JUICIOS DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTES: SX-JIN-103/2015 Y ACUMULADOS.

ACTORES: PARTIDOS, MOVIMIENTO CIUDADANO, DEL TRABAJO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: 09 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CABECERA EN COATEPEC, VERACRUZ.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

MAGISTRADO PONENTE: JUAN MANUEL SÁNCHEZ MACÍAS.

SECRETARIOS: LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ RIBBÓN Y RODRIGO EDMUNDO GALÁN MARTÍNEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecisiete de julio de dos mil quince.

VISTOS los autos, se resuelven los juicios de inconformidad que se enlistan en la tabla inserta a continuación, la cual contiene la clave de identificación de los expedientes, así como el nombre de los partidos actores:

Dichos juicios, los promueven a través de sus respectivos representantes, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral Federal 09, con cabecera en Coatepec, Veracruz, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo narrado por los actores y de las constancias de autos se advierten:

a. Jornada electoral. El siete de junio del año en curso, se celebró la elección de diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, entre ellos, el correspondiente al 09 Distrito Federal Electoral con cabecera en Coatepec, Veracruz.

b. Cómputo distrital. Entre el diez y once de junio de este año, en la sede del Consejo Distrital correspondiente, se realizó el cómputo de la elección en cuestión.

Cabe precisar que de acuerdo con el acta de cómputo distrital, durante dicho procedimiento se realizó el recuento parcial de la votación en un total de doscientas cuarenta y dos casillas de las cuatrocientas ochenta y uno instaladas en el distrito.

Por otra parte, diversos representantes de partidos, entre ellos, los actores, solicitaron la apertura de los restantes paquetes electorales que no se abrieron en el recuento, en razón de que al estar acreditada la existencia de boletas apócrifas en algunas casillas, hacía necesaria la revisión de todos los paquetes para verificar la autenticidad de las boletas.

En presidente negó tal solicitud, en virtud de que no se actualizaba alguno de los supuestos previstos en la ley para la procedencia del recuento.

Resulta conveniente destacar, que durante el procedimiento de cómputo los integrantes del Consejo Distrital levantaron una certificación de hechos en un acta diversa a la circunstanciada a la del cómputo, para verificar la autenticidad de las boletas apócrifas encontradas el día de la jornada en las casillas 3041 Básica y 3041 Contigua 1, en las que se habían detectado tres boletas presuntamente ilegales, una en la primera casilla y dos en la segunda.

Una vez verificadas la autenticidad de las tres boletas, se concluyó que dichos documentos no correspondían a las boletas legalmente impresas por el Instituto Nacional Electoral.

Hecho lo anterior, los resultados del cómputo fueron los siguientes:

Votación por cada partido político

Votación final para los candidatos.

Conforme con esos resultados, la diferencia entre el primero y segundo lugar es de quince mil ochocientos cuarenta y seis votos.

Al finalizar el cómputo, el citado Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados y la elegibilidad de la fórmula que obtuvo la mayoría de votos y el presidente expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por la Coalición integrada por los Partidos, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

II. Juicios de inconformidad. El quince de junio de dos mil quince, los partidos actores, a través de sus representantes respectivos, promovieron los juicios de inconformidad en que se actúan, en contra de los resultados obtenidos en el cómputo distrital referido en el inciso anterior.

a. Trámite y recepción de los expedientes. Llevado a cabo el trámite respectivo, el Consejero Presidente del 09 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Coatepec, Veracruz, remitió los expedientes integrados con motivo de los juicios de inconformidad.

Los expedientes se recibieron en esta Sala el veinticinco de junio último.

b. Turnos. El mismo veinticinco de junio, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar los expedientes SX-JIN-103/2015, SX-JIN-104/2015, SX-JIN-105/2015, SX-JIN-106/2015, SX-JIN-107/2015 y SX-JIN-108/2015 y turnarlos a la ponencia del Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c. Radicación, admisión y apertura de incidente en el juicio SX-JIN-104/2015. El veintiséis de junio de este año, el Magistrado instructor radicó y admitió a trámite el juicio de inconformidad referido.

Por otra parte, ordenó la apertura del incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, en razón de que del escrito de demanda se constató que el Partido del Trabajo planteó, entre otros agravios, la negativa por parte de la responsable de abrir todos los paquetes electorales de las casillas instaladas en la elección del distrito controvertido.

Tal planteamiento, lo hizo depender sobre la base de que al estar acreditada la existencia de boletas apócrifas en algunas casillas, generaba la presunción de que en el resto ocurrió la misma irregularidad, por lo que se debió atender su petición de recuento total.

d. Radicación y admisión de los restantes juicios. Los otros juicios fueron radicados y admitidos de la manera siguiente:

Cabe destacar, que en el juicio SX-JIN-108/2015 se requirió a la responsable diversas constancias para contar con mayores elementos para resolver. En su oportunidad, la responsable remitió las constancias requeridas.

Por otra parte, en algunos juicios se reservaron pruebas y en otros se requirieron debido a diversas solicitudes de los promoventes.

Asimismo, se reservó la comparecencia del tercero interesado en todos los juicios, para que se determinara lo conducente en el momento procesal oportuno.

e. Resolución incidental del juicio SX-JIN-104/2015. El primero de julio último, esta Sala emitió resolución en el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, en la que determinó declararlo improcedente, básicamente, porque que la existencia de boletas apócrifas en determinado número de casillas, no se encuentra dentro de los supuestos legales  para ordenar la apertura y el recuento parcial o total de las casillas.

f. Apertura de incidente en el juicio SX-JIN-106/2015. El dos de julio, el Magistrado Instructor ordenó la apertura de otro incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, en razón de que del escrito de demanda de MORENA se advirtió, entre otros planteamientos, la negativa por parte del consejo responsable de abrir todos los paquetes electorales de las casillas instaladas en el distrito.

La justificación del partido actor para la apertura de los paquetes, la hizo depender, al igual que en el incidente del juicio SX-JIN-104/2015, la existencia de boletas apócrifas en algunas casillas.

g. Ampliación de la demanda en el juicio SX-JIN-106/2015. El treinta de junio, el representante de MORENA presentó un escrito ante el Consejo responsable con el fin de ampliar su demanda.

h. Resolución incidental del juicio SX-JIN-106/2015. El siete de julio del año en curso, esta Sala emitió resolución en el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, en la que determinó declararlo improcedente, por las mismas razones expresadas en la resolución incidental del juicio SX-JIN-104/2015, esto es, la existencia de boletas apócrifas, no se encuentra dentro de los supuestos legales  para ordenar la apertura y el recuento parcial o total de las casillas.

i. Prueba superveniente en el juicio SX-JIN-104/2015. El mismo siete de julio, Fidel Robles Guadarrama y Rafael Carvajal Rosado, quienes se ostentaron, respectivamente, como Comisionado Político Nacional y Diputado Local en el Estado de Veracruz, y representante suplente ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en dicha entidad, ambos del Partido del Trabajo, presentaron un escrito en el que ofrecieron una prueba superveniente, la cual se reservó para determinar lo conducente en el momento procesal oportuno.

j. Requerimiento de boletas.  El once de julio de este año, en el juicio SX-JIN-108/2015, el Magistrado Instructor requirió al 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, con cabecera en Coatepec, que remitiera las boletas presuntamente apócrifas con las que contara.

k. Recurso de reconsideración SUP-REC-317/2015. El mismo once de julio, la representante propietaria de MORENA ante el Consejo Local, interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución incidental dictada por esta sala en el expediente SX-JIN-106/2015.

l. Resolución del recurso de reconsideración. El quince de julio siguiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó resolución, en la que determinó, entre otras cosas, revocar la sentencia incidental reclamada, para que quedará insubsistente, así como la sustanciación del incidente sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, en el juicio de inconformidad SX-JIN-106/2015.

