JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL: SX-JRC-121/2012.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PASTOR BADILLA.

SECRETARIOS: RODRIGO EDMUNDO GALÁN MARTÍNEZ Y CESAR GARAY GARDUÑO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiséis de septiembre de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral al rubro indicado, promovido por el Partido Revolucionario Institucional contra la sentencia de veintidós de agosto último, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas en los juicios de nulidad electoral TJEA-JNE-M/42-PL/2012 y TJEA-JNE-M/43-PL/2012, acumulados, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo narrado por los actores y de las constancias que obran en autos se advierten:

a. Proceso electoral en Chiapas. El primero de marzo, de conformidad con el artículo 219 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, inició el proceso electoral para renovar, entre otros cargos, a los integrantes del ayuntamiento de Acala.

b. Registro de candidatos. El veintiséis de mayo, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas aprobó el registro de candidatos a integrar el ayuntamiento de Acala, entre otros municipios.

En dicho acuerdo se advierte que en el municipio en cuestión, los partidos, Acción Nacional y Orgullo por Chiapas, postularon una planilla de candidatos común.

Por su parte, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano contendieron en coalición.[1]

Los partidos políticos restantes contendieron de manera separada.

c. Elección. El primero de julio del año en curso, se celebraron, entre otras elecciones, la de integrantes del ayuntamiento de Acala.

d. Cómputo municipal. El cuatro siguiente, el consejo municipal electoral de ese municipio realizó el cómputo correspondiente.

De conformidad con el acta circunstanciada de la sesión permanente de seguimiento a la sesión de cómputo y declaratoria de validez se obtuvieron los siguientes resultados:

Por su parte, en el acta de cómputo municipal se asentaron los siguientes resultados:

Toda vez que los partidos, Acción Nacional y Orgullo por Chiapas postularon candidatos comunes, los resultados de votación por candidato son los siguientes:

Conforme a esos resultados resultó ganadora la planilla postulada en candidatura común por los partidos, Acción Nacional y Orgullo Chiapas.

El mismo cuatro de julio, finalizado el cómputo, el consejo municipal declaró válida la elección y entregó las constancias de mayoría respectivas a los candidatos ganadores.

e. Juicios de nulidad electoral. El ocho de julio, los partidos, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente, impugnaron los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría ante el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

e1. Impugnación del Partido Revolucionario Institucional.

El Partido Revolucionario Institucional sostuvo que su impugnación podría repercutir en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional.

Manifestó que los candidatos a presidente municipal postulados, respectivamente, por el Partido Acción Nacional y Partido Orgullo Chiapas, así como por el Partido Verde Ecologista de México son inelegibles.

En cuanto al primero, porque cuenta con una orden de aprehensión en su contra emitida por el juez segundo penal especializado para la atención de delitos graves del distrito judicial de Tuxtla-Chiapa, lo cual, desde su perspectiva, tiene como consecuencia la inelegibilidad de toda la planilla.

Respecto al candidato del Partido Verde Ecologista de México sostuvo que es inelegible porque es hijo del actual presidente municipal de Acala, el cual únicamente se separó de su cargo por sesenta días desde el tres de mayo.

 Asimismo sostuvo que el consejo municipal omitió recontar cinco casillas por las siguientes razones:

Por último, pidió la nulidad de las siguientes casillas:

e2. Impugnación del Partido Verde Ecologista de México. Por su parte, dicho instituto político impugnó cuatro casillas por lo siguiente:

f. Resolución Incidente sobre recuento. El cuatro de agosto, el tribunal electoral local determinó que era procedente la solicitud de recuento del Partido Revolucionario Institucional respecto de cuatro casillas porque los votos nulos superaron la diferencia entre el primer y segundo ligar de la elección. Dichas casillas son las siguientes:

Sin embargo, negó el recuento de la casilla 8 básica por no actualizarse dicho supuesto.

En razón de lo anterior ordenó que el recuento de las casillas se llevara a cabo por el consejo general del instituto local.

g. Recuento. El ocho de agosto, los integrantes del consejo general del instituto local llevaron a cabo el recuento de tales casillas.

h. Resolución impugnada. El veintidós de agosto, el tribunal local modificó los resultados y confirmó la elección impugnada. Las razones de su determinación son las siguientes:

No existió la omisión distinguir entre los votos del Partido Acción Nacional y Nueva Alianza en una casilla porque en el acta de escrutinio aparecen votación para ambos partidos en sus respectivos rubros, además de que la candidatura común se dio entre el Partido Acción Nacional y el Partido Orgullo por Chiapas.

Respecto a la recepción de votos por personas distintas a las facultadas, razonó que en la sección 8 la sustitución del escrutador fue de acuerdo a la lista nominal, mientras que en la sección 12, el presidente fue designado por la autoridad administrativa electoral y la sustitución de los demás funcionarios de casilla se llevó a cabo por corrimiento en términos de la legislación electoral.

También desestimó la causal de nulidad relativa a impedir el ejercicio del derecho de voto activo en una casilla, pues de las actas de jornada, de escrutinio y hojas de incidentes no advirtió que ello ocurriera, además de que los incidentes asentados no guardan relación con el hecho impugnado.

Tampoco tuvo por probado que se expulsaran a los representantes del Partido Verde Ecologista de México en dos casillas porque su representes propietarios permanecieron en las respectivas mesas de votación durante la jornada electoral, de ahí que los suplentes no pudieran actuar.

En cuanto a la recepción de votos después de la hora prevista para el cierre de casilla, señaló que la propia ley electoral prevé casos de excepción. En ese sentido, señaló que si bien la casilla 19 básica cerró a las “9:17 horas”, ello se debió a que después de las 18:00 horas aún había electores en la casilla. Mientras que la casilla 19 contigua 1, cerró a las “6:15” sin precisar razón, pero en ambas no se registró incidente alguno y tampoco existía prueba en contrario.

De igual forma razonó que no se probó que existiera presión o violencia en nueve casillas ya que en las hojas de incidentes solo dos tenían relación con la causa de nulidad, pero la primera no identificaba al partido que realizó los actos de presión, y la segunda se atribuyeron al actor.

Asimismo, desestimó el agravio relativo a la entrega extemporánea de dos paquetes electorales porque éstos se ubicaron fuera de la cabecera municipal, por lo cual se entregaron dentro del plazo.

Por cuanto hace a la causal de irregularidades graves, desestimó el agravio al señalar que el actor la hizo depender en el cúmulo de irregularidades de las causas de nulidades específicas. Asimismo, desestimó la afirmación del partido verde relativa a la supuesta alteración de resultados, al no existir causa de pedir, ni prueba alguna de tal afirmación.

Negó que el candidato postulado de manera común por el Partido Acción Nacional y el Partido Orgullo Chiapas fuera inelegible porque en autos obra constancia de no antecedentes penales expedida por la Secretaría Ejecutiva el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, expedida a favor de dicho candidato y porque existía, en su favor la presunción de inocencia.

Por ende, estimó innecesario pronunciarse sobre la presunta inelegibilidad del candidato postulado por el Partido Verde Ecologista de México.

Finalmente, el tribunal refirió que con motivo de la resolución interlocutoria por la que se ordenó el recuento de las casillas 11 básica, 11 contigua 1, 12 contigua 1 y 15 extraordinaria 1, lo conducente era dejar sin efecto los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de dichas mesas, y modificar el cómputo municipal, en los términos siguientes.

La sentencia fue notificada a las partes el veintitrés de agosto.

II. Juicio de revisión constitucional electoral. El veintisiete de agosto, el Partido Revolucionario Institucional impugnó dicha resolución.

a. Trámite. El primero de septiembre, se recibió la demanda del juicio y sus anexos, el informe circunstanciado y las constancias respectivas.

b. Turno. El mismo día, la Magistrada Presidente integró el expediente SX-JRC-121/2012. El turno correspondió a la ponencia de la Magistrada Claudia Pastor Badilla.

c. Tercero interesado. El tres de septiembre se recibió el escrito de Carlos Guillermo Chávez García, en representación del Partido Acción Nacional, mediante el cual compareció como tercero interesado y promovió un incidente de falsedad de la firma de la demanda.

d. Admisión. El cinco de septiembre, la Magistrada Instructora admitió el juicio y requirió diversa información necesaria para resolver el juicio al Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas y al consejo municipal del ese instituto en Acala.

En su oportunidad, el consejo general remitió la información solicitada.

e. Resolución incidental. El doce de septiembre, se resolvió que el incidente planteado por el tercero interesado era improcedente porque la prueba pericial en grafoscopía no puede desahogase cuando se relaciona con los resultados de un proceso electoral, y la inspección o reconocimiento judicial no es idónea para probar la falsedad de una firma.

d. Cierre de instrucción. El veintiséis de septiembre, al no encontrarse pendientes diligencias por desahogar, se cerró la instrucción.

C O N S I D E R A N D O

PRMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta sala regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal es competente para conocer y resolver estos juicios de revisión constitucional electoral, por materia, porque se impugna la sentencia de un tribunal local relacionada con los resultados de los comicios de regidores en Acala, Chiapas; y por geografía política, porque dicha entidad federativa forma parte de esta circunscripción.

SEGUNDO. Requisitos de precedencia. Se analizan los requisitos generales, así como los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con los artículos 8, 9, 86 y 88, de la Ley adjetiva de la materia.

Forma. La demanda se presentó ante la autoridad responsable, se asienta nombre y firma del promovente, se identifica el acto reclamado, se mencionan los hechos materia de impugnación, además de expresarse los agravios pertinentes, de ahí que se colme el requisito.

Oportunidad. El juicio se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la ley adjetiva electoral, pues la sentencia se le notificó al actor el veintitrés de agosto, y la presentación de la demanda se dio el veintisiete siguiente, esto es, dentro de los cuatro días previstos por la norma.

Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que la legislación electoral de Chiapas no prevé medio de impugnación alguno para combatir las resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de esa entidad en los juicios de nulidad electoral.

Legitimación y personería. Dicho requisito se satisface, pues la demanda la presentó un partido político por conducto de su representante propietario ante el consejo municipal electoral que emitió el acto primigeniamente impugnado, como se advierte del escrito que acompañó a la demanda primigenia, con lo cual se satisface lo previsto en el numeral 88, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Violación a preceptos constitucionales. El requisito debe tenerse por satisfecho, pues de la lectura de la demanda se advierte que el partido actor señala que la resolución impugnada vulnera los artículos 14, 16, 17, 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha exigencia debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios expuestos por el actor, en virtud de que ello implicaría entrar al estudio de fondo del juicio; en consecuencia, el requisito en comento debe estimarse satisfecho cuando, como en el caso a estudio se hacen valer agravios en los cuales se exponen razones dirigidas a demostrar la afectación a preceptos constitucionales.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 2/97 de rubro JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.[2]

Cabe precisar que el tercero aduce como como causa de improcedencia del juicio, el incumplimiento de éste requisito, sin embargo, en virtud de las razones previamente apuntadas, se desestima su planteamiento.

Violación determinante. Se colma el requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la ley citada.

La Sala Superior en la jurisprudencia 15/2002, de rubro: VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO[3], estableció que la violación reclamada es determinante, entre otros casos, cuando su comisión genera la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral, por ejemplo, la posibilidad racional de producir un cambio de ganador en la contienda ante el acreditamiento de alguna causa de nulidad de votación en casilla, o la inelegibilidad del candidato ganador.

El concepto determinante para el resultado de la elección, se colma en el caso a estudio, porque de resultar fundada la pretensión de nulidad en nueve casillas, habría cambio de ganador, como a continuación se demuestra.

El cómputo modificado por el tribunal local con motivo de la diligencia de recuento, con el cual confirmó la entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada en candidatura común por los partidos Acción Nacional y Orgullo por Chiapas, es el siguiente:

A partir de lo anterior, se tiene que la votación por candidato, en virtud de la candidatura común postulada por los partidos Acción Nacional y Orgullo por Chiapas, es la siguiente:

Como se ve, la candidatura común postulada por los partidos Acción Nacional y Orgullo por Chiapas, es la que obtiene la mayor votación.

Ahora bien, la votación de las casillas cuya nulidad pretende el Partido Revolucionario Institucional es la siguiente:

Si dicha votación se restara, según corresponda, a los resultados obtenidos por candidato, de acuerdo con el cómputo modificado por el tribunal local, los resultados serían los siguientes:

A partir de lo anterior, la votación por candidato quedaría como sigue:

Como se ve habría cambio de ganador, pues con los resultados de la recomposición hipotética la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México obtendría la mayoría.

Por otra parte, en el caso también se colma el requisito de determinancia, puesto que el partido actor aduce la inelegibilidad del candidato que obtuvo la mayoría con base en el cómputo modificado por el tribunal local.

El posible incumplimiento de tal requisito podría dar lugar a la modificación en la integración del ayuntamiento, y por tanto, también se colma el requisito en análisis.

Reparación factible. Se satisface la exigencia contenida en el inciso d), párrafo 1, del artículo 86, de la ley en cita, porque la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, en virtud de que la fecha legal para que el Ayuntamiento entre en funciones, de conformidad con la base primera, del artículo 69, párrafo primero, de la Constitución Política de Chiapas, los ayuntamientos deben tomar posesión el día primero de octubre del año de la elección, por tanto, existe tiempo para resolver oportunamente este medio de impugnación.

TERCERO. Estudio de fondo. La pretensión del actor es revocar la sentencia del tribunal local, con el fin de anular la elección.

Las causas de pedir son el deficiente estudio de nulidad en casilla e inelegibilidad del candidato ganador a presidente municipal de Acala.

Por cuestión de método, se analizará primero los agravios relativos a nulidad de casillas porque de resultar fundados habría cambio de ganador, lo cual haría innecesario el estudio de inelegibilidad planteado.

Por otro lado, debe precisarse que si bien el actor no alcanzaría la nulidad de la elección por la inelegibilidad del candidato, en todo caso, este tema se estudiará por ser una cuestión de orden público

I. Nulidad de casilla por presión o coacción del voto.

I.a Estudio conjunto de irregularidades

El actor sostiene que el tribunal local no fue exhaustivo porque debió estudiar de manera conjunta las para acreditar que existió presión sobre los votantes por ofrecer vales a cambio de su voto en las siguientes casillas:

Como se ve, el actor pretende establecer conexión entre las irregularidades ocurridas en las distintas casillas por tanto, la cuestión a dilucidar es, si las irregularidades planteadas se deben estudiar como una cuestión conjunta.

Se estima que el agravio es infundado porque el diseño del sistema de nulidades no permite que las irregularidades que ocurrieron en una casilla afecten en las demás, en todo caso, la casilla que presente irregularidades se anula para evitar que se tome en cuenta votación viciada.

Sistema de nulidades en Chiapas

Por regla general, el sistema de nulidades en materia electoral no permite que las irregularidades acontecidas en cada casilla se analicen de manera conjunta sino que única y exclusivamente afectan la votación recibida en ella.

En efecto, el artículo 461, párrafo 2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas prevé que los efectos de las nulidades se contraen exclusivamente a la votación en una o varias casillas o a la elección contra la que se hayan hecho valer en el juicio de nulidad electoral.

Por su parte, el artículo 463, párrafo segundo de dicho código establece que tratándose de la votación recibida en una o varias casillas, la votación anulada se deduce de la votación total emitida de la elección de que se trate.

A su vez, el artículo 468 del mismo ordenamiento contempla las causas para que la votación recibida en una casilla sea nula, y prevé que es necesario que dicha causa sea determinante para el resultado de la votación.

Como se ve, el efecto de la nulidad de una casilla sólo se contrae a la casilla que haya sido impugnada y su efecto es que, únicamente se deduzca la votación de la casilla anulada del cómputo de la elección respectiva.

De esta forma, el sistema de nulidades en Chiapas está construido de tal manera que la nulidad de la votación recibida en una casilla se actualiza cuando las irregularidades presentadas en ella sean determinantes para el resultado de su votación pero sólo afectan a esa misma casilla, por lo cual no se pueden sumar las irregularidades acontecidas en otras.

Por tanto, por regla general, irregularidades presentadas en las casillas durante la jornada electoral se deben analizar de forma individual, respecto a cada una de ellas con el fin de determinar si se actualizan las causas de nulidad, y de ser así, sólo se afectará la votación recibida en esa casilla y no la recibida en otras.

Esto se explica porque el sistema de nulidades parte de la regla lógica relativa a que cuando en una casilla se presentan irregularidades y éstas no afectan los resultados de la votación recibida en ella, tampoco serán trascendentes para el resultado de la elección, pero cuando se da el supuesto de que las irregularidades sí afectan la votación recibida en la misma y pueden repercutir en toda la elección, para evitar que se produzca esa afectación, se declara la nulidad de los votos recibidos en esa casilla, evitando con ello que los votos viciados puedan definir al ganador de la elección.

I.b Estudio de indicios

El actor sostiene que la sentencia no fue exhaustiva porque las irregularidades que planteó sobre la coacción del voto en las casillas referidas, debieron estudiarse mediante la prueba indiciaria y no exigir pruebas directas para comprobarlas.

A continuación se verificará si la decisión del tribunal local fue correcta, para lo cual se analizará si las pruebas contenidas en el expediente ofrecen indicios suficientes para anular las casillas impugnadas por las irregularidades de coacción del voto que mencionó el actor, pero antes se expondrá el marco doctrinario del estudio de la prueba de indicios.

Prueba indiciaria

La prueba indiciaria, de conformidad con Hernando Devis Echandía[6], consiste siempre, en hechos plenamente comprobados por cualquier medio conducente, para en ese sentido demostrar plenamente hechos indiciarios.

Esto es, el indicio no es una prueba de segunda clase, ni un principio de prueba, sino que, como cualquier otro medio, puede tener o no el carácter de prueba plena, de acuerdo con sus condiciones intrínsecas y extrínsecas, pero es un medio autónomo, en el sentido de que se trata de hechos que por sí mismos tienen significación probatoria en virtud de la conexión lógica que presentan con el hecho investigado y nunca de un medio que por sus deficiencias pierda categoría.

La razón o el fundamento del valor probatorio del indicio, radica en su aptitud para que el juez induzca de él lógicamente el hecho desconocido que investiga.

Ese poder indicativo se fundamenta, por su parte, en la experiencia humana o en los conocimientos técnicos o científicos especializados, según sean indicios ordinarios o técnicos.

En el primer caso, se trata de esas máximas o reglas generales de la experiencia, que le enseñan la manera normal constante o solo ordinaria, como se suceden los hechos físicos o psíquicos, y le sirven al juez de guía segura para la valoración de toda clase de pruebas y, en especial, de la indiciaria.

Al juez le basta aplicar a los hechos indiciarios debidamente probados y que conoce con certeza, esas máximas comunes o las técnicas especiales que conozca o que le hayan suministrado unos expertos, para obtener con ayuda de la lógica su conclusión acerca de si de aquellos se concluye o no la existencia o inexistencia de los investigados y si esa conclusión es cierta o únicamente probable.

En todo caso, cualquiera que sea la naturaleza del razonamiento, la fuerza probatoria de los indicios, supuesta la prueba plena de los hechos indiciarios, depende de la mayor o menor conexión lógica que el juez encuentra entre aquellos y el hecho desconocido que investiga, con fundamento en las reglas generales de la experiencia o en las técnicas, según sea el caso, es decir, depende de la mayor o menor probabilidad del hecho indicado en razón de su conexión lógica con los hechos indiciarios contingentes o de la indispensable relación de causa a efecto, o viceversa, que existe entre aquel y el indicio necesario.

Entre las clasificaciones posibles del tipo de indicios, encontramos:

Indicio necesario. Es aquel que de manera infalible e inevitable demuestra la existencia o inexistencia del hecho investigado, aquél que por sí solo da la certeza del hecho desconocido.

Para este supuesto es necesario que la regla de la experiencia común o científica que le sirve de fundamento sea de aquellas que no sufren excepción, que ineludiblemente se cumplen, porque constan en una ley física inmutable y constante, pues solo así la inferencia indiciaria resulta también inexorablemente cierta.

Indicios contingentes. Son los que tomados en lo individual, aportan un cálculo de probabilidad y no una relación de certeza, pero varios de ellos aportan ese elemento.

Ciertamente, la teoría de lo constante u ordinario, es decir, de lo que siempre u ordinariamente ocurre en el mundo físico y en el mundo moral es la base de la prueba indiciaria, pues permite que de un hecho se induzca la causa o el efecto de otro, cuando tal conclusión corresponde a la idea que tenemos del modo constante o solo ordinario como esa causa o ese efecto se producen.

De la constante del ser y de obrar, deducimos consecuencias ciertas, de lo ordinario del ser y de actuar, deducimos consecuencias probables.

Por lo anterior, debe quedar aclarado que los indicios se pesan no se cuentan, esto es, no basta con que aparezcan probados en número plural; es indispensable que examinados en conjunto produzcan la certeza sobre el hecho investigado y, para que esto se cumpla, se requiere que sean graves, que concurran armónicamente a indicar el mismo hecho y que suministren presunciones que converjan a formar el convencimiento en el mismo sentido.

De esta forma si los indicios son leves o de poco valor probatorio, porque la relación de causalidad con el hecho indicado no es clara ni precisa, de su conjunto tampoco podrá resultar la certeza necesaria para que el juez base en ellos su decisión, pues de un conjunto de malas pruebas por muchas que sean, no puede resultar una conclusión cierta.

En conclusión, los requisitos para la existencia jurídica del indicio, son:

i. Prueba plena del hecho indicador o del hecho conocido.

ii. El hecho probado tenga significación probatoria respecto al hecho que se investiga, por existir alguna conexión lógica entre ellos.

iii. Que no existan contra-indicios que no puedan descartarse razonablemente.

Precisado lo anterior, antes de analizar los planteamientos del actor es importante tener presente el marco normativo relativo a la causal invocada por el actor, para que en el caso de que se acrediten irregularidades, sea posible determinar la trascendencia de ellas.

El artículo 8, párrafo 2, del Código del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, establece que se están prohibidos los actos de presión o coacción sobre los electores.

De igual forma, establece que se consideran como actos de presión o coacción sobre los electores los que limiten o condiciones el libre ejercicio de los derechos político-constitucionales.

Por su parte, el artículo 468, fracción VII, prevé que la votación recibida en una casilla será nula cuando se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o electores por alguna autoridad o particular, de forma que se afecte la libertad y secreto al voto.

Como se ve dichas disposiciones protegen que los ciudadanos voten de manera libre, es decir, que la opción política que elijan sea producto de su reflexión libre, consciente y razonada.

Para que ocurra lo anterior, ese derecho debe estar exento de presión, coacción o manipulación para favorecer a alguna de las ofertas políticas o candidatos.

En ese sentido, se prohíbe cualquier acto de violencia física, es decir, la materialización de actos que afecten la integridad física de las personas.

Tampoco se permite la presión, que puede ser entendida como el ejercicio del apremio o coacción moral sobre los votantes, de forma que se afecte la libertad o el secreto del voto.[7]

Lo anterior, cuando esas acciones tengan como finalidad provocar que determinada conducta se refleje en el resultado de la votación.

La sala superior también ha sostenido que para acreditar esa causal, por su naturaleza, es necesario que se acrediten los siguientes elementos[8]:

1. La existencia de la irregularidad planteada.

2. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo.

Además de ello, para considerar que la irregularidad es determinante para el resultado de la elección es menester que se pruebe: a. El número de electores que se vieron afectados con la conducta irregular, o en su caso, b. Que fue realizada durante una parte considerable de la jornada electoral.

Por su parte, para considerar que las irregularidades surgidas en relación con la causal en estudio son determinantes es necesario que se pruebe[9]:

a. El número de electores que se vieron afectados con la conducta irregular, o en su caso,

b. Que fue realizada durante una parte considerable de la jornada electoral.

En esas condiciones, para que se actualice la causal de nulidad en la casilla en cuestión, es necesario que se demuestre que se violentó la libertad de voto y que esa irregularidad fue trascendente para el resultado de la votación, lo cual, únicamente ocurrirá cuando se acrediten las circunstancias expuestas.

Precisado lo anterior, se analizará si el tribunal local realizó un estudio deficiente de las irregularidades planteadas por el actor, relativas a la causal de nulidad en casilla de presión o coacción del voto, al no estudiar los indicios.

Promesa de entrega de materiales

El actor sostiene que existió presión sobre los electores porque se los prometió la entrega de materiales con un vale firmado por el candidato a presidente municipal postulado en común por el Partido Acción Nacional y Partido Orgullo por Chiapas, lo cual se dio en las siguientes casillas:

El tribunal local al analizar el agravio señaló que el actor se limitó a ofrecer seiscientas cinco fotocopias simples de vales denominados “favorecimientos de proyectos” respecto de las casillas impugnadas, las cuales no generaron ni siquiera indicios.

Para determinar si fue correcta la decisión del tribunal local se analizarán: a. actas de incidentes y escritos de protesta o incidentes de los partidos políticos, b. acta de la sesión de vigilancia de la jornada electoral, c. denuncias presentadas ante la agencia del Ministerio Publico de Villa de Acala, Chiapas; d. testimonio notarial setecientos dieciséis de primero de julio de este año; y e. copias fotostáticas de vales.

A efecto de atender el agravio del actor, el método que se utilizará consiste en analizar cada prueba en lo individual, y si de ellas se advierten indicios de la irregularidad en cada casilla, posteriormente, se valorarán en su conjunto, en el entendido que esta valoración se limitará a los indicios surgidos por casilla, es decir, que lo ocurrido en determinada casilla sólo afectará a ésta y sus efectos no trascenderán a las demás.

a. Actas de incidentes

En relación a la compra de votos a favor del candidato del Partido Acción Nacional, los funcionarios de casilla no anotaron ninguna incidencia como se advierte de la transcripción del contenido de las actas incidentes contenidas en el Anexo 1 de esta sentencia.

El único incidente que anotaron los funcionarios de casilla relacionados con el Partido Acción Nacional se dio en la casilla 9 contigua 1 en la que se señaló que se le encontró a la señora María Ruíz Martínez una estampa del Partido Acción Nacional y ésta declaró que “se la dieron los del PAN”, sin embargo, esa casilla no fue impugnada por el actor.

Como se ve, esa circunstancia nada revela sobre compra de votos, pues únicamente revela que dicha persona llevaba consigo una estampa del Partido Acción Nacional.

Sin embargo, no es posible ni siquiera saber si es cierto que esa estampa la recibió de militantes del Partido Acción Nacional pues únicamente es su dicho, además de que tampoco es posible establecer cuando es que obtuvo dicha estampa, pues la narración del incidente no permite conocer ese dato.

b. Escritos de incidentes y de protesta de los partidos políticos

De la totalidad de incidentes, como se advierte del Anexo 2 de esta sentencia, los que se relacionan con la irregularidad alegada son los siguientes:

Respecto a los escritos de incidentes y protestas presentados por los partidos políticos, la sala superior ha determinado, por jurisprudencia, que la presunción de un escrito de protesta que podía derivar de los escritos de protesta e incidentes presentados por los partidos políticos se desvanece cuando en las copias de las actas y hojas de incidentes no se advierta ninguna cuestión relacionada con los escritos de incidentes, máxime si no se establecen en ellos circunstancias de tiempo, modo y lugar.[10]

Por tanto, como se ve, los escritos de incidentes, por sí mismos no hacen prueba plena, sino que deben relacionarse con lo asentado por los funcionarios de casilla en las hojas de incidentes y demás actas, pues si en dichas actas no se asentaron los hechos que los partidos señalaron o bien se asentó algo contrario, los escritos de incidentes pierden valor.

En ese sentido, para determinar el valor probatorio de dichos incidentes, se deben analizar con el conjunto de pruebas aportadas que se encuentran en el expediente, pues individualmente, solo arrojan indicios muy leves, de que la irregularidad haya ocurrido.

Ahora bien, de los escritos de incidentes anotados existen algunos que ni por si mismos ni en conjunto cuentan con fuerza probatoria.

En esa situación se encuentran los incidentes presentados por el Partido Verde Ecologista de México hasta el dos y cuatro de julio de este año respecto de las casillas 19 básica y 19 contigua 1, pues al no haber sido presentados de inmediato pierden su fuerza probatoria, pues aun cuando dicho partido señala que no le fueron recibidos los incidentes no hay elemento que lo demuestre o permita tener un indicio de que ello ocurrió como la manifestación de su representante ante el consejo municipal en la sesión de vigilancia del consejo.

Por ejemplo, en un escrito de incidentes del dos de julio de dicho partido respecto a la casilla 19 contigua 1, primero se anotaron los incidentes ocurridos, supuestamente, a las dieciséis horas del primero de julio pero posteriormente, en el mismo escrito, se anotó un incidente que se dio a las diez de la mañana, de ahí que se advierta que lo narrado no fue escrito al momento en que sucedieron los hechos, lo cual le resta credibilidad al documento.

A mayor abundamiento el único incidente señalado en la casilla 19 básica en el escrito de cuatro de julio relativo al Partido Acción Nacional, fue que una supuesta militante de dicho partido al formarse para votar pidió a los electores que lo hicieran a favor del mismo, lo cual no forma parte de las irregularidades planteadas por el actor, es decir, la entrega de vales.

De igual forma, lo narrado en el escrito de la misma fecha, respecto a la casilla 19 contigua uno, en relación a que una ciudadana salió con la boleta para que un militante del Partido Acción Nacional le mostrara donde votar, además de que el incidente se presentó tres días después de la jornada, no hay otro elemento que demuestre que eso ocurrió.

c. Acta de sesión de vigilancia de la jornada electoral

En el acta de la sesión de primero de julio del consejo municipal de Acala, se advierte que se integró una comisión formada por el presidente del consejo, cuatro consejeros y representantes de todos los partidos contendientes a excepción del Partido Orgullo Chiapas, para verificar las casillas instaladas, de todos los incidentes asentados por la comisión (los cuales se encuentran en el Anexo 3 de esta sentencia), se advierte que únicamente en la casilla 9 contigua 2 se registró uno relacionado con los hechos controvertidos, el cual se transcribió en el cuadro que sigue:

Como se ve, en la inspección realizada por los consejeros electorales y representantes de los partidos únicamente señalaron que la gente les dijo que un simpatizante del Partido Acción Nacional estaba comprando votos.

Es decir, el hecho de que estuvieran comprando votos no les constó a los consejeros ni representantes de los partidos sino que asentaron el dicho de algunas personas.

d. Denuncias ante la Fiscalía del Ministerio Público de Villa de Acala.

d.1 De José Gabriel Valencia Cameras

Se trata de una denuncia de dos de julio de este año, en la que dicha persona manifestó ser representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (sic)[11], y señaló, entre otras cuestiones,  que en la casilla 12 contigua 1, en donde hasta las diez de la mañana habían votado cincuenta personas, se supo, por testimonio de Raúl García Matabú, Bella Luz García Loredo, Mario Aguilar Pérez, les constaban los hechos y tenían en su poder cartas compromiso de apoyo al Partido Acción Nacional en las que se comprometían a dar apoyos de terrenos, material de construcción, y proyectos productivos a cambio de votos, lo cual también ocurrió en las casillas 19 básica, 19 contigua 1 y 18 extraordinaria, y manifestó que dichas personas exhibirían esos documentos que se obtuvieron de personas beneficiadas y militantes del Partido Acción Nacional, y que estaban molestas porque no les cumplieron y reconocieron que toda la elección fue un error.

Como se ve, el denunciante señaló que la irregularidad de entrega de vales a cambio del voto al Partido Acción Nacional en cuatro casillas, la conoció porque otras personas se lo dijeron, es decir, no tuvo conocimiento de tales hechos de manera directa y, por lo tanto, no le constan, por lo cual con dicho medio de convicción únicamente prueba la existencia de la denuncia y arroja un indicio levísimo de la irregularidad.

d.2 Declaraciones conjuntas (denuncias)

El cinco de julio, acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público de Villa de Acala, María Isabel Cruz Molina, Blanca Aidé Domínguez Hernández y Rosemberg García Hernández, representante del Partido Verde Ecologista de México en la sección 9. En dichas denuncias manifestaron lo siguiente:

d.2.1 De María Isabel Cruz Molina

Se trata de una denuncia de cinco de julio de este año, en la que la denunciante manifestó que aproximadamente quince días antes a las seis de la tarde, cuando se encontraba en su domicilio en compañía de su esposo, llegó el señor Gustavo de quien desconoce sus apellidos pero lo conoce por ser su vecino, y le pidió que apoyara al candidato del Partido Acción Nacional porque le iba a arreglar su casa, a lo cual ella respondió que no porque era simpatizante del Partido Verde Ecologista de México.

Un lunes después, del cual no recuerda la fecha el señor Gustavo volvió a su casa para ofrecerle “líquido” en caso de que ganara el candidato del Partido Acción Nacional, a lo cual respondió que no, pero su vecino le insistió.

El día de la elección, nuevamente se presentó el señor Gustavo al domicilio de la denunciante y le pidió que votara por el candidato de Acción Nacional a cambio de fertilizante, a lo cual respondió que no.

d.2.2 De Blanca Aidé Domínguez Hernández

Se trata de una denuncia de cinco de julio de este año, en la cual señaló que el treinta de junio, aproximadamente a las tres de la tarde, se encontraba en su domicilio en compañía de la señora Mary de quien desconoce sus apellidos, y posteriormente llegó la señora Hermila, de quien también desconoce sus apellidos, la cual le ofreció quinientos pesos a cambio de su credencial, a lo cual respondió que sí porque contaba con dos credenciales y le entregó la más antigua pero le fue devuelta de inmediato porque había vigilantes. Aun así le manifestó que se llevaría su credencial y que al día siguiente le entregaría la cantidad pactada, sin embargo, la denunciante manifiesta que se retractó por ser simpatizante del Partido Verde Ecologista de México.

También denunció el primero de julio, aproximadamente a la una de la tarde, volvió a encontrarse con la señora Hermila y le volvió a pedir que votara por el Partido Acción Nacional a cambio de “una caja de líquido”, a lo cual la denunciante respondió que la encontraría a las cinco de la tarde en la sección 9, y manifestó que los simpatizantes del Partido Acción Nacional estaban molestos porque el Partido Verde estaba arriba en los votos, y la señora Hermila y la señora Carolina dijeron que no iban a dejar que ganara el Partido Verde. Agregó que el veintinueve de julio aproximadamente a las ocho de la noche, se percató que el señor Grisel, candidato a síndico del Partido Acción Nacional, estaba “alborotando” a la gente ya que bloquearon las calles de la colonia “19 de Marzo”.

d.2.3 Declaración de Rosemberg García Hernández

Se trata de una denuncia de cinco de julio de este año, en la que la denunciante manifestó ser representante del Partido Verde Ecologista de México ante la casilla de la sección 9, ubicada en la Escuela de la Colonia Salomón Gonzalez, y que el día de la jornada aproximadamente a las doce horas se percató de que unas personas llevaban un logotipo del PAN pegado en la palma de la mano, lo cual logró ver porque a una persona se le cayó al momento de recibir sus boletas, que una de ellas personas mencionó un apodo, refiriéndose a la persona que lo había llevado a votar, y que así se hizo un gran alboroto, que la misma gente del pan hizo el alboroto en la casilla 1, por lo que pidió apoyo a la policía pues quienes llegaron una hora después y desalojaron a la gente del pan, y como los había sacado la gente le gritaba que se quería robar los votos y que también sacara de la escuela a las demás personas, lo cual hizo para no tener problemas, pues las mismas no respetaban a los representantes de los la casilla, y cerraron la casilla a las seis de la tarde, para comenzar el conteo.

Que quienes hicieron el alboroto fueron simpatizantes del PAN por lo que formula su denuncia.

d.2.4 Valoración de las declaraciones conjuntas

Primero es necesario señalar que la declaración de María Isabel Cruz Molina carece de valor para acreditar la compra de votos en casilla porque los hechos narrados no se identifican con ninguna casilla en específico.

A mayor abundamiento, la narración de la compareciente es muy vaga pues refiere que un vecino del cual desconoce su nombre completo le ofreció diversas dádivas para votar por el candidato del Partido Acción Nacional, sin embargo, a pesar de que lo reconoce como su vecino la denunciante no fue capaz de aportar mayores datos permitieran darle mayor veracidad a lo narrado, pues nunca aporta mayores datos para identificar al supuesto vecino.

En el caso de la declaración de Rossemberg García Hernández es importante destacar que refiere a que las irregularidades que narró acontecieron en la casilla 9 contigua 1, la cual nunca impugnó el actor, además de que lo declarado no tiene ninguna relación con compra de votos.

Por otro lado, es importante señalar que para realizar las denuncias respectivas acudieron de manera conjunta María Isabel Cruz Molina, Blanca Aidé Domínguez Hernández y Rosemberg García Hernández a realizar la denuncia correspondiente.

Esa circunstancia es importante para valorar esas pruebas porque la narración de hechos de María Isabel Cruz Molina y Blanca Aidé Domínguez Hernández, es similar pues ambas señalan circunstancias tales como que fueron localizadas en sus respectivos domicilios, manifiestan desconocer los nombres completos de las personas que acudieron a ofrecerles dádivas, y coinciden en que a ambas les entregaría a cambio de su voto “líquido”, además de que manifestaron su simpatía con el Partido Verde Ecologista de México.

Igualmente, Rossembarg García Hernández se ostentó como representante de la sección 9 del Partido Ecologista de México.

Otro elemento más a considerar es que sus respectivas denuncias se dieron hasta el cinco de julio, es decir, cuatro días después de la jornada, incluso al momento en que ya era conocido que el Partido Acción Nacional había ganado la elección por una diferencia mínima respecto del Partido Verde Ecologista de México, respecto del cual son simpatizantes.

Lo anterior revela falta de espontaneidad e inmediatez de las declaraciones, por lo que no se les reconoce ni siquiera el valor de indicio.

e. Declaraciones en instrumento notarial

En el testimonio notaria setecientos dieciséis, volumen siete, de la notaría pública 112, en Tuxtla Gutiérrez cuya verificación completa se encuentra en el Anexo 4 de esta sentencia, se asentó la declaración de las siguientes personas, relacionadas con la compra de votos a favor del Partido Acción Nacional:

e.1 Declaraciones de Norma Marlit Toala Hernández, y Wesfelia Valdez Montero

Dichas personas declararon en términos similares que el día de la jornada en la casilla 19 C1 se instaló en una escuela, llegando los funcionarios de la casilla a temprana hora pero el presidente no llegaba, posteriormente el presidente abrió la escuela desde adentro y se percataron de que ya se encontraba instalada la casilla dentro de un salón de clases, entraron los representantes de los partidos pero el presidente no dejo entrar a los suplentes, solo al suplente del PAN, posteriormente se dieron cuenta de que a las afueras de la escuela se encontraban personas con gorras y playeras del PAN invitando a los votantes a que lo hicieran por su partido, también observaron que anotaban en listas datos de los votantes ya que se encontraban instalados en una mesa, lo cual transcurrió durante la jornada, y que una vez terminada la jornada elaboraron los escritos de incidentes los cuales el presidente no acepto.

e.2 Declaraciones de Antonia Soledad Sánchez Vidal y María Antonia Gamboa Robles.

Dichas personas declararon en términos similares a las previamente referidas, solo que con referencia a la casilla de la sección 19 básica. Asimismo, el notario hace constar que recibe ambas declaraciones a las 3:00 A.M. del dos de julio de dos mil doce.

Agregaron que la casilla fue cerrada a las cero horas del día dos de julio sin embargo el paquete electoral se entregó ante el consejo municipal hasta aproximadamente las dos horas del mismo día.

e.3 Declaración de Carlos de Jesús Coello Castillo.

El notario asienta que toma su declaración después de las anteriores. Declara en términos similares, a las anteriores, con alusión a las casillas básica y contigua 1 de la sección 19.

En forma adicional precisa que se percató de las personas con playeras y gorras del PAN a las 12:00 horas, agregó que intentó sacar fotografías de las personas que estaban coaccionando el voto sin embargo se le acercaron 4 personas para intimidarlo, por lo cual no tomó ninguna por su seguridad, además señaló que a las seis de la tarde los representantes pidieron el cierre de las casillas, pero los presidentes dijeron que iban a cerrar a las 18:30 horas y que después de las 18:00 horas continuó la afluencia de votantes. Que al iniciar el cómputo sacaron a todas las personas del lugar, pero se quedó el director que sabe es panista, y se retraso el conteo hasta que dicha persona salió de la escuela.

Las declaraciones contenidas en ese documento se tratan de testimonios. En ese sentido, ha sido criterio reiterado de este tribunal que la prueba testimonial sólo puede ser fuente de indicios de acuerdo a la apreciación que realice el juez de conformidad con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, debido a que para el desahogo de esta prueba no participa el juez, y el oferente puede preparar la prueba ad hoc, ya que no puede preguntarse ni repreguntarse al testigo.[12]

Esta autoridad considera que las declaraciones de Norma Marlit Toala Hernández, y Wesfelia Valdez Montero, así como las de Antonia Soledad Sánchez Vidal y María Antonia Gamboa Robles, carecen de valor para acreditar la irregularidad impugnada.

Lo anterior porque cuando el notario asentó las declaraciones de las primeras dos personas, escribió medularmente lo mismo. Lo mismo sucedió con las declaraciones de Antonia Soledad Sánchez y María Antonia Gamboa Robles, cuya declaración es del mismo contenido, es decir, se usó exactamente la misma redacción, variando solo pocos datos, la cual es incluso similar a las de las dos personas anteriores, por tanto, las declaraciones de esas cuatro personas carecen de valor al no ser espontáneas.

Únicamente, se otorga un valor indiciario muy leve a la declaración de Carlos de Jesús Coello Castillo, la cual se analizará en conjunto.

f. Copias fotostáticas de vales

El actor ofreció seiscientas veintitrés copias fotostáticas simples de supuestos vales firmados por el candidato a presidente municipal postulado por el Partido Acción Nacional entregados a igual número de electores. El contenido de esos vales se encuentra en el Anexo 5 de esta sentencia.

En dichos documentos se asentó el nombre del elector, y la cantidad o producto que supuestamente se le entregaría con dicho vale a cambio de su voto.

Se estima que esas pruebas carecen de todo valor por tratarse de copias fotostáticas simples cuyo contenido no cuenta con perfeccionamiento.

En efecto, como señala Hernando Devis Echandía, cuando se trata de fotocopias de documentos privados para su eficacia probatoria se requiere el reconocimiento del autor u otro medio legal.[13] 

Esto se explica porque los documentos privados que no sean auténticos carecen de valor probatorio, ni tienen eficacia probatoria, solo cuando se reconoce o se declara su reconocimiento adquiere valor.[14]

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno y pos si solas son incapaces de producir certeza, pero si la copia se adminicula con otros elementos de prueba puede formular convicción en el juzgador.[15]

En el caso, se trata de fotocopias de mismo formato, respecto del cual no existe reconocimiento ni medio para establecer su autenticidad, máxime que al ser un formato pudo haber sido manipulado con diversos instrumentos tecnológicos, por tanto, por si mismas carecen de valor.

Sin embargo, si lo que pretende el actor es demostrar que a los electores se entregó una copia fotostática del vale, eso se contestará en la valoración conjunta de pruebas por casilla que se realice.

Valoración conjunta.

En ese apartado, se hará la valoración conjunta, por casilla, de los elementos de prueba que aportaron indicios para ver si con ellos se lograr acreditar la existencia de presión sobre el electorado por entrega de vales. A continuación se inserta un cuadro de las pruebas que serán objeto de valoración conjunta por casilla:

Como se ve, en la casilla 10 básica no existe ningún incidente, ni alguna prueba que acredite la existencia de irregularidades.

Por su parte, en la casilla 8 básica sólo existe el incidente planteado por un solo partido político.

Por tanto, al existir únicamente escritos de un solo partido político, se arroja un indicio muy débil de la irregularidad, el cual, en todo caso, se desvanece porque en las actas de incidentes no se apuntó ningún incidente.

En la casilla 7 contigua 1, existen dos escritos de incidentes de los partidos, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que coinciden al narrar que entre las once treinta y once cuarenta horas, del primero de julio, tres mujeres con gorra enlistaban a personas y entregaban vales.

Se deben desestimar, porque si bien de inicio generarían un indicio de lo ocurrido este se desvirtúa porque no es verosímil que desde la casilla supieran qué es lo que se estaba repartiendo (vales de construcción), pues esa situación no se explica.

Además, dichos escritos difieren al señalar el número de personas a las que se le entregaron esos vales, pues mientras el Partido Revolucionario Institucional señaló que se trataba de veinte personas, el Partido de la Revolución Democrática no señaló la cantidad de los supuestos votantes, sin que exista otro elemento para verificar lo anterior, por tanto, no sería posible establecer la determinancia de la supuesta irregularidad.

Además el valor de esos escritos se ve disminuido porque en las actas de incidentes no se asentó alguno por los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

Por lo que respecta a la casilla 11 contigua 1 también existen escritos de incidentes del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y coinciden que se dio entrega de vales, sin embargo, con ellos no se acredita la irregularidad por lo siguiente.

Primero, aun cuando probaran lo mencionado, no establecen el número de electores que fueron sujetos a la supuesta entrega de vales, ni el tiempo que duró la irregularidad.

Aunado a ello, en el escrito de incidentes del Partido Revolucionario Institucional señaló que a veinte o treinta metros vio a un grupo de personas eufóricas que llevaban hojas que en realidad eran vales para ser beneficiados con láminas, etc., una vez que votaran por el Partido Acción Nacional.

Ese incidente es inverosímil a juicio de este tribunal, pues la distancia a la que se encontraba el representante respecto de los sujetos eufóricos era de veinte o treinta metros, por lo que a dicha distancia no era posible que supiera que los documentos que llevaban eran vales o que esos vales se cambiaran por materiales o productos, ni mucho menos que se entregaban a cambio de votos del Partido Acción Nacional.

Por su parte, el escrito del Partido de la Revolución Democrática narra algo contradictorio al escrito del Partido Revolucionario Institucional, pues en uno se dice que entregaban vales que se canjearían por materiales, etc., mientras que el otro escrito indica que se entregarían sobres con dinero, por lo cual se reitera, que dichos escritos no son suficientes para probar la irregularidad, ni mucho menos su impacto en la casilla.

Por su parte, respecto de dos casillas sólo existe la denuncia de José Gabriel Valencia Cameras, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal de Acala, de que en las mesas de votación que a continuación se enlistarán tres personas les dijeron que personas del Partido Acción Nacional prometieron terrenos, materiales para la construcción, etcétera, a cambio de su voto:

Sin embargo, dicha denuncia no puede demostrar la irregularidad que supuestamente se dio, porque como ya se dijo, al denunciante ni siquiera le constaron los hechos, por tanto, el único indicio que podría generar es que tres personas le dijeron sobre esas irregularidades pero no la existencia de ellas.

En relación a la casilla 19 básica, existe la denuncia aludida, un escrito de incidentes del Partido Verde Ecologista de México, y la declaración de Carlos de Jesús Coello Castillo.

Como ya se dijo, la denuncia de José Gabriel Valencia Cameras no puede aportar indicio de la irregularidad porque lo que declaró no le constó.

A su vez, es importante destacar que el escrito de incidente que resta fue de un representante del Partido Verde Ecologista de México ante dicha casilla, y que Carlos de Jesús Coello Castillo manifestó ser representante general de dicho partido en diversas casillas en la elección impugnada, lo cual revela que los incidentes señalados únicamente corresponden a personas que son afines a una fuerza política, lo cual le resta valor probatorio para acreditar la irregularidad.

En cuanto a la casilla 19 contigua 1, solo existen la denuncia de  José Gabriel Valencia Cameras y la declaración de Carlos de Jesús Coello Castillo. El primer documento ya fue desestimado porque lo narrado por el denunciante no le constó, y por lo que hace a la declaración aun de considerar que tiene un valor indiciario leve, en ella no se señala el número de personas que fueron objeto de la irregularidad ni el tiempo.

En la casilla 9 básica, existe un escrito de incidentes del Partido Revolucionario Institucional, en que su representante ante tal casilla señala que cuando fue a la tienda había un grupo de personas a las que les daban unas hojas blancas con la promesa de recibir apoyos para la construcción si votaban a favor del Partido Acción Nacional.

A su vez, en el acta de la sesión de primero de julio se asentó que al momento en que una comisión de consejeros y representantes de partidos políticos ante el consejo municipal de Acala realizó una inspección de las casillas señalaron que la gente dijo a la comisión que simpatizantes del Partido Acción Nacional estaban comprando el voto.

Dichas probanzas tampoco demuestran que la irregularidad existiera, ni que fuera determinante para el resultado de la votación en esa casilla.

En efecto, en cuanto a lo asentado en el acta de la sesión de primero de julio, se menciona que la gente les dijo de la existencia de dichas irregularidades, es decir, eso no le constó de manera directa a los consejeros ni los representantes de partidos políticos, por tanto, no es útil para sustentar lo señalado por el representante del Partido Revolucionario Institucional.

Aunado a ello, en dichos documentos ni siquiera se acreditó el número de personas que habrían recibido las supuestas hojas, ni cuanto duró la irregularidad, por tanto, aun de probar la irregularidad no sería determinante.

Como se ve, en las casillas impugnadas no se probó que se entregaran vales a los electores a cambio de votar por el Partido Acción Nacional, por lo cual, la determinación del tribunal electoral local de desestimar lo señalado por el actor fue correcta.

Por último, respecto a las copias fotostáticas que ofreció el actor para acreditar que éstas les fueron entregadas a los electores como vales para canjear productos en dichas casillas, se desestiman porque como se vio, no existe elemento para considerar que existieron esas irregularidades y por sí mismas no la acreditan.

Presencia de integrantes de la planilla del Partido Verde Ecologista de México.

El actor se inconformó porque una de las integrantes de la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México junto con otra persona repartió sobres a los electores después de votar, en las siguientes casillas:

Específicamente, en la sección 12 se señaló que se encontraba presente la candidata suplente a síndico del Partido Verde Ecologista de México.

El tribunal local determinó que aun cuando existió un incidente no se infería irregularidad alguna y que la declaración de Juan Gabriel Valencia Cameras era ineficaz para acreditar la irregularidad por falta de inmediación y ausencia de la razón de su dicho.

Ahora bien, para analizar la determinación del tribunal se analizarán: a. actas de incidentes y escritos de protesta o incidentes de los partidos políticos, b. acta de la sesión de vigilancia de la jornada electoral, c. denuncias presentadas ante la agencia del Ministerio Publico de Villa de Acala, Chiapas; y d. testimonio notarial setecientos dieciséis de primero de julio de este año.

a. Actas de incidentes

En autos no existe acta de incidente de las casillas 9 básica y 10 básica que guarden relación con la irregularidad aducida por el actor, como se advierte del anexo 1 de esta sentencia.

b. Escritos de incidentes y de protesta de los partidos políticos

Como se advierte del anexo 2 de esta sentencia relativo a los escritos de incidentes y de protesta de los partidos políticos, solo existe uno de la casilla 9 básica, pero el incidente que en él se detalla, no guarda relación con la irregularidad aducida.

c. Acta de sesión de vigilancia de la jornada electoral

Según el acta de la sesión de primero de julio del consejo municipal de Acala, la comisión que se formó  para vigilar las casillas asentó que en la sección 10 (formada por las casillas básica, contigua 1 y contigua 2), que invitó a la candidata a regidora del partido verde a bajar la cortina de su domicilio particular.

Como se ve, en la inspección realizada por los consejeros electorales y representantes de los partidos únicamente señalaron que invitaron a dicha candidata a bajar la cortina de su domicilio pero nada se asentó sobre alguna irregularidad.

Por cuanto hace a la sección 12, en el acta de la sesión de vigilancia de la jornada se asentó que se encontraba la candidata a síndico suplente del Partido Verde Ecologista de México con una lista nominal la cual se le retiró.

En tal sentido, esto último prueba la presencia de dicha candidata en dicha sección.

El hecho de que estuviera presente en una casilla en la cual no le correspondía votar con una lista nominal, arroja un indicio de la irregularidad pero no es suficiente para anular la casilla porque por no está demostrado cuando tiempo estuvo presente en esa casilla ni a cuantos electores influyó.

Sin embargo, posteriormente se valorará si esta prueba es útil para acreditar alguna irregularidad adminiculada con otros medios de prueba.

d. Denuncias ante la Fiscalía del Ministerio Público de Villa de Acala.

En la denuncia de dos de julio, José Gabriel Valencia Cameras ante dicha fiscalía, la cual consta en el acta 248/CE37/2012 de dicha fiscalía, manifestó ser representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (sic)[16], y denunció que aproximadamente a las trece horas, mientras realizaba recorridos de supervisión en las casillas instaladas en Acala en compañía de funcionarios del instituto local y representantes de partidos políticos, se percató que en la casilla 9 básica se encontraron a dos personas del sexo femenino las cuales reconoció como Lucrecia Candelaria Ordóñez Nigenda y Guadalupe Coronado, esta última es candidata a síndico suplente postulada por el Partido Verde Ecologista de México, tenían en su poder sobres de papel color blanco así como una lista nominal y repartían un sobre a cada persona que se acercaba a votar, y cuando se les sorprendió realizando esos actos ya habían votado ciento setenta personas aproximadamente, por lo cual se presentaron inconformidades ante el consejo municipal.

También denunció que esa misma situación ocurrió en la casilla 10 básica desde las ocho treinta de la mañana en la cual votaron hasta ese momento treinta personas hasta que fueron descubiertos por el personal del propio instituto y representantes de partidos.

En relación a esa declaración, es importante recordar que los testimonios y declaraciones no son pruebas plenas, sino que arrojan indicios de las irregularidades, y deben ser valorados de acuerdo a máximas de la experiencia y de las reglas de la lógica.

En tal sentido, esa declaración representa un indicio de la presencia de dicha candidata las casillas 9 básica, con una lista nominal y repartiendo vales, sin embargo, toda vez que el denunciante lo hizo ante el Ministerio Público y, contrario a lo asentado por el tribunal, si mencionó la razón de su dicho, pues manifestó que se dio cuenta de esa circunstancia cuando realizó un recorrido por las casillas con funcionarios del instituto electoral local el día de la jornada electoral.

Sin embargo, ese indicio por sí solo no es suficiente para anular la casilla, pues no es suficiente la declaración ministerial de una persona para demostrar la existencia de un hecho sino, como ya que, según lo expuesto, necesita relacionarse con más pruebas. Posteriormente se analizará si existen otras pruebas que concatenadas con esta acrediten la irregularidad.

e. Declaraciones en instrumento notarial

En el testimonio notarial setecientos dieciséis, volumen siete, de la notaría pública 112, en Tuxtla Gutiérrez, se asentó la declaración de cinco personas, y ninguna de ellas se relaciona con la presencia de candidatos del partido verde en alguna casilla durante el día de la jornada, como se advierte del anexo 4 de esta sentencia.

Valoración conjunta

De loa anterior se advierte que, relación a dicho planteamiento, es decir, la presencia de una candidata del Partido Verde Ecologista existen las siguientes pruebas:

• Denuncia de José Gabriel Valencia Cameras, de que en las casillas 9 básica y 10 básica, Guadalupe Coronado, candidata a síndico suplente postulada por el Partido Verde Ecologista de México, junto a Lucrecia Candelaria Ordóñez Nigenda, repartieron sobres blancos a cada persona que acudía a votar, de lo cual se dio cuenta cuando realizó un recorrido con funcionarios del instituto y representantes de partidos.

• En cuanto a la sección 12, la comisión de consejeros y representantes de partidos políticos del consejo municipal de Acala, asentó la presencia de la candidata a síndico con una lista nominal.

De lo expuesto se advierte que no hay prueba de que ocurriera la irregularidad planteada en las casillas 18 extraordinaria, 19 básica y 19 contigua, por tanto, se desestima el agravio.

Respecto a las casillas 9 básica y 10 básica solo existe la declaración señalada, la cual si bien de inicio aportaba indicios de la irregularidad se desvanece por lo asentado en el acta de la sesión permanente de primero de julio, respecto de lo que asentó la comisión de consejeros y representantes de los partidos políticos.

En efecto, el denunciante declaró que se dio cuenta de las irregularidades en esas casillas al momento que recorrió las casillas con la comisión aludida, sin embargo, esto es contradictorio con el acta de la sesión permanente del consejo municipal primero de julio, pues en ella no se asentó la presencia de la candidata a síndico, ni mucho menos que en esa casilla se repartieran sobres, solo se asentaron otras incidencias que nada tienen que ver con ese planteamiento. En virtud de esa contradicción, la declaración perdió su valor indiciario, y al no existir más pruebas en relación a la irregularidad en esas casillas se desestima el agravio.

Por su parte, respecto a las casillas de la sección 12, si bien está probada la presencia de la candidata a síndico con una lista nominal, de conformidad con el acta de primero de julio, pues fue esa circunstancia se asentó por los propios consejeros municipales, eso no podría ser determinante para anular la casilla porque sólo existe esa prueba, y de ella no se advierte a cuantos electores afectó la supuesta irregularidad, ni el tiempo, por tanto también se desestima el agravio.

Como se ve, fue correcta la determinación del tribunal local de desestimar el planteamiento referido.

Presencia de integrantes del ayuntamiento

El actor manifestó que en la sección 11 estuvieron presentes integrantes del ayuntamiento y que el estudio del tribunal local no fue correcto.

El tribunal local determinó que las incidencias no eran suficientes para demostrar que se ejerció coacción sobre los electores porque si bien, no se especificó qué tipo de autoridades municipales eran las que estaban presentes

De la verificación que realizó este tribunal del expediente se advierte que la presencia de funcionarios del ayuntamiento sólo fue establecida en el acta de primero de julio de seguimiento a la jornada electoral en la que se estableció lo siguiente:

Como se ve, es cierto que en dicha sección se encontraron autoridades municipales.

Sin embargo, en dicho incidente no se estableció que tuvieran contacto con algún elector, es decir, que influenciaran su voto.

En tales condiciones, aun de existir la irregularidad no sería determinante porque no hay forma de establecer el número de electores que se vieron afectados, ni el tiempo, por lo cual fue correcta la determinación del tribunal local.

Ahora bien, el actor pidió la nulidad de la elección debido a que en al menos veinte por ciento de las casillas instaladas en el municipio se dieron causas de nulidad de conformidad con el artículo 469, fracción I, del código electoral de Chiapas, sin embargo, el planteamiento es inatendible porque, como se vio, no se actualizó ninguna causa de nulidad de las casillas impugnadas.

II. Inelegibilidad

El actor sostiene que el tribunal local no fue exhaustivo porque no estudió la causa de inelegibilidad consistente en que el candidato ganador está prófugo de la justicia al contar con una orden de aprehensión.

Estima que la documentación que acredita lo anterior, debió ser requerida por el tribunal porque el actor exhibió copia fotostática simple de un documento donde se advierte que existe una orden de aprehensión en contra del candidato a presidente municipal ganador, y en razón de que si el la solicitara le sería negada.

Se estima que el agravio es infundado.

Esto es así, porque con independencia de que el tribunal local omitiera estudiar la inelegibilidad del candidato impugnado por contar una orden de aprehensión girada en su contra, el actor contaba con la carga de probar esa circunstancia y para cumplir con ella debió acreditar que solicitó la información atinente aun cuando ésta le fuera negada.

Como a continuación se explicará, existen dos momentos dentro de un proceso electoral para impugnar la inelegibilidad de un candidato, y cuando la impugnación se da ante un órgano jurisdiccional, la carga de probar la inelegibilidad de un candidato corresponde a quien la impugne.

Momentos para impugnar la inelegibilidad.

El sufragio pasivo, es decir el derecho a ser elegido y, en consecuencia a postularse como candidato y acceder al cargo, se trata de uno de los derechos fundamentales de participación política de carácter democrático ya que todos los ciudadanos tienen (cumpliendo determinados requisitos que no vulneren el derecho a la igualdad) la oportunidad de ejercitarlo.

De acuerdo a la doctrina, ese derecho tiene determinadas limitantes, una de esas, se refiere a las calidades inherentes que deben tener los candidatos para poder ser electos y acceder al cargo, es decir, los requisitos de elegibilidad (requisitos de carácter positivo) y las causas de inelegibilidad (requisitos de carácter negativo).

A manera de ejemplo, la doctrina ha señalado las siguientes causas de inelegibilidad:

1. Las que operan sobre la base de indignidad, y que obran de modo paralelo a las limitaciones de capacidad electoral, es decir personas privadas del derecho de sufragio efectivo por sentencia firme (ej. por cometer un delito).

2. Las que afectan en todo o en parte a los funcionarios o servidores públicos, la cual se refiere que aquellos que por el cargo que desempeñan, pueden tener influencia sobre el elector y por ello serán inelegibles.

3. Los que afecta a determinadas profesiones o funciones públicas, el cual exige que en razón de la imparcialidad de determinados puestos, sus titulares sean inelegibles (ej. jueces).

Así, puede concluirse que la inelegibilidad consiste en el establecimiento de impedimentos jurídicos, respecto de características inherentes a las personas, que tienen por objeto la suspensión del derecho de sufragio.

En Chiapas, por ejemplo, el artículo 13, fracciones II y IV, de la constitución local, establece que el derecho a ser votado a cargos de elección popular, entre otros, se suspende porque las personas estén sujetas a proceso por delito que merezca la pena privativa de la libertad, desde que se dicte auto de formal prisión; y cuando una persona se encuentre prófuga de la justicia desde que se dicte orden de aprehensión o reaprehensión, hasta que prescriba la acción penal o la sanción impuesta.

En relación a los requisitos de elegibilidad de los candidatos, este tribunal ha sostenido que su análisis puede presentarse en dos momentos: 1. Cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la autoridad electoral; y 2. Cuando se califica la elección.

1. En la legislación chiapaneca, ese primer momento puede advertirse en el artículo 237, fracción V, último párrafo, del código electoral local, inmerso en la etapa de preparación de la elección, en la cual deben acreditarse los requisitos de elegibilidad durante el registro de candidatos.

Como se ve, la autoridad administrativa electoral se encuentra facultada para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, y en caso de incumplimiento, debe negar el registro como candidatos.

2. En el segundo momento, tiene lugar al declarar la validez de la elección, y en éste pueden existir dos instancias: a) nuevamente, ante la autoridad administrativa electoral; y b) ante la autoridad jurisdiccional.

Las instancias del segundo se pueden advertir de los artículos 306 fracciones VII y VIII, 331, y 435, último párrafo, del código electoral local.

En efecto, en primera instancia, la autoridad administrativa sólo puede calificar y declarar válidas las elecciones en aquellos casos que se acredite el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos ganadores, entre otros requisitos.

En última instancia, ante el tribunal local se pueden hacer valer causales de inelegibilidad de los candidatos previstas por el propio código.

Esos dos momentos, responden a que las cuestiones de elegibilidad inherentes a la persona son trascendentes para los contendientes a ocupar el cargo y para el ejercicio del mismo, pues sólo de esa manera se garantiza el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para que los ciudadanos que obtuvieron el mayor número de votos puedan desempeñar los cargos para los cuales fueron postulados, pues la falta de esas exigencias hace incompatible al candidato con el ejercicio del cargo.

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia de rubro “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN”[17], y en las tesis “ELEGIBILIDAD. SU EXAMEN PUEDE HACERSE EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚE EL CÓMPUTO FINAL Y SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y DE GOBERNADOR (Legislación de Colima)”,[18] y “ELEGIBILIDAD DE REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD (Legislación de Morelos)”,[19]  en las que se sustenta, entre otras cuestiones, que el análisis de los requisitos de elegibilidad tiene como una de sus finalidades que no se elija o se asigne un cargo de elección popular a personas que no cumplen con los requisitos legales o constitucionales inherentes a su personalidad.

Ahora bien, cuando las partes contendientes en un proceso electoral aleguen la inelegibilidad de un candidato o candidata en el segundo momento, recae en ellas la carga procesal de probar sus afirmaciones.

Lo anterior es así, pues el segundo momento, es decir en la etapa de resultados y validez de la elección, tiene como antecedente necesario el registro del candidato respectivo, cuya aprobación una vez que queda firme, adquiere presunción de legal.

De ahí que quien estime que el segundo momento, ha sobrevenido alguna causa de inelegibilidad tiene la carga de probar su afirmación.

Precisado lo anterior, se explica en que consisten las cargas procesales en materia probatoria y las consecuencias para las partes en caso de cumplimiento o incumplimiento.

Cargas procesales en actividad probatoria.

En los procesos jurisdiccionales electorales, como en cualquier otro, existe la necesidad de que las partes lleven a cabo determinadas conductas al promover un juicio, es decir cuentan con determinadas cargas.

Las cargas procesales se refieren a la necesidad que tiene el proceso de que las partes lleven a cabo determinados actos, es decir, se trata de estímulos para que las partes participen en el proceso de determinadas formas y obtengan un resultado útil que sólo se puede conseguir mediante su actividad.

Dicho estímulo, sólo puede obtenerse poniendo a cargo de las partes una consecuencia para el caso de falta de ejercicio, es decir, una sanción.

Al respecto, Devis Echandía la falta de ejercicio de las cargas procesales acarrea consecuencias desfavorables que pueden repercutir en los derechos sustanciales que en proceso se ventilan.

El incumplimiento de la carga procesal se da por la inactividad o la falta de la conducta requerida, lo cual tiene consecuencias adversas para las partes.

Esta idea se puede resumir en el aforismo que reza: las leyes favorecen a los cuidadosos y no a los negligentes, a los que vigilan y no a los que duermen.

Lo anterior revela que las sanciones que surgen por el incumplimiento de las cargas procesales se relacionan con la negligencia de las partes al dejar de desplegar una conducta necesaria para el proceso.

Es decir, lo que se sanciona por incumplir las cargas procesales es el descuido, el abandono, la falta de vigilancia, en suma, la actitud negligente de las partes.

En ese sentido, la sanción, además de representar un castigo para el descuido, tiene por objeto estimular a las partes para que lleven a cabo las conductas necesarias.

Un ejemplo de carga procesal son las cargas probatorias es decir, a quien le corresponde la obligación de aportar determinados elementos para acreditar un hecho, y por ende, quien recibirá las consecuencias de no aportar el material probatorio atinente.

Juan Damian Moreno,[20] al abordar el tema, señala que las normas de la carga de la prueba van dirigidas al juez porque a éste corresponde averiguar el tipo de hecho que hay que probar y a quién corresponde su prueba.[21]

Michele Taruffo[22] señala que las normas acerca de la carga de la prueba adjudican consecuencias desfavorables de la falta de prueba de los hechos principales. Precisa que el criterio general para la asignación de la carga de prueba, es que cada parte cargará con los efectos negativos de no haber probado los hechos sobre los que fundó sus pretensiones.

Como se ve, la carga de la prueba se refiere a que en un proceso existe alguien obligado a aportar determinados elementos para probar un hecho y su incumplimiento conlleva el riesgo de no acreditar los hechos constitutivos de su pretensión.

En ese sentido, el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que por regla general, en los medios de impugnación se deben ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos previstos para su interposición.

De igual forma establece que se deben mencionar las pruebas que deben requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas.

Por su parte, el artículo 15, párrafo 2, del mismo ordenamiento, dispone que, el que afirma está obligado a probar. También lo está en que niega cuando su negación envuelve una afirmación expresa de un hecho.

Por su parte, el artículo 16, párrafo 4, de la misma ley establece que en ningún caso se tomarán en cuenta pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales.

Esas disposiciones se replican en el código comicial de Chiapas, en los artículos 403, fracción VIII, 410 y 411, respectivamente.

Como se ve, tanto en la legislación federal como en la de Chiapas, se ha establecido la carga de la prueba para quien afirma, pues éste a quien generalmente le corresponde acreditar los hechos que alegue.

Otra carga que debe cumplir quien pretenda acreditar un hecho es la de presentar las pruebas dentro de los plazos establecidos para la presentación de los medios de impugnación en materia electoral y la sanción al incumplimiento de esa carga es la inadmisión de las pruebas.

Ahora bien, de acuerdo a los artículos citados, existe una excepción a la presentación de las pruebas por parte de quien pretenda probar un hecho pues puede pedir al órgano jurisdiccional que las requiera, siempre y cuando el promovente demuestre que las solicitó y éstas no le fueran negadas o no le fueran entregadas.

Sin embargo, para que se actualice esa excepción existe la carga de acreditar que las pruebas fueron solicitadas y éstas fueron negadas o no se entregaron en tiempo.

Por tanto, si se incumple dicha carga, el tribunal no está obligado a requerir dichas pruebas.

Lo anterior, se explica porque cuando corresponde a las partes la carga de probar algo es a éstas en las que recae la obligación de allegar al juicio el material probatorio, y la excepción a ello se justifica, entre otros supuestos, cuando están imposibilitados para aportar los elementos de convicción, supuesto en el cual es razonable que sea la autoridad jurisdiccional quien se allegue de dichas pruebas, pero para ello debe acreditarse dicha imposibilidad y el interés de las partes de allegar esos elementos de prueba al juicio, pues de lo contrario, el órgano jurisdiccional puede incurrir en un desequilibrio procesal al sustituir la carga que le corresponde a cada parte.

Caso concreto.

Como se dijo, el actor sostiene que el candidato a presidente municipal postulado por los partidos, Acción Nacional y Orgullo por Chiapas, es inelegible porque tiene una orden de aprehensión en su contra.

Sostiene que el tribunal local estaba obligado a requerir un informe al Juzgado Segundo en Materia Penal para que informara si existe una orden de aprehensión en contra de dicho candidato.

Para demostrar su pretensión, en la instancia local exhibió la copia del oficio 693/2011 de veinticuatro de octubre de dicho juzgado.

Este órgano jurisdiccional estima que la pretensión del actor es infundada, con independencia de que al tribunal local estudiara una distinta, porque no está probado que el candidato referido tenga una orden de aprehensión en su contra.

En efecto, al impugnar la inelegibilidad de un candidato por existir una orden de aprehensión en su contra, el actor tenía la carga de probar la existencia de dicha orden de aprehensión, por tanto, estaba obligado de allegar a juicio el material probatorio correspondiente para que el tribunal local valorara esa circunstancia.

Si bien el actor señala que el tribunal local debía requerir un informe al juzgado sobre la situación del candidato esto es incorrecto porque el actor debió cumplir con la carga de solicitar esa información para que el tribunal local estuviera obligado a requerirla, para demostrar no sólo la imposibilidad de obtener dicha documentación, sino su interés de aportarla en el juicio.

En ese sentido, al incumplir con solicitar la prueba oportunamente, no puede actualizarse la excepción a su carga probatoria para que el tribunal local se allegara de dichas probanzas.

Debe agregarse que el requisito de que solicitara a la prueba no se trata de un requisito a voluntad de las partes sino que es una obligación establecida en la ley, máxime que lo que se pide no es obtener la prueba a toda costa, sino probar el interés en obtener la prueba para presentarla en juicio, y que a pesar de ello fue imposible.

Por último, la copia simple que ofreció para acreditar la existencia de la orden de aprehensión en contra del candidato impugnado es insuficiente para provocar convicción en este órgano jurisdiccional pues al tratarse de una copia simple, no es posible tener certeza sobre su autoría o fuente, ni es idónea para generar elemento de convicción alguno, ni siquiera de tipo indiciario.

Por tanto, al demostrarse la inexistencia de pruebas respecto a la orden de aprehensión de dicho candidato, se desestima la pretensión del actor.

Así al haber resultado infundados todos los agravios, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma la sentencia de veintidós de agosto último, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas en los juicios de nulidad electoral TJEA-JNE-M/42-PL/2012 y TJEA-JNE-M/43-PL/2012, acumulados.

NOTIFÍQUESE, personalmente, al actor, en el domicilio que señaló en la demanda de este juicio por conducto del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de Chiapas, y al tercero interesado en el domicilio que señaló en esta ciudad; por oficio, a dicho tribunal y al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas con copia certificada de este fallo; y por estrados, a los demás interesados, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, 29, párrafos 1 y 3, inciso c), y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 102, 103 y 106 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

Anexo 1

Contenido de actas de incidentes

Anexo 2

Contenido de los escritos de incidentes y escritos de protesta presentadas ante el mesas directivas de casilla y consejo municipal de Acala, respectivamente.

Anexo 3

Incidentes asentados en el acta de sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral de primero de julio de 2012

Anexo 4

Contenido del testimonio notarial setecientos dieciséis, volumen siete, de la notaría pública 112 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Anexo 5

Relación personas a las que supuestamente les entregaron vales a cambio del voto