a la causal de improcedencia marcada con el numeral 3, consistente en la frivolidad de las demandas correspondientes a los expedientes SX-JIN-86/2015, SX-JIN-89/2015, SX-JIN-90/2015, SX-JIN-92/2015, SX-JDC-751/2015 y SX-JIN-JDC-752/2015, de igual manera es infundada, como se explica a continuación.

El artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que cuando los medios de impugnación resulten evidentemente frívolos deben desecharse de plano las demandas.

Respecto a la frivolidad, la Sala Superior de este Tribunal ha sido del criterio que será frívolo un medio de impugnación electoral cuando se sustenta en hechos totalmente intrascendentes o carentes de sustancia jurídica[2].

En el caso que se resuelve, de la lectura de los escritos de demanda se puede advertir que no se actualiza la frivolidad, dado que los actores manifiestan hechos y conceptos de agravio encaminados a controvertir la elección de diputados federales de mayoría relativa del 07 distrital electoral federal con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; por tanto, con independencia de que tales alegaciones puedan ser o no fundadas, es evidente que el medio de impugnación que se resuelve no carece de sustancia ni resulta intrascendente.

Además, la eficacia de los conceptos de agravio expresados en relación a la pretensión de que se declare la nulidad de la elección referida, será motivo de análisis de la presente resolución, de ahí que sea dable concluir que no se actualiza la causal de improcedencia de frivolidad.

Al caso resulta aplicable la jurisprudencia identificada con la clave 33/2002, de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”[3].

A su vez, la causal de improcedencia enlistada con el numeral 4, la cual hacen consistir tanto la autoridad responsable como el tercero interesado, en la falta de legitimación de los ciudadanos accionantes, de igual manera se tiene por infundada.

En efecto, argumentan que la parte actora no tiene legitimación en los presentes juicios debido a que promueven en su carácter de candidatos a la diputación del 07 distrito electoral federal en Oaxaca; sin embargo, como quedó señalado en los acuerdos de reconducción con las claves SX-JIN-87/2015, SX-JIN-88/2015, SX-JIN-91/2015 y SX-JIN-93/2015, los cuales se invocan como hecho notorio en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral, si bien los candidatos no tienen legitimación para controvertir los resultados electorales mediante el juicio de inconformidad, sí cuentan con dicha calidad en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por lo cual, esta Sala Regional dio cabida a las respectivas impugnaciones, mediante la reconducción de las demandas, a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia.

Sustentando lo anterior en la jurisprudencia 1/2014, que lleva por rubro: “CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO”[4].

De ahí que no les asista la razón tanto a la responsable como al compareciente.

QUINTO. Presupuestos procesales y requisitos especiales de las demandas. En el presente apartado se estudiará el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos especiales de las demandas.

1. Presupuestos procesales.

a. Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro de los cuatro días que fija el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el cómputo de la elección de diputados federales en el 07 distrito electoral federal del estado de Oaxaca concluyó el once de junio del año en curso, y las demandas se presentaron los días catorce y quince siguientes.

b. Legitimación y personería. Los juicios de inconformidad están promovidos por parte legítima a través de quienes tienen personería para impugnar, conforme a lo previsto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la ley en cita, esto es, acuden a esta instancia los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Humanista, a través de los siguientes representantes:

Calidad que se encuentra reconocida por la autoridad responsable en sus informes circunstanciados, esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por lo que en términos de lo establecido por los artículos 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 54, párrafo 1, inciso a), de la misma ley, dichos representantes cuentan con la personería suficiente para promover los presentes medios de impugnación.

De igual forma los actores de los juicios ciudadanos se encuentran legitimados, tal como quedó explicado al contestar las causales de improcedencia.

c. Requisitos especiales de procedibilidad de los juicios de inconformidad. Los requisitos previstos por el artículo 52, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también están reunidos, pues la parte actora señala en forma concreta la elección que impugna, esto es, la de diputados por el principio de mayoría relativa en el 07 distrito electoral en el estado de Oaxaca; resultados consignados en el acta de cómputo correspondiente; e identifica las casillas cuya votación se controvierte por considerar que en ellas se actualizaron diversas causas de nulidad de votación, previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEXTO. Tercero interesado. Se le reconoce el carácter de tercero interesado al Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante suplente ante el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca, con cabecera en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, en los presentes juicios que han quedado acumulados, en razón de que, sus escritos de comparecencia reúnen los requisitos previstos en los artículos 12, párrafo 1, inciso c), y 17, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, como se explica a continuación:

a. Formal. Los escritos fueron presentados ante la autoridad responsable y contienen el nombre, así como la firma del compareciente.

b. Legitimación. Los presentes requisitos se tienen por satisfechos toda vez que se trata de un partido político cuya fórmula de candidatas obtuvo el triunfo en la elección.

De ahí que, al ser la pretensión de los partidos actores de los presentes juicios, que se declare la nulidad de la elección; ello claramente contraviene a los intereses del partido compareciente al haberle beneficiado los resultados obtenidos en la elección, por lo que claramente ostenta un derecho incompatible con los actores.

En consecuencia, se le tiene al Partido Revolucionario Institucional como tercero interesado en los presentes juicios.

c. Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro del plazo de setenta y dos horas establecido en el artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se advierte de las correspondientes cédulas de publicidad y certificaciones de conclusión del plazo, tal como se detalla a continuación:

En este sentido, los acuses de recibido de los escritos de comparecencia llevan a concluir que fueron presentados dentro de las setenta y dos horas correspondientes a cada juicio, como lo prevé la legislación procesal electoral.

SÉPTIMO. Pruebas supervenientes. El catorce de julio pasado, en el juicio de inconformidad SX-JIN-86/2015, SX-JIN-90/2015 y SX-JIN-92/2015, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron respectivos escritos adjuntando diversos documentos como pruebas supervenientes y, a su vez, solicitaron que se requiriera diversa documentación.

El veintiuno de julio siguiente, en el juicio de inconformidad SX-JIN-89/2015, el Partido MORENA presentó escrito por el cual anexó diversas probanzas y solicitó que esta Sala Regional requiriera otras de forma adicional.

Por último, el treinta de julio del presente año, los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo presentaron diversas documentales como pruebas supervenientes.

Al respecto, el Magistrado Instructor acordó reservar para el Pleno la decisión a tomar sobre las probanzas ofrecidas y las solicitadas para su requerimiento.

Respecto a la solicitud que realiza el Partido Acción Nacional a fin de que se requiera diversa documentación, se tiene que, las probanzas que señala en los puntos 2, 3 y 6 de su escrito de presentación de pruebas supervenientes, éstas no pueden ser requeridas, pues si bien señala que solicitó a la autoridad electoral dicha documentación, lo cierto es que no presentó ante esta Sala acuse de recibo o documento alguno que ampare tal señalamiento, esto es, que tal solicitud se hubiere formulado.

Por cuanto a las pruebas precisadas con los numerales 1, 4 y 5 se observa que si bien adjunta el acuse de que fueron solicitadas, lo cierto es que ya obran en autos, debido a que, mediante acuerdo de dieciséis de julio del presente año, emitido por el Magistrado Instructor en el expediente SX-JIN-86/2015, requirió al referido Consejo Distrital dicha documentación, y ésta fue recibida en esta Sala Regional con posterioridad, lo que hace innecesario que dicha documentación sea nuevamente solicitada.

Lo mismo acontece en cuanto a las solicitudes de catorce y veintiuno de julio de la anualidad en curso, realizadas por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y MORENA, ya que la documentación que estiman debe ser requerida a la responsable, ya obra agregada a los autos mediante el cumplimiento del acuerdo descrito en el acápite anterior.

Por cuanto a las pruebas supervenientes que presentaron los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y MORENA, el catorce de julio pasado, también obran agregadas a los autos, y por lo mismo, serán valorados en el momento procesal oportuno como parte de la instrumental de actuaciones; de ahí lo innecesario de pronunciarse de si se trata o no de supervenientes las que ahora ofrecen los actores.

Por cuanto a las pruebas aportadas el treinta de julio de dos mil quince, por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, se admiten por tener el carácter de supervenientes.

En relación con las pruebas supervenientes es de destacar que el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala lo siguiente:

(…)

Artículo 16.

…

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.

(…)

Del numeral transcrito se observa, que tienen la calidad de supervenientes, entre otros, los medios de convicción que el promovente no estuvo en posibilidad de ofrecer o aportar dentro de los plazos previstos para tal efecto, por desconocerlos o existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, con la condición de que se aporten antes del cierre de la instrucción.

En ese sentido, esta Sala estima que, acorde con lo establecido en el artículo 1º en relación con el 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en aras de salvaguardar integralmente el derecho de defensa del actor, ha lugar a admitir las documentales ofrecidas antes referidas.

Lo anterior, toda vez que los impetrantes manifiestan que los medios de prueba que se aportan, les fueron entregados el veintinueve de julio del presente año.

Es preciso señalar que la prueba ofrecida con el carácter de superveniente consistente en la copia certificada del acta 24/ORD/28-07-2015, y anexos; y la cual tiene el carácter referido, debido a la fecha en que surgió, pues se emitió en la sesión del Consejo Distrital 07 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, iniciada el veintiocho de julio del presente año y concluyó el veintinueve siguiente.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 12/2002, de rubro: “PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE”[5].

No pasa inadvertido que los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo señalan que en la sesión ordinaria de veintiocho de julio del año en curso, al abordarse el tema relativo a la lectura y aprobación del acta de escrutinio y cómputo iniciada el día diez y finalizada el día once de junio de dos mil quince, “los consejeros rechazaron la aprobación del acta”; de lo cual, a su parecer, ello debe entenderse que la elección celebrada el siete de junio es nula, así como la entrega de la constancia de mayoría emitida a favor de la fórmula de candidatas del Partido Revolucionario Institucional.

Al respecto, esta Sala Regional estima oportuno precisar, en principio, que lo relativo a la validez o no de la elección será materia de un considerando posterior de esta misma sentencia, donde se tomarán en cuenta las constancias que obran en autos.

Ahora bien, de lo manifestado en su promoción de treinta de julio del año en curso, se advierte, por un lado, que los actores pretenden incorporar nuevos elementos a la litis y, por otro, parten de una premisa incorrecta al pretender equiparar el acto de la sesión de cómputo, con el diverso acto de aprobar en una sesión posterior el proyecto de acta circunstanciada; lo cual se explica a continuación.

En efecto, los dos actores pretende variar la litis, porque en sus demandas de juicio de inconformidad señalaron como actos impugnados los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, e invocaron causales de nulidad de votación recibida en casillas de las previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, en su caso, solicitaron se declarara la nulidad de la elección por la existencia de diversas irregularidades, pero en ningún momento realizaron planteamientos que tuvieran que ver con la inexistencia del acto de la sesión de cómputo o con la forma en que votaron los consejeros del 07 consejo distrital electoral con sede en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Tan es así, que en sus demandas parten de la existencia inminente de los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez correspondiente, y por lo mismo, piden la nulidad de la elección por irregularidades de otra índole.

Por otro lado, los actores parten de una premisa incorrecta al querer equiparar el acto de la sesión de cómputo, con el diverso acto de aprobar en una sesión posterior el proyecto de acta circunstanciada; lo cual se explica a continuación.

De los artículos 310, 311 y 312 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se tiene que los Consejos Distritales celebrarán sesión a partir de las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, a través de los pasos que indica la ley, lo que podrá incluir la realización de nuevos escrutinios y cómputos, además, verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y, asimismo, que los candidatos de la fórmula que hayan obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad; por lo que, concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección, el presidente del Consejo expedirá la constancia de mayoría y validez a quien haya obtenido el triunfo.

Esto es, tal acto de sesión de cómputo debe iniciar precisamente en la fecha indicada, y la misma ley busca que tenga un límite temporal, pues el artículo 311, párrafo 4, señala que, para realizar el recuento de votos respecto de una elección determinada, el consejo distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral.

En el presente proceso electoral únicamente hubieron elecciones para diputados (de mayoría relativa y de representación proporcional), no así de senadores ni de Presidente de la República, pero en todo los casos, el acto de la sesión de cómputo tuvo una fecha de inicio específica y un límite temporal.

Así, tratándose de la elección de diputados federales de mayoría relativa, el acto de los resultados de ésta, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula triunfadora, existe y surge precisamente con lo realizado durante la sesión respectiva que llevó a cabo el 07 Consejo Distrital, que abarcó del día diez al once de junio de dos mil quince.

Reflejo de ello, es la emisión del acta de cómputo donde constan los resultados de la elección y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula del Partido Revolucionario Institucional; y ambas documentales son del once de junio del año en curso.

Paralelamente el Consejo Distrital tiene el deber de levantar un acta “circunstanciada” de esa sesión de cómputo, donde se deben hacer constar los incidentes que ocurrieron durante la misma, tal como lo ordena el artículo 311, párrafo 1, inciso k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por su parte, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral se tiene que, en términos del artículo 23, el Presidente y los Consejeros deberán votar todo proyecto de acuerdo, programa, dictamen o resolución que se ponga a su consideración, y en ningún caso podrán abstenerse de ello, salvo cuando hagan del conocimiento del Consejo la existencia de algún impedimento en términos del artículo 8, fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o por cualquier otra disposición legal.

Asimismo, el artículo 22, párrafos 2 y 3, se observa que primeramente se genera un proyecto de acta y posteriormente, al aprobarse, se tendrá el acta, la cual contendrá íntegramente los datos de identificación de la sesión, la fecha y hora de su inicio y conclusión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, el sentido de las intervenciones de los integrantes del Consejo y el sentido de su voto, así como los Acuerdos y Resoluciones aprobadas.

De manera similar el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral regula tal situación, ya que en su artículo 28, párrafos 3, 4 y 5, señala que la versión estenográfica servirá de base para la formulación del proyecto de acta, el cual deberá contener los datos de la sesión, el orden del día, los nombres de los integrantes del Consejo que asistieron y las intervenciones de los integrantes del Consejo, así como el sentido de la votación de los Consejeros Electorales; además, el Secretario deberá entregar en medios digitales a los integrantes del Consejo el proyecto de acta de cada sesión, en un plazo que no excederá los diez días siguientes a su celebración. Los integrantes del Consejo podrán solicitar al Secretario, dentro de los cinco días posteriores a su recepción, correcciones respecto de sus intervenciones, siempre y cuando no modifiquen el sentido de su participación; y que el proyecto de acta deberá someterse a su aprobación en la sesión ordinaria o extraordinaria que para tal efecto determine el Secretario.

Así, cuando el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se refiere al deber de hacer constar en acta circunstanciada de la sesión de resultados los incidentes que ocurrieron en la misma, ésta bien puede ser en un primer momento en un proyecto de acta.

No obstante lo anterior, no hay que confundir el acto mismo llevado a cabo por el Consejo Distrital en la sesión de cómputo, el cual adquiere existencia desde el momento mismo en que se realiza, en el caso del diez al once de junio del año en curso, con la diversa actividad interna del Consejo respectivo de aprobar en una sesión posterior la redacción de un proyecto de acta que da cuenta de un acto pasado y aprobado.

Tan es así que incluso la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que, en la sesión de cómputo distrital en la que se cuentan los votos de diversas elecciones no constituye un acto complejo que comprenda una pluralidad de determinaciones cohesionadas en una unidad indisoluble, sino que se conforma con actos distintos, vinculados a elecciones diferentes, de manera que los resultados materiales de cada elección adquieren existencia legal a través de las actas de cómputo respectivas que, por separado, se van elaborando; y por lo mismo, el juicio de inconformidad está diseñado para controvertir los actos o resoluciones dictados por las autoridades administrativas en la sesión de cómputo distrital, cuando los consideren ilegales, lo que implica la existencia objetiva del acto de cómputo distrital atinente y no la sesión permanente en su integridad. Por tanto, en este supuesto, el plazo para impugnar comienza a partir de que concluye, precisamente, la práctica del cómputo distrital de la elección que se reclame y no a partir de la conclusión de la sesión del cómputo distrital en su conjunto.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 33/2009 de rubro: “CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)” [6].

Lo anterior refuerza lo ya dicho, de que no hay que confundir el acto mismo llevado a cabo por el Consejo Distrital en la sesión de cómputo, con la diversa actividad interna del Consejo respectivo de aprobar en una sesión posterior la redacción de un proyecto de acta que da cuenta de un acto pasado y aprobado.

Complementa a lo anterior, que del acta 24/ORD/28-07-2015, iniciada el veintiocho de julio del año en curso y terminada el veintinueve de julio siguiente por el 07 Consejo Distrital con sede en Juchitán de Zaragoza, se desprende que en el orden del día, se sometió como punto 1 de discusión la “Lectura y aprobación del proyecto de acta de la sesión de fecha diez de junio de dos mil quince”.

Es decir, se puso a consideración de los consejeros distritales la última versión del proyecto de acta 21/ESP/10-06-2015, del diez de junio pasado, y no así la validez de la elección, pues tal aprobación como ya se dijo, únicamente tiene como finalidad realizar la aceptación formal de dicho documento derivado de las correcciones que se le hagan.

Máxime que, como se precisó, los Consejeros no pueden modificar el sentido de su primera participación a través de una sesión posterior, lo cual robustece la conclusión de que la sesión de aprobación de un proyecto de acta de reunión previa, solamente puede llevarse a cabo para la aprobación formal, mas no para realizar modificaciones esenciales.

Así es de concluir que, no es dable ahora variar la litis en los presentes asuntos, ni mucho menos tener como una nueva irregularidad, un hecho que en su caso debió combatirse dentro de los cuatro días posteriores de que surgió el acto de los resultados de la elección y declaración de validez de la misma, ya que hay una falta de inmediatez debido a que los actores dejaron pasar aproximadamente cuarenta días para alegar esta supuesta situación irregular a partir de la aprobación de un proyecto de acta, pretendiendo indebidamente partir de tal acto para plantear nuevos disensos, lo cual como ya ha quedado claro, se sustentan en una premisa equivocada.

OCTAVO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de estudio. La pretensión de los actores es, por un lado, que se anule la votación de las casillas que precisan; y por otro lado, que se declare la nulidad de la elección de los diputados federales por el principio de mayoría relativa correspondiente al 07 distrito electoral federal en el estado de Oaxaca.

Para ello, esgrimen los siguientes agravios:

1. Agravios comunes en los expedientes SX-JIN-86/2015, SX-JDC-751/2015 y SX-JDC-752/2015.

1.1. Los actores precisan que en la jornada electoral se llevaron a cabo diversas incidencias, que vulneraron los principios de equidad, certeza, legalidad y confiabilidad, pues de cuatrocientas cincuenta casillas aprobadas para su instalación en la jornada electoral llevada a cabo el siete de junio pasado: ciento cuarenta no fueron instaladas, es decir, setenta casillas fueron quemadas, diecisiete propiamente no fueron instaladas, cuarenta y tres fueron abandonadas, dos fueron robadas y siete fueron suspendidas.

Por ende, aducen que se actualiza el supuesto consistente en que no se instaló el veinte por ciento de casillas en el distrito en comento, por lo que debe declararse la nulidad de la elección, con fundamento en el artículo 76, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

1.2. Asimismo, arguyen que la Presidencia del respectivo Consejo Distrital no tomó las medidas pertinentes para que la totalidad de casillas fueran instaladas.

2. Agravios comunes en los expedientes SX-JIN-89/2015, SX-JIN-JIN-93/2015, SX-JDC-753/2015 y SX-JDC-754/2015.

2.1. Los accionantes solicitan la nulidad de trece casillas: 284 básica, 295 básica, 295 contigua 1, 398 básica, 398 contigua 1, 1150 básica, 1182 básica, 1184 extraordinaria 1, 1185 contigua 1, 1889 contigua 1, 1897 básica y 2083 básica, 2397 básica, debido a que la instalación se realizó en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital, o se realizó el escrutinio y cómputo en lugar distinto, ambas causas sin justificación.

2.2. Manifiestan también que en seis casillas: 325 básica, 325 contigua 1, 325 contigua 2, 326 básica, 326 contigua 1 y 326 contigua 2, la entrega de paquetes se llevó a cabo fuera de los plazos previstos en la legislación.

2.3. Alegan que se dieron irregularidades graves plenamente acreditadas en todas las casillas en las que se entregó el respectivo paquete electoral al 07 Consejo Distrital, debido a que ello fue realizado por funcionarios administrativos pertenecientes a dicho órgano electoral, y no así por los propios integrantes de las mesas directivas de casillas.

2.4. De igual forma, solicitan la nulidad de la elección, puesto que, del informe sobre el avance en la instalación de casillas y el desarrollo de la jornada electoral se desprende que no se instalaron ciento treinta y nueve casillas electorales de cuatrocientos cincuenta aprobadas, lo que representa un 30.08%, lo cual estiman, conculcó los principios constitucionales que rigen la materia electoral.

Para ello piden que se realice una interpretación conforme, favorable a los ciudadanos que no ejercieron su voto, ya que la suspensión del derecho a emitir el sufragio en las ciento treinta y nueve casillas, no atiende a una restricción prevista en una ley, ni se basa en criterios razonables, mucho menos atiende a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público, y tampoco es proporcional.

Siguen manifestando que, de haberse permitido el sufragio en las casillas señaladas, hubieran votado setenta y nueve mil seiscientos veintiún electores, modificando con esto, el resultado de la elección.

3. Agravios comunes en los expedientes SX-JIN-90/2015 y SX-JIN-92/2015.

3.1. Exponen que se impidió la instalación de treinta casillas en diversas sesiones del 07 Consejo Distrital, previo a la jornada electoral, llevadas a cabo para inutilizar las respectivas boletas.

3.2. Señalan que se ejerció violencia y presión sobre los ciudadanos encargados de las mesas directivas de casilla y sobre el electorado en las ciento treinta y nueve casillas que no fueron instaladas, afectando la libertad y secrecía del sufragio relativo a las elecciones de diputados federales por el principio de mayoría relativa, derivado de los hechos vandálicos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado sección 22, puesto que con ello se inhibió la participación ciudadana.

3.3. En ciento treinta y nueve casillas se impidió, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de votar a la ciudadanía, debido a que éstas fueron siniestradas por diversas circunstancias.

3.4. De igual forma señala que la entrega de trescientos seis paquetes electorales al respectivo Consejo Distrital por funcionarios no facultados para ello, actualiza el supuesto del artículo 75, párrafo 1, inciso b), de la mencionada legislación procesal electoral; lo anterior lo hace depender de que los paquetes fueron entregados por funcionarios administrativos pertenecientes a dicho órgano electoral; por lo que en su concepto, se extralimitaron en sus funciones.

3.5. Manifiestan también que en seis casillas: 325 básica, 325 contigua 1, 325 contigua 2, 326 básica, 326 contigua 1 y 326 contigua 2, la entrega de paquetes se llevó a cabo fuera de los plazos previstos en la legislación[7].

3.6. Señalan que se ejerció violencia o presión sobre el electorado debido a los hechos vandálicos provocados presuntamente por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE-, sección XXII, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, dentro del marco de boicot a las elecciones federales, por lo que se inhibió la participación ciudadana en ciento treinta y nueve casillas, tal y como lo refleja el informe que rindió el Vocal de Organización Electoral de la 07 Junta Distrital.

3.7. Por otra parte, piden la nulidad de la elección, pues la violencia generada en la jornada electoral provocó que ciento treinta y nueve casillas fueran abandonadas, esto es, el equivalente a 30.08% del total, con lo cual se actualiza el supuesto del artículo 76, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

3.8. Se duelen de que en diversas casillas -referidas en el apartado de hechos de sus respectivos escritos-, existieron irregularidades graves plenamente acreditadas, y no reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente, puso en duda la certeza de la votación, ya que al celebrarse los comicios, se dieron hechos de vandalismo, robo, quema y destrucción de boletas, así como de diversa paquetería electoral; configurándose así lo establecido en el artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, establecen que es determinante para el resultado de los comicios.

3.9. Señalan como motivo de disenso que se impidió, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de votar en ciento treinta y nueve casillas; lo que a su vez conlleva a actualizar la nulidad de la elección llevada a cabo en el 07 distrito electoral federal.

Ahora bien, a fin de analizar los agravios expuestos por los actores, se examinaran en un orden distinto a la propuesta, así, en primer término se analizarán aquéllos que se dirigen a que este órgano jurisdiccional declare la nulidad de la votación en diversas casillas, y posteriormente se analizarán aquellos motivos de disenso enderezados hacia la pretensión de nulidad de la elección que nos ocupa, sin que el estudio conjunto, separado o en un orden distinto de los agravios no irrogue perjuicio a los actores, pues lo importante es que sus inconformidades sean atendidas en su totalidad.

Sirve de apoyo el contenido en la jurisprudencia 4/2000 de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”[8].

NOVENO. Estudio de fondo.

1. NULIDAD DE CASILLAS

Los actores aducen la nulidad de la votación en diversas casillas por las siguientes causales:

1.1. Causal de nulidad prevista en el inciso a) del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la instalación de las mesas directivas en lugar distinto sin causa justificada, en un total de trece casillas, mismas que se señalan a continuación:

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las casillas deben instalarse, esencialmente, en lugares de fácil y libre acceso para los electores, que garanticen la libertad y el secreto del voto; debiendo preferirse los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, los artículos 256 y 257 de la Ley en cita, establecen que los Consejos Distritales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en que serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito.

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local indicado; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o, f) que el Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 276 de la ley en la materia, el cual, en su párrafo 2, establece que en cualesquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo; y,

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado artículo 276 de la ley de la materia; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Así, la votación recibida en casilla se declarará nula cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión de la parte actora es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) publicación de la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla aprobadas por los once consejos distritales del estado de Oaxaca, para las elecciones federales del siete de junio de dos mil quince, –comúnmente llamada encarte–; b) actas de la jornada electoral; y, c) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis.

Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; además de los diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la citada ley adjetiva electoral.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el encarte, así como la precisada en las actas de la jornada electoral.

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se procederá a ponderar si, en las casillas cuya votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las características similares que presentan, las particularidades de su ubicación y a los supuestos que se deriven.

1.1.1. Por cuanto a las casillas 295 básica y 295 contigua 1, se estima inoperante el agravio debido a que no fueron tomadas en consideración al momento del cómputo distrital, tal y como se deprende de la copia certificada del Acta: 19/EXT/07-06-2015, levantada por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con motivo de la sesión extraordinaria de jornada electoral; documental que tiene el carácter de pública con valor probatorio pleno en términos de los artículos 14, párrafos 1, inciso a), y 4, así como 16, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sin que exista probanza o alegación en contrario.

En efecto, de dicha probanza se desprende que, si bien la paquetería electoral que corresponde a tales casillas fue recibida por el citado Consejo, lo cierto es que, ante la falta de certeza sobre su instalación, junto con otras, la votación recibida en dichas casillas no fue tomada en consideración al momento de realizar el cómputo distrital, tal y como se observa:

“Consejera Presidenta, Ciudadana Lorena Nava Cervantes: “Siendo las veintiún horas con cuarenta y ocho minutas(sic) reanudamos esta sesión para hacer el registro en el sistema de los paquetes electorales que por alguna circunstancia o incidente no se recibieron en este Consejo Distrital, así como de los que se recibieron con el reporte de algún incidente como puede ser quemadas, robadas, abandonadas o no instaladas, y toda vez que en el Sistema de Registro de Actas no aparece alguna de estas opciones, van a quedar registradas como no entregadas, en el entendido de que según el reporte emitido preliminarmente se tiene(sic) setenta y un casillas quemadas, dos robadas, veinte instaladas, cuatro con suspensión de votos y cuarenta y dos abandonadas.”

De lo anterior se observa que las casillas reportadas con irregularidades[9], entre las que se encuentran bajo estudio, fueron registradas como no entregadas, lo cual conlleva a concluir que la votación de dichas casillas no fue tomada en consideración para obtener los resultados de la elección.

Lo anterior se encuentra robustecido con el oficio INE/OAX/CD07/SC/0046/2015, de diecisiete de julio de dos mil quince, emitido por la Consejera Presidenta del Consejo responsable, del cual se desprende que dichas casillas no fueron computadas en la sesión del cómputo distrital[10].

En efecto, el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé que la votación recibida en la casilla será nula cuando, entre otras causas, se instale la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

De lo anterior se puede advertir que para que se actualice alguna de las causas de nulidad de casilla, es necesario que en las mismas se haya recibido votación. Para ello, lógicamente es necesario que, previamente, las casillas se instalen y, posteriormente, reciban votación durante la jornada electoral. En caso de que se actualice alguna de las causales aludidas lo procedente sería anular la votación recibida en la casilla en la que específicamente ocurrieran tales irregularidades.

Lo anterior se explica porque cuando las irregularidades son determinantes afectan la votación recibida en la casilla y repercuten en la elección, por ello, para evitar que se produzca esa afectación se declara la nulidad de los votos recibidos en esa casilla, evitando con ello que los votos viciados puedan definir al ganador de la elección, sin afectar a aquellos votos que fueron emitidos válidamente en otras casillas.

Lo anterior es necesario para evitar la posibilidad de que los votos ilícitos definan al triunfador de una elección, por lo que el legislador previó la declaración de nulidad de la votación recibida en una casilla cuando las irregularidades se circunscriban a su propio ámbito.

Por tanto, irregularidades acontecidas en cada casilla, no pueden ser analizadas de manera conjunta para solicitar con ello la nulidad de la elección, arguyendo con ello una supuesta determinancia, pues como se vio, las irregularidades ocurridas en una casilla, única y exclusivamente afectan a la votación recibida en ella[11].

De lo anterior se colige que la votación en dichas casillas no fue tomada en consideración al momento de realizar los cómputos y, por ende, no es posible declarar la nulidad de la votación de casillas que no fueron tomadas en consideración.

De ahí lo inoperante del planteamiento de los actores.

1.1.2. En la casilla 284 básica se advierte que los datos del lugar en que fue ubicada coincide sustancialmente con los publicados y aprobados por el Consejo Distrital en el encarte, pues según el encarte, el domicilio de instalación era “Centro de recreación infantil, David López Nelio, sin número, Colonia Gustavo Pineda de la Cruz, Juchitán de Zaragoza.” Y en el acta de jornada se estableció como ubicación el “Centro de recreativo (sic) infantil david lopez nelio (sic) col. gustavo pineda de la cruz (sic)”.

En esa virtud y dado que el inconforme no ofreció probanza alguna para acreditar que las casillas de referencia se instalaron en un lugar distinto al autorizado, en términos de la carga probatoria a la que estaba sujeto, conforme con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se concluye que no se acredita el primer elemento de la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la propia ley.

En consecuencia es infundado el agravio.

1.1.3. Por lo que hace a la casilla 1182 básica, de igual manera es infundado ya que se advierte que los datos de los lugares en que fue ubicada coincide con el publicado y aprobado por el Consejo Distrital en el encarte.

Esto es así pues, es criterio de este Tribunal Electoral que es necesario tomar en consideración que los funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla registran en la documentación electoral la forma más común en que se conoce el lugar en que se instalan las casillas.

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 14/2001 con el rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”[12].

Atendiendo a ello, en la primera de las mencionadas casillas se observa que en el encarte se adiciona como información de ubicación referencial el que la casilla se instalaría “frente a la Agencia Municipal”; a su vez, en el acta de jornada electoral se asentó como lugar de instalación “[e]l corredor de la agencia municipal”, asimismo, en ambos documentos se identifica a la comunidad de San Juan Lalana.

Así, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, en términos del artículo 16, párrafo 1, de la ley procesal electoral federal, se deduce que, si bien en el acta de la jornada no se asentó la dirección que se precisó en el encarte, lo cierto es que la casilla fue instalada en el lugar que previamente fue aprobada, pues existe una similitud geográfica al establecerse por un lado que “enfrente” y por el otro que en el “corredor” de la Agencia, lo cual conlleva a arribar que la instalación se dio en el corredor de la Agencia Municipal de San Juan Lalana, el cual puede entenderse que esté enfrente de la Agencia.

1.1.4. De los datos consignados en el cuadro comparativo de referencia, se puede advertir que las casillas 1897 básica y 2083 básica, fueron instaladas en lugar distinto al designado por el Consejo Distrital.

Al analizar los apartados relativos a: “Si la casilla se instaló en un lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital, explique las causas” y “¿se presentaron incidentes durante la instalación de la casilla?” “Describa brevemente”, de las actas de jornada electoral correspondientes, se observa que se instalaron en un lugar diverso al señalado por la autoridad electoral en el encarte, acreditándose el primer elemento que integra la causal de nulidad en análisis.

Sin embargo, este hecho por sí solo no es causa suficiente para anular la votación recibida en las casillas en cuestión, ya que, si las mismas se instalaron en un lugar distinto, ello obedeció a una causa justificada de las que contempla la ley sustantiva de la materia.

Así, en la casilla 1897 básica, los integrantes de la mesa directiva, al pretender instalarla en el lugar indicado por la autoridad electoral, encontraron que el lugar designado estaba cerrado.

A su vez, en lo que se refiere a la casilla 2083 básica, no fue posible a los funcionarios de la mesa directiva instalarla en el lugar señalado por el Consejo Distrital, pues como lo manifestaron en el apartado respectivo del acta de la jornada electoral, el cambio de ubicación obedeció a que: “No se dio permiso para abrir ya que están en paro”.

En estas condiciones, debe considerarse que la decisión tomada por los funcionarios de las respectivas mesas directivas y los representantes de los partidos políticos acreditados, para instalar las casillas citadas en un sitio diverso al publicado en el encarte, estuvo apegada a derecho, toda vez que tales determinaciones atendieron a causas justificadas que se encuentran previstas en el inciso b) del artículo 276, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, en dicho cambio, se observaron las formalidades previstas en el párrafo 2, del mencionado artículo 276, ya que, como se desprende de las respectivas hojas de incidentes, las casillas se instalaron en el lugar adecuado más próximo, es decir, en la Agencia Municipal de Buena Vista en el primero, y en la cancha municipal, en el segundo, sin que pueda cumplirse con el requisito de que sea en la misma sección, pues del encarte se colige que son las únicas casillas pertenecientes a sus respectivas secciones.

Lo anterior sería suficiente para estimar por no actualizada la causal de nulidad, pero, adicionalmente, debe destacarse que el análisis del porcentaje de participación ciudadana en tales casillas, comparado con el promedio del distrito al que pertenece, fortalece las conclusiones referidas, pues la participación en las casillas fue de 33.1% en la primera de las mencionadas y 50.6% en la segunda, en tanto que el mencionado promedio distrital fue de 25.39%[13], lo cual demuestra que la participación del electorado en dichas casillas fue superior al promedio de la votación en el distrito, lo que refleja que no hubo confusión respecto del lugar en donde se encontraban instaladas las casillas referidas, por lo que no se vulneró el principio de certeza.

Asimismo, la parte actora tampoco aportó otro medio de convicción con el cual apoyara la razón de su dicho, por lo cual incumple con la carga procesal prevista en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el sentido de que el que afirma está obligado a probar.

Consecuentemente, se considera infundado el agravio expresado por los accionantes.

1.1.5. Del cuadro comparativo se advierte que, como lo aducen los actores, el lugar en donde se instalaron las casillas 398 básica, 398 contigua 1, 1150 básica, 1184 extraordinaria 1, 1889 contigua 1 y 2397 básica, es distinto al autorizado por el Consejo Distrital del 07 Distrito Electoral Federal en el estado de Oaxaca, y sin que existiera causa justificada para ello.

En efecto, del análisis de los documentos que obran en autos, se desprende que las casillas citadas se ubicaron en un lugar diverso al señalado por el Consejo Distrital; lo anterior se corrobora con las actas de la jornada, así como con la información consignada en el encarte, sin que de autos se desprenda la existencia de alguna causa justificada para ello.

En tal virtud, es necesario determinar si el cambio de ubicación de las casillas sin causa justificada, vulneró el principio de certeza al provocar confusión o desorientación en los electores, respecto del sitio exacto donde debían sufragar y, consecuentemente, si no se reflejó la voluntad de los ciudadanos en los resultados electorales.

Para tal efecto, en términos del artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de acuerdo con las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, en particular, con el principio ontológico en materia probatoria, conforme al cual, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se tiene que es un hecho conocido y cierto que, en los Estados Unidos Mexicanos, son excepcionales las casillas que alcanzan el cien por ciento de participación ciudadana, dado que en los procesos electorales constituye una circunstancia reiterada que sólo un porcentaje del electorado acude a sufragar.

Por tal motivo, para determinar si el cambio de ubicación vulneró el principio de certeza, se deben tomar en cuenta las circunstancias y hechos que rodean el ámbito de participación ciudadana en las casillas cuya votación se solicita sea anulada.

Para ello, resulta necesario establecer un parámetro (porcentaje de votación) que se considere la muestra más representativa de la participación del electorado en una elección, dentro de un ámbito territorial determinado.