Dicha Sala Superior determinó lo anterior, porque del análisis de la demanda no se advirtió un apartado destacado o una expresión categórica en el que el actor solicitara un nuevo escrutinio y cómputo de la votación.

Además de que el recurrente manifestó claramente en esa instancia de revisión, que en realidad no formuló petición alguna sobre recuento total de sufragios.

m. Cierres de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción en los juicios y ordenó la formulación del proyecto de sentencia correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta sala regional es competente, para conocer y resolver los presentes juicios de inconformidad, por materia, porque se impugnan los resultados y la declaración de validez de la elección de diputados federales por mayoría relativa, correspondiente al 09 Distrito Electoral Federal con cabecera en Coatepec, Veracruz, y por geografía política, pues la elección impugnada y la autoridad responsable se encuentran en dicha entidad, la cual corresponde a esta circunscripción plurinominal electoral.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 60, y 99, párrafo 4, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción I, 192, párrafo 1  y 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, 34, párrafo 2, inciso a), 49, 50, párrafo 1, inciso b), fracción I, y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Acumulación. Es procedente acumular los expedientes, de conformidad con el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el cual establece que para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en esa ley, los órganos del Instituto o las Salas del Tribunal Electoral, podrán determinar su acumulación.

Por su parte, el artículo 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dispone que procede la acumulación cuando en dos o más medios de impugnación se controviertan actos o resoluciones similares y exista identidad en la autoridad órgano señalado como responsable.

El mismo precepto señala que dicha figura procede cuando se advierta que entre dos o más juicios o recursos existe conexidad en la causa, por estar controvertido el mismo acto o resolución, o bien, que se aduzca respecto de actos o resoluciones similares, una misma pretensión y causa de pedir que haga conveniente el estudio en una misma ponencia.

En el caso, es conveniente analizar los juicios de forma conjunta, porque en todos se controvierte el mismo acto, esto es, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral Federal 09, con cabecera en Coatepec, Veracruz.

En suma, existe identidad en la autoridad señalada como responsable, porque en todos los medios de impugnación atribuyen el acto referido al 09 Consejo Distrital de la citada entidad.

De esta suerte, si todos los juicios se relacionan con la misma elección e incluso, se advierte similitud en las pretensiones de los actores, lo procedente es analizar los expedientes en conjunto para privilegiar su resolución clara, pronta y expedita.

Por lo tanto, se acumulan los expedientes SX-JIN-104/2015, SX-JIN-105/2015, SX-JIN-106/2015, SX-JIN-107/2015 y SX-JIN-108/2015, al diverso SX-JIN-103/2015, por ser éste el más antiguo.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes de los juicios acumulados.

TERCERO. Requisitos generales y especiales. En todos los juicios se satisfacen los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a) y 55, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se razona.

A. Requisitos Generales.

Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable; y en ellas se hacen constar los nombres de los actores, las firmas autógrafas de los promoventes, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas al efecto; se identifican el acto impugnado y la autoridad responsable; se enuncian los hechos y agravios que se estiman pertinentes, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 55, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la sesión de cómputo distrital cuestionada concluyó el once de junio del año en curso, y la presentación de todos los juicios se realizó el quince siguiente, es decir, dentro del plazo de cuatro días.

Legitimación y personería. Los juicios de inconformidad son promovidos por parte legítima, conforme con lo previsto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la ley adjetiva electoral, al hacerlo los partidos políticos accionantes, a través de sus respectivos representantes acreditados ante el órgano electoral responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del citado ordenamiento, como se demuestra a continuación.

Como se observa, se encuentra acreditado que todos los juicios se promovieron por parte legítima.

Aquí es necesario señalar, que en algunos juicios los partidos actores solicitaron la copia de su nombramiento ante la responsable, sin embargo, ningún efecto práctico tendría solicitarlos, en razón de que, como se vio, todos demuestran ser los representantes de sus respectivos institutos políticos.

B. Requisitos Especiales.

Los escritos de demanda satisfacen también los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría por el distrito cuestionado, realizados por el 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Coatepec, Veracruz, y se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.

CUARTO. Tercero interesado. En todos los juicios comparece como tercero interesado el Partido Revolucionario Institucional, calidad que se tiene por acreditada con base en las razones siguientes:

a. Calidad. De conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el tercero interesado, entre otros, es el partido político o coalición con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

El Partido Revolucionario Institucional tiene interés para promover los escritos como tercero interesado, toda vez que forma parte de la coalición ganadora de la elección controvertida, de ahí que si los partidos actores pretenden anular tales comicios, es evidente que tiene un derecho incompatible al de estos últimos.

b. Legitimación y personería. El párrafo 2, del artículo 12 de la ley citada, señala que el tercero interesado deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen la legitimación para ello.

Quien comparece como tercero en representación del Partido Revolucionario Institucional tiene reconocido tal carácter, porque lo acredita con la copia certificada de su nombramiento ante el consejo responsable, además de que en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital se encuentra reconocida tal calidad.

c. Oportunidad. De conformidad con el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la referida ley de medios, la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice su publicidad.

El párrafo cuarto del mismo artículo señala que dentro del plazo referido, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

De las constancias de autos se advierte que los juicios de inconformidad se presentaron el quince de junio último, mientras que la publicitación y la comparecencia del tercero interesado ocurrió de la forma siguiente:

Como se observa, los escritos del tercero interesado se presentaron dentro de las setenta y dos horas a que hace mención la legislación citada.

Con lo anterior, se satisface el presupuesto previsto en el artículo 13, párrafo 1, inciso c), en relación con el 17, párrafo 4, inciso d), ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

QUINTO. Cuestión previa en relación con la fecha límite para resolver los juicios de inconformidad. De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 44, apartado 1, inciso u), 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 58 y 69 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que esta Sala Regional tiene para resolver los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados federales, como límite, a más tardar el tres de agosto del año de la elección como a continuación se explica.

El artículo 41 en su fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la propia Constitución.

Además, establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

Asimismo, se prevé que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

Por su parte el artículo 99, párrafo tercero, fracción I, de la misma Constitución Federal dispone que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

También, el mencionado artículo señala que a este Tribunal le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley, de la impugnaciones en las elecciones federales de diputados, entre otras.

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 44, apartado 1, inciso u) establece que dentro de las atribuciones que tiene el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se encuentra la de efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de diputados por este principio, determinar la asignación de diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección.

En ese tenor, el numeral 327 de la referida ley sustantiva electoral señala que en los términos del artículo 54 de la Constitución, el Consejo General procederá a la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional conforme al procedimiento indicado en la ley de instituciones.

Aunado a lo anterior, el Consejo General hará la asignación a que se refiere el párrafo anterior, una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos previstos en la ley de la materia y a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección.

En cuanto a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, su artículo 3, párrafo 2, dispone que el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, por el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración.

El artículo 49 de la referida ley de medios prevé que durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de diputados, entre otras, en los términos señalados en la ley en comento.

En ese orden de ideas, el diverso artículo 58 de la ley sustantiva electoral establece que los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados, entre otras, deberán quedar resueltos el día tres de agosto y los relativos a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el treinta y uno de agosto, ambas fechas del año de la elección.

Además, de los artículos 61, 64 y 69 de la citada ley general, se tiene que el recurso de reconsideración procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales y que la Sala Superior del Tribunal Electoral es la única competente para resolver este tipo de recurso y cuando versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados, deberán ser resueltos a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral.

Es de señalarse que en el proceso electoral federal que transcurre se eligieron en el país únicamente diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; no así senadores ni Presidente de la República, y al Consejo General le corresponde realizar la asignación de diputados por el referido principio.

En ese orden de ideas, los artículos 51, 52 y 65 de la Constitución Federal señalan que la Cámara de Diputados se compondrá de trescientos diputados electos según el principio de mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y doscientos diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, electos en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión el primero de septiembre.

Ahora bien, de lo expuesto se advierte que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone por una parte que el Consejo General deberá realizar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección, pero también señala que la referida asignación deberá realizarse a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección; por tanto, hay una incongruencia en la citada ley sustantiva electoral al manejar dos fechas para la realización de un mismo acto.

Por su parte la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios de inconformidad a más tardar el tres de agosto del año de la elección y los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral.

Cabe señalar que las fechas previstas en la ley sustantiva en relación con la ley adjetiva, referidas, no resultan congruentes, ya que lo ideal sería que primeramente el Tribunal Electoral resolviera todos los juicios de inconformidad y de reconsideración que se presentaran, a fin de que quedaran firmes los cómputos respectivos, y posteriormente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizara la asignación de diputados.

Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la falta de congruencia en las fechas señaladas se debió a un lapsus calami del legislador, al no ajustar las fechas que permitan coordinar las actividades antes referidas, al dejar como fecha límite al Consejo General para realizar la asignación, una fecha anterior a que culmine el límite temporal con que cuenta el Tribunal Electoral para resolver los juicios y recursos señalados.

En consecuencia, aún y cuando se establezca en los artículos 44, apartado 1, inciso u) y 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que el Consejo General hará la asignación a más tardar en dos posibles fechas como sería el veintitrés de agosto o el veintitrés de julio del año de la elección, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ajustarse a lo previsto en los artículos 58 y 69 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser la que regula lo relativo a los juicios de inconformidad de la elección de diputados y que prevé como límite para resolver a más tardar el tres de agosto, y en el caso de los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral. Ello, porque este Tribunal Electoral se rige por la referida ley adjetiva electoral.

SEXTO. Pruebas reservadas. En diversos acuerdos del Magistrado Instructor se reservaron distintas pruebas ofrecidas por los actores, por lo se procede a determinar lo conducente respecto de dichos medios probatorios.

SX-JIN-104/2015 (Partido del trabajo)

En este juicio, se reservaron las probanzas del actor marcadas de la 1 a la 15 ofrecidas en el capítulo de pruebas de su demanda, en razón de que anexó un escrito presentado ante la responsable, en el que solicitó la expedición de las pruebas que fueron reservadas.

En principio, debe decirse que las pruebas marcadas con los números 1 al 9, 13 y 14, ya constan en los autos del presente juicio, específicamente, en los cuadernos accesorios formados con motivo del medio de impugnación, por lo cual se estima innecesario requerirlas, pues forman parte del expediente como prueba instrumental de actuaciones.

Por cuanto hace a las restantes probanzas, mediante proveído de treinta de junio último, el Magistrado Instructor ordenó requerir al 09 Consejo Distrital, los documentos siguientes:

1. Oficio INE/DNYCC/070/2015, de diez de junio de este año, emitido por Antonio I. Manjarrez Valle, dirigido al Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral.

2. Oficio INE/DNYC/070/2015, de trece de junio de dos mil quince, emitido por el director jurídico del Instituto Nacional Electoral, dirigido a Antonio I. Manjarrez Valle.

3. Denuncia penal del vocal ejecutivo de la 09 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Coatepec, Veracruz, en contra de quienes resulten responsables por la utilización de tres boletas electorales falsas en las casillas 3041 Básica y 3041 Contigua 1, del referido distrito.

El primero de julio último, el consejo requerido remitió en copia certificada los documentos descritos y anexó copia certificada de un escrito de ampliación de denuncia, así como copia simple del oficio INE/SE/0153/2015, de seis de febrero de dos mil quince, en el que el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral faculta a Esther Becerra Reséndiz, para ejercer las funciones  atribuidas a la Oficialía Electoral.

En razón de ello, se admiten las documentales señaladas, en términos del numeral 14, párrafo 1, incisos a) y b) de la Ley general del sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral.

Respecto a la prueba superveniente ofrecida por dos ciudadanos que se ostentaron, respectivamente, como Comisionado Político Nacional y Diputado Local en el Estado de Veracruz, así como representante suplente ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en dicha entidad, ambos del Partido del Trabajo, consistente en una memoria USB que contiene el video de la versión estenográfica de la sesión pública de cuatro de diciembre de dos mil trece, relacionada con la resolución del expediente SUP-REC-145/2013, dígaseles que no a lugar a admitir la prueba ofrecida.

En principio, porque quienes ofrecen dicho medio de convicción no son los representantes del partido ante el consejo responsable, es decir, carecen de legitimación, en términos del artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En suma, la probanza no reúne la calidad de superveniente, pues se trata de la versión estenográfica de una sesión pública realizada en el año dos mil trece, y no se encuentra acreditada la imposibilidad de haberla obtenido antes.

Además, cuando se analice el tema de boletas apócrifas, se tomará en cuenta los razonamientos de la sentencia que señalan, como se verá en el apartado correspondiente.

SX-JIN-105/2015 (Partido de la Revolución Democrática)

En este medio de impugnación se reservaron las pruebas siguientes:

1. Copia certificada de las boletas apócrifas de las casillas 3041 Básica y 3041 Contigua 1.

2. Copias simples de veinte actas de las casillas de la elección de diputados de mayoría relativa, que enumera en su escrito de demanda, cuyos originales existen en el poder del consejo responsable, por lo cual solicita sean remitidas.

3. Copia simple del agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla, la cuales están en poder del Consejo distrital responsable, por lo que solicita sean remitidas.

Por otra parte, del escrito de demanda se advierte que el actor solicita a esta Sala requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que éstos a su vez requieran a la Secretaría de Hacienda y Crédito público, para que por su conducto se solicite un informe pormenorizado a diversas empresas, sobre lo siguiente:

a. Costo total de los anuncios espectaculares contratados para el área geográfica que abarca el 09 Distrito Electoral del Instituto Nacional Electoral en Coatepec, Veracruz

b. Costo total de los autobuses contratados para el área geográfica que abarca el 09 Distrito Electoral del Instituto Nacional Electoral en Coatepec, Veracruz.

c. Costo total del contrato de prestación de servicios con el partido verde, especificando con claridad que incluye.

d. Lugares de la República a los que ha ido a repartir la propaganda del partido verde, con la correspondiente bitácora para verificar la certidumbre.

e. Informe específicamente en el caso del referido distrito, cuántas unidades móviles y cuanto personal enviaron, señalando con exactitud cuántas mochilas entregaron en el distrito.

Asimismo, el actor solicita la entrega material de monitoreo de medios distintos de la radio y televisión realizado por la autoridad administrativa electoral.

No es procedente la solicitud del actor.

Ciertamente, el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece como requisito de los recursos y juicios, cuando se pretenda sea el tribunal quien requiera las pruebas, que el promovente justifique la solicitud oportuna, por escrito, al órgano competente, y éstas no le fueran entregadas.

Así, para estar en aptitud de requerir alguna prueba es menester que se reúnan los requisitos siguientes:

1. Acompañar a la demanda, la solicitud por escrito al órgano competente;

2. La solicitud  oportuna, y

3. La negativa u omisión de la responsable de entregar lo pedido.

En el caso, se incumple con los requisitos apuntados en todas las  pruebas señaladas, porque de las constancias de autos no se advierte que el actor acompañe a su demanda, la solicitud oportuna a los órganos competentes.

En razón de ello, para que este órgano jurisdiccional pudiera requerir las pruebas señaladas, debió cumplir con el requisito mencionado.

Respecto a las copias certificadas de las boletas apócrifas  en las casillas que señala, cabe destacar que mediante proveído de once de julio último dictado en el juicio SX-JIN-108/2015, el Magistrado Instructor requirió las boletas presuntamente apócrifas encontradas en siete casillas, por lo que la solicitud del actor fue colmada.

Finalmente, cabe señalar que las copias de las veinte actas de las casillas de la elección de diputados de mayoría relativa que exhibe el actor, y las cuales solicita su original, ya constan en el cuaderno accesorio 3, del expediente SX-JIN-104/2015.

SX-JIN-106/2015 (MORENA)

El Magistrado Instructor reservó diversas pruebas ofrecidas en la demanda de MORENA.

a. Expedientes.

El partido actor ofreció como medios de convicción los expedientes formados con motivo de las quejas interpuestas contra el Partido Verde Ecologista de México por la comisión de diversas conductas violatorias de la ley. Señala las claves de expedientes así como las sesiones de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las cuales se resolvieron algunas quejas.

Los expedientes ofrecidos son los siguientes:

1. Sentencias de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su demanda, MORENA ofreció como pruebas las constancias de diversos expedientes que, a su decir, obran en las siguientes páginas de internet de este Tribunal Electoral:

http://portal.te.gob.mx/

http://portales.te.gob.mx/srespecializada/

http://www.trife.gob.mx/turnos-sentencias/sistema-consulta?advanced=1&sala =SER

http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/acuerdos-y-actas?sala=481

http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/sesiones-publicas?sala=6

Además, plasmó dos imágenes que corresponden a impresiones de pantalla de la página de Internet de este Tribunal Electoral, en las cuales se advierte una lista de las sesiones públicas de la Sala Regional Especializada de las siguientes fechas[1]:

2. Expedientes señalados en la demanda en los que se denunció al Partido Verde Ecologista de México.

Además, en su demanda señaló diversos procedimientos iniciados con motivo de denuncias contra el referido instituto político. De la lectura de dicho documento se advierten los siguientes:

Este órgano jurisdiccional considera en lo que toca a los expedientes de los procedimientos relacionados en la segunda tabla (numeral 2), no es procedente acceder a lo solicitado en atención a que si bien en su escrito de presentación de demanda el partido político actor solicitó al presidente del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, glosara copia certificada de los expedientes que describe en su medio de impugnación, lo cierto es que dicha petición no fue formulada conforme con las disposiciones legales y reglamentarias conducentes.

En efecto, el inconforme solicitó al referido funcionario electoral que glosara copias de documentos que dada su naturaleza no obran en su poder. En tal virtud, se estima que en el caso no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 9, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual establece que los medios de impugnación deberán cumplir, entre otros requisitos, con el de señalar las pruebas que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas.

Dicho precepto impone una carga para quienes soliciten que determinados medios de convicción sean requeridos por el órgano jurisdiccional, consistente en que demuestren haber realizado la petición de las pruebas y que éstas no les hubieren sido entregadas, es decir, que por cuestiones ajenas a su voluntad no hubieren podido aportarlas.

En ese sentido, es insuficiente para tener por colmados los extremos previstos en el citado numeral, que el actor en su escrito de presentación hubiere solicitado al mencionado presidente glosara las copias certificadas de dichos expedientes, en razón de que ello no constituye una solicitud por escrito al órgano competente y que ante su negativa se justifique que esta Sala Regional formule el requerimiento respectivo.

No obstante lo anterior, este órgano colegiado, con la finalidad de satisfacer a cabalidad el principio de exhaustividad al que se encuentra obligado como impartidor de justicia, considera que es posible admitir como pruebas las sentencias que hubieren recaído a dichos procedimientos para determinar cuál fue el resultado de las denuncias presentadas contra el Partido Verde Ecologista de México, documentos que se valorarán en su oportunidad.

Es decir, pese a que no es posible requerir los expedientes completos, sí es viable el análisis de los fallos jurisdiccionales que se hubieren emitido con motivo de los expedientes señalados por el partido actor, pues al haber sido resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituyen hechos notorios para esta Sala Regional, en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, no es dable admitir los expedientes que supuestamente obran en los vínculos electrónicos, ni los que se resolvieron en las sesiones públicas de la Sala Regional Especializada que se mencionan en la primer tabla (numeral 1).

Lo anterior, porque dicha información no traería un mayor beneficio para la parte actora, toda vez que los expedientes que supuestamente obran en los vínculos electrónicos, en el mejor de los casos se refieren a sentencias emitidas por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismas que como se apuntó son notorias para esta Sala Regional al momento de resolver.

En este orden de ideas, como se señaló, serán las sentencias vinculadas a los procedimientos administrativos que se refieren las que se consideren al momento de resolver el presente medio de impugnación.

Además, el contenido de las sesiones públicas de la Sala Regional Especializada, como lo son las intervenciones de los Magistrados; la cuenta que dan de los asuntos los Secretarios; así como el sentido de su votación, no son el medio probatorio idóneo para acreditar lo resuelto.

Sin embargó, como se adelantó, lo que se tomará en cuenta será el sentido y contenido de las sentencias; lo que no le genera perjuicio a la parte actora, en tanto que serán valorados los medios probatorios idóneos para demostrar que las conductas expresadas, para estar en condiciones de determinar si efectivamente se acreditó o no la infracción a las disposiciones electorales y, en su caso, la sanción que correspondió.

b. Vínculos electrónicos.

En su demanda, MORENA señala diversas irregularidades presuntamente cometidas por el Partido Verde Ecologista de México, mismas que asegura fueron difundidas en Internet. Para demostrar su dicho, menciona diversos links en los cuales se pueden constatar dichas afirmaciones. Los vínculos son los siguientes[2]:

Este órgano jurisdiccional considera oportuno analizar los vínculos electrónicos señalados, por lo cual, al entrar al estudio de fondo se analizará el contenido de dichas direcciones de Internet.

SX-JIN-107/2015 (Partido Encuentro Social)

Aquí se reservaron las pruebas siguientes:

1. Copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 3041 Básica, 3041 Contigua 1 y 3041 Contigua 2, las cuales fueron levantadas por el Consejo Distrital y que previamente las solicitó.

2. Escrito de denuncia de hechos de once de junio de dos mil quince, en relación a las boletas apócrifas encontradas en las casillas referidas, que interpuso el Consejo distrital ante la Fiscalía Especializada, la cual solicitó previamente.

En este caso, se considera innecesario requerir dichas pruebas, pese a que el actor exhiba los acuses de solicitud respectivos.

Lo anterior, porque las actas de escrutinio y cómputo de las casillas referidas levantadas en el Consejo Distrital, ya constan en el cuaderno accesorio 3, del expediente SX-JIN-103/2015.

Mientras que el escrito de denuncia que señala, como ya se explicó, fue requerido por el Magistrado Instructor en el diverso juicio SX-JIN-104/2015 y fue remitido por la responsable, incluso, anexó copia certificada de un escrito de ampliación de denuncia, por lo que al ya constar en un expediente de los acumulados resulta inútil requerirla nuevamente.

SX-JIN-108/2015 (Partido Acción Nacional) 

Finalmente, en este expediente se reservaron las pruebas siguientes:

1. La prueba selectiva realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización de los Gastos identificados a través de internet.

2. Reportes de gastos operativos de campaña.

3. Reporte de gastos por concepto de logística, planeación y seguridad privada.

4. Acuse de recibo de doce de junio último, en el que se le requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto Nacional Electoral proporcionara diversa información que, hasta el momento de la presentación del medio de impugnación no se habían otorgado.

5. Acuse de recibo de quince de junio del año en curso, en el que se le requirió al Consejo distrital diversa información que, hasta el momento de la presentación del medio de impugnación no se habían otorgado.

Primero, debe mencionarse que las pruebas 1, 2 y 3 se relacionan con la prueba número 4, pues fueron solicitadas por el actor en ese escrito, además de otras.

No procede lo pedido por el actor.

Como ya se dijo, para que este órgano pueda requerir pruebas, se debe de cumplir, entre otros requisitos, la solicitud por escrito ante el órgano competente.

En este caso, si bien el actor exhibe una solicitud por escrito presentada ante el Consejo Distrital el doce de junio último, lo cierto es que no fue presentada ante el órgano competente, esto es, ante la Unidad Técnica de Fiscalización  del Instituto Nacional Electoral.

En efecto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.

En tal sentido, el accionante debió presentar ante la unidad referida, la solicitud de la documentación que requería, pues es ese órgano que, por la naturaleza de sus funciones, cuenta los documentos que el actor relata.

Es cierto que el escrito de solicitud del actor se encuentra dirigido a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, pero como se señaló, la presentación del mismo se realizó ante el Consejo Distrital, y tampoco se advierte del propio escrito, que solicite su remisión ante el órgano competente.

Respecto a la prueba número 5, relativa al acuse de recibo del escrito de quince de junio del año en curso, en el que el actor solicitó al Consejo Distrital diversa información, debe decirse que la mayoría de esas pruebas ya existen en el expediente, como instrumental de actuaciones, incluso, las boletas presuntamente apócrifas que se encontraron en siete casillas, como se expuso, fueron requeridas por el Magistrado Instructor en este juicio.

En razón de ello, es innecesario atender la solicitud de requerir dichas boletas.

Por tanto, al ser improcedentes las solicitudes del actor, no podría otorgársele la vista que solicita, en razón de que no se atendieron los requerimientos que formuló.

SÉPTIMO. Solicitud de vista a la Unidad de Fiscalización.

En su demanda MORENA solicita que este órgano jurisdiccional dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que determine el gasto de los mensajes de twitter señalados en su escrito de impugnación.

Sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición.

Lo anterior, porque como el propio actor lo señala ya se han realizado las denuncias correspondientes en relación con dicho tópico. En efecto, en su demanda, MORENA mencionó:

“MORENA denunció oportunamente ante la Unidad Técnica de Fiscalización que el Partido Verde Ecologista de México ha gastado y continúa gastando recursos en la propaganda a la que se alude líneas más arriba, cantidades que rebasan con mucho el financiamiento público al cual tiene derecho, así como el tope para el financiamiento privado estipulado por la autoridad electoral para los partidos políticos, precandidatos y candidatos dentro del Proceso Electoral Federal 2014-2015, eso sin contar que el PVEM continúa con su dispendiosa campaña que está siendo ilegalmente financiada por particulares, servidores públicos, órganos de gobierno, organismos descentralizados y personas morales violando a todas luces la normatividad electoral vigente”.

Como se ve, el partido político actor reconoce que ha realizado las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes para denunciar la infracción a diversos preceptos legales en materia electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera innecesario dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con las irregularidades aducidas en la demanda de juicio de inconformidad pues, se insiste, tales hechos ya se hicieron del conocimiento a la referida autoridad por la vía pertinente.

OCTAVO. Ampliación de demanda en el juicio SX-JIN-106/2015. El treinta de junio, MORENA presentó ante el Consejo Distrital responsable un escrito del cual se advierte la intención de formular nuevas alegaciones contra el acto impugnado, es decir, pretende ampliar la demanda.

Esta Sala Regional considera que no ha lugar a analizar los argumentos planteados en el escrito referido, por lo siguiente.

La Sala Superior de este Tribunal ha señalado que cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial[3].

Asimismo, el mismo órgano jurisdiccional acotó que la procedencia de una ampliación de demanda, está sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de impugnación, esto es, los escritos de ampliación deben presentarse dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la ampliación[4].

De lo anterior se advierte que para la procedencia de una ampliación de demanda, deben actualizarse al menos dos requisitos: 1. Que los hechos alegados hubieren surgido con posterioridad a la presentación de la demanda, o que si surgieron con anterioridad, se desconocieran por el accionante; y 2. Que la ampliación se presente dentro del plazo legal previsto para promover el medio de impugnación de que se trate, a partir del conocimiento de los hechos.

En el caso, del escrito presentado por MORENA se observa que los argumentos ahí planteados están dirigidos a exponer agravios novedosos, que no fueron aducidos en su escrito inicial de demanda. En los argumentos que incorpora reclama la falta de equidad y proporción entre las noticias emitidas por los medios de comunicación, específicamente, televisión.

No obstante, los hechos relacionados con los agravios planteados en el escrito en análisis ya eran conocidos por el partido actor. Prueba de ello, es que en dicho escrito ofrece como supuesto medio para demostrar la inequidad, el análisis de las noticias dadas en el noticiero “Hechos” de televisión Azteca, que se refieren al mes de abril.

Ciertamente, en su escrito MORENA realiza un análisis de algunos programas del noticiero “Hechos”, del mes de abril, de ahí que se considere que esos acontecimientos ya existían al momento de presentar la demanda pues, se refieren precisamente, a la inequidad en la mención en los medios de comunicación en las campañas electorales, etapa que quedó superada hace varios días.

Es decir, se considera que no es posible atender los planteamientos porque el partido actor pretende hacer valer violaciones derivadas de hechos que eran conocidos desde antes de la presentación de la demanda, lo cual implicaría una segunda oportunidad para plantear agravios, lo cual no puede tutelarse por este órgano colegiado al afectar los presupuestos procesales para la válida instauración de un medio de impugnación.

Por tanto, no es posible admitir los alegatos planteados en el escrito en estudio.

NOVENO. Estudio de fondo. La pretensión de todos los actores es la nulidad de la elección, mientras que tres plantean de forma adicional la nulidad en diversas casillas.

Las causas de pedir son las siguientes:

Movimiento ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.

De la lectura de las demandas se advierte que dichos partidos plantean como agravio, la afectación a los principios de certeza y libertad del sufragio, porque al estar acreditada la existencia de tres boletas apócrifas en las casillas 3041 Básica, 3041 contigua 1 y 3041 Contigua 2, genera la presunción de que existieran más que pudieron ser computadas para los resultados de la elección.

Así, en concepto de los actores, la consecuencia de esa irregularidad es la nulidad de elección, para lo cual hacen referencia a la tesis XIV/2014 de la Sala Superior que surgió al resolver el SUP-REC-145/2013, cuyo rubro es: BOLETAS ELECTORALES APÓCRIFAS. CONSTITUYEN UNA IRREGULARIDAD GRAVE QUE VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LIBERTAD Y AUTENTICIDAD DEL SUFRAGIO.

Partido de la Revolución Democrática.

Dicho partido solicita la nulidad de la elección por el rebase de tope de gastos de campaña y por la existencia de boletas apócrifas en algunas casillas.

Respecto al rebase de tope de gastos de campaña expone lo siguiente:

El Partido Verde Ecologista de México entregó mochilas que en su interior contenían diverso artículos, lo cual se realizaba en cada evento partidista, lo que se traducía en un costo de $77,700.00 (Setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) (sic) por cada evento.

En tales condiciones, si el distrito de Coatepec cuenta con diecisiete municipios, a decir del actor, debieron realizar por lo menos veinte eventos con entrega de mochilas, lo que originó un gasto de $1,554.000.00 (Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), lo que es suficiente para rebasar el límite permitido.

A lo anterior, habría que sumarle los gastos de publicidad en espectaculares, autobuses, salas de cines, propaganda en parabuses, taxis, bardas, papel para tortillas, así como los sueldos del personal de logística y gasolina, los cuales sumaron un costo de $1,660,000.00 (Un millón seiscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, el actor refiere que el Partido Revolucionario Institucional ofrece a los representantes de casilla la cantidad de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 MN), por lo que si el día de las jornada tuvo dos representantes en las 481 casillas, gastó $1,443.000.00 (Un millón cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), cantidad suficiente para rebasar el tope de gastos de campaña.

Por otra parte, señala que no debe perderse de vista los mensajes que se hicieron llegar a los electores vía red celular de varias compañías, por este concepto la candidata erogó un gasto de $1,750.000.00 (Un millón setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Por cuanto hace a la existencia de boletas apócrifas, al igual que los tres partidos señalados al inicio de este considerando, plantea la afectación a los principios de certeza y libertad de sufragio, al estar acreditada dicha irregularidad en las casillas siguientes:

A diferencia de los partidos señalados al inicio, el actor añade tres casillas más, en las que, a su decir, se acreditó la existencia de boletas apócrifas, por lo que reclama la nulidad de la elección.

Cabe señalar que las seis casillas citadas, el actor también solicita que se anulen por la causal específica que prevé el artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la elección.

Por último, el accionante plantea la nulidad de las casillas que a continuación se enlistan, al actualizarse la causal de error o dolo prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Sistema de Impugnación Electoral.

Las casillas son las siguientes:

MORENA

Dicho instituto político considera que los resultados se vieron afectados por una serie de actos ilegales cometidos de manera sistemática por el Partido Verde Ecologista de México. Los actos que MORENA le imputa al referido Partido Verde en sus agravios, son los siguientes:

- Rebase de topes de gastos de precampaña, campaña, violaciones al periodo de inter-campaña y la utilización de financiamiento público e ilegal, en su propio beneficio y para la coalición con el Partido Revolucionario Institucional.

MORENA refiere que durante diez meses el Partido Verde Ecologista de México realizó conductas ilegales tendentes a posicionarse frente al electorado.

Los actos que el partido actor le atribuye al Partido Verde, con los cuales considera se acreditan los extremos que plantea son, esencialmente, los siguientes:

1. Distribución de artículos promocionales prohibidos como papel para envolver tortillas, propaganda difundida a través de autobuses, espectaculares y mobiliario urbano.

2. Proyección de promocionales alusivos a los supuestos logros de los legisladores del Partido Verde en las salas de cine de CINEMEX y CINÉPOLIS.

3. Difusión del programa de entrega de vales de medicinas en las páginas de Internet del IMSS y el ISSSTE, así como promocionales de radio que aluden a la entrega de vales en dichas instituciones.

4. Campaña con las ópticas DEVLYN, consistente en la entrega de anteojos gratuitos a cambio de datos personales y afiliación al Partido Verde Ecologista de México.

5. Difusión de propaganda en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, líneas 1 y 2.

6. Spots difundidos por el Partido Verde y sus legisladores de forma constante en medios nacionales de radio y televisión de cobertura nacional.

7. Compra de publicidad en autobuses, espectaculares, vallas, mobiliario urbano y puentes, visibles en varias ciudades en distintas entidades federativas, en la que se difundieron los supuestos logros del Partido Verde.

8. Distribución indiscriminada de tarjetas plásticas personalizadas (haciendo uso indebido del padrón electoral) “Premia Platino”, que son recibidas en más de ocho mil establecimientos.

9. Propaganda difundida en medios escritos, concretamente revistas como Tv Notas, Vanidades, Quién, Contenido, Fast Mag, Caras, Quo, Tv y Novelas, Cosmopolitan, Nueva, Muy Interesante, donde se difundió la campaña del Partido Verde.

10. Difusión de la propaganda del Partido Verde a través de diversos sitios de internet como www.partidoverde.org.mx, pvem.mx, www.lajornada.unam.mx, www.youtube.com, así como por mensajes de texto a celular.

11. Reparto de despensas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, condicionada a la afiliación al Partido Verde Ecologista de México.

12. Promoción de las promesas y acciones del Partido Verde Ecologista de México vía twitter a través de cuentas de actores y famosos.

Ahora bien, el partido actor afirma que todos los candidatos del Partido Verde Ecologista de México son responsables solidarios de las conductas ilegales desplegadas por dicho instituto político, por lo cual, procedía la cancelación de sus registros al omitir en sus informes respectivos, informar de los recursos recibidos en dinero o especie con los cuales se financió la campaña ilegal orquestada por el Partido Verde, de la cual resultaron directamente beneficiados.

Menciona que de acuerdo con sus cálculos, tan sólo por los promocionales transmitidos en todo el territorio nacional en canales de televisión abierta, el Partido Verde Ecologista de México habría gastado $3,531,859,747.00 (tres mil quinientos treinta y un millones ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por lo cual, esa cantidad dividida entre los noventa y ocho candidatos a diputados federales postulados por el Verde, corresponde a $36,039,385.17 (treinta y seis millones treinta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 17/100 M.N.), cantidad que no fue incluida como gasto de campaña de ninguno de los candidatos.

Para acreditar sus manifestaciones (hechos del 1 al 11), el Partido Verde Ecologista de México ofrece como pruebas los expedientes de las quejas interpuestas en contra de dicho instituto político por la comisión de conductas contraventoras a la normativa electoral.

Por otra parte, para demostrar su dicho respecto a los mensajes difundidos vía twitter, MORENA plasma en su demanda una serie de imágenes de tales mensajes y la transcripción del texto de los mismos, además de algunos vínculos electrónicos en donde se hace del conocimiento público la realización de esos actos.

También señala que en los expedientes SUP-REP-117/2015 y SUP-REP-119/2015, la Sala Superior de este Tribunal Electoral determinó que las conductas realizadas por el Partido Verde constituyen actos anticipados de campaña y precampaña, ya que se hicieron con la finalidad de posicionar al partido mediante un despliegue sistemático y reiterado en una múltiple cantidad de actos de posicionamiento previo a las precampañas, durante las campañas y posterior a las mismas.

En razón de lo anterior, el partido actor considera que el Partido Verde Ecologista de México violentó los artículos 41, párrafo segundo, base I, Apartado C, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 párrafo 1, inciso a) y o) de la Ley General de Partidos Políticos; 247, párrafo 2, 443, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber realizado la ilegal campaña de posicionamiento ante el electorado.

Por tanto, solicita la nulidad de la elección, en términos del artículo 41, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 y 78 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ello, pues considera que el triunfo de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en el distrito impugnado fue consecuencia directa de la campaña ilegal desplegada por el instituto político últimamente mencionado, con lo cual se actualizan las causales de nulidad de elección relativas al rebase de topes de gastos de campaña, y recibir y utilizar recursos de procedencia ilícita y recursos públicos.

- Intención de integrar operadores televisivos a la Cámara de Diputados.

MORENA menciona que las televisoras (Televisa y TV Azteca) han buscado posicionar de forma indebida al Partido Verde Ecologista de México, con la intención de integrar a personajes que son operadores televisivos en la Cámara de Diputados.

Al respecto, menciona algunos nombres de personas que relaciona directamente con las televisoras, mismas que fueron postuladas por los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional como candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional, en lugares con altas probabilidades de acceder al cargo. Las personas son las siguientes:

Por otra parte, también solicita la nulidad de los comicios, por la existencia de boletas apócrifas en algunas casillas, lo que se tradujo en una afectación al principio de certeza.

Debe señalarse que, como se expuso en los antecedentes de este fallo, la Sala Superior al resolver el SUP-REC-317/2015 razonó que el actor (MORENA) no solicitó en su demanda expresamente el recuento de votos, sino que sus planteamientos se dirigen a obtener la nulidad de la elección por la existencia de boletas apócrifas en algunas casillas

Finalmente, señala que en el escrutinio y cómputo del día de la jornada, se observaron diversas irregularidades en las secciones siguientes:

Del cuadro anterior se observa que algunas casillas se repiten, pero ello se debe a que el actor impugna de manera general las secciones.

Partido Acción Nacional

El partido solicita que se anule la elección, porque la candidata de la Coalición de los partidos Revolucionario Institucional  y Verde Ecologista de México rebasó el tope de gastos de campaña autorizado por la autoridad administrativa electoral.

Sostiene que su partido documentó los gastos de la candidata ganadora, de los cuales solicitó informe a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a través del Consejo Distrital responsable, sin recibir respuesta alguna, por lo que se reservaba el derecho de ampliar su agravio, pero se puede concluir que el gasto erogado por la candidata triunfadora ascendió a la cantidad de $2,000.000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), monto que rebasa en un 55% (cincuenta y cinco por ciento) el tope fijado por la autoridad administrativa electoral.

También solicita la nulidad de la elección, por la afectación al principio y libertad del sufragio, porque se acreditó la existencia de boletas apócrifas en las casillas siguientes:

Por último, plantea la nulidad de casillas al actualizarse la causal prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Sistema de Impugnación Electoral, consistente en error o dolo en los centros de votación siguientes:

Ahora bien, para el análisis de los planteamientos hechos valer por los partidos actores, esta Sala Regional considera oportuno estudiar en primer lugar las alegaciones relacionadas con la nulidad de la votación en diversas casillas, para cumplir con el principio de exhaustividad[5], el cual exige que cuando un medio impugnativo es susceptible de abrir una nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas, toda vez que esta sentencia es susceptible de ser revisada por la Sala Superior de este tribunal.

Posteriormente, se analizaran los planteamientos relacionados con la nulidad de la elección. Por cuestión de orden, primer se analizarán las causas de nulidad de la elección previstas en el artículo 41, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, posteriormente, los planteamientos que encuadren en la causal genérica de nulidad de la elección.

Lo anterior, porque en la mayoría de las demandas existe coincidencia en dos planteamientos encaminados a obtener la nulidad de la elección, el rebase de tope de gastos de campaña y la acreditación de boletas apócrifas el día de la jornada electoral en algunos centros de votación.

Mientras que MORENA pretende acreditar la comisión de otras conductas irregulares por parte del Partido Verde Ecologista de México, y que éstas fueron graves y resultaron trascendentes para la elección controvertida, dentro de esas conductas hace referencia al financiamiento ilícito.

Ahora bien, para el estudio de la pretensión de nulidad de elección, en primer lugar se establecerán las premisas jurídicas que sustentan la máxima sanción en materia electoral. Es decir, primeramente se explicará cómo operan las causas de nulidad de elección que podrían actualizarse en caso de acreditarse las irregularidades aducidas por los partidos actores, a saber:

1. Rebase de tope de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

2. Recibir y utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en la campaña.

Lo anterior, porque pretenden acreditar que con la comisión de las irregularidades aducidas se actualizan directamente dichas causales.             

Ahora bien, en caso de que se considere que no se configuran los elementos para actualizar la nulidad por esos supuestos, esta Sala Regional explicará en qué consiste la causal genérica de nulidad de elección, pues muchas de las irregularidades denunciadas no encuadran directamente en las hipótesis señaladas, por lo cual tendrían que analizarse bajo esa premisa.

Sobre la base de lo anterior, el análisis de fondo se realizaría de la manera siguiente:

Los planteamientos de nulidad de la elección se realizarán de acuerdo a los apartados siguientes:

En caso de desestimar los planteamientos de los institutos políticos enjuiciantes respecto de las causales anteriores, se analizará lo siguiente:

A continuación se realizará el análisis de los agravios conforme al orden propuesto.

A. Nulidad de votación recibida en casilla.

Los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y MORENA invocan la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso f), del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en haber mediado dolo o error en la computación de los votos, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, en las casillas siguientes:

Partido de la Revolución Democrática

Del escrito de demanda se advierte que dicho partido expone que en la casilla 228 Básica, la suma de votos del acta de escrutinio y cómputo es de doscientos sesenta y siete, pero la sumatoria en realidad son doscientos setenta.

Mientras en las restantes casillas, el error lo hace depender de un rubro fundamental  comparado con los dos auxiliares.

MORENA

Dicho partido manifiesta que en las siguientes secciones se actualizó la causal referida:

Dicho instituto político señala las secciones que, en su concepto, existen errores y los hace depender de apartados en dos rubros denominados boletas reportadas y el de lista nominal, es decir, al comparar rubros auxiliares con uno fundamental, relativo a la lista nominal.

Partido Acción Nacional

Este instituto político, expone la existencia de error en el cómputo de votos, toda vez que en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla se presentaron diferencias entre las cifras correspondientes a los rubros: ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna y votación emitida.

Lo anterior, en concepto del promovente, afecta la certeza de la votación recibida en dichas casillas, lo cual contraviene al principio de legalidad que debe regir en todos los actos celebrados con motivo de los comicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución federal y en los numerales 287 al 297 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Precisadas las casillas impugnadas, es necesario exponer cómo se debe analizar la causal consistente en la existencia de error o dolo en el cómputo de los resultados de la casilla.

1. Nulidad de casilla por error o dolo.

La causal de nulidad aducida por los actores establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

Para tener por acreditada la causal de nulidad en comento, es necesario que se acrediten los siguientes elementos:

a. Que exista error o dolo en el cómputo de votos; y

b. Que sea determinante para el resultado de la votación.

Al respecto, se requiere que se actualicen ambos elementos para tener por acreditada la causal de nulidad, de lo contrario, la votación debe preservarse.

Como se advierte, la causa de nulidad prevista en el mencionado artículo tiene que ver con cuestiones que provocan la existencia de error en el cómputo de votos. Por ello, en principio, los datos que se deben verificar para determinar si existió el error son los que están referidos a votos y no a otras circunstancias, ya que la causa de nulidad se refiere, precisamente, a votos.

En ese sentido, este tribunal ha sostenido que, para el análisis de los elementos de la citada causal de nulidad, deben compararse, de ser el caso, tres rubros fundamentales que se desprenden de las actas de escrutinio y cómputo, consistentes en: a. total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores; b. boletas sacadas de la urna (votos), y c. Resultado de la votación.

En el mismo tenor, también se ha considerado que los rubros correspondientes a boletas recibidas (obtenido del acta de jornada electoral) y boletas sobrantes (obtenido del acta de escrutinio y cómputo), sólo constituyen un elemento auxiliar que en determinados casos deberá ser tomado en cuenta[6].

Por lo que hace al segundo elemento de la causal de nulidad, a fin de evaluar si el error que afecte el procedimiento de escrutinio y cómputo de casilla es determinante para el resultado de la votación, se tomará en consideración si el margen de error detectado es igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, ya que de no haber existido el error detectado, el partido o coalición al que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos[7]. ;

Ahora bien, respecto a las casillas en las que el consejo distrital realizó recuento, debe tenerse en cuenta lo siguiente.

El artículo 331 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, regula, en esencia el procedimiento del cómputo distrital.

En ese sentido, los párrafos 8 y 9, de dicho precepto a letra señalan:

“8. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.

9. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales.”

La interpretación sistemática de tales disposiciones en relación con las reglas generales y especiales de procedencia de los medios de impugnación en materia electoral implica considerar que la expresión contenida en el apartado 8 relativa a los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales para efectos de invocarlos como causa de nulidad ante este tribunal significa, que las inconsistencias entre los rubros fundamentales de las actas de casilla, después del recuento, desaparecen.

Es decir, la disposición regula los escenarios en los cuales el último mecanismo de depuración logra que los rubros que subsisten entre una y otra acta, coinciden, por lo cual, la petición de nulidad deberá hacerse a partir de lo depurado.

Así, cuando pese al recuento, las inconsistencias en la comparación de rubros fundamentales del recuento persistan, el tribunal deberá analizar lo concerniente a la causa de nulidad de error o dolo, a que se refiere el artículo 75, párrafo 1, inciso, f), de la ley, cuando exista la petición correspondiente.

Igual circunstancia será cuando pese al recuento las cifras de la casilla y las del recuento, pese a coincidir entre ellas, no superan las inconsistencias, pues las figuras del recuento y las de nulidad descansan sobre premisas diferentes aunque complementarias.

En efecto, la naturaleza del recuento, según el criterio reiterado por este tribunal, es aumentar un eslabón a la cadena de blindaje que permite asegurar la correspondencia entre lo depositado en las urnas y los resultados de las actas[8].

En cambio, el diverso análisis que sobre la nulidad de votación consignan los criterios también emitidos por esta sala descansan en el principio de conservación de lo útil sobre lo inútil, o bien, el de evitar que lo viciado contamine al resto[9].

Por lo tanto, interpretar la citada disposición a partir de considerar que el recuento excluye al diverso análisis de nulidad sería contrario a los principios rectores de la materia para cada caso y, por ende que deba rechazarse.

Lo anterior encuentra sustento en lo razonado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha razonado aun cuando se lleve a cabo una corrección en los posibles errores existentes en el cómputo de los votos a partir del recuento, puede haber elementos o factores que afecten el resultado definitivo de la votación, por lo que ello es susceptible de revisarse ante los órganos jurisdiccionales especializados en la materia[10].

Ahora bien, para estar en posibilidad de llevar a cabo el estudio anunciado, se tomará en consideración el contenido de las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla; en su caso, las actas circunstanciadas de los grupos de recuento, las constancias individuales de resultados electorales de punto de recuento y el acta circunstanciada del registro de votos correspondiente; los listados nominales de electores; las actas de jornada electoral; los recibos de entrega de documentación y materiales electorales a los presidentes de mesa directiva de casilla; las hojas de incidentes y, en general, los documentos expedidos por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones, los cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafos 1, inciso a) y 4, relacionado con el diverso numeral 16, párrafos 1 y 2, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acorde con lo expuesto, este órgano jurisdiccional analizará la causa de nulidad de votación apuntada, en todas las casillas señaladas por el enjuiciante, con independencia de que hubieran sido objeto de recuento en la instancia administrativa. Cabe aclarar que si bien las casillas que fueron objeto de recuento pueden ser analizadas por la causal en comento, es necesario que los promoventes manifiesten cuál es el error que persiste después del nuevo escrutinio y cómputo. En caso de que no se señale lo anterior, no serán objeto de estudio.

Debe precisarse que en las casillas recontadas por la instancia administrativa recae un nuevo documento (constancia individual de resultados electorales de punto de recuento), la cual contiene el “número de boletas sobrantes” y la votación obtenida por cada uno de los partidos o coalición. Es decir, no contiene los datos relativos a los rubros "boletas extraídas de la urna", toda vez que esa cifra es un elemento irrecuperable, al ser imposible repetir el acto realizado el día de la jornada electoral consistente en vaciar las urnas en las que los ciudadanos depositaron sus votos, y el relativo a "ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal".

Asimismo, deberá considerarse que, en aquéllos casos en los que el grupo de trabajo encargado de realizar el recuento haya reservado votos para su calificación por el pleno del consejo, deberá tomarse en cuenta el resultado contenido en el acta circunstanciada del registro de los votos reservados en la que se haya realizado la distribución final de los mismos, a efecto de obtener la votación total emitida en la casilla respectiva.

En caso de que los promoventes manifiesten que el error persiste en acta de recuento, este órgano jurisdiccional realizará el estudio, en el caso de casillas que ya fueron recontadas, con base en la “votación total emitida” y los “ciudadanos que votaron conforme a lista nominal”, este último rubro obtenido con base en las listas nominales o certificaciones del número de ciudadanos que votaron el día de la jornada, remitidas por la autoridad administrativa electoral.

Sin embargo, para los casos en los que se requiera subsanar algún error, a fin de realizar un debido análisis, se estima pertinente trasladar las cifras asentadas en las actas de escrutinio y cómputo a la tabla de análisis, a efecto de contar con la mayor cantidad de datos posibles.

2. Estudio de casillas impugnadas por los actores.

A continuación se analizarán las casillas controvertidas por la causal en comento:

a. Casillas con planteamientos de error en rubros auxiliares.

En principio, se propone declarar inoperantes los agravios planteados por el Partido de la Revolución Democrática y MORENA respecto de las casillas siguientes:

Partido de la Revolución Democrática

MORENA

El Partido de la Revolución Democrática impugna en su demanda veinte casillas por la causal que nos ocupa, sin embargo, con excepción de la 228 Básica, en las diecinueve restantes el presunto error lo hace depender a partir de la comparación de un rubro fundamental con dos auxiliares.

En el mismo supuesto se encuentra MORENA, porque primero señala de manera genérica secciones sin especificar cada casilla y el error lo hace depender de dos rubros auxiliares con un fundamental.

En ese sentido, para determinar el error en el cómputo de la votación, en primer lugar, se deben comparar los tres rubros fundamentales y así establecer la existencia de un error en el cómputo de los votos, y en segundo lugar, en caso de que exista un error, y este sea determinante, utilizar los rubros auxiliares para subsanar dicha inconsistencia.

Es decir, si los rubros auxiliares no constituyen apartados que se traduzcan en votación, cualquier inconsistencia en ellos de ninguna forma podría trascender al resultado de la casilla.

En suma, ha sido criterio de este tribunal[11] que la causal de nulidad de error o dolo en el cómputo, debe trascender en los resultados de la casilla. Es decir, el error se debe ver reflejado en los rubros vinculados de forma directa con la votación (rubros fundamentales).[12]

En adición a ello, como se expuso, en el caso de MORENA, no especifica las casillas cuya votación fue afectada por tales circunstancias, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en que intenta sustentar su causa de pedir, para demostrar la causas de nulidad mencionada.

De modo tal, el accionante no satisface la carga procesal que en ese sentido le impone el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues no detalla a cuales casillas hace referencia cuando refiere las irregularidades en comento.

Así, la falta de señalamiento de las casillas reclamadas, y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en que el partido inconforme sustenta su dicho, provoca la inoperancia de tales agravios.

En ese contexto, conforme al artículo 9, apartado 1, inciso e), de la ley en cita, se impone al demandante la carga de mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que base la impugnación; por ende, no basta con señalar, de manera vaga, genérica e imprecisa, las pruebas con las cuales pretende demostrar la instalación de casillas en lugar distinto sin señalar de forma individualizada las mismas, pues con esa sola alusión no es suficiente para tener por sucedidos los hechos anómalos, tampoco para demostrarlos, mucho menos para configurar con ellos las causas de invalidez que se hacen valer ni estimarlas determinantes para afectar la votación.

Esta exigencia se basa en la necesidad de que el actor exponga al juzgador, a través de afirmaciones, las circunstancias que constituyen la causa de pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos que sustentan su petición.

En materia electoral, corresponde sólo al demandante expresar las afirmaciones de los hechos que fijan la causa de pedir en el proceso, de modo que la parte actora es la única que decide los términos de la pretensión que hace valer.

El cumplimiento de esta carga procesal permite, que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar si las aseveraciones de las partes se encuentran demostradas a través de los medios de prueba aportados al proceso, por lo que si el demandante es omiso en detallar los eventos en que hace descansar su pretensión, falta la materia misma de la prueba.

De manera que, aceptar lo contrario, es decir, integrar causas de nulidad no argüidas claramente, respecto a casillas no particularizadas, implicaría faltar al principio de congruencia de los fallos judiciales, pues se estarían estudiando aspectos no hechos valer como lo marca la ley[13].

Finalmente, al inicio se señaló que con excepción de la casilla 228 Básica, en las restantes los actores hicieron depender el error en rubros auxiliares, por lo que la casilla referida se incluirá en el bloque siguiente, en el que se estudiaran las casillas impugnadas por el Partido Acción Nacional.

b. Análisis de las casillas impugnadas por el Partido Acción Nacional.

Dicho partido impugnó ciento tres casillas, al considerar la existencia de errores entre los tres rubros fundamentales, por lo que para el análisis se clasificaran en dos grupos, a saber: I. Casillas que no fueron objeto de recuento, y II. Casillas recontadas, mismos que se analizan a continuación.

Cabe señalar, que en este bloque se analizará la casilla 228 Básica impugnada por el Partido de la Revolución Democrática, porque el error lo hace depender de rubros fundamentales.

I. Casillas que no fueron objeto de recuento.

Del universo de casillas impugnadas, las que no fueron motivo de recuento en la instancia administrativa son las siguientes: