JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL: SX-JRC-148/2012.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA ADMINISTRATIVA, ERIGIDA EN SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

TERCERO INTERSADO: COALICIÓN “COMPROMISO POR CAMPECHE”.

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PASTOR BADILLA.

SECRETARIOS: RODRIGO EDMUNDO GALÁN MARTÍNEZ, LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ RIBBÓN, CÉSAR GARAY GARDUÑO Y JOHANA ELIZABETH VAZQUEZ GONZÁLEZ.

OPERATIVOS: JUAN CARLOS CORTÉS SALINAS, OMAR CALDERÓN TORRES Y VÍCTOR RODRÍGUEZ GÓMEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiséis de septiembre de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional contra la resolución de cinco de septiembre último, emitida por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en el expediente SAE/RR/PAN/07/2011-2012, relativo a la elección de integrantes del ayuntamiento de Carmen, Campeche, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo narrado por el actor y de los autos se advierten:

a. Proceso electoral en Campeche. El seis de enero inició el proceso electoral ordinario para renovar, entre otros cargos, a los integrantes del ayuntamiento de Carmen, de conformidad con el artículo 242, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Campeche.

b. Jornada electoral. El primero de julio del año en curso, se celebró la jornada electoral respectiva.

c. Cómputo municipal. El cuatro siguiente, el consejo municipal electoral de Carmen, realizó el cómputo correspondiente, con los resultados siguientes:

El cómputo concluyó el cinco siguiente. Conforme a esos resultados resultó ganadora la planilla postulada por la Coalición “Compromiso por Campeche”.

De conformidad con dichos resultados, la diferencia existente entre primer y segundo lugar es de 5,169 votos, que representa más del 5% de la votación total emitida.

d. Declaración de validez de la elección y entrega de constancia. Finalizado el cómputo, el consejo municipal electoral declaró válida la elección y entregó la constancia de mayoría respectiva a la planilla postulada por la referida coalición.

e. Juicio de inconformidad. El ocho de julio, el Partido Acción Nacional promovió dicho juicio ante el consejo municipal electoral, para controvertir la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, en esencia, por lo siguiente:

        Actos anticipados de campaña;

        Rebase de tope gastos de campaña;

        Intervención de servidores públicos;

        Ejercicio abusivo de la libertad de expresión, e inequidad en medios de comunicación distintos de radio y televisión, en cantidad y contenido (campaña de desprestigio); e

        Inelegibilidad del candidato, por inhabilitación administrativa.

Para lo cual, identificó doscientas cincuenta y tres casillas.

El expediente se radicó en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Electoral, del Poder Judicial del Estado de Campeche, con la clave J1/JI/11/PAN/11-2012.

f. Resolución del juicio de inconformidad. El diecinueve de agosto, dicho juzgado confirmó el cómputo así como la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia respectiva.

Antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, determinó que pese a que el actor señaló que existían doscientas cincuenta y tres casillas con irregularidades graves, su verdadera intención era anular la elección porque no especificó alguna irregularidad sobre la votación recibida en casilla, sino que se inconformó por cuestiones que no se dieron durante la jornada electoral.

Enseguida, dio respuesta a los agravios del actor en el orden siguiente:

Actos anticipados de campaña.

Definió a esta irregularidad como aquella que realizan quienes fueron seleccionados en el proceso interno de un partido político durante el tiempo que media entre su designación como candidatos y su registro formal ante la autoridad administrativa electoral, pero consideró que el agravio era infundado por las siguientes razones:

a. No existe prueba de que Enrique Iván González López colocara propaganda en el municipio, y el actor omitió especificar los lugares donde supuestamente se dio esa irregularidad.

b. Tampoco se demostró que  Enrique Iván González López se promocionara en una barda con propaganda en las calles 57 y 59 del municipio en cuestión, y, en todo caso, se trataría de un hecho aislado, además de que de la narrativa del actor advirtió que la irregularidad no existe actualmente.

c. El juicio de inconformidad no es el medio legal para analizar la legalidad del acuerdo CG/045/2012 que desechó la denuncia de dichas conductas, con dicha determinación no se prueba la parcialidad de la autoridad administrativa electoral.

Intervención de autoridades (difusión de propaganda gubernamental durante la campaña).

Respecto a la intervención del Director de Obras Públicas y el Subdirector de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Carmen en el proceso electoral, al hacer propaganda gubernamental durante el periodo de la campaña electoral, desestimó el planteamiento porque las pruebas que ofreció el actor se tratan de entrevistas amparadas por la libertad de expresión e información, y si bien fueron anuncios de tipo gubernamental tenían como fin informar a los ciudadanos sobre las precauciones que debían tomar por las obras que se realizaban en el municipio, y no tuvieron el carácter electoral pues no se dirigieron a influir en las preferencias de los electores, ni se hizo alusión a algún candidato, obtención del voto o al proceso electoral, además, tampoco se sabe el número de ciudadanos que habrían sido influenciados con esas entrevistas.

Sobre el agravio consistente en que el Director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Carmen apoyó indebidamente al candidato electo de la coalición “Compromiso por Campeche”, se desestimó porque el actor intentó probar la irregularidad con una comunicación privada y no probó haberla obtenido legalmente, por tanto, la autoridad negó valor probatorio.

En relación a la intervención de la esposa del gobernador como presidenta del (DIF) al entregar recursos en el municipio de Carmen en un evento al que asistieron mil seiscientas personas en el período de campañas, determinó que la nota periodística aportada por el actor para demostrar ese hecho se trataba de un mero indicio pues solo hace referencia a un hecho aislado.

Asimismo, consideró que no se acreditó que por la realización de ese evento se influyera en la voluntad de los electores, en virtud de que sólo asistieron un aproximado de mil seiscientas personas sin tener certeza de que todos contaran con la mayoría de edad, y aun en el supuesto de que todos los votos de los asistentes se hubiesen emitido a favor del partido actor no sería determinante para el resultado de la elección pues la diferencia entre primer y segundo lugar fue de cinco mil ciento sesenta y nueve votos.

A su vez, razonó que no se acreditó el carácter de servidor público de la esposa del gobernador porque el cargo de presidenta del (DIF) es honorífico, por ende no se puede hablar de un mensaje emitido por una servidora pública.

Por otra parte, no se advirtió la promoción personalizada de un servidor público o candidato, ni que la ciudadana referida emitiera un mensaje que influyera en las preferencias electorales, y en caso de que se considerara propaganda gubernamental prohibida, se trata de una falta administrativa que se encuentra regulada en la normativa local, por lo que el partido actor debió haber denunciado para que se impusiera la sanción correspondiente.

Finalmente, por cuanto hace a la temporalidad en que acontecieron las irregularidades planteadas concluyó que ocurrieron en un breve espacio de tres días del mes de junio (4, 22 y 24), lo equivalente a poco más del seis por ciento (6.6%) de la totalidad del período de prohibición.

Por lo anterior declaró infundado el agravio.

Rebase de tope de gastos de campaña.

Razonó que el actor no aportó ningún medio de convicción para acreditar dicha irregularidad.

Si bien reconoció que los partidos presentan su informe de gastos sesenta días después de la jornada electoral ante la Unidad de Fiscalización del instituto local, quien pretenda la nulidad de la elección por el rebase de tope de gastos tiene la carga probatoria de demostrar que el candidato ganador superó el gasto permitido y que ello se tradujo en inequidad en la contienda, sin que esa carga se revierta a hacia la autoridad administrativa electoral.

En ese sentido, concluyó que ante la falta de pruebas por parte del actor para acreditar la irregularidad planteada, desestimo el agravio del actor.

Campaña difamatoria.

En relación a que durante el periodo de campaña, en los periódicos que circulan en el municipio se desprestigió constantemente a los candidatos postulados por el Partido Acción Nacional a integrar el ayuntamiento en cuestión, estimó infundado el agravio porque el actor no ofreció ejemplares de periódico de todos los días abarcó la campaña electoral.

Además analizó treinta y nueve notas que el actor ofreció para acreditar la irregularidad, de las cuales determinó que una nota no podía ser difamatoria porque se refería a cuestiones positivas del candidato; treinta y dos notas no se refieren a los candidatos a regidores postulados por el Partido Acción Nacional, pues de ellas nueve se refieren a un diputado federal, ocho son relativas a otras elecciones, cuatro se relacionan con candidatos de la coalición “Compromiso por Campeche”, siete más se relacionan con cuestiones internas del Partido Acción Nacional, tres más con manifestaciones de estudiantes en contra de un militante de dicho partido por relacionarlo con el homicidio de una estudiante, y una se refiere a la opinión de un ciudadano.

Si bien es cierto que en cinco notas se reportó la crítica que realizó el candidato a presidente municipal de Carmen postulado por el Partido de la Revolución Democrática y un grupo de ciudadanos en relación al candidato del Partido Acción Nacional, éstas sólo tenían el valor de leves indicios y en todo caso, son expresiones garantizadas por en el contexto del debate político y deliberativo del sistema democrático

En una más, se informó que en internet circulaban notas en relación a que Sebastián Calderón Centeno compró la candidatura a presidente municipal de Carmen, señaló que dicha nota tenía el carácter informativo.

De conformidad con lo anterior, el juez desestimó el planteamiento al no existir prueba de notas difamatorias, además de que las notas analizadas estaban amparadas por la libertad de expresión y el derecho a la información y, en todo caso, el candidato del Partido Acción Nacional y ese instituto político contaban con el derecho de réplica.

Inequidad en medios impresos.

En relación a este tema, el juez electoral explicó que para poder verificar el número de notas sobre un partido político o candidato en un proceso electoral es necesario, dentro de otros requisitos, que se cuantifique durante todos los días que dura la campaña electoral los espacios informativos publicados en periódicos o revistas.

Seguidamente explicó que el periodo de campaña en la elección municipal cuestionada se dio del trece de mayo al veintisiete de junio, es decir, un total de cuarenta y cinco días.

Conforme a lo anterior analizó si el actor ofreció los ejemplares para poder determinar la totalidad de notas emitidas para cada partido o candidato.

En ese sentido, desestimó el agravio del actor porque explicó que si bien aportó diversos ejemplares de periódicos, no ofreció la totalidad de ejemplares que cada editorial emitió durante todos los días que duró la campaña electoral, lo cual evidenció de la siguiente forma:

Además, de la revisión de las notas periodísticas concluyó que no existió inequidad en la cobertura de los candidatos postulados por el Partido Acción Nacional respecto a los de la coalición “Compromiso por Campeche” porque de las novecientas veintiséis notas que analizó por haber sido señaladas por el actor, advirtió setecientas setenta y seis notas a favor de la coalición referida, pero quinientas noventa y seis corresponden a información de otras elecciones, y sólo ciento setenta y siete se refieren a la elección municipal en cuestión. A su vez, advirtió ciento cincuenta y tres notas corresponden al Partido Acción Nacional y a la elección cuestionada, por lo cual solo había una diferencia de veinticuatro notas más en las que se informó sobre los candidatos de la coalición.

Además, negó valor al monitoreo que realizó el propio actor por ser de su autoría y por carecer del seguimiento diario de medios impresos, del impacto al electorado, ni demostró el numeró de medios impresos existentes en el municipio.

En cuanto a que la mayor parte de notas realizaban comentarios positivos de los candidatos de la coalición y negativos de quienes fueron postulados por el Partido Acción Nacional, el juez reiteró que el actor no ofreció la totalidad de diarios publicados y que no indicó de donde derivan lo negativo de las notas que señaló, además de que las notas están amparadas en están amparadas en la libertad de expresión y no atacan al actor ni a su candidato y, en todo caso, no se sabría el grado de influencia que tendrían esas publicaciones sobre el electorado.

En adición a lo anterior, estimó que era necesario que el actor que actividades realizadas por sus candidatos no fueron cubiertas en los medios impresos, o que la cobertura que se realizó no fue proporcional a las actividades que realizó.

Por su parte, desestimó el planteamiento sobre la existencia de entrevistas simuladas porque el actor no identificó cuáles eran esas entrevistas, además de que, en los periodos de campaña, los candidatos tienen el derecho de realizar declaraciones expresas sobre sus propuestas, es decir, en una entrevista pueden existir elementos de propaganda electoral siempre y cuando la entrevista no se trate de un acto de simulación, y no advirtió que existiera algún indicio de la irregularidad.

Inelegibilidad del candidato, por inhabilitación administrativa para desempeñar cargos públicos.

Primero, desestimó la solicitud del actor de requerir un informe al órgano interno de control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales en relación al expediente por el cual se sancionó al actor con la inhabilitación de diez años para ocupar cargos públicos.

Lo anterior, porque el actor no probó haber solicitado el informe correspondiente ante el órgano competente y que éste le fue negado, como lo prevé el artículo 497, fracción VI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Campeche.

En adición a ello, argumentó que pese a lo anterior, la inhabilitación temporal impuesta por autoridad administrativa, no tiene los alcances suficientes para afectar el derecho a ser votado pues tal circunstancia no es considerada como un requisito de elegibilidad, ni tampoco es causa de suspensión de los derechos político-electorales.

En consecuencia, al haber desestimado todos los planteamientos del actor, confirmó la validez de la elección del ayuntamiento controvertido.

g. Recurso de reconsideración local. En contra de lo anterior, el veinticuatro de agosto el actor promovió recurso de reconsideración.

Debe señalarse que narró los mismos hechos que en su demanda de inconformidad y describe los mismos temas que planteó como irregularidades.

Ahora bien, los agravios en específico se dirigieron a controvertir la determinación de la responsable en los siguientes temas:

Intervención de autoridades.

Respecto a la participación del Director de Obras Públicas y Subdirector de Desarrollo Urbano promovieron actos de gobierno municipal en intervenciones radiofónicas, sostuvo que pese a que el juzgador entendió el alcance de la norma en el sentido de que no se trata de paralizar la política sino de no ocupar los recursos para fines distintos, desestimó los agravios a pesar de que están acreditados.

Asimismo, aun cuando analizó el contenido de las entrevistas en las que determinó que no se trataba de propaganda electoral, solicita se revise la actuación del juzgador a efecto de que se estudie la nulidad.

Sobre el apoyo al candidato por parte de un servidor público del ayuntamiento mediante una llamada telefónica, consideró que contrario a los razonado por el juzgado las conductas de un candidato no pueden ser consideradas como privadas, máxime cuando la llamada tuvo como fin demostrar a sus electores que si votaban por él sus problemas se resolverían de inmediato, por lo cual no puede ser considerada como privada.

En cuanto a la participación de la esposa del gobernador, señaló que a pesar de que reconoce el hecho, se limita a referir cuestiones de determinancia, esto es, argumentó que no se sabe cuantas personas de las que asistieron al evento eran mayores de edad, y aun de considerar todas, la irregularidad no es determinante porque la diferencia entre el primer y segundo lugar era superior.

Sin embargo, tal circunstancia debió ser adminiculada con los hechos denunciados para demostrar que en los distintos órdenes de Gobierno de Campeche favorecieron a candidato coalición “Compromiso por Campeche”.

Inequidad en medios de comunicación.

Sobre este tema, señaló que la falta de algunos ejemplares de periódicos no era razón suficiente para desestimar el agravio, pues además de que con las notas aportadas se acreditó que la cobertura noticiosa fue en mayor proporción a los candidatos de la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, mientras que la del Partido Acción nacional fue menor.

Por ello, el juzgador debió valorar el comportamiento de los medios respecto de los días de los que se dieron ejemplares, además, los diarios aportados eran los de la mayoría de la campaña.

Asimismo, además de la mayor cobertura a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, se acreditó con los periódicos aportados que las notas a favor de ese partido fueron positivas y las del Partido Acción Nacional negativas.

Por otra parte reiteró que hubo inequidad en medios electrónicos porque las cuatro estaciones de radio del municipio de Carmen dieron mayor difusión a candidatos de la Coalición “Compromiso por Campeche”.

Campaña difamatoria.

Estimó incorrecta la determinación de la responsable sobre este tema, porque si bien reconoce que existen notas que atacan al candidato del Partido Acción Nacional las ampara bajo la libertad de expresión por lo cual solo pueden ser consideradas como ideas que circulan en el debate público.

En ese sentido, si la responsable hubiera tomado en cuenta las consideraciones que se hicieron valer, la consecuencia sería distinta, pues tendría en cuenta que se estuvo en presencia de una campaña orquestada con calumnias y difamación.

Inhabilitación de candidato ganador (inelegibilidad).

Consideró que el hecho de que no haya demostrado haber solicitado la prueba con la que se acreditaba esta irregularidad y que la misma le fue negada, no era argumentó suficiente para declarar infundado el agravio porque se trata de un hecho público y notorio que debe ser conocido por todas las autoridades, pues es una sanción que lo inhabilita para ocupar cargos públicos.

Rebase de topes de gasto.

Adujo a diferencia de lo razonado por el juzgado local, correspondía a las autoridades electorales la carga de la prueba para demostrar el rebase en gastos, pues son a éstas a quien les corresponde velar el cumplimiento de los principios rectores.

Además, si el juzgado responsable reconoció que hasta al momento que el órgano técnico de fiscalización termine la verificación de los informes se podría verificar la vulneración, existe una omisión de la autoridad administrativa para determinar para concluir el procedimiento, máxime que en el caso los gastos están fijados en cantidades pequeñas.

Por lo anterior solicitó nuevamente se anulara la elección.

Con motivo del Recurso, se formó el expediente identificado como SAE/RR/PAN/07/2011-2012.

h. Resolución impugnada. El cinco de septiembre, la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del estado de Campeche resolvió el recurso interpuesto por Partido Acción Nacional, en el sentido de confirmar en sus términos, la resolución reclamada.

Las razones de su decisión fueron las siguientes:

En principio comparó los agravios expuestos ante dicha Sala con los de primera instancia y concluyó que se trataba de una reiteración de los planteados originalmente, de ahí que los agravios en los cuales el actor no fijó una posición argumentativa en torno a la sentencia de primera instancia los declaró inoperantes.

Por otra parte, dio respuesta a los conceptos de agravio que combaten la sentencia de acuerdo a los siguientes temas:

Intervención de autoridades.

Desestimó el agravio relacionado con la intervención de los servidores públicos del ayuntamiento porque en la instancia anterior el juez responsable concluyó que no se dio la irregularidad después de analizar y valorar el planteamiento y las pruebas ofrecidas, además de que el actor no señaló porque la conclusión a la que arribó dicho juez era incorrecta.

Confirmó que la determinación del juez de no dar valor a la grabación de una conversación privada atribuida al Director de Servicios Públicos del Ayuntamiento era correcta pues se trataba de una prueba ilícita.

En cuanto al planteamiento relativo a la intervención de la esposa del gobernador de Campeche señaló que contrario a lo manifestado por el actor, el juez responsable no se limitó a desacreditar el agravio sino que realizó una valoración conjunta de los hechos expuestos por el actor y las pruebas que ofreció para determinar si existía la irregularidad, y con ello demostró que no se trataba de una irregularidad porque no se favoreció a ningún candidato, ni se promovió el voto, también razonó que no se trataba de una conducta generalizada.

Rebase de topes de gasto de campaña.

Desestimó el agravio porque lo plateado constituye una causa genérica de nulidad de la elección y la irregularidad debe acreditarse plenamente, y que la carga de la prueba correspondía al actor, porque de acuerdo al artículo 497 y 516 del Código de Elecciones y Procedimientos Electorales quien afirme algo está obligado a probarlo, por lo cual es incorrecto que correspondiera a la autoridad administrativa probar la irregularidad, además de que los plazos para resolver los procedimientos administrativos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos son expresos y tanto éstos como la omisión de los órganos electorales especializados en la materia no pueden ser impugnados en el juicio de inconformidad.

Ejercicio abusivo de la libertad de expresión (campaña difamatoria).

El tribunal expuso que era incorrecto el señalamiento de que en la sentencia impugnada solo se dijo que existían treinta y nueve notas amparadas por la libertad de expresión, pues el juez responsable también analizó nota por nota y explicó cuál era el alcance de cada una de ellas y concluyó que no existían notas denostativas, injuriosas o calumniosas, en contra del candidato o del Partido Acción Nacional, además de que el actor no dio argumentos para controvertir la legalidad de las razones dadas por el juez responsable.

A su vez, consideró que no se era posible advertir una “campaña orquestada de calumnia y difamación” porque el actor no expresó porqué las razones que dio el juzgado responsable eran incorrectas.

Inequidad en medios impresos.

Determinó que fue correcta la determinación de la autoridad responsable de que la falta de ejemplares de periódicos impedía resolver sobre el tema pero no tenía razón el actor al señalar que la responsable se limitó a señalar únicamente esa razón, porque el juzgado también desestimó el monitoreo realizado por el actor y valoró las notas de todos los periódicos, para lo cual estableció como metodología identificar en las notas los nombres de los candidatos a presidente municipal postulados por la coalición “Compromiso por Campeche” y el Partido Acción Nacional y descartar las demás, de lo cual verificó que habían ciento setenta y siete notas del candidato de dicha coalición y ciento cincuenta y cinco relativas al candidato del partido actor, por lo cual no existió inequidad.

A su vez, expuso que el juzgado también se pronunció sobre si las notas eran positivas o negativas sobre los candidatos del Partido Acción Nacional.

Por último, señaló que el actor no cuestionó los argumentos, ni el método utilizado por la autoridad al realizar el análisis, de ahí que desestimara el agravio.

Inelegibilidad del candidato ganador.

El tribunal estimó que el juzgado responsable estudió correctamente la litis planteada al determinar que la inhabilitación no constituye una limitante al derecho de voto pasivo ni es un requisito de inelegibilidad contemplado en la legislación de Campeche.

También consideró correcto que el juzgado negara requerir el expediente RI-06/2012 del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque los partidos políticos tienen la posibilidad de solicitar los medios de prueba con la anticipación suficiente, y el actor incumplió con la carga de pedir oportunamente dicha resolución que fue emitida desde el trece de abril de dos mil diez, de conformidad con el artículo 497, del código electoral de Campeche, además estimó que requerir esa probanza implicaría suplir las deficiencias probatorias de las partes.

Finalmente, estimó como planteamiento novedoso la afirmación en el sentido de que la inhabilitación del candidato postulado por la Coalición “Compromiso por Campeche” era un hecho público y notorio, por lo cual era imposible atenderlo.

Por dichas razones la sala electoral confirmó la sentencia del juzgado electoral.

La resolución se notificó al actor el cinco de septiembre de dos mil doce.

II. Juicio de revisión constitucional electoral. El nueve siguiente, el Partido Acción Nacional promovió dicho juicio, para controvertir la determinación del Tribunal local, pues en concepto del actor se vulneraron principios constituciones que rigen los procesos electorales.

a. Trámite. El once de septiembre, se recibió la demanda del juicio y sus anexos, el informe circunstanciado y las constancias respectivas.

b. Turno. El mismo día, la Magistrada Presidente integró el expediente SX-JRC-148/2012. El turno correspondió a la ponencia de la Magistrada Claudia Pastor Badilla.

c. Comparecencia de tercero. Ese mismo día compareció a juicio la Coalición “Compromiso por Campeche” a través de su represente.

d. Admisión. El dieciséis siguiente, la Magistrada Instructora admitió el juicio y en su oportunidad, al no encontrarse pendiente diligencia alguna por desahogar, el juicio quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta sala regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal es competente para conocer y resolver este juicio de revisión constitucional electoral, por materia, porque se impugna la sentencia de un tribunal local relacionada con los resultados de los comicios de regidores en Carmen, Campeche; y por geografía política, porque dicha entidad federativa forma parte de esta circunscripción.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. Se analizan los requisitos generales, así como los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con los artículos 8, 9, 86 y 88, de la Ley adjetiva de la materia.

Forma. La demanda se presentó ante la autoridad responsable, se asienta nombre y firma del promovente, se identifica el acto reclamado, se mencionan los hechos materia de impugnación, además de expresarse los agravios pertinentes, de ahí que se colme el requisito.

Oportunidad. El juicio se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la ley adjetiva electoral, pues la sentencia se le notificó al actor el cinco de septiembre, y la presentación de la demanda se dio el nueve siguiente, esto es, dentro de los cuatro días previstos por la norma.

Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que la legislación electoral de Campeche no prevé medio de impugnación alguno para combatir las resoluciones dictadas por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del estado de esa entidad en los recursos de reconsideración.

Legitimación y personería. Dicho requisito se satisface, pues la demanda la presentó un partido político por conducto de su representante propietario ante el consejo municipal electoral que emitió el acto primigeniamente impugnado, como se advierte del escrito que acompañó a la demanda primigenia, con lo cual se satisface lo previsto en el numeral 88, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Violación a preceptos constitucionales. El requisito debe tenerse por satisfecho, pues de la lectura de la demanda se advierte que el partido actor señala que la resolución impugnada vulnera los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha exigencia debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios expuestos por el actor, en virtud de que ello implicaría entrar al estudio de fondo del juicio; en consecuencia, el requisito en comento debe estimarse satisfecho cuando, como en el caso a estudio se hacen valer agravios en los cuales se exponen razones dirigidas a demostrar la afectación a preceptos constitucionales.

Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.[1]

Violación determinante. Se colma el requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la ley citada.

La Sala Superior en la jurisprudencia de rubro: “VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO”[2], estableció que la violación reclamada es determinante, entre otros casos, cuando su comisión genera la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral, por ejemplo, la posibilidad racional de producir un cambio de ganador en la contienda, el acreditamiento de alguna causa de nulidad de votación en casilla, o la inelegibilidad del candidato ganador.

El concepto determinante para el resultado de la elección, se colma en el caso a estudio, porque el partido actor pretende que se declare la nulidad de la elección impugnada, pues en su concepto, existieron violaciones sustanciales que vulneran principios constitucionales.

De ahí que, lo que se resuelva al efecto, necesariamente impactará en la declaración de validez o invalidez de la elección, con lo cual se colma el requisito en análisis.

Reparación factible. Se satisface la exigencia contenida en el inciso d), párrafo 1, del artículo 86, de la ley en cita, porque la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, en virtud de que el período constitucional de los ayuntamientos, de conformidad con el artículo 21, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, inicia el primer día de octubre del año en que se celebren las elecciones ordinarias, por tanto, existe tiempo para resolver oportunamente este medio de impugnación.

TERCERO. Tercero interesado. Se reconoce la calidad jurídica de tercero interesado a la Coalición “Compromiso por Campeche”, a través de su representante ante el consejo municipal electoral de Carmen, por reunir los requisitos siguientes.

a. Calidad. El artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, define al tercero interesado como el ciudadano, partido político, coalición, candidato, organización o agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el caso el compareciente es una coalición a través de su represente, la cual cuenta con un derecho incompatible con el del actor, pues pretende que subsista el acto, de ahí que cumpla con este requisito.

b. Legitimación y Personería. El párrafo 2 del artículo 12 de la ley citada, señala que el tercero deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, en el caso se trata del representante de la referida Coalición, acreditado ante el consejo municipal electoral y fue quien compareció como tercero en las instancias previas.

c. Oportunidad. El artículo 17, párrafo 4, inciso b), de la referida Ley señala que los terceros podrán comparecer a partir de la publicitación del medio, dentro de las setenta y dos horas siguientes por escritos.

De las constancias del expediente se advierte que la publicitación del medio corrió de las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de septiembre, a igual hora del doce siguiente; y el escrito se presentó a las doce horas con treinta y ocho minutos del once de septiembre ante la responsable, esto es dentro del plazo referido.

Al estimarse colmados los requisitos de ley, se tiene a la referida Coalición como tercero interesado en el presente juicio.

CUARTO. Estudio de fondo. El actor pretende revocar la resolución impugnada, y que esta Sala declare la nulidad de la elección de integrantes de ayuntamiento de Carmen, Campeche.

La causa de pedir radica en que la autoridad responsable estudió incorrectamente los siguientes temas:

● Inequidad en medios de comunicación diferentes a radio y televisión;

● Ejercicio abusivo de la libertad de expresión para favorecer a una fuerza política, (campaña denigrante);

● Inequidad en la contienda por intervención de funcionarios públicos del ayuntamiento de Carmen; (Libertad en el sufragio)

● Actos anticipados de campaña;

● Rebase de tope de gastos de campaña;

● Inelegibilidad del candidato a presidente municipal de Carmen, postulado por la Coalición “Compromiso por Campeche”, (por inhabilitación).

Por cuestión de método se analizarán primero los planteamientos de nulidad de la elección pues de resultar fundados sería innecesario estudiar los restantes.

I. FALTA DE EQUIDAD EN MEDIOS IMPRESOS.

El actor sostiene que la autoridad responsable analizó incorrectamente la existencia de inequidad en los medios de comunicación.

Lo anterior porque en los medios impresos se dio mayor cobertura a las actividades realizadas por el candidato de la coalición “Compromiso por Campeche”, y que las publicaciones referidas al partido actor presentaban, mayormente, tendencias  negativas.

El planteamiento es infundado.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé los elementos esenciales para que una elección pueda considerarse como producto del ejercicio popular de la soberanía, tales como el establecimiento de condiciones de equidad entre los partidos políticos contendientes en el proceso comicial.

Entre esas condiciones destaca el acceso igualitario a los medios de comunicación.

Conforme a esa disposición, la ley debe garantizar que los partidos políticos, en su calidad de entidades de interés público, cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades de manera equitativa y dentro de un contexto de neutralidad.

Uno de esos elementos es el derecho al uso de los medios de comunicación, como son medios impresos, regulado por la ley en cuanto a la calidad, las formas, los procedimientos y tiempos, que habrán de respetarse para la difusión de mensajes orientados a la obtención del voto durante una campaña electoral.

Por tanto, el derecho de los partidos políticos para contratar inserciones o espacios en medios impresos, debe practicarse sobre la base del respeto al orden jurídico nacional, en cuyas normas se delinean las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión como derecho fundamental que, cabe decirlo, aun cuando no está sometido a censura previa, no representa una libertad absoluta, pues admite ser limitado, tomando en cuenta también, que la actividad de tales medios debe sujetarse a los principios y las reglas previstas para la contienda electoral.

De este modo, se puede afirmar, que cuando la libertad de expresión está relacionada con la materia electoral y, en general con los derechos político-electorales, su ejercicio debe realizarse de manera armónica con estos, así como con los principios de la materia, sin que el ejercicio de dicha libertades, suprima o vaya en contra de tales derechos y principios.

En ese sentido, si el sufragio activo permite el ejercicio de la soberanía popular, pues representa el medio para que la ciudadanía elija a sus representantes o gobernantes entonces, para ser verdadero y auténtico, se requiere, entre otras condiciones, que sea emitido en forma libre, lo cual puede alcanzarse sólo si el elector está objetivamente informado y tiene conocimiento imparcial de las diversas opciones y propuestas de los candidatos, a efecto de razonar el sentido de su voto, o bien, si se le facilita el acceso a todas las posiciones parciales ostentadas por los participantes en la contienda electoral.

De igual manera, el derecho a ser votado en condiciones de igualdad limita la libertad de expresión, la cual, aplicada al contexto de un proceso electoral, debe garantizar que la cobertura concedida a las acciones de los contendientes en él, tenga pretensiones serias de veracidad, objetividad y neutralidad, además de ser equitativa y proporcional en cuanto al seguimiento de las actividades de cada candidato o fuerza política.

La razón de que la información proporcionada por los medios de comunicación impresos o electrónicos cumpla con los requisitos expuestos, radica en evitar el desequilibrio en la contienda electoral, en perjuicio de un candidato y en beneficio de otro.

De acuerdo con lo razonado, puede concluirse que el correcto ejercicio de la libertad de expresión, utilizada en el ámbito electoral, está directamente vinculado con la eficacia de los derechos político-electorales y los principios democráticos. Esto es, en la medida en que la libertad de expresión sea ejercida en los términos constitucionalmente previstos, se permitirá la observancia de ese tipo de derechos, los cuales se garantizan, entre otros principios, con la libertad del sufragio y la equidad entre los contendientes a ser votados.

Ahora bien, ha sido criterio de esta sala[3] que para acreditar la inequidad en la cobertura noticiosa de un candidato, partido político o coalición, es necesario demostrar el número de apariciones que tiene un candidato y otro, para que, a partir de la confrontación del número de notas difundidas de cada uno, se pueda determinar si existió desproporcionalidad en la difusión de noticias de un candidato frente a su adversario.

En ese sentido, es insuficiente saber el número de apariciones de los candidatos en medios impresos, pues se deben acreditar las circunstancias de hecho que permitan concluir que los editoriales efectuaron una cobertura más amplia a un candidato respecto del resto de los contendientes.

Así, es importante identificar, por ejemplo, si los eventos realizados por quienes ganaron la elección fueron menores y reportados en exceso en espacios informativos y en perjuicio del resto de los contrincantes; o bien que la cobertura noticiosa respecto de otros partidos no corresponda a la totalidad o relevancia de sus actos realizados, en contraste a los del candidato o partido que a su parecer se ve beneficiado.

De esta forma, para acreditar inequidad en medios impresos durante una campaña electoral es necesario que se estudie el universo de tales medios durante la campaña, y que se demuestre el número de apariciones o de eventos relevantes en los que participó un candidato, y que se dejaron de cubrir.

En el caso no se demuestra la inequidad en medios de comunicación porque el actor no ofreció el universo de medios impresos que se publicaron durante la campaña electoral, ni demuestra que dichos medios omitieran cubrir alguna de sus apariciones, eventos o declaraciones.

Ciertamente, de conformidad con el artículo 300 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Campeche, las campañas electorales iniciarán al día siguiente de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral.

En ese sentido, el doce de mayo, el Consejo General del instituto local emitió el Acuerdo relativo al registro supletorio de las planillas de candidato a presidente, regidores y síndico de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2012. [4]

De ello se obtiene que el periodo de campaña inició el trece de mayo y concluyó el veintisiete de junio, pues la jornada electoral fue el primero de julio, por tanto, el periodo de campaña duró cuarenta y cinco días.

En tales condiciones, quien pretenda demostrar que existió inequidad en medios impresos deberá exhibir los ejemplares de todas las publicaciones emitidas durante lo días que dura la campaña electoral.

En ese sentido, de conformidad con el Padrón Nacional de Medios Impresos[5], de la Dirección General de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación se advierte que los medios impresos de mayor circulación en Campeche son los siguientes:

Ahora bien, los ejemplares de periódico que ofreció el actor son los siguientes:

Ahora bien, de la comparación de los ejemplares de periódicos ofrecidos por el actor con la lista de medios impresos de mayor circulación en Campeche de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, se advierte que el actor omitió ofrecer publicaciones tales como Campeche Hoy, Crónica de Campeche, El sur de Campeche,  Expreso de Campeche, Novedades de Campeche, Horizonte de Campeche, los cuales se publican diariamente, con un tiraje de ejemplares entre  seiscientos cincuenta y mil cuatrocientos ejemplares en Carmen.

Además de que tampoco exhibió las publicaciones semanales y mensuales como Horizonte de Campeche, Tiempo de Campeche y Vértice.

Como se ve, el actor incumplió con la carga de aportar el universo de medios impresos publicados durante el periodo de campaña, el cual era necesario para poder contabilizar las cifras de cobertura a los distintos partidos.

Aunado a ello, tampoco ofreció la totalidad de ejemplares de los periódicos que exhibió, pues debió exhibir cuarenta y cinco ejemplares de cada periódico, sin embargo, esto no fue así como a continuación se evidencia:

Como se ve, el actor tampoco exhibió todos los ejemplares de los periódicos que ofreció.

Así, al carecer del universo de medios no es posible analizar si existió inequidad en medios pues al carecer de esos elementos se obtendría un resultado incompleto, y correspondía al actor preconstituir esa prueba, por tanto tiene razón el tribunal responsable.

Aun de analizar los ejemplares que exhibió tampoco le asistiría la razón.

En efecto, de los ejemplares que exhibió, esta sala obtuvo 213 notas relacionadas con los candidatos a regidores del ayuntamiento de Carmen postulados por la coalición “Compromiso por Campeche”, mientras que de los candidatos del Partido Acción Nacional para dicho cargo, se encontraron 146 notas, lo cual se puede advertir en los anexos 1 y 2 de esta sentencia.

Si bien es cierto que existen 67 notas más respecto de los candidatos de la coalición, esto no necesariamente quiere decir que existiera inequidad, porque el actor no demuestra que existieran eventos, declaraciones o actos respecto de los cuales los medios impresos dejaran de  reportar.

Aunado a ello, no tiene razón el actor al señalar que la mayoría de notas de los candidatos que postuló y el partido son negativas, pues como se advierte del anexo 1 de esta sentencia, de las 146 notas relativas al Partido Acción Nacional, solo hay 47 notas negativas.

Con ello se demuestra que las notas negativas no representan la mayoría, por lo cual se desestima el agravio del actor.

Como se ve, fue correcta la determinación de la sala responsable.

Ahora bien, si su pretensión es establecer que las notas negativas constituyen una campaña de denigración, difamación y calumnia, eso será objeto de estudio en el siguiente apartado.

II. CAMPAÑA DE DENIGRACIÓN EN NOTAS PERIODÍSTICAS.

El actor sostiene que existió abuso de la libertad de expresión porque se publicaron notas periodísticas con el fin de establecer una campaña de denigración en contra de los candidatos del Partido Acción Nacional.

En la instancia local el partido planteó que en la primera instancia se reconoció la existencia de notas que atacaban a los candidatos del Partido Acción Nacional pero que indebidamente concluyó que se trataban de ideas propias del debate público.

La sala responsable determinó que el planteamiento era infundado porque el juez de primera instancia analizó cada una de las notas que el actor tildó de denigrantes y explicó que no eran denigrantes, calumniosas o injuriosas.

Como se ve, la litis se centra en determinar si el análisis que hizo la autoridad responsable de las notas fue correcto, para lo cual se expondrá el marco normativo que utilizará esta sala.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de manifestación de ideas salvo cuando se ataque a la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito, o perturbe el espacio público.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley Fundamental dispone que la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia es inviolable y no tiene más límites que el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública.

En relación a tales artículos existe consenso de que en ellos se protege las libertades de expresión e información, dentro de las cuales se encuentra la libertad de prensa.

Se ha señalado que esos derechos no son una libertad más, sino que constituyen los fundamentos del orden político en un Estado Constitucional Democrático de Derecho.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que esos derechos gozan de una vertiente pública e institucional, la cual contribuye de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública libre y bien formada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia representativa.[6]

Sin embargo, esos derechos no son absolutos o ilimitados pues la propia Constitución prevé límites como los ataques a la moral, derechos de terceros, el respeto a la vida privada entre otros.

En ese sentido, el artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución Federal, establece la prohibición a los partidos políticos de utilizar en su propaganda política y electoral, expresiones que denigren a las instituciones y a otros partidos, así como que calumnien a las personas.

Si bien es cierto que en principio esa disposición establece una prohibición a los partidos políticos, la sala superior de este tribunal, amplió  los alcances de la norma al prever que esa limitante se extiende a opiniones, información o debate entre cualquier persona con la finalidad de que se actúe con respeto los derechos de terceros, la reputación, vida privada de los candidatos, imagen de las instituciones y de otros partidos políticos.[7]

Sin embargo también determinó que se debe realizar un examen cuidadoso de los derechos fundamentales, bienes constitucionales y valores que confluyen en un determinado caso concreto, a fin de impedir la limitación injustificada y arbitraria de las libertades de expresión e información.[8]

Por lo cual, las limitaciones a ese derecho deben interpretarse en forma estricta pero a su vez se debe potenciar esos derechos.

Así, la interpretación de la Sala Superior se encamina a establecer que la libertad de expresión e información, al igual que el resto de los derechos fundamentales, deben ser objeto de una interpretación que potencie su ejercicio, sin considerarse una naturaleza ilimitada, porque todos los derechos al ser orientados a su expansión, con frecuencia encuentran sus límites entre sí o en otros valores o decisiones fundamentales consagrados constitucionalmente.[9]

En ese sentido para limitar los derechos aludidos es necesario tener plenamente acreditada transgresión a sus límites, por lo cual, será necesario determinar si el contenido es de naturaleza difamatoria o constituye calumnia, así como la posible afectación al proceso electoral.

Por lo anterior, la prohibición constitucional de denigración o calumniar en los procesos electorales, es la concretización de la limitación a la libertad de expresión de respetar los derechos de terceros, lo cual es importante para determinar los elementos de la infracción y en su caso, la transgresión a las normas constitucionales rectoras de las elecciones, porque esa limitante puede percibirse de diversas maneras.

Por ejemplo, si se estudia la prohibición únicamente a partir del sujeto que realiza la acción, el análisis se limitaría a la acción de denigrar con independencia de conseguir el efecto sobre la personalidad, imagen u honra del pasivo, mediante el estudio semántico y sintáctico de las expresiones empleadas, esto es, de las palabras concretas y del contexto en el que se emplean.

Por otra parte, podría atenderse al efecto que se causa en el derecho a la personalidad del sujeto pasivo, en su imagen u honra, esto es, a que las expresiones denigren, lo cual conduce a considerar la infracción como un tipo de resultado.

Para encontrar la solución, se armonizan las dos normas de jerarquía constitucional, por lo cual, si conforme con el artículo 6º de la Constitución, la prohibición del numeral 41 constitucional, concretizó o especificó una de las limitantes ya existentes para el derecho de expresión, el respeto a los derechos de terceros, entre ellos, el derecho a la imagen y demás libertades de la personalidad, sólo se acreditará la irregularidad cuando se afecte la imagen del sujeto pasivo,[10] esto es, para la actualización de la infracción, es necesario examinar tanto la acción en sí, como el resultado lesivo.

De esta forma, cuando se hace valer la existencia de propaganda o impresos, en general, violatorios del apartado C de la fracción III, del artículo 41 constitucional, como causa de nulidad de una elección, y una vez demostrada su naturaleza denigrante o calumniosa, se debe establecer la lesión a la imagen, para después abordar lo concerniente al grado de afectación del proceso electoral por ese resultado, para lo cual es necesario demostrar una distribución generalizada y grave de la propaganda.

En consecuencia, los elementos que jurídicamente deben acreditarse para actualizar la transgresión y su determinancia son:

a. La existencia y el contenido de determinada publicación o propaganda.

b. La utilización de expresiones que, en sí mismas o en su contexto, puedan ser denigrantes o calumniosas.

c. Dirigidas a un partido político, institución o un candidato con el resultado de denigrar o calumniar.

d. Su difusión generalizada y grave.

Cabe precisar, en relación con el segundo de los elementos que deben demostrarse, que por denigrar o calumniar se tiene lo siguiente:

La Real Academia Española de la Lengua, define calumnia como la acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. De igual forma, la ha definido como la imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad.[11]

Por otra parte, el verbo denigrar se entiende como injuriar y también como deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien. La Sala Superior ha recurrido en varias ocasiones a tales conceptos como en el expediente SUP-RAP-122/2008.

Análisis de las notas periodísticas

No hay controversia de que el actor señaló la existencia de treinta y nueve notas en las que se difamó y calumnió a sus candidatos a integrar el ayuntamiento de Carmen.

Esto es así, porque en la sentencia emitida en la primera instancia el juzgado señaló que ese era el número de notas que indicó el actor para el estudio del planteamiento y realizó la transcripción del contenido de esas notas.

Sin embargo, el actor no cuestionó ese universo de notas, más bien se quejó de que con ellas se acreditaba la irregularidad, por tanto, al no existir controversia sobre qué notas le causan perjuicio, en análisis debe recaer en determinar si actualizan la irregularidad planteada, respecto de ellas[12]. Sin embargo, con el ánimo de la mayor exhaustividad posible, además de dichas notas, en esta sentencia se analizarán las extraídas por este tribunal de los todos los ejemplares de periódico exhibidos por el actor, y que podrían calificarse como adversas tanto a su partido o candidatos, especialmente las referidas al proceso electoral cuestionado.

Ahora bien, para analizar si es cierto que se difamó a los candidatos del Partido Acción Nacional a integrar el ayuntamiento de Carmen, es necesario tener presente su nombre:

Esto, en el entendido a que si las notas no se refieren a la participación del partido en la elección cuestionada o bien a tales candidatos, no son idóneas para demostrar la irregularidad.

I. Notas que no tienen relación con la elección cuestionada.

Las notas periodísticas que a continuación se enlistarán no tienen relación ni siquiera con la elección cuestionada:

I.a  Notas que se refieren a candidatos del Partido Acción Nacional para elecciones distintas a la impugnada.

Como se ve, las notas están referidas a candidatos del Partido Acción Nacional para la elección de diputados en los distritos IX, XI y XII, por lo cual no guardan relación con la irregularidad planteada.

I.b Notas referentes a cuestiones internas del Partido Acción Nacional.

En las notas se advierte que un grupo de militantes renunciaron al Partido Acción Nacional por su inconformidad ante los candidatos postulados, sin embargo, no se realizan comentarios de los candidatos al ayuntamiento de Carmen ni sobre esa elección. En todo caso, no es contrario a derecho que la nota reporte que un grupo de militantes se inconformó por la forma en que se aprobaron determinadas candidaturas, además de que no se refieren al municipio de Carmen.

I.c Notas relacionadas con militantes del Partido Acción Nacional

Las notas 17 a 22 y 24 se refieren a Jorge Rubén Nordhaussen González, a quien identifican como militante del Partido Acción Nacional.

En efecto, cinco notas refieren a que militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional se inconformaron con el hecho de que Jorge Rubén Nordhaussen participó en un evento de apoyo a Enrique Peña Nieto.

En otras dos, hay manifestaciones en el sentido de que dicho militante fue “patrocinador de una campaña de lodo”, en contra del candidato a presidente municipal de Carmen postulado por la coalición “Compromiso por Campeche”, al difundir conversaciones privadas.

Si bien es cierto de que en esas notas se hacen críticas a una persona y se le atribuye una campaña en contra del candidato de la coalición “Compromiso por Campeche”, así como espionaje, no son idóneas para demostrar la irregularidad planteada porque no hacen referencia a la elección cuestionada ni a los candidatos postulados por el actor.

En la nota 23, no hace alusión a alguien en específico del Partido Acción Nacional, pero la nota leída en su contexto se refiere a la exigencia de un actor político para que se investigue a quien ha intervenido conversaciones privadas, por lo cual no es contraria a la libertad de expresión.

Por su parte, las notas 25 y 26, esencialmente, se refiere a Luis Alberto Calderón Barrera, de quien se dice es hijo del candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional para el ayuntamiento de Carmen, originada con motivo de los señalamientos que realizó ese ciudadano a Luis García Hernández, por lo cual éste último manifestó que el hijo del candidato fue un factor negativo en la campaña del candidato demás de referirse a él con diversos adjetivos, sin embargo esta nota no es idónea para demostrar la existencia de denigración porque, los adjetivos no se dirigen a ningún candidato del Partido Acción Nacional sino al familiar de uno de ellos.

II. Notas relativas a los candidatos del Partido Acción Nacional para la elección de regidores de Carmen.

Antes de analizar si el contenido de dichas notas es difamatorio o calumnioso es importante precisar que expresiones están protegidas por la libertad de expresión.

Crítica a adversarios y gobernantes.

Como lo ha sustentado esta sala en el la sentencia del juicio SX-JIN-14/2009, en un sistema democrático las acciones u omisiones de un gobierno y de los partidos políticos se encuentran bajo el control de la opinión pública y de los otros partidos políticos en un ámbito abierto de debate.

Al respecto, la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso New York Times v. Sullivan, sostuvo que una afirmación falsa puede considerarse como una contribución valiosa al debate público, al afectar la clara percepción y directa impresión sobre la verdad producida por su colisión con el error.[13]

En ese sentido, la interpretación del derecho a la libertad de expresión tiende a expandirse y se reconoce una mayor tolerancia respecto a ciertas expresiones que resultan incómodas o contrarias a la postura identificada como oficial o mayoritaria.

La jurisprudencia internacional ha sido enfática en esta materia, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al precisar que esta última es un elemento fundamental de la existencia de una sociedad democrática pues con ella se puede formar la opinión pública para que al momento en que los ciudadanos ejerzan sus opciones se encuentren suficientemente informados.[14]

En el marco de las campañas electorales, ha destacado que la libertad de pensamiento y de expresión son fundamentales para el debate durante el proceso electoral y para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión.[15]

Ha concluido que es indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado porque la formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los representan y el debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información, de forma que todos puedan cuestionar e indagar la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores formen su criterio para votar.[16]

En similares términos se ha pronunciado la Corte Europea de Derechos Humanos al señalar que la libertad de expresión es uno de los pilares de la sociedad democrática y del desarrollo de cada individuo y debe garantizarse no sólo cuando se difunde información o ideas recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes sino a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población porque son demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática, por lo que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue.[17]

A su vez ha expresado también que si libertad de expresión es importante para todos, es aún más importante para los partidos políticos y sus miembros activos. Ellos representan a su electorado, llaman la atención sobre sus preocupaciones y defienden sus intereses. Por lo tanto, las interferencias a la libertad de expresión de un político miembro de un partido de oposición, […], deben ser cuidadosamente examinadas […][18].

Como se ve, existe consenso de que tratándose del debate político en un entorno democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e información en relación al actuar de los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información, incluso cuando se traten de declaraciones, juicios u opiniones negativas.[19]

En ese sentido, la sala superior ha considerado que no toda opinión, juicio de valor o crítica negativos respecto de un partido político, sus militantes y representantes, implica una vulneración a una norma, aun cuando a quien se dirija considere que el comentario se aparta de la realidad, es falso o perjudicial para su imagen, porque al tratarse de juicios de valor o de apreciación no es exigible la existencia y observación de un canon de veracidad, siempre y cuando se dirijan a la discusión y análisis de aspectos relevantes del acontecer público y propicien la consolidación de una opinión pública libe e informada.[20]

Por su parte, la Corte Interamericana, al pronunciarse sobre sobre el alcance de la opinión pública, ha reconocido que es un medio de control para las actividades estatales porque a través de ella se fomenta la transparencia y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre cuestiones de interés público[21].

Este criterio, como lo destacó la Corte Interamericana, se aplica respecto de las opiniones o declaraciones de interés público que se viertan en relación con una persona que se postula como candidato a un cargo de elección popular, la cual se somete voluntariamente al escrutinio público, así como respecto de asuntos de interés público en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, afecta intereses o derechos generales, o le acarrea consecuencias importantes.[22]

Lo que no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático.[23] Asimismo, la protección de la reputación de particulares que se encuentran inmiscuidos en actividades de interés público también se deberá realizar de conformidad con los principios del pluralismo democrático.[24]

En este sentido, la jurisprudencia internacional es coincidente en afirmar que tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.

Así, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares.[25]

De manera similar, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido de manera consistente que, con respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, se debe distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión se refiera a un particular y, por otro lado, cuando haga referencia a una persona pública como, por ejemplo, un político en cuyo caso los límites aceptables de crítica son más amplios que en el caso de los particulares porque a diferencia de este último, inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia, por lo cual, si bien se debe proteger su reputación. Ésta debe ponderarse en relación con los intereses de un debate abierto sobre los asuntos políticos.[26]

En ese sentido, se ha pronunciado la sala superior de este tribunal al señalar que el ejercicio de dicha libertad de expresión no es absoluto porque encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación, pero cuando se trata de un debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.[27]

Por ello, el derecho a expresar una opinión o emitir una declaración acerca de la gestión de los representantes populares o bien una crítica en contra de los candidatos o partidos políticos, se encuentran amparado en la libertad de expresión consignada en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando contribuyan al debate público y a la formación de la opinión pública, y se respeten los límites referidos.

Con base en ello se analizarán las notas restantes.

II.a Crítica a los candidatos y al Partido Acción Nacional en el contexto de la contienda electoral

A continuación se enlistan las notas que están en ese supuesto:

Como se ve, esas notas son reportes de críticas y opiniones de actores políticos que se dan en el contexto de un proceso electoral que no rebasan los límites de la libertad de expresión.

Las notas 27, 28, 29, 36 y 37 son críticas a la forma en que los candidatos del Partido Acción Nacional desarrollaron sus estrategias durante la campaña electoral.

En efecto, en la nota 27, se señala que las propuestas  del candidato del Partido Acción Nacional no traerá nada positivo para el los ciudadanos, lo cual representa un opinión que busca cuestionar las promesas y programas de gobierno que postuló dicho candidato que evidentemente es útil para que los ciudadanos se informen y debatan sobre la idoneidad de las promesas de campaña.

En la nota 28, se reportó que el presidente del Partido Revolucionario Institucional, realizó un juego de palabras como crítica al Partido Acción Nacional, ya que un slogan de dicho partido era “A Carmen le va mejor con el PAN”, sin embargo, y lo modificó a “Con el PAN todo va mal”. Esta expresión es válida, pues lleva implícita una crítica a los gobiernos extraídos del Partido Acción Nacional, lo cual es permisible pues como se expuso, la libertad de expresión protege la crítica a las gestiones de los representantes y de los partidos políticos.

En la nota 29 se informó que en dirigente calificó como “mentiras” las propuestas del candidato a Presidente Municipal del Partido Acción Nacional respecto a la juventud por el incremento de delincuentes juveniles en diversas colonias. Si bien, calificar como “mentira” una declaración de un político puede ser calificado como una expresión ruda,  se trata de una crítica a las propuestas del candidato, lo cual, como se vio es válido porque la libertad de expresión permite que en el debate público se critiquen las propuestas de los candidatos, incluso de manera intensa.

Lo mismo ocurre con la nota 36, pues en ella se hace alusión a una crítica del dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional sobre la campaña del Partido Acción Nacional “por dejar a una lado la campaña de propuestas y optar por agresiones y difamaciones”, sin embargo, criticar a los adversarios políticos por decisiones incorrectas o desatinos es permisible, pues permite a los ciudadanos que se contrasten los errores y aciertos de las distintas fuerzas políticas.

La nota 37, está dirigida principalmente al candidato a diputado por el distrito XII del Partido Acción Nacional, pero al final, se hace mención a que Leydi Lugo Espadas declaró que la existe incongruencia en la doctrina panista con la estrategia electoral actual, la cual está definida y concebida por analistas extranjeros pues añadió que quien dirige la campaña de Sebastián Calderón Centeno es un venezolano que desconoce las realidades del municipio.

Si se toma la nota en su contexto, se puede interpretar que se critica al candidato por asesorarse de personas que no conocen los problemas del municipio que pretende gobernar, este juicio está amparado por la libertad de expresión porque los candidatos se someten al escrutinio y público y es válido que los ciudadanos tengan percepciones de lejanía o cercanía respecto a las propuestas de los candidatos.

Por su parte, en las notas 30, 31 y 49, se reportaron manifestaciones de ciudadanos que renunciaron al Partido Acción Nacional porque les impusieron candidatos del partido, lo cual si bien se trata de una opinión negativa dentro del partido, es una crítica válida de los propios militantes del Partido Acción Nacional, o bien comentarios de personas que consideran que dicho partido no realizó una correcta elección de candidatos.

En la nota 32, se critica que los candidatos de los partidos, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, gastan mucho dinero en publicidad, lo cual es una opinión válida, pues justamente una de las exigencias de la sociedad es que se disminuyan las cantidades que erogan los partidos políticos durante las campañas políticas.

En la nota 33, se cuestiona al candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional por justificar una promesa incumplida del Presidente de la República, lo cual es útil para el debate político, para contrastar la opinión de un candidato sobre las acciones llevadas a cabo por el gobierno.

En las notas 38, 40 y 46, se dio a conocer que el resultado de las encuestas daba ventaja sobre el candidato de la coalición “Compromiso por Campeche” sobre el candidato del Partido Acción Nacional, o bien, se emitió una opinión ese sentido,  lo cual circunstancia no revela calumnia, difamación o denigración, por el contrario es permisible, salvo que se demuestre que se hizo fuera del límite legal.

Por su parte, las notas 41, 42, 43, 44, se refieren a que el candidato del Partido Acción Nacional es “un títere” o “marioneta”, de otros políticos. Esta nota debe ser leída en el contexto de la campaña electoral, y puede ser interpretada como una crítica propia de  la contienda electoral que puede aportar elementos útiles para que el ciudadano debata y finalmente vote de acuerdo a su preferencia, esto porque a pesar de los adjetivos referidos se puede interpretar como una crítica de las personas que rodean a un candidato y que, probablemente, formarían parte de su grupo de colaboradores, lo cual es una cuestión de interés para los ciudadanos para tomar una decisión al momento de elegir.

Las notas 34 y 35, no tienen ningún elemento de difamación o calumnia, pues en una se refiere a una declaración del candidato del Partido Acción Nacional en la que lamenta expresiones en unos videos que se difundieron en contra del Partido Revolucionario Institucional y pidió respeto a las autoridades, en la otra sólo se informa que el secretario del ayuntamiento manifestó que los ciudadanos tienen derecho a denunciar el espionaje telefónico, y si bien, se refiere a una denuncia por desvío de dinero ésta hace referencia al candidato de la coalición “Compromiso por Campeche”, por tanto, no son idóneas para demostrar la irregularidad planteada.

La nota 39, es una opinión de que existió guerra sucia entre los partidos, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en la elección cuestionada, lo cual representa una opinión de quien escribió la nota de que existía una competencia intensa entre ambos partidos, pero de ninguna manera se advierte difamación o calumnia alguna.

Por último, en la nota 46, se refiere a una manifestación de estudiantes en las instalaciones del Partido Acción Nacional quienes acusaron al hermano de Roger Valencia Castillo, candidato a regidor por el Partido Acción Nacional, de un delito, y le pidieron a este candidato que sacara las manos, además cuestionaron al candidato a presidente municipal por albergar delincuentes en el partido.

Como se ve, la nota refiere a que la acusación de un delito es al hermano de un candidato, pero no a algún integrante de la planilla que contendió en la elección, respecto a los integrantes de ella se refiere a que a uno le piden no intervenir y a otros lo cuestionan por existir delincuentes en el partido.

Nada incorrecto existe en pedir a los políticos que no intervengan en procesos de investigación o judiciales en aras de exigir la independencia de autoridades. En cuanto al adjetivo de delincuentes, en el contexto de la nota se advierte que se refiere al hermano del candidato al que se le acusa de un crimen, pero se reitera, nunca se refiere ese adjetivo a los candidatos, por lo cual esta nota tampoco es idónea para acreditar la irregularidad.

Así, toda vez que esas notas refieren a críticas u opiniones sobre los candidatos del Partido Acción Nacional, propias del debate político que se da dentro de un proceso electoral, no tiene razón el actor.

II.b Crítica a gestiones anteriores del candidato postulado por el Partido Acción Nacional.

Dichas notas son las siguientes:

En las cuatro notas se reportan críticas al desempeño en diversos cargos que tuvo el candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional, realizadas por el candidato del Partido de la Revolución Democrática pues cuestionó que cuando ocupó tales cargos no se ocupó de resolver las problemas de quienes habitan en el municipio en cuestión y únicamente desean volver por los privilegios del cargo.

Como se dijo, la crítica al desempeño de los gobernantes es válida, por los cual las críticas o juicios de valor sobre el desempeño del candidato en cargos anteriores se encuentran amparadas por la libertad de expresión, porque son útiles para el debate público para que los ciudadanos de Carmen valoraran el desempeño de Sebastián Calderón Centeno, como representante popular.

En la primera de tales notas se hace alusión a que durante la gestión de Sebastián Calderón Centeno, Juan Carlos del Río González realizó negocios abusando de las influencias, sin embargo, dicha nota hace referencia a éste último, mas no a algún candidato de la planilla que contendió por el Partido Acción Nacional en el municipio de Carmen.

Ahora bien, en la nota 51, se narra que el candidato del Partido de la Revolución  Democrática refirió que existía información en los medios locales sobre un supuesto robó unos terrenos por parte del candidato, sin embargo, esta manifestación no se trata de un calificativo dado por el candidato, sino que por el contexto de la nota se advierte que se refirió a que en los medios circuló información sobre ese tema.

III. Resto de notas

En las siguientes notas se asentó esencialmente lo que sigue:

Las notas se refieren a expresiones de diversos actores políticos, cuyo contenido, en síntesis, es el siguiente:

1. Culpar a Sebastián Calderón Centeno de apropiarse o robar un terreno, mediante sus influencias, a quien incluso se le llama “ratero” o “ladrón”. Notas 53, 54, 63, 64, 65 y 66.

2. Acusar al  Partido Acción Nacional de espionaje de conversaciones privadas del candidato a presidente municipal por la coalición “Compromiso por Campeche”. Notas 55, 56.

3. Señalar a Roger Castillo Valencia (candidato a regidor por el partido actor) de utilizar sus influencias para apoderarse o robar un terreno. Notas 58, 59 y 60.

4. Acusación en contra de Roger Castillo Valencia por encubrir el homicidio de una persona y entorpecer las investigaciones. Nota 61 y 62.

5. Acusar a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional de ser represores y relacionar esta idea con Sebastián Calderón Centeno al acusarlo de “macanear y encarcelar” a quienes pedían tierras. Nota 57.

6. Llamar corruptos y rateros a los gobiernos de los partidos, Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Nota 68.

Ciertamente, acusar a alguien de apoderarse de un terreno, de encubrir a una persona por la comisión de un delito, robar un terreno o llamarlo ratero, en principio, pueden ser considerados como acusaciones denigrantes porque ofenden la opinión o fama de alguien, sin ofrecer pruebas de ello.

Sin embargo, en todo caso, para que se estime probada una campaña denigrante es necesario que exista una difusión generalizada y grave.

En ese sentido, la existencia de dichas notas no es suficiente para acreditar una campaña denigrante porque se trata de la difusión de hechos y declaraciones de otros actores políticos o ciudadanos, y esos medios impresos sólo publicaron las declaraciones y narraron los hechos que ocurrieron, es decir, ejercieron una labor periodística, y para demostrar que existió una campaña grave y generalizada sería necesario demostrar que existió una difusión amplia y desproporcionada de los hechos, por ejemplo, que a esas declaraciones o hechos se les diera una cobertura exagerada.

En efecto, en cada una de esas notas no se trata de señalamientos del autor de la nota, sino que en todos los casos, se reportaron declaraciones de los actores políticos.

En los ejemplares periodísticos se narraron las declaraciones de esos personajes políticos, es decir, se trató de la información de determinados hechos que ocurrieron, de declaraciones que se manifestaron.

Por ejemplo, las referencias de que los candidatos a presidente municipal y regidor segundo del Partido Acción Nacional se “apropiaron de terrenos” mediante su influencia, provienen del candidato del Partido de la Revolución Democrática y de ciudadanos que se manifestaron.

El mismo candidato acusó de represores a los gobiernos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y al candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional de golpear a manifestantes.

También señaló que los gobiernos del Partido Acción Nacional son “corruptos y rateros”

La acusación de espionaje provino de un dirigente del Partido de la Revolución Democrática.

El señalamiento de Roger Castillo Valencia encubrió un delito provino de declaraciones de estudiantes que se manifestaron en las afueras del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional.

Como se ve, esas notas se publicaron con el fin de informar sobre las declaraciones o acontecimientos en las que se dieron esas declaraciones.

La única nota, que no se trata de una declaración de actores políticos es la que se publicó en el medio impreso Tribuna del Carmen, en el que se señaló que el periódico contaba con pruebas del tráfico de influencias del candidato a presidente municipal postulado por el partido actor, sin embargo, como posteriormente se verá, no existió una difusión sistemática de esta nota.

En ese sentido, es necesario verificar si existió una difusión exagerada o desproporcionada de los hechos narrados en esas notas:

a. Declaraciones relacionadas con la acusación al candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional de apropiación de un terreno.

De tales notas se advierte que si bien las declaraciones del candidato a presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática son sobre el mismo tema, se trata de declaraciones distintas que hizo en momentos diferentes.

A su vez,  las declaraciones de distintos colonos (notas 63 y 64) son un hecho distinto a las manifestaciones de dicho candidato, y es lógico que al tratarse de una cuestión de posible interés para los ciudadanos se reporte en dos periódicos distintos.

Como se ve, no existe una desproporción en lo que se informó en los medios pues se narró sólo una vez declaraciones y hechos distintos.

Ciertamente, existe una nota en la cual se señala que el autor cuenta con pruebas de que el candidato a presidente municipal se benefició por tráfico de influencias, sin embargo, la existencia de una nota no revela la difusión sistemática o grave de determinada información, además, ante el señalamiento de la existencia de pruebas sobre la expropiación de pruebas el actor contaba con derecho de réplica, para demostrar que sus posesiones no fueron obtenidas de esa forma.

b. Acusaciones al Partido Acción Nacional de espionaje  

Tampoco existe desproporción entre el hecho y su difusión, pues esa nota solo se publicó una vez en periódicos distintos el mismo día.

c. Acusación de Roger Castillo Valencia (candidato a regidor) de utilizar influencias para apoderarse de un terreno.

Como se ve, una misma declaración fue difundida por tres periódicos distintos, por lo cual, existe proporción entre el hecho descrito y su publicidad, que corresponde a una nota en cada uno de dichos medios impresos.

d. Acusación contra Roger Castillo Valencia de encubrir un delito.

La narración de los hechos ocurridos y declaraciones de los manifestantes se difundieron en dos periódicos distintos, mediante la publicación de una nota.

Esto revela, que la difusión de los hechos no fue desproporcionada pues únicamente se le dio cobertura en una nota en cada uno de los medios de comunicación.

e. Acusaciones al candidato del Partido Acción Nacional de ser represor

Se trata de una declaración del candidato a presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática, de lo cual se informó en una nota en el periódico La Neta de quince de junio último (Nota 57).

Como se ve, existe proporción porque la declaración solo fue reportada en una nota.

f. Llamar corruptos y rateros a los gobernantes del Partido Acción Nacional.

Al igual que la nota anterior, se  refiere a una declaración del candidato a presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática, publicada en el periódico Milenio de veintiocho de junio último (Nota 68).

También existe proporción ente lo sucedido y la difusión del hecho porque solo se publicó una nota.

Conclusión

Como se dijo, en las quince notas referidas se informa de declaraciones o hechos en los que se dieron manifestaciones sobre los candidatos del Partido Acción Nacional a integrar el ayuntamiento de Carmen, es decir, los medios impresos llevaron a cabo la labor de informar de esos sucesos mediante la difusión de esas notas.

En ese sentido, para considerar la existencia de una campaña de denigración, se requería demostrar que la labor de esos medios de comunicación no era genuina, es decir, que su fin no era informar sobre los distintos sucesos del proceso electoral, sino articular una campaña de desprestigio a la imagen de los candidatos, para lo cual, era necesario que se acreditara que existía desproporción entre las declaraciones y hechos ocurridos respecto a la difusión en los medios impresos. Por ejemplo, que la una crítica de un candidato a otro se difundiera de manera exagerada.

En este caso, en los apartados anteriores se demostró que no existe desproporción porque los medios impresos informaron de los distintos  hechos y declaraciones en una sola ocasión, es decir, de un mismo hecho o declaración no existió reiteración.

Aunado a esto, la existencia de quince notas, por sí misma, no es suficiente para demostrar la difusión generalizada de una campaña denostativa, pues tan solo en los periódicos que ofreció el actor se encontraron trescientas cincuenta y ocho relativas a los candidatos de los partidos, Revolucionario Institucional y Acción Nacional al ayuntamiento en cuestión, sin contar las demás notas relativas a esa elección relativas a otros partidos políticos, con lo cual se evidencia que esas quince notas no evidencian difusión generalizada.

Incluso, si se considera que la campaña electoral duró cuarenta y cinco días[28], dichas notas se publicaron sólo en once días, es decir, poco más del veinticuatro por ciento de lo que duró el periodo de campaña, de forma que si se suma el tiempo que se publicaron esas notas y el hecho de que es una cantidad mínima de notas se concluye, nuevamente, que no se dio una difusión generalizada ni grave.

Como se ve, no tiene razón el actor en relación a que existió una campaña de denigración, calumnia y desprestigio en contra de los candidatos que postuló, de ahí que se estime infundado lo planteado, con independencia de lo razonado por la autoridad responsable.

III. INEQUIDAD EN LA CONTIENDA POR INTERVENCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CARMEN. (Entrevistas a funcionarios del ayuntamiento, que en concepto del actor constituyen difusión de propaganda gubernamental y logros de gobierno).

El actor aduce incumplimiento del principio de exhaustividad por valoración indebida de pruebas, relacionadas con la intervención de dos servidores públicos del ayuntamiento de Carmen, a favor del candidato a presidente municipal postulado por la Coalición “Compromiso por Campeche”, con las cuales pretende acreditar violaciones graves a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral para renovar integrantes del referido ayuntamiento.

En su concepto, dicha intervención constituye propaganda gubernamental indebida, cuya difusión, en el marco de las campañas electorales, está vetada por la Constitución Federal.

También estima que la resolución es incongruente, pues pese a estar plenamente demostrada la difusión de propaganda gubernamental, la responsable no la estudió de forma adecuada, tampoco estableció consecuencia jurídica alguna, ni consideró que se trata de violaciones sustanciales a uno de los principios que rigen en materia electoral.

Agrega que tales conductas vulneran los artículos 41, base III, apartado C, párrafo segundo, y 134 párrafos antepenúltimo y penúltimo de la Constitución, y que la responsable omitió pronunciarse respecto de la vulneración al último precepto referido, de ahí que su determinación, esté indebidamente fundada y motivada.

El agravio es inoperante.

En efecto, si bien asiste la razón al actor al considerar que la responsable valoró y estudió de manera indebida el acervo probatorio relacionado con la difusión de propaganda gubernamental, aun ponderado bajo el canon de constitucionalidad, la irregularidad aducida no es de la entidad suficiente para alcanzar la pretensión de nulidad.

Lo anterior es así, porque si bien lo alegado trata de una violación sustancial, de los autos no es posible concluir que se haya cometido de manera generalizada, ni es posible tener acreditado su carácter determinante para el resultado de la elección, como a continuación se explica.

Contexto

En la demanda primigenia el actor adujo violación a la libertad del sufragio e inequidad en la contienda electoral, por intervención de dos funcionarios públicos del ayuntamiento de Carmen, que difundieron logros y acciones del gobierno municipal en medios de comunicación durante la campaña.

Como prueba ofreció el contenido de tres entrevistas. Dos de ellas practicadas al Director de Obras Públicas y la restante al Subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

Consideraciones del Juez Primero Electoral

Una vez desahogado el medio de prueba, el juez desestimó el planteamiento del actor al considerar que la prueba contenía entrevistas amparadas por la libertad de expresión e información, y si bien difundían diversas obras de la autoridad municipal, tenían como fin informar a los ciudadanos sobre las precauciones que debían tomar por las obras que se realizaban en el municipio, y no tuvieron el carácter electoral pues no se dirigieron a influir en las preferencias de los electores, ni tampoco se hizo alusión a algún candidato, obtención del voto o al proceso electoral, además, tampoco se sabe el número de ciudadanos que habrían sido influenciados con esas entrevistas.

Hasta aquí es posible advertir prima facie, el incorrecto razonamiento del A quo, al confundir o en el mejor supuesto fusionar, la significación de propaganda política o electoral vs. propaganda gubernamental, pues es posible estar ante la segunda sin que necesariamente contenga elementos propios de la primera, como pudiera ser su utilización para la obtención del voto. Cada una tiene elementos específicos.

Consideraciones de la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral de Campeche

Al resolver el planteamiento relativo a la valoración y estudio indebidos, el Ad quem señaló –a partir de lo razonado por el Juez– que los hechos y pruebas sí fueron valorados y atendidos, y se les había negado suficiencia probatoria para acreditar que funcionarios del ayuntamiento de Carmen hubiesen promovido actos del gobierno municipal para favorecer a la Coalición “Compromiso por Campeche” y a su candidato a la presidencia municipal de Carmen, sin que constituyera parte del análisis del juzgador la acreditación del hecho, ni la transcripción de su contenido.

Además, estimó que le era imposible analizar argumentos del juez, pues en su concepto el actor incumplió con la obligación de señalar las razones jurídicas tendientes a evidenciar lo erróneo de la consideración de la responsable. Así, concluyó que el motivo de disenso era infundado por un lado e inoperante por otro.

A partir de lo anterior, se tiene que la Sala local no atendió el agravio en sus términos, ni verificó el contenido de las entrevistas para establecer si la valoración del juzgador fue o no correcta, pese a existir agravio al respecto, de ahí que el actor insista en esta instancia en el indebido estudio de su planteamiento, en la indebida valoración de prueba y en la falta de congruencia de la sentencia reclamada.

Acervo probatorio

Antes de emitir pronunciamiento sobre las consideraciones del tribunal local al valorar el contenido de las entrevistas, es necesario establecer cuál es el acervo existente y su contenido, tal como lo tuvo a la vista ese tribunal.

Ya que por la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral, por regla general debe valorarse el material probatorio aportado por las partes, en idénticas circunstancias a las que tuvo la autoridad responsable para emitir su fallo.

Se precisa que no existe controversia alguna sobre las tres entrevistas, a saber: dos al Director de Obras Públicas y una al Subdirector de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Carmen, Campeche, la cuales fueron aportadas y en su oportunidad desahogadas y valoradas.

Tampoco la hay respecto de su contenido, pues el mismo se desahogó mediante audiencia de veintiocho de julio de dos mil doce, la cual consta en acta circunstanciada, en la que intervino el juez instructor, asistido de secretarios de acuerdos, quienes en términos del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, hicieron constar y dieron fe de su contenido, las cuales se insertan a la letra como anexo 3, de esta sentencia.

Ahora bien, para estar en aptitud de pronunciarse sobre el valor probatorio otorgado por el tribunal local, y posteriormente sobre los alcances que pretende el actor, a partir de reglas y principios de orden Constitucional y del propio código comicial local relativos a la equidad en la contienda electoral, se precisa el marco normativo aplicable.

Marco normativo

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público; con excepción de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

El artículo 134, párrafo antepenúltimo, de la Constitución, establece que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como del Distrito Federal y sus Delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Dicho precepto, en su párrafo penúltimo, dispone que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos, o de orientación social. En ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 24, base II, fracción IV, al establecer las bases para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los integrantes de Ayuntamientos y Juntas Municipales, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, dispone que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos, deberán abstenerse de expresiones que denigren y calumnien a las instituciones, a los otros partidos o a las personas.

También establece que desde el inicio de las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, de carácter federal, estatal o municipal, incluyendo a sus entes públicos; y exenta de dicha prohibición las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, de salud y de seguridad pública, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia.

Como se ve, de dicha base Constitucional emana el principio de equidad en la contienda electoral, y como regla prohíbe que agentes externos intervengan en ella, en concreto, los poderes públicos y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

A partir de dichos preceptos es posible definir como propaganda gubernamental, aquélla que bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. Desde luego incluye municipios.

En cuanto a su contenido, los artículos precisados establecen claramente que dicha propaganda deberá tener carácter institucional; fines informativos, educativos, o de orientación social y, a la par, en ningún caso incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En ningún caso podrá tener carácter electoral, esto es, la propaganda de los gobiernos de los tres órdenes y demás entes de la administración pública, entre otros, bajo ninguna circunstancia debe estar dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Tampoco debe difundirse en el entorno de un proceso electoral, durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta el final de la jornada electoral.

A partir de dichas reglas es posible trazar límites en cuanto a su contenido, y temporalidad en su emisión.

En tal sentido, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido, a partir de la interpretación funcional de los numerales 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo y 134, antepenúltimo y penúltimo párrafos, que debe darse significación a la propaganda gubernamental, atendiendo a dos aspectos objetivos, a su contenido y a la temporalidad de su difusión, y no entenderse la redacción del primer precepto, en su apartado C, segundo párrafo, como una proscripción o prohibición general, a la cual pudiera a priori llevar una interpretación restrictiva y literal.[29]

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que la prohibición de difundir la propaganda gubernamental durante la fase de campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral en los procesos comiciales federales y locales, tiene como fin evitar que se pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de determinado partido político o candidato, teniendo en cuenta que el sistema democrático mexicano ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos de los tres niveles de gobierno y cualquier ente público, observen una conducta imparcial en las elecciones.

Con excepción de los casos que la propia norma prevé, como las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

No obstante, se destaca que dicho régimen de excepción también se encuentra constreñido a cumplir con los principios de equidad e imparcialidad, en términos de la jurisprudencia de este Tribunal, de rubro: PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.[30]

De ahí que los casos de excepción a las reglas de temporalidad y contenido previstos para la propaganda gubernamental de los poderes, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deba ser imparcial y no influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos.

Precisamente la reforma Constitucional en materia electoral de dos mil siete tuvo como origen la necesidad de establecer un nuevo marco normativo, para salvaguardar los principios de imparcialidad y equidad rectores de los procesos comiciales.

Caso concreto

El partido actor aduce en este aspecto un hecho[31] materia de prueba:

Funcionarios públicos del ayuntamiento de Carmen, difundieron propaganda gubernamental, consistente en logros y acciones de gobierno, durante la campaña electoral para renovar dicho ayuntamiento.

Veracidad del enunciado. (Existencia del hecho)

Como se anticipó, el enjuiciante aportó como prueba tres entrevistas, cuyo contenido se encuentra detallado en el ANEXO 3, de esta ejecutoria.

Por los sujetos que intervienen, señalados como servidores públicos del ayuntamiento de Carmen, es posible identificar, del propio contenido de la entrevista, los nombres siguientes:

Al respecto no existe litis sobre la calidad de servidor público atribuida a las personas referidas, ni existe prueba en contrario.

También se precisa que durante la diligencia de desahogo de dicha prueba, compareció el tercero, sin que conste objeción alguna sobre el contenido de dicha prueba.

Ahora bien, es un hecho público y notorio para esta Sala, el cual se invoca en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dichos ciudadanos, a la fecha figuran como servidores públicos del ayuntamiento de Carmen.

Lo anterior es así, pues a través de la página oficial de internet dicho ayuntamiento, es posible acceder al directorio de servidores públicos, en el cual, efectivamente figura Jaime Pou Vera como Director de Obras Públicas[32] y Arturo Ramírez López[33], como Subdirector de Desarrollo Urbano.

De ahí es posible establecer la correspondencia entre lo aducido por el actor, en relación a la calidad de servidores públicos del ayuntamiento de las personas entrevistadas, y el hecho controvertido.

Valoración

Por su contenido, este órgano jurisdiccional estima que las consideraciones sobre dicha prueba son incorrectas.

También lo es la falta de exhaustividad en que incurrió la Sala Electoral, al concluir que la prueba sí había sido valorada, e insuficiente para acreditar el hecho tildado de ilegal, sin verificar la correspondencia del contenido de la prueba con las consideraciones de la responsable, a pesar del agravio expreso sobre indebida valoración.[34]

En materia, las consideraciones del tribunal local a partir del contenido de las entrevistas, son las siguientes:

No se trata de propaganda gubernamental ilegal;

Fueron de carácter informativo, no dirigidas a influir en las preferencias electorales;

Comunicaban obras que se estaban realizando y los inconvenientes que ello podía generar; y

No contenían expresiones vinculadas con algún proceso electoral, ni con el proceso electoral de Ayuntamiento de Carmen.

Para contextualizar lo anterior, se insertan a la letra las razones de la responsable[35]:

1. Que el contenido de las entrevistas fue informativo, no dirigido a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, sino más bien, se trató de proporcionar a la ciudadanía la información para que tuvieran la precaución y la prevención sobre los diversos inconvenientes que podrían haberse suscitado por la construcción de ciertas obras.

[…]

4. Que las entrevistas periodísticas son de carácter informativo dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer o comunicar las obras que se están realizando y las consecuencias que les podría ocasionar, sin que de ello, se desprenda o advierta alguna influencia en las preferencias electorales.

[…]

7. Que no se encontraron elementos que contenían expresiones vinculatorias con algún proceso electoral, ni mensajes por los cuales se invitaba a la emisión del voto; por el contrario, sólo se observa la difusión de diversas obras por la autoridad correspondiente y que solo tenía el objetivo de informar sobre donde se realizarían las mismas y los inconvenientes que se pudieran generar con el desarrollo de éstas, así para que la ciudadanía tomara sus precauciones y no se viera afectada del todo por estas acciones; además, no se acreditaba que dicha actividad informativa, incitara al ciudadano a votar a favor de determinado candidato, o que el mensaje tuviera elementos que pudieran coaccionarlo para votar por los candidatos afines con las autoridades que se promocionaban a través de los mismos.

8. Tampoco, se encontraron elementos relacionados con el proceso electoral para la elección de los componentes del Ayuntamiento del Carmen, Campeche; ni expresiones que incitaban al voto o denostaciones o calumnias en contra de algún candidato de la Coalición “Compromiso por Campeche”, no se hacía alusión alguna a la obtención del voto a favor de algún servidor público, siendo así, que no podía calificarse como propaganda gubernamental ilegal, que estuvo presente durante el desarrollo del proceso electoral, y que fuera determinante para el resultado de la elección.

[…]

Tal razonamiento es equivocado o inconsecuente, pues no se deduce del contenido de las entrevistas.

1. En la entrevista de veintidós de junio de dos mil doce, en la que participa el Director de Obras Públicas del municipio de Carmen, en el programa “Adriana AM”,[36] el entrevistado al hacer uso de la voz señaló cuál ha sido la obra pública efectuada por el ayuntamiento, tales como pavimentación, alumbrado público, banquetas y guarniciones, señalización, un puente que el propio entrevistado califica de gran relevancia, parques y espacios deportivos, entre otros.

En la parte final de la entrevista dicho funcionario señaló: quisiera agregarte, la verdad que no se vale que por el momento que estamos viviendo de las próximas elecciones pues un grupo de gente utilice la buena voluntad de la familia y lo manipulen para que pues este de alguna forma haya un enfrentamiento contra la autoridad, que nos den la oportunidad que nos den la confianza que cuando terminen el parque vean la calidad de trabajo y vean la diferencia con su nueva cara y que pues no se dejen de alguna forma manejar por un grupo, que lo que quiere es buscar algún enfrentamiento o quedar mal, hacer quedar mal a la autoridad, es un parque, les repito que ahora ya va a tener unas canchas de usos múltiple ensamblando completamente el parque del parque central y la verdad que la gente al final va a ser la más beneficiada.

2. Por cuanto hace a diversa entrevista del mismo día, en la que participa nuevamente el Director de Obras Públicas del municipio de Carmen, ahora en el programa “En tu propia voz”,[37] señaló los problemas generados por las condiciones ambientales en la vías de comunicación, aludió a obras en materia de pavimentación, remozamiento de parques y recuperación de espacios, así como beneficios, además de señalar los inconvenientes que tales obras pueden causar.

3. Finalmente, respecto de la entrevista al Subdirector de Desarrollo Urbano, en el Programa “Hoy por Hoy”[38] el entrevistado dio a conocer el nuevo sistema de parabuses denominados “mupis” instalados en la periferia de escuelas y hospitales así como en lugares de mayor afluencia de personas en la ciudad, como parte de la imagen urbana, e informa a los usuarios sobre la forma de utilización y operación tales como paradas programadas y obligatorias. Asimismo, señaló que en su oportunidad, en ellos sería posible ofrecer espacios publicitarios a los anunciantes que lo deseen, operados a través del propio municipio.

Ahora bien, para su análisis se consideran los siguientes aspectos: entrevista como género periodístico, medio de difusión, contenido y temporalidad.

Entrevista

En cuanto al género periodístico de la entrevista, se tienen en cuenta los elementos generales y esenciales establecidos al efecto por la Sala Superior de este Tribunal, a partir del análisis de diversas acepciones y bibliografía especializada.[39]

Al respecto, dicha sala estableció los siguientes:

1. Sujetos. Uno o varios sujetos entrevistadores; uno o varios sujetos entrevistados, y un sujeto receptor, que es el auditorio.

2. La relevancia o notoriedad del personaje y del tema objeto de la entrevista.

3. La interacción y diálogo, mediante preguntas del entrevistador y respuestas del entrevistado.

4. La finalidad: Que puede variar, desde obtener información; recoger noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones o juicios, por parte del entrevistado respecto del tema tratado, para su difusión, con la aquiescencia del entrevistado respecto de tal divulgación.

En el caso, es posible concluir que el material aportado como prueba sí pertenece al género periodístico, en concreto al de entrevista, pues en ella confluyen los elementos anteriores.

Lo cual no obsta para el análisis de su contenido, pues si bien se trata de declaraciones emitidas en el marco de un ejercicio periodístico, o mejor dicho, en ejercicio de las libertades de expresión e información, se estima que por la especial situación frente al orden jurídico de los sujetos entrevistados, en la especie servidores públicos, se encuentran constreñidos a las restricciones impuestas en función del proceso democrático.

Medio de difusión

En este aspecto, no existe controversia alguna en cuanto al medio de difusión de las entrevistas, pues este se dio en estaciones de radio.

Al respecto se precisa que a fojas 54-56 de la demanda, el actor alude a lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-119-2010, relacionado en lo conducente con difusión de propaganda gubernamental, sin embargo, la cita en el contexto de dicha resolución, corresponde a lo razonado por esa Sala al subsumir las particularidades del caso concreto, en cuanto a la modalidad de difusión, y en dicha ejecutoria se tuvo por demostrada la infracción.

Ello de modo alguno significa que siempre se deba concluir así, pues invariablemente debe analizarse el contexto de cada caso, y a partir de ello establecer si se tiene o no por demostrada la conducta ilegal.

Contenido

Para valorar el contenido de las entrevistas, se consideran las reglas para la difusión de propaganda gubernamental y el régimen de excepción previsto por la propia ley fundamental tratándose de campañas de información de autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, de salud y de seguridad pública, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia, precisadas en el marco jurídico aplicable, así como el contexto en el cual se emitieron.

Asimismo, se tiene presente que cualquier gestión de gobierno, implica necesariamente comunicación entre gobernantes y gobernados.

De esta relación bilateral subyace la rendición de cuentas, cuya dimensión jurídica, obliga al primer sujeto (gobernante) a informar, explicar y justificar su conducta.[40]

Además, desde una perspectiva sociológica, la rendición de cuentas es una forma de control que los ciudadanos tienen para controlar directa o indirectamente a sus gobiernos.

A partir de tales directrices es posible concluir que las entrevistas practicadas a Jaime Pou Vera, y Arturo Ramírez López en los programas radiofónicos “En tu Propia Voz” y “Hoy por Hoy”, respectivamente, no tratan de propaganda gubernamental.

Por el contrario, de su análisis particular y el contexto en que se emitieron, es posible establecer que corresponden a una auténtica labor de información.

En efecto, en la primera de ellas, la información se dirige a comunicar la obra pública a cargo del ayuntamiento y las molestias que tales trabajos pudieran ocasionar.

Asimismo, se proporciona información sobre los problemas generados en las vías de comunicación debido a las condiciones meteorológicas, y las acciones llevadas acabo para remediarlas.

En la segunda, el servidor público entrevistado informó en esencia, de la operación del nuevo sistema de parabuses en el municipio, que por su naturaleza, requieren de amplia difusión entre la población.

Como se ve, tales contenidos tienen un carácter plenamente informativo, y no se vinculan con algún proceso electoral.

En ningún caso, hay evidencia que permita establecer ni siquiera de forma indiciaria, que existió simulación periodística y menos aun contratación que implique uso indebido de recursos públicos para influir en la contienda electoral.

Por cuanto hace a la entrevista practicada a Jaime Pou Vera, en el programa radiofónico “Carmen noticias” transmitido por EXA, F.M, resulta necesario considerar lo siguiente:

Por el contexto en que se emitió, es posible establecer que corresponde a una auténtica labor periodística.

En autos no hay evidencia que permita establecer que existió simulación periodística y menos aun contratación que implique uso indebido de recursos públicos para influir en la contienda electoral.

Por su contenido es posible probar de manera indiciaria, que implícitamente se está ante propaganda gubernamental, y que la misma no se encuentra comprendida en el régimen de excepción.

Además es posible establecer que el mensaje va más allá de la rendición de cuentas al establecer los beneficios que dichas obras conllevan.

Lo anterior es así, en virtud de que la difusión de propaganda gubernamental, no requiere efectuarse en un contexto determinado o por virtud de un mecanismo definido, sino que basta que se trate de un mensaje de cuyo contenido se advierta la finalidad de obtener aprobación en la forma de Gobierno y que el contenido de ese mensaje sea transmitido por un medio de comunicación, para considerar que la propaganda gubernamental ha sido difundida.

La naturaleza indiciaria, deriva del medio de prueba que la contiene, al ser la de carácter técnico, prevista por el artículo 513 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Campeche, sin que a juicio de este órgano existan mayores elementos de prueba que permitan darle pleno valor convictivo.

Por su temporalidad, es posible establecer que se difundió en periodo electoral.

En tal sentido se precisa que al tratarse de actos sancionables, tanto en el ámbito administrativo sancionador como en el electoral, los efectos jurídicos en uno y otro, son distintos.

Pues mientras en el primero dicha violación per se pudiera ser jurídicamente relevante, en el segundo, una vez demostrada la irregularidad, deben verificarse sus efectos en relación con la elección de que se trate, esto es, lo determinante de la afectación del principio de equidad en la contienda o libertad para sufragar.

Por ello es necesario precisar en el caso que nos ocupa, qué se debe entender por violación determinante, y su implicación en el proceso electoral.

De acuerdo con lo anterior, si en un proceso electoral se presentan conductas, hechos o circunstancias contrarias a una disposición o principio constitucional, ellas podrían afectar o viciar en forma grave y determinante al conjunto del procedimiento, lo cual podría conducir a la declaración de nulidad o invalidez de la elección.

En este sentido, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas constitucionales o principios fundamentales es necesario que esa violación sea grave, generalizada o sistemática y, además determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral definiendo al candidato ganador.

Tales requisitos garantizan la autenticidad y libertad del sufragio y de la elección, y otorgan certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados.

De no exigirse, según el caso, que la violación sea sustantiva, grave, generalizada o sistemática y determinante, se podría llegar al absurdo de considerar que cualquier transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas y jurisdiccionales que en última instancia garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio.

Lo anterior, ha sido criterio de reiterado de este Tribunal contenido en la tesis de rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD.[41]

Como se ve, el criterio de este Tribunal para considerar una irregularidad como determinante tiene dos puntos de vista: el cuantitativo o aritmético y el cualitativo o sustancial. Para lo cual se deben valorar las circunstancias plenamente acreditadas, a partir de los cuales se pudiese considerar que se actualiza la nulidad de una determinada elección.

En el caso, la irregularidad aducida y probada de forma indiciaria es aislada.

En autos no hay prueba de que se trate de un acto reiterado y generalizado.

Tampoco existe elemento de prueba alguno que permita establecer de forma objetiva que con tal difusión se tratara de influir en el electorado.

La misma tuvo duración no mayor de diez minutos, incluidas las intervenciones tanto del entrevistado como del entrevistador, en un día del periodo correspondiente a la campaña.

Al respecto, se tiene que de conformidad con los artículos 267, 276 y 300 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Campeche, el periodo de la campaña inició al día siguiente a la aprobación de registros de las planillas de candidatos, en los plazos siguientes:

De ahí que la difusión, aun considerada como un día de la campaña equivale al 2.2%.

A partir de lo anterior es posible concluir que en el caso, no se colma el requisito relativo a la determinancia, por grado de afectación a principios constitucionales en el desarrollo del procedimiento electoral.

En consecuencia, con independencia de las razones dadas por el tribunal local, no es posible acoger la pretensión del actor, y por lo mismo lo inoperante del agravio.

Por otra parte, no escapa a este órgano jurisdiccional que en adición a lo anterior, desde el juicio de inconformidad, el actor relacionó el motivo de disenso, con lo que denominó apoyos directos por parte de funcionarios de gobierno a favor del candidato de la Coalición “Compromiso por Campeche”, así como por intervención de la esposa del Gobernador del Estado en un acto de veinticuatro de junio, respecto de los cuales no endereza propiamente agravio alguno en esta instancia.

Sin embargo, en virtud de su vinculación con el tema previamente estudiado, y del principio de exhaustividad,[42] se precisa que en esos temas, se comparte lo razonado por la Sala Responsable.

En el primer caso, porque la irregularidad aducida se relaciona con una supuesta conversación telefónica atribuida al Director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Carmen, Campeche; con el candidato Enrique Iván González López, postulado por la Coalición “Compromiso por Campeche”, que como sustento probatorio tiene un archivo de video contenido en una página de internet, el cual fue desestimado por el tribunal local, al considerarlo como prueba ilícita.

Como se dijo, se comparte lo razonado por dicho órgano, porque de su análisis, en términos de lo asentado en la diligencia de inspección judicial llevada a cabo por juez de origen el veintisiete de julio de dos mil doce, si es posible concluir que se está ante este tipo de prueba. (ilícita).

Al respecto, ha sido criterio de esta Sala considerar como ilícitas este tipo de pruebas, (intercepción telefónica) por resultar contrarias al artículo 16 constitucional, que establece que la intercepción telefónica únicamente puede ser ordenada por un juez y que nunca puede ser ofrecida como prueba en materia electoral.[43]

Asimismo, este tribunal ha establecido como criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CARECE DE VALOR PROBATORIO EN MATERIA ELECTORAL[44], que de los artículos 16, párrafos decimotercero y decimoquinto y 41, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; que los resultados de cualquier intervención que no cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio y que en materia electoral la autoridad judicial no puede autorizar la intervención de esas comunicaciones; en esas condiciones, como las autoridades electorales deben observar los principios de constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones, es de concluirse que cualquier grabación o medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación privada, constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio en materia electoral.

De ahí que se comparta el criterio del tribunal local.

Ahora bien, por lo que hace a la supuesta intervención de la Esposa del Gobernador de ese estado, en un evento de carácter público, se estima que la Sala cumplió con el principio de exhaustividad, al analizar las consideraciones del juez y desestimar debidamente el agravio hecho valer por el enjuiciante.

En efecto, el único soporte probatorio que obra en autos en relación con lo alegado por el actor, consiste en una nota periodística la cual fue debidamente valorada en términos de la jurisprudencia de este tribunal de rubro: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”.[45]

A partir de ello se consideró la calidad de los sujetos, el contenido de la nota, su falta de vinculación con el proceso electoral, la falta de elementos a favor o en contra relacionados con los contendientes en algún proceso electoral, así como la falta de prueba en sentido de que la nota hubiese sido contratada con recursos públicos. Finalmente se desestimó su carácter determinante.

Como se ve, el Tribunal responsable consideró a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se desarrollo la conducta infractora, negando en este caso, suficiencia probatoria, así como la calidad de determinante para el proceso electoral en cuestión, razones que comparte este órgano jurisdiccional.

IV. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.

Si bien en esta instancia no hay agravio expreso sobre actos anticipados de campaña, ante la falta de exhaustividad alegada por el actor se estudia el planteamiento.

Toda vez que en la relatoría de hechos de la demanda, reiterada desde el juicio de inconformidad, el actor señaló como irregularidad actos anticipados de campaña, consistentes en colocación de propaganda política y pinta de una barda, mismos que denunció ante la autoridad electoral administrativa, y que en su oportunidad desechó de plano.

Es infundado

El tribunal local señaló que no existe prueba de que Enrique Iván González López –candidato de la Coalición “Compromiso por Campeche”– hubiese colocado propaganda en el municipio, ni sobre los lugares donde supuestamente se dio esa irregularidad.

Asimismo, precisó que no existe prueba de la misma persona pintara una barda con propaganda en las calles 57 y 59 del municipio en cuestión, y, en todo caso, se trataría de un hecho aislado que conforme la narrativa del actor no existe actualmente, pues se refirió a ella en pasado.

Finalmente señaló que el juicio de inconformidad intentado no es el medio legal para analizar la legalidad del acuerdo CG/045/2012 que desechó la denuncia de dichas conductas, y que tal determinación no es apta para probar la parcialidad de la autoridad administrativa electoral.

Ciertamente esta clase de actos podrían constituir una situación irregular al desarrollo legal de las etapas previstas por el proceso electoral reprochable en los ámbitos del derecho administrativo sancionador y el electoral.

Sin embargo, en el caso lo alegado por el actor no se acredita, pues no ofreció ni aportó medio de prueba alguno que apoyen sus afirmaciones.

En tanto que la mención al expediente administrativo no es apta para probar lo aducido, porque su sola identificación no permite conocer que efectivamente se circunscriba a la materia de denuncia, ni el actor acredita haberlo solicitado y ofrecido en juicio.

Por lo que ante la falta de prueba, es evidente que el actor incumplió con la carga procesal impuesta por el artículo 516, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Campeche, pues el que afirma está obligado a probar.

De ahí que al no haberse acreditado la existencia de actos anticipados de precampaña y campaña, el agravio deviene en infundado.

V. REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA

El actor sostiene que la sala responsable se apartó del principio de legalidad al declarar inoperante el planteamiento consistente en el rebase de tope de gastos de campaña por la contratación masiva en medios de comunicación del candidato electo.

Lo anterior, pues determinó que incumplió con la carga de probar la irregularidad planteada y que la misma no podía revertirse a la autoridad administrativa electoral.

El planteamiento es infundado.

Contrario a lo sostenido por el enjuiciante, la determinación es correcta, porque efectivamente era a éste a quien correspondía demostrar que el candidato ganador rebasó el tope de gastos, no así a la autoridad administrativa como se explica:

El artículo 41, base II, de la constitución federal prevé el acceso al financiamiento público y privado de los partidos políticos para la obtención del voto en condiciones de equidad.

Por su parte, la Constitución de Campeche, en su artículo 24, base II, corrobora lo expuesto en la disposición señalada en el párrafo anterior.

A su vez, el artículo 287, primer párrafo, fracción III, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad, establece como atribución del consejo general, determinar los topes máximos de gastos de campaña que pueden erogarse en la elección de ayuntamientos.

Como se ve, para garantizar una contienda equitativa el legislador previó la facultad del máximo órgano de dirección del citado instituto, para establecer cuál sería el gasto máximo en una campaña de ayuntamiento, pues con ello abona a la equidad entre los contendientes y se posibilita el ejercicio libre del sufragio.

En cumplimiento a la facultad conferida, el consejo general del instituto local emitió el acuerdo CG/15/12, de catorce de marzo de dos mil doce, mediante el cual estableció que el tope máximo de gastos para la campaña del ayuntamiento de Carmen, por el principio de mayoría relativa, en el actual proceso electoral equivale a $2,464,674.18 (Dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos 18/100 M.N.).

Ahora bien, de conformidad con el artículo 104, del código local citado, los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad de Fiscalización los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

La fracción IV, inciso b), del mismo artículo, indica que por cuanto hace a los informes de campaña los partidos o coaliciones deberán presentarlos a más tardar dentro de los sesenta días hábiles siguientes contados a partir del día en que concluyan las campañas electorales.

Por su parte, la fracción III, del artículo 105, refiere que la unidad mencionada contará con ciento veinte días hábiles para revisar los informes de campaña presentados por los partidos. Dentro de ese plazo se podrán rectificar errores u omisiones en dichos informes.

Una vez vencido el plazo para la revisión, el órgano referido elaborara el proyecto del dictamen consolidado.

Como se ve, la norma prevé el escenario en que el procedimiento de fiscalización del órgano correspondiente culmina después de la calificación de la elección.

Esto significa que se trata de una actividad que sólo puede arrojar hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña hasta que se apruebe el dictamen consolidado y proyecto de resolución.

Sin embargo, el hecho de que ese acto concluya después de la calificación de los comicios, no significa que el órgano jurisdiccional quede impedido para determinar la nulidad de una elección por la afectación al principio de equidad en la contienda, sino que la forma de dar congruencia al sistema se traduce en que, quien solicite la nulidad por esa razón deberá demostrar que los actos violatorios a dicho principio existen y tienen la magnitud o grado de afectación necesario para cumplir, además, con el requisito de ser determinante.

Lo anterior guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 516 del referido código, que establece, quien afirma está obligado a probar.

Sobre este tema, la doctrina destaca que las cargas procesales se refieren a la necesidad que tiene el proceso de que las partes lleven a cabo determinados actos, es decir, se trata de estímulos para que las partes participen en el proceso de determinadas formas y obtengan un resultado útil que sólo se puede conseguir mediante su actividad.[46]

Dicho estímulo, sólo puede obtenerse poniendo a cargo de las partes una consecuencia para el caso de falta de ejercicio, es decir, una sanción.

Un ejemplo de carga procesal para las partes en materia electoral es que, generalmente, quien aduzca una lesión a su esfera jurídica derivada de ciertas irregularidades se encuentran obligadas a probar pues de lo contrario ello se traduce en que no alcancen su pretensión por falta de prueba.

Devis Echandía reconoce que las cargas procesales tienen la peculiaridad de que sólo surgen para las partes y algunos terceros, nunca para el juez, y su no ejercicio acarrea consecuencias desfavorables que pueden repercutir en los derechos sustanciales que en proceso se ventilan.[47]

Como se ve, una de las características de las cargas procesales es que las partes deben desplegar las conductas que se requieran para obtener determinadas consecuencias dentro del proceso, por ejemplo, probar sus afirmaciones.

Caso concreto

En el caso, como lo determinó la sala responsable, el actor no aportó las pruebas necesarias para acreditar la infracción que adujo.

Ciertamente, desde su primera demanda se limitó a señalar que el candidato de la Coalición “Compromiso por Campeche” excedió el gasto permitido por la contratación masiva de medios de comunicación, sin embargo, para acreditar dicha aseveración no aportó ningún medio de convicción.

Es verdad que en la instancia previa el promovente señaló que era a la autoridad administrativa electoral a quien correspondía la carga de aportar las probanzas como órgano vigilante del cumplimiento de los principios rectores.

Tal afirmación es equivocada, pues como se vio, en la fiscalización del origen y gasto de los partidos políticos existen cuestiones técnicas que precisan de un conocimiento especializado, el respeto de los plazos legales y las formalidades esenciales del procedimiento de fiscalización para que la revisión y en su caso, la investigación sea eficaz.

De ahí que no pueda hablarse de una omisión de la autoridad administrativa, precisamente porque los plazos para ese acto no pueden alterarse.

En tal sentido, correspondía al actor aportar los medios de convicción necesarios para acreditar la conducta que estimó ilegal, lo que en la especie no ocurrió, pues únicamente se tiene su dicho.

Así, al haberse acreditado que el actor incumplió con la carga probatoria, se desestima la irregularidad alegada.

VI. INELEGIBILIDAD.

El actor aduce que está acreditada la inelegibilidad del candidato electo pues fue sancionado con la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En ese sentido, al señalar como concepto de agravio la falta de exhaustividad, se estima que en aras de cumplir con ese principio debe estudiarse el planteamiento.

Ciertamente, en la instancia previa sostuvo que contrario a lo decidido por el juzgado electoral era innecesario demostrar haber solicitado al órgano interno de control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el expediente por el cual se sancionó al candidato ganador para poder requerir esa prueba, pues se trata de un hecho público y notorio.

La Sala Administrativa Electoral de Campeche, estimó correcta la decisión del juzgado, pues para atender la solicitud del actor de requerir la prueba mencionada, debió acreditar que la solicitó previamente y que la misma le fue negada. Además razonó que la inhabilitación no constituye una limitante al derecho de voto pasivo, ni tampoco es un requisito de inelegibilidad contemplado en la legislación.

El planteamiento es inoperante.

Con independencia de las razones de la responsable, aun de tener por cierta la existencia de la resolución administrativa en la que el candidato electo fue inhabilitado para ocupar cargos públicos, el actor reconoce que se trata de una determinación que no es definitiva y firme.

Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en el caso López Mendoza vs. Venezuela, que las sanciones de inhabilitación por decisión de un órgano administrativo restringen al derecho a ser votado, porque incumplen con los requisitos previstos en el párrafo 2, del artículo 23 de la Convención Americana, relacionados con una “condena, por juez competente, en proceso penal”.

En otras palabras, para ese órgano internacional la suspensión de derechos se actualiza únicamente con la existencia de una sentencia condenatoria definitiva y firme, y que sea emitida por un juez penal en un proceso.

En ese sentido, de acuerdo a esa corte la inhabilitación de un candidato derivada de un procedimiento administrativo es insuficiente para declarar su inelegibilidad, pues tal determinación sólo se actualiza si es consecuencia de un proceso penal.

Sin embargo, aun de considerar, que existe una resolución administrativa que inhabilitó al candidato a presidente municipal de la coalición “Compromiso por Campeche” para ocupar cargos públicos, no se cumple con el segundo requisito, esto es, que dicha determinación sea definitiva e inatacable.

Ciertamente, el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre otros supuestos, por sentencia ejecutoriada que imponga como pena esa suspensión.

En ese sentido, el sistema constitucional mexicano reconoce que las sentencias que suspendan derechos deben revestir las características de definitividad y firmeza es decir, que la determinación no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación posterior.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que las sentencias definitivas son el resultado de un debate judicial completo, en el que las partes utilizaron sus derechos y defensas[48].

Son las que deciden mediante un proceso el juicio en lo principal, respecto de las cuales, las leyes comunes no conceden ya más recurso que el de casación u otro similar.

Por tanto, para acreditar la firmeza de determinada resolución debe demostrarse que se concluyó con el proceso correspondiente.

En esas circunstancias, es necesario explicar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos y las etapas impugnativas que prevé, para poder determinar si en el caso nos encontramos ante la emisión de una resolución que reúna las características de definitividad y firmeza.

Procedimiento administrativo de responsabilidad

El artículo 108, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para efectos de responsabilidades se consideran servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito federal, así como a los servidores públicos de los organismos que la Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Por su parte, el artículo 113, del mismo ordenamiento, dispone que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistiera en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas.

El procedimiento administrativo de responsabilidad, se encuentra regulado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El artículo 4 de esa ley prevé que para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos, serán autoridades competentes los contralores internos y los titulares de áreas de auditoria, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República.

Por contralores internos debe entenderse a los titulares de las contralorías internas y a los de las áreas de auditoria de quejas y de responsabilidades, designados por la Secretaría de la Función Publica.

En el numeral 7, se establecen las responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad y eficiencia que rigen el servicio público.

En caso de que algún servidor público incumpla con alguna de sus obligaciones, dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas.

El diverso 12, de la citada normatividad, señala que las sanciones por falta administrativa consistirán en:

a. Amonestación privada o pública;

b. Suspensión del empleo, cargo;

c. Destitución del puesto;

d. Sanción económica, y

e. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

La inhabilitación que se imponga puede ser de un año hasta diez y de diez a veinte, dependiendo la cuantía del acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios.

Para la imposición de sanciones el artículo 16, fracción III, refiere que se observarán determinadas reglas, entre otras, que la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutada en términos de la resolución dictada.

Ahora bien, dentro del procedimiento que deberá seguir la autoridad encargada, se destaca lo siguiente:

1. Citar al presunto responsable a una audiencia.

2. Concluida la audiencia, el presunto responsable tendrá derecho a ofrecer las pruebas que estime pertinentes.

3. Durante el procedimiento las autoridades pondrán practicar las diligencias necesarias tendentes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público.

4. Admitidas las pruebas, la secretaria, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad del infractor y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Como se ve, el procedimiento concluye con la resolución que pronuncien los órganos facultados, y en su caso, de acreditarse la responsabilidad con la sanción correspondiente.

Etapa impugnativa

En caso de que un servidor público resulte responsable en un procedimiento administrativo y se le sancione con inhabilitación temporal -por poner un ejemplo- podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnar directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo anterior de conformidad con el artículo 25 de la citada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

Recurso de revocación

Sí el servidor público opta por este recurso, deberá interponerlo ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días siguientes a la notificación, como lo refiere el artículo 27.

A su vez, será la misma autoridad que impuso la sanción, la encargada substanciar y resolver el recurso.

Juicio Contencioso Administrativo Federal

De conformidad con el artículo 11, fracción XII, de la ley orgánica del citado tribunal, el juicio procede contra las resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La demanda deberá presentarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.

El órgano competente para resolver dicho juicio es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que se integra por una sala superior y por salas regionales.

Las salas regionales tendrán competencia para resolver sobre las determinaciones que impongan sanciones a los servidores públicos, verbigracia, por inhabilitación temporal.

Una vez cerrada la instrucción, las salas regionales emitirán sentencia en el juicio, las cuales podrán reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar su nulidad para efectos o restituir al actor en el goce de sus derechos afectados.

En caso de que se promueva juicio de amparo, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que éste se resuelva.

Juicio de amparo

Finalmente, contra la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procederá el juicio de amparo.

El artículo 158 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

Conclusión

Hasta aquí se tiene, que una vez decretada la sanción administrativa a un servidor público por el órgano contralor interno de una dependencia o por la propia Secretaria de la Función Pública, quien se estime afectado cuenta con al menos un recurso administrativo y dos instancias jurisdiccionales, a saber:

1. Recurso de revocación que resuelve la misma autoridad que emite la sanción;

2. Juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y

3. Juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, es posible concluir que para considerar que una sanción administrativa es definitiva, deben agotarse las instancias referidas o, en su caso, que dicha sanción no sea recurrida, pues de lo contrario no existiría firmeza respecto a la inhabilitación de un servidor público, lo cual se obtiene necesariamente a través del agotamiento de los medios de defensa expeditos para que no quede lugar a duda respecto a la legalidad o constitucionalidad de la sanción.

Caso concreto

En el caso, el actor pretende acreditar la inelegibilidad del candidato con la resolución del órgano de control interno de la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales en el expediente R-06/2010.

Aun de tener por acreditada la expedición de una sanción administrativa, la resolución del órgano administrativo en la que inhabilitó al candidato electo para ocupar cargos públicos como, no sería definitiva y firme,

Lo anterior es así, pues al haberse evidenciado que después de la sanción administrativa existen al menos tres instancias más, se estima que no se pueden establecer consecuencias legales sobre algo inconcluso y susceptible de modificarse.

Además, porque el actor reconoce que dicha determinación no es definitiva ya que es la determinación de una autoridad administrativa, por tanto, debe desestimarse su planteamiento.

Así, al haberse desestimado los planteamientos del actor, por inoperantes e infundado, lo procedente es confirmar la resolución impugnada, por las razones dadas en esta ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma la resolución de cinco de septiembre último, emitida por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en el expediente SAE/RR/PAN/07/2011-2012, por las razones dadas en esta ejecutoria.

NOTIFIQUESE, personalmente, al Partido Acción Nacional en el domicilio señalado en su demanda, y a la Coalición “Compromiso por Campeche”, en el domicilio señalado en su escrito de comparecencia, por conducto de Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del estado de Campeche, en auxilio de las labores de esta Sala; por oficio, a la Sala Electoral referida, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, y al Consejo Municipal de ese instituto en Carmen, con copia certificada de esta resolución; y por estrados a los demás interesados.

Lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 102, 103 y 106 del Reglamento interno de este órgano jurisdiccional.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Anexo 1

Notas relacionadas con los candidatos del Partido Acción Nacional a integrantes del ayuntamiento de Carmen