A partir de esta idea, el parámetro idóneo para analizar la causal en estudio, en este caso, es el porcentaje de votación recibida a nivel distrital de la elección impugnada, toda vez que un distrito uninominal, estadísticamente, es el ámbito territorial que puede aportar una información más apegada a la realidad acerca de la participación de los votantes en las casillas que lo integran.

En el asunto a estudio, el referido porcentaje de la votación emitida en el 07 Distrito Electoral Federal en el estado de Oaxaca, es el resultado de multiplicar la cantidad que representa el total de ciudadanos que votaron en el distrito, por cien, y dividirlo entre el total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a dicho distrito.

Conforme a los datos precisados en el informe de la Presidenta del 07 Consejo Distrital sobre el desarrollo del proceso electoral, el porcentaje de ciudadanos que sufragó en el distrito electoral federal fue de 25.39%.

Determinado el porcentaje de votación recibida a nivel distrital en la elección impugnada, y con el objeto de precisar si el cambio de ubicación de las casillas, sin causa justificada, provocó confusión o desorientación en el electorado, a continuación se presenta un cuadro comparativo, el cual se encuentra integrado de la forma siguiente:

En la primera columna, se señala el número y tipo de la casilla cuya votación se solicita sea anulada; en la segunda, se hace referencia al total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de las casillas en cuestión, dato que se obtiene del propio documento, o bien, del recuadro del acta de la jornada electoral, que dice: “ESCRIBA EL TOTAL DE ELECTORES QUE ESTÁN EN LA LISTA NOMINAL”; en la tercera columna, se anota el número de electores que votaron en las casillas según el acta de escrutinio y cómputo respectiva, dato que se obtiene del recuadro de tal acta que dice: “PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el total de marcas de ‘voto 2015’ de la lista nominal de electores, y de las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral)”.

En la cuarta columna se alude al porcentaje de votación en las casillas, el cual, es el resultado de multiplicar el número de electores que votaron en la casilla según el acta de escrutinio y cómputo, por cien, y dividirlo entre el total de ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores de la misma.

En la quinta, se establece el porcentaje de votación distrital de la elección impugnada. Cabe precisar que, cuando exista una correspondencia entre ambos porcentajes, o bien, el porcentaje de votación en la casilla sea superior al distrital, se entenderá que el referido cambio de ubicación de la casilla no generó confusión o desorientación en los electores respecto del lugar al que debían acudir para ejercer su derecho al voto, toda vez que se acreditó una afluencia importante de votantes igual o superior al porcentaje de votación en el distrito.

Empero, cuando el porcentaje de votación en la casilla sea inferior al emitido en el distrito, se considerará que el referido cambio de ubicación de la casilla provocó confusión en los electores, en relación al lugar exacto en donde debieron sufragar, ya que la afluencia de votantes fue menor al porcentaje de votación a nivel distrital.

Como ha quedado acreditado, las casillas precisadas en el cuadro, fueron instaladas, sin causa justificada, en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital respectivo; sin embargo, como bien se puede apreciar de los datos consignados en los multicitados cuadros, el porcentaje de votación recibida en las casillas que se analizan, supera el porcentaje de votación distrital, lo cual genera convicción en esta Sala en el sentido de que el cambio de ubicación de casilla, sin causa justificada, no vulneró el principio de certeza, así como tampoco creó confusión en los electores, respecto del lugar exacto en donde se encontraban las casillas.

Por tanto, al no colmarse los extremos para actualizarse la causal de nulidad de votación, se califica de infundado el agravio planteado por los impetrantes, respecto de las referidas casillas.

1.1.6. Por lo que hace a la casilla 1185 contigua 1, al realizar el estudio del porcentaje respectivo, se tiene lo siguiente.

Del cuadro comparativo se desprende que el porcentaje de la votación recibida, resulta inferior al porcentaje de votación distrital; no obstante, para tener por acreditada la causal de nulidad invocada, debe establecerse si la irregularidad aducida por la parte actora en el presente juicio es determinante, toda vez que atento al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, cuando no quede fehacientemente probado que el cambio de ubicación originó que los electores dejaran de sufragar, debe privilegiarse la votación recibida.

Para cumplir con la finalidad anterior, se elabora un cuadro que contiene las columnas siguientes: el número de la casilla; los ciudadanos incluidos en la lista nominal de la casilla de que se trate; el número de electores que votaron en la casilla según el acta de escrutinio y cómputo respectiva o, en su caso, de la lista nominal de electores de la casilla respectiva; los posibles electores que en condiciones normales debieron votar, para lo cual se multiplica el total de ciudadanos de la lista nominal correspondiente a la casilla por el porcentaje de votación distrital, que en el caso concreto fue de 25.39%, dividiéndose entre cien, lo anterior para obtener el número de electores a los que se les provocó confusión respecto del sitio en donde debían sufragar.

A la cantidad que resulte de la operación anterior, con motivo del cambio de ubicación de casilla y, por ende, se les impidió el ejercicio del derecho al voto, se le deducirá el total de ciudadanos que votaron, anotándose el resultado en su respectiva columna.

Se anotará la diferencia que existe entre el número de votos entre el primero y segundo lugares de la votación de la casilla respectiva, la cantidad anotada se comparará con la precisada en la columna anterior, si el número de ciudadanos a los que se les provocó desorientación respecto del lugar de ubicación de la casilla y, en consecuencia, no se les permitió votar, es igual o mayor a la diferencia de votos entre el primero y segundo lugares, se considerará que el cambio de ubicación de la casilla sin causa justificada, repercutió en el resultado de la votación y, en consecuencia, procederá decretar la nulidad de la votación recibida; ya que se debe presumir, que de no haber existido el cambio citado, el partido (o coalición) que obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Empero, cuando el número de los ciudadanos que no sufragaron sea menor a la diferencia numérica de votos entre el primero y segundo lugares en la votación, se considerará que no es determinante para el resultado.

Por lo que, en este caso, al resultar evidente que no trascendió al resultado de la votación, se considerará infundado el agravio esgrimido.

1.1.7. En relación con las mismas trece casillas antes analizadas, si bien los actores aducen como causal de nulidad la prevista en el artículo 75, párrafo1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que se realice, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo; lo cierto es, que de un correcto análisis de sus respectivas demandas, se colige que tal inconformidad la hace depender como una consecuencia directa de la instalación de las casillas en una diferente ubicación a la que previamente se había designado.

Al respecto, es necesario aclarar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, “el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) el número de votos nulos; y d) el número de boletas sobrantes de cada elección”.

El artículo 287 de la citada ley dispone que los integrantes de la mesa directiva de casilla, una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla; para ello, se seguirá el procedimiento regulado por los artículos 288 al 294 del mismo ordenamiento legal invocado.

Ahora bien, de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los referidos artículos de la ley electoral invocada, se desprende que dicho escrutinio y cómputo debe realizarse en el mismo lugar en que se hubiere instalado la mesa directiva de casilla y recibido la votación, siendo que, a su vez, la instalación de la casilla y consecuentemente la recepción de la votación, deberá hacerse en el lugar señalado por el Consejo Distrital respectivo.

En ese tenor, es claro que existe una estrecha vinculación de las dos causales aludidas, sin embargo, es claro que se tratan de supuestos distintos.

Así las cosas, al no señalar agravios específicos sobre dicha causal y solamente hacerlas depender de la instalación en lugar distinto, resulta intrascendente lo invocado por los inconformes en el sentido de que la instalación de las casillas se hizo en lugar distinto al que el Consejo Distrital había previamente determinado y publicado en el encarte respectivo.

En apego a la exhaustividad que deben cumplir las sentencias que resuelvan un juicio de inconformidad, la instalación de las casillas impugnadas en lugar diferente señalado por el Consejo Distrital correspondiente, ya fue analizada en los puntos a.1. al a.6. de las trece casillas, lo cual sirve de respuesta para desestimar estos agravios del inciso c), párrafo 1, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

1.2. Causal de nulidad prevista en el inciso b) del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en un total de seis casillas, en las cuales aducen que los paquetes electorales fueron entregados fuera de los plazos legales, y que se señalan a continuación:

No pasa inadvertido que en el apartado de hechos de las demandas de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, se observa que los actores hacen mención que impugnan las trescientas seis casillas instaladas con motivo de que fueron entregados fuera de los plazos legales[14].

Sin embargo, este Tribunal Electoral ha seguido el criterio de que, para tener debidamente configurados los agravios, se debe analizar cuidadosamente la demanda correspondiente y de forma íntegra, a fin de atender, en cada caso, a lo que quisieron decir los justiciables, con la finalidad de determinar con mayor grado de aproximación, su verdadera intención, ya que sólo de esta forma se puede lograr una correcta impartición de justicia en materia electoral.

El criterio precedente, reiteradamente sostenido por este órgano jurisdiccional, ha dado origen a la jurisprudencia 4/99, cuyo rubro es al tenor siguiente: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”[15].

Bajo esa regla, al examinar los ocursos impugnativos, se observa que inmediatamente después a que señala la contravención de las trescientas seis casillas por el motivo señalado, señala detalladamente su inconformidad con seis casillas específicas, las cuales se encuentran asentadas en el cuadro insertado párrafos arriba.

Así también, en los respectivos capítulos de agravios, los actores únicamente controvierten las seis casillas anteriormente referidas, omitiendo la aseveración de que pretenden impugnar las trescientas seis casillas instaladas.

Así las cosas, es claro que la verdadera intensión de los partidos accionantes es que se analicen únicamente las seis casillas que refieren en sus correspondientes apartados de agravios, pues de haber deseado controvertir todas las casillas instaladas bajo la causal prevista en el inciso b), párrafo 1, artículo 75 de la ley adjetiva electoral federal, es evidente que así lo habría señalado en sus agravios, sin embargo, únicamente al precisar sus inconformidades, se constriñó a seis casillas. Por lo tanto, solo éstas serán examinadas.

Ahora bien, en su demanda, los actores manifiestan:

“Causa agravio (…) la entrega fuera del plazo que la ley señala y sin causa justificada, del paquete (sic) que contiene los expedientes electorales de las casillas que se señalan e identifican en el presente agravio; con lo cual se vulnerarán (sic) en forma evidente los principios de legalidad y de certeza, así como el incumplimiento del artículo 298 y 299, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,…”

Asimismo, precisa que tal vulneración se debió a que los seis paquetes electorales fueron entregados el ocho de junio de dos mil quince, entre las catorce horas con cuarenta minutos y las catorce horas con cincuenta minutos.

Por su parte, en el informe circunstanciado, la autoridad responsable expuso:

“… las secciones número 325 y 326, están catalogadas como no urbanas, entendiéndose como sección no urbana aquella que se encuentra ubicada en un entorno rural, por lo tanto, si el cierre de la votación en las mesas directivas de casilla por regla general es a las 18:00 del día de la jornada y la clausura de las mismas es posterior a dicha hora; contrario a lo afirmado por el actor (sic) en referencia a que la entrega de los paquetes electorales correspondientes a las casillas de las secciones indicadas mediaron entre las 14:40 y 14:50 horas del día ocho de junio del presente año, es evidente que la entrega de los paquetes electorales se realizó en el plazo legal establecido”.

Expuestos los argumentos que hacen valer las partes, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

El artículo 295 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla y que, para garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga, con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos que desearen hacerlo.

El párrafo 1 del artículo 299 de la citada ley, establece que una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes:

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y,

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2, del propio artículo, los Consejos Distritales, previo al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los referidos plazos, para aquellas casillas en las que existan causas que lo justifiquen.

Los Consejos Distritales podrán acordar que se establezcan mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas, cuando fuere necesario, lo que se realizará bajo la vigilancia de representantes de los partidos que así desearen hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo en comento.

En términos del párrafo 5 del precepto en cuestión, se desprende que existirá causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al Consejo Distrital fuera de los plazos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

El Consejo Distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las causas que se aduzcan para justificar el retraso en su entrega, atento a lo previsto por el párrafo 6 del artículo 299 de la ley de mérito. Además, será necesario que se describa y compruebe, ante el órgano jurisdiccional, el hecho real al que se atribuye el calificativo de "caso fortuito" o "fuerza mayor".

Al respecto, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha adoptado el criterio de que el caso fortuito es el acontecimiento natural, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación y, la fuerza mayor, es el hecho del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide también, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación.

En este orden de ideas y para el estudio de la causal que nos ocupa, resulta claro que ambos conceptos constituyen excepciones al cumplimiento de la obligación de entregar los paquetes electorales dentro de los plazos legales.

A efecto de abundar en lo que se debe entender como un hecho real al que se atribuye el calificativo de "caso fortuito" o "fuerza mayor", resulta conveniente citar que para el procesalista Rafael Rojina Villegas, el caso fortuito es el acontecimiento natural, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación y, la fuerza mayor, es el hecho del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide también, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación.

Al respecto, existe criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS”.[16]

En este orden de ideas y para el estudio de la causal que nos ocupa, resulta claro que ambos conceptos constituyen excepciones al cumplimiento de la obligación de entregar los paquetes electorales dentro de los plazos legales.

En tal virtud, los únicos casos de excepción permitidos por la ley para que los paquetes electorales puedan entregarse fuera de los plazos señalados, son: 1) que el Consejo Distrital correspondiente acuerde su ampliación para aquellas casillas en donde se considere necesario, siempre que dicho acuerdo se dicte previamente a la celebración de la jornada electoral; y, 2) que exista causa justificada en la entrega extemporánea de los paquetes respectivos, es decir, que medie "caso fortuito o fuerza mayor".

Para tal efecto, el párrafo 1 del artículo 304 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla, se harán conforme al procedimiento siguiente:

a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello; y,

b) El presidente o funcionario autorizado del consejo distrital extenderá el recibo respectivo, señalando la hora en que éstos fueron entregados.

c) El presidente del consejo distrital dispondrá su depósito, en orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del consejo que reúna las condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el día en que se practique el cómputo distrital; y

d) El presidente del consejo distrital, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes de los partidos.

Finalmente, del contenido del párrafo 2 del mismo precepto, se desprende la obligación del consejo distrital de hacer constar en acta circunstanciada la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla y, en su caso, los que se hubieren recibido sin reunir los requisitos que señala la ley sustantiva de la materia.

De la interpretación sistemática y funcional de los numerales antes citados, se desprende que el legislador estableció los requisitos y formalidades que deben contener los paquetes electorales, fijando el procedimiento tanto para su integración como para su traslado y entrega a los consejos distritales respectivos, en el entendido de que dichos actos representan aspectos trascendentes para la clara y correcta culminación del proceso de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del único medio material con que se cuenta para conocer el sentido de la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la ley.

En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los paquetes electorales a los consejos distritales respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios relacionados entre sí, uno temporal y otro material.

I. El criterio temporal, consiste en determinar el tiempo razonable para que se realice el traslado de los paquetes electorales de casilla a los consejos distritales respectivos.

Este criterio se deriva de lo dispuesto en los párrafos 1, 5 y 6 del artículo 299 de la citada ley, que establecen tanto los plazos para realizar la entrega, así como la causa justificada para el caso de su retraso.

En efecto, cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes electorales que contienen la documentación relativa a los resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio de una etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, y tiene como objetivo que los resultados de la votación recibida en casilla puedan ser tomados en cuenta para obtener los resultados preliminares de la elección de que se trate y, en su momento, para la realización del cómputo distrital correspondiente.

II. El criterio material tiene como finalidad que el contenido de los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la autoridad encargada de publicar los resultados preliminares y realizar el cómputo distrital de la elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de los procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y confiables.

Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó que en el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales se observen ciertas medidas de seguridad, lo hizo con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad popular contenido en los mismos. En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, en los casos en que se acredite la entrega extemporánea de los paquetes electorales fuera de los plazos legales, sin causa justificada, esta Sala debe analizar si, de las constancias que obran en autos se desprende que los referidos paquetes evidencian muestras de alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgreda el principio constitucional de certeza.

Además, para tal fin, este órgano jurisdiccional deberá tomar en cuenta el contenido de la jurisprudencia 9/98, cuyo rubro establece: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.[17]

En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia antes invocada y en términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los plazos establecidos en la ley; y,

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada.

Para que se actualice el primero de los supuestos normativos, basta analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás que obran en el expediente, determinándose así el tiempo transcurrido entre la hora en que fue clausurada la casilla y la hora en que fue entregado el paquete electoral en el consejo distrital correspondiente. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse que la entrega de la documentación electoral es extemporánea.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán desvirtuar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad para sostener que, en la entrega extemporánea de los paquetes electorales, medió un acuerdo previo a la celebración de la jornada electoral, o un caso fortuito o de fuerza mayor; valorando todas aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad en estudio, deberá atenderse también al contenido de la jurisprudencia 7/2000, cuyo rubro establece: “ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL. CUÁNDO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA Y SIMILARES)”[18].

En consecuencia, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado, que el paquete electoral permaneció inviolado, ya que al constar los resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión jurídica de los actores, es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en: a) listado de registro de clausura de las casillas instaladas en la jornada electoral; b) recibo de entrega del paquete al consejo distrital; y c) informe de la Presidenta del 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, relativo a la clasificación de las casillas como urbanas o rurales, en virtud del requerimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil quince.

Documentales que al tener el carácter de públicas, y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso a), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla, la clase de casilla, los datos necesarios para computar el plazo de entrega del paquete electoral respectivo, la causa de justificación que se invoque para la entrega extemporánea, así como un apartado en el que se indica si hubo observaciones respecto a la integridad del paquete electoral al momento de su recepción en el consejo distrital.

Del cuadro que antecede, se observa que los paquetes electorales de las casillas 325 básica, 325 contigua 1, 325 contigua 2, 326 básica, 326 contigua 1 y 326 contigua 2, se entregaron dentro del plazo legal de veinticuatro horas por ser casillas no urbanas, es decir, casillas rurales.

En efecto, del citado informe rendido por la Presidenta del 07 Consejo Distrital, se observa que tales casillas se instalaron en zonas rurales, por lo que los plazos para la entrega de los respectivos paquetes electorales es de veinticuatro horas.

En esos términos, del cuadro expuesto líneas arriba, se tiene que la entrega de los paquetes electorales no excedió el plazo referido.

Si bien, en la casilla 326 básica se observa que el tiempo entre la clausura de la casilla y la recepción del paquete fue de veinticinco horas con cuarenta y ocho minutos, lo cierto es que la hora en que se registró la clausura de la casilla no es la correcta.

En efecto, se tiene como hora de clausura de la casilla las dieciocho horas del siete de junio, sin embargo, es muy probable que de manera equivoca se haya registrado como hora de clausura de la casilla, aquélla correspondiente al cierre de la votación.

En el entendido que el cierre de la votación se realiza a las dieciocho horas tal y como lo establece el artículo 285, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que coincide con la hora en que terminó la votación registrada en el acta de la jornada electoral.

Lo cual no debe ser confundido con la hora de la clausura de la casilla, la cual corresponde al momento en que son concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones respectivas (escrutinio y cómputo de los sufragio, el levantamiento de las actas correspondientes de la elección, y la fijación de los resultados) conforme al artículo 298 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ese sentido, si de la documental señalada se desprende que el cierre de la votación culminó a las dieciséis horas, es inconcuso que no puede tenerse dicha hora como aquella en la que se realizó la clausura, y debe concluirse que la clausura aconteció posterior a dicha hora, una vez concluidas las operaciones que deben realizar los integrantes de la mesa directiva de casilla.

Por otra parte, el paquete electoral fue recibido a las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos, excediéndose del plazo por una hora con cuarenta y ocho minutos, tiempo en el que se estima se realizaron todos los actos que hicieron los funcionarios de casilla desde el cierre de la votación hasta la clausura, por lo que es muy probable que el paquete electoral se haya entregado dentro del plazo de 24 hrs. lo que justifica que el paquete electoral se haya entregado fuera del plazo de veinticuatro horas.

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Sala Regional, que de la Lista de ubicación de casillas aprobadas por el Consejo Distrital[19] las seis casillas bajo estudio están enmarcadas bajo secciones de carácter no urbanas, sin embargo, al observar los apartados correspondientes al tipo de casilla, se encuentran clasificadas como urbanas, lo que parece ser una contradicción en el propio documento.

Sin embargo, aun en el caso de estimar que las casillas están clasificadas como urbanas, y que fueron entregadas con posterioridad al plazo legal, sin que exista causa justificada para su retraso, lo cierto es que tampoco puede declarase la nulidad de éstas, pues este órgano jurisdiccional considera que ello no es suficiente para que se actualice la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya que para ello, además de acreditarse los supuestos normativos apuntados, se debe demostrar que se vulneró el principio constitucional de certeza que rige la función electoral.

En la especie, se considera que no se infringió dicho principio, pues de los recibos de entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital, se advierte que, al momento de recibir tal documentación, no tuvieron muestras de alteración que pudiesen generar incertidumbre respecto de la autenticidad de los documentos contenidos en el mismo o cualquier otro vicio o irregularidad evidente que ocasione duda fundada sobre los resultados de la votación recibida en dicha casilla.

Lo anterior encuentra apoyo en la ya citada jurisprudencia 9/98 de rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”[20].

Consecuentemente, al no vulnerarse el principio de certeza que rige la función electoral, se estima como infundado el motivo de disenso de los impetrantes.

1.3. Causal de nulidad prevista en el inciso k) del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los actores señalan que existieron irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas.

Para efectos de determinar si se actualiza la causal de nulidad aducida por los actores, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal.

De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el artículo 75 de la ley adjetiva electoral, se advierte que, en los incisos a) al j) de su párrafo 1, se contienen las causas de nulidad de votación recibida en casilla consideradas específicas.

Las referidas causas, se encuentran identificadas por un motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo y lugar, para el efecto de que se tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla.

Por otra parte, el inciso k) de dicha norma, prevé una causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla que forzosamente deberá ser diferente a las enunciadas en los incisos que le preceden, ya que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos normativos distintos.

Este criterio tiene su sustento en la jurisprudencia 40/2002 de rubro “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA”.[21]

En este orden de ideas, los supuestos que integran la causal en estudio, son los siguientes:

a) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar apoyadas con los elementos probatorios conducentes.

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral.

c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y

d) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y cualitativo.

Sirve de apoyo la tesis XXXII/2014 de rubro: “NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA. (Legislación del Estado de México y Similares)”.[22]

Cabe señalar, que si bien se ha utilizado en diversos casos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una elección, es necesario advertir que esos no son los únicos viables, sino que puede acudirse también a otros criterios, si se han conculcado o no de manera significativa, uno o más de los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 39/2002, cuyo rubro es “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”.[23]

Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de votación recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del primer domingo de junio del año de la elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que aquellas no sean reparables en esta etapa.

En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las irregularidades a que se refiere el inciso k) del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas del primer domingo de junio del año de la elección, siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, durante ésta o después de la misma, siempre y cuando repercutan directamente en el resultado de la votación.

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de nulidad específicas contenidas en los incisos del a) al j), del párrafo 1 del artículo 75 de la ley adjetiva que se consulta, en manera alguna podrán configurar la causal de nulidad genérica.

Ahora, los actores se duelen de que en diversas casillas existieron irregularidades graves plenamente acreditadas, y no reparables durante la jornada electoral que en forma evidente, pusieron en duda la certeza de la votación y es determinante para el resultado de los comicios; debido a que en todas las casillas en las que fue entregado al 07 Consejo Distrital el respectivo paquete electoral, toda vez que una vez clausuradas las casillas, dicha entrega fue realizada por funcionarios administrativos pertenecientes a dicho órgano electoral, se tiene por infundado.

El artículo 299, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que los consejos distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea.

Asimismo, en el párrafo 4 del precepto mencionado, dispone que los consejos distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección de la documentación de las casillas cuando fuere necesario en los términos de esta Ley. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen hacerlo.

Acorde a ello, el 07 Consejo Distrital emitió el acuerdo A19/INE/OAX/07CD/28-04-2015, de veintiocho de abril de dos mil quince, por el que aprobó el establecimiento de mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas electorales que se instalaron el siete de junio de dos mil quince, y por el que se designó a los funcionarios responsables y de apoyo a cada mecanismo aprobado.

De tal documento se aprobó la instalación de tres Centros de Recepción y Traslado fijos -comúnmente conocidos como centros de acopio-, así como la designación de los responsables y personal auxiliar de dichos centros, en los que se recibiría doscientos setenta y seis paquetes electorales.

Posteriormente, en sesión extraordinaria de veintidós de mayo del presente año, el 07 Consejo Distrital Electoral emitió el acuerdo A25/INE/OAX/07CD/22-05-2015, por medio del cual se modificaron los medios para la recolección de la documentación de las casillas electorales que se instalarían el siete de junio del pasado, y se designó a los funcionarios responsables y de apoyo de cada mecanismo aprobado.

En dicho acuerdo se estableció que se instalarían 20 centros de recolección y traslado itinerantes a fin de recolectar doscientas setenta y dos paquetes electorales.

A su vez, se aprobaron ciento seis dispositivos de apoyo para el traslado de presidentes de mesa directiva de casilla.

Para tales mecanismos, se fijaron, entre otros, los siguientes lineamientos:

        Los funcionarios responsables de los centros de recepción y traslado elaborarían un listado de los paquetes electorales y sus expedientes de acuerdo al número de casillas de que se tratara.

        Los funcionarios responsables de cada dispositivo de apoyo para el traslado de presidentes de mesa directiva de casilla, elaborarían un listado de las personas trasladadas, así como el número de casillas a que correspondían.

        El funcionario responsable de cada uno de los centros de recepción y traslado extendería acuse de recibo a los presidentes de las mesas directivas de casilla, señalando la hora de la entrega.

        Los paquetes recolectados estarían resguardados momentáneamente en el centro de recepción y traslado, y posteriormente serían trasladados en los vehículos asignados para el caso, para ser trasportados a la sede del consejo distrital.

        Según las características del vehículo, los paquetes electorales serían trasladados al Consejo Distrital, en todos los casos, bajo la responsabilidad de un funcionario designado por el propio Consejo Distrital. Para tal efecto, podrán acompañarlo por sus propios medios los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes previamente acreditados, así como los observadores electorales, siempre y cuando no entorpezcan u obstaculicen el traslado de la documentación.

De igual manera, en el acuerdo de referencia se determinó que los centros de recepción y traslado contarían con un responsable y personal auxiliar para garantizar el funcionamiento y la adecuada vigilancia del mismo designando para tales cargos a capacitadores electorales y supervisores asistentes electorales.

Ante dicho panorama, es claro que la entrega de los paquetes electorales por funcionarios electorales distintos a los integrantes de las mesas directivas de casilla, es una cuestión permitida en la legislación electoral y, que en el caso, fue acordado con antelación por el Consejo Distrital, sin que los actores demuestren que dicho acuerdo fue controvertido.

Así, la recepción de doscientos setenta y dos paquetes electorales se entregarían en los referidos centros, y posteriormente éstos serían remitidos por los funcionarios responsables y personal auxiliar, al respectivo Consejo Distrital.

De ahí que en parte, este previamente contemplado que los paquetes electorales sean entregados por funcionarios diversos a los Presidentes de casillas.

Atendiendo a lo anterior, en el caso se recibieron en los centros de acopio itinerantes doscientos catorce paquetes electorales, sin muestras de alteración alguna, lo que conlleva a concluir que aproximadamente el 69.9% de la paquetería electoral fue recibida válidamente.

Por lo que hace a los paquetes electorales restantes, si bien no fueron entregados a los centros aludidos, lo cierto es que, de un análisis de los noventa y dos recibos de entrega de la paquetería restante, se observa que fueron entregados por supervisores electorales o por capacitadores asistentes electorales[24].

Al respecto, el artículo 303, párrafo 2, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que entre las funciones de los capacitadores y supervisores asistentes electorales, estará el de auxiliar a las juntas y consejos distritales en los trabajos de traslado de los paquetes electorales, apoyando a los funcionarios de mesa directiva de casilla.

En ese sentido, es claro que la legislación sustantiva federal permite la intervención de funcionaros diversos a los integrantes de las casillas, como es el caso de capacitadores y supervisores, a fin de apoyar a los funcionarios de las mesas directivas, lo que podría ser inclusive la entrega de los paquetes electorales.

Máxime, que el artículo 299, párrafo 1, de la legislación citada, establece que una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla; lo que debe entenderse que puede hacerse en forma personal o designar a los funcionarios que deben hacer la entrega correspondiente, en virtud de que el referido artículo no les exige como obligación a dichos funcionarios la entrega del paquete electoral personalmente.

Robustece lo anterior, la tesis LXXXII/2001, que lleva pro rubro: “PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE CASILLA PUEDE REALIZAR PERSONALMENTE LA ENTREGA O AUXILIARSE DE LOS ASISTENTES ELECTORALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES)[25]”.

Robustece lo anterior, que en los recibos extendidos por la entrega de los noventa y dos paquetes electorales, se asentó que no existieron muestras de alteración o violaciones de seguridad. Por lo tanto, la citada causal de nulidad no se actualiza.

1.4. Diversas causales de nulidad previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los actores, primeramente, aducen que se actualiza la causa de nulidad de votación recibida en casilla, según lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que se ejerció violencia o presión sobre el electorado debido a los hechos vandálicos provocados por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE-, sección XXII, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, dentro del marco de boicot a las elecciones federales, por lo que se inhibió la participación ciudadana.

Así también, aducen que en ciento treinta y nueve casillas se impidió, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de votar a la ciudadanía, debido a que éstas fueron siniestradas por diversas circunstancias, actualizándose la causal prevista en el inciso j), del precepto citado.

Por último, los actores se duelen de que en diversas casillas existieron irregularidades graves plenamente acreditadas, y no reparables durante la jornada electoral que en forma evidente, pusieron en duda la certeza de la votación y fue determinante para el resultado de los comicios; debido a que en la jornada electoral, se dieron hechos de vandalismo, robo, quema y destrucción de boletas, así como de diversa paquetería electoral.

En esencia, los actores sustentan las causales anteriormente referidas, en el hecho de que el siete de junio pasado, se llevaron a cabo diversas irregularidades y actos de violencia que incidieron en el desarrollo de la jornada electoral.

Los agravios se tiene por inoperantes, debido a que se refirieren a las ciento treinta y nueve casillas siniestradas a las que hacen alusión comúnmente, se concluye que dichas casillas no fueron tomadas en consideración al momento del cómputo distrital, tal y como se deprende de la copia certificada del Acta: 19/EXT/07-06-2015, levantada por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con motivo de la sesión extraordinaria de jornada electoral; documental que tiene el carácter de pública con valor probatorio pleno en términos de los artículos 14, párrafos 1, inciso a), y 4, así como 16, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sin que exista probanza o alegación en contrario.

Como ha quedado asentado, de dicha probanza se desprende que la votación recibida en tales casillas no se tomó en consideración al momento de realizar el cómputo distrital, pues al estimarse que contaban con irregularidades, fueron registradas como no entregadas, lo cual conlleva a concluir que la votación de dichas casillas no se computó.

Lo anterior encuentra sustento además, con el oficio INE/OAX/CD07/SC/0046/2015, de diecisiete de julio de dos mil quince, emitido por la Consejera Presidenta del Consejo responsable, del cual se desprende que las ciento treinta y nueve casillas a las que hacen alusión los actores, no fueron tomadas en consideración al momento de realizar el cómputo distrital.

En esa tesitura, es claro que tales casillas no se incluyeron en la sumatoria distrital y por ende, no es posible declarar la nulidad de la votación de casillas que no fueron tomadas en consideración.

No pasa inadvertido que los actores mencionan que tal causal de nulidad se actualiza en diversas casillas, las cuales, a su dicho, se encuentran en el apartado de hechos de sus respectivas demandas.

No obstante, al realizar un análisis de los hechos a que hacen alusión los actores, se colige que en diferentes puntos de su narrativa, enlistan o citan diversas casillas, de forma separada y sin que se advierta su conexión con el agravio bajo estudio, es decir, no existe claridad sobre cuáles de las casillas asentadas se refiere el accionante al remitir a los hechos.

En el caso de que la intensión de los incoantes sea que se analicen todas las casillas que son referidas en los hechos, se tiene que las veintidós casillas enlistadas en sus respectivos apartados de hechos en las demandas de los expedientes SX-JIN-90/2015 y SX-JIN-92/2015, no pueden ser atendidas bajo un estudio de nulidad, debido a que los propios actores señalan que éstas no se instalaron, lo cual es un hecho reconocido por la propia parte actora, en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Partiendo de esta premisa, se estima que no es posible que se estudien dichas casillas bajo los supuestos de nulidad, debido a que no fueron instaladas.

Lo mismo acontece con las ocho casillas que precisan en el punto tres de los hechos descritos en las demandas ya aludidas, pues tales casillas pertenecen al municipio de San Francisco del Mar, las cuales tampoco se instalaron.

Esto es así, pues de la copia certificada del Acta: 18/EXT/06-06-2015, correspondiente a la sesión celebrada el seis de junio de dos mil quince por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, documental que cuenta con el carácter de pública con valor probatorio pleno, se desprende que debido a causas supervenientes, se decidió ajustar la ubicación de las casillas, dando de baja las correspondientes a San Francisco del Mar.

En ese tenor, tales casillas no fueron instaladas y consecuentemente, no fueron tomadas en consideración al momento de realizar el cómputo distrital.

De ahí que se califiquen de inoperantes los agravios, pues se estudiaran en el apartado respectivo de nulidad de elección.

2. NULIDAD DE ELECCIÓN.

2.1. Irregularidades en casillas.

Los actores sostienen que la elección del 07 distrito electoral federal debe anularse porque, en primer término, señalan que el consejo responsable con anterioridad a la jornada electoral, indebidamente determinó la no instalación de treinta casillas el día de las elecciones, y por otro lado, aducen que acontecieron diversas irregularidades en ciento treinta y nueve casillas, que impidieron la recepción de la votación.

2.2. Pretensión.

Por lo anterior, los impetrantes piden que se declare la nulidad de la elección y se ordene la realización de comicios extraordinarios.

2.3. Marco normativo. Es necesario un marco normativo que dé las bases jurídicas del estudio respectivo.

2.3.1. Finalidad de la nulidad de las elecciones. Para entender la finalidad, se abordaran distintos sub apartados.

2.3.1.1. Análisis de las reformas constitucionales y legales.

El veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de las reformas aprobadas se encontraban las relativas al artículo 41 constitucional, en cuya base V, se estableció que:

…Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

En el Dictamen presentado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión[26], correspondiente a esa reforma, se explicó que se pretendía establecer lo relativo al sistema de medios de impugnación en conexión con la nueva figura del Tribunal Electoral, con el fin de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, así como la debida protección de los derechos políticos de los ciudadanos.

Si bien es cierto que en las reformas al artículo 41 constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los días seis de abril de mil novecientos noventa y tres de septiembre de mil novecientos noventa tres, ya contemplaban la existencia de un sistema de medios de impugnación, éste se limitaba al control de la legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, de tal modo, la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis introdujo, entre otras cuestiones relevantes, que dicho sistema garantizara la constitucionalidad de los actos y resoluciones en materia electoral y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Una de las consecuencias de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis fue la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis[27], mediante la cual se pretendía, entre otras cuestiones, expedir esa ley, se señaló que era necesaria para garantizar el estricto cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad en materia electoral, así como la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos.

Al referirse al tema de las nulidades, se precisó que si bien se mantuvieron algunas instituciones procesales de las legislaciones electorales anteriores, se introducirían las adecuaciones necesarias para que el sistema impugnativo no sólo garantizara la legalidad de los actos y resoluciones electorales, sino también el principio de constitucionalidad.

Respecto al tema de nulidad de las elecciones de diputados federales y senadores se razonó que se retomarían las que establecía la legislación electoral federal, y se precisó que la anulación por inelegibilidad de candidatos sólo tendría lugar cuando los dos integrantes de la fórmula respectiva que obtuvieron la constancia de mayoría resulten inelegibles. Y que se consideraba necesario conservar la causal genérica de nulidad, para que las salas del tribunal, con un margen mucho más amplio de apreciación, pudieran declarar la nulidad de una elección de diputados o de senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral que sean determinantes para el resultado.

En dicha iniciativa se propuso, que en el artículo 76 de tal ley, se establecieran como causas de nulidad de la una elección de diputados de mayoría relativa en un distrito uninominal las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate; o

b) Cuando no se instalen las casillas en el veinte por ciento de las secciones en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida o

c) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.

La redacción de esas causales de nulidad de la elección se aprobaron íntegramente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se advierte de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis.

Como se ve, la reforma constitucional aludida tuvo como finalidad desarrollar un sistema de medios de impugnación en materia electoral que, además de garantizar la legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, también protegiera el cumplimiento del principio de constitucionalidad y la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Asimismo, se advierte que la implementación de las distintas causas de nulidad de las elecciones también tuvo esos mismos fines, es decir, la protección de los principios de constitucionalidad, legalidad y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.

Posteriormente, en dos mil siete, se llevó a cabo una nueva reforma constitucional[28] que modificó el artículo 99. Dentro de las modificaciones que se realizaron a tal disposición, se estableció que las Salas Superior y Regionales del Tribunal sólo podrían declarar la nulidad de la elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Constitucionales, de la Cámara de Senadores, en relación a la iniciativa que dio origen a la reforma aludida, se expuso que la reforma al artículo 99 constitucional, en la parte indicada, tenía como fin que las causas de nulidad se ciñeran a las precisadas en la ley, sin que se pudiera establecer por jurisprudencia causales distintas, y que, en su oportunidad, en la ley se establecerían causas de nulidad de la elección presidencial y otras causas de nulidad de las elecciones de diputados y senadores.

Por su parte, en el Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, ambas de la Cámara de Diputados, relativo a la reforma constitucional aludida, expusieron, sobre el tema, que con tal reforma no sería posible crear causas de nulidad de la elección fuera de la ley.

Por su parte, en la exposición de motivos del Decreto publicado el primero de julio de dos mil ocho, que reformó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se precisó que las reformas al sistema de medios de impugnación tenían como finalidad que el apego a las causales de nulidad expresamente establecidas en la ley, y se explicó que sólo se harían las adecuaciones necesarias, por lo que se mantendrían las causas de nulidad vigentes y las condiciones que deben cumplirse para su aplicación, en especial el criterio de determinancia, derivado del principio universal que el voto ciudadano, en tanto expresión individualizada de la soberanía del pueblo, es el valor número uno a tutelar por todo sistema de justicia electoral que se inspire en valores democráticos.

Respecto a las causales de nulidad de la elección de diputados federales, en el Diario Oficial de la Federación de primero de julio  de dos mil ocho, se advierte que se modificaron a los incisos a) y b) del artículo 76, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para quedar como sigue:

Artículo 76

1...

a) Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

b) Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

A diferencia del texto original, la primera causal, consistente en que se actualice la nulidad de casillas en el veinte por ciento de las instaladas en el distrito, se modificó para añadir que esa circunstancia ocurriría siempre y cuando las irregularidades no se corrigieran durante el recuento de votos.

En el caso de la causal de nulidad de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa prevista en el inciso b), del artículo citado, se precisó que, ésta se actualizará cuando no se instalen casillas en el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito correspondiente, pues en el texto original ese porcentaje se actualizaba respecto de las secciones del distrito.

A juicio de esta Sala Regional, los dictámenes y exposición de motivos citados, ponen de relieve que una de las razones de la reforma constitucional aludida fue reforzar, nuevamente, la tutela del principio de legalidad, de modo que las autoridades electorales, en el ejercicio de sus atribuciones y en sus respectivas competencias, al analizar la nulidad de una elección, se ciñeran a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes atinentes. Ello con el fin último de que el sistema de nulidades privilegiara la protección del derecho de los ciudadanos al voto de forma individual y, principalmente, de forma colectiva, al conformar la voluntad popular.

Incluso, esa intención de proteger la voluntad popular se ve reflejada en la reforma al artículo 76, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al añadir que las deficiencias en las casillas podrían ser depuradas en el recuento, por lo que, solo procede la causal de nulidad de la elección por actualizarse la nulidad del veinte por ciento de las casillas del distrito, siempre y cuando, esa circunstancia no se corrigiera con el recuento.

De igual forma tal intención se prevé en la causa de nulidad genérica prevista en el artículo 78 del mismo ordenamiento, al establecer que se actualiza ante violaciones generalizadas y sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, plenamente acreditadas y que sea determinantes para el resultado de la elección.

Asimismo, este Tribunal Electoral ha establecido como parte del sistema de nulidades, la violación a los principios constitucionales en una elección, cuando ésta sea sustancial o generalizada, se encuentre plenamente acreditada y sea determinante.

Por su parte, en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de febrero de dos mil catorce, se advierte que en la base VI, párrafo III, del artículo 41 de la Ley Fundamental, se determinó que la ley establecería el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos de que a) se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos previstos por la ley; y c) cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en campañas. Lo cual se complementa con el artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sobre esa reforma, en el “DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; DE REFORMA DEL ESTADO; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL”[29], se señaló que era necesario establecer bases generales que generaran certidumbre sobre las causas para declarar la nulidad de las elecciones federales y locales. Y que desde el texto constitucional se establecerían los parámetros que debería atender el legislador al regular causales de nulidad por violaciones sistemáticas a los límites máximos de los gastos de campaña. Igualmente, se precisó que dicha nulidad se actualizaría cuando se acredite de forma objetiva y material la infracción y la misma fuera causa determinante del resultado.

En el caso de esta última reforma constitucional, se advierte la intención de generar bases de certeza para declarar la nulidad de las elecciones federales y locales. De igual forma, respecto a las causales de nulidad previstas en ese artículo, se estableció la necesidad de que fueran determinantes.

De lo hasta aquí expuesto, se puede advertir que lo siguiente:

1. El sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene como una de sus finalidades primordiales garantizar que todos los actos y resoluciones en materia electoral se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como proteger los derechos político electorales de los ciudadanos.

2. El sistema de nulidades –en este caso las causales de nulidad de la elección- se insertan dentro del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

3. Las nulidades en materia electoral son una sanción por la cual a un acto jurídico se le priva de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han respetado los fines asignados por el legislador, entiéndase el bien jurídico tutelado; hay nulidad de votos (por ejemplo, puede tener lugar al momento de realizar un nuevo escrutinio y cómputo ordenado por un órgano jurisdiccional, en donde se verifica la calificación de los votos uno a uno); y por excelencia, las previstas en las causales de nulidad de votación recibida en casilla y las causales de nulidad de elección. Así, un acto jurídico producirá todas sus consecuencias de Derecho, en la medida en que lo garantiza el “principio de conservación de los actos válidamente celebrados”.

4. De los dictámenes y exposiciones de motivos expuestas se advierte, que uno de los valores fundamentales que deben proteger el sistema de medios de impugnación en materia electoral y de nulidades es la voluntad popular y uno de los mecanismos para lograr ese fin es la determinancia.

Hasta aquí, se expone lo relativo a la evolución de la figura de la nulidad de elección –principalmente de diputados federales por el principio de mayoría relativa- desde la reforma constitucional que dio origen a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, hasta la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce que introdujo específicamente nuevas causas de nulidad de la elección.

Para comprender de mejor forma cuál es la finalidad de la nulidad de una elección, es necesario exponer cuáles son los principios qué generalmente se deben tutelar en una elección, sin el afán de hacer una catálogo limitativo de éstos, pues como es sabido, el principio de constitucionalidad exige que todos los actos y resoluciones, en general se ajusten a todas las disposiciones constitucionales, por lo que únicamente se expondrán aquellos que, generalmente, son relevantes para los procesos electorales.

2.3.1.2. Principios tutelados por el sistema de nulidades.

Como se vio de manera general en el apartado anterior, la finalidad del sistema de nulidad, al igual que el sistema de medios de impugnación en materia electoral, es tutelar los principios de constitucionalidad y legalidad, así como los derechos políticos de los ciudadanos, especialmente, el de votar cuando se convierte en voluntad popular.

A continuación, se establecerán los principios que, generalmente, deben cumplir las elecciones, pues si como se dijo, el sistema de nulidades tiene como fin proteger los principios de constitucionalidad, legalidad y los derechos político-electorales de los ciudadanos, por consecuencia, la finalidad de ese sistema es tutelar los valores constitucionales que deben respetarse en todas las elecciones.

En efecto, la Sala Superior[30] de este tribunal ha razonado, sin hacer un catálogo limitativo, que los principios que deben regir a los procesos electorales son los siguientes:

• Los derechos fundamentales a votar, ser votado, de asociación y de afiliación, en cuanto que tienen la estructura de principios (artículos 35, fracciones I, II y III, y 41, párrafo segundo, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

• Tener acceso, por todos los ciudadanos, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del país (artículos 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

• El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas (artículos 41, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

• El principio del sufragio universal, libre, secreto y directo (artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo segundo; y 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

• El principio de maximización de la libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones (artículos 6 y 7 de la Constitución; 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

• Principio conforme al cual los partidos políticos nacionales deben contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades (artículo 41, párrafo segundo, base II, de la Constitución).

• Principio de equidad en el financiamiento público (artículos 41, párrafo segundo, base II, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución).

• Principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado [artículo 41, párrafo segundo, base II, de la Constitución].

• Principio conforme al cual la organización de las elecciones debe llevarse a cabo mediante un organismo público dotado de autonomía e independencia (artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución).

• Principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad (artículos 41, párrafo segundo, base V, párrafo primero; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución).

• Principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales (artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución).

• Derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral (artículos 17; 41, párrafo segundo, base VI, y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

• Principio de definitividad en materia electoral (artículo 41, párrafo segundo, base VI; y 116, fracción IV, inciso m, de la Constitución).

• Principio de equidad de la competencia entre los partidos políticos (artículo 134, en relación con el 41, párrafo segundo, base II, de la Constitución).

• Principio conforme con el cual sólo la ley puede establecer nulidades (artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución).

Los principios señalados permean todo el ordenamiento jurídico, constituyendo requisitos de validez sustancial de la legislación y criterios interpretativos del conjunto del ordenamiento.

Dado el carácter normativo de la Constitución, los principios anteriores resultan vinculantes y, por lo tanto, constituyen condiciones o elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección sea considerada constitucionalmente válida[31].

Ahora bien, esta Sala Regional considera que para analizar el tema que nos ocupa, es necesario explicar en qué consisten y cuáles son las dimensiones de los derechos fundamentales de votar y ser votado, en concatenación con la necesidad de que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas, así como el principio de legalidad.

2.3.1.3. Derecho de votar y su relación con el principio de elecciones libres y auténticas.

El sistema democrático representativo que sustenta el Estado Mexicano, emerge de elecciones libres y auténticas que tienen como premisa fundamental el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de voto activo en condiciones de libertad e igualdad, cuyo fin es dotar de legitimidad a quienes han de acceder a los cargos de representación popular, por haber sido elegidos democráticamente.

En efecto, en los artículos 39 y 40, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana de él y se instituye para su beneficio. Asimismo, prevé que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, siendo su voluntad constituirse en una República representativa, democrática y federal, establecida según los principios de la propia Ley Fundamental.

Para alcanzar esa finalidad, en el texto constitucional se contienen diversas disposiciones sobre las cuales descansa la organización del Estado, la forma de integrar los poderes públicos de representación popular, así como aquellas normas destinadas al adecuado ejercicio de los derechos de los gobernados, en particular, de los político-electorales tendentes a garantizar la realización y plena eficacia del régimen representativo y democrático que el pueblo ha adoptado.

Por su parte, el artículo 41, segundo párrafo, de la Constitución, prevé que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, se debe realizar mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

En relación a lo anterior, la base I, segundo párrafo del artículo constitucional citado reconoce que el ejercicio del derecho al sufragio debe ser de manera universal, libre, secreta y directa, porque en éste se encuentra inmersa la manifestación de la voluntad del ciudadano externada el día de la jornada electoral.

Así, por mandato de la Constitución, las elecciones auténticas,  libres y periódicas, el voto emitido en condiciones de libertad e igualdad, así como su asignación a quien se vio favorecido con la voluntad popular, se elevan como parte de los ejes rectores sobre los cuales yace la democracia representativa.

En esas condiciones, debe protegerse el derecho fundamental de los electores de sufragar en condiciones de absoluto convencimiento y libertad, conforme a su idiosincrasia.

Al respecto, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado en su Observación General No. 25, que de conformidad con el apartado b), del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las elecciones deben ser libres y equitativas, y celebrarse periódicamente en el marco de disposiciones jurídicas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de voto y, por tanto, las personas con derecho de voto deben ser libres de votar “sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los electores. Estos deberán poder formarse una opinión de manera independiente, libres de toda violencia, amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo.”[32]

En efecto, la injerencia indebida de cualquier sujeto dirigida a alterar la voluntad del electorado, o bien, a inhibir la participación de los ciudadanos, se opone de manera directa al derecho de base constitucional de todos los ciudadanos de emitir su voto en forma libre y razonada, en términos de lo que mandata el citado artículo 41 constitucional.

Lo anterior, porque del marco constitucional se advierte que el bien tutelado por la Constitución Federal es la libertad del sufragio, en consecuencia, ha de evitarse o inhibirse, incluso, detener o paralizar cualquier conducta o comportamiento que lo haga vulnerable o pueda poner en riesgo la libre elección de los gobernantes.

Esta libertad se puede poner en riesgo, inclusive, anularse, cuando los actores políticos llevan a cabo actos encaminados a impedir que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes.

Como se ve, es indispensable la protección del sufragio activo porque, entre otras cuestiones, en su dimensión colectiva, permite el ejercicio de la soberanía popular, pues representa el medio para que la ciudadanía elija a sus representantes

Así, la tutela del voto y de elecciones libres y auténticas permite que exista correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección, lo cual implica la ausencia de interferencias que distorsionen la voluntad de los electores.

Además, como se expuso en la parte correspondiente a la evolución de la nulidad de las elecciones en la norma constitucional y en las elecciones, uno de los principios más importantes en el derecho electoral es la protección de la voluntad popular, pues sólo de esta forma se pueden nombrar a los representantes populares, lo cual, resulta ser la base del Estado democrático.

2.3.1.4. Derecho a ser votado.

El artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que son derechos de los ciudadanos, entre otros, poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Como se ve, la Ley Fundamental reconoce el derecho de los ciudadanos a ser votados para todos los cargos de elección popular, sin embargo, para poder ejercerlo se deben tener las calidades que establezca la ley.

En el plano internacional, en el artículo 25, párrafo primero, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se dispone que todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones indebidas, del derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

En el artículo 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también se reconoce el derecho de los ciudadanos a ser votados, en términos similares al Pacto Internacional citado.

En el párrafo 2, del referido artículo de la Convención Americana, se añade que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

De tal forma, la Constitución Federal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana reconocen al derecho a ser votado con el carácter de derecho fundamental.

Es importante recordar que, la Sala Superior ha determinado, por jurisprudencia, que el derecho a votar y ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos[33].

En ese sentido, cuando a una persona electa para determinado cargo se le impide su ejercicio, no se afecta únicamente, el derecho a ser votado, sino que se afecta el derecho de los ciudadanos que votaron por tal opción y conformaron la voluntad popular.

2.3.1.5. Principio de legalidad.

La Sala Superior[34] ha sostenido que el principio de legalidad se enmarca, entre otras disposiciones, por lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si bien, cualquier acto de autoridad debe cumplir con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, la forma de satisfacerlas debe ser acorde a la naturaleza particular del acto.

Así, ha señalado que conforme con el principio de legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las disposiciones legales aplicables.

En ese sentido, el principio de legalidad en materia electoral significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

En la legislación electoral podemos encontrar mandatos a los actores políticos para respetar el principio de legalidad. En efecto, el artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, dichos institutos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y derechos de los ciudadano.

Como se ve, esa disposición obliga a los partidos, militantes y candidatos a ser quienes deben dirigir su actuar bajo el cumplimiento de la normativa electoral.

Sin embargo, el principio de legalidad, al ser una norma fundamental, ostenta supremacía normativa y por ello irradia todo el orden jurídico nacional, de tal suerte que todas las normas y actos, para que sean válidas deben cumplir con dicho principio

Por ende, la obligación de cumplir con la ley no es privativa de partidos políticos, militantes y candidatos, pues no podría concluirse que determinados sectores de la sociedad estén facultados para violentar el principio de legalidad y escapen del cumplimiento de las normas constitucionales y legales -por ejemplo, al impedir la participación de los ciudadanos en las elecciones- pues una interpretación de este tipo llevaría al absurdo de concluir que ciertos grupos sociales no están sujetos a respetar los principios y valores constitucionales.

Prueba de que la ciudadanía en general está obligada a cumplir con los principios constitucionales y legales que rigen las elecciones, en su ámbito, es la tipificación de algunas conductas como delitos. Por ejemplo, el artículo 7, fracciones IV, XIV y XVI, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, penaliza a quien realice las siguientes conductas:

• Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.

• Impida, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de una casilla.

• Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Como se ve, la disposición anterior, no limita la aplicación de sanciones a partidos político, militante o candidatos, sino a cualquier persona que lleve a cabo las conductas antijurídicas citadas.

En concatenación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que pueden existir actos, omisiones o hechos de particulares que violenten derechos humanos de otros particulares, y que éstos no son automáticamente atribuibles a los Estados, sino que deben valorarse las circunstancias de cada caso[35].

En atención a lo anterior, se demuestra, nuevamente, que los particulares o distintos grupos sociales pueden llevar a cabo conductas que vulneren el principio de legalidad en el contexto de una elección constitucional. Por ende, éstos están obligados por la propia normativa a desplegar su conducta dentro del marco legal.

Precisados los principios y valores constitucionales aludidos, esta Sala Regional considera indispensable reiterar que el sistema de medios de impugnación y, por tanto, el sistema de nulidades que se inserta dentro de él tiene como finalidad asegurar la vigencia de los principios y valores constitucionales que se exigen para que los votos se emitan válidamente y puedan generar la voluntad popular que da lugar a la elección de los representantes.

Ya que se ha explicado la finalidad del sistema de nulidades a la luz de los principios y valores constitucionales, se considera oportuno analizar los elementos que conforman las causales de nulidad planteadas por los actores. Desde este momento, es conveniente precisar que uno de los requisitos para que se actualicen esas causales es la determinancia. Así, al ser este un requisito común en las causales de nulidad de la elección que se explicarán, se analizarán después de que se hayan expuesto los otros elementos que integran las causales de nulidad invocadas.

2.3.1.6. El elemento determinancia en las causales de nulidad.

Para que se actualice la nulidad de una elección bien sea por los supuestos jurídicos establecidos en los artículos 76, párrafo 1, incisos a) o b), 78, 78 bis o por violación a los principios constitucionales, es necesario que se pruebe la existencia de una irregularidad o conjunto de ellas, cuya consecuencia sea la vulneración significativa a los principios que rigen las elecciones[36], es decir, se requiere que se reúna el requisito de la determinancia, el cual es un elemento que siempre debe analizarse en cualquiera de los supuestos de nulidad que sean planteados.

Precisado lo anterior, se analizará si la elección cuestionada merece ser validada o anulada, y en primer término, lo relativo a la determinación del Consejo responsable de no instalar treinta casillas previo a la jornada electoral.

2.4. Determinación del Consejo Distrital previo a la jornada electoral.

En los juicios de inconformidad con las claves SX-JIN-90/2015 y SX-JIN-92/2015, se alega que con anterioridad a la jornada electoral, el consejo distrital responsable determinó la no instalación de veintidós casillas de cuatro comunidades, las cuales se enlistan en seguida:

A su vez, señalan que el veintiocho de mayo de dos mil quince, también se determinó ilegalmente la no instalación de ocho casillas en el municipio de San Francisco del Mar.

El agravio es infundado, por las razones que a continuación se mencionan.

En lo que respecta a las casillas 1988 básica y contigua 1 y 1989 básica, de las actas de jornada electoral respectivas, se observa que éstas fueron debidamente instaladas y cerradas en la jornada electoral.

En lo que toca a la casilla 1989 contigua 1, se tiene que no fue contemplada desde un inicio para ser instalada en los comicios celebrados el siete de junio pasado, conforme se expone a continuación.

El artículo 256, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la ubicación de las casillas para la elección correspondiente.

En cumplimiento a dicho precepto, el 07 Consejo Distrital en Juchitán de Zaragoza emitió el acuerdo A13/INE/OAX/07CD/02-04-2015, en sesión extraordinaria de dos de abril de la presente anualidad, en el cual aprobó el listado con el número y ubicación de doscientas veintisiete casillas básicas y doscientas siete casillas contiguas, que habrían de instalarse el siete de julio pasado.

Del listado referido se observa que la casilla 1989 contigua 1 no se encuentra referida, lo que lleva a concluir que ésta no fue contemplada para su instalación desde la aprobación inicial del listado de casillas que funcionarían en la jornada electoral. Por lo que es incorrecta la afirmación de los actores de que no fue instalada.

Por cuanto a las dieciocho casillas restantes del primer cuadro, no les asiste la razón a los actores puesto que, del acuerdo A30/INE/OAX/07CD/28-05-2015, aprobado por el 07 Consejo Distrital en el estado de Oaxaca mediante sesión permanente de veintiocho de mayo de dos mil quince, por el cual se hicieron los ajustes a la ubicación de casillas, por causas supervenientes, se obtiene lo siguiente:

        Que era imposible la instalación de las casillas 1119 básica, contigua 1 y contigua 2, debido a que la comunidad manifestó su posición de no participar en el proceso electoral federal 2014-2015, para la renovación de integrantes de la Cámara de Diputados federales, y que el veinte de mayo del presente año una comitiva intentó capacitar a los ciudadanos pero se les solicitó la salida de inmediato de la localidad.

        Que en las casillas 1987 básica y contigua 1, correspondientes a Santiago Choapam, no existían las condiciones para llevar a cabo los trabajos del proceso electoral, pues presentada dicha acción ante la comunidad, se tuvo como respuesta que no existían las condiciones para ello.

        Que en las casillas 838 básica, contigua 1 y contigua 2, 839 básica y contigua 1, y 840 básica y contigua 1, del municipio de San Dionicio del Mar, no existieron las condiciones para la integración e instalación de las casillas debido a la posición asumida por los habitantes de la localidad.

        Que en las casillas 330 básica, contigua 1 y contigua 2, y 331 básica, contigua 1 y contigua 2, ya no pudieron instalarse derivado de la posición asumida por las autoridades y los habitantes de la localidad de Álvaro Obregón, los cuales solicitaron que no se diera una intervención del Instituto Nacional Electoral para la preparación de las elecciones de dos mil quince.

En resumidas cuentas, las anteriores circunstancias llevaron a que el consejo responsable, durante la etapa de preparación del proceso electoral, diera de baja dichas casillas, puesto que no existieron las condiciones para integrarlas e instalarlas.

La misma circunstancia se dio en las ocho casillas pertenecientes al municipio de San Francisco del Mar, puesto que, mediante acuerdo A33/INE/OAX/07CD/06-06-2015, que aprobó los ajustes a la ubicación de casillas por causas supervenientes, se determinó dar de baja a tales casillas debido a que, mediante asamblea se acordó que no se podrían instalar las casillas, por lo que no existieron las condiciones para llevar a cabo la instalación de las mesas directivas.

Así, en las veintiséis casillas que fueron dadas de baja, se tiene que fue la propia ciudadanía perteneciente a las localidades de San Juan Cotzocón, Santiago Choapam, San Dionicio del Mar, Álvaro Obregón y San Francisco del Mar, los que decidieron que no se instalaran las casillas respectivas.

Lo que conlleva a concluir que, con la cancelación de dichas casillas no se vulneró el derecho de votar de los ciudadanos correspondientes a dichas secciones, ya que fueron las propias comunidades quienes decidieron no ejercer su derecho a participar en el proceso electivo, ni tampoco es posible desprender que se haya conculcado el desarrollo del proceso electoral.

Por tanto, el actuar de la autoridad responsable se encuentra ajustado a derecho, pues se limitó a darle formalidad y certeza al número de casillas a instalarse en el 07 distrito electoral federal a través de sus acuerdos, todo ello derivado de la decisión de la propia ciudadanía ante su negativa de participar en el proceso electivo.

2.5. Causales específicas de nulidad de elección. En el caso, los actores aducen que ciento treinta y nueve casillas tuvieron irregularidades, bien porque no fueron instaladas o porque sufrieron alguna situación anómala que impidió que la votación fuera tomada en cuenta para el cómputo distrital.

Agregan, que el total de casillas afectadas equivale a treinta punto ocho por ciento (30.8%) de un total de cuatrocientas cincuenta casillas aprobadas para la jornada electoral en el 07 distrito electoral federal.

En esos términos, estiman que debe declararse la nulidad de la elección, pues para algunos actores encuadra dentro del supuesto previsto en el inciso a), párrafo 1, artículo 76, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que la nulidad de la votación recibida en las mesas directivas de casilla se acredite, en por lo menos, el veinte por ciento de ellas en el distrito de que se trate, y en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; y para otros, se actualiza el supuesto del inciso b), del citado precepto legal, el cual establece como causa de nulidad, que no se haya instalado el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito de que se trate y en consecuencia, la votación no hubiera sido recibida.

Los agravios son infundados como se explica a continuación.

En ambos casos, los actores se basan en los hechos contenidos en el informe sobre el avance de instalación de casillas y el desarrollo de la jornada electoral emitido por el Vocal de Organización Electoral de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Documental en la cual la autoridad asentó lo siguiente: