JUICIO ELECTORAL Y JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SUP-JE-124/2015 Y ACUMULADOS

ACTORES: GALDINO FEDERICO REYES GARCÍA Y OTROS.

autoridad RESPONSABLE: Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, AHORA TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA.

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA.

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.

SECRETARIOS: CARMELO MALDONADO HERNÁNDEZ, OMAR OLIVER CERVANTES Y JUAN GUILLERMO CASILLAS GUEVARA.

México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio electoral, así como de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se enlistan en el cuadro que se inserta a continuación, el cual contiene la clave de identificación del expediente que se asignó en esta Sala Superior y el nombre del actor correspondiente:

Todos los medios de impugnación han sido promovidos en contra del otrora Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, ahora Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, a fin de impugnar la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil quince en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con la clave de expediente JDC/44/2015 y acumulados; y

R E S U L T A N D O S:

I.- Antecedentes.- De la narración de hechos que los promoventes hacen en sus escritos de demanda, así como de las constancias que obran en autos de los expedientes precisados en el cuadro que antecede, se constata lo siguiente:

1.- Solicitud de consulta.- El primero de abril de dos mil quince, diversos ciudadanos del fraccionamiento “El Rosario” en el Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, presentaron escrito, ante la Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la citada entidad federativa, para solicitar que la mencionada autoridad administrativa electoral llevara a cabo la consulta ciudadana, a fin de determinar si procedía o no el cambio de régimen de “usos y costumbres” al “sistema partidos políticos”, para efecto de elegir a los integrantes del citado Municipio.

2.- Reenvío de la solicitud al Presidente Municipal de San Sebastián Tutla, Oaxaca.- Mediante oficio identificado con la clave IEEPCO/DESNI/1322/2015, de dieciséis de abril de dos mil quince, la Directora Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca remitió, al Presidente Municipal de San Sebastián Tutla, Oaxaca, copia del escrito de la solicitud mencionada en el apartado que antecede para que fuera “atendida la petición”.

3.- Reunión de mediación.- El dieciséis de junio de dos mil quince, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se llevó a cabo la “reunión de mediación” entre funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del mencionado Instituto Electoral, integrantes del Ayuntamiento de San Sebastián Tutla, Oaxaca y ciudadanos del “Fraccionamiento El Rosario”, ubicado en ese municipio, en la cual se determinó lo siguiente:

[…]

UNO: Por parte del cabildo municipal de San Sebastián Tutla acuerda que llevara a una asamblea general comunitaria de San Sebastián Tutla para dar a conocer la petición de la participación de los Ciudadanos del Fraccionamiento el Rosario en las próximas elecciones.

DOS: Por parte de los ciudadanos del Fraccionamiento del Rosario Denominado habitantes Unidos del Rosario A.C. reiteramos la petición hecha al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de realizar una consulta ciudadana entre los habitantes del Municipio de San Sebastián Tutla sobre el régimen mediante el cual se elegirá  las autoridades municipales para los procesos subsecuentes y en el ánimo de no romper el actual sistema normativo interno estamos atentos a cualquier propuesta que haga el ayuntamiento de San Sebastián Tutla que garantice la participación en sus dos vertientes de ejercicio del voto que como ciudadanos tenemos

[…]

4.- Acuerdo IEPECO-CG-SNI-4/2015.- En sesión especial de ocho de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emitió el acuerdo por el cual aprobó los dictámenes mediante los cuales se identifican los métodos de “elección comunitaria” de los 417 (cuatrocientos diecisiete) municipios que se rigen por “sistemas normativos internos” y el “catálogo general” de esos municipios, entre otros, el correspondiente al de San Sebastián Tutla, Oaxaca.

5.- Juicios locales para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.- Disconformes con el acuerdo precisado en el apartado que antecede, los días doce y veintiuno de octubre de dos mil quince, diversos ciudadanos presentaron, ante la Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, demandas de juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

La promoción de los mencionados juicios motivaron, en el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, la integración de los expedientes identificados con las claves JDC/44/2015, JDC/45/2015 JDC/46/2015, JDC/47/2015, JDC/48/2015, JDC/49/2015, JDC/50/2015, JDC/54/2015, JDC/56/2015, JDC/57/2015, JDC/58/2015, JDC/59/2015, JDC/60/2015, JDC/61/2015, JDC/62/2015, JDC/63/2015, JDC/64/2015, JDC/65/2015, JDC/66/2015, JDC/67/2015, JDC/68/2015, JDC/69/2015, JDC/70/2015, JDC/71/2015, JDC/72/2015, JDC/73/2015, JDC/74/2015 y JDC/75/2015.

6.- Acto Impugnado.- El veinticinco de noviembre de dos mil quince, el entonces Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca ahora Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca dictó sentencia en los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, mencionados en el apartado que antecede, al tenor de las siguientes consideraciones y puntos resolutivos:

[…]

Primero. Jurisdicción y Competencia. El Pleno de este Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 25, apartado D y 111, apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; DÉCIMO TRANSITORIO, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de Febrero de dos mil catorce, en virtud del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral; décimo cuarto y décimo séptimo transitorio, del decreto 1263 publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Oaxaca, de treinta de junio de dos mil quince, 4, fracción III, 145, 146, 153, fracción XVII, 154 y 155, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; 4, apartado 3, inciso e), 104, 105, inciso c) y 107 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, por tratarse de juicios en los que se alega la presunta violación al derecho político electoral de votar y ser votado.

Atento a lo anterior, se puede establecer atendiendo a una interpretación sistemática de los artículos citados que los tribunales electorales locales, son competentes para conocer de los juicios presentados por los ciudadanos de forma individual o a través de sus representantes legales que hagan valer la presunta violación a sus derechos político electorales de votar, ser votado, asociación y afiliación.

En ese sentido, el numeral 104 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dispone que, el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, procede cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, además de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha reiterado que la protección de los citados derechos, incluye los derechos inherentes y vinculados a ellos, tal y como lo asentó en la jurisprudencia con número de registro 36/2002, consultable en la Revista “Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, páginas 40 y 41, de rubro “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN.”

En ese tenor, resulta evidente que este órgano jurisdiccional, tiene competencia para conocer de los presentes medios de impugnación citados al rubro, en razón de que, del análisis detallado de los escritos de demanda se advierte que en idénticos términos alegan posibles violaciones a sus derechos político electorales de votar y ser votados en las elecciones que se llevarán a cabo en el municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca.

Segundo. Reencauzamiento. Como ya se especificó anteriormente, los actores controvierten en idénticos términos el acuerdo IEPECO-CG-SIN-4/2015, de ocho de octubre de dos mil quince, por el que se aprueban los dictámenes mediante los cuales se identifican los métodos de elección comunitaria de los cuatrocientos diecisiete Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, y se aprueba el catálogo general de dichos Municipios, ordenando su publicación.

En ese sentido, este Tribunal considera que las demandas presentadas no actualizan los supuestos de procedencia del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, sino que debe conocerse y resolverse como juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, porque los actores aducen que el acuerdo impugnado coarta su posibilidad de participar (votar y ser votados) en las próximas elecciones municipales.

Lo anterior, en términos de la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 98 de la ley adjetiva electoral en cita, el cual establece que el juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, procede cuando el ciudadano haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones en los municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos.

Atendiendo a lo anterior, es aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 1/97, consultable en las páginas 434 a 436 de la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis relevantes en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro prevé MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.

Dicho criterio jurisprudencial establece que ante la pluralidad de opciones que el sistema jurídico mexicano ofrece a quienes intervienen en las controversias electorales, para hacer valer sus derechos jurisdiccionalmente, es factible que los interesados equivoquen el juicio o recurso entre los distintos medios de impugnación y promuevan uno diverso; no obstante, debe darse al escrito inicial el trámite y sustanciación que corresponda, atendiendo a la pretensión del promovente.

Lo anterior, siempre que el acto o resolución impugnado se encuentre identificado, se advierta claramente la voluntad del promovente de inconformarse con ese acto o resolución, se encuentren satisfechos los requisitos de procedencia del medio de impugnación legal respectivo para invalidar el acto o resolución controvertido y no se prive de intervención legal a los terceros interesados.

De ahí que lo procedente sea reencauzar los escritos de demanda de los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano a juicios para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos.

Lo anterior, a efecto de dar plena vigencia al derecho de acceso a la justicia completa, pronta y expedita, máxime que está exteriorizada la voluntad de los promoventes de controvertir la determinación de la autoridad señalada como responsable, puesto que el diseño del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano a nivel local es eminentemente bajo el sistema de partidos políticos. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de este Tribunal realizar las anotaciones atinentes.

Tercero. Procedencia del medio de impugnación. A continuación, este Tribunal analizará si se cumple con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 9, 82, 87, 90 y 99 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, como a continuación se precisa:

a) Forma. Los juicios fueron presentados por escrito en los que consta el nombre y firma de la parte actora, señalan el acto impugnado y la autoridad responsable, los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que les causan y los preceptos presuntamente violados, de donde se surten los supuestos del cumplimiento formal de los escritos de demanda, previstos en el artículo 9, párrafo 1 y 90 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.

b) Oportunidad. Las demandas se promovieron oportunamente en los juicios en estudio, ya que los actores presentaron su demanda el día en que tuvieron conocimiento del acto impugnado, siendo obvio que se encuentran dentro del plazo legal otorgado para ello, por ende es válido concluir que se presentó dentro de los cuatro días concedidos para la defensa de los derechos en el régimen de los Sistemas Normativos Internos, conforme al artículo 82, numeral 1, de la ley procesal de la materia.

c) Personalidad e Interés Jurídico. Los juicios son promovidos por ciudadanas y ciudadanos del Fraccionamiento el Rosario, mismo que forma parte del municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca. En ese sentido, las y los ciudadanos mencionan que el actuar de la autoridad responsable viola sus derechos político electorales puesto que fueron signantes de un escrito por medio del cual solicitaban el cambio de régimen en el municipio en cuestión para poder ser incluidos en las próximas elecciones. Es por ello que en términos del artículo 87 numeral 1 inciso b) de la ley procesal electoral, los actores cuentan con personalidad para promover dicho juicio, y es evidente que el acto impugnado le afecta en su esfera de derecho al no haberse dado contestación a la petición formulada para el cambio de régimen electoral.

d) Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad, en atención a que los actos reclamados no admiten medio de defensa alguno que deba ser agotado previamente a la promoción de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88, 89, 90 y 99 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.

Cuarto. Terceros Interesados. Se le reconoce tal carácter a Galdino Federico Reyes García y Álvaro Vásquez Navarro, quienes promueven en su carácter de Presidente y Síndico Municipal, respectivamente del municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, con base en las consideraciones siguientes:

a) Calidad. De conformidad con el numeral 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, el tercero interesado es el ciudadano, el partido político, la coalición, el precandidato o el candidato, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor, en el caso, los actores pretenden el cambio del régimen electoral del municipio indígena, lo cual hace evidente el interés legítimo y jurídico de los terceros interesados para la conservación de su sistema normativo interno en la elección de sus autoridades municipales.

b) Legitimación. El numeral 12, párrafo 2 de la citada ley, señala que el tercero interesado deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifique plenamente la legitimación para ello. De la documentación que obra en autos se advierte que quienes comparecen como tercero interesado lo hacen en su carácter de Presidente y Síndico Municipal, anexando la constancia y acreditación correspondiente.

c) Oportunidad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 17, párrafo 1, inciso b), del citado ordenamiento, la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba JDC/44/2015 Y ACUMULADOS 14 un medio de impugnación, deberá hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos, para que se garantice la publicidad del escrito. El párrafo 4 del mismo artículo, señala que dentro del plazo a que se refiere el párrafo 1 inciso b), los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, razón por la cual, se les reconoce el carácter a los terceros interesados al haber comparecido dentro del plazo legal, y respecto de sus pretensiones, debe decirse que debe estarse a lo que se resolverá en la presente sentencia.

Quinto. Cuestión Previa. Antes de realizar el estudio de fondo del presente asunto, este Tribunal, estima necesario establecer algunas precisiones sobre el municipio en cuestión, conforme a lo informado por el Subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas, en términos del oficio SAI/SDI/246/2015:

1.- HISTORIA Y UBICACIÓN

El nombre de San Sebastián Tutla se compone de la palabra ”Tullin” que en náhuatl significa donde abundan los Tules y “Tla” en zapoteco significa denota abundante y San Sebastián en honor a su santo patrón, San Sebastián Mártir. El Municipio de San Sebastián Tutla, es un municipio con urbano a la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, limita al norte con Santa Lucia del Camino, al sur con San Antonio de la Cal, al este con Tlalixtac de Cabrera, y al oeste con Santa Lucia del Camino, San Agustín Yatareni y Santa Cruz Amilpas.

2.- IDENTIDAD ÉTNICA:

El Municipio de San Sebastián Tutla, es una comunidad identificada y que se auto adscribe como indígenas zapotecos del Valle. De igual manera, es una comunidad indígena en términos de lo dispuesto por los artículos 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constituyen una unidad económica, social y cultural, están asentados en un territorio y reconocen autoridades electas conforme a sus propias normas. Al JDC/44/2015 Y ACUMULADOS 15 respecto, el referido precepto constitucional establece que son comunidades indígenas“…aquellas que formen una comunidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres…”. De igual modo, es indígena en términos de lo dispuesto por el artículo 1 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que cuenta con la totalidad de sus instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, heredadas de sus antepasados que habitaron el territorio en el que actualmente se encuentran. El pueblo zapoteco al que pertenece, se encuentra reconocido en el artículo16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que dispone: “…Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son… zapotecos…”

3.- POBLACIÓN

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del (INEGI) de 2010, en el Municipio de San Sebastián Tutla, cuenta con un total de 16241 habitantes de los cuales, 7515 son hombres y 8726 son mujeres.

4.- INTEGRACIÓN MUNICIPAL

De acuerdo con el Decreto número 108 de fecha 7 de mayo de 1994, actualizado el 19 de enero de 2006, en el que se establece la División Territorial del Estado de Oaxaca, este Municipio está integrado únicamente por la agencia de policía el Rosario. Ahora bien, respecto a la información específica que se solicita a esta Secretaría se expresa:

a) El sistema normativo interno electoral vigente en el municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca.

El municipio de San Sebastián Tutla, elige a sus autoridades atreves de sus Sistemas Normativos Indígenas, mantiene como su máxima autoridad a la asamblea general de ciudadanos, dicha instancia es la encargada de elegir a sus autoridades municipales, así como a los integrantes de los distintos comités y comisiones que se ocupan de actividades para el beneficio colectivo.

El 4 de abril de 2004, mediante asamblea general de ciudadanos, acordaron continuar eligiendo a sus autoridades conforme a sus Sistemas Normativos Indígenas, para ello establecieron los siguientes lineamientos para ocupar un cargo en este municipio:

1.- Ser originario y nativo de dicha comunidad;

2.- Ser responsable en los servicios municipales y religiosos;

a) Servicios municipales, aceptar y haber cumplido satisfactoriamente los nombramientos que le haya conferido la asamblea comunitaria y autoridad municipal, como son: policía municipal, comité de agua potable, comité de alambrado público, comisariado ejidal, entre otros.

b) Servicios religiosos, aceptar y haber cumplido satisfactoriamente los nombramientos que le haya conferido la asamblea comunitaria, Alcalde constitucional y autoridad municipal, como son topil de campana, topil de alcalde constitucional, comité parroquial, cofradía del Rosario y asociaciones religiosas.

3.- Tener un modo honesto de vivir

4.- No tener antecedentes penales en el haya sido sentenciado por delito considerado como grave o por falta que moralmente se considere como grave;

5.- Haber sido mayordomo de las diferentes imágenes religiosas del templo católico;

6.- No tener adeudos en impuestos predial, si cuenta con propiedad, así como agua potable, recolección de basura, drenaje sanitario, alumbrado público entre otros;

7.- Haber cumplido con las cooperaciones tanto municipales como religiosas;

8.- Haber cumplido con los tequios que haya solicitado la autoridad municipal en turno, tales como la limpia del panteón municipal, desazolve de la zanja del camino del toro entre otros;

9.- Que no estén desempeñando actualmente algún cargo municipal, religioso y educativo dentro de la población;

10.- No haber desempeñado el mismo cargo en periodos anteriores al actual y,

11.- En caso que alguna persona no reúna alguno de los requisitos anteriores queda a juicio y criterio de la asamblea su aceptación.

Para llevar a cabo la asamblea que elige a las autoridades municipales, el Presidente Municipal en función y su cabildo emiten una convocatoria, misma que es exhibida en lugares públicos de todo el municipio, asimismo, se hace pública la convocatoria mediante perifoneo o uso de altavoz, avisos personalizados a los domicilios de los distintos representantes de comités. La duración de cargo de las autoridades es por un periodo de tres años; se desarrolla la asamblea en la explanada del palacio municipal conforme al orden del día propuesto; normalmente para los procesos electorales, se nombra a los integrantes de la mesa de los debates como órgano regulador de la elección, los candidatos son propuestas por ternas y la votación es por mano alzada, el Presidente Municipal en función, toma protesta de ley a las autoridades electos.

b) Relatoría o apartado histórico sobre la demanda de participación del fraccionamiento “El Rosario” en las elecciones de referido municipio.

En el año 1988, el ex presidente de la República Licenciado Carlos Salinas de Gortari, en su visita realizada a esta ciudad, hizo entrega de las primeras viviendas del fraccionamiento el Rosario, construidas por el Instituto de Viviendas Oaxaqueñas (IVO), dicho fraccionamiento se construyó sobre la jurisdicción municipal del Municipio de San Sebastián Tutla. A partir de esta fecha, el municipio se integra por la cabecera municipal denominada “San Sebastián Tutla”, la Agencia de Policía Municipal denominada “El Rosario” y el fraccionamiento “EL Rosario” sin categoría administrativa.

El fraccionamiento El Rosario, se integra por población procedente del interior del Estado con una vinculación con la vida de la ciudad, en donde tienen sus fuentes de trabajo. Conforme a la información obtenida, desde que se estableció este fraccionamiento, la población que lo integra, tuvo conocimiento que el municipio de San Sebastían Tutla se regía por sus Usos y Costumbres, hoy Sistemas Normativos, no obstante, mostraron poco interés por participar en la vida cotidiana de este municipio incluyendo sus procesos de elección y representación; es decir, desde un principio, tuvieron conocimiento que para participar en la vida política del municipio, se debe cumplir con reglas propias de la colectividad, distintas a las normas del derecho positivo. En este sentido, a los habitantes les interesaba resolver el problema de su vivienda sin importar su pertenencia a una entidad social y política.

La situación se mantuvo en esos términos por espacio de aproximadamente 10 años, ya que en 1998, los habitantes de dicho fraccionamiento, manifestaron interés, por participar en las elecciones a Concejales Municipales de San Sebastián Tutla, Oaxaca. En este año, por primera vez, algunos habitantes del fraccionamiento solicitaban participar proponiendo un cambio radical en la forma de elección, por lo que pedían terminar con el Régimen de Sistemas Normativos Internos para pasar al de Partidos Políticos. Con esta petición, hacían explicito el planteamiento de participar en los cargos municipales sin cumplir con las normas que el Sistemas normativo propio exige para acceder la ciudadanía municipal.

Conforme a la información proporcionada por los entrevistados, a partir de este año, la asamblea general de San Sebastían Tutla, expresó su decisión de que participen con derecho de voz y voto los ciudadanos que viven en el fraccionamiento El Rosario, pero al mismo tiempo que se involucren con el cumplimiento de obligaciones dentro del propio municipio, sin embargo, los ciudadanos de dicho fraccionamiento se han negado sistemáticamente a participar bajo el enfoque de derechoobligaciones, ya que lo único que expresaron es la exigencia de sus derechos sin preocuparse por pertenecer a la colectividad, son pocos los habitantes que han participado en esta dualidad de derechos y obligaciones, por lo que si tienen derecho que pueden ejercer libremente. Desde entonces se les convoca a las asambleas, sin embargo no asisten por temor a las obligaciones y en especial, no asisten a las asambleas electivas por que no están de acuerdo en las normas que rigen para ser Autoridad municipal.

Conforme a la documentación obtenida por esta Secretaría se advierte que en el año 2004, nuevamente se abordó esta problemática, de tal forma que en asamblea del 4 de abril de 2004, se estableció como uno de los puntos a tratar la propuesta de acuerdo celebrada entre la autoridad municipal el Instituto Estatal Electoral y representantes del fraccionamiento el Rosario y la consideración por parte de la asamblea de ratificar la elección de los Concejales Municipales para el periodo 2005-2007, por el régimen de usos y costumbres o en su caso manifestar su deseo de cambiar de régimen por partidos políticos, después de diversas intervenciones por parte de los asambleístas acordaron de forma unánime: “… ratifican el sistema de elección de usos y costumbres, como se ha venido haciendo en nuestra comunidad desde tiempos inmemoriales, diciendo en forma conjunta “NO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, QUIENES ÚICAMENTE ENGAÑAN AL PUEBLO…”

Asimismo en esta asamblea establecieron los requisitos que deberán cumplir las personas que pretendan obtener un cargo en la comunidad, dichos requisitos quedaron descritos anteriormente. Se anexa al presente oficio copia del acta de asamblea de referencia para su conocimiento

En estas condiciones y frente a la decisión de la asamblea de abrirse a la participación de todos los ciudadanos, previo el cumplimiento de obligaciones o bien, previa la manifestación clara de integrarse a la comunidad, la negativa de participar, ha implicado una auto exclusión de los habitantes del fraccionamiento de referencia.

La apertura a la participación de toda la ciudadanía, ha sido valorado por los Tribunales Electorales. Así por ejemplo en la sentencia dictada el 5 de marzo de 2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en el expediente SUP-REC-18/2014 y acumulados, interpuesto en contra de la resolución emitida el 14 de febrero del JDC/44/2015 Y ACUMULADOS 18 mismo año, por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-3/2014, SX-JDC- 44/2014 y SX-JDC-61/2014 que entre otras cuestiones, revocó las diversas emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de nuestra Entidad en los expedientes JNI/41/2013, JNI/69/2013, y JNI/1/2014, por las que se confirmó el acuerdo CG-IEEPCOSNI- 64/2013 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en el que validó la elección de concejales al ayuntamiento de San Sebastián Tutla, al entrar al estudio de fondo determinó textualmente:

“…En cuanto a la supuesta vulneración al principio de universalidad del voto, que la Sala Regional dirige principalmente en cuanto a la supuesta exclusión de los habitantes del fraccionamiento El Rosario, a juicio de esta Sala Superior no se cuenta en autos con elementos que hagan convicción sobre la pretendida vulneración…”

Es decir, es clara la regla por la cual se convoca a todos los ciudadanos del municipio, incluyendo los del fraccionamiento El Rosario, por lo que no puede configurarse vulneración al principio de Universalidad del voto.

Por otra parte, el acuerdo impugnado contiene adjunto el dictamen que emite la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se identifica el método de la elección de concejales al ayuntamiento del Municipio de San Sebastián Tutla, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos, en el cual por medio del considerando tercero, denominado identificación y determinación del método de elección de los concejales municipales, en donde en el numeral cinco se estableció que el método de elección comunitaria consiste en lo siguiente:

5. Derivado de la documentación referida se identificó el método de elección comunitaria en los siguientes términos:

Sexto. Estudio de Fondo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que los agravios pueden tenerse por formulados en cualquier parte de la demanda, y siempre que se exprese con claridad la causa de pedir, detallando la lesión o perjuicio provocado al actor, y los motivos que originaron ese agravio, a fin de ocuparse de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables al caso.

Así lo refieren las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior, consultables con las claves 3/2000 y 2/98, respectivamente, en las páginas 117 y 118 de la Compilación Oficial bajo los rubros: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL".

La duración del Cargo es por tres años VALIDEZ DEL ACTO Cómo le dan validez al acto electivo Informarlo ante el Instituto Estatal Electoral para su conocimiento y procedimiento de legalidad CONFLICTOS ELECTORALES Existencia de conflictos electorales si Tipo de conflicto Impugnación de la Asamblea. Porque no permitieron que participaran en la Asamblea Ciudadanos del Fraccionamiento el Rosario Cómo lo han resuelto Por Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esto implica que los agravios tienen que ser eficaces para combatir los actos controvertidos, y estar dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de aquél, así como a contrarrestar las consideraciones que los sustentan, de lo contrario serán insuficientes para alcanzar la pretensión del actor, ya que todo lo expuesto en la demanda puede constituir un principio de agravio.

La causa de pedir, puede interpretarse por el resolutor cuando en la demanda se exprese de manera clara la parte de los actos controvertidos que causan perjuicio a los derechos del actor, los preceptos que considera violados, y la causa por la cual estima que tales disposiciones fueron infringidas, mediante la expresión de argumentos o razonamientos dirigidos a desvirtuar los motivos que tuvieron las responsables para conducirse de la manera en que lo hicieron, para así demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad pretendida.

Lo anterior, ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 04/99, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.", en la que se sostiene que al resolver cualquier juicio o recurso en materia electoral, el juzgador está obligado a realizar un estudio minucioso del escrito de demanda para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda la real intención de quien lo promueva.

En su escrito de demanda, los actores exponen como concepto de agravio lo siguiente:

Que el acuerdo impugnado, viola sus derechos político electorales del ciudadano debido a que el primero de abril de dos mil quince, firmaron un escrito junto con otros habitantes del Fraccionamiento el Rosario, mediante el cual solicitaron al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que se realizara una consulta ciudadana en todas las localidades del municipio de San Sebastián Tutla, para que fueran los ciudadanos quienes decidieran sobre el régimen electoral (partidos políticos o sistemas normativos internos) para la elección de las próximas autoridades municipales.

Sin embargo, el instituto en mención dentro del acuerdo impugnado contempla al Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, como uno de los cuatrocientos diecisiete municipios que elegirán a sus autoridades municipales bajo el régimen de sistemas normativos internos.

Lo cual a su juicio viola sus derechos político electorales, toda vez que es inminente que bajo el régimen de sistemas normativos internos sean excluidos para participar en las próximas elecciones municipales, al ser ciudadanos del citado fraccionamiento.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 13/2008 de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.

En ese sentido, se precisa que el acuerdo impugnado no es directamente el que causa lesión a los derechos político electorales de los ciudadanos impugnantes. Lo anterior es así, debido a que el instituto responsable al emitir el acuerdo IEPECO-CG-SIN-4/2015, de ocho de JDC/44/2015 Y ACUMULADOS 25 octubre de dos mil quince, por el que se aprueban los dictámenes mediante los cuales se identifican los métodos de elección comunitaria de los cuatrocientos diecisiete Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, y se aprueba el catálogo general de dichos Municipios, ordenando su publicación, apegó su actuar a lo previsto en la normativa legal aplicable.

Es decir, se sustentó en los artículos 26 fracción XLII, 255, párrafos 2 y 4, 256, primer párrafo, 259 párrafo 1, 2 y 3 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

Mismos que establecen que el Consejo General del Instituto tendrá la atribución de aprobar la actualización del Catálogo General de los municipios que eligen a sus ayuntamientos bajo sus sistemas normativos internos, reconociendo en todo momento los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para autodeterminarse.

Por otra parte, dichos artículos disponen que en los Municipios que se rigen bajo este sistema si no hubiese petición de cambio de régimen, se entenderá vigente el sistema inmediato anterior, con el fin de preservar y fortalecer tanto el régimen de partidos políticos como el régimen de sistemas normativos internos y garantizar la diversidad cultural y la pluralidad política en el Estado.

Así mismo, en el mes de enero del año previo a la lección ordinaria del régimen de partidos políticos el Instituto a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, solicitará a las autoridades de los municipios del régimen de sistemas normativos internos para que en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la notificación, informen por escrito sobre las reglas de sus sistemas normativos internos, relativos a la elección de sus autoridades, y una vez presentados los mismos, la citada dirección, elaborará dictámenes en lo individual, con el único propósito de identificar sustancialmente el método de elección comunitaria de aquellos municipios que entregaron su documentación, y los presentará al Consejo General para su aprobación.

En mérito de lo anterior, la citada dirección, solicitó a la autoridad municipal de San Sebastián Tutla, mediante oficio IEEPCO/DESNI/421/2015, informara por escrito las reglas de su sistema normativo interno relativo a la elección de sus autoridades.

Mediante oficio número 314/2015, de cinco de mayo del presente, la autoridad municipal informó por escrito las reglas de su sistema normativo interno relativo a la elección de sus autoridades.

Y en términos de la documentación remitida por la autoridad municipal fue que se formuló el dictamen que emite la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se identifica el método de la elección de concejales al Ayuntamiento del Municipio de San Sebastián Tutla, que electoralmente se rige por sistemas normativos internos. Ello es así, toda vez que en términos de las disposiciones en cita en concordancia con lo establecido en los artículos 2°, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 3 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, 5 incisos a) y b), 7 párrafo 1 JDC/44/2015 Y ACUMULADOS 27 y 8 párrafo 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 3, 4, 5, 20 y 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Instituto Electoral Local, está obligado a respetar el marco de autonomía y libre determinación reconocido a los pueblos y comunidades indígenas, es por ello que, su papel en la organización de las elecciones en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos debe ser como ente coadyuvante de dichas instituciones.

En ese sentido, el instituto se encuentra obligado a recibir los informes correspondientes, y elaborar un dictamen con carácter descriptivo en términos de la información otorgada por las autoridades municipales, sin prejuzgar sobre la información ahí expuesta, ya que el único propósito del acuerdo emitido es identificar sustancialmente el método de elección comunitaria de los municipios que entreguen su documentación.

Razón por la cual, el acuerdo en mención no puede causar una lesión directa a los derechos político electorales de los ciudadanos impugnantes, toda vez que como ya se especificó anteriormente los datos ahí vertidos poseen un carácter informativo y contextual, sin que el órgano administrativo electoral pueda hacer un análisis o pronunciamiento respecto de los mismos.

Es por ello que en suplencia, este órgano jurisdiccional determina que con base en los argumentos establecidos en la demanda, el acto que realmente vulnera los derechos político electorales de los promoventes es la omisión de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto responsable, consistente en dar seguimiento a la solicitud formulada mediante escrito de uno de abril de dos mil quince, por los citados ciudadanos para que se realizara una consulta ciudadana en la que se pusiera a consideración de los habitantes de la municipalidad el cambio de régimen electoral.

Lo anterior es así, debido a que el dieciséis de abril del presente año, mediante oficio IEEPCO/DESNI/1322/2015, la Directora Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del referido Instituto, remitió copia simple del escrito antes mencionado, a Galdino Federico Reyes García, Presidente Municipal de San Sebastián Tutla y en el ámbito de sus atribuciones atendiera la petición.

Posteriormente, el veintisiete de mayo del dos mil quince, la Comisión de Vecinos del Fraccionamiento el Rosario, perteneciente al Municipio de San Sebastián Tutla, compareció ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde manifestaron la falta de respuesta a su petición, acordando convocar a la autoridad municipal para el nueve de junio de dos mil quince para iniciar el diálogo de mediación con relación a la solicitud planteada.

Fue por ello que, el nueve de julio del dos mil quince, la Dirección de Sistemas Normativos, levantó una minuta de acuerdos con motivo de la comparecencia de la Comisión de Vecinos del Fraccionamiento el Rosario, Municipio de San Sebastián Tutla, en la participación de su proceso electoral ordinario dos mil dieciséis, en la que acordaron posponer la reunión de trabajo para el jueves once de julio.

El once siguiente, ante la citada Dirección de Sistemas Normativos Internos, comparecieron los representantes del Fraccionamiento el Rosario, donde acordaron que serán citadas todas las partes para el martes dieciséis de junio a las once horas en el mismo lugar.

Finalmente, el dieciséis del mismo mes y año, se llevó a cabo una reunión de mediación en la sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con las Autoridades de San Sebastián Tutla y ciudadanos del fraccionamiento el Rosario, en donde trataron asuntos relacionados a la elección de la autoridad Municipal del citado municipio, en donde llegaron en lo que interesa a los siguientes acuerdos:

“…A C U E R D O S:

UNO: Por parte del cabildo municipal de San Sebastián Tutla acuerda que llevará a una asamblea general comunitaria de San Sebastián Tutla para dar a conocer la petición de la participación de los ciudadanos del Fraccionamiento el Rosario en las próximas elecciones.

DOS: Por parte de los ciudadanos del Fraccionamiento del Rosario Denominado habitantes Unidos del Rosario A.C. reiteramos la petición hecha al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de realizar una consulta ciudadana entre los habitantes del Municipio de San Sebastián Tutla sobre el régimen mediante el cual se elegirá las autoridades municipales para los procesos subsecuentes y en el ánimo de no romper el actual sistema normativo interno estamos atentos a cualquier propuesta que haga el ayuntamiento de San Sebastián Tutla que garantice la participación en sus dos vertientes del ejercicio del voto que como ciudadanos tenemos…”

Con posterioridad a la misma, no obran constancias de que el instituto electoral local haya dado seguimiento a la solicitud planteada desde el dieciséis de junio del presente año, lo cual evidencia que han transcurrido más de cinco meses sin que haya implementado medidas con la finalidad de tener una solución pacífica y democrática al conflicto planteado por lo actores, máxime que la solicitud fue hecha con la debida antelación a la preparación de la elección ordinaria del año dos mil dieciséis.

Ahora bien, una democracia moderna como la que recoge constitucionalmente los Estados Unidos Mexicanos, es incluyente y plural, es decir, con el devenir histórico de nuestra forma de gobierno una de las características fundamentales de nuestra constitución y sociedad es precisamente el reconocimiento del pluralismo, y no necesariamente con ello se quiera decir que antes no existía un pluralismo en la sociedad sino más bien era invisible, no se veía o más bien no se había reflexionado sobre ello y en consecuencia no se había valorado su importancia en la sociedad.

La negación del pluralismo se debe al tipo o forma de gobierno fáctico que ha imperado en cada momento histórico de cada país. La forma de gobierno que más maximiza el pluralismo es precisamente la democracia, es una de sus características fundamentales, es el elemento que lo dinamiza pues su existencia implica la permanencia del conflicto y del antagonismo; pero éstos no pueden ser considerados como obstáculos empíricos que imposibilitan la realización democrática, por el contrario se activan otros elementos de la forma de gobierno que busque la armonía y la reconciliación y que reconozca el papel constitutivo de la división y del conflicto. En democracia no se busca la exclusión ni el dominio ni mucho menos la eliminación del otro, por el contrario, en el orden democrático se exige que el oponente ya no sea considerado como un enemigo a destruir, sino como un adversario al que se le contra argumenta sus ideas, porque previamente le reconocemos el derecho de afirmarlas y de defenderlas, ya que al final de lo que trata ya no es de imponer interpretaciones sino de dialogar y construir, o en todo caso de respetar o tolerar modelos distintos de la realidad o sobre el mundo que nos rodea. Este es el reto que tiene la democracia de hoy en día, si queremos que siga siendo una opción de forma gobierno, en donde no nada más tenga como fundamento la autonomía de todos los individuos sino también de los grupos sociales.

Ahora, nuestra Constitución General y la local han reconocido esa pluralidad, pues en el diseño del sistema electoral mexicano ha reconocido dos grandes modelos a saber: el de sistemas normativos internos o indígenas y sistema de partidos políticos y de candidaturas independientes.

Cabe destacar que, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 2° Apartado A fracción III y 41, como en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el artículos 25 Apartados A fracciones I y II, B y F se reconoce la existencia de únicamente dos sistemas electorales el regido por partidos políticos y candidaturas independientes; y el de sistemas normativos internos.

Sin embargo, de dichas constituciones y de las leyes que de ellas emanan, no se advierte que exista un procedimiento formalmente establecido para solicitarse y substanciarse el cambio de un régimen a otro.

Por su parte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Por lo expuesto, es claro que la inexistencia de una ley secundaria respecto de un derecho fundamental no constituye una causa justificada para impedir el ejercicio de ese derecho y, mucho menos, para vulnerarlo, puesto que en ese tipo de situaciones los tribunales y las autoridades del estado se encuentran en aptitud de implementar las medidas que consideren necesarias, suficientes y bastantes a efecto de salvaguardar y proteger ese derecho.

Al respecto, a nivel nacional se han substanciado diversos asuntos relacionados con solicitudes de cambio de régimen electoral, las cuales han sido atendidas por las diversas autoridades jurisdiccionales y administrativas en el ámbito de su competencia, mismos que han implementado las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho.

Tal es el caso del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente SUP-JDC-9167/2011, relacionado con la promovido por varios ciudadanos integrantes de la comunidad indígena de Cherán, cabecera del municipio del mismo nombre, en el Estado de Michoacán, contra el Acuerdo CG-38/2011 de nueve de septiembre de dos mil once emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de JDC/44/2015 Y ACUMULADOS 33 Michoacán por el que se da respuesta a la petición de la Comunidad Indígena de Cherán para celebrar elecciones bajo sus usos y costumbres.

En dicho asunto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó la realización de la consulta con base en la normativa internacional y los principios que deben imperar para la realización de las consultas según los estándares ahí establecidos, argumentando que la ausencia de ley para regular dicha figura, no podía ser en perjuicio de los accionantes, determinando las medidas que consideró necesarias para la realización de la consulta para el cambio de régimen de partidos políticos a sistemas normativos internos en el municipio en cita.

Por otra parte, se encuentra el precedente del Tribunal Electoral de Puebla, inserto en el Recurso de Apelación TEEP-A-237/2013 promovido por el ciudadano Fidencio Romero Tobón en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en el que dio respuesta negativa a la petición de aplicar el sistema electivo de usos y costumbres tras conformar sus autoridades en el municipio de Chichiquila, Puebla.

En dicho asunto, el Tribunal Local resolvió declarar fundados los agravios por lo que ordenó al Instituto Electoral de dicha entidad federativa realizar los requerimientos necesarios a efecto de que determinara o no la existencia de la comunidad indígena en Chichiquila, mencionando que el método de usos y costumbres es un método complejo que implica el reconocimiento del multiculturalismo del pueblo mexicano, argumentando que era indispensable que el Instituto Electoral efectuara los estudios multidisciplinarios correspondientes y permitiera que en su caso, los solicitantes aportaran los medios de prueba que estén a su alcance y a partir de esos hallazgos se estableciera las bases para efectuar las consultas que fueran necesarias al interior de la comunidad para conocer su voluntad de autodeterminación.

Así también, por acuerdo 180/SO/02-09-2015, de dos de septiembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó los lineamientos, material publicitario y formatos para las asambleas informativas y de consulta que se llevarían a cabo en el municipio de Ayutla, los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, tres, cuatro y cinco de octubre de dos mil quince, ello con motivo del escrito mediante el cual sesenta y un (61) ciudadanos, que se ostentaron como comisarios y delegados municipales, así como como comisarios comunales y agrarios, pertenecientes a diferentes comunidades del Municipio de Ayutla de los Libres, de la aludida entidad federativa, solicitaron que el próximo procedimiento electoral en ese municipio se lleve a cabo mediante el sistema de usos y costumbres.

En ese sentido, se llevaron a cabo las asambleas informativas de consulta en ciento siete (107) localidades y treinta y un (31) colonias del Municipio de Ayutla, Guerrero, en las cuales se explicó el funcionamiento del sistema electoral por partidos políticos y por usos y costumbres para la elección de los integrantes del ayuntamiento. Los diez, once, diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil quince, se llevaron a cabo las asambleas comunitarias de consulta en ciento siete (107) localidades y treinta y un (31) colonias del mencionado Municipio. El inmediato día diecinueve del mismo mes y año se hizo el cómputo municipal.

Es decir, que la autoridad administrativa electoral implementó las medidas que estimó necesarias para la instrumentación del derecho.

Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el expediente SUP-JDC-3131/2012, promovido por diversos ciudadanos en contra del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos de esa autoridad administrativa local, a fin de impugnar diversas omisiones relacionadas con la consulta programada para decidir respecto al cambio de régimen para la elección de concejales en el Ayuntamiento de San Andrés Cabecera Nueva, en la citada entidad federativa, en el cual resolvió ordenar a las autoridades municipales de San Andrés Cabecera Nueva, Oaxaca, que de inmediato fijaran fecha para que tuviera verificativo la consulta a la población sobre qué régimen debe prevalecer para elegir a sus autoridades municipales.

Es decir, que las autoridades descritas han implementado las medidas que han considerado suficientes necesarias y bastantes para que el derecho de solicitar el cambio de régimen electoral sea instrumentado por medio de consultas, mismas que han sido ordenadas conforme a los estándares internacionales a efecto de darle vigencia a dicha institución jurídica.

Por otra parte, si bien el Código Electoral de Oaxaca reconoce en el artículo 256 la posibilidad del cambio de régimen de un sistema a otro, también lo es, de que no establece un procedimiento para ello. Empero, ello no es obstáculo para que pueda darse debido al reconocimiento constitucional, convencional y legal de ambos sistemas, ya que no deben interpretarse como cerrados, inamovibles y absolutos sino abiertos y con la posibilidad de que los ciudadanos fundamentalmente puedan plantear dicha posibilidad. Al respecto de la posibilidad de cambiar de un régimen a otro, existen los precedentes antes mencionados.

Bajo ese contexto, este Tribunal concluye que el agravio en estudio resulta substancialmente fundado, por cuanto hace la omisión de dar seguimiento a la solicitud de cambio de régimen.

Ello es así, ya que la dirección ejecutiva del Instituto responsable no ha llevado a cabo las gestiones necesarias para realizar asambleas generales en las cuales se decida si se continúa con el régimen de usos y costumbres o se cambia por el sistema de partidos políticos para renovar a las autoridades municipales de San Sebastián Tutla, conforme fue solicitado por la parte actora.

Lo anterior, ya que el Instituto Estatal Electoral por conducto de su Dirección de Sistemas Normativos Internos, si bien ha convocado a diversas reuniones de trabajo, en forma conjunta o separada con los accionantes y las autoridades municipales, desde el dieciséis de junio del presente año no se ha pronunciado sobre la posibilidad y pertinencia de coadyuvar en la celebración de la consulta solicitada para decidir si continúan con el régimen actual o cambia al de partidos políticos.

Bajo esa razón, la omisión resulta violatoria de los derechos político electorales de los accionantes, pues los artículos 26, fracción XLIV, y 41, fracciones VI y VII del Código Electoral local prevén que el Consejo General y la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, ambos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, deben coadyuvar con las autoridades municipales o asambleas comunitarias que se rigen por un sistema normativo interno cuando así soliciten, implementando reuniones de trabajo, o en su caso, tareas de mediación cuando se presenten controversias respecto de las normas electorales internas, con la finalidad de tener una solución pacífica y democrática, con independencia de que, corresponde a la comunidad decidir la forma y el método por el que se llevará a cabo la consulta y no así la autoridad electoral.

En efecto, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el proceso electoral ordinario inició el ocho de octubre dos mil quince, en términos del transitorio décimo del decreto número 1263 de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, aprobado el treinta de junio del dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial Extra del treinta de junio del dos mil quince.

Lo anterior adquiere mayor relevancia, puesto que se debe dar certeza y seguridad jurídica a la población sobre el régimen que adoptarán para elegir a sus autoridades municipales, puesto que la solicitud del cambio de régimen se realizó con anterioridad al inicio del proceso electoral y, con la debida anticipación de que el Instituto Electoral aprobara el acuerdo sobre el Catálogo General de los municipios que eligen a sus ayuntamientos bajo sus sistema normativos internos.

En esa tesitura, lo ordinario sería que este órgano jurisdiccional determinara por principio de certeza que el cambio de régimen no puede realizarse una vez iniciado el proceso electoral, sin embargo, la omisión de la dirección ejecutiva no puede interpretarse en perjuicio de los accionantes, máxime cuando la Asamblea Comunitaria para elegir a sus autoridades municipales es en el mes de noviembre del dos mil dieciséis.

En ese orden de ideas y debido a que nos encontramos ante la hipótesis de un cambio de régimen electoral del Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, debe de realizarse mediante un procedimiento especial y dificultoso (complejo), con características propias, de tal manera que los ciudadanos no puedan solicitar de manera caprichosa y sin fundamento alguno, el cambio de un sistema a otro, de elección a elección, sino que tienen que prevalecer ciertas circunstancias políticas, sociales y culturales, que así lo justifiquen y legitimen.

En consecuencia, este órgano jurisdiccional vincula a las autoridades municipales de San Sebastián Tutla, Oaxaca, para que tenga verificativo una consulta previa, libre e informada a la población sobre qué régimen debe prevalecer para elegir a sus autoridades municipales.

Es decir, que en el procedimiento de dicha consulta se ponga sobre la mesa de deliberación no nada más la posibilidad del cambio de régimen electoral, de sistemas normativos internos a sistemas de partidos políticos y candidaturas independientes, sino también la reforma o modificación de su propio sistema normativo interno que actualmente vigente en la cual incluya la participación de los ciudadanos del fraccionamiento El Rosario; pero además otras formas o mecanismos de solución de la convivencia que debe prevalecer entre los ciudadanos de dicho municipio, como puede ser la posibilidad de la constitución de una categoría administrativa en el fraccionamiento El Rosario y que reconoce la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, u otras formas de solución, que se reconozcan en la Constitución y ley.

Ello es así, porque la pretensión de los actores radica en participar en las próximas elecciones de autoridades municipales. Así mismo, los terceros interesados manifiestan que no se ha dado la inclusión de dichos ciudadanos por el conflicto con la realización de cargos y servicios al interior del pueblo indígena, razón por la cual también debe consultarse a la comunidad para determinar si dentro del régimen electoral de sistemas normativos internos se incluye o no a los ciudadanos del Fraccionamiento el Rosario para el desempeño de cargos y servicios municipales.

Lo anterior tiene sustento en el artículo 257 del código electoral local, el cual establece que los ciudadanos de un municipio regido electoralmente por sus sistemas normativos internos tienen los derechos y obligaciones siguientes: I.- Actuar de conformidad con las disposiciones internas que de manera oral y/o escrita rijan la vida interna de sus municipios, así como participar, de acuerdo con sus propios procedimientos, en la permanente renovación y actualización del sistema normativo interno a fin de mantenerlo como un mecanismo de consenso y una expresión de la identidad y el dinamismo de la cultura política tradicional; II.- Cumplir con los cargos, servicios y contribuciones que la Asamblea les confiera, de acuerdo con sus propias reglas y procedimientos públicos y consensados; y III. - Participar en el desarrollo de las elecciones municipales, así como ser electo para los cargos y servicios establecidos por su sistema normativo interno.

Al respecto, se precisa que similar criterio sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-3131/2012, relativo a la solicitud de cambio de régimen electoral en el municipio de San Andrés Cabecera Nueva, Oaxaca.

Continuando con la línea argumentativa, el Convenio 169 establece la obligación de realizar una consulta con los pueblos indígenas en una amplia variedad de casos susceptibles de afectarlos directamente, el convenio determina que la consulta debe hacerse de buena fe y que su finalidad debe ser intentar obtener el consentimiento de la comunidad o, por lo menos, llegar a un acuerdo. Ello lo desarrolla de manera amplia la Guía de Aplicación del Convenio 169, que la OIT adoptó como respuesta a numerosas solicitudes de los Estados parte, pueblos indígenas y organizaciones sociales que buscaban conocer con mayor profundidad el significado, el alcance y los impactos del convenio.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece un compromiso político importante para los Estados que hacen parte de ella. La declaración es el pronunciamiento más reciente e importante en materia de la consulta previa, pues involucra plenamente el principio del consentimiento libre, previo e informado para el traslado de grupos indígenas de sus tierras, así como para la adopción y aplicación de medidas legislativas y administrativas que los afecten, entre otras situaciones, en términos de los artículos 10, 19 y 28.

Para que la consulta sea efectiva y cumpla el fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas que puedan resultar afectados por la situación antes mencionada, es necesario que la consulta previa se lleve a cabo con las comunidades afectadas, las personas que las representen legítimamente y las personas u organizaciones que ellas mismas designen para tal efecto. Al respecto, el Convenio 169 señala en su artículo 6 que se debe consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, en el caso concreto por asamblea general comunitaria.

Además del principio de buena fe, el derecho internacional ha sostenido el deber de suministrar información completa a las comunidades consultadas. La Corte Interamericana en el caso Saramaka vs. Surinam, párrafo 133 ha establecido que el deber de consultar requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes.

Otro factor central para la realización de una consulta efectiva, que no se limita a la mera provisión de información, es el desarrollo de procedimientos de consulta que sean culturalmente adecuados. Si bien el Convenio 169 en su artículo 6 y la Declaración de los Pueblos Indígenas en su artículo 30 simplemente ordenan que la consulta sea a través de “procedimientos apropiados”, la importancia de respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas en el desarrollo de las consultas ha sido reconocida y desarrollada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en sus observaciones individuales a Colombia en el 2004 y a México en el 2005.

En la primera observación, la comisión afirmó que la consulta, para que realmente permita la participación, debe adaptarse a los modelos culturales y sociales de los pueblos. En el caso de México, recomendó al Estado que determinara “un mecanismo de consulta adecuado, teniendo en cuenta al determinarlo los valores, concepciones, tiempos, sistemas de referencia e incluso formas de concebir la consulta de los pueblos indígenas”. Por su parte, la Corte Interamericana en el caso Saramaka vs. Surinam, párrafos 133-134, también ha sostenido que los procedimientos de consulta deben ser culturalmente apropiados y según las “costumbres y tradiciones” de las comunidades consultadas. Asimismo, las consultas deben “tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo […] para la toma de decisiones”.

En conclusión, la realización de las consultas y la adopción de las medidas correspondientes deberán atender a los principios establecidos tanto en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes como en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y conforme a los cuales, las consultas a los pueblos indígenas en las cuestiones que les afectan deben realizarse en observancia de los principios siguientes:

1. Endógeno: el resultado de dichas consultas debe surgir de los propios pueblos y comunidad indígenas para hacer frente a necesidades de la colectividad;

2. Libre: el desarrollo de la consulta debe realizarse con el consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, que deben participar en todas las fases del desarrollo;

3. Pacífico: deberá privilegiar las medidas conducentes y adecuadas, para que se establezcan todas las condiciones de diálogo y consenso que sean necesarias para evitar la generación de violencia o la comisión de cualquier tipo de desórdenes sociales al seno de la comunidad;

4. Informado: se debe proporcionar a los pueblos y comunidades indígenas todos los datos y la información necesaria respecto de la realización, contenidos y resultados de la consulta a efecto de que puedan adoptar la mejor decisión. A su vez dichos pueblos y comunidades deben proporcionar a la autoridad la información relativa a los usos, costumbres y prácticas tradicionales, para que en un ejercicio constante de retroalimentación se lleve a cabo la consulta correspondiente;

5. Democrático: en la consulta se deben establecer los mecanismos correspondiente a efecto que puedan participar el mayor número de integrantes de la comunidad; que en la adopción de las resoluciones se aplique el criterio de mayoría y se respeten en todo momento los derechos humanos;

6. Equitativo: debe beneficiar por igual a todos los miembros, sin discriminación, y contribuir a reducir desigualdades, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones;

7. Socialmente responsable: debe responder a las necesidades identificadas por los propios pueblos y comunidades indígenas, y reforzar sus propias iniciativas de desarrollo; debe promover el empoderamiento de los pueblos indígenas y especialmente de las mujeres indígenas;

8. Autogestionado: las medidas que se adopten a partir de la consulta deben ser manejados por los propios interesados a través de formas propias de organización y participación.

Razones por las cuales, quedan vinculados al cumplimiento de esta sentencia, el Consejo General y la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, ambas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría General, ambas de Gobierno del Estado, la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Unidad Pacífico Sur) y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca quienes deben, conforme a sus atribuciones, coadyuvar en la organización, desarrollo y vigilancia del procedimiento de consulta.

Lo anterior, a efecto de que las citadas autoridades a través de quien designen para el caso, integren una comisión con los representantes de las autoridades comunitarias, representantes del Cabildo y sus autoridades auxiliares, así como los representantes del fraccionamiento el Rosario, integrando un grupo plural de expertos, que deberá velar por que los principios de la consulta sean respetados.

Para lo cual, previas mesas de trabajo entre el grupo de expertos, sean llevadas a cabo asambleas; en donde en una de ellas los expertos expongan las opiniones en cabo por lo menos tres asambleas en el municipio en cuestión o las que sean necesarias y suficientes para alcanzar el objetivo de la consulta pro y en contra de un sistema electoral o forma de solucionar la convivencia de los ciudadanos del municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca; la siguiente para que sea la propia asamblea la que exponga sus opiniones generadas al respecto y; la última para que sea realizada la consulta a los ciudadanos, ya sea en una sola ronda de asamblea o las que se determinen, con una votación calificada.

Dicho procedimiento de consulta deberá agotarse en un plazo de sesenta días naturales contado a partir de la emisión de la presente sentencia.

Se apercibe a las autoridades vinculadas que en caso de no cumplir con lo ordenado, este órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias, suficientes y bastantes para cumplir con esta sentencia, por lo que deberán de estar informando mensualmente y con elementos probatorios, sobre todos los actos que han desplegado para cumplir con dicho mandato.

En ese sentido, la referida Sala Superior de manera reiterada, ha sostenido que a fin de cumplir con el principio de tutela judicial efectiva, para el cumplimiento de sus ejecutorias, los órganos jurisdiccionales están en posibilidad de remover todos los obstáculos que la impidan, de acuerdo con el criterio asumido en la tesis XCVII/2001, consultable en la Compilación 1997-2010. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 2, Tomo I, página 1011, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN. (Se transcribe)

Lo anterior es así, puesto que la tutela judicial efectiva, también implica que cualquier falta de reparación supone el incumplimiento de un deber por parte de las autoridades, por lo que la reparación debe garantizar, en la mayor medida posible, la restitución en el goce o ejercicio de los derechos, estando facultado este Tribunal a remover todos los obstáculos existentes y en su caso tomar todas las medidas necesarias así sean extraordinarias.

Séptimo. Notifíquese. Personalmente a la parte actora y a los terceros interesados, mediante oficio a la autoridad responsable y vinculadas con copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 29, apartado 1, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. Por lo expuesto, fundado y motivado, se

R E S U E L V E

Primero. Se reencauzan los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano acumulados, a juicios para la protección de los derechos de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, conforme a lo razonado en el considerando segundo de esta ejecutoria.

Segundo. Se declara substancialmente fundado el agravio hecho valer por la parte actora, en términos de lo razonado en el considerado sexto del presente fallo.

Tercero. Se vincula a las autoridades municipales de San Sebastián Tutla, Oaxaca, para que tenga verificativo la consulta ordenada, en términos del considerando sexto de esta determinación.

Cuarto. Se vincula al cumplimiento de esta sentencia, al Consejo General y a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, ambas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; a la Secretaría de Asuntos Indígenas y a la Secretaría General, ambas de Gobierno del Estado; a la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Unidad Pacífico Sur) y a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quienes deben conforme a sus atribuciones, coadyuvar en la organización, desarrollo y vigilancia del procedimiento de consulta, conforme a lo razonado en el” considerando sexto de esta resolución.

 […]

En cumplimiento a la sentencia mencionada, los medios de impugnación se reencausaron a “juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos interno”, mismos que quedaron identificados con las siguientes claves de expediente:

II.- Juicio electoral y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.- El primero de diciembre de dos mil quince, Galdino Federico Reyes García y Álvaro Vásquez Navarro, en su carácter de “Presidente Municipal y Síndico Municipal respectivamente, en representación del Municipio Indígena de San Sebastián Tutla, Oaxaca”, presentaron, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, ahora Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, demanda de “juicio electoral innominado” en contra del mencionado órgano jurisdiccional, a fin de impugnar la sentencia citada en el apartado seis (6) del resultando que antecede.

Por otra parte, los demás ciudadanos citados en el preámbulo de esta sentencia, presentaron en la Oficialía de Partes del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, ahora Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca sendas demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

III.- Recepción de expedientes en Sala Regional Xalapa.- Por oficio TEEPJO/SGA/575/2015, de cinco de diciembre de dos mil quince, recibido el inmediato día nueve de diciembre, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Xalapa de este Tribunal Electoral, el Secretario General del entonces Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, ahora Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, remitió la demanda de “juicio electoral innominado”, con sus anexos, así como el informe circunstanciado correspondiente.

De igual forma, mediante sendos oficios recibidos en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Xalapa de este Tribunal Electoral, el mencionado funcionario electoral remitió cada una de las demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, precisadas en el preámbulo de esta sentencia, con sus anexos, así como el informe circunstanciado correspondiente.

IV. Acuerdos del Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa. Por proveídos de nueve, once, catorce, diecisiete, veintiuno, veintitrés y treinta de diciembre de dos mil quince, respectivamente, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa de este Tribunal Electoral consideró que ese órgano jurisdiccional no era competente para conocer y resolver la controversia planteada en los medios de impugnación precisados en el preámbulo de esta sentencia, al no estar prevista tal hipótesis en las normas que regulan la competencia de las Salas Regionales; y, en consecuencia, ordenó remitir las constancias atinentes a esta Sala Superior.

V.- Recepción de los expedientes en Sala Superior.- En cumplimiento de los acuerdos precisados en el resultando cuarto (IV) que antecede, mediante oficios TEPJF/SRX/SGA-3174/2015, TEPJF/SRX/SGA-3184/2015, TEPJF/SRX/SGA-3189/2015, TEPJF/SRX/SGA-3203/2015, TEPJF/SRX/SGA-3220/2015 y TEPJF/SRX/SGA-3230/2015, TEPJF/SRX/SGA-3249/2015, de nueve, once, catorce, diecisiete, veintiuno, veintitrés y treinta de diciembre de dos mil quince, respectivamente, recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior los inmediatos días once, catorce, dieciséis, veintiuno, veintitrés y veinticuatro, de dos mil quince y cuatro de enero de dos mil dieciséis, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa remitió las constancias correspondientes del juicio electoral, así como de los diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

VI.- Turno a Ponencias.- Mediante proveídos de once, catorce, dieciséis, veintiuno veintitrés y veinticuatro de diciembre de dos mil quince, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar los medios de impugnación precisados en el preámbulo de esta sentencia, ordenando su turno a las respectivas Ponencias, para los efectos procedentes, conforme a la tabla que se inserta a continuación: