JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SX-JIN-111/2024 Y SX-JIN-112/2024, ACUMULADO

ACTORES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: 08 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE OAXACA, CON CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADO PONENTE EN FUNCIONES: JOSÉ ANTONIO TRONCOSO ÁVILA

SECRETARIO: RAFAEL ANDRÉS SCHLESKE COUTIÑO

COLABORADOR: MIGUEL RAÚL FIGUEROA MARTÍNEZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco de julio de dos mil veinticuatro.[1]

SENTENCIA que se emite en los juicios de inconformidad al rubro citado, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital referente a la elección de diputaciones, por el principio de mayoría relativa, realizado por el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez.

SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN

Esta Sala Regional decide modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital referente a la elección de diputaciones, por el principio de mayoría relativa, realizado por el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez, al resultar fundado el planteamiento de nulidad de votación recibida en una casilla, por indebida integración de la mesa directiva de casilla.

Además, se confirma la entrega de constancia de mayoría y la validez de la elección.

ANTECEDENTES

I. Contexto

Del escrito de demanda y demás constancias que obran en el expediente se advierte lo siguiente:

1.             Jornada electoral. El dos de junio, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección del titular del ejecutivo federal, así como las personas integrantes del Congreso de la Unión, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

2.             Sesión de cómputo distrital. En su oportunidad, el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez, sesionó para realizar los respectivos cómputos distritales de las elecciones federales, del cual se obtuvieron los resultados siguientes para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa:[2]

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

3.             El consejo distrital, después de obtener los resultados, declaró la validez de la elección y entregó la constancia de mayoría a la fórmula ganadora. El cómputo concluyó el siete de junio.

II. Del trámite y sustanciación de los medios de impugnación federal

4.             Demandas. El once de junio de esta anualidad, los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, por conducto de Viany Citlali García Santiago y Camila Heredia Osante en su carácter de representantes propietarias acreditadas ante el citado Consejo distrital, presentaron ante dicha autoridad, demandas de juicio de inconformidad a fin de impugnar los actos referidos en el punto anterior.

5.             Recepción y turno. El diecinueve de junio del mismo año, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional se recibieron las demandas, los expedientes y sus anexos; y en la misma fecha, la magistrada presidenta acordó integrar los expedientes SX-JIN-111/2024 y SX-JIN-112/2024 y turnarlos a la ponencia a cargo del magistrado en funciones[3] José Antonio Troncoso Ávila, para los efectos respectivos.

6.             Radicación, admisión y cierre de Instrucción. En su oportunidad, el Magistrado instructor admitió las demandas de los juicios de inconformidad y, al no quedar diligencias pendientes de desahogar, declaró cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

7.             El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este medio de impugnación, por materia y territorio, al tratarse del cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, realizados por el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez, que corresponde a esta tercera circunscripción plurinominal electoral.

8.             Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI; 60, segundo párrafo, y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;[4] 1, fracción II, 164, 165, 166, fracción I, 173, párrafo primero, y 176, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, inciso b), 34, apartado 2, inciso a), 49, 50 apartado 1, inciso d), y 53, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[5].

SEGUNDO. Acumulación

9.             En el caso, de los escritos de demanda de los juicios que se analizan, se advierte conexidad en la causa, porque en ambos se controvierte el mismo acto, esto es, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 08 distrito electoral federal del Estado de Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez; además, existe identidad en la autoridad señalada como responsable, que es el 08 Consejo Distrital del INE correspondiente a dicho distrito electoral y entidad federativa.

10.        En tal virtud, a efecto de evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias respecto de una misma cuestión es procedente acumular los juicios al existir identidad en el acto impugnado, a fin de privilegiar su resolución congruente y pronta.

11.        Lo anterior, en términos de los artículos 31 de la Ley General de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

12.        Por lo tanto, se acumula el expediente SX-JIN-112/2024 al diverso SX-JIN-111/2024, por ser éste el más antiguo; además, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente del juicio acumulado.

TERCERO. Tercero interesado

13.        En el presente juicio, se le reconoce el carácter de tercero interesados al partido político MORENA, quien comparece a través de su representante propietario acreditado ante el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez.

14.        Lo anterior, en términos de los artículos 12, apartados 1, inciso c), y 2; 13, apartado 1, inciso a) y 17, apartado 4, de la Ley General de Medios, como se indica a continuación:

15.        Legitimación, personería e interés incompatible: En el caso, comparece el partido MORENA a través de su representante propietarios ante la autoridad responsable,[6] esto es, Gerardo Javier Canseco Pinacho, carácter que tiene reconocido derivado del informe rendido por la autoridad responsable.[7]

16.        Además, el partido político forma parte de la coalición que obtuvo el triunfo en la elección controvertida, de ahí que, si el actor pretende anular la votación de diversas casillas, es evidente que el ahora tercero interesado tiene un derecho incompatible con el partido actor.

17.        Forma. El escrito de tercero interesado fue presentado ante la autoridad responsable; se hizo constar el nombre del partido político y la firma autógrafa de quien comparece como su representante; además, expresa la oposición a las pretensiones del actor mediante la exposición de los argumentos.

18.        Oportunidad. De las constancias de autos se advierte que el juicio se presentó el once de junio, mientras que la publicación y la presentación del escrito de comparecencia del tercero interesado ocurrió en la fecha y hora que se precisan:

19.        En el caso, el escrito de comparecencia se considera presentado dentro del plazo de las setenta y dos horas de la publicación del medio de impugnación; debiéndose considerar oportuno.

CUARTO. Causales de improcedencia

20.        La parte tercera interesada hace valer las siguientes causales de improcedencia:

a) Se pretende impugnar más de una elección y no es definitiva

21.        MORENA, en su escrito de comparecencia, solicita que la demanda del PAN se deseche de plano, debido a que, desde su perspectiva, por impugnarse, tanto la elección de diputaciones, como la declaración de validez y entrega de constancias de mayoría correspondientes a la elección presidencial y de senadurías, que no son definitivos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, apartado1, incisos d) y e), de la Ley General de Medios.

