Dictamen de las Comisiones Unidas del Senado con proyecto de decreto que expide la Ley General De Partidos Políticos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes Iniciativas:

  1. De los Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de Grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asociaciones Políticas;
  2. De las Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Electoral; se reforma el artículo 50, incisos I) y m); y se adiciona el inciso n) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:
  3. De los Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que contiene proyecto de decreto que expide la Ley General de Partidos Políticos;
  4. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos.

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General: así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 183 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

 

METODOLOGÍA

  1. En el capítulo de "ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción de los turnos para la elaboración del dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.
  2. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS",

se sintetizan los instrumentos legislativos referidos.

 

  1. En el capítulo “'ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS", se establecen los criterios para agrupar los contenidos de las Iniciativas por temas, con el propósito de facilitar el trabajo de análisis y dictamen.
  2. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan las razones que sustentan la valoración de las Iniciativas, los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras y, en su caso, la propuesta de modificación correspondiente.

VI. En el capítulo de "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", se plantea el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO.

  1. Con fecha 19 de marzo de 2014, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron al Pleno del Senado de la República la Iniciativa, con aval de Grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asociaciones Políticas. En esa misma fecha la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, la Iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

Con fecha 27 de marzo de 2014, la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 181 del Reglamento del Senado de la República, acordó modificar el turno de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asociaciones Políticas, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 19 de marzo de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, comunicándolo mediante oficio No. DGPL-2P2A.-2967 para su análisis y dictamen.

Con fecha 22 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, acordó ampliar el turno de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asociaciones Políticas, presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 19 de marzo de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, comunicándolo mediante oficio No, DGPL-2P2A.-4122 para su análisis y dictamen.

  1. Con fecha 26 de marzo de 2014, las Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron al Pleno del Senado de la República la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Electoral; y se reforma el artículo 50, incisos I) y m)¡ y se adiciona el inciso n) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esa misma fecha la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, la Iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

Con fecha 3 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, acordó ampliar el turno de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Electoral, y se reforma el artículo 50, incisos I) y m); y se adiciona el inciso n) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por las Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, el 26 de marzo de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, comunicándolo mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3460 para su análisis y dictamen.

  1. Con fecha V de Abril de 2014, los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno del Senado iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. En esa misma fecha la Mesa Directiva la turnó para su análisis y dictamen correspondiente, a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

Con fecha 22 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, acordó ampliar el turno de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 1 de abril de 2014, para quedaren las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y dé Estudios Legislativos Segunda, comunicándolo mediante oficio No. DGPL-2P2A.-4122 para su análisis y dictamen.

  1. Con fecha 21 de abril de 2014, las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentaron ante el Pleno del Senado de la República iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. En esa misma fecha la Mesa Directiva la turnó para su análisis y dictamen correspondiente, a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

Con fecha 22 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, acordó ampliar el turno de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el 21 de abril de 2014, para quedaren las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, comunicándolo mediante oficio No. DGPL-2P2A.-4122

para su análisis y dictamen.

  1. Iniciativas turnadas a las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
  1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 25 de octubre del 2012, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presento Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman y adicionan el artículo 12, numeral 2; el artículo 18, numeral 1, inciso b; el artículo 32, humerales 1 y 3; y el artículo 101, numeral 1, fracciones b y c del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó turnar a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, la Iniciativa en mención, para su análisis y dictamen correspondiente. Con fecha 05 de febrero de 2013, la Mesa Directiva emitió excitativa para la presentación deí dictamen correspondiente. Con fecha 08 de noviembre del 2012, la Mesa Directiva acordó autorizar una prórroga hasta por la mitad del plazo para la elaboración del dictamen sobre la Iniciativa en estudio. Con fecha 14 de febrero del 2013, la Mesa Directiva acordó autorizar una segunda prórroga hasta por la mitad del plazo que marca el párrafo 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado, como lo permite el párrafo 3 del mismo artículo para la elaboración del dictamen sobre la Iniciativa en mención.
  2. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 13 de noviembre del 2012 los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24, numeral 1, inciso b) y 28, numeral 1, fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, la presente Iniciativa, para su análisis y dictamen correspondiente. Con fecha 08 de noviembre del 2012, la Mesa Directiva acordó autorizar una prórroga hasta por la mitad de! plazo para la elaboración del dictamen sobre la Iniciativa en estudio. Con fecha 14 de febrero de! 2013, la Mesa Directiva acordó autorizar, de manera extraordinaria, por única vez, una prórroga para la presentación del dictamen correspondiente, hasta por la mitad del tiempo regular, como lo permite el párrafo 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado.
  3. En sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2013, el Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, presentó la iniciativa en comento. En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. Con fecha 29 de abril de 2013, la Mesa Directiva emitió excitativa para que se presente el dictamen correspondiente,
  4. En sesión celebrada en el Senado de la República el día 07 de noviembre de 2013, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular un registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, acordó turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. Con fecha 04 de febrero de 2014, la Mesa Directiva emitió excitativa para presentar el dictamen correspondiente.
  5. En sesión celebrada en el Senado de la República el día 03 de abril de 2014, el Senador Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso h) al artículo 27 y se reforma el inciso i) del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esa misma fecha, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
  6. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de le República, el día 08 de abril de 2014, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Graciela Ortiz González, del Partido del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Angélica de la Peña Gómez, .del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género en candidaturas a puestos de elección popular. En esa misma fecha, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
  1. Con fecha 12 de noviembre de 2013, la Senadora, Layda Sansores San Román, del partido Movimiento Ciudadano, presentó al Pleno del Senado de la República la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. En esa misma fecha la Mesa Directiva, mediante oficio No.DGPL-1P2A.-4H1, turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda; la Iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.
  2. Con fecha 3 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante oficio número No. DGPL-2P2A.-3448, comunicó la aprobación del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores por el que se establecen criterios para la recepción, dictamen y programación de los trabajos para el análisis de las Iniciativas y proyectos de decreto sobre las materias de telecomunicaciones, competencia económica, política-electoral, política del Distrito Federal y energética.
  1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS
  1. Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que expide la Ley General de Asociaciones Políticas.

Se dispone que esta Ley sea de orden público, para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Dentro del objeto de la ley se establece que esta reglamenta las normas constitucionales relativas al derecho de los ciudadanos mexicanos de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, la organización y función de las asociaciones políticas nacionales y estatales y a la constitución, registro, derechos y prerrogativas de las asociaciones políticas nacionales.

DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA

En el Titulo Segundo se describen los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos.

A su vez, se señala que las organizaciones civiles, sociales, gremiales, corporativas o con objeto social distinto al previsto en la presente Ley, no podrán participar o formar parte en la constitución y funcionamiento de las asociaciones políticas previstas en esta Ley.

Así mismo, se dispone que las asociaciones políticas podrán establecer comités de residentes en el extranjero, que deberán sujetarse a las Leyes del país en el que residan y a la presente Ley para participación en los asuntos públicos de México.

De la misma manera, esta Ley establece la garantía de que las asociaciones políticas, como organizaciones de ciudadanos, cuenten con libertad de auto-organización y autodeterminación.

Se describen los fines de los partidos políticos. En lo que corresponde a las agrupaciones políticas, se señala que tendrán los mismos fines que los partidos políticos, sin embargo, sólo podrán participar en los procesos electorales mediante acuerdo con un partido político.

 

Se establece que las asociaciones y partidos políticos incorporarán a integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para la selección de candidaturas.

Esta iniciativa señala los supuestos de quiénes no podrán actuar como representantes de las asociaciones políticas.

En lo que se refiere a la constitución de los partidos y agrupaciones políticas, se establece que los ciudadanos que pretendan dicho acto, deberán obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral, en cuanto a la constitución de un partido político o agrupación política estatal, deberán obtener su registro ante el organismo público electoral que corresponda.

En cuanto a la actividad que desempeñará el Instituto Nacional Electoral, entre otras, se indica que éste vigilará que las actividades de las asociaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley.

A su vez, señala que los miembros de los partidos y agrupaciones políticas deberán contar con igual derechos y obligaciones.

Se describen los derechos que las asociaciones políticas deberán contemplar para hacia sus afiliados.

En ese contexto la iniciativa establece que en ningún caso se podrá estar afiliado en más de una asociación política con o sin registro.

Se marcan las obligaciones de los afiliados a los partidos políticos y agrupaciones políticas.

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En este Título Tercero se señala que para el registro como partido político, los ciudadanos asociados deberán cumplir con el número de afiliados y demás requisitos previstos en el presente título y solicitar su registro ante el Instituto Nacional Electoral en el caso de partidos políticos nacionales y ante el Órgano Público Local Electoral, correspondiente tratándose de partidos políticos locales.

En ese contexto, para obtener el registro de partido político o agrupación política nacional o estatal, formularán una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los Estatutos que normen sus actividades.

Se señalan los requisitos que deberá contener la declaración de principios.

 

Así mismo, se describen los objetivos del programa de acción.

Se describen los requisitos que deberán contar los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos.

Además, la Ley que se describe, señala que en el caso de las agrupaciones políticas, los Estatutos establecerán instancias para la administración del patrimonio y para la resolución de las controversias internas en una sola instancia, considerando mecanismos de conciliación y autocomposición.

En lo que corresponde a la obtención de registro como partido político nacional, se estipula que los ciudadanos asociados acreditarán contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien, tener trescientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales. Así mismo, se señala que bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal al momento de emitirse la convocatoria de registro.

Se describe el procedimiento que deberán seguir los ciudadanos interesados en constituir un partido político.

Con relación a la obtención del registro de partido político estatal, la asamblea de solicitantes deberá acreditar que cuenta con afiliados en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad federativa, con un número total de sus afiliados en la entidad federativa que no podrá ser inferior al 1.5 por ciento del padrón electoral de la entidad federativa que haya sido utilizado en la elección ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Se describe el procedimiento que deberá seguirse para la conformación de un partido político estatal.

Sobre la obtención de registro de una agrupación política, esta Ley señala que los interesados deberán contar con afiliados, en cuando menos la mitad de las entidades federativas, con un número total mínimo de afilados equivalente al 0.05 por ciento del padrón electoral nacional al momento de emitirse la convocatoria de registro de asociados en el país.

Se describe el procedimiento para constituir una agrupación política nacional.

 

En lo que corresponde a las asociaciones políticas, se describen las causas por las cuales estas pueden perder su registro.

 

En ese contexto, la pérdida del registro será declarada por el Instituto Nacional Electoral en el caso de partidos y agrupaciones políticas nacionales y el Órgano Público Local Electoral que corresponda en caso de partidos y agrupaciones locales.

La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.

A su vez, se propone que el patrimonio de los partidos políticos está compuesto por los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de sus fines. Estos a la vez, son inembargables e imprescriptibles; sus prerrogativas son inembargables.

En ese contexto se establece que los partidos políticos nacionales, están obligados a inscribir los bienes inmuebles que adquieran y posean en el Registro                      Público de Inmuebles

del Instituto Nacional Electoral. El órgano técnico de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de las asociaciones políticas que pierdan su registro legal, para esos efectos se estará a lo dispuesto por esta Ley.

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS.

En este Título Cuarto se dispone los derechos y obligaciones de los partidos políticos, mismos que se describen en esta norma jurídica.

 

Los partidos políticos en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar el acceso a toda persona a la información en su posesión.

A su vez, se señala que los partidos políticos contarán y designarán con unidades de enlace que tendrán las funciones descritas en la misma.

Con 1o que refiere a las agrupaciones políticas, se establece que éstas contarán con los derechos y prerrogativas que no estén relacionados con la participación directa en los procesos electorales y las prerrogativas propias de los partidos en materia de financiamiento público y acceso a la radio y televisión.

 

 

Así mismo, las agrupaciones políticas tendrán las mismas obligaciones que los partidos políticos, de conformidad con su capacidad económica y la posibilidad de participación indirecta en los procesos electorales.

En lo que respecta a los asuntos internos de los partidos y agrupaciones políticas, éstas comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, en esta Ley, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Se describen cuales son, para efectos de esta Ley, tos asuntos internos para la auto­determinación y auto-organización de los partidos políticos.

DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS.

Dentro de este Título Quinto se establece que los órganos de representación y dirección o ejecutivos de las asociaciones políticas deberán renovarse de manera periódica, ningún ciudadano podrá ocupar o permanecer en un cargo o desempeñar las mismas funciones durante un periodo máximo de seis años.

A los cargos de dirección o ejecutivos les será aplicable el principio de no reelección inmediata para efectos de rotación y renovación.

En los procesos de selección interna de dirigentes y de candidaturas a cargos de elección popular, deberá emitirse con suficiente anticipación una convocatoria en la que deberá especificarse lo dispuesto en este ordenamiento.

Así mismo, se establece que los partidos políticos deberán seleccionar sus candidatos a puestos de elección popular mediante las modalidades de voto directo de sus afiliados o simpatizantes, o indirecta en asambleas de representantes. Los afiliados y simpatizantes de los part:idos políticos tendrán derecho a participar para la postulación de candidaturas a puestos de elección popular, en los términos de las normas previstas en la Constitución General, y en las leyes que rijan la vida interna de los partidos políticos.

En ese contexto, los partidos políticos deberán establecer en sus Estatuto, el o los órganos Internos facultados para la organización de los procesos de selección de sus candidaturas.

DE LA JUSTICIA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Dentro de este Título Sexto, se dispone que los partidos políticos establezcan un sistema de justicia interna cuyo objeto será garantizar que los actos y resoluciones de sus autoridades internas se sujeten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, así como la definitividad de las etapas de los procesos de selección interna de candidatos y dirigentes, y la protección de los derechos políticos de sus militantes, En ese contexto, se establece que el sistema de justicia intra partida ha será bi instancia! en aquellos casos en que el acto o resolución reclamada provengan de órganos partidistas de las entidades federativas y municipios. Será uninstancial en aquellos casos en que combatan actos o resoluciones de los órganos nacionales de los partidos políticos.

 

En ningún caso la interposición de los medios de impugnación intrapartidarios producirá efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada.

 

En ese contexto, esta norma jurídica descrita propone que a falta de disposición expresa, para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación, será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A su vez, este ordenamiento dispone que los partidos políticos cuenten con un órgano encargado del ejercicio del sistema de justicia interna, autónomo de los órganos de dirección y representación.

En cada entidad federativa se instalará un órgano de justicia interna que funcionará cuando tengan verificativo procesos locales de selección de partidos políticos o candidatos. Serán integrados conforme lo establezcan los Estatutos del partido.

Esta Ley establece, además, que los procedimientos dispuestos en los estatutos con relación a los medios de impugnación deberán considerar lo establecido en esta Ley,

En este mismo capítulo, se describe el procedimiento a realizar en caso de establecer algún medio de impugnación. Asi como las etapas procesales, mismas que deberán estar establecidas en los estatutos.

A su vez, los procedimientos disciplinarios intrapartidarios deberán garantizar el cumplimiento de las garantías de procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, tipificación de las irregularidades, proporcionalidad en las sanciones, motivación de las resoluciones y competencia de los órganos sancionadores.

DE LAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES.

En este capítulo se señala que dos o más asociaciones políticas podrán fusionarse para constituir una nueva, o para incorporarse en una de ellas. Los términos del acuerdo de fusión, deberán quedar consignado en un convenio en el que invariablemente se establecerán las características de la incorporación o de la nueva asociación política; precisando qué personalidad jurídica subsiste; y qué asociaciones políticas quedarán fusionadas.

 

Durante el proceso electoral no podrá iniciarse o aprobarse convenios de fusión.

Dos o más agrupaciones políticas nacionales o estatales podrán fusionarse entre sí para constituir una nueva agrupación o para buscar su registro como partido político. Las afiliaciones a la nueva asociación deben realizarse de manera libre, personal e individual.

En lo que respecta a los frentes este ordenamiento señala que las asociaciones políticas podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.

Es así, que para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar su duración, las causas que lo motiven, los propósitos que persiguen y el monto y características de las aportaciones de cada uno de los integrantes, así como el mecanismo para su administración.

En ese contexto, esta Ley refiere que los partidos políticos y agrupaciones políticas que integren un frente, conservarán su registro, personalidad jurídica, e identidad.

En lo referente a las coaliciones, esta Ley establece que los partidos políticos podrán formar coaliciones para las elecciones federales, locales y para la postulación de cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa.

A su vez, se establece que los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos forman parte.

Así mismo, se señala que las candidaturas independientes no podrán participar en las coaliciones ni constituir candidatura común.

Dos o más partidos políticos podrán celebrar y registrar un convenio de coalición por tipo de elección o el conjunto de las mismas en un proceso electoral. Las coaliciones deberán ser uniformes, por lo que en un proceso electoral federal o local, ningún partido político podrá participar en más de una coalición.

Se denominará coalición total, a aquella coalición que postule candidato a Presidente de la República, o candidato a Gobernador de un Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que comprenderá, obligatoriamente, la totalidad de las candidaturas en el ámbito que corresponda.

 

Tendrá el mismo carácter la coalición en la que dos o más partidos se coaligan en todas las candidaturas a diputados y senadores en el ámbito federal, o diputados locales por lo que deberán coaligarse en las otras elecciones del ámbito federal o local, según corresponda.

A su vez, se establece que dos o más partidos políticos podrán postular candidatos en una sola coalición flexible al menos en el veinticinco por ciento de las candidaturas de senadores, diputados federales o locales en un mismo proceso electoral.

Para el registro de la coalición los partidos políticos deberán acreditar que la coalición, su plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno, fue aprobada por la asamblea general u órgano equivalente que establezcan los Estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados.

DEL FINANCIAMIENTO, PRERROGATIVAS Y RÉGIMEN FISCAL DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS.

En este Título Octavo, se señalan cuales son las prerrogativas de los partidos políticos para efectos de esta Ley.

A su vez, se señala que las agrupaciones políticas tendrán acceso a las prerrogativas fiscales, postales y de financiamiento conforme a la disponibilidad presupuestaria y en los términos del reglamento de financiamiento y fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Sólo los partidos políticos y candidaturas independientes podrán recaudar y hacer uso de recursos para las campañas electorales.

En lo que corresponde a! financiamiento de los partidos políticos, esta Ley señala las modalidades que tendrá el régimen de financiamiento de los partidos políticos.

Se señalan las personas que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

El Instituto Nacional Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal.

 

Así mismo, se señala cual será la manera de distribución de la formula antes mencionada.

El financiamiento público para gastos de campaña de los partidos políticos nacionales, se otorgará conforme a las reglas establecidas en esta Ley.

Eí financiamiento público de los partidos políticos nacionales por actividades específicas como entidades de interés público, se otorgará conforme a las reglas dispuestas por este ordenamiento.

Los partidos políticos nacionales que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases aplicables en esta norma jurídica.

Se establecen las modalidades del financiamiento que no provenga del erario público.

Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados o simpatizantes por una cantidad superior al veinte por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior.

Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México: cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las reglas definidas por esta Ley.

En lo que corresponde a las franquicias postales, éstas estarán sujetas a las reglas que marca esta Ley.

En materia de acceso a la radio y televisión, esta Ley dispone que los partidos políticos al hacer uso de esta prerrogativa, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales.

A su vez, señala que los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros; así como las candidaturas independientes durante las campañas electorales, en la forma y términos establecidos en la Constitución General, esta Ley y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

 

El tiempo en radio y televisión que administra el Instituto Nacional Electoral como prerrogativa de los partidos políticos con objeto distinto a las campañas electorales, del total asignado se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria.

 

En materia de régimen fiscal, esta Ley señala que las asociaciones políticas no son sujetos de los impuestos y derechos descritos en ese ordenamiento.

En ese contexto, se estipula que las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto Sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.

DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS.

El Título Noveno refiere que el Instituto Nacional Electoral vigilará el cumplimiento de las normas en materia de origen y destino de los gastos realizados en materia político- electoral y conforme al principio de máxima transparencia en el uso de recursos y para las actividades de los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos de partidos políticos e independientes, para ello contará con los elementos establecido en esta Ley.

A su vez, se establece que los partidos políticos deberán presentar informes del origen, monto, destino y aplicación de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Los informes relativos a los gastos ordinarios deberán ser presentados ante el órgano técnico de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, serán presentados a más tardar el último día del mes de marzo del año siguiente del ejercicio que se reporte, de acuerdo con lo señalado en esta Ley.

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.

Por último, el Título Décimo señala que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas, sus representantes, sus candidatos, miembros o simpatizantes señaladas en las leyes se sancionará en los términos de las leyes electorales y del presente ordenamiento.

Se menciona quienes son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones de esta Ley.

 

Se señalan las infracciones cometidas por partidos políticos.

Se indican las infracciones cometidas por las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un partido político.

A lo que corresponde al tema del procedimiento sancionador en materia de financiamiento. esta Ley dispone que son órganos competentes para la tramitación y resolución de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, y en su caso de las agrupaciones políticas el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El órgano competente para tramitar, substanciar y formular el proyecto de resolución relativo a las quejas a que se refiere el párrafo anterior será la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la que podrá solicitar la colaboración de la Secretarla o, por su conducto, la de los órganos desconcentrados del Instituto.

A falta de disposición expresa en el presente capítulo, serán de aplicación supletoria, en lo conducente, las reglas de sustanciación y resolución del procedimiento sancionador previsto en los capítulos segundo y tercero del presente título y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Se señalan las causas de improcedencia hacia la queja o denuncia.

Se establece el momento en que la queja o denuncia sobreseen.

El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se realizará de oficio. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Secretaría elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.

Por último esta Ley indica el procedimiento que llevará la aceptación y hasta la resolución de la queja o denuncia.

  1. Iniciativa de los Grupos Parlamentarlos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General Electoral.

Se hace la aclaración, que del contenido de esta iniciativa sólo se retoma para efectos de su análisis el apartado de Partidos Políticos, ya que por Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma dei Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, el contenido del Decreto por el que se Expide la Ley General Electoral se dividió en tres secciones mismos que formarán parte de las Leyes Generales que por materia serán expedidas en los Dictámenes respectivos. A saber, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, y Ley General de Delitos Electorales.

 

Los senadores del GPPRI y del GPPV, basan su iniciativa fundamentalmente en lo dispuesto por el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014, derivada del Pacto por México suscrito por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, con los dirigentes nacionales de los tres principales partidos políticos del país, el pasado 2 de diciembre de 2012,

Expresan, que con la reforma constitucional se atendieron cinco compromisos establecidos en el Pacto por México: el marcado con el número 87, relativo a los gobiernos de coalición; el 88 concerniente a la fecha de la toma de protesta del Presidente de la República; el 89 por lo que se refiere a las bases para una nueva Ley General de Partidos; el 90 relativo a los temas de reforma electoral; y el 94 referente a la reelección de legisladores federales y locales.

En ese mismo decreto, se establece un régimen transitorio que obliga al Congreso de la Unión a expedir, a más tardar el 30 de abril de este año, nuevas leyes generales en las siguientes materias:

  • Organismos Electorales;
  • Procesos Electorales;
  • Partidos Políticos, y
  • Delitos Electorales.

Los principales elementos en materia electoral de esta importante reforma constitucional fueron los siguientes:

  1. En materia de partidos políticos:

 

  • Los derechos, obligaciones y prerrogativas, así como las reglas para integrar los órganos de representación política.
  • Propone que los partidos deberán garantizar la paridad de los géneros en sus candidaturas.
  • Los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones locales y municipales.
  • Contempla aportaciones de militantes.

Asimismo, garantiza el derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales de los candidatos independientes, asimismo, incluye a éstos en los tiempos destinados a los partidos durante las campañas, y su distribución, en elecciones federales y locales y también se les prohíbe la contratación de tiempos distintos, por sí o por terceros, así como a desarrollar campañas calumniosas.

 

  1. En materia de organismos y procesos electorales:

Se creó el Instituto Nacional Electoral, que sustituye al Instituto Federal Electoral y el cual ejercerá sus facultades y, además, realizará otras que fortalecen su participación en la organización de elecciones locales y su relación con los organismos electorales estatales.

El Consejo General es su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero Presidente y diez consejeros electorales; electos de manera escalonada por la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años sin reelección.

Se estableció la máxima publicidad entre los principios rectores del Instituto.

Se establece la Oficialía Electoral, con fé pública para actos de naturaleza electoral.

  1. Se señalan las atribuciones del Instituto en materia de:
  • Procesos electorales federales y locales;
  • Participación, organización, asunción y delegación de funciones en elecciones locales, y
  • La facultad del Instituto para atraer asuntos de la competencia electoral local, por su trascendencia o para sentar criterio de interpretación.

El nuevo Instituto podrá organizar las elecciones internas de los dirigentes de los partidos políticos a petición de los propios partidos quienes solventarán los gastos de organización con cargo a sus prerrogativas.

Se incorporan las bases para las elecciones locales a cargo de los organismos públicos locales, y las materias en que ejercerán funciones, así como la intervención que habrá de tener el Instituto.

El Instituto nombrará y removerá a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos electorales locales.

Se prevé la creación de un Servicio Profesional Electoral Nacional que incluirá al personal ejecutivo y técnico tanto del Instituto como de los órganos locales.

El Instituto llevará la fiscalización de los partidos a partir de la revisión de su contabilidad en tiempo real y difundida en medios electrónicos, con criterios homologados de contabilidad pública. Se establece el principio de máxima publicidad de la contabilidad de los partidos.

Se remite a la Ley el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales, por violaciones graves, dolosas o determinantes, y los casos respectivos.

Se eleva del 2 al 3% del total de la votación emitida el umbral para mantener el registro de los partidos políticos y para que éstos participen en la asignación de diputados de representación proporcional.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocerá los casos que le remita el Instituto por violaciones a las disposiciones constitucionales: sobre propaganda política y electoral, así como por actos anticipados de precampaña o de campaña y, en su caso, determinará las sanciones correspondientes.

  1. Las Constituciones y leyes locales electorales, garantizarán que:

Las elecciones locales y municipales tengan lugar el primer domingo de junio del año que corresponda.

Se incorpore como principio rector del ejercicio de la función electoral, el de máxima publicidad.

Autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades competentes para la organización de las elecciones y las jurisdiccionales en la materia.

Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

El Consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General de! Instituto.

Los consejeros electorales locales durarán en su encargo un período de siete años y sin reelección, podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto.

Las autoridades electorales jurisdiccionales se integren por un número impar de magistrados, y serán electos por la Cámara de Senadores.

 

Las autoridades electorales cuenten con servidores públicos investidos de fe pública para dar fe de actos de naturaleza electoral.

Las impugnaciones que realice el Instituto con motivo de las elecciones locales, sean resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Se establezca la posibilidad de que los organismos públicos electorales locales puedan convenir con el Instituto para que éste organice las elecciones locales.

El partido político local obtenga al menos, el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para conservar su registro. Esto no aplica a partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales.

Se establezcan criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos precampañas, campañas electorales y montos máximos para las aportaciones de militantes y simpatizantes.

Existan reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, y las sanciones respectivas.

La duración de las campañas sea de sesenta a noventa días para Gobernador y de treinta a sesenta días para diputados locales o ayuntamientos (las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las electorales).

Se regule el régimen aplicable a los candidatos independientes, financiamiento público y acceso a la radio y la televisión conforme a la Constitución y las leyes correspondientes.

Al menos, una elección local se realice en la misma fecha de las elecciones federales.

Las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la reforma constitucional obligó al Congreso de la Unión a expedir en un plazo perentorio, 30 de abril de 2014, nuevas normas que tendrán el carácter de leyes generales: de Organismos Electorales, de Procesos Electorales, de Partidos Políticos y de Delitos Electorales.

Los promoventes, senadores del Grupo Parlamentario del PRl, advierten que, la reforma constitucional en materia política-electoral es de una profundidad y de un alcance notable y obliga, por tanto, a una legislación secundaria que contribuya a la adecuada instrumentación de dicha reforma y al cumplimiento cabal de los objetivos que animaron las modificaciones a la Ley Fundamental.

 

Los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM manifiestan que esta nueva legislación normará aspectos diversos de las elecciones bajo criterios similares que aplicarán tanto para elecciones federales como locales, pues son materias concurrentes.

En razón de ello, consideran que para dar cabal cumplimiento a lo establecido por la reforma constitucional en materia política-electoral, resulta más conveniente hacerlo a través de una propuesta integral que incluya las materias que describe el Artículo Segundo Transitorio dei Decreto, es decir, todas las normas que regularán lo concerniente a los partidos políticos nacionales y locales, así como el sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten ios partidos políticos, las coaliciones y los candidatos: los organismos y procedimientos electorales, y las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales e incluso lo concerniente a los delitos electorales.

En tal sentido, proponen la expedición de la Ley General Electoral, misma que contiene la propuesta integral de la legislación secundaria en materia electoral, argumentando en ello que al incorporar las diferentes materias que regulan la materia electoral en un solo ordenamiento, se evita la dispersión normativa y abona a la unificación del marco jurídico para estandarizar a nivel nacional los requisitos, procedimientos y plazos que deben atenderse, además de que facilitará su instrumentación y aplicación al Instituto y a los organismos públicos locales electorales.

En cuanto al contenido de la Ley los proponentes expresan lo siguiente:

La Iniciativa plantea que la Ley sea de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables y distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos nacionales y locales, órganos electorales, procesos electorales y delitos electorales.

Se faculta al Instituto y a los organismos locales en el ámbito de su competencia, para que dispongan lo necesario en cuanto al contenido y alcance de la Ley para asegurar su cumplimiento.

Se propone que la interpretación de la Ley corresponde al Instituto y al Tribunal Electoral en el ámbito de sus respectivas competencias, observando los criterios gramatical, sistemático y funcional, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Como es característico de una Ley General, la Iniciativa propone la distribución de competencias entre el Instituto y los organismos electorales locales.

  1. En materia de partidos políticos nacionales y locales, se plantea que la Ley General establezca;

Los requisitos mínimos para constituir un partido político, sus derechos y obligaciones, así como el contenido de sus documentos básicos, los órganos internos mínimos con que deberán contar y los lineamientos básicos de los procedimientos internos para su integración y los mecanismos alternativos de solución de controversias.

La facultad de los partidos políticos para que puedan solicitar al Instituto la organización de la elección de sus dirigentes con base en su normatividad interna y con cargo a sus prerrogativas.

Los derechos y obligaciones mínimos de los militantes.

La distribución del financiamiento público délos partidos políticos.

Las modalidades del financiamiento privado de los partidos políticos y mecanismos de consulta a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre lajicitud de las aportaciones y las reglas para el régimen financiero y el sistema de contabilidad de los partidos, así como los procedimientos de fiscalización de sus ingresos y egresos.

La creación de la Comisión de Fiscalización integrada por 5 consejeros electorales para que sea la instancia responsable de la fiscalización.

La creación de un Órgano Técnico de Fiscalización cuyas actividades están supeditadas a la Comisión de Fiscalización, con plena independencia para el desarrollo de los procesos de investigación.

Lo referente a los frentes, coaliciones y fusiones, pérdida del registro y liquidación del patrimonio de los partidos y el régimen sancionador.

  1. Por lo que hace al régimen transitorio la propuesta, plantea lo siguiente:

Que los asuntos que a la entrada en vigor de la Ley se encuentren en proceso se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron.

 

El plazo para que el Congreso de la Unión y los congresos locales adecúen el marco jurídico-electoral.

El plazo para que el Instituto dicte las disposiciones necesarias para hacer efectivas lo establecido en la Ley.

El plazo para que los partidos políticos adecúen sus documentos básicos y demás reglamentación interna a lo previsto en la Ley y en las demás disposiciones legales aplicables.

Mandatar al Instituto para promover la suscripción de un convenio en materia de educación cívica, con los organismos públicos locales sugiriendo las políticas generales y proponiendo contenidos.

La estructura de ía Iniciativa contiene 186 artículos comprendidos en 4 Libros, conforme a lo siguiente:

  •  Libro Primero (Disposiciones Generales): 5 artículos.
  •  Libro Segundo (De los partidos políticos): 83 artículos.
  • Libro Tercero (De los organismos y procedimientos electorales): 82 artículos.
  • Libro Cuarto (De los delitos electorales): 16 artículos.
  • Régimen Transitorio: 18 artículos.

Finalmente, las senadoras y senadores del PRl y PVEM expresan su convencimiento que con una Ley General, se atenderán, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito local los propósitos de la reforma política-electoral, así como, se perseverará en la visión y en la práctica codificadora que tan buena experiencia ha tenido en nuestra tradición electoral y facilitará el establecimiento más idóneo y eficaz del nuevo sistema electoral nacional que se deriva de la reforma constitucional en la materia.

  1. Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que expide la Ley General de Partidos Políticos.

Esta iniciativa se integra por 6 libros distribuidos en 19 títulos, 11 capítulos que contienen un total de 87 artículos.

Disposiciones generales.

Dentro del Libro Primero los promoventes-establecen el objeto de la ley, el cual consiste en regular los derechos de los ciudadanos a formar partidos políticos y participar activamente en ellos; los requisitos para su constitución, registro y organización; las formas de participación política, así como el régimen de fiscalización y sanciones.

 

A su vez dentro del contenido de este Libro Primero se establecen las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley, dentro de las cuales se encuentra el Instituto Nacional Electoral, como autoridad administrativa así como el Tribunal Federal Electoral de Poder Judicial de la Federación, como autoridad jurisdiccional. También se establece la supletoriedad de lo no previsto por esta Ley, será interpretado con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Derechos de afiliación y asociación en los Partidos Políticos.

En el Libro Segundo, correspondiente a los derechos de afiliación y asociación en los Partidos Políticos," se contempla un catálogo de derechos político-electorales, entre los que se reconoce el derecho a la asociación y la igualdad de votar y ser votado, en las mismas condiciones y sin distinciones de género.

Asimismo los proponentes establecen en su iniciativa los lineamientos para la afiliación a un partido político, destacándose la prohibición de una persona de afiliarse a dos o más partidos de manera simultánea.

Se establecen también los derechos mínimos de los ciudadanos afiliados a un partido político, mismos que deberán estar contenidos en los estatutos de los partidos y de los cuales destacan, la participación directa o indirectamente en asambleas, consejos o equivalentes en los que se aprueben o modifiquen documentos básicos, se nombren a dirigentes y candidatos de elección popular, o cuando se establezcan mecanismos de participación electoral; otros derechos consagrados son los de postularse como candidato a cargo de elección popular, así como refrenar o renunciar a su condición de afiliado.

Por último en éste Libro Segundo, se establece que los estatutos de los partidos políticos contendrán las obligaciones mínimas de los afiliados. Además, se prevé que el afiliado sea responsable solidario cuando, por una conducta dolosa imputable a él, se genere la imposición de una sanción económica al partido político.

Partidos políticos.

El Libro Tercero define la naturaleza de los partidos políticos como entes de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es la promoción de la participación de los ciudadanos en la vida democrática del país y haces posible el acceso al poder público. Asimismo se realiza la distinción entre partidos políticos nacionales y locales.

 

En este libro se establecen los requisitos que deberán observarse para la constitución y registro de Partidos Políticos. Para poder contar con registro se deberá de contar con un mínimo de tres mil afiliados en cada una de por lo menos veinte entidades federativas, en el caso de los partidos nacionales o bien tener trescientos afiliados en cada uno de por lo menos doscientos distritos electorales uninominaies. En total, el número de militantes no podrá ser inferior al 0.26 de los electores. Por otro lado, los partidos políticos locales, para obtener su registro, requerirán contar con representación en al menos dos terceras partes de los distritos locales, el número total de afiliados a dicha institución política deberá de ser, al menos, del uno por ciento de los electores de la entidad de que se trate.

A su vez los proponentes establecen un listado de derechos y obligaciones de los partidos políticos, Dentro de los primeros destacan el de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como obtener acceso al financiamiento, tanto público como privado para el ejercicio de sus actividades.

Respecto de sus obligaciones, se establece que los partidos, deberán de mantener actualizados sus padrones de afiliados, mismos que deberán ser entregados al Instituto Nacional Electoral; es obligación de los partidos políticos garantizar las normas de equidad y género en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular, sostendrán, por lo menos, un centro de formación política; además, se abstendrán, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que calumnie a las instituciones, a los partidos o a las personas.

En materia de transparencia y acceso a la información, se establecen diversas disposiciones, dentro de las cuales destaca que los partidos deberán contar con un apartado específico dentro de sus sitios electrónicos con información actualizada sobre su normatividad interna; versiones públicas de su padrón de afiliados, informes de ingresos y gastos tanto ordinarios como de precampaña y campaña; los índices de sus expedientes clasificados como reservados, entre otros aspectos.

Ahora bien, la iniciativa, contempla ios requisitos mínimos respecto a la estructura orgánica de los partidos políticos, los cuales deberán contar con: una Asamblea General; comités nacionales o estatales; un órgano nacional o estatal, según sea el caso, responsables de; a) la administración del patrimonio del partido, de b) educación y capacitación cívica; c) impartición de justicia; d) defensa de derechos de los afiliados; e) preparación y desarrollo de los procesos internos para la elección de dirigentes y representantes populares.

Por otra parte, se establece un catálogo de los asuntos internos de los partidos políticos, de conformidad con lo previsto por el artículo 41, base I de la Constitución Política, entendidos como el conjunto de actos y procedimientos relativos a la organización y funcionamiento del propio partido.

 

Asimismo, se establecen reglas que los partidos deberán observar para la realización de los procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, así como de dirección dentro del partido. Dichos procedimientos deberán realizarse de forma democrática y en el manejo de recursos se deberán apegar a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Por otra parte, los partidos políticos deberán establecer procedimientos de justicia intrapartidaria, en los que se incluirán mecanismos alternativos de solución de controversias, a fin de privilegiar la conciliación entre las partes evitando la intromisión de las autoridades administrativas o jurisdiccionales correspondientes, siempre que no se vulneren los derechos humanos previstos en la Constitución,

A cargo de los procedimientos de justicia intrapartidaria, se constituirá un órgano nacional, cuyas determinaciones se tomarán de manera colegiada. De esta manera, se busca fortalecer el ámbito interno de los partidos y a su vez, reducir las cargas de trabajo de las autoridades electorales.

También se reconoce que con el objeto de armonizar la obligación de los institutos políticos de registrar hasta el cincuenta por ciento de candidaturas de mujeres, y ante la necesidad de focalizar recursos para la capacitación, promoción y formación de aspirantes y candidatas a cargos de elección popular, la presente iniciativa propone ampliar del dos al tres por ciento el de las actividades específicas del financiamiento público ordinario que deberá destinarse por cada partido político.

Respecto al acceso a ia radio y a la televisión, la iniciativa establece el derecho de los partidos políticos, precandidatos y candidatos a utilizar de manera permanente los medios de comunicación social a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa. A su vez se establece la prohibición de contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales.

Asimismo, establece que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado, en radio y televisión. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos en los términos que disponga la Constitución y Ley Electoral.

 

Financiamiento y fiscalización.

Respecto al financiamiento de los partidos políticos, la iniciativa contempla que prevalecerá el público sobre otros tipos de financiamiento, los cuales pueden ser aportados por la militancia; por simpatizantes; por autofinanciamiento, así el derivado de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

A cargo de la fiscalización de los medios de financiamiento de los partidos políticos estará la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a la cual se confieren diversas facultades para el cumplimiento de su objeto. En esa tesitura, también se obliga a los partidos políticos a presentarle informes trimestrales del origen y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento durante las campañas electorales, así como informes anuales de los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio que se informa, además de informes de gastos en campañas y precampañas.

Adidonalmente, los partidos deberán llevar su contabilidad mediante sistemas electrónicos, cuya instrumentación se regirá a partir de criterios y normas homogéneas que emita la Unidad de Fiscalización, órgano técnico perteneciente a aquella Comisión.

Para tal efecto, se propone establecer diversas atribuciones para que la Comisión de Fiscalización lleve a cabo sus funciones sin limitaciones operativas, incluso se propone que pueda acceder a los secretos bancario, fiduciario o fiscal, por medio de la Unidad de Fiscalización, así como requerir todo la información que estime necesaria para cumplir sus objetivos, ya sea a partidos políticos, agrupaciones políticas, e incluso a organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político.

Pérdida de Registro y Liquidación.

La presente iniciativa establece los supuestos para la cancelación del registro como partido políticos, entre ellos, cuando no alcance el 3% de la votación emitida en un proceso electoral, ya sea federal o local; dejar de contar con el mínimo de afiliados, o incluso, por recibir recursos, directa o indirectamente de la delincuencia organizada o de personas sancionadas por delitos contra la salud.

En todo caso, corresponderá a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitir la declaratoria de cancelación de registro, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

A efecto de garantizar la representación política, se propone que aquellos partidos políticos nacionales que hubieren permitido su registro, pero que en alguna entidad federativa hayan obtenido al menos el tres por cierto de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, podrá optar por el registro como partido político local.

Frentes, Coaliciones, Candidaturas Comunes y Fusiones.

En el Libro Cuarto, los proponentes prevén la creación de la figura de “Frentes” la cual consiste en alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.

Además, se prevé la creación de coaliciones políticas de índole netamente electoral, a efecto de postular los mismos candidatos en las elecciones federales o locales. En esa tesitura, y atendiendo a lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado el pasado mes de febrero, se distingue entre coaliciones totales, parciales y flexibles.

Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral.

Este proyecto también contempla la creación de candidaturas comunes entendidas cuando dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, registren al mismo candidato o fórmula de candidatos. Para tal efecto, se dictan reglas y plazos para su registro.

De igual forma se prevé la figura de "Fusión”, en el supuesto de que dos o más partidos deseen unirse para crear un nuevo partido político. Dichas fusiones sólo podrá realizarse entre partidos nacionales o locales. En ningún caso entre partidos políticos nacionales y locales.

Agrupaciones Políticas.

 

La iniciativa contempla un apartado especial para las Agrupaciones Políticas, que son "asociaciones ciudadanas que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura poiítica, así como a la creación de una opinión pública mejor informada”, las cuales no se consideran partidos políticos. Sin embargo, pueden establecer que aquellas agrupaciones pueden promover candidatos a cargos de elección popular mediante acuerdos de celebración con partidos políticos o coaliciones.

Al igual que los partidos políticos, dichas agrupaciones deberán cumplir con requisitos para su constitución y registro ante el Instituto Nacional Electoral, por lo que también les resultan aplicables las disposiciones en materia de pérdida del registro.

Régimen de sanciones.

Finalmente Libro Sexto contempla un régimen de sanciones para los partidos políticos y las agrupaciones políticas por incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento. Para tal efecto, el presente libro contiene un catálogo de las infracciones en que pueden incurrir dichos actores.

  1. iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo que expide la Ley General de Partidos Políticos.

La iniciativa en cuestión se integra por ochenta artículos distribuidos en siete títulos, y contiene una disposición transitoria.

El Título Primero incluye las disposiciones generales de Ley General de Partidos Políticos. En esta parte se hace referencia a que sus disposiciones deberán ser consideradas como de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho a asociarse para tomar parte de los asuntos políticos del país. Esta ley reglamenta las normas constitucionales relativas a;

  1. El derecho de los ciudadanos mexicanos de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.
  2. La organización y función de las asociaciones políticas nacionales y estatales.
  3. La constitución, registro, derechos y prerrogativas de las asociaciones políticas nacionales.

Señala que la aplicación de esta Ley corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia. Además, establece que la interpretación se harpa conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.

 

 

Sin más preámbulo, en el Título Segundo, se refiere a los Partidos Políticos, detallando que para poder constituir un partido político se deberá obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral. Así mismo, especifica que está prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos. Por otro lado, establece que la denominación de “partido político nacional” queda reservada a las organizaciones políticas que obtengan y conserven su registro como tal. Señala además que los partidos políticos tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones establecidas en la Constitución y en esta Ley. Estipula que los partidos se regirán internamente por sus documentos básicos, con la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en esta Ley y las que establezcan sus estatutos. Por su parte, dispone que el Instituto será quien vigile que las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la Ley.

 

Dispone, en el Titulo Tercero, lo relativo a la constitución, registro, derechos y obligaciones de los partidos políticos. Detallando los requisitos para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, así como lo que debe de contener la declaración de principios, las medidas del programa de acción y lo que deberá establecer los estatutos. Así como los requisitos y procedimientos a seguir para constituir un partido político.

 

Por otro lado, señala que las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Disponiendo para ello que, las agrupaciones solo podrán participar en procesos electorales federales, mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Así mismo, enlista los requisitos para obtener el registro como agrupación política nacional.

 

Cita además una lista de derechos de los partidos políticos, así como sus obligaciones. Estableciendo por su parte, que las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Igualmente, estipula que un partido, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos cuando incumplan con sus obligaciones de manera grave o sistemática.

 

Establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos, a través del Instituto Nacional Electoral, mediante la presentación de solicitudes específicas; estableciéndose para lo anterior, formatos, procedimientos y plazos para desahogar dichas solicitudes. Además, los partidos están obligados a publicar en su página electrónica esta información.

 

Detalla igualmente, todo aquello que se considera información pública, así como información confidencial e información reservada.

 

Refiere por su parte que, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden un conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento; igualmente, señala que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos, detallando en este punto, un listado de lo que se considera como asuntos internos.

 

Se señala en el Título cuarto las prerrogativas de los partidos políticos, como son;

  1. Tener acceso a la radio y televisión.
  2. Participar del financiamiento público correspondiente.
  3. Gozar de! régimen fiscal que se establece en la Ley y en las leyes en materia.
  4. Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

 

Contiene por otra parte que los partidos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Además, tanto los partidos políticos, como los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros; además los partidos, precandidatos y candidatos no podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; tampoco podrá ninguna persona física contratar propaganda en radio o televisión para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Así mismo, menciona que el Instituto es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines del Instituto o a los de otras autoridades electorales.

 

Menciona por su parte que, el instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de los siguientes órganos;

 

  1. El Consejo General,
  2. La Junta General Ejecutiva,
  3. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
  4. El Comité de Radio y Televisión,
  5. La comisión de Quejas y Denuncias, y
  6. Los Vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares en esta materia.

 

Establece, en esta parte del título, la forma de proceder respecto a la propaganda, así como de la solicitud del uso del tiempo de radio y televisión, tanto en campañas como en precampañas.

 

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Por otra parte, señala que el régimen de financiamiento de los partidos podrá tener diversas modalidades, a saber:

  1. Financiamiento público, el cual prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;
  2. Financiamiento por la militancia;
  3. Financiamiento de simpatizantes;
  4. Autofinanciamiento;
  5. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Establece en esta parte que, no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

  1. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos con autonomía constitucional de la Federación, Estados y Ayuntamientos.
  2. Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal.
  3. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
  4. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
  5. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.
  6. La personas que vivan o trabajen en el extranjero.
  7. Las personas morales.

Además, establece que las aportaciones que se realicen a los partidos, no serán deducibles de impuestos.

Así mismo, refiere que los partidos tendrán derecho al financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; para gastos de campaña; y, para actividades específicas como entidades de interés público.

Ahora bien, relativo a la fiscalización de los recursos de los partidos, establece que, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación. De la misma manera, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico será el equivalente al de dirección ejecutiva del Instituto. Además, estipula que, el director general de la Unidad será designado por el Consejo General, reuniendo requisitos mínimos establecidos. Detalla un listado de facultades de la Unidad de Fiscalización y los informes a que los partidos están obligados a presentar ante esta Unidad, tales como;

 

  1. Informes trimestrales de avance del ejercicio,
  2. Informes anuales,
  3. Informes de precampana, e
  4. Informes de campaña

Se describe además, una serie de requisitos y los tiempos en que los anteriores informes, deberán de presentarse, así como el procedimiento para la presentación de los mismos.

En cuanto al régimen fiscal, esta Ley detalla aquellos casos en que los partidos no serán sujetos de impuestos y derechos. Así mismo, explica que las sanciones administrativas se aplicaran por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos, dirigentes, precandidatos y candidatos.

Por su parte, el Título Quinto refiere lo relativo a los frentes, coaliciones, candidaturas comunes y fusiones. Detallando que, los partidos políticos nacionales y estatales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados por el principio de mayoría relativa, gobernadores, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de diputados locales por et principio de mayoría relativa, de ayuntamientos y delegados de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Describe además lo que se entiende por coalición total y coalición parcial.

De la misma manera señala que dos o más partidos, pueden postular un candidato común para las elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados federales y locales de mayoría relativa. Gobernadores y miembros de los ayuntamientos.

Esta Ley refiere en el Título Sexto las causas de pérdida de registro de un partido.

Por último, el Título Séptimo señala que tanto los partidos políticos como las agrupaciones políticas nacionales, son sujetos de responsabilidad por infracciones* cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley; y, por otra parte, enumera aquellas que constituyen infracciones de los partidos políticos, así como las que constituyen infracciones de las agrupaciones.

  1. Iniciativas turnadas a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
  1. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman y adicionan el artículo 12, numeral 2; el artículo 18, numeral 1, inciso b; el artículo 32, numerales 1 y 3; y el artículo 101, numeral 1, fracciones b y c del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La legisladora, propone replantear el requisito porcentual para el sostenimiento del registro de un partido político con el objeto de elevar de dos a cuatro por ciento, en la votación de las elecciones federales ordinarias.

 

  1. Iniciativa con proyecto de decreto que por el que se reforman los artículos 24, numeral 1, inciso b) y 28, numeral 1, fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

Los legisladores proponen el incremento en el número de afiliados requeridos para obtener el registro como partido político, elevando de tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas a seis mil afiliados en el mismo número de entidades. A su vez, proponen incrementar el número de afiliados para el registro de nuevos partidos a efecto de que sean seiscientos afiliados en por lo menos doscientos distritos electorales.

  1. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 360 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y un inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El legislador propone que en todos aquellos casos en que la queja o denuncia verse sobre la probable infracción a las prohibiciones y topes en materia de gastos de precampaña y campaña, los procedimientos respectivos deberán quedar substanciados y resueltos en definitiva a más tardar treinta días antes de ia toma de posesión de los candidatos electos vinculados tales procedimientos. A su vez, eí legislador suscribe que exceder durante una precampaña o campaña electoral los topes de gastos señalados por la ley, el o los partidos políticos o la coalición responsable, no podrán participar en la elección extraordinaria respectiva.

  1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular un registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento.

La legisladora plantea establecer la obligación de los partidos políticos para que lleven un registro de los compromisos de campaña que realicen los candidatos a cargos de elección popular que postule, el cual presentarán ante el IFE. Asimismo, propone como obligación a los partidos políticos a vigilar los compromisos presentados por sus candidatos, así como los requisitos que dichos compromisos deben de cumplir. Asimismo, otorga a la ciudadanía el derecho de informar al IFE de algún compromiso expresado por el candidato y que no esté debidamente registrado. Asimismo el IFE dará seguimiento de su cumplimiento para informar a la ciudadanía.

 

  1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso h) al artículo 27 y se reforma el inciso i) del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El legislador propone incluir dentro de los estatutos de los partidos políticos una cartera responsable de las políticas ambientales que deberá de ir encauzada hacia el cuidado de los ecosistemas en los niveles municipales, estatales y nacionales, la cual deberá de impulsar el desarrollo humano sustentable. A su vez también se propone que los centros de formación política de los partidos deberán de privilegiarla cultura ecológica.

  1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género en candidaturas a puestos de elección popular.

Las iniciantes proponen ampliar del 2 al 6% el financiamiento público ordinario que reciben a través del Instituto Federal Electoral para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. A su vez estima que es necesario que aparte de incrementar el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones en el gobierno, se potencien continuamente las capacidades de las mujeres en la implementación de mecanismos e instrumentos internacionales relacionados con los derechos de las mujeres a los niveles nacional y local.

Las proponentes expresan que es deber del Estado el posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que estos postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, debiendo establecer las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

  1. Iniciativa turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes.

La legisladora propone fa expedición de una Ley General que regule a los Partidos Políticos y las Candidaturas Independientes. El libro primero esta dedicado a los partidos políticos, en el primer título se definen las generalidades; el segundo título establece las bases para la constitución y registro de los partidos políticos, así como los derechos y obligaciones que poseen. Asimismo, en dicho título se incluye el capítulo relativo a la regulación de la vida democrática de los partidos, asó como la transparencia y publicidad de sus procedimientos internos de elección de candidatos y candidatas de representación popular, buscando equilibrios en materias tan relevantes como la perspectiva de género.

 

El título tercero reglamenta lo relativo a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos a lo dispuesto por la constitución. Se incluyen criterios y principios de contabilidad orientados a que cada partido se haga responsable de reportar, en estricto apego a ellos, el ejercicio de los recursos que erogue directamente o en coalición. Cabe destacar el contenido del último capítulo de este título en referencia a la responsabilidad de los partidos políticos de respetar sus plataformas electorales, disposición que los obliga a cumplir las propuestas que los llevaron al gobierno o a la representación popular.

  1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS.

Las consideraciones del presente dictamen se han elaborado a partir de las propuestas de creación de una legislación que contempla los lineamientos generales en materia de Partidos Políticos. Lo anterior, derivado del mandato establecido en los artículos transitorios del Decreto de reforma constitucional en materia política-electoral publicada en el Diaho Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

De esta manera, para facilitar el trabajo de análisis, argumentación y discusión en cada una de las consideraciones por parte de las Comisiones dictaminadoras, el proyecto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos presenta en su estructura noventa y siete artículos disgregados en diez títulos, así como ocho artículos que conforman su régimen transitorio.

Del análisis y estudio sobre el contenido de las iniciativas descritas en el apartado anterior, han sido consideradas en su totalidad las iniciativas presentadas por los Senadores y Senadoras de los Grupos Parlamentarios del PRD, PAN, y PT, no así la presentada por los Senadores y Senadoras de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM, ya que esta iniciativa contiene además dos apartados específicos sobre Instituciones y Procedimientos Electorales y Delitos Electorales, en ese sentido, y de acuerdo con lo aprobado por las Comisiones Unidas de Reforma del Estado de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda y avalado por el Pleno de! Senado, respecto del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, específicamente en el apartado de Análisis y Valoración de las Iniciativas y en las Consideraciones, ha sido integrado en este Dictamen solo lo relativo a los Partidos Políticos.

Asimismo, y por virtud de que el proyecto de Decreto contenido en este Dictamen, en su régimen transitorio, propone la abrogación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, han sido consideradas diversas iniciativas presentadas por diversos senadores y senadoras, turnadas a las Comisiones de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, por ser materialmente coincidentes con el mismo.

 

IV. CONSIDERACIONES.

Establecido el método de trabajo para el análisis y valoración de las propuestas, estas Comisiones Unidas dejamos constancia de los argumentos que dan sustento a la expedición de una Ley General de Partidos Políticos, que derivan de la reforma Constitucional en materia política-electoral.

En ese sentido y derivado de la facultad constitucional de los iniciantes para presentar Iniciativas en la materia, así como de la obligación sine qua non que para éste Órgano legislativo expresó el Poder Reformador de la Constitución en el Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año 2014, las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, damos constancia que los senadores iniciantes se encuentran legitimados para proponer las Iniciativas de mérito, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa manera, esta Cámara se constituye de Origen para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 constitucional, y que es competente para conocer del mismo en tanto lo dispone el artículo 73 de la Constitución.

De conformidad con la fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del Congreso "... Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre ia Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales...” conforme a las bases previstas en ella, las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República se encuentran legitimadas, como órgano colegiado, para continuar con el proceso legislativo, en el ámbito de su competencia, sobre las Iniciativas materia del presente dictamen.

Atendiendo a lo anterior, las comisiones dictaminadoras encontramos que las Iniciativas propuestas por los Senadores y Senadoras de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PT, son coincidentes en cuanto a la denominación de Ley General de Partidos Políticos, no así la Iniciativa presentada por los Senadores y Senadores de los Grupos Parlamentarios del PRl y PVEM, así como la del PRD, ya que éstas tienen la siguiente denominación: Ley General Electoral y Ley General de Asociaciones Políticas, respectivamente; no obstante lo anterior, materialmente las cuatro iniciativas atienden en su estructura y contenido (aunque diverso) a lo dispuesto por ei artículo 73 Constitucional, fracción XXIX-U, así como por el transitorio segundo, fracción II, del Decreto de reforma constitucional anteriormente descrito.

 

En atención a lo descrito en párrafos anteriores, así como en el apartado de Valoración de las Iniciativas, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 183, numeral 2 del Reglamento del Senado, los integrantes de las Comisiones Unidas, están facultados para considerar las Iniciativas que reforman, derogan o adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionadas materialmente con el tema de este Decreto, mismas que están referidas en el apartado correspondiente.

En ese mismo sentido se relaciona el contenido referente, a los Partidos Políticos, propuesta en la Iniciativa de Ley General, presentada por los Senadores y Senadores de los Grupos Parlamentarios del PRI y PV.

Con la intención de comprender el Decreto, las comisiones dictaminadoras hemos considerado necesario contextualizar el contenido de la Ley General de Partidos Políticos de acuerdo a lo siguiente:

  1. NATURALEZA Y AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL.

En el sistema jurídico mexicano, las leyes generales se expiden por el Congreso de la Unión mediante la facultad que les otorga la Constitución. La característica primordial de las leyes generales es la distribución de competencias y las obligaciones entre los órdenes de gobierno que integran al Estado, esto es, permiten que la Federación y los demás órdenes actúen respecto de una misma materia, para ello, aluden a facultades concurrentes, sobre las que establecen los términos de participación de las autoridades federales y locales.

Debido a la naturaleza de las leyes generales, éstas deben de tener un fundamento constitucional específico ya que versan sobre materias coincidentes entre la federación y las entidades federativas.

Especialmente, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representan una excepción al artículo 124 de la Constitución:

 

‘Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

Cabe destacar que, para sustentar la creación de este ordenamiento jurídico, la. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios sobre los contenidos que las leyes generales deben tener, a continuación, se detallan los siguientes;

  1. Tesis: P./J. 142/2001

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

En el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

  1. Tesis: P./J. 5/2010

LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES.

Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes.

Sientan las bases para la regulación de las materias concurrentes.

No pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social.

Las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas.

  1. Tesis: P.XI/2010

SEGURO SOCIAL. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN ES DE NATURALEZA FEDERAL Y NO GENERAL.

Las leyes generales por su propia naturaleza y su diverso ámbito material de validez son aplicadas, regularmente, por autoridades diversas a las federales sin necesidad de convenio alguno.

  1. Tesis: 1a./J. 4/2008

COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS ARTÍCULOS 25, 27, 28, 29, 30 Y 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN, A PETICIÓN DE PARTE, ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2007).

Las leyes generales son las emitidas por el Congreso de la Unión con base en cláusulas constitucionales que lo obligan a dictarlas, de manera que una vez promulgadas y publicadas, deben aplicarse por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales

  1. Tesis: P. VII/2007

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

Leyes generales son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano.

Leyes generales son aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción a! principio establecido por el artículo 124 constitucional.

Leyes generales no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

  1. Tesis: L8o.A.67 A (2005)

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de las entidades a través de una ley, dando lugar a lo que algunos han denominado como leyes-generales o leyes-marco.

Las leyes generales son aquellas que expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simultáneos: a) Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas; y b) Establecer el régimen federal para regular la acción de ios poderes centrales en la materia de que se trate.

  1. Registro No. 228635

LEYES ESPECIALES Y LEYES GENERALES. REGLAS PARA SU DEROGACION.

Una norma general posterior no deroga a una especial anterior, aunque en apariencia exista contradicción entre sus textos, a menos que el legislador manifieste expresamente su voluntad de dejarla sin efectos.

  1. REFORMA POLÍTICA ELECTORAL

La dinámica pública y social de nuestro país, ha cambiado significativamente durante los últimos 35 años, con ello se han ido transformando las instituciones del Estado y actualizado el sistema constitucional a la dinámica social.

Los cambios en las instituciones electorales han devenido desde la icònica reforma de 1977, liderada por Jesús Reyes-Heroles, que creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, primer esfuerzo por crear un Sistema de Partidos eficiente en México, reformando un sistema casi intacto desde la Ley Electoral de 1946. Creó la figura de Representación Proporcional para dar voz en el Congreso a fuerzas políticas minoritarias, profundizando la figura de Diputados de Partido de 1963.

A partir de 1977, hubo esfuerzos de profundización de reforma electoral y apertura democrática casi en cada sexenio.

A muy grandes rasgos: en 1983 se expandió el principio de Representación Proporcional a los Ayuntamientos: en 1986 se crearon el Nuevo Código Federal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral; en 1990 se crearon el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Federal Electoral y el Padrón Electoral; en 1993 se fijaron reglas para el financiamiento de partidos y se creó el Programa de Resultados Preliminares; en 1996, se dio independencia total al Instituto Federal Electoral.

En 2008, se fortaleció la transparencia y rendición de cuentas, se redujo el financiamiento público, y se fijaron nuevas reglas de precampañas y campañas, entre otros.

Finalmente, en 2012 se aprueba una reforma política que incorpora en la Constitución las figuras de candidaturas independientes, consulta popular e iniciativas ciudadana y preferente.

Todas estas reformas han respondido a la creciente pluralidad y diversidad de la sociedad, que ha introducido y consolidado un mayor número de actores en todos los sectores, tanto el social como el político y el privado.

El Poder Reformador de la Constitución, en el Decreto de reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, expresó en sus consideraciones, lo siguiente: “en Méx/co se vive una democracia más activa, más participativa; una democracia que exige nuevas formas de interrelación entre ias distintas fuerzas políticas.

En efecto, la realidad histórica que vivimos obliga a replantear con responsabilidad el diseño institucional en el que se mueven nuestras estructuras políticas.

Un diseño constitucional que fomente la corresponsabilidad de los distintos poderes y órdenes de gobierno en la ejecución de las responsabilidades públicas, con independencia de su extracción política, es inaplazable si queremos consolidar una democracia de resultados.

La historia constitucional muestra la necesidad de adoptar ajustes periódicos. Las instituciones exigen adecuaciones a los cambios culturales y correcciones a las desviaciones a las que inevitablemente se encuentran expuestas. Aún ante instituciones constitucionales semejantes o concebidas de la misma forma, su actuar depende del tiempo y del espacio en el que se encuentren. No hay instituciones que funcionen igual en todos los países ni en todos los siglos. Por ello, en la reforma constitucional que aquí se dictamina, se reconoce la reciente historia política de nuestro país y se proponen adecuaciones para facilitar la corresponsabilidad de las fuerzas políticas en la consecución de los objetivos nacionales.

Es incuestionable que en los tiempos que hoy vivimos, la responsabilidad de un ejercicio eficaz y eficiente de las funciones del gobierno, no dependen de uno solo de los Poderes de la Unión. La cooperación institucional y la coordinación entre las distintas esferas que tienen a su cargo alguna encomienda pública se vuelve indispensable.

En México, desde 1997 ninguna fuerza política ha alcanzado una mayoría que le permita ejercer acciones de gobierno en forma independiente a las demás. Esta situación, lejos de debilitar a la democracia, constituye su característica más importante, pues en la democracia caben todas las formas de pensamiento y de ideología. En la democracia cabemos todos.

Sin embargo, esta característica de pluralidad democrática con que contamos, no siempre ha brindado los resultados esperados, pues se privilegia la posibilidad de acceder al poder en el corto plazo, en lugar de pensar en un esquema de largo aliento que redunde en beneficios palpables para todos.

El principio de división de poderes plasmado en los artículos 49 y 116 de nuestra Constitución, no constituye un impedimento para que los distintos órganos en los que se divide el Poder, puedan ejercer con mayor eficacia las facultades que el propio texto constitucional tes confiere. ”

En ese tenor, la reforma política-electoral representa avances importantes que pretenden abonar a la consolidación del Estado constitucional y democrático de derecho.

 

Esta reforma, es el comienzo de la transformación del sistema político mexicano hacia uno más moderno, más acorde a las exigencias sociales y más cercano a modelos internacionales que han demostrado éxito para avanzar a un mejor estadio democrático.

Dentro del nuevo diseño institucional electoral, también se crea un sistema de partidos políticos renovado y acorde con la demanda social para su mayor integración y participación política. Esta práctica de regular a los partidos políticos a través de una Ley General, ha permitido que en diversos países del mundo la organización social entorno a los procesos para la toma de decisiones sea realmente una práctica democrática, evitando en ella la participación coactiva de grupos económicos, o incluso de la delincuencia organizada en los asuntos políticos.

En este sentido, realizamos un análisis de diversos sistemas jurídicos y encontramos coincidencias en cuanto al contenido de dichas normas, al tenor de lo siguiente:

Dentro de la Unión Europea, los países en los que destacan una Ley específica que regule los Partidos Políticos se encuentran Alemania, España y Portugal.

Alemania Ley Federal de Partidos Políticos.

En la Ley Federal de Partidos Políticos (1967), define a los Partidos Políticos de la siguiente manera:

Los partidos son asociaciones de ciudadanos que influyen en forma duradera o por largo tiempo en la formación de voluntad política proyectada en la Federación o un Estado federado, y aspiran a cooperar en la representación del pueblo en el Parlamento Federal [Bundestag] o en el Parlamento de un estado federado [Landtag], siempre que ofrezcan garantía suficiente de la seriedad de sus fines, considerando el cuadro global de las circunstancias reales especialmente en cuanto a la amplitud y solidez de su organización, número de afiliados, y en atención a su impronta en la esfera pública.

La citada Ley está dividida en los siguentes apartados:

 

Disposiciones generales (condición, funciones, definición y nombres de los partidos políticos); Organización interna; Nominación de candidatos; Financiamiento público; Responsabilidad (rendición de cuentas públicas); Procedimiento en caso de rendición de cuentas inexacto (alterado) y disposiciones penales; Prohibición de Partidos por inconstitucionalidad y; Disposiciones finales (reformas a leyes complementarias).

España

Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos

La Constitución española (1978) en su ari:ículo sexto señala:

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para ia participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

La Ley Orgánica de Partidos Políticos integra una exposición de motivos de seis apartados en el cual pone en contexto la ley y señala la existencia de leyes complementarias como la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Financiación de Partidos, Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Lo regulado en esta ley corresponde a la creación, constitución, organización, funcionamiento, derechos y obligaciones, disolución o suspensión, financiamiento de los partidos políticos.

Portugal.

Ley de partidos políticos (2003)

En esta ley se divide en seis capítulos, los que integran sus 41 artículos. En ella se mencionan aspectos como la función, propósitos, transparencia, naturaleza, derechos, coaliciones y organización de los partidos políticos. Así mismo, se regulan los temas referentes a la formulación y disolución, normas financieras y relaciones laborales. Su primordial interés es definir la función del partido político, así como describir cómo deben conducirse los partidos en su vida interna.

En la región latinoamericana, son varios los países que cuentan con una legislación específica que regule a los partidos políticos dentro de ellos destacan los siguientes:

Argentina.

La legislación argentina cuenta con dos ordenamientos que regulan la fundación, constitución y funcionamiento de los partidos políticos así como el financiamiento de los mismos; la primera es ia Ley Orgánica de los Partidos Políticos y la segunda es la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

La Ley Orgánica de los Partidos Políticos establece los requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídico-política tanto de los partidos políticos distritales, como los nacionales; dentro de los requisitos se encuentran los documentos básicos, como la carta orgánica en donde se delinean los derechos y obligaciones partidarias, que deberán presentar ante el juez competente. De igual manera, se establece que para obtener la personalidad jurídica-político los partidos deberán acreditar el porcentaje mínimo de afiliados inscritos en el registro de electores. Para conservar la personalidad jurídica, la Ley establece que los partidos deberán en forma permanente mantener el número mínimo de afiliados,

La Ley también contempla la posibilidad de formar confederaciones, fusiones y alianzas transitorias para presentar candidatos comunes. Para cada supuesto, se establecen los requisitos y documentos que deberán presentarse.

Se regulan los requisitos para que un ciudadano pueda ser afiliado a algún partido, los casos en los que no se pueda obtener dicha calidad así como bien cuando los ciudadanos decidan renunciar dicha afiliación.

Se establece la obligación de celebrar elecciones partidarias internas.

En el casó de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, se regulan los siguientes elementos:

  • Bienes y recursos de los partidos políticos;
  • La organización administrativa contable con la que deberán contar los partidos políticos, así como los órganos internos encargados de la misma;
  • La fiscalización de sus recursos y control patrimonial;
  • Las obligaciones de los partidos en las campañas electorales;
  • Se establecen los aportes para el financiamiento público en campañas electorales;
  • Los espacios en los servicios públicos de comunicación audiovisual en los que se distribuirá la publicidad electoral;
  • El financiamiento privado en las campañas electorales;
  • El Registro de  Empresas y Encuestas y Sondeos de Opinión;
  • Se establecen  los límites de gastos de campañas electorales;
  • Se establecen  los controles de financiamiento de campañas electorales; y
  • Las sanciones  al incumplimiento de las disposiciones previstas en   la Ley,

 

Brasil

Brasil cuenta con la Ley de Partidos del 19 de septiembre de 1995 La Ley de ¡os Partidos Políticos (núm. 9.096/95) que regula: a) su organización y funcionamiento; b) las finanzas y contabilidad c) el acceso a la radio y a la televisión, además de disposiciones generales y transitorias

  1. Organización y funcionamiento:
  • Para la creación de un partido se debe de emitir un requerimiento al registro civil de las personas jurídicas, firmado por 101 fundadores con domicilio electoral en, al menos, un tercio de los estados.
  • Una vez que sea adquirida la personalidad jurídica, los partidos tiene que buscar el apoyo mínimo de electores para que pueda obtener el carácter de nacional.
  • Cuando cuenten con la personalidad jurídica, el partido deberá registrar su estatuto ante el Tribunal Electoral Federal
  • Se establece la libertad de los partidos políticos de fijar en su programa sus objetivos políticos así como en su estatuto la estructura, organización y funcionamiento.
  • Se establecen el derecho de los ciudadanos de obtener una filiación partidaria; la obligación de los partidos de enviar los reportes actualizados de su padrón de afiliados.
  • Se permite que los partidos políticos se agrupen en coaliciones para elecciones mayoritarias. Las coaliciones pueden ser apenas para la elección mayoritaria o para la proporcional. Si se realizan para ambas, entre los partidos coligados en la mayoritaria, pueden formarse varias coaliciones proporcionales. Cuando sea el caso de fusión de partidos se deberán elaborar proyectos comunes de estatuto y programa, por lo que se extinguirán los registros a los partidos que se hayan unido.
  1. finanzas y contabilidad:
  • Se establecen las prohibiciones a contribuciones en dinero o en especie por parte de entidades o gobiernos extranjeros, autoridades u órganos públicos, empresas públicas y sindicatos.
  • Se establece la obligación de los partidos de presentar ante la autoridad electoral los balances en donde se expresen con detalle los ingresos y gastos
  • A la justicia electoral, le competerá la fiscalización de los registros contables y de los balances, y cuando sea el caso el registro de los gastos de campaña electoral
  • Se establece la facultad de los tribunales electorales, debido a la denuncia de un afiliado, un delegado de partido o de representación del Ministerio Público, solicitar un auditoria para verificar la situación contable del partido.

 

  • Se establece la posibilidad de que los partidos políticos puedan fiscalizarse unos a otros mediante la impugnación a la presentación de las cuentas mensuales o anuales.
  • Se establecen ias sanciones en caso de incurrir en alguna violación a las disposiciones de la ley
  • Se contempla la integración del Fondo Partidario que sirve de asistencia financiera para los partidos políticos.
  1. el acceso a la radio y a la televisión
  • Los partidos, tanto en la televisión como en la radio, disponen de dos modelos de programas. Pueden escoger entre una transmisión en cadena nacional o de estados, o diez inserciones de treinta segundos, o cinco de un minuto por día, en los intervalos de la programación normal de las emisoras.
  • La transmisión en cadena, nacional o de Estado, será autorizada por el Tribunal Superior Electoral.

Bolivia

Ley de Partidos Políticos

Esta ley regula la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de los pari:idos políticos; las fusiones y las alianzas que se conformen entre ellos; así como sus relaciones con la sociedad y el Estado.

A su vez, se describe el proceso para la constitución de un partido político, en ese contexto se establece la cantidad mínima de militantes que podrán funda un partido político.

La ley contempla la formulación de un programa de gobierno que contenga sus principales propuestas de gestión pública, este programa de gobierno debe ser planteado y reformulado para cada elección.

De igual manera, se señalan los derechos y deberes de los partidos políticos y de los militantes.

Esta ley también refiere los requisitos y procedimiento en materia de fusiones y alianzas.

Se describen las causales por las que los pari;idos políticos se pueden extinguir .Por último se establece el procedimiento para infracciones.

Chile

Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos

En esta ley se estipula que la finalidad de los partidos políticos es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Se refiere la constitución de los partidos políticos a través de su inscripción en ei Registro de Partidos Políticos, y gozarán de personalidad jurídica.

A su vez, se establecen los requisitos para los ciudadanos que quieran afiliarse a algún partido político. En ese contexto, se encuentra regulada la organización interna de los partidos políticos.

A sí mismo, se señalan los parámetros para que los partidos políticos puedan practicar la fusión.

La ley contempla los actos por los cuales se disuelven los partidos políticos. Por último se establecen las sanciones que pueden imponerse con arreglo a esta ley.

Perú

Ley de Partidos Políticos (2003)

La legislación en materia de partidos políticos peruana define los fines, objetivos, constitución, reconocimiento, declaración de ilegalidad por conductas antidemocráticas, alianzas, fusión, democracia interna y financiamiento de los partidos políticos.

Así mismo, se tratan los temas de equidad de género, publicidad, fuentes prohibidas de financiamiento y sanciones a las que se hacen acreedores los partidos en casos de faltas a esta legislación.

Ecuador (2002)

Ley de Partidos Políticos

Esta Ley rige la constitución, organización, actividad, derechos, obligaciones y extinción de los partidos políticos. La Ley integra los apartados de reconocimiento, organización, prerrogativas, extinción, financiamiento, y disposiciones generales.

El artículo 45 de la Ley de Partidos Políticos señala la existencia de una legislación enfocada a sancionar y regular la publicidad de los partidos. Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral.

 

Guatemala Ley Electoral y de Partidos Políticos (1985)

Esta ley regula lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a ios órganos electorales, a las organizaciones políticas, y lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral.

Dividido en cuatro libros los cuales manejan los temas: ciudadanía y voto; organizaciones políticas (que en su Título Dos trata lo relativo a los Partidos Políticos): autoridades y órganos electorales, y; procesos electorales

El Título Dos detalla la definición, existencia, funcionamiento, órganos, derechos y obligaciones de los Partidos Políticos. Así mismo, menciona el financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales, puntualiza el tema de las coaliciones y las sanciones a los que se hacen acreedores en caso de faltas.

Venezuela Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (1964)

La legislación venezolana en materia de partidos políticos regula la constitución, obligaciones, disolución, propaganda, reuniones públicas, manifestaciones, procedimientos de los partidos políticos,

 

Detalla en su artículo 25, “no aceptar donaciones o subsidios de las entidades públicas, tengan o no carácter autónomo; de las compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero; de empresas concesionarias de obras públicas o de cualquier servicio de bienes propiedad del estado; de Estados extranjeros y de organizaciones políticas extranjeras” sin embargo, no se especifica en esta Ley el financiamiento de los mismos.

 

Como podemos observar, la integración de una Ley de Partidos Políticos, ha permitido en el ámbito internacional consolidar los procesos democráticos a través de instituciones de interés público (como los define la constitución) con reglas homogéneas para su formación y funcionamiento, respetando la vida interna de éstos así como la integración de sus órganos de dirección y la selección de candidatos de acuerdo a los postulados establecidos por dicha ley.

  1. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. El proyecto de decreto contempla la expedición de la Ley General de Partidos Políticos {Ley General), abrogando en consecuencia el libro segundo del hasta ahora vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

 

El proyecto por el que se expide la Ley General presenta en su estructura noventa y siete artículos disgregados en diez títulos, así como ocho artículos que conforman su régimen transitorio.

Los títulos contenidos en el proyecto de Ley son; Título I. "Disposiciones generales”] Título

  1. “De los partidos políticos’’] Título III. “De la organización interna de los partidos políticos’’] Título IV. “Del acceso a la radio y televisión”] Título V. “Del financiamiento de los partidos políticos”] Título VI. ‘‘Del régimen financiero de los partidos políticos”] Título VII. “Otras prerrogativas"] Título VIII. “De la fiscalización de partidos políticos"; Título IX. “De los frentes, las coaliciones y las fusiones”] Título X. “De la pérdida del registro de los partidos políticos”.

En el Título denominado “Disposiciones generales”, se establece que la Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, la cual tiene por objeto establecer la regulación aplicable a los partidos políticos nacionales y locales, de conformidad con las disposiciones constitucionales en la materia, la distribución de competencias, los derechos y obligaciones de los militantes, el régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales, entre otros.

De la misma forma, se establecen los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos.

Cabe señalar, que el proyecto de Ley General considera a los partidos políticos como entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) o ante los Organismos Públicos Locales, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y; como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

El articulado contempla la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, delimitando las atribuciones que tiene el INE y las de los Organismos Públicos Locales.

El Título denominado “De los partidos políticos”, establece los requisitos que deberán reunir las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político nacional o local; estableciendo que para el caso de los partidos políticos nacionales deberán contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o trescientos militantes en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales y, respecto a los partidos políticos locales, deberán contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o, en su caso, de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

 

Se establece que para constituir un partido político nacional, debe acreditarse la celebración de asambleas en por lo menos veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales: así como la celebración de una asamblea nacional constitutiva, mismas que deberán realizarse ante la presencia de un representante del INE, quien certificará que se cumplan determinados requisitos. De la misma forma, se establecen requisitos que deberán acreditar las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local.

Respecto de la solicitud de registro, la misma deberá presentarse ante el INE o el Organismo Público Local competente en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, los que en cada caso, verificarán el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución y deberán formular el proyecto de dictamen dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la entrega de la solicitud, de tal manera que en el caso que proceda se expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro, mismo que surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo ai de la elección. La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta oficial de la entidad federativa.

Por lo que hace a las agrupaciones políticas nacionales, se establece que son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, las cuales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición.

Dentro de los requisitos que se estipulan para obtener el registro como agrupación política nacional, se debe acreditar ante el INE contar con un mínimo de cinco mil asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional, además de tener delegaciones en cuando menos siete entidades federativas, y contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido.

Dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de la solicitud de registro, el Consejo General del INE resolverá lo conducente y si es procedente expedirá el certificado respectivo para surtir efectos a partir del primero de junio (art. 22, 5) del año anterior al de la elección.

 

Para este tipo de agrupaciones se establecen obligaciones, como es la entrega de un informe anual sobre el origen y destino de los recursos por cualquier modalidad, así como las causales por las que podrán perder el registro.

La Ley General contempla una relación puntal de cuáles son los derechos y obligaciones de los partidos políticos; asimismo, se observa un capítulo específico sobre las obligaciones en materia de transparencia, otorgando a la ciudadanía el derecho para que accedan directamente a la información de los partidos políticos, en los términos que dispone la ley a que se refiere el artículo 6o. constitucional.

Con relación a la información de los partidos políticos, la Ley General establece la que habrá de considerarse como información pública, así como la que es reservada, contemplando en esta última la relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

Cabe señalar, que no se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados.

El Título denominado, "De la organización interna de los partidos políticos”, estipula que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en la Ley, así como en su respectivo estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

De esta forma, la Ley General considera como asuntos internos de los partidos políticos, la elaboración y modificación de los documentos básicos, ia determinación de los requisitos y mecanismos para la afiliación de los ciudadanos, la elección de los integrantes de sus órganos internos, los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, entre otros.

La Ley General establece las particularidades de los documentos básicos de los partidos políticos, que son: la declaración de principios, el programa de acción, y sus estatutos.

Asimismo, se establece que en los estatutos de los partidos políticos se deberán contemplar los derechos y obligaciones de los militantes. Al respecto, la Ley General enumera diversos derechos y obligaciones comunes que necesariamente deberán quedar estipulados en los estatutos de todos los partidos políticos.

 

Respecto a los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse entre otros, una asamblea como máxima autoridad, un comité nacional o local representante del partido, un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros, así como la presentación de informes de precampaña y campaña, un órgano de decisión colegiada encargado de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos, un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información y un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes; así como con comités o equivalentes en las entidades federativas.

Se establece un Capítulo específico relacionado con los procesos de integración de los órganos internos y de la selección de candidatos, atendiendo a una serie de lineamientos que deberán seguir los partidos políticos. Cabe señalar, que podrán solicitar al INE que organice la elección de sus órganos de dirección, con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas.

Asimismo, se establecen reglas que deberán ser aplicadas para la organización y el desarrollo del proceso de elección.

Para la impartición de justicia al interior de los partidos políticos, habrá un órgano responsable que se conduzca con independencia, imparcialidad y legalidad para la solución de controversias. En ese sentido, los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria, y se especifica que todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, salvaguardando los derechos de los militantes.

El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener una instancia de resolución de conflictos internos (Art. 48, 1, a) a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita; establecer plazos para la interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna; respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de los derechos político-electorales en los que resientan un agravio,

El Título denominado "Del acceso a la radio y televisión”, comprende precisamente el derecho que tienen los partidos políticos al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Se remite a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para efectos del ejercicio de esta prerrogativa.

 

En el Título denominado "Del financiamiento de los partidos políticos”, se precisa que los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público para desarrollar sus actividades, que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales. Éste financiamiento deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.

Se establece que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate.

Asimismo, se estipula que los partidos políticos podrán recibir financiamiento privado, a través de la militancia, simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Además, la Ley General refiere las instancias que no podrán realizar aportaciones o donativos en dinero o especie, a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.

En ese sentido, la Ley General regulará el financiamiento que no provenga del erario público, como es el financiamiento privado proveniente de los militantes; las cuotas voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten para sus precampañas y campañas; el financiamiento de simpatizantes a través de las aportaciones o donativos en dinero o en especie; el autofinanciamiento constituido principalmente por los ingresos generados por las actividades promocionales como rifas y sorteos, conferencias, espectáculos y eventos culturales; así como rendimientos financieros que deriven de las cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos.

Cabe señalar, que se establece la obligación por parte de los partidos políticos de entregar una relación mensual de los nombres de los aportantes en dinero y en especie, así como las cuentas origen de las aportaciones.

Se prevén reglas específicas para que los partidos políticos puedan establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para inversión de los recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros. Resulta relevante que la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de militantes, simpatizantes y aportaciones voluntarias de precandidatos y candidatos no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior.

 

En materia de verificación de operaciones financieras de los partidos políticos se determina que el Órgano Técnico del Consejo General del INE pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda informes de operaciones financieras ante la presunción de origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos.

El Título denominado “Del régimen financiero de los partidos políticos”, incluye la responsabilidad de cada partido político de llevar su contabilidad y de operar el sistema de contabilidad que, entre otros puntos, deberá estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial del partido político; registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones presupuestarias y contables, así como otros flujos económicos; facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales; así como generar en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

Por lo que hace a su régimen financiero, cada partido político deberá llevar su contabilidad a través de cualquier medio procesable de almacenamiento de datos que facilite el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos; generar estados financieros oportunos, periódicos, comparables y homogéneos; contar con manuales de contabilidad así como con otros instrumentos contables que defina el Consejo General del INE, y conservar la información contable por un término mínimo de cinco años, entre otros.

Se establece la obligación por parte de los partidos políticos de presentar ante el Consejo General los avisos de contratación, así como la copia autógrafa de los contratos que celebren durante las precampañas y campañas.

Asimismo, se contemplan requisitos que deberán reunir los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, con relación a los gastos que realicen.

La Ley General contempla como facultad discrecional de los partidos políticos, realizar los pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes, a las precampañas y campañas, o bien únicamente los relacionados a propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y campaña, por conducto del Órgano Técnico; de lo anterior se establecen disposiciones específicas para cada caso, además la referencia de que el Consejo General expedirá los lineamientos para la realización de los pagos.

 

En el mismo sentido, el INE deberá emitir lineamientos de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y demás requerimientos para las contrataciones por parte de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, buscando garantizar su máxima publicidad.

El Título referente a “Otras prerrogativas”, contempla entre otras disposiciones que los partidos disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas que consideren necesarias para el desarrollo de sus actividades.

Al efecto, la Ley General indica entre las reglas a que deberán sujetarse las franquicias postales, que el Consejo General determinará en el presupuesto de egresos del INE, la partida para cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos, considerando que en años no electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias y en años electorales el equivalente ai cuatro por ciento; la franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos nacionales; los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su correspondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; y el Servicio Postal Mexicano informará al INE sobre las oficinas en que ios partidos políticos harán los depósitos de su correspondencia, garantizando que estén dotadas de los elementos necesarios para su manejo.

Asimismo, se refieren las reglas que deberán seguir las franquicias telegráficas, las cuales se otorgarán de manera exclusiva para su utilización en el territorio nacional, en el que sólo podrán hacer uso de las mismas los comités nacionales de cada partido político para sus comunicaciones a todo el país. Se especifica que la vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio y los textos de los telegramas se ajustarán a las disposiciones de la materia.

Con relación al régimen fiscal, en la Ley General se establece que los partidos políticos-no son sujetos de los impuestos y derechos relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse de recursos para el cumplimiento de sus fines; del impuesto sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la enajenación de los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así como los ingresos provenientes de donaciones en numerario o en especie; los relativos a la venta de los impresos que editen para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma. Sobre el tema, la ley considera algunas excepciones.

Se establece que este régimen fiscal no exime a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales, por lo que deberán retener y enterar a las autoridades fiscales el impuesto sobre la renta correspondiente por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes.

El Título denominado “De la fiscalización de partidos políticos". Respecto a la fiscalización de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, se-deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias; así como un desglose de lo que se deberá entender como rubros de gasto ordinario, entre los que se encuentran: los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales; el gasto de los procesos internos de selección de candidatos; los sueldos y salarios del personal; y los gastos relativos a estructuras electorales.

Asimismo, la Ley establece la forma en que los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, enfocados principalmente a temas de interés relacionados con la paridad de género y con su desarrollo político.

Cabe señalar que los partidos políticos estarán en la posibilidad de presentar en sus informes de actividades, aquellas que realicen como entidades de interés público. En ese sentido, podrán informar las relacionadas con la educación y capacitación política, que promueva la participación y los valores cívicos, así como la realización de investigaciones socioeconómicas y políticas.

Se estipula que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos.

De la misma forma, se enlistan diferentes tipos de gastos que habrán de considerarse de campaña, entre los que se encuentran: de propaganda; operativos; de producción de los mensajes para radio y televisión; los que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; así como los que difundan la imagen, nombre, o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político.

Se excluyen de los gastos de campaña, los que realicen los partidos para su operación ordinaria, el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y lo concerniente al sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

Cada partido político contará con un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros, así como de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales.

Se establecen directrices que los partidos deberán seguir en la presentación de sus informes trimestrales de avance del ejercicio, anuales de gasto ordinario, de precampaña y de campaña. Asimismo, la Ley General contempla el procedimiento para la revisión de dichos informes a cargo del Órgano Técnico y la Comisión de Fiscalización.

Al respecto, los dictámenes y proyectos de resolución que emita el Órgano Técnico deberán contener: el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos; la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y el señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin.

Los dictámenes consolidados y resoluciones que emita el Consejo General podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se establece que en la página de internet del INE se publicarán el dictamen completo, la resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.

Se establecen las reglas genéricas para que los gastos genéricos de campaña sean prorrateados entre las campañas beneficiadas; asimismo, se establecen las bases para la distribución de los gastos de campaña en que se promocione a dos o más candidatos a cargos de elección popular.

El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo, podrán solicitar a la Comisión de Fiscalización en cualquier momento, informes sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos nacionales y locales. Por lo que se refiere a los informes de precampaña y campaña, la Comisión de Fiscalización informará en sesión privada, cada veinticinco días, a los Consejeros Electorales los avances de las revisiones.

El Título denominado “De los frentes, las coaliciones y las fusiones”, establece entre otros puntos que los partidos políticos a través de la celebración de convenios podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, por medio de acciones y estrategias específicas y comunes. En el supuesto de la constitución de un frente, éste no afectará la personalidad jurídica de los partidos, su registro ni su identidad.

Por su parte, se abre la posibilidad para que los partidos participen en los procesos electorales mediante coaliciones. Al respecto, se especifica que la solicitud de registro del convenio de coalición se presentará, según sea el caso, al Presidente del Consejo General del INE o del Organismo Público Local, y a falta de éstos, ante el Secretario Ejecutivo del INE o del Organismo Público Local. De ser procedente la solicitud de coalición, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, o en el órgano de difusión oficial de la entidad federativa.

 

Se puntualiza que el convenio de coalición deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición, estarán sujetas a las disposiciones referentes a gasto de campaña como si se trataran de un solo partido político. Asimismo, se prevé la prohibición para los partidos políticos de tener más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local.

La Ley General considera tres tipos de coaliciones, totales, parciales y flexibles.

De esta manera, la coalición total se refiere a que en un mismo proceso federal o local, los partidos políticos coaligados postulan a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral; a diferencia de la coalición parcial, en la que postulan al menos el cincuenta por ciento de sus candidatos; y la coalición flexible, en la que postulan al menos a un veinticinco por ciento de candidatos.

El convenio de coalición contendrá entre otros puntos lo siguiente: los partidos políticos que la forman; el proceso electoral federal o local que le da origen; el procedimiento Interno que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición; la plataforma electoral y los documentos en que conste la aprobación por los órganos correspondientes de los partidos políticos, así como el nombramiento del representante legal de la coalición.

Asimismo, se establece la negativa para coaligarse a los partidos políticos que participen por primera ocasión en un proceso electoral federal o local; así como disposiciones relacionadas con la postulación de candidatos.

Se especifica que independientemente de los términos del convenio que adopten los partidos coaligados, cada partido aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral; adicionalmente, se establece que los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos.

La coalición terminará una vez que concluya la etapa de resultados y de validez de las elecciones. Al respecto, la Ley contempla que aquellos candidatos que hayan ganado la elección quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario al que se haya definido en el convenio de coalición.

 

En el marco legal se abre la posibilidad de que los partidos políticos puedan fusionarse para formar un nuevo partido político o puedan incorporarse a uno de ellos; lo anterior, a través de un convenio que deberá ser aprobado por la asamblea general del partido político o su equivalente. En el supuesto que sea aprobada la procedencia de la fusión, se considerará como registro del partido, el correspondiente al partido más antiguo de aquellos que se fusionen.

Se faculta a las entidades federativas para establecer en sus constituciones locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos.

La validez del convenio de coalición será efectiva cuando se haya cumplido con los estatutos aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario.

El Título denominado Ve la pérdida del registro de los partidos políticos”, prevé las causales para que un partido político pierda su registro, entre las que se encuentran, la de no participar en un proceso electoral ordinario; no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de diputados locales o Gobernador y Ayuntamientos; así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local; no obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de diputados locales o Gobernador, y Ayuntamientos; así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado; haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos, y haberse fusionado con otro partido político.

La Junta Genera! Ejecutiva del INE será la encargada de emitir la declaratoria de pérdida de registro de un partido político en los supuestos de no participar en un proceso electoral ordinario, de no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior el tres por ciento de la votación,

Corresponderá al Consejo General del INE y al Consejo General del Organismo Público Local, respectivamente, hacer la declaratoria de pérdida de registro de un partido político nacional o loca!, en cada caso, las cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, o en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa.

Una vez que se haya emitido la declaratoria de pérdida de registro de un partido, la autoridad electoral nombrará un interventor que se encargue del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido.

De esta forma, se detallan las funciones que deberá realizar el interventor, quien emitirá el aviso de liquidación del partido político, determinará las obligaciones laborales y fiscales, así como el monto de recursos o el valor de los bienes que puedan ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones, ordenará lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación.

Asimismo, el interventor deberá generar un informe con el balance de liquidación del partido, que será puesto a consideración de la autoridad electoral. Aprobado el informe, ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas.

El Régimen Transitorio

El régimen transitorio prevé:

  1. La Ley General entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
  2. Aquellos asuntos que se encuentren en proceso al momento de la entrada en vigor de la ley, deberán ser resueltos por las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.
  3. Se establece como plazo máximo, el 30 de junio de 2014, para que el Congreso de la Unión, Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecúen el marco jurídico electoral.
  4. A más tardar el 30 de junio de 2014, el INE dictará las disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones establecidas en la Ley General.
  5. Se prevé como fecha límite para que los partidos políticos adecúen sus documentos básicos, así como su reglamentación interna conforme a las bases previstas en la Ley, el 30 de septiembre de 2014.
  6. Los partidos políticos que a la entrada en vigor de la Ley General no cuenten con alguno de los órganos internos previstos en la Ley, tendrán hasta el 30 de septiembre de 2014 para modificar su estructura orgánica y nombrar a las personas encargadas de las mismas para estar en posibilidad de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en la materia.
  7. De igual forma, se prevé que se respetarán, conforme a la Ley, los derechos de los partidos políticos.
  8. Se establece que las disposiciones que se opongan al Decreto quedarán abrogadas. Conclusiones.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, partimos de la premisa: que todo orden •jurídico es perfectible y reconocemos que la actualización de las reglas institucionales en gobiernos divididos es una tarea compleja; más aún cuando en ellas se trastoca el sistema electoral, escenario de múltiples intereses.

En ese contexto, es trascendental dejar constancia de que las reformas más importantes que nuestro sistema político ha experimentado en los últimos años tienen un común denominador: el amplio consenso de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para la construcción de acuerdos de los cuales emanan los instrumentos jurídicos que el país demanda.

Es justamente esta diversidad la que ha contribuido a que las modificaciones constitucionales y su correspondiente legislación secundaria, tengan como base una visión compartida de gobierno que fortalece el estado constitucional y democrático de derecho.

El espíritu transformador de los actores que convergen en esta importante reforma pone de manifiesto que en un sistema político en franca consolidación, la toma de decisiones es una tarea compartida. Lejos de la confrontación, la acción de privilegiar el diálogo entre Poderes ha contribuido a una transición estable de nuestras instituciones electorales y de sus procedimientos.

El modelo político electoral mexicano ha sido beneficiado por esta capacidad de entendimiento entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Actualmente existen autoridades administrativas y judiciales producto de la pluralidad que formulan, ejecutan e interpretan normas bajo los principios rectores de certeza, legalidad e imparcialidad. El balance hasta ahora, fue sin duda positivo.

Esta nueva Ley General de Partidos Políticos surge del esfuerzo de los diversos grupos parlamentarios por alcanzar los consensos que permitan establecer reglas novedosas para el sostenimiento del sistema de Partidos Políticos más democráticos y cercanos a la sociedad.

 

La decisión de transitar del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a una nueva Ley General en la materia de Partidos Políticos obedece por tanto a una lógica de evolución jurídica, acorde a las vigentes circunstancias, pero reconociendo aciertos que deben prevalecer de aquellas disposiciones que formaron parte del Código,

En este contexto, se establece la reelección como una herramienta democrática que tiene todo ciudadano mexicano para decidir sobre la continuad de sus representantes o en su caso el relevo de los mismos y en ella los Partidos Políticos tiene una importante labor de acercamiento social.

Las comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, damos puntual cumplimiento, con lo dispuesto en el Decreto de Reforma Constitucional en materia política-electoral que obliga a la expedición de las Leyes Generales que hagan funcional el sistema electoral, y permita garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento dei Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se expide la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Minuta del Senado con el proyecto del decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Disposiciones Preliminares

Artículo 1.

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de:

a)      La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su registro legal;

b)      Los derechos y obligaciones de sus militantes;

c)      Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos;

d)      Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;

e)      Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones;

f)       El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos;

g)      La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de justicia intrapartidaria;

h)      Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones;

i)       El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos políticos, y

j)       El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales.

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes:

a)      Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país;

b)      Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y

c)      Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político.

Artículo 3.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:

a)      Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;

b)      Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y

c)      Cualquier forma de afiliación corporativa.

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Artículo 4.

1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

a)      Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación;

b)      Autoridades jurisdiccionales locales: Las autoridades jurisdiccionales en materia electoral de las entidades federativas;

c)      Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral;

d)      Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e)      Instituto: El Instituto Nacional Electoral;

f)       Ley: La Ley General de Partidos Políticos;

g)      Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

h)      Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas;

i)       Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral;

j)       Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y

k)      Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 5.

1. La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos que establece la Constitución, al Instituto y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales.

2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes.

Artículo 6.

1. En lo no previsto por esta Ley se estará a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CAPÍTULO II

De la Distribución de Competencias en Materia de Partidos Políticos

Artículo 7.

1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes:

a)      El registro de los partidos políticos nacionales y el libro de registro de los partidos políticos locales;

b)      El reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal;

c)      La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca esta Ley;

d)      La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local, y

e)      Las demás que establezca la Constitución y esta Ley.

Artículo 8.

1. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de fiscalización.

2. El Instituto podrá, excepcionalmente y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos de los integrantes del Consejo General, delegar en los Organismos Públicos Locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos locales, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas.

3. La Secretaría Ejecutiva del Instituto someterá al Consejo General los acuerdos de resolución en los que se deberá fundar y motivar el uso de esta facultad.

4. Para el ejercicio de esta facultad, el Instituto deberá valorar que el Organismo Público Local de que se trate:

a)      Cuente con una estructura orgánica y de operación acorde al modelo, protocolos y lineamientos específicos que para tal efecto emita el Consejo General;

b)      Establezca en su normatividad procedimientos acordes a la legislación federal en materia de fiscalización;

c)      Cuente con la infraestructura y el equipamiento necesario para el desarrollo de las funciones a delegar;

d)      Cuente con recursos humanos especializados y confiables, de conformidad con el Servicio Profesional Electoral Nacional;

e)      Ejerza sus funciones de conformidad con la normatividad federal y local electoral vigente, y

f)       El Instituto podrá reasumir en cualquier momento las funciones de fiscalización delegadas, siempre que ello sea aprobado por la misma mayoría de ocho votos de los integrantes del Consejo General.

5. Los Organismos Públicos Locales deberán ejercitar las facultades que le delegue el Instituto sujetándose a lo previsto por esta Ley, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General.

Artículo 9.

1. Corresponden a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones siguientes:

a)      Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas;

b)      Registrar los partidos políticos locales;

c)      Verificar que la Legislatura de la entidad federativa se integre con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta norma no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de representación proporcional, se realizará conforme a lo siguiente:

I.        Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido;

II.       Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en las leyes locales, y

III.      En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales,

d)      Las demás que establezca la Constitución y esta Ley.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos

Artículo 10.

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda.

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:

a)      Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley;

b)      Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y

c)      Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Artículo 11.

1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local.

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes.

Artículo 12.

1. Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo siguiente:

a)      La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará:

I.        El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva;

II.       Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y

III.      Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político.

b)      La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:

I.        Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales;

II.       Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo;

III.      Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;

IV.     Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y

V.      Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.

Artículo 13.

1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local, se deberá acreditar:

a)      La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales, o bien, de los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del Organismo Público Local competente, quien certificará:

I.        El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito, Municipio o demarcación, según sea el caso; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea local constitutiva;

II.       Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y

III.      Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político.

b)      La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Organismo Público Local competente, quien certificará:

I.        Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso;

II.       Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior;

III.      Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;

IV.     Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y

V.      Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.

Artículo 14.

1. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto o del Organismo Público Local competente. Los servidores públicos autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.

2. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.

Artículo 15.

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:

a)      La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;

b)      Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos en medio digital, y

c)      Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente.

Artículo 16.

1. El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido nacional, verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen correspondiente.

2. Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en formación, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, en los términos de los lineamientos que al efecto expida el Consejo General, verificando que cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados requerido inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del partido en formación.

Artículo 17.

1. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido político local, examinará los documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen de registro.

2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al Instituto para que realice la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.

3. El Instituto llevará un libro de registro de los partidos políticos locales que contendrá, al menos:

a)      Denominación del partido político;

b)      Emblema y color o colores que lo caractericen;

c)      Fecha de constitución;

d)      Documentos básicos;

e)      Dirigencia;

f)       Domicilio legal, y

g)      Padrón de afiliados.

Artículo 18.

1. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación.

2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, dará vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, subsistirá la más reciente.

Artículo 19.

1. El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, elaborará el proyecto de dictamen y dentro del plazo de sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección.

3. La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial de la entidad federativa de que se trate, según corresponda, y podrá ser recurrida ante el Tribunal o la autoridad jurisdiccional local competente.

CAPÍTULO II

De las Agrupaciones Políticas Nacionales

Artículo 20.

1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

2. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia, las denominaciones de "partido" o "partido político".

Artículo 21.

1. Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste.

2. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el Presidente del Consejo General en los plazos previstos en el párrafo 1 del artículo 92, de esta Ley, según corresponda.

3. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante.

4. Las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en esta Ley y en el Reglamento correspondiente.

Artículo 22.

1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos:

a)      Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas, y

b)      Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación  o partido.

2. Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General.

3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.

4. Cuando proceda el registro, el Consejo General expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada.

5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de junio del año anterior al de la elección.

6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en esta Ley.

7. Las agrupaciones políticas con registro deberán presentar al Instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

8. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

9. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a)      Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

b)      Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

c)      Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d)      No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el Reglamento;

e)      Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta Ley;

f)       Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro, y

g)      Las demás que establezca esta Ley.

CAPÍTULO III

De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos

Artículo 23.

1. Son derechos de los partidos políticos:

a)      Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

b)      Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones de la materia;

c)      Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes;

d)      Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables.

          En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento;

e)      Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;

f)       Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;

g)      Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;

h)      Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno;

i)       Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral;

j)       Nombrar representantes ante los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, en los términos de la Constitución, las constituciones locales y demás legislación aplicable;

k)      Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales, y

l)       Los demás que les otorguen la Constitución y las leyes.

Artículo 24.

1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los órganos del Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:

a)      Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;

b)      Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;

c)      Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral;

d)      Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, y

e)      Ser agente del Ministerio Público federal o local.

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a)      Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b)      Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c)      Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro;

d)      Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;

e)      Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

f)       Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

g)      Contar con domicilio social para sus órganos internos;

h)      Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

i)       Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

j)       Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

k)      Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

l)       Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables;

m)     Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

n)      Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

o)      Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas;

p)      Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

q)      Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

r)       Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales;

s)      Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley;

t)       Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone, y

u)      Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Artículo 26.

1. Son prerrogativas de los partidos políticos:

a)      Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

b)      Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades;

c)      Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia, y

d)      Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO IV

De las Obligaciones de los Partidos Políticos en Materia de Transparencia

Artículo 27.

1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.

Artículo 28.

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos.

2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 6o. constitucional en materia de transparencia.

3. La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos.

4. Cuando la información solicitada se encuentre disponible públicamente, incluyendo las páginas electrónicas oficiales del Instituto y Organismos Públicos Locales, o del partido político de que se trate, se deberá entregar siempre dicha información notificando al solicitante la forma en que podrá obtenerla.

5. Cuando la información no se encuentre disponible públicamente, las solicitudes de acceso a la información procederán en forma impresa o en medio electrónico.

6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, como mínimo, la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley de la materia.

7. La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto y Organismos Públicos Locales, o que éste genere respecto a los mismos, por regla general deberá ser pública y sólo se podrá reservar por excepción, en los términos que disponga la ley de la materia, y deberá estar a disposición de toda persona a través de la página electrónica del Instituto y Organismos Públicos Locales respectivamente.

Artículo 29.

1. Los partidos políticos deberán contemplar en sus estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición  de éstos.

Artículo 30.

1. Se considera información pública de los partidos políticos:

a)      Sus documentos básicos;

b)      Las facultades de sus órganos de dirección;

c)      Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus militantes, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;

d)      El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;

e)      El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

f)       Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, así como de cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de éste;

g)      Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios;

h)      Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto;

i)       Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;

j)       Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la  postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;

k)      Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

l)       Los informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispuesto en la presente Ley, el estado de la situación patrimonial del partido político, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o estén en su posesión bajo cualquier figura jurídica, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno;

m)     Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; así como su debido cumplimiento;

n)      Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del proceso así como su forma de acatarla;

o)      Resoluciones dictadas por sus órganos de control interno;

p)      Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como su cabal cumplimiento;

q)      Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto;

r)       El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo económico del partido político;

s)      El dictamen y resolución que el Consejo General haya aprobado respecto de los informes a que se refiere el inciso l) de este párrafo, y

t)       La demás que señale esta Ley y las leyes aplicables en materia de transparencia.

Artículo 31.

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la ley  de la materia.

2. No se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados.

Artículo 32.

1. Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en este Capítulo de forma permanente a través de sus páginas electrónicas, sin perjuicio de la periodicidad, formatos y medios que establezca para todas las obligaciones de transparencia, esta Ley y la normatividad de la materia.

Artículo 33.

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TÍTULO TERCERO

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos

Artículo 34.

1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

2. Son asuntos internos de los partidos políticos:

a)      La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;

b)      La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

c)      La elección de los integrantes de sus órganos internos;

d)      Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

e)      Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y

f)       La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.

CAPÍTULO II

De los Documentos Básicos de los Partidos Políticos

Artículo 35.

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son:

a)      La declaración de principios;

b)      El programa de acción, y

c)      Los estatutos.

Artículo 36

1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, el Consejo General atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

2. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo.

Artículo 37.

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:

a)      La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

b)      Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el solicitante;

c)      La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos;

d)      La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, y

e)      La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

Artículo 38.

1. El programa de acción determinará las medidas para:

a)      Alcanzar los objetivos de los partidos políticos;

b)      Proponer políticas públicas;

c)      Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y

d)      Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

Artículo 39.

1. Los estatutos establecerán:

a)      La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b)      Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones;

c)      Los derechos y obligaciones de los militantes;

d)      La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político;

e)      Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos;

f)       Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos;

g)      La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;

h)      La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen;

i)       Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos;

j)       Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y

k)      Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva.

CAPÍTULO III

De los Derechos y Obligaciones de los Militantes

Artículo 40.

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes:

a)      Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido político;

b)      Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político;

c)      Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos;

d)      Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información;

e)      Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión;

f)       Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político;

g)      Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;

h)      Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido político;

i)       Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y

j)       Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante.

Artículo 41.

1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes:

a)      Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria;

b)      Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción;

c)      Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes electorales;

d)      Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias;

e)      Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;

f)       Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias;

g)      Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le corresponda asistir, y

h)      Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido político.

Artículo 42.

1. El Instituto verificará que una misma persona no se encuentre afiliada en más de un partido político y establecerá mecanismos de consulta de los padrones respectivos.

2. En caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, se procederá conforme al artículo 18 de esta Ley.

CAPÍTULO IV

De los Órganos Internos de los Partidos Políticos

Artículo 43.

1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes:

a)      Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas las entidades federativas en el caso de partidos políticos nacionales, o de los municipios en el caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas;

b)      Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según corresponda, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;

c)      Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;

d)      Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a cargos de elección popular;

e)      Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo;

f)       Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y

g)      Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes.

2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los señalados en el párrafo anterior, con comités o equivalentes en las entidades federativas con facultades ejecutivas.

CAPÍTULO V

De los Procesos de Integración de Órganos Internos y de Selección de Candidatos

Artículo 44.

1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:

a)      El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente:

I.        Cargos o candidaturas a elegir;

II.       Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado;

III.      Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;

IV.     Documentación a ser entregada;

V.      Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro;

VI.     Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto;

VII.    Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y secreto;

VIII.   Fecha y lugar de la elección, y

IX.     Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso.

b)      El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior:

I.        Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su elegibilidad, y

II.       Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las etapas del proceso.

Artículo 45.

1. Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de sus órganos de dirección, con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas.

2. Para la organización y el desarrollo del proceso de elección, se aplicarán las reglas siguientes:

a)      Los partidos políticos establecerán en sus estatutos el órgano interno facultado, los supuestos y el procedimiento para determinar la procedencia de la solicitud;

b)      El partido político presentará al Instituto la solicitud de apoyo por conducto del órgano ejecutivo previsto en el artículo 43, inciso b) de esta Ley, cuatro meses antes del vencimiento del plazo para la elección del órgano de dirección que corresponda.

          En caso de que, por controversias planteadas ante tribunales, el plazo de renovación de un órgano de dirección se hubiere vencido, el partido político podrá solicitar al Instituto, organice la elección fuera del plazo señalado en el párrafo anterior;

c)      Los partidos sólo podrán solicitar la colaboración del Instituto durante periodos no electorales;

d)      El partido político solicitante acordará con el Instituto los alcances de su participación, así como las condiciones para la organización y desarrollo del proceso, las cuales deberán estar apegadas a lo establecido en los Estatutos y reglamentos del partido político;

e)      En el acuerdo se establecerán los mecanismos para que los costos de organización del proceso, en los cuales podrá incluirse la eventual contratación por obra determinada de personal por parte del Instituto para tal fin, sean con cargo a las prerrogativas del partido político solicitante;

f)       El Instituto se coordinará con el órgano previsto en el inciso d) del artículo 43 de esta Ley para el desarrollo del proceso;

g)      La elección se realizará preferentemente con el apoyo de medios electrónicos para la recepción de la votación, y

h)      El Instituto únicamente podrá rechazar la solicitud si existe imposibilidad material para organizar la elección interna.

CAPÍTULO VI

De la Justicia Intrapartidaria

Artículo 46.

1. Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias.

2. El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de miembros; será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así como con respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos.

3. Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y las formalidades del procedimiento.

Artículo 47.

1. El órgano de decisión colegiada a que se refiere el artículo anterior aprobará sus resoluciones por mayoría de votos.

2. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal.

3. En las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deberán ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con los principios de auto organización y auto determinación de que gozan los partidos políticos para la consecución de sus fines.

Artículo 48.

1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes características:

a)      Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita;

b)      Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna;

c)      Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y

d)      Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de los derechos político–electorales en los que resientan un agravio.

TÍTULO CUARTO

DEL ACCESO A LA RADIO Y A LA TELEVISIÓN

Artículo 49.

1. Conforme a lo señalado en el artículo 41 de la Constitución, corresponde al Instituto la administración de los tiempos del Estado para fines electorales, en los términos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TÍTULO QUINTO

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

Del Financiamiento Público

Artículo 50.

1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a)      Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I.        El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;

II.       El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución;

III.      Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente;

IV.     Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y

V.      Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.

b)      Para gastos de Campaña:

I.        En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, en su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;

II.       En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y

III.      El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados.

c)      Por actividades específicas como entidades de interés público:

I.        La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado;

II.       El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior, y

III.      Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:

a)      Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, y

b)      Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.

Artículo 52.

1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate.

2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas.

CAPÍTULO II

Del Financiamiento Privado

Artículo 53.

1. Además de lo establecido en el Capítulo que antecede, los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes:

a)      Financiamiento por la militancia;

b)      Financiamiento de simpatizantes;

c)      Autofinanciamiento, y

d)      Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a)      Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b)      Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c)      Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d)      Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e)      Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f)       Las personas morales, y

g)      Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.

Artículo 55.

1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.

Artículo 56.

1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:

a)      Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos;

b)      Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y

c)      Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas dentro de los supuestos establecidos en el artículo 57 de esta Ley.

2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:

a)      Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate;

b)      Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos;

c)      Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y

d)      Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.

3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento.

4. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el partido político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar factura en la que se precise la forma de pago; conforme a lo previsto en el artículo 29 A, fracción VII, inciso c), del Código Fiscal de la Federación.

5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación.

6. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.

Artículo 57.

1. Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las reglas siguientes:

a)      Deberán informar al Consejo General del Instituto de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato de que se trate, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido establecido;

b)      Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año;

c)      En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario para el Consejo General del Instituto, por lo que éste podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones, y

d)      Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político.

CAPÍTULO III

De la Verificación de Operaciones Financieras

Artículo 58.

1. El Consejo General del Instituto a través de su Unidad Técnica, podrá solicitar a la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes de operaciones financieras ante la presunción sobre el origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos.

2. Asimismo a solicitud del órgano de fiscalización la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará respecto de disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables.

TÍTULO SEXTO

DEL RÉGIMEN FINANCIERO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

Del Sistema de Contabilidad de los Partidos Políticos

Artículo 59.

1. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo General del Instituto y la Comisión de Fiscalización.

Artículo 60.

1. El sistema de contabilidad al que los partidos políticos se sujetarán, deberá tener las características siguientes:

a)      Estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial del partido político;

b)      Las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma;

c)      Reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los partidos políticos con terceros, en términos de las disposiciones civiles y mercantiles;

d)      Registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones presupuestarias y contables, así como otros flujos económicos;

e)      Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el Consejo General del Instituto;

f)       Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales;

g)      Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;

h)      Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;

i)       Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión financiera;

j)       Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y

k)      Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.

2. El sistema de contabilidad se desplegará en un sistema informático que contará con dispositivos de seguridad. Los partidos harán su registro contable en línea y el Instituto podrá tener acceso irrestricto a esos sistemas en ejercicio de sus facultades de vigilancia y fiscalización.

3. En su caso, el Instituto formulará recomendaciones preventivas a partidos políticos y candidatos, con vistas a mejorar la eficacia, eficiencia, oportunidad, consistencia y veracidad de los informes que esta Ley señala.

CAPÍTULO II

De las Obligaciones de los Partidos en cuanto al Régimen Financiero

Artículo 61.

1. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:

a)      Llevar su contabilidad mediante libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, cuentas especiales, papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de almacenamiento de datos que les permitan facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos y la administración de la deuda;

b)      Generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos, comparables y homogéneos, los cuales serán expresados en términos monetarios;

c)      Seguir las mejores prácticas contables en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización;

d)      Contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que defina el Consejo General del Instituto;

e)      Conservar la información contable por un término mínimo de cinco años, y

f)       Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente:

I.        En un plazo de setenta y dos horas, contado a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento, sus estados financieros con un corte de información al momento de la solicitud;

II.       Fuera de procesos electorales, el informe de los contratos será presentado de manera trimestral del periodo inmediato anterior, y

III.      La información de carácter financiero, la relativa al gasto y condiciones de ejecución, de los contratos que celebren durante las precampañas y campañas, en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, dicha información podrá ser notificada al Instituto por medios electrónicos con base en los lineamientos que éste emita.

Artículo 62.

1. El Consejo General del Instituto comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita dicho Consejo General.

2. Los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo que contenga:

a)      La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato;

b)      El objeto del contrato;

c)      El valor o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar;

d)      Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo su ejecución, y

e)      La penalización en caso de incumplimiento.

Artículo 63.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:

a)      Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales;

b)      Efectuar mediante transferencia electrónica, cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, los pagos cuyo monto exceda de noventa días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

c)      Estar debidamente registrados en la contabilidad;

d)      Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de retenciones y entero de impuestos a cargo de terceros, y

e)      Sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Artículo 64.

1. Los partidos políticos pueden optar por realizar los pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes, a las precampañas y campañas, o bien únicamente los relativos a propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y campaña, por conducto de la Unidad Técnica.

2. Se entiende por propaganda en vía pública toda propaganda que se contrate o difunda en espectaculares, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, panorámicos, para buses, puentes, vallas, vehículos o cualquier otro medio similar.

3. En el supuesto que el partido opte porque el Instituto a través de la Unidad Técnica pague la totalidad de las obligaciones contractuales contraídas por el partido en la etapa de campaña, la Unidad Técnica tendrá en todo momento a lo largo de la campaña el uso exclusivo de las chequeras.

4. Para el caso de que el partido político opte por que el Instituto, a través de la Unidad Técnica, pague únicamente la propaganda en vía pública se utilizará una cuenta para tal fin cuya chequera será exclusiva de la autoridad.

5. El Consejo General expedirá los lineamientos para la realización de los pagos por conducto de la Unidad Técnica, los cuales deberán garantizar, entre otros aspectos, la transparencia en el uso de los recursos; la realización de los pagos en forma oportuna; el cumplimiento de las disposiciones en materia fiscal, y la conciliación de saldos.

Artículo 65.

1. El Instituto emitirá los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones respecto de los partidos políticos, coaliciones y candidatos.

TÍTULO SÉPTIMO

OTRAS PRERROGATIVAS

CAPÍTULO I

Régimen Fiscal

Artículo 66.

1. Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes:

a)      Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines;

b)      Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la enajenación de los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así como los ingresos provenientes de donaciones en numerario o en especie;

c)      Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus principios, programas, estatutos y, en general, para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma, y

d)      Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 67.

1. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior no se aplicarán en los siguientes casos:

a)      En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados o el Distrito Federal, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales que se establezcan sobre la propiedad, división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, y

b)      De los impuestos y derechos que establezcan los estados, los municipios o el Distrito Federal por la prestación de los servicios públicos.

Artículo 68.

1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, no releva a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales.

2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos.

CAPÍTULO II

De las Franquicias Postales y Telegráficas

Artículo 69.

1. Los partidos políticos nacionales disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 70.

1. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas:

a)      El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto, la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos nacionales. En años no electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al cuatro por ciento;

b)      La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos nacionales;

c)      El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del presupuesto que corresponda anualmente por concepto de esta prerrogativa a cada partido político nacional y le cubrirá, trimestralmente, el costo de los servicios proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que corresponda. En ningún caso el Instituto ministrará directamente a los partidos los recursos destinados a este fin. Si al concluir el ejercicio fiscal que corresponda quedaren remanentes por este concepto, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías presupuestarias;

d)      Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de cada partido. Los representantes de los partidos ante el Consejo General informarán oportunamente al Instituto, sobre la asignación anual entre dichos comités de la prerrogativa que les corresponda;

e)      Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes autorizados por cada uno de sus comités para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus publicaciones periódicas. La propia Dirección Ejecutiva comunicará al Servicio Postal Mexicano los nombres de los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados;

f)       Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su correspondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; los comités estatales, distritales y municipales podrán remitirlas a su comité nacional y dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales;

g)      El Servicio Postal Mexicano informará al Instituto sobre las oficinas en que los partidos políticos harán los depósitos de su correspondencia, garantizando que estén dotadas de los elementos necesarios para su manejo. Los representantes autorizados y registrados por cada comité ante la Dirección Ejecutiva o las vocalías deberán facturar los envíos y firmar la documentación respectiva;

h)      En la correspondencia de cada partido político se mencionará de manera visible su condición de remitente;

i)       El Instituto celebrará los convenios y acuerdos necesarios con el Servicio Postal Mexicano para los efectos establecidos en el presente artículo; este último informará, en los términos y plazos que se convengan, del uso que haga cada partido político de su prerrogativa, así como de cualquier irregularidad que en el uso de la misma llegue a conocer, y

j)       Los partidos políticos informarán oportunamente a la Dirección Ejecutiva de la sustitución de sus representantes autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio Postal Mexicano.

Artículo 71.

1. Las franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utilización dentro del territorio nacional y se sujetarán a las siguientes reglas:

a)      Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacionales de cada partido político;

b)      Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunicaciones a toda la República;

c)      Las franquicias serán utilizadas por dos representantes autorizados por cada uno de los comités nacionales. Los nombres y firmas de los representantes autorizados se registrarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que ésta los comunique al organismo público correspondiente;

d)      La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio y los textos de los telegramas se ajustarán a las disposiciones de la materia, y

e)      La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de propaganda, asuntos de interés personal, ni para mensajes cuyos destinatarios se encuentren en la misma ciudad o zona urbana de giro.

2. El Instituto dispondrá lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir al organismo público competente el costo en que éste incurra por la atención de las presentes disposiciones.

TÍTULO OCTAVO

DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

Fiscalización de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos Políticos

Artículo 72.

1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias.

2. Se entiende como rubros de gasto ordinario:

a)      El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

b)      Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales;

c)      El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;

d)      Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;

e)      La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno, y

f)       Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos políticos en las campañas.

3. Los gastos de estructuras electorales comprenderán los realizados para el pago de viáticos y alimentos de:

a)      Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos en sus actividades estatutarias ordinarias y extraordinarias;

b)      Los integrantes de los comités o equivalentes en las entidades federativas, previstos en el párrafo 2 del artículo 43 de esta Ley, en actividades ante los órganos internos de los partidos políticos nacionales;

c)      Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos nacionales ante los comités o equivalentes en las entidades federativas previstos en el párrafo 2 del artículo 43 de esta Ley;

d)      Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto o ante los Organismos Públicos Locales;

e)      Los representantes de los partidos políticos en las casillas de recepción del voto;

f)       Los que deriven del acuerdo emitido por el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previo a la entrega de los informes de gastos ordinarios de cada uno de los ejercicios, y

g)      La propaganda institucional que difunda los logros de gobierno de cada uno de los partidos políticos o coaliciones.

Artículo 73.

1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes:

a)      La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer;

b)      La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género;

c)      La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida política;

d)      La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones en la materia, y

e)      Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.

Artículo 74.

1. Los partidos políticos podrán reportar en sus informes actividades específicas que desarrollan como entidades de interés público, entendiéndose como tales las siguientes:

a)      La educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, entre la ciudadanía;

b)      La realización de investigaciones socioeconómicas y políticas;

c)      La elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio de difusión, de información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes, y

d)      Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.

CAPÍTULO II

Fiscalización de los Partidos Políticos durante los Procesos Electorales

Artículo 75.

1. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos.

Artículo 76.

1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:

a)      Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

b)      Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;

c)      Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;

d)      Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo;

e)      Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;

f)       Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral;

g)      Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y

h)      Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.

2. No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario.

CAPÍTULO III

De los Informes de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos

Artículo 77.

1. El órgano interno de los partidos políticos previsto en el artículo 43, inciso c), de esta Ley, será el responsable de la administración de su patrimonio y de sus recursos generales, de precampaña y campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el presente Capítulo. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.

2. La revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del dictamen consolidado y proyecto de resolución de los diversos informes que están obligados a presentar los partidos políticos.

Artículo 78.

1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes:

a)      Informes trimestrales de avance del ejercicio:

I.        Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda;

II.       En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda;

III.      Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este inciso, y

IV.     Si de la revisión que realice la Comisión a través de la Unidad Técnica, se encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido político a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes. Los informes constituyen un precedente para la revisión anual que realizará la autoridad.

b)      Informes anuales de gasto ordinario:

I.        Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;

II.       En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;

III.      Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y

IV.     Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.

2. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I del inciso a) del párrafo 1 de este artículo y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable.

Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a)      Informes de precampaña:

I.        Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II.       Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;

III.      Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;

IV.     Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda, y

V.      Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales deberán ser reportados en los informes correspondientes.

b)      Informes de Campaña:

I.        Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II.       El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III.      Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.

Artículo 80.

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

a)      Informes trimestrales de avance del ejercicio:

I.        Una vez entregados los informes trimestrales, si de la revisión que realice la Unidad Técnica se encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes, y

II.       En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad.

b)      Informes anuales:

I.        Una vez entregados los informes anuales, la Unidad Técnica tendrá un término de sesenta días para su revisión y estará facultado en todo momento para solicitar al órgano previsto en el artículo 43, inciso c) de esta Ley de cada partido, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

II.       Si durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, prevendrá al partido político que haya incurrido en ellos para que en un plazo de diez días, contados a partir de dicha prevención, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

III.      La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. La Unidad Técnica informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo para la elaboración del dictamen consolidado a que se refiere la fracción siguiente;

IV.     Una vez concluido el plazo referido en la fracción I de este inciso o, en su caso, el concedido para la rectificación de errores u omisiones, contará con un plazo de veinte días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución respectivo, para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización;

V.      La Comisión de Fiscalización contará con diez días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad Técnica, y

VI.     Una vez concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión de Fiscalización presentará en un término de setenta y dos horas, el proyecto ante el Consejo General, el cual contará con diez días para su discusión y aprobación.

c)      Informes de Precampaña:

I.        Una vez entregados los informes de gastos de precampaña, la Unidad Técnica tendrá un término de quince días para la revisión de dichos informes;

II.       La Unidad Técnica informará a los partidos políticos, en su caso, la existencia de errores u omisiones técnicas y los prevendrá para que en el término de siete días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

III.      Una vez concluido el término referido en la fracción anterior, la Unidad Técnica contará con un término de diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución respectivo y para someterlo a consideración de la Comisión de Fiscalización;

IV.     La Comisión de Fiscalización contará con seis días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad Técnica, y

V.      Una vez concluido el periodo de seis días, la Comisión de Fiscalización presentará en un plazo de setenta y dos horas el proyecto ante el Consejo General, el cual contará con un plazo de seis días, para su discusión y aprobación.

d)      Informes de Campaña:

I.        La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;

II.       Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica contará con diez días para revisar la documentación soporte y la contabilidad presentada;

III.      En el caso que la autoridad se percate de la existencia de errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días contados a partir de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

IV.     Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica contará con un término de diez días para realizar el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, así como para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización;

V.      Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, ésta última tendrá un término de seis días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y

VI.     Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el proyecto de resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través de su Presidente, someterá a consideración del Consejo General los proyectos para que éstos sean votados en un término improrrogable de seis días.

Artículo 81.

1. Todos los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica deberán contener como mínimo:

a)      El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;

b)      En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y

c)      El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin.

Artículo 82.

1. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el dictamen consolidado y resolución que emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia, en cuyo caso, el Consejo General del Instituto deberá:

a)      Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado de la Unidad Técnica y el informe respectivo;

b)      Remitir al Diario Oficial de la Federación para su publicación, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste una vez que el Tribunal emita la resolución correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, la resolución recaída al recurso, y

c)      Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen completo, así como la resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.

Artículo 83.

1. Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las campañas beneficiadas, de acuerdo con lo siguiente:

a)      Como gastos genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña;

b)      Los gastos genéricos en los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición, y

c)      En los casos en los que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos o los contenidos de sus plataformas electorales.

2. En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma:

a)      En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Senador, se distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de la República y un sesenta por ciento al candidato a Senador;

b)      En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Diputado Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a Presidente de la República, y un cuarenta por ciento al candidato a Diputado Federal;

c)      En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un veinte por ciento al Presidente de la República, cincuenta al candidato a Senador, y en un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;

d)      En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos a Presidente de la República, Senador, Diputado Federal y una campaña local, el gasto será distribuido en un quince por ciento al candidato a Presidente de la República; un treinta y cinco por ciento al candidato a Senador; en un veinticinco por ciento al Diputado Federal y un veinticinco por ciento a la campaña local respectiva;

e)      En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República y una campaña local, se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente de la República y en un sesenta por ciento a la campaña local;

f)       En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la República, Senador y una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento al candidato a Presidente de la República; sesenta por ciento al candidato a Senador y un veinte por ciento al candidato de la elección local respectivo;

g)      En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la República, Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente, en un treinta y cinco al candidato a Diputado Federal y en un veinticinco al candidato de la elección local;

h)      En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador y un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;

i)       En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato a Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta por ciento al candidato a Senador, un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal y un veinte por ciento al candidato a la campaña local;

j)       En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole local; se distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y un veinticinco al candidato de la elección local respectiva;

k)      En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato relacionado con una campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento, respectivamente, y

l)       En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a Senadores o Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales.

3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a)      Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;

b)      Se difunda la imagen del candidato, o

c)      Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.

4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos a los que se refiere el presente artículo.

Artículo 84.

1. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo podrán solicitar en todo momento informes sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos nacionales y locales a la Comisión de Fiscalización.

2. En cuanto a los informes de precampaña y campaña, la Comisión de Fiscalización dará en sesión privada a los Consejeros Electorales un informe cada veinticinco días de los avances de las revisiones.

TÍTULO NOVENO

DE LOS FRENTES, LAS COALICIONES Y LAS FUSIONES

Artículo 85.

1. Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.

2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley.

3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido o para incorporarse en uno de ellos.

4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda.

5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos.

6. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o participación, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario.

CAPÍTULO I

De los Frentes

Artículo 86.

1. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar:

a)      Su duración;

b)      Las causas que lo motiven;

c)      Los propósitos que persiguen, y

d)      La forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común sus prerrogativas, dentro de los señalamientos de esta Ley.

2. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Instituto, el que dentro del término de diez días hábiles resolverá si cumple los requisitos legales y en su caso dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos.

3. Los partidos políticos nacionales que integren un frente, conservarán su personalidad jurídica, su registro y su identidad.

CAPÍTULO II

De las Coaliciones

Artículo 87.

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa.

2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.

4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición.

5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político.

6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente Capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley.

7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo.

8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos.

9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local.

10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición.

11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición.

12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley.

13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio.

15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.

Artículo 88.

1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles.

2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados locales o de diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno.

4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin efectos.

5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

Artículo 89.

1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán:

a)      Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados;

b)      Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato para la elección presidencial;

c)      Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y

d)      En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación proporcional.

Artículo 90.

1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla.

Artículo 91.

1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:

a)      Los partidos políticos que la forman;

b)      El proceso electoral federal o local que le da origen;

c)      El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición;

d)      Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;

e)      El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y

f)       Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quien ostentaría la representación de la coalición.

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje.

5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución.

Artículo 92.

1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive.

2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, integrará el expediente e informará al Consejo General.

3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.

4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo Público Local, según la elección que lo motive, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el órgano de difusión oficial local, según corresponda.

CAPÍTULO III

De las Fusiones

Artículo 93.

1. La fusión de partidos sólo podrá realizarse entre dos o más partidos políticos nacionales; o dos o más partidos políticos locales.

2. Los partidos políticos nacionales que decidan fusionarse, deberán celebrar un convenio en el que invariablemente se establecerán las características del nuevo partido; o cuál de los partidos políticos conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro; y qué partido o partidos quedarán fusionados. El convenio de fusión deberá ser aprobado por la asamblea nacional o equivalente de cada uno de los partidos que participen en la fusión.

3. Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido será la que corresponda al registro del partido más antiguo entre los que se fusionen.

4. Los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán reconocidos y asignados tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos fusionados obtuvieron en la última elección para diputados federales, y en su caso, para diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional.

5. El convenio de fusión deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, para que, una vez hecha la revisión a que se refiere el párrafo 2 del artículo 93 de esta Ley lo someta a la consideración del Consejo General.

6. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local resolverá sobre la vigencia del registro del nuevo partido, dentro del término de treinta días siguientes a su presentación y, en su caso, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

7. Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse al presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local a más tardar un año antes al día de la elección.

TÍTULO DÉCIMO

DE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

De la Pérdida del Registro

Artículo 94.

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a)      No participar en un proceso electoral ordinario;

b)      No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local;

c)      No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado;

d)      Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;

e)      Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral;

f)       Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos, y

g)      Haberse fusionado con otro partido político.

Artículo 95.

1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación.

2. En los casos a que se refieren los incisos d) al g), del párrafo 9 del artículo 22, y e) al g) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) del párrafo 9 del artículo 22 y d) y e) del párrafo 1 del artículo anterior, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido político interesado.

3. La declaratoria de pérdida de registro de un partido político o agrupación local deberá ser emitida por el Consejo General del Organismo Público Local, fundando y motivando las causas de la misma y será publicada en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa.

4. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.

5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.

Artículo 96.

1. Al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según corresponda.

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

CAPÍTULO II

De la Liquidación del Patrimonio de los Partidos Políticos

Artículo 97.

1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución, el Instituto dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto:

a)      Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 94 de esta Ley, la Comisión de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley;

b)      La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados;

c)      A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso a) de este párrafo, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político, y

d)      Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el artículo 95 de esta Ley, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley, el interventor designado deberá:

I.        Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación tratándose de un partido político nacional o en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa, tratándose de un partido político local, para los efectos legales procedentes;

II.       Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

III.      Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones;

IV.     Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación. Realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

V.      Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación de la autoridad electoral. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

VI.     Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Tesorería de la Federación tratándose de un partido político nacional, o a la tesorería de la entidad federativa correspondiente tratándose de un partido político local, y

VII.    En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Las decisiones de la autoridad nacional o local pueden ser impugnadas jurisdiccionalmente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los asuntos que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en proceso se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.

TERCERO. El Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar el marco jurídico-electoral, a más tardar el 30 de junio de 2014.

CUARTO. El Instituto dictará las disposiciones necesarias para hacer efectivo lo establecido en esta Ley, a más tardar el 30 de junio de 2014.

QUINTO. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna a lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables, a más tardar el 30 de septiembre  de 2014.

SEXTO. Los partidos políticos que a la entrada en vigor de esta Ley no cuenten con alguno de los órganos internos que se prevén en ésta u otras disposiciones jurídicas, deberán modificar su estructura orgánica y nombrar a las personas encargadas de las mismas, a efecto de cumplir con las disposiciones correspondientes, a más tardar el 30 de septiembre de 2014.

SÉPTIMO. Se respetarán, conforme a la Ley, los derechos de los partidos políticos.

OCTAVO. Las solicitudes de los partidos políticos para que el Instituto organice sus elecciones internas, que hayan sido presentadas antes de la entrada en vigor del presente Decreto, no estarán sujetas al plazo establecido en el inciso b), del párrafo 2 del artículo 45 de esta Ley. Las solicitudes que se presenten durante el año 2014, deberán ser sometidas a consideración del Instituto con un mes de anticipación.

NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

México, D.F., a 15 de mayo de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. José González Morfín, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Ángel Cedillo Hernández, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de mayo de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

 

 

DECRETO por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :

SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.

Artículo Único.- Se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Objeto y Definiciones

Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.

Artículo 2. Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento de los delitos previstos en la presente Ley serán aplicables, en lo conducente, la legislación procesal penal vigente en la Federación y en las entidades federativas, el Libro Primero del Código Penal Federal y las demás disposiciones de carácter nacional en materia penal que expida el Congreso de la Unión.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Ley: Ley General en Materia de Delitos Electorales;

III. Código Penal: Código Penal Federal;

IV. Consulta Popular: Los mecanismos de participación mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho reconocido por el artículo 35, fracción VIII de la Constitución;

V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía.

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional;

VI. Funcionarios electorales: Quienes en los términos de la legislación electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales;

VII. Funcionarios partidistas: Los dirigentes de los partidos políticos, de las coaliciones y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos electorales, así como los responsables de las finanzas de los partidos políticos, coaliciones o candidatos en los términos de la legislación electoral;

VIII. Candidatos: Los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente;

IX. Documentos públicos electorales: La credencial para votar, los listados nominales, las boletas electorales, la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales Electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal, los formatos aprobados por el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales Electorales que tengan como propósito acreditar un acto electoral conforme a la legislación aplicable y, en general todas las actas y documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales Electorales;

X. Materiales electorales: Los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral;

XI. Multa: La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, en términos de la legislación aplicable;

XII. Paquete electoral: Es el conjunto de los siguientes documentos: el acta de la jornada electoral, la lista nominal de electores, las boletas electorales sobrantes inutilizadas, las que contengan votos válidos y las de los votos nulos, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y, en su caso, del cómputo por distrito electoral uninominal, los escritos de protesta que se hubieren recibido, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

XIII. Precandidato: Es el ciudadano que pretende ser postulado como candidato a algún cargo de elección popular, y que ha cumplido con los requisitos que exige la legislación electoral;

XIV. Organizadores de actos de campaña: Las personas que dirijan, coordinen, instrumenten o participen en la organización de las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DELITOS EN MATERIA ELECTORAL

CAPÍTULO I

Reglas Generales

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.

Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Artículo 6. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán con independencia de la sanción establecida para los tipos penales que concurran en la comisión de los delitos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO II

Delitos en Materia Electoral

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto.

La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo.

De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición;

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;

X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto;

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena hasta en un tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad más;

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará hasta un tercio de la pena. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad;

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales;

XIV. Impida la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos;

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los lugares donde se resguarden;

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados;

XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, o

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores;

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral;

III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;

IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales;

V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada;

VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato;

VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;

VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les concede;

IX. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales;

X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, o

XI. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas.

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma;

II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales;

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;

VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido;

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación;

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente, o

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.

Artículo 10. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al que:

I. Se abstenga de informar o rinda información falsa de los recursos y bienes públicos remanentes de los partidos políticos o agrupaciones políticas que hayan perdido su registro, habiendo sido requerido por la autoridad;

II. Se abstenga de transmitir la propiedad o posesión de los bienes adquiridos con financiamiento público o los remanentes  de  dicho financiamiento, una vez que haya perdido el registro el partido político o la agrupación política del cual forme o haya formado parte, previo requerimiento de la autoridad electoral competente;

III. Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes muebles o inmuebles, que integren el patrimonio del partido político o la agrupación política que haya perdido su registro.

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

Artículo 12. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos a un cargo de elección popular no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo respectivo, a desempeñar el cargo, dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo.

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien:

I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.

A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo.

A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias personas entreguen información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo;

II. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores.

En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato o candidato el que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más.

Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Artículo 16. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.

Artículo 17. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a quien estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

Artículo 18. Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días multa a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.

Artículo 19. Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien durante el procedimiento de consulta popular:

I. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada de consulta popular, en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;

II. Obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de la consulta popular; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca papeletas falsas;

III. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular, durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular:

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.

TÍTULO TERCERO

COMPETENCIAS, FACULTADES Y COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

CAPÍTULO I

Competencias y Facultades

Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

I. Sean cometidos durante un proceso electoral federal;

II. Se actualice alguna de las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

III. Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. del Código Penal Federal o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o

IV. El Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando los delitos del fuero común tengan conexidad con delitos federales, o

b. Cuando el Instituto Nacional Electoral, ejerza su facultad para la organización de algún proceso electoral local, en términos de lo previsto en la Constitución.

Artículo 22. Las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPÍTULO II

De la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas

Artículo 23. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 24. La Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales o del servidor público en quien se delegue la facultad, las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias con base en lo dispuesto por la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 constitucional y las disposiciones de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos previstos en esta Ley;

II. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y las entidades federativas, que permitan prestar asistencia en materia de procuración de justicia electoral;

III. Implementar un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de investigación y procuración de los delitos previstos en esta Ley;

IV. Establecer los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, incluyendo el uso de la fuerza pública;

V. Facilitar la cooperación e intercambio de información entre las diversas instancias de procuración de justicia en el país en materia de delitos electorales;

VI. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los delitos previstos en esta Ley, de conformidad con la ley aplicable;

VII. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;

VIII. Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley, y

IX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 25. Las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotados de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.

Artículo 26. Los programas y acciones para la prevención de los delitos electorales se realizarán en términos del convenio de colaboración que suscriban la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional Electoral. La difusión de estos programas y acciones se realizarán como parte de las campañas de educación cívica que efectúe el Instituto Nacional Electoral en coordinación con la Procuraduría General de la República.

Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes artículos transitorios.

Artículo Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen, salvo que esta Ley resulte más benéfica. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Artículo Cuarto. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas, con el fin de armonizarlas en lo conducente a la presente Ley, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Artículo Quinto. La implementación del presente Decreto será con cargo a los respectivos presupuestos de egresos de la federación y de las entidades federativas.

Artículo Sexto. Las referencias que esta Ley hace a la legislación procedimental penal, se entenderán a las legislaciones procedimentales penales de la Federación y las entidades federativas, en tanto entre en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo Séptimo. Conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el Senado de la República deberá nombrar, por aprobación de dos terceras partes de sus miembros presentes, al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Dicho nombramiento deberá realizarse dentro de los sesenta días siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

OCTAVO. Las solicitudes de los partidos políticos para que el Instituto organice sus elecciones internas, que hayan sido presentadas antes de la entrada en vigor del presente Decreto, no estarán sujetas al plazo establecido en el inciso b), del párrafo 2 del artículo 45 de esta Ley. Las solicitudes que se presenten durante el año 2014, deberán ser sometidas a consideración del Instituto con un mes de anticipación.

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.-  MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE