JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SX-JRC-196/2021

PARTE ACTORA: PARTIDO CARDENISTA

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

MAGISTRADO PONENTE: ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA

SECRETARIA: GABRIELA ALEJANDRA RAMOS ANDREANI

COLABORÓ: FRIDA CÁRDENAS MORENO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de julio de dos mil veintiuno.

SENTENCIA mediante la cual se resuelve el juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Cardenista[1], a través de José Arturo Vargas Fernández, quien se ostenta como representante propietario de dicho partido ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz[2].

El partido actor impugna la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz[3], el catorce de julio del año dos mil veintiuno[4], dentro del recurso de inconformidad identificado con la clave TEV-RIN-192/2021, en la que se confirmaron los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría de la elección a integrar el ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz.

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Esta Sala Regional determina confirmar la sentencia impugnada, toda vez que los agravios formulados por el partido actor resultan inoperantes, al no controvertir de manera frontal las consideraciones hechas por el Tribunal Electoral local.

ANTECEDENTES

I. El contexto

De la demanda y demás constancias que integran el expediente en el que se actúa, se obtiene lo siguiente:

1.                  Acuerdo General 8/2020. El trece de octubre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el citado acuerdo, por el que la Sala Superior de este Tribunal Electoral decidió reanudar la resolución de todos los medios de impugnación, a través de sesiones realizadas mediante videoconferencias.

2.                  Jornada Electoral. El seis de junio, tuvo verificativo la jornada electoral para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos en el estado de Veracruz, entre los municipios donde se llevaron a cabo elecciones, el de Amatlán de los Reyes, Veracruz.

3.                  Cómputo municipal. El nueve de junio, el Consejo Municipal de dicho municipio realizó el cómputo municipal, el cual concluyó el mismo día.

4.                  Declaración de validez y entrega de constancia. En misma fecha, se declaró la validez de la elección y se procedió a la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de la candidatura que obtuvo el mayor número de votos, es decir, la postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México.

5.                  Recurso de inconformidad local. El trece de junio, la parte actora interpuso recurso de inconformidad a fin de controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaratoria de validez de la elección y otorgamiento de la constancia de mayoría, de la elección del ayuntamiento mencionado, el cual se radicó con la clave TEV-RIN-192/2021.

6.                  Sentencia impugnada. El catorce de julio, el Tribunal local dictó sentencia en el expediente TEV-RIN-192/2021 en la que determinó confirmar el cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de constancias de la elección del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, postulada por la coalición antes referida.

II. Trámite y sustanciación del medio de impugnación federal

7.                  Demanda. Inconforme con la determinación referida en el párrafo inmediato anterior, el veinte de julio, la parte actora presentó ante el Tribunal responsable juicio de revisión constitucional electoral.

8.                  Recepción y turno. El veintiuno de julio, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional la demanda, el informe circunstanciado y las demás constancias relacionadas con el juicio; el veintidós siguiente el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente SX-JRC-196/2021 y turnarlo a la ponencia a su cargo para los efectos legales correspondientes.

9.                  Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó el juicio, admitió la demanda y, al no advertir diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

10.              El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por materia, al tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral mediante el cual se combate una determinación emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, que determinó confirmar el cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de constancias de la elección del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México; y por territorio, porque dicha entidad federativa pertenece a esta circunscripción plurinominal.

11.              Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, 94 y 99, párrafo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 164, 165, 166, fracción III, inciso b), 173, párrafo primero, y 176, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, incisos d), 4, apartado 1, 86 párrafo 1, y 87, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Requisitos generales y especiales de procedencia

12.              Esta Sala Regional determina que se encuentran satisfechos los requisitos generales y especiales de procedencia del presente juicio de revisión constitucional electoral, en términos de los artículos 7, apartado 1, 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal como se expone a continuación.

Requisitos generales

13.              Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en ella consta el nombre y firma de quien promueve, en representación del Partido Cardenista ante el Consejo General del OPLEV. Además, se identifica el acto impugnado, la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que se estimaron pertinentes.

14.              Oportunidad. La demanda fue promovida dentro del plazo de cuatro días que indica la ley para tal efecto, lo anterior, pues la sentencia que se impugna fue emitida el catorce de julio, y notificada a la parte actora el dieciséis siguiente, por tanto, su la demanda se presentó ante la autoridad responsable el veinte de julio posterior, es notorio su presentación oportuna.

15.              Legitimación y personería. Se tienen por colmados los requisitos, pues el presente juicio fue promovido por parte legítima al hacerlo el Partido Cardenista, a través de su representante propietario acreditado ante el Consejo General del OPLEV, quien fue parte actora en el recurso de inconformidad local.

16.              En ese sentido, resulta aplicable la jurisprudencia 2/99 de rubro: “PERSONERÍA, LA TIENEN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN FORMALMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL”. [5]

17.              Definitividad y firmeza. El requisito de definitividad y firmeza previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra satisfecho.

18.              Toda vez, que la legislación electoral del estado de Veracruz no prevé medio de impugnación contra la sentencia que se reclama del Tribunal local, máxime que el artículo 381 del Código Electoral de la citada entidad federativa, refiere que las sentencias que dicte dicho órgano jurisdiccional local serán definitivas.

19.              Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 23/2000 de rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL”.[6]

Requisitos especiales

20.              Violación a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta exigencia debe entenderse en sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el análisis previo de los agravios expuestos por los promoventes, con relación a una violación concreta de un precepto de la Constitución federal, en virtud de que ello implicaría entrar al estudio del fondo del asunto; en consecuencia, dicho requisito debe estimarse satisfecho cuando en el juicio de revisión constitucional electoral se alega la violación de disposiciones constitucionales.

21.              Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2/97 de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”,[7] la cual refiere que es suficiente con que en la demanda se precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a evidenciar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de una indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnada por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral.

22.              Ello aplica en el caso concreto debido a que la parte actora aduce que el acto que controvierte vulnera, entre otros, los artículos 1, 14, 16, 17, 41, 99 y 116 de la Constitución federal, de ahí que se tiene por cumplido el presente requisito.

23.              La violación reclamada puede ser determinante para el proceso electoral local. De conformidad con el artículo 86, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de revisión constitucional electoral sólo procede para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre y cuando se cumpla, entre otros requisitos, el que la violación reclamada pueda ser determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo, o el resultado final de las elecciones.

24.              El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que dicho requisito tiene como objetivo llevar al conocimiento del mencionado órgano jurisdiccional, sólo los asuntos de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de alterar o cambiar el curso del proceso electoral o el resultado final de la elección.

25.              Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 15/2002, de rubro: “VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO”.[8]

26.              Así, en el caso, el requisito de que la violación resulte determinante se encuentra igualmente satisfecho porque, en el caso, el planteamiento de la parte actora tiene como pretensión final que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz que confirmó la elección de las personas que conformarán el ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz y, en consecuencia, de asistirle la razón al partido actor, podría impactar en los resultados de la elección mencionada.

27.              Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 33/2010, de rubro: “DETERMINANCIA. EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL SE ACTUALIZA EN LA HIPÓTESIS DE DENEGACIÓN DE JUSTICIA”.[9]

28.              Posibilidad y factibilidad de la reparación. En relación con el requisito contemplado en el artículo 86, apartado 1, incisos d) y e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra colmado, ya que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible, dentro de los plazos electorales constitucional y legalmente establecidos, ya que de estimarse contraria a derecho la sentencia impugnada, se estaría en condiciones de revocarla, ya que el plazo para la toma de protesta de los y las ediles, en Veracruz, está establecido para el primero de enero del dos mil veintidós

29.              Por lo anterior, es que se encuentran colmados todos los requisitos de procedencia del presente juicio.

TERCERO. Naturaleza del juicio de revisión constitucional electoral

30.              Previo al análisis de fondo, debe señalarse que de conformidad con el artículo 23, apartado 2, de la Ley General de Medios, en el juicio de revisión constitucional electoral no procede la suplencia de la queja deficiente, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto derecho que impide a este órgano jurisdiccional electoral suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios.

31.              Por tanto, cuando se omita expresar argumentos debidamente configurados, los agravios serán calificados como inoperantes, ya porque se trate de:

a.     Una simple repetición o abundamiento respecto de los expresados en la instancia anterior.

b.     Argumentos genéricos, imprecisos, unilaterales y subjetivos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir.

c.      Cuestiones que no fueron planteadas en la instancia previa cuya resolución motivó el juicio de revisión constitucional electoral, como el que ahora se resuelve.

d.     Alegaciones que no controviertan los razonamientos de la responsable que sean el sustento de la sentencia reclamada.

e.      Resulte innecesario su estudio ante la circunstancia de que, no sea posible resolver la cuestión planteada sobre la base de esas manifestaciones, al existir una determinación o prohibición expresa en la Constitución o ley aplicable.

f.       Cuando lo argumentado en un motivo dependa de otro que haya sido desestimado, lo que haría que de ninguna manera resultara procedente, fundado u operante, por basarse en la supuesta procedencia de aquél.

32.              En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los agravios es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque tales agravios no tendrían eficacia para anularla, revocarla o modificarla.

33.              Por ende, en el juicio que se resuelve, al estudiar los conceptos de agravio, se aplicarán los señalados criterios para concluir si se trata o no de planteamientos que deban ser desestimados por inoperantes.

CUARTO. Estudio de fondo

A.   Pretensión, agravios y metodología de estudio

34.              La pretensión del partido actor es que esta Sala Regional revoque la sentencia emitida por el Tribunal local en el expediente TEV-RIN-192/2021, en la cual se confirmaron los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría, en la elección del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz.

35.              Para tal pretensión, el partido actor formula los temas de agravio siguientes:

I.                   El indebido análisis realizado por la responsable, al determinar infundados e inoperantes los motivos de inconformidad relativos los actos realizados por el Consejo General del OPLEV y el Consejo Municipal de Amatlán de los Reyes.

36.              El partido actor aduce que fue incorrecto que el TEV declarara infundados los agravios relativos, a la entrega tardía de las boletas electorales por parte del Consejo General del OPLEV a los consejos municipales, el registro tardío de candidatos, la intromisión del gobierno tanto federal como estatal y municipal en el proceso electoral, la violación a los principios constitucionales, y la información imprecisa respecto al procedimiento para la entrega de los respectivos paquetes electorales que fueron motivo de cambio de sede.

37.              Lo anterior, en virtud de que, la Constitución federal establece los ejes rectores en la materia electoral, de los cuales se advierte que debe existir una autoridad administrativa responsable de organizar y vigilar los procesos electorales, así como autoridades jurisdiccionales, principios y reglas básicas que deben imperar en la materia electoral.

38.              Así, el actor refiere que dichos principios deben imperar en los procedimientos electorales y estos, a su vez, deben estar apegados a la legalidad, certeza, profesionalismo, publicidad y trasparencia, con la finalidad de formar gobiernos legítimos y democráticos.

39.              Es por lo anterior, que el actor indica que sus agravios hechos valer ante la instancia local se fundamentaron en las violaciones a principios y derechos constitucionales, por lo que la autoridad responsable no los atendió y ello se traduce en una vulneración a sus derechos.

40.              De la misma manera, refiere que fue equívoco que el Tribunal Electoral local declarara inoperantes los agravios relativos a las fallas en el sistema del registro de representantes de partido ante las mesas directivas de casilla por parte del INE; el inició tardío del proceso electoral en el Estado de Veracruz por parte del OPLEV; la forma en que se integraron e instalaron los consejos municipales y distritales; la forma y tiempos en que se llevaron a cabo los registros de los candidatos que contendieron para un cargo de elección popular; y, la actitud pasiva de los miembros del Consejo General del OPLEV, ya que dicha determinación carece de análisis y razonamiento lógico-jurídico e incluso humano, al advertirse la inequidad e ilegalidad en la contienda electoral, así como la falta de certeza y transparencia en la elección municipal.

41.              Al respecto, el partido actor señala que el objetivo no es que se anule la elección, sino que esta dote de certeza los resultados de aquellos partidos que obtuvieron el triunfo en los municipios que conforman el Estado, de ahí que, considerar inoperantes los agravios fue incorrecto e inconstitucional pues aún no termina el proceso electoral.

II.               Indebida valoración probatoria

42.              El partido accionante aduce que el Tribunal local no realizó una debida valoración probatoria del recurso de inconformidad que promovió ante dicha autoridad, aunado a que de haber valorado el material probatorio ofrecido se hubiera percatado de los errores en el sistema de registro de candidatos, así como el resultado de los cómputos.

III.           Falta de congruencia en la sentencia

43.              El partido actor refiere que la sentencia impugnada es incongruente en el estudio de fondo del asunto, ya que, por una parte, el Tribunal local refiere que de las irregularidades suscitadas se ofrecieron pruebas para acreditarlas, por otra parte, menciona que las probanzas ofrecidas no fueron suficientes o determinantes para declarar la nulidad de la elección.

44.              Por esta razón, el partido afirma que, si el Tribunal local hubiera estudiado debidamente cada uno de los agravios y de las pruebas, habría advertido que sí se acreditaban las irregularidades graves durante el proceso electoral, mismas que influyeron en el resultado de la elección.

45.              Asimismo, refiere que si la responsable hubiera estudiado las pruebas aportadas respecto a la intromisión de las autoridades estatales y federales en el proceso electoral hubiera arribado a la conclusión de que el actuar de la autoridad estatal y federal influyó en el electorado, ya que es innegable que la realización de obras en favor de la sociedad como el plan de vacunación contra el COVID, así como la entrega de dinero (mensual y bimestral) a los llamados “servidores de la nación” influyen en la contienda electoral.

46.              Aunado a lo anterior, el partido actor indicó que el electorado vota por el partido político del cual los actuales funcionarios obtuvieron su cargo, por miedo a perder los beneficios que obtuvieron o bien por amenazas de que ello suceda.

47.              Por lo que, afirma que la autoridad responsable no podía obligar al partido actor a probar sus afirmaciones por ser casi imposible, ya que el actuar de los funcionarios o de los ciudadanos influidos por el miedo no son actos de carácter público, por lo que imponer la carga de la prueba sería excesivo, injusto y desproporcionado.

IV.            Violación al principio de legalidad

48.              El partido actor refiere que el Tribunal local realizó un ilegal estudio en la sentencia que se impugna, ya que en él se demostraron todas las irregularidades suscitadas durante el proceso electoral.

49.              En concordancia con lo anterior, refiere que las irregularidades se suscitaron desde la sesión en que el organismo público local electoral declaró su inicio, así como en las etapas siguientes: integración de los consejos municipales y distritales, la forma de registro de candidatos, la forma en que se desahogaron las campañas, la intromisión de las autoridades estatales y federales, las fallas en los sistemas informáticos tanto de la autoridad local electoral como federal, sistemas en los cuales se basaron para trabajar y llevar a cabo el presente proceso, en los sistemas en los que se han basado para llegar a los resultados de las votaciones y la declaración de validez de las elecciones de los municipios.

50.              Asimismo, el partido actor dice que todas las irregularidades que hizo valer influyeron en el resultado de la elección, lo cual provoca que el partido actor haya vivido un proceso inequitativo e ilegal y que pone en riesgo la conservación del registro como partido político en caso de no alcanzar el umbral mínimo del 3% (tres por ciento) de la votación válida.

51.              Además, refiere lo siguiente: “¿cómo se puede otorgar valor a un sistema que falla? Sería como confiar en una calculadora que al hacer la suma de dos más dos el resultado sea seis, y sin más, darle valor pleno a ese resultado de seis.”

52.              Por otra parte, el partido actor indica que la autoridad responsable mencionó las pruebas que se ofrecieron en la instancia local para acreditar las irregularidades hechas valer, de las cuales determinó no valorarlas ni desahogarlas, por el contrario, pretendía que el impugnante demostrara algo que era imposible materialmente.

53.              Asimismo, manifiesta que el Tribunal local solo busca causas para poder desechar el asunto, y al no lograrlo se enfoca en encontrar errores para declarar la improcedencia de los agravios. En caso contrario, de encontrar elementos para declarar la nulidad de la elección reclamada, no la declararía por los riesgos y costos que generaría, lo cual se traduce en un actuar ilegal.

54.              Por último, el partido actor indica que el actuar de la autoridad responsable vulnera los principios de legalidad, congruencia y acceso a la justicia, al dejarlo en estado de indefensión.

55.              Tomando en consideración los agravios planteados por el partido actor, se realizará su estudio en conjunto. Cabe mencionar que el orden o su estudio conjunto o de forma separada no genera ninguna afectación a los derechos del actor, acorde con el criterio sostenido en la jurisprudencia 4/2000 de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.[10]

B.    Consideraciones del Tribunal Electoral local

56.              La autoridad responsable respecto de los agravios que hizo valer el partido actor en la instancia primigenia determinó lo siguiente.

57.              En relación con el agravio “I. FALLO DEL SISTEMA DEL INE, POR LO QUE NO PUDIERON TENER REPRESENTACIÓN ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DEL MUNICIPIO”, consistente en que no hubo representantes de su partido en las mesas directivas de casilla al no estar registrados en el Sistema de Registro del Instituto Nacional Electoral, lo cual no fue atribuible al partido.

58.              La autoridad responsable determinó declararlo inoperante, porque el partido actor omitió presentar pruebas que permitieran tener por ciertas sus manifestaciones, en ese sentido se trató únicamente de una afirmación que no era sustentada con elementos probatorios.

59.              Además, el Sistema de Registros fue aprobado desde el año pasado, por lo que el partido tuvo conocimiento del mismo con tiempo suficiente para poder estar al tanto de cómo y cuándo iniciaría su funcionamiento.

60.              Respecto del agravio “II. FALTA DE CERTEZA ANTE LA ENTREGA DE BOLETAS EN DIVERSAS FECHAS, FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ELLO”, el actor manifestó que el Consejo General del OPLEV entregó de manera extemporánea las boletas electorales a los consejos municipales electorales de la entidad, lo cual genera un perjuicio al no tener tiempo suficiente para verificar que estuvieran impresas correctamente.

61.              De lo anterior, el Tribunal local determinó que era infundado el agravio, porque el momento en que fueron entregadas las boletas electorales a los consejos distritales y municipales fue producto de la ampliación de los plazos que determinó el OPLEV, lo cual no es un hecho que por sí solo pudiera generar falta de certeza en los resultados de la votación de la elección de ediles del ayuntamiento.

62.              Aunado a ello, indico que el partido actor sostenía su argumento a partir de una premisa falta, porque la normativa electoral no prevé que las boletas electorales y la documentación electoral deban ser entregadas a los representantes de los partidos políticos, para que los revisen, sellen o marquen o bien, realizar anotaciones a las boletas, únicamente su derecho se limita a constatar que efectivamente se entregaron y los funcionarios electorales quienes son los facultados realizaron dichos actos.

63.              En cuanto al agravio “III. INFORMACIÓN IMPRECISA POR PARTE DEL OPLEV, RESPECTO AL TRASLADO Y RESGUARDO DE PAQUETERÍA DE DIVERSOS MUNICIPIOS”, el partido actor argumentó que le causaba agravio la imprecisión en la información de los trabajos de traslado, resguardo y computo del material electoral, al haber sido proporcionado de manera errónea y porque no hubo representantes de su partido que dieran fe de los actos.

64.              En tal razón, el Tribunal local determinó que era infundado el agravio, porque la elección en estudio no fue objeto de cambio de sede por parte del Consejo General del OPLEV, además, el partido es omiso en expresar argumentos debidamente configurados, es decir, no fueron encaminados a controvertir algo que efectivamente se hubiere suscitado, al no existir el acto que aludía.

65.              Al seguir el presente orden, del agravio “IV. INICIO TARDÍO DEL PROCESO ELECTORAL, DERIVADO DE LOS RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD), ANTE LA JUSTIFICACIÓN DEL OPLEV DE NO HABER SIDO NOTIFICADO POR LA MENCIONADA SCJN”, el partido actor refirió que el proceso electoral debió iniciar de manera inmediata en noviembre, ante el dictado de la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, y no así hasta diciembre, bajo el argumento de que ese mes fue que se realizó la notificación correspondiente.

66.              Sobre esta situación, el Tribunal local determinó que era inoperante el agravio, porque no atacó los puntos esenciales del acto impugnado, al haber sido omiso en expresar argumentos debidamente configurados tendentes a demostrar la afectación que generó el supuesto retraso del inicio del proceso electoral.

67.              Por cuanto atañe al agravio “V. INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES”, el partido actor manifestó que le generaba agravio la extemporaneidad con que se integraron los consejos municipales, al entorpecer el proceso electoral 2020-2021.

68.              Del mismo, el Tribunal local declaró inoperante su agravio, porque al día en que se dictó la sentencia impugnada el proceso electoral ya había superado la etapa de integración e incluso ya se realizó la jornada electoral, por lo que analizar las violaciones invocadas resultaba inviable.

69.              Asimismo, del agravio “VI. VIOLACIÓN A PRINCIPIOS POR AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS”, el partido actor hizo valer diversas irregularidades relacionadas con el registro de candidaturas, de la cuales el Tribunal local determinó que resultaban infundadas por una parte e inoperantes por otra.

70.              Lo infundado del agravio radicó en que el ajuste a los plazos se realizó de manera justificada ante el contexto de las acciones de inconstitucionalidad declaradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la pandemia generada por el virus COVID-19.

71.              En tanto que, la inoperancia de sus manifestaciones tenía sustento en que se formularon de manera vaga, genérica e imprecisa, al no precisar la forma en que las irregularidades producidas por el plazo de registro de candidaturas afectaron al proceso electoral ni haber presentado pruebas para sostener su dicho.

72.              En relación con el agravio “VII. OMISIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, AL ASUMIR UNA ACTITUD PASIVA, LO QUE PERMITIÓ QUE SE DIERAN UNA SERIE DE IRREGULARIDADES”, el actor refirió que el OPLEV fue omiso en atender de manera oportuna las denuncias, lo cual impidió que la jornada electoral se llevara a cabo en condiciones idóneas.

73.              De lo anterior, el Tribunal local declaró inoperante su agravio, toda vez que el partido no acreditó de manera fehaciente haber efectuado alguna petición al OPLEV, por lo que resultaba inexistente la omisión referida.

74.              Respecto del agravio “VIII. INTROMISIÓN DE AUTORIDADES FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA CONTIENDA ELECTORAL”, el partido actor refirió que se vulneraron los principios de la función electoral ante la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo de campañas hasta la jornada electoral.

75.              Para acreditar su dicho, el partido actor presentó ante el Tribunal local diversos medios probatorios que fueron debidamente desahogados, sin embargo, la autoridad determinó que las pruebas aportadas no son suficientes para acreditar su dicho, aunado a que no presentó otros elementos probatorios con los cuales se pudieran concatenar y así acreditar su dicho, por lo que resultó infundado el agravio.

76.              Por último, del agravio “IX. NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIONES A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES” el partido actor indicó que debía declararse la nulidad de la elección porque todo el proceso electoral estuvo viciado de diversas circunstancias que afectaron los principios de legalidad, certeza e imparcialidad.

77.              Al respecto, el Tribunal local declaró infundado su agravio, ya que el partido actor incumplió en acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades fueron determinantes para el resultado de la elección.

C.   Postura de esta Sala Regional

78.              En consideración de esta Sala Regional, los planteamientos expuestos resultan inoperantes porque el partido actor no controvierte las razones que fueron expuestas por el Tribunal responsable, tal como se explica enseguida.

79.              La inoperancia deriva en que el partido actor en esta instancia federal no controvierte frontalmente las consideraciones torales utilizadas por la autoridad responsable en el estudio de fondo de la sentencia controvertida; pues únicamente se limita a señalar de manera genérica los agravios que fueron analizados por dicha autoridad y declarados infundados, sin dar argumentos por los cuáles estima que la sentencia reclamada resulta ilegal.

80.              Lo anterior es así, pues el partido actor en su escrito de demanda enuncia genéricamente el indebido análisis respecto de los actos realizados por el Consejo General del OPLEV y el Consejo Municipal de Amatlán de los Reyes, que no realizó una valoración probatoria debida del recurso de inconformidad, una falta de congruencia, así como una violación al principio de legalidad.

81.              Sin embargo, como ya se señaló, no controvierte frontalmente las consideraciones que la autoridad responsable dio en la sentencia que ahora se impugna, máxime que, tal y como quedó evidenciado de forma previa, de la sentencia impugnada se advierte el análisis pormenorizado de las irregularidades que se hicieron valer en esa instancia, así como la mención de los hechos, manifestaciones de las partes y análisis de las constancias que obran en el expediente para cada caso en particular, así como de la calificativa que se le da a cada una de ellas, sin que el partido actor combata de manera frontal todas y cada una de las consideraciones esenciales que llevaron a asumir las decisiones en la sentencia que se impugna, y en su lugar, como ya se dijo, se dedica a enunciar vagamente sus agravios.

82.              De ahí que, resulta importante hacer del conocimiento del partido actor que, para alcanzar su pretensión en un juicio de esta naturaleza, es necesario expresar argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver, pues como ya se señaló en el apartado respectivo, es de estricto derecho, por lo que no es suficiente que exponga de manera vaga, generalizada y subjetiva que los agravios que invocó en la instancia local fueron declarados infundados e inoperantes, sin controvertir frontalmente las consideraciones de la sentencia reclamada, como ocurre en la especie.

83.              Esto es, resultaba menester que, en esta instancia, el partido actor expusiera con claridad las razones por las cuáles estimaba que la sentencia reclamada resultaba ilegal, asimismo, debió señalar qué elementos de convicción debían ser analizados y qué cuestiones omitió considerar el Tribunal responsable para demostrar que hubo falta de certeza y transparencia en la elección municipal en Amatlán de los Reyes, Veracruz, a fin de que esta Sala Regional estuviera en condiciones de analizar lo conducente, lo que en el presente caso evidentemente no se realizó.

84.              No pasa inadvertido, que este órgano jurisdiccional ha sostenido[11] en diversas ocasiones, que si bien, los agravios no deben estar estructurados a través de formulismos o procedimientos previamente establecidos, se tienen que hacer patente que las razones, afirmaciones o argumentos utilizados por la responsable en su totalidad y a partir de ahí argumentar porque son contrarios a derecho.

85.              Sin embargo, el actor no cumplió con esa carga procesal, toda vez que sus agravios no controvierten frontalmente las consideraciones de la sentencia reclamada.

86.              De ahí lo inoperante de sus agravios.

87.              Lo antes expuesto tiene sustento en las jurisprudencias sustentadas por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA”[12] y “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA”.[13]

88.              Así como en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS”.[14]

89.              Consecuentemente, lo procedente en términos del artículo 93, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es confirmar la sentencia impugnada.

90.              Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional para que la documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional de manera posterior, relacionada con el trámite y sustanciación del juicio que ahora se resuelve, se agregue al expediente sin mayor trámite.

91.              Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido Cardenista; de manera electrónica u oficio al Tribunal Electoral y al Organismo Público Local Electoral, ambos del estado de Veracruz, acompañando copia certificada de la presente sentencia; por estrados a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, apartados 1, 2 y 3, 27, 28, 29, apartados 1, 3, y 5, así como 93, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con lo dispuesto en los numerales 94, 95, 98 y 101 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio, la agregue al expediente para su legal y debida constancia.

En su oportunidad, devuélvase la documentación que corresponda y archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, Enrique Figueroa Ávila, Presidente, Eva Barrientos Zepeda y Adín Antonio de León Gálvez, ante Carlos Edsel Pong Méndez, Titular del Secretariado Técnico Regional en funciones de Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral segundo del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.