22.        Al respecto, esta Sala Regional considera que la causal invocada es infundada.

23.        Esto, porque de la lectura de la demanda se advierte que en ningún momento se menciona que sea pretensión del actor (PAN) el impugnar algún acto relacionado con la elección de presidencia o senadurías; sino que precisa que el acto reclamado es el resultado, de la elección distrital de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, por nulidad de votación recibida en casilla.

24.        Además, no estamos ante un supuesto de falta de definitividad del acto impugnado, dado que, no existe algún medio de impugnación, recurso o instancia que se deba agotar de manera previa, para promover el juicio de inconformidad en contra de los resultados y declaración de validez de la elección de diputaciones de mayoría relativa, de conformidad con el artículo 50, inciso b) de la Ley General de Medios.

25.        En ese tenor, la causal de improcedencia es infundada, dado que el planteamiento y solicitud parten de una premisa falsa, por tanto, no se actualiza la causal alegada.

b) Falta de oportunidad

26.        Así también, MORENA señala que la demanda resulta extemporánea al considerar que fueron presentadas fuera del plazo de los cuatro días previsto en la Ley, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Medios.

27.        Al respecto, MORENA sostiene que el cómputo culminó el ocho de junio, siendo extemporánea la presentación de la demanda.

28.        Esta Sala Regional considera que la causal de improcedencia es infundada.

29.        Lo anterior, ya que contrario a lo afirmado, la demanda es oportuna, en tanto que, de las constancias en autos, se advierte se presentó dentro del plazo de los cuatro días que fija la legislación,[9] pues el cómputo de la elección, materia de este asunto, se realizó el siete de junio,[10] y la demanda se presentó ante la autoridad responsable al cuarto día posterior, esto es, el once siguiente.[11]

30.        Es decir, dentro del plazo de cuatro días que establecen los artículos 8 y 55, apartado 1, inciso b) de la Ley General de Medios.

31.        En consecuencia, la causal de improcedencia invocada deviene infundada.

32.        En ese tenor, al advertirse que la demanda federal del PAN es jurídicamente viable para impugnar el cómputo de la elección de diputaciones federales que realizó el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez, resultan infundadas las causas de improcedencia invocadas por MORENA.

33.        Por otro lado, si bien la autoridad responsable en su informe circunstanciado del SX-JIN-112/2024, hace valer como causal de improcedencia o sobreseimiento que las casillas cuestionadas por el PAN estuvieron debidamente integradas, ello no constituye una causa de improcedencia, al relacionarse con el estudio de fondo de la cuestión planteada.

QUINTO. Requisitos generales y especiales de procedencia

34.        Las demandas de los presentes juicios reúnen los requisitos generales y requisitos especiales exigidos por los artículos 9, apartado 1, 13, apartado 1, inciso a), fracción I, 52, párrafo primero, 54, apartado 1, inciso a), 55, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Medios, tal como se explica a continuación.

Requisitos generales:

35.        Oportunidad. Se cumple con este requisito, en términos del considerando anterior; incluso para la demanda del PRD pues también fue presentada el once de junio.

36.        Legitimación y personería. los presentes juicios de inconformidad están promovidos por parte legítima, porque acuden los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, a través de Viany Citlali García Santiago y Camila Heredia Osante en su carácter de representantes acreditadas ante el consejo responsable, personería reconocida en el informe circunstanciado respectivo.[12]

Requisitos especiales:

37.        Tales requisitos también están colmados, como se ve a continuación:

38.        Señalamiento de la elección que se impugna. La parte actora en sus demandas señalan en forma concreta que la elección que impugnan es la de diputaciones, por el principio de mayoría relativa, realizada en el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez.

39.        Mención individualizada del acta de cómputo distrital. En virtud del punto anterior, el acta de cómputo distrital es la correspondiente a esa misma elección.

40.        La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas. La parte actora en su demanda precisó las casillas cuya votación solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso, tal como se precisará en la tabla contenida en un diverso considerando de esta sentencia, en específico, el SÉPTIMO “Pretensión, causales de nulidad invocadas y metodología de estudio”.

SEXTO. Cuestión previa en relación con la fecha límite para resolver los juicios de inconformidad

41.        Esta Sala Regional tiene como límite para resolver los juicios de inconformidad de las elecciones integrantes del Congreso de la Unión, a más tardar el tres de agosto del año de la elección; como se advierte de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 44, apartado 1, inciso u), y 327 de la LGIPE[13]; así como 58 y 69 de la Ley General de Medios, tal y como se explica a continuación:

42.        Dentro de las atribuciones que tiene el Consejo General del INE se encuentra la de efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputaciones electas según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de diputaciones por este principio, determinar la asignación de diputaciones para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección, en términos del artículo 44, apartado 1, inciso u), de la LGIPE.

43.        Asimismo, el Consejo General procederá a la asignación de diputaciones y senadurías electas por el principio de representación proporcional conforme al procedimiento indicado en los numerales 15 al 21 de la LGIPE, una vez resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones que se hayan interpuesto a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección, lo anterior, con fundamento en los artículo 327 de la referida ley sustantiva electoral y 54 de la Constitución federal.

44.        Por su parte, el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, por el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, de conformidad con la Ley General de Medios, su artículo 3, apartado 2, inciso b).

45.        Durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones, entre otras, las de integrantes del Congreso de la Unión, en términos del artículo 49 de la referida ley de medios.

46.        En ese orden de ideas, los juicios de inconformidad de las elecciones de integrantes del Congreso de la Unión deberán quedar resueltos el día tres de agosto y los relativos a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el treinta y uno de agosto, ambas fechas del año de la elección, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley General de Medios.

47.        Además, se tiene que el recurso de reconsideración procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales y que la Sala Superior del Tribunal Electoral es la única competente para resolver este tipo de recurso y, cuando versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputaciones, deberán ser resueltos a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral, conforme a lo previsto en los artículos 61, 64 y 69 de la citada ley de medios.

48.        En ese orden de ideas, la Cámara de Diputados se compondrá de trescientas diputaciones electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y doscientas diputaciones que serán electas según el principio de representación proporcional, electos en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión el primero de septiembre, de acuerdo con los artículos 51, 52 y 65 de la Constitución federal.

49.        Ahora bien, de lo expuesto se advierte que la LGIPE dispone, por una parte, que el Consejo General deberá realizar la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección, pero también señala que la referida asignación deberá realizarse a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección; por tanto, hay una incongruencia en la citada ley sustantiva electoral al manejar dos fechas para la realización de un mismo acto.

50.        Por su parte, la Ley General de Medios señala que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios de inconformidad a más tardar el tres de agosto del año de la elección y los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral.

51.        Cabe señalar que las fechas previstas en la ley sustantiva en relación con la ley adjetiva, referidas, no resultan congruentes ya que lo ideal sería que primeramente el Tribunal Electoral resolviera todos los juicios de inconformidad y de reconsideración que se presentaran, a fin de que quedaran firmes los cómputos respectivos y, posteriormente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizará la asignación de diputaciones.

52.        Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la falta de congruencia en las fechas señaladas se debió a un lapsus calami del legislador, al no ajustar las fechas que permitan coordinar las actividades antes referidas, al dejar como fecha límite al Consejo General para realizar la asignación, una fecha anterior a que culmine el límite temporal con que cuenta el Tribunal Electoral para resolver los juicios y recursos señalados.

53.        En consecuencia, aún y cuando se establezca que el Consejo General hará la asignación a más tardar en dos posibles fechas como sería el veintitrés de agosto o el veintitrés de julio del año de la elección, en términos de lo señalado en los artículos 44, apartado 1, inciso u) y 327 de la LGIPE; este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ajustarse a lo previsto en los artículos 58 y 69 de la Ley General de Medios, al ser la que regula lo relativo a los juicios de inconformidad de la elección de diputaciones y que prevé como límite para resolver a más tardar el tres de agosto, y en el caso de los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral. Ello, porque este Tribunal Electoral se rige por la referida ley adjetiva electoral.

SÉPTIMO. Pretensión, causales de nulidad invocadas y metodología de estudio

54.        La pretensión del Partido de la Revolución Democrática es que se declare la nulidad de la elección relativa a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez, porque, en su consideración, ocurrieron las irregularidades graves y determinantes siguientes:

        Indebida intervención del gobierno federal en el proceso electoral

        Conductas graves, continuas y reiteradas de violencia generada por el crimen organizado

        Intermitencia en el sistema de carga de la información de los cómputos distritales

55.        Además, los actores pretenden que se declare la nulidad de diversas casillas, al haberse integrados supuestamente por personas no autorizadas para ello, las cuales se precisan en la siguiente tabla:

56.        Cabe precisar que el PAN, de las ochenta y un casillas impugnadas, se analizarán ciento nueve planteamientos de nulidad de votación, pues en algunas de ellas se cuestionó la integración por más de una persona que fungió en las casillas impugnadas. Sobre esta causal el PRD señala quince supuestos de nulidad, haciendo un total de ciento veinticuatro por este motivo.

57.        El PRD también señala que se actualiza la causal de nulidad de la votación recibida en casilla que se dispone en el artículo 75, apartado 1, inciso f),[14] de la Ley General de Medios, consistente en haber mediado error o dolo en el cómputo, aunque no precisa algún centro de votación específico.

58.        Por metodología, las causales de nulidad de votación se estudiarán en el orden en que aparecen en el artículo 75 de la Ley General de Medios.

59.        Ahora, respecto a la metodología, se estudiarán las causales en el orden antes propuesto, pues de declararse fundada la nulidad de la elección haría innecesario el resto de las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, por lo que, solo en caso de no asistir razón al PRD que la hizo valer, se continuará con el estudio del resto de las nulidades señaladas por el PAN.

OCTAVO. Causales de nulidad de elección

60.        El PRD estima que está acreditada una violación sustancial, generalizada y determinante, y pide que se declare la nulidad de la elección, por los hechos que se comprenden en los temas siguientes:

a)    Indebida intervención del gobierno federal en el proceso electoral

b)   Conductas graves, continuas y reiteradas de violencia generada por el crimen organizado

c)    Intermitencia en el sistema de carga de la información de los cómputos distritales

61.        Para el estudio de las causales señaladas, se estudiarán los incisos en el orden propuesto, abordando las consideraciones del partido actor, para señalar la decisión y justificación que dé respuesta a cada planteamiento.

A.   Marco normativo

I.            Causal nulidad de elección e invalidez por violación a principios constitucionales

62.        El artículo 78, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece lo siguiente:

Artículo 78.

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o la entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditados y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.”

63.        Los alcances de esa causa de nulidad, que se ha dado en llamar “genérica” son los siguientes.[15]

        Es preciso que se hubieren cometido violaciones:

a)    Sustanciales.

b)   En forma generalizada.

c)    En la jornada electoral.

d)   En el distrito o entidad de que se trate.

e)    Plenamente acreditadas.

f)      Determinantes para el resultado de la elección.

64.        En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de que se celebró una elección democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus representantes.

65.        Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución federal, y que se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad.

66.        Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de diputaciones y senadurías, en el distrito o entidad de que se trate.

67.        Lo anterior, con el fin de que, por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está viciada.

68.        En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, a primera vista da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza.

69.        Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral.

70.        Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera originaria.

71.        Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley General de Medios, no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre, secreto y directo, que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades.

72.        En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.

73.        Esto, porque se exige que las violaciones sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que, por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales precisados.

74.        Cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso, un delito, que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta importante la prueba indiciaria.

75.        Lo anterior, se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes, elemento que, al ser común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por violación a principios constitucionales.

76.        Por su parte, la llamada causa de invalidez por violación a principios constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho este Tribunal Electoral ha sostenido que la Constitución federal establece mandamientos respecto de los cuales debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma general, valores que son inmutables y que garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son producto de la experiencia histórica propia del Estado.

77.        Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función estatal, porque establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden público.

78.        Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente, vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables de su observancia.

79.        Así, las disposiciones constitucionales no sólo son mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la función estatal, sino que también contienen normas vigentes y exigibles.

80.        Consecuentemente, este Tribunal Electoral ha considerado que una elección de mayoría relativa puede declararse inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales o valores fundamentales, constitucionalmente previstos.

81.        Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección por violación de principios constitucionales son:[16]

a)    Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio de algún principio o norma constitucional, o parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);

b)   Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas;

c)    Que se constate el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral, y

d)   Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

82.        En la sentencia SUP-JIN-359/2012, la Sala Superior de este Tribunal Electoral al analizar el grado de afectación por la violación y que ésta sea cuantitativa o cualitativa, sostuvo que éstas deben ser sustanciales, graves y generalizadas o sistemáticas.

83.        Como ya se dijo en el apartado previo, hay principios que son tutelados por el sistema de nulidades; y tratándose de la causa de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley General de Medios, y de la invalidez por violación de principios constitucionales, se puede establecer que ambas comparten algunos elementos, entre otros, exigen que sean violaciones sustanciales, graves, plenamente acreditadas, se constate el grado de afectación o su generalización y que sean determinantes.

84.        Este último elemento de “determinancia”, al ser común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por violación a principios constitucionales, se abordará con más detalle a continuación.

II.            El elemento determinancia en las causales de nulidad

85.        Para que se actualice la nulidad de una elección bien sea por los supuestos jurídicos establecidos en los artículos 76, párrafo 1, incisos a) o b), 78, 78 bis o por violación a los principios constitucionales, es necesario que se pruebe la existencia de una irregularidad o conjunto de ellas, cuya consecuencia sea la vulneración significativa a los principios que rigen las elecciones,[17] es decir, se requiere que se reúna el requisito de la determinancia, el cual es un elemento que siempre debe analizarse.

86.        Ahora bien, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha razonado que para establecer si se actualiza la determinancia se pueden utilizar criterios aritméticos, pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de verificar si se han conculcado de manera significativa uno o más de los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió.[18]

87.        Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de una violación supone la concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y otro cuantitativo.

88.        El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático (como sería el caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral).

89.        Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la misma.[19]

90.        Es más, los criterios cualitativo y cuantitativo mutuamente se complementan, ya que no son criterios netamente puros, pues el criterio cualitativo si bien atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos, no menos cierto es que puede también apoyarse en estadísticas o cifras; y el criterio cualitativo si bien atiende a una cierta magnitud medible o el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular, también lo es que cuando se estima colmado desde este punto de vista, implícitamente está protegiendo los valores constitucionales; pero lo que define uno y otro, es el carácter que predomina, lo que no implica que el criterio diverso de determinancia esté ausente.

91.        Ahora bien, no debe dejarse de lado que la evolución de la interpretación constitucional y legal de la figura de la nulidad de una elección permite advertir que la determinancia tiene como finalidad primordial la protección de la voluntad popular y que no cualquier irregularidad tenga como consecuencia la nulidad de una elección, sino que éstas deben ser de una gran magnitud.

92.        En efecto, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que el sistema de nulidades solamente comprende conductas calificadas como graves.[20]

93.        Por otro lado, al analizar si se vulneraron principios constitucionales, con el fin de verificar si se acredita la determinancia, no debe perderse de vista que todos los principios y valores contemplados por la Constitución federal son vinculantes, por tratarse de elementos fundamentales para considerar válida una elección, por lo que, el sistema de nulidades debe procurar que todos ellos sean cumplidos en cada proceso electivo.

94.        De tal modo, el juzgador debe cuidar que al considerar la actualización de la determinancia por vulneración a un principio constitucional no deje insubsistente otro u otros principios de igual jerarquía, pues como se dijo, debe darse vigencia a todos los principios constitucionales.

95.        Así el juzgador, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, debe buscar que la decisión de anular o validar una elección, se base en el equilibrio de los posibles principios constitucionales en juego.

96.        Pues no debe perderse de vista que, la nulidad de una elección es un asunto sumamente delicado, por un lado, representa una de las sanciones más severas que puede imponer la autoridad electoral a fin de asegurar la legalidad de la competencia política y la legitimidad de los resultados; pero, por otra parte, implica un dilema moral sobre la voluntad de los votantes, que con irregularidades o no, participan en un proceso en el que esperan que su voto cuente.

97.        Así, en casos particulares, la Sala Superior ha sostenido que: “…si se está en presencia de una irregularidad leve o no grave, o bien, si la irregularidad, aun de carácter grave, no es de la magnitud o amplitud suficiente para influir en el resultado electoral, no será una irregularidad invalidante y, por tanto, no será susceptible de acarrear la nulidad de una elección (votación), incluso si la diferencia entre los partidos es mínima, así sea de un solo voto, toda vez que debe privilegiarse la expresión de la voluntad popular expresada en las urnas”.[21]

98.        Por ende, en atención al artículo 1° de la Constitución federal, el cual impone que, cuando estén en juego los derechos humanos se interpreten de conformidad con esta Carta Magna, y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo cual también debe tomar en cuenta el voto de los ciudadanos que, colectivamente, conforman la voluntad popular.

99.        Así, el requisito de determinancia garantiza la autenticidad y libertad del sufragio y de la elección, asimismo otorga certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados.

100.   De no exigirse, según el caso, que la violación sea determinante, se podría llegar al absurdo de considerar que cualquier transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas y jurisdiccionales que en última instancia garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio.

B.   Caso concreto

a) Indebida intervención del gobierno federal en el proceso electoral

101.   La parte actora pretende la nulidad de la elección, para lo cual argumenta que contrario a derecho se consideró válida la votación recibida en todas las mesas directivas de casillas instaladas el pasado 2 de junio, cuando -desde su perspectiva- la votación se encontraba viciada por la indebida intervención de gobierno federal.

102.   En ese contexto, sostiene que debe determinarse la nulidad de la elección, por vulneración a los principios de neutralidad y equidad, que se traduce en una implícita trasgresión de los principios rectores de la elección; a saber, que sean libres, auténticas y periódicas, mediante voto universal, libre, secreto y directo, así como los derechos de participación política.

103.   Lo anterior lo sustenta en que, desde su parecer, la autoridad responsable dejó de considerar la conducta del presidente de la República Mexicana, quien junto con sus candidaturas a diversos cargos de elección popular federal y local, en forma flagrante, continua, sistemática y reiterada, antes y durante el proceso electoral, pudo trasgredir los bienes jurídicos tutelados por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución.

104.   El partido actor también sostiene que es evidente que dicha conducta tuvo como resultado generar ventaja a favor de MORENA; aunado a que el beneficio fue materializado para las candidaturas postuladas por ese instituto político, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, al competir aliados.

105.   En esa medida y derivado de las acciones que destaca, en concepto del PRD, los referidos partidos transgredieron los principios de neutralidad e imparcialidad, privando a la ciudadanía de manera implícita de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, generando conductas que vulneraron los principios que rigen las elecciones.

106.   En sus conceptos de disenso, el partido inconforme indica que a partir de diversas manifestaciones ocurridas en las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo, popularmente llamadas “Mañaneras” se transgredió lo establecido por el artículo 134 de la Constitución, atento a que dicho numeral establece la obligación de las personas servidoras públicas de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos, siendo aplicable -a su decir- la jurisprudencia 12/2015 de Sala Superior[22].

107.   En sustento de sus expresiones, cita lo resuelto por Sala Superior en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-43/2009, señalando que en esa decisión se concluyó que la promoción velada o explícita de las personas servidoras públicas constituye promoción personalizada.

108.   Continúa indicando que el Presidente de la República, en el ejercicio de su encargo realizó propaganda gubernamental e incidió en forma directa en el proceso electoral 2023-2024 en beneficio de la coalición que obtuvo el triunfo, de sus candidaturas, y en especial de la postulada al Poder Ejecutivo Federal, conducta que afirma es contraria a derecho.

109.   De igual manera sostiene que en la especie, resulta aplicable la jurisprudencia 20/2008 de rubro PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO[23].

110.   Abunda en la exposición de la presentación de diversas quejas ante el INE, para destacar que en algunas de ellas se determinó la vulneración de los principios constitucionales por parte del titular del Ejecutivo Federal, y finaliza indicando en prueba de su dicho, la clave de identificación de diversos expedientes. En el mismo orden de ideas destaca que, respecto de conductas de esta naturaleza, la Sala Superior de este Tribunal Electoral, ha conocido de diversas impugnaciones.

111.   Con base en lo expuesto, solicita de esta Sala Regional que, en plenitud de jurisdicción se determine la nulidad de la votación recibida en las mesas directivas de casilla instaladas el pasado 2 de junio, para la elección impugnada en este juicio de inconformidad.

112.   A juico de esta Sala, los agravios del PRD son ineficaces, como se advierte de sus conceptos de disenso, de manera general refieren hechos que -desde su punto de vista- implican intervención del gobierno federal en las elecciones celebradas el pasado dos de junio, lo que -a su decir- constituyen conductas contrarias a los bienes jurídicos tutelados por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución.

113.   Con independencia de la existencia o no de las decisiones de queja y medios de defensa ante Sala Superior de este Tribunal, se impone destacar que el partido actor, contrario al deber que tiene de frente a su pretensión de nulidad, incumple con la exigencia de referir y demostrar las circunstancias particulares que pudieran llevar a este órgano jurisdiccional a determinar la nulidad de la elección o de las casillas que se impugnan concretamente en el presente juicio de inconformidad, como a continuación se expone.

114.   La litis en este juicio lleva a un análisis específico de esos hechos de frente a la actualización o no de alguna causal de nulidad invocada en su demanda.

115.   Conforme a la línea jurisprudencial clara y sostenida de este Tribunal Electoral —la cual quedó señalada en el marco normativo previamente referido— el estudio de nulidades en materia electoral debe vencer la presunción de legalidad de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados.

116.   En esta lógica, la nulidad de una elección solo puede actualizarse si se acreditan plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista en la legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación o la elección

117.   Así, cómo ya se señaló, cuando los valores tutelados en la elección no son afectados sustancialmente, o el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deberán preservarse los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

118.   En ese orden de ideas, el artículo 78 de la Ley de Medios establece que las Salas de este tribunal podrán declarar la nulidad de alguna elección de diputaciones o senadurías, cuando se acredite que:

   Ocurrieron violaciones sustanciales en la jornada electoral.

   De forma generalizada.

   En el distrito o entidad de que se trate.

   Que estén plenamente acreditadas, y, que

   Sean determinantes para el resultado de la elección.

119.   Adicionalmente, tenemos la presunción de determinancia, misma que se actualiza, como sabemos, cuando existiendo las violaciones en cita, la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% (cinco por ciento).[24]

120.   Se entenderá por violaciones graves, las conductas irregulares que produzcan afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.[25]

121.   Se calificarán como dolosas, las conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter lícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso.

122.   Importa tener presente la consideración de Sala Superior en cuanto a que la causal de nulidad guarda un nexo funcional con los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos.

123.   Conforme a estas directrices, será que los tribunales electorales, conforme a sus atribuciones y competencia, podrán reconocer la validez o declarar la nulidad de una elección siempre que, en los planteamientos de la demanda, en primer lugar, se expongan argumentos tendentes a demostrar que está plenamente acreditada la causal específica de nulidad legalmente prevista o incluso irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.

124.   En el caso, como se anunció previamente, la parte actora no señala y menos acredita, cómo es que la supuesta intervención del gobierno federal que refiere en sustento de su petición de nulidad fue determinante para el resultado de las casillas que impugna o para la elección que controvierte en este juicio de inconformidad.

125.   De la revisión detallada de sus planteamientos no se advierten circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto a la forma en que esos hechos que atribuye al titular del Ejecutivo, pueden incidir en forma determinante en la votación recibida en cada una de las casillas que impugna, tampoco respecto de la elección que controvierte en este juicio; menos cómo pudieran afectarse en forma generalizada, cierta, suficiente y determinante, los principios que tutelan el voto universal, libre, secreto y directo.

126.   Las menciones en el orden en que se dan, constituyen afirmaciones que sin someter a debate la existencia de determinaciones judiciales en las que se haya declarado la vulneración al numeral 134 de la Constitución, cierto es que si no son vinculadas directamente con la posibilidad de afectación específica a los centros de votación y a la elección que se revisa, no pueden tener el efecto pretendido, ni ser prueba suficiente de violaciones graves, sistemáticas y determinantes que incidan en el resultado de la votación en casilla o de la elección.

127.   En esa distancia de confronta eficaz, se ubican los señalamientos amplios, generales y no directos, particulares e individualizados que eran requeridos, en que centra su impugnación el partido demandante. De manera que, el planteamiento sobre la nulidad de la elección deviene inoperante.

128.   Además, al no acreditarse los hechos aducidos, su referencia como causa de nulidad de la elección por violación a principios constitucionales también sería inoperante para controvertir los resultados de la elección impugnada; al no demostrarse la relación de causalidad o determinancia para el resultado de los comicios. Y, por tanto, la causal de nulidad invocada es infundada.

b) Conductas graves, continuas y reiteradas de violencia generada por el crimen organizado

129.   El partido actor señala que el día de la jornada electoral, el crimen organizado tuvo una injerencia trascendental, lo cual considera una conducta grave de imposible reparación, ya que afectó de manera sistemática y continua la voluntad libre, directa y secreta de la ciudadanía en la emisión de su voto y que impactó en la votación que se recibió en todas las casillas que se instalaron en el territorio del distrito electoral federal que se impugna.

130.   Al respecto, en la demanda refiere que dicha violencia se efectuó en diversas mesas directivas de casilla, y que tal situación se acredita con el Sistema de información de la Jornada Electoral del INE, así como con la nota del medio de comunicación digital denominado “Infobae” titulada ”Entre asesinatos y robo de paquetería: 24 casillas no fueron instaladas por violencia, según Laboratorio Electoral”,[26] donde se dio cuenta de la violencia generada por el crimen organizado el pasado dos de junio.

131.   Así, para el actor, con la nota periodística que indica se acredita de manera fehaciente la existencia de conductas graves y reiteradas generada por la violencia del crimen organizado que tuvieron repercusiones sistemáticas y continuas de inseguridad en todas las mesas directivas de casilla que se instalaron en el territorio electoral federal.

132.   Al respecto, el partido promovente señala que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior de este Tribunal Electoral que la violencia del crimen organizado que se genera en las mesas directivas de casilla —como los que se denuncian a través del presente medio de defensa legal—, son elementos trascedentes que generan un vínculo directo con la nulidad de una elección, tal y como se preceptúa en el artículo 78, numeral 1 de la Ley General de Medios.

133.   En ese sentido, el partido promovente refiere que la violencia suscitada el día de la jornada electoral lesionó gravemente los principios rectores de las elecciones, por lo que este órgano jurisdiccional federal deberá analizar el presente asunto de manera contextual e integral, tomando todos los elementos probatorios, para efectos de concluir que la violencia generada por el crimen organizado afectó los resultados de las elecciones, pues, en su estima, son factores que ejercen presión, violencia o coacción en la ciudadanía.

134.   En ese contexto, el partido político indica que se actualiza la casual de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley General de Medios, en relación con el artículo 85, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

135.   Lo anterior, porque el artículo 85, párrafo 1, inciso f) de la LGIPE establece la facultad de los presidentes de las mesas directivas de casillas para retirar a cualquier persona que altere el orden; en tanto que el artículo 78 de la Ley General de Medios sanciona la nulidad de las elecciones cuando se acreditan violaciones sustanciales en la jornada electoral, de manera generalizada.

136.   Así, para el partido actor, se acredita la nulidad de la elección que controvierte, porque el conjunto de probanzas que indica permite apreciar, conforme a las reglas generales de la experiencia y la sana crítica, que el día de la jornada electoral se acreditaron hechos violentos generados por el crimen organizado, que a su vez generaron hechos complejos, colectivos, dinámicas relevantes que afectaron de manera fehaciente el sano desarrollo de la elección.

137.   En esa tónica, se comprende que el reclamo del partido actor consiste en la nulidad de la elección porque estima que el crimen organizado tuvo impacto en cinco centros de votación y que, si bien las personas funcionarias de casilla tienen facultades para inhibir algunos actos de violencia, en el caso, la violencia generada por el crimen organizado el día de la jornada electoral los sobrepasó por lo que se vio afectada la ciudadanía.

138.   En consideración de esta Sala Regional el agravio resulta inoperante, así como infundada la pretensión de nulidad.

139.   La inoperancia radica en que el partido actor se limita a realizar argumentos genéricos e imprecisos respecto a los supuestos hechos de violencia que generó el crimen organizado y que, a su decir, impactaron en la jornada electoral, aunado a que tampoco cumple con la carga de la prueba para acreditar los extremos de la nulidad que alega ante este órgano jurisdiccional federal.

140.   En ese sentido, esta autoridad no podría sustituirse en la tarea y carga procesal que tiene el partido actor y perfeccionar su alegación, pues de lo contrario se atentaría contra el equilibrio procesal.

141.   Por otra parte, no le asiste la razón al actor, ya que si bien la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha señalado que cuando se plantea la nulidad de una elección por las violaciones generadas por actos de violencia generalizada, las autoridades electorales deben realizar el estudio o análisis respectivo, partiendo de la base de que se trata de un tema complejo y relevante que debe examinarse de forma integral o global (pues de otra forma, sería imposible definir de manera objetiva si los hechos se tienen por acreditados y, de ser así, determinar el impacto o incidencia que tuvieron en el resultado de los comicios), lo cierto también es que las partes deben presentar elementos probatorios que permitan realizar dicho análisis.[27]

142.   En efecto, la referida Sala ha precisado que en asuntos complejos como la impugnación materia de la presente sentencia, las autoridades electorales pueden recurrir a la valoración contextual de las pruebas ofrecidas por las partes, cuando, atendiendo a las características del propio asunto, siempre que satisfagan elementos como los siguientes:

        Exista una narrativa coherente apoyada en elementos mínimos de prueba de donde pueda desprenderse la posible violación sistemática y generalizada de un derecho fundamental.

        Deba decidirse un caso que no es habitual o común.

        Se advierta que los hechos ocurridos en una demarcación específica han afectado considerablemente a la población en un tiempo prolongado.

        El entorno sea relevante por la sistematicidad y generalidad de los actos.

        La afectación a ciertos derechos sea de mayor entidad frente a otros.

143.   Al respecto, conviene precisar que en este caso el partido actor presenta únicamente como prueba —de la violencia suscitada el día de la jornada electoral—, una nota periodística de la supuesta irregularidad, así como lo asentado en el Sistema de información de la Jornada Electoral (SIJE) del INE respecto de cinco casillas.

144.   Sin embargo, de la nota periodística a lo más que podría arribar este órgano jurisdiccional es a presumir la existencia de la nota, más no de los hechos que son referidos en la misma, al tratarse de una prueba técnica que tiene el carácter de imperfecta y que, en el caso, no se relaciona con otros medios de prueba que permitan acreditar la supuesta situación de violencia generalizada que acusa el partido actor; ni la supuesta intervención del crimen organizado que alega.

145.   En tanto que, del contenido de la nota periodística aportada no se puede identificar la relación de los hechos que relata con algún distrito, sección electoral o casilla de la elección que se impugna, ya que refiere entidades federativas en general; mientras que, el partido actor solo indicó once casillas donde considera que tuvo impacto la dinámica de violencia generalizada que acusa en su demanda.

146.   En ese contexto, se advierte que el agravio por el que se solicita de nulidad de la elección impugnada es inoperante, porque aduce la existencia de una situación de violencia generalizada que supuestamente impidió garantizar la autenticidad de la elección de diputaciones federales celebrada en el 08 distrito electoral federal en Oaxaca, pero en la especie no la demuestra, ni tampoco el supuesto impacto que tuvo en los resultados de los comicios impugnados.

147.   En ese tenor, conforme a los criterios de este Tribunal Electoral que fueron expuestos, el planteamiento de la causal de nulidad deviene ineficaz para ser estudiado, ya que el partido actor no aporta los elementos mínimos para su análisis, como lo es la acreditación de los hechos en el contexto de la elección controvertida, así como la relación de causalidad que considera que existe con los resultados impugnados.

148.   Además, se tiene que la Ley General de Medios[28] establece que las irregularidades consistentes en la no instalación de casillas el día de la jornada, sólo puede ser trascendente para la validez de una elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, cuando se acredita en más de veinte por ciento (20%) de las casillas que se debían instalar. Lo que no ocurre en el caso, por lo que la pretensión de nulidad aducida resulta infundada.

149.   En el mismo sentido, para que se acredite la causal de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley General de Medios, es necesario demostrar fehacientemente la acreditación de irregularidades sustanciales, graves y determinantes para el resultado de la elección; lo que, en el caso, no ocurre. Por lo que dicha causal, también deviene infundada.

150.   Además, al no acreditarse la situación generalizada de violencia con motivo de la intervención del crimen organizado que plantea el partido actor, su referencia como causa de nulidad de la elección por violación a principios constitucionales también sería inoperante para controvertir los resultados de la elección impugnada; al no demostrarse la relación de causalidad o determinancia para el resultado de los comicios. Y, por tanto, la causal de nulidad invocada es infundada.

c) Intermitencia en el sistema de carga de la información de los cómputos distritales

151.   El Partido de la Revolución Democrática solicita que se anule la elección de diputaciones federales celebrada en el distrito electoral federal 08 en Oaxaca, porque considera que no se cuenta con certeza sobre la autenticidad de los resultados debido que existieron intermitencias en el sistema de carga de la información de los cómputos distritales, que generaron variaciones como si algún usuario distinto a la autoridad electoral estuviera nutriendo el sistema.

152.   Al respecto, precisa que la intermitencia en el sistema impedía que se cargara la información o que se tuviera que reiniciar, mientras que los datos disponibles en el vínculo electrónico de consulta pública seguían cargándose; lo que atribuye a la probable alteración dolosa de los resultados obtenidos por los Consejos Distritales.

153.   Así, a fin de acreditar su dicho, el partido actor aporta dos vínculos electrónicos[29], pero al acceder a los mismos, se exponen los avisos: “Error 404 a página que buscas no fue encontrada o no existe. Algunas causas pueden ser: La página está fuera de servicio por mantenimiento. La liga o dirección están incorrectas. El contenido no existe o ya no está vigente” y “Extraviado. La URL solicitada no se encontró en este servidor”[30].

154.   Al respecto, en la demanda se indica que en los vínculos electrónicos se puede apreciar que en el caso del Distrito electoral federal 03 en Querétaro, se documentó la irregularidad y se corroboró con auxilio del Secretario Ejecutivo del Consejo Distrital del INE correspondiente.

155.   En esa tónica, solicita que la información de captura de resultados y el sistema de carga sean auditados y que se identifique la responsabilidad de la vulneración al sistema de carga e información utilizado por el Instituto Nacional Electoral.

156.   Para tal efecto, indica que esta autoridad debe requerir a la Unidad Técnica de Sistemas Informáticos y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, un informe en el que se establezcan, ubique y acrediten a todos los usuarios del sistema de carga de los cómputos distritales, el tipo de acceso que tienen al sistema, la ubicación física de la IP donde se conectaron y el informe de intermitencias, así como su explicación desde lo técnico, técnico operativo, tecnológico y de cadena de custodia de la información digital e informática.

157.   E incluye una tabla comparativa en la que enlista todos los Consejos Distritales donde considera que se acreditó la irregularidad consistente en la intermitencia y manipulación del sistema de cómputos distritales del INE; entre los que se aprecia el Distrito electoral federal 08 en Oaxaca.

158.   Sin embargo, se estima que la irregularidad aducida por el partido político no se acredita con los elementos que aporta y tampoco argumenta, ni mucho menos demuestra, la manera en que dicha situación fue grave y determinante para el resultado del Cómputo Distrital de Diputaciones que realizó el 08 Consejo Distrital del INE en Oaxaca.

159.   Lo anterior, debido a que las ligas electrónicas aportadas no acreditan la situación de intermitencia alegada por el partido político, en tanto que una de ellas refiere a un Distrito electoral federal y una entidad federativa distinta a la impugnada; aunado a que solicita a esta Sala Regional que requiera pruebas documentales que el partido actor debía aportar o requerir, para ofrecerlas oportunamente.

160.   Sobre el tema, el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General de Medios indica que el que afirma está obligado a probar; el artículo 14, párrafo 1, inciso a) y párrafo 4, inciso b), establece que una de las pruebas en materia electoral son las documentales públicas expedidas por órganos electorales; en tanto que los artículos 9, párrafo 1, inciso f) y 15, establecen que las pruebas deben aportarse con la demanda, salvo que deban requerirse, siempre que el demandante justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le fueron entregadas.

161.   De tal manera, para que se requirieran las probanzas solicitadas por el actor, debía demostrar que solicitó la información oportunamente y aportar las constancias del trámite correspondiente a esta Sala Regional; por lo que no ha lugar a su solicitud.

162.   En esa tónica, se advierte que el agravio enarbolado por el PRD es inoperante al consistir en un reclamo genérico y sin sustento probatorio que el partido político omite relacionar con los resultados de la elección impugnada, así como su validez; por lo que la causal de nulidad prevista en el artículo 78, consistente en la acreditación plena y generalizada de violaciones sustanciales y que se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, deviene infundada en esta temática.

163.   En la misma tónica, tampoco se podría retomar lo alegado por el partido actor como una solicitud de modificación del resultado del Cómputo Distrital por error aritmético, dado que, a pesar de que acusa de manera vaga la ocurrencia de “irregularidades” o “intermitencia” en el sistema informático implementado por el INE para computar la votación del 08 Distrito electoral federal en Oaxaca, entre otros, no precisa el supuesto error o diferencia causada, ni la distribución de la votación que considera correcta. Por lo que sería un argumento inoperante.

164.   Finalmente, no se pasa por alto la pretensión del partido actor respecto a que se “identifique y responsabilice” a las personas que causaron los hechos que considera como supuestas intermitencias o irregularidades, sin embargo, el Juicio de Inconformidad tiene por objeto garantizar la autenticidad y legalidad de los resultados de los cómputos de las elecciones constitucionales, no así investigar o sancionar alguna responsabilidad administrativa. Por lo que se dejan a salvo los derechos del partido actor para tal efecto.

165.   Finalmente, se precisa que, al no acreditarse la supuesta intermitencia en el sistema de captura de los cómputos distritales del INE que plantea el partido actor, su referencia como causa de nulidad de la elección por violación a principios constitucionales también sería inoperante para controvertir los resultados de la elección; al no demostrarse la relación de causalidad o su determinancia en el caso concreto. Y, por tanto, la causal de nulidad invocada es infundada.

166.   En similar sentido lo resolvió esta Sala Regional en el SX-JIN-72/2024.

NOVENO. Elementos comunes para analizar las causales de nulidad de votación recibida en casilla

167.   El estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casillas se hará tomando en consideración que el elemento “determinante” deberá colmarse en cada uno de los supuestos jurídicos que prevé el artículo 75 de la Ley General de Medios, tanto en los que se encuentra expresamente señalado (incisos f, g, i, j y k) como en aquellos en que no se menciona, pero está implícito (incisos a, b, c, d, e y h)[31].

168.   Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante para el resultado de la votación.

169.   En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito significa que –por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de su prueba– existe la presunción iuris tantum de que la irregularidad es “determinante” para el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se actualizará la nulidad.

170.   Para analizar el elemento de determinancia se utilizará cualquiera de los dos criterios siguientes[32]:

        Cuantitativo o aritmético

        Cualitativo

171.   Lo anterior, sin perder de vista “el principio de conservación de los actos válidamente” celebrados, al momento de analizar el elemento de determinancia[33].

172.   El principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, se caracteriza por los siguientes aspectos fundamentales:

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanas y ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarias a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

173.   Así, dicho principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados parte de la base que no cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación o elección.

174.   Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación con el elemento denominado determinante.

175.   El criterio cuantitativo aritmético se basa en factores numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que, de no haberse presentado la irregularidad, el partido, coalición o candidatura independiente que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos.

176.   El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico que tutela cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el elemento consistente en que la irregularidad sea determinante.

DÉCIMO. Causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso e), de la LGSMIME

177.   La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación respecto de un total de ochenta y un casillas, mismas que se precisan en la tabla:

178.   En el presente asunto, de esas ochenta y un casillas impugna un total de ciento veinticuatro inconsistencias, pues en algunas el PAN cuestiona más de un funcionario que fungió irregularmente en la mesa directiva de casilla.

Precisión de nombres propios

179.   Por otra parte, se hace necesario referir que, para el estudio de la causal prevista en el artículo 75, inciso e) de la Ley General de Medios, se realizarán las precisiones necesarias en los nombres de las personas que actuaron como funcionarias de casilla.

180.   En ese sentido, en el presente caso será aplicable en lo que resulte necesario,[34] el criterio conforme el cual todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva.

181.   Por lo que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en las normas aplicables al asunto sometido a su decisión, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio.[35]

182.   En esta causal se justifica, pues las actas de donde se obtiene la información necesaria para cuestionar la nulidad de votación son escritas a mano, llenando el apartado correspondiente con los nombres de las y los funcionarios, letras que en algunos casos son de difícil lectura, eso sumado a que las copias al carbón que les corresponde a los partidos políticos en ocasiones pierden nitidez, dificultando todavía más su comprensión.

183.   Bajo esa lógica, se precisa que, al momento de realizar el estudio correspondiente de cada uno de los nombres de las personas que la parte actora señala en su demanda, quienes a su consideración fungieron indebidamente como funcionarias o funcionarios de casilla, esta Sala Regional precisará los nombres de las personas que el actor cuestiona, para estar en condiciones de dar una respuesta completa a su planteamiento, pues se advierte que en la trascripción hubo errores menores de captura en algunas letras, sin embargo, son identificables.

184.   Por el contrario, donde no es posible subsanar esos errores menores en nombres y apellidos o inconsistencias ortográficas o errores al escribir, los nombres se analizarán como se escribieron en la demanda.

185.   Por lo anterior, en relación con la demanda del PAN, el estudio de la causal se realizará conforme a los nombres que se estamparán en la siguiente tabla: