JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTES: SCM-JDC-1859/2021 Y ACUMULADOS

PARTE ACTORA: JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ Y OTRAS PERSONAS

PARTE TERCERA INTERESADA: ADRIÁN GUTIÉRREZ DECASA Y OTRAS PERSONAS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA

MAGISTRADO: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIADO: HÉCTOR RIVERA ESTRADA, GREYSI ADRIANA MUÑOZ LAISEQUILLA, JOSÉ RUBÉN LUNA MARTÍNEZ, ADRIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS CLETO TREJO[1].

Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil veintiuno[2].

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve revocar parcialmente la resolución impugnada, para los efectos precisados en la presente determinación, conforme a lo siguiente.

GLOSARIO

ANTECEDENTES

De la narración de hechos que hace la parte actora, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes:

1. Actuaciones del Consejo General local

I. Lineamientos de registro de candidaturas. El veintiocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General local mediante Acuerdo ITE-CG64/2020[3], aprobó los Lineamientos que deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes para el registro de Candidaturas a los distintos Cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

II. Inicio del proceso electoral. El veintinueve de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General local, declaró el inicio del proceso electoral local ordinario 2020-2021, para elegir los cargos de gubernatura, diputaciones locales, integrantes de ayuntamientos y titulares de presidencias de comunidad.

III. Determinación del número de regidurías. El veintidós de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General local mediante Acuerdo ITE-CG 75/2020[4], determinó el número de regidurías a elegirse para integrar cada uno de los sesenta ayuntamientos de los municipios que conforman el estado de Tlaxcala, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

IV. Lineamientos para dar cumplimiento al principio de paridad. El  veinticinco de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General local, mediante Acuerdo ITE-CG 90/2020, dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal local, dictada dentro del expediente TET-JE-038/2020 y sus acumulados, aprobando los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, así como candidaturas independientes para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género en el estado de Tlaxcala, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y los extraordinarios que devengan de éste.

V. Modificaciones a los Lineamientos. El treinta y uno de enero, el Consejo General local, mediante Acuerdo ITE-CG 22/2021[5], aprobó las modificaciones a los Lineamientos de Registro.

VI. Segunda modificación a los Lineamientos. El doce de abril, el Consejo General local, mediante Acuerdo ITE-CG 132/2021[6], dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional, dentro del expediente SCM-JDC-421/2021, y modificó los Lineamientos de Registro.

VII. Inicio y conclusión de la etapa de campañas de candidaturas a ayuntamientos. El cuatro de mayo, dieron inicio las campañas de las candidaturas postuladas para integrar los cargos de ayuntamientos y concluyeron el dos de junio.

VIII. Registro de candidaturas para las elecciones de Integrantes de ayuntamientos. Mediante diversos acuerdos emitidos por el Instituto local[7], se resolvió respecto de las solicitudes de registro y sustituciones de registro de candidaturas para las elecciones de Integrantes de ayuntamientos del proceso electoral local ordinario 2020-2021, en el estado de Tlaxcala.

IX. Jornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada electoral ordinaria, para elegir entre otros, a los integrantes de ayuntamientos de los sesenta municipios del estado de Tlaxcala.

X. Cómputos municipales. A partir del nueve de junio, los Consejos Municipales Electorales realizaron los cómputos de la elección de ayuntamientos, declararon la validez de las elecciones y remitieron al Consejo General local los resultados.

XI. Asignación de regidurías. El diecinueve de junio, el Consejo General aprobó el Acuerdo ITE-CG 251/2021[8], en que asignó las regidurías por el principio de representación proporcional para integrar cada ayuntamiento.

2. Instancia local.

I. Demanda local. Inconformes con lo anterior, en distintas fechas, diversas personas, así como institutos políticos, presentaron sendos escritos de medios de impugnación ante el Tribunal local, los cuales se registraron con la clave de expediente TET-JDC-327/2021 y acumulados.

II. Sentencia. El cinco de agosto, la autoridad responsable resolvió los citados medios de impugnación, en el sentido de revocar las asignaciones de diversas regidurías, expedir y entregar las constancias respectivas; asimismo sobreseyó diversos juicios y, en su oportunidad, realizó las notificaciones correspondientes.

3. Juicio federal

I. Demandas. A fin de controvertir la citada determinación, en diversas fechas que van del nueve al veinte de agosto, la parte actora presentó diversas demandas de Juicios de la Ciudadanía y Juicios de Revisión ante la Oficialía de Partes del Tribunal local, según se observa en la relación siguiente:

JUICIOS DE LA CIUDADANÍA

JUICIOS DE REVISIÓN

II. Turno y recepción. Entre el catorce y el veintidós de agosto, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional se recibieron las demandas interpuestas por la parte actora, con las cuales se integraron los expedientes señalados, mismos que fueron turnados a la ponencia a cargo del Magistrado José Luis Ceballos Daza, entre el catorce y el veintidós de agosto.

III. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad se radicaron los expedientes y admitieron las demandas en la Ponencia a su cargo y, al no existir diligencias pendientes por realizar, se declaró cerrada la instrucción en los respectivos expedientes.

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N TO S

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, toda vez que se trata de Juicios de la Ciudadanía promovidos por diversas personas, así como Juicios de Revisión presentados por partidos políticos, quienes controvierten la resolución del Tribunal local relativa a la asignación de diversas regidurías en el estado de Tlaxcala; supuesto normativo que compete a este órgano jurisdiccional y entidad federativa respecto de la cual ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución. Artículos 41, párrafo tercero, Base VI y 99 párrafos primero, segundo y cuarto fracciones IV y V.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 166, fracción III, inciso b) y X; 173 y 176 fracción XIV.

Ley de Medios. Artículos 1, 3 párrafo 2, inciso c) y d) y 80 párrafo 1 y 86 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo INE/CG329/2017[19] del Consejo General del INE, en el cual establece el ámbito territorial de esta cuarta circunscripción plurinominal y a la Ciudad de México como su cabecera.

SEGUNDO. Acumulación.

En concepto de esta Sala Regional procede acumular los presentes juicios, dado que, del análisis de las demandas, se advierte que existe conexidad en la causa, ya que en ellos se controvierte la misma sentencia impugnada; por lo que procede acumular los Juicios de la Ciudadanía y Juicios de Revisión SCM-JDC-1881-2021; SCM-JDC-1882-2021; SCM-JDC-1883-2021; SCM-JDC-1884-2021; SCM-JDC-1885-2021; SCM-JDC-1886-2021; SCM-JDC-1891-2021; SCM-JDC-1892-2021; SCM-JDC-1893-2021; SCM-JDC-1894-2021; SCM-JDC-1895-2021; SCM-JDC-1896-2021; SCM-JDC-1897-2021; SCM-JDC-1898-2021; SCM-JDC-1899-2021; SCM-JDC-1900-2021; SCM-JDC-1901-2021; SCM-JDC-1902-2021; SCM-JDC-1903-2021; SCM-JDC-1904-2021; SCM-JDC-1905-2021; SCM-JDC-1906-2021; SCM-JDC-1907-2021; SCM-JDC-1908-2021; SCM-JDC-1928-2021; SCM-JDC-1929-2021; SCM-JDC-1930-2021; SCM-JDC-1931-2021; SCM-JDC-1932-2021; SCM-JDC-1933-2021; SCM-JDC-1934-2021; SCM-JDC-1935-2021; SCM-JDC-1936-2021; SCM-JDC-1937-2021; SCM-JDC-1938-2021; SCM-JDC-1939-2021; SCM-JDC-1940-2021; SCM-JDC-1941-2021; SCM-JDC-1942-2021; SCM-JDC-1943-2021; SCM-JDC-1944-2021; SCM-JDC-1945-2021; SCM-JDC-1946-2021; SCM-JDC-1947-2021; SCM-JDC-1948-2021; SCM-JDC-1949-2021; SCM-JDC-1950-2021; SCM-JDC-1951-2021, SCM-JDC-1952-2021; y SCM-JRC-248/2021, SCM-JRC-249/2021, SCM-JRC-250/2021, al SCM-JDC-1859-2021; por ser este el primer juicio que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, lo procedente es glosar copia certificada de los puntos resolutorios de la presente ejecutoria, a los autos de los expedientes acumulados.

TERCERO. Escritos de personas terceras interesadas.

Durante la tramitación de los Juicios de la Ciudadanía y Juicios de Revisión, comparecieron con el carácter de personas terceras interesadas las siguientes:

Esta Sala Regional considera que debe reconocerse el carácter de terceros interesados a las personas descritas en el cuadro anterior, toda vez que comparecieron por escrito y en forma oportuna ante el Tribunal local; asentaron su firma autógrafa, formularon su pretensión y señalaron personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; por lo que resulta inconcuso que cuentan con un interés incompatible con el de la parte actora y cumplen con los requisitos previstos en el artículo 17, párrafo 4, incisos a) al g), de la Ley de Medios y, por tanto, están en aptitud jurídica de ser parte en el presente juicio, con la calidad apuntada.

Con independencia de lo anterior, se tienen por no presentados los escritos de personas terceras interesadas, en los juicios SCM-JRC-249/2021, SCM-JDC-1900/2021, SCM-JDC-1937/2021, signados por el ciudadano Enrique Zempoalteca Mejía en su carácter de representante propietario del PRI, ante el Consejo General local presentados en la oficialía de partes del Tribunal local, y en el juicio SCM-JDC-1900/2021, suscrito por el ciudadano Santiago Bustamante Alba presentado en la oficialía de partes de esta Sala Regional, ya que de constancias se advierte que los escritos son extemporáneos en términos del artículo en el artículo 17, párrafo 4, incisos a) al g), de la Ley de Medios.

CUARTO. Causales de Improcedencia.

Por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, procede analizar las causales de improcedencia que pudieran actualizarse; ya sea que las hagan valer alguna de las partes o que operen de oficio, en términos de lo previsto por los artículos 1, 9 párrafo 3, 10, 11 y 19 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios.

1. Extemporaneidad

Esta Sala Regional considera que los Juicios de la Ciudadanía SCM-JDC-1908/2021 y SCM-JDC-1949/2021 deben desecharse al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, la cual establece que los medios de impugnación serán improcedentes, entre otras razones, cuando no se presenten dentro de los plazos establecidos en esa ley.

Por su parte, el artículo 74 del Reglamento Interno del Tribunal electoral señala que el desechamiento de la demanda procederá cuando se actualice alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 10 de la Ley de Medios.

En términos del artículo 8 de la citada ley, los medios de impugnación deben presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada o se hubiere notificado de conformidad con la ley aplicable.

En el caso en concreto, por lo que hace a los Juicios de la Ciudadanía SCM-JDC-1908/2021 y SCM-JDC-1949/2021, la resolución impugnada les fue notificada por correo electrónico el catorce de agosto[20], y presentaron sus escritos de demanda ante el Tribunal local el diecinueve de agosto.

Por ende, el plazo para presentar sus demandas transcurrió del quince al dieciocho de agosto, por lo que al haber presentado sus medios de impugnación hasta el diecinueve siguiente resultan extemporáneos.

Si bien es cierto que el artículo 59 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el estado de Tlaxcala refiere que las notificaciones se podrán hacer personalmente, por lista o cédula publicada en los estrados, por oficio, por correo certificado, por telegrama o por vía fax, según se requiera para la eficacia del acto, también lo es que, en ese contexto, debe señalarse que la notificación por correo electrónico debe reputarse válida con base en lo siguiente:

En principio, se debe tener presente que la Sala Superior de este Tribunal Electoral, a través de diversos acuerdos, entre ellos el 8/2020, ha reconocido la necesidad de privilegiar las comunicaciones electrónicas a propósito de la emergencia sanitaria generada por el SARS-COV2.

Por otro lado, se debe tener presente que de las constancias de los expedientes se advierte que fue la propia actora y actor, respectivamente, quienes señalaron las cuentas de correo electrónico para esos efectos.

Finalmente, como un elemento adicional para reconocer la validez de esa notificación se debe destacar que no controvierten, por méritos propios, que la notificación hubiera sido realizada por esa vía.

En ese entendido, debe arribarse a la conclusión de que las notificaciones practicadas fueron válidamente realizadas por parte de la autoridad responsable, las cuales surtieron sus efectos el mismo día en que se practicó, esto es, el catorce de agosto.

En tales circunstancias, el análisis integral de dichas constancias crea convicción en esta Sala Regional sobre la fecha en que se les notificó el acto.

En ese orden, debe señalarse que ha sido criterio de la Sala Superior[21] que las notificaciones realizadas a través de correo electrónico deben considerarse válidas, tomando en cuenta que la actora y el actor consintieron que las comunicaciones se les practicaran a través de un correo electrónico al haber sido proporcionado para tales efectos en sus respectivos escritos de demanda locales, sin que existan elementos de prueba que contradigan la fecha de envío de la comunicación.

Asimismo, la Sala Superior determinó que, si bien, para generar la certeza de que la notificación se realizó mediante correo electrónico, la persona destinataria que recibió la documentación respectiva, puede emitir un acuse de recepción, y el hecho de que lo genere es un elemento útil únicamente para tener certeza de que efectivamente recibió la comunicación.

Sin embargo, el momento a partir del cual debe considerarse hecha la notificación no puede quedar al arbitrio de quien genera el acuse, pues eso podría incentivar a que las personas destinatarias indebidamente emitieran las constancias de recibo días después de que el acto reclamado se les comunicó, como una estrategia para ganar días para impugnar[22].

Así, la existencia de un acuse generado por las personas destinatarias de una notificación solo permite tener por demostrado que la notificación se practicó, al ser un hecho reconocido por las partes de un procedimiento materialmente jurisdiccional.

Por ello, a fin de evitar prácticas indebidas por parte de las personas que generan los acuses a las comunicaciones que se hacen a través de correos electrónicos particulares, la Sala Superior determinó que debe considerarse como el momento en que se practicó la notificación, el que se desprenda de las constancias que documenten la fecha de envío del correo, siempre y cuando la persona destinataria reconozca haberlo recibido y no pruebe que su recepción ocurrió en otro momento.

En conclusión, como se mencionó anteriormente, existe constancia de notificación practicada a la actora del Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-1908/2021 enviada vía correo electrónico a la cuenta grupojaraconsultor@hotmail.com y al actor del Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-1949/2021 a la cuenta de correo electrónico ste_fhany_pherez@hotmail.com.

Por todo lo anterior, lo conducente es desechar de plano los medios de impugnación identificados con las claves SCM-JDC-1908/2021 y SCM-JDC-1949/2021.

2. Preclusión

Por lo que hace al Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-1928/2021, esta Sala Regional considera que, con independencia de que pudiera actualizarse alguna otra causa de improcedencia, la demanda debe desecharse al haber precluido el derecho del actor para ejercer la acción aquí intentada, tal como se explica a continuación.

Este Tribunal ha establecido que la presentación de un medio de impugnación, por un sujeto legitimado para ello, supone el ejercicio real del derecho de acción.

Dicha situación elimina la posibilidad de que se presenten nuevas demandas contra el mismo acto de autoridad, por lo que, si así sucede, aquellas deben desecharse.

Esto es así, porque la promoción de un medio de impugnación agota el derecho de acción, lo que implica que el interesado se encuentre impedido legalmente para presentar, un nuevo o segundo escrito de demanda, a efecto de controvertir el mismo acto u omisión reclamada.

Así, conforme la tesis 2a. CXLVIII/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, rubro: “PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA”[23], la preclusión es la pérdida, de un derecho procesal cuando ya se ejerció antes -válidamente- ese derecho.

De una interpretación de los artículos 2, numeral 1, 9, numeral 1 y 9, numeral 3 de la Ley de Medios, en relación con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, la preclusión es aplicable a la materia electoral, en atención a los principios de certeza y seguridad jurídica.

Además, conforme a la jurisprudencia 33/2015 de rubro: “DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO”[24], se sostuvo que la sola presentación de un medio de impugnación por los sujetos legitimados cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso del derecho de acción.

Ahora bien, en el caso en concreto, el actor Azael Teloxa Armenta, promovió dos Juicios de la Ciudadanía para controvertir el mismo acto de la misma autoridad; en efecto, es preciso señalar que, la demanda que se presentó en primer lugar es la que consta en el expediente SCM-JDC-1891/2021, tal como se advierte del sello del reloj checador del Tribunal local, en el que aparece como fecha y hora de recepción “21 AGO 18 10:52” es decir, el día dieciocho de agosto de este año, a las diez horas con cincuenta y dos minutos.

Por su parte, la demanda del expediente SCM-JDC-1928/2021 se presentó el mismo día, es decir el día dieciocho de agosto a las veinte horas con veintiséis minutos, tal como se aprecia del sello del reloj checador del Tribunal local, en el que aparece como fecha y hora de recepción “21 AGO 18 20:26”, la cual fue se encuentra plasmada en el escrito de demanda.

De lo anterior se concluye que la demanda SCM-JDC-1891/2021 fue promovida por el mismo ciudadano que presentó la diversa del SCM-JDC-1928/2021, contra el mismo acto impugnado, consistente en la sentencia emitida por el Tribunal local en el expediente TET-JDC-327/2021 y acumulados, que confirmó en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo ITE-CG251/2021 emitido por el Instituto local, bajo los mismos agravios y razonamientos.

Por tanto, el segundo de los juicios señalados, es decir el SCM-JDC-1928/2021 debe desecharse ya que precluyó el derecho del actor para ejercer la acción intentada[25].

3. Falta de interés jurídico

Del escrito de demanda del Juicio de Revisión SCM-JRC-248/2021, se advierte que acuden las siguientes personas.

        Juan Antonio Martínez Cerón quien se ostenta como representante suplente del PT, ante el Consejo General del Instituto local;

        Juan Octavio Rojas Cruz, quien se ostenta como presidente municipal de Papalotla de Xicoténcatl;

        Carlos García Sampedro en su carácter de presidente municipal de Nativitas;

        José Rafael Coca Vázquez, quien se ostenta como presidente municipal de Xaloztoc, y

        Gaudencio Morales Morales, quien se ostenta como presidente municipal de Tepeyanco.

Esta Sala Regional considera que, por lo que hace a Juan Octavio Rojas Cruz, Carlos García Sampedro, José Rafael Coca Vázquez y Gaudencio Morales Morales, se debe desechar la demanda al carecer de interés jurídico para promover el Juicio de Revisión.

Lo anterior ya que, de acuerdo con los artículos 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, los medios de impugnación serán improcedentes cuando se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia 7/2002 de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO[26], refiere que, para poder interponer algún medio de impugnación, debe existir una afectación directa a su espera de derechos.

Con base en lo anterior, esta Sala Regional advierte que las personas referidas no cuentan con interés jurídico, toda vez que se ostentan como presidentes municipales y, en el caso, la resolución que pretenden controvertir está relacionada con la designación de regidurías de Ayuntamientos en el estado de Tlaxcala.

Por lo anterior, los actos que pretenden controvertir no vulneran en perjuicio de los actores ningún derecho político-electoral y, por tanto, a ningún fin eficaz llevaría el estudio de la controversia planteada, pues no existe conculcación de derechos que reparar y, por ende, algún derecho que restituirles.

Importa destacar que el desechamiento del Juicio de Revisión SCM-JRC-248/2021 es exclusivamente por las personas mencionadas[27], con la precisión que, por lo que hace a Juan Antonio Martínez, la tramitación de la demanda sigue su curso y las causales respecto a su procedencia serán estudiadas en el apartado correspondiente.

QUINTO. Estudio de procedencia.

A. Requisitos generales. Los medios de impugnación cumplen los requisitos para dictar una sentencia que resuelva el fondo de la controversia,[28] de conformidad con lo siguiente:

I. Forma. Se tienen por cumplidos los requisitos, toda vez que en cada caso, las demandas fueron presentadas por escrito ante la autoridad responsable, en las que se precisan los nombres y contienen las firmas autógrafas de las personas que acuden en nombre de la parte actora; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que basan la impugnación y los agravios que les causan a los promoventes.

II. Oportunidad. Toda vez que el presente juicio está vinculado con la asignación de regidurías para integrantes de Ayuntamientos en Tlaxcala, el cómputo del plazo para la presentación de la demanda debe efectuarse contando todos los días como hábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 1, de la Ley de Medios.

En el caso concreto, del análisis exhaustivo de las demandas de los medios de impugnación que se resuelven, se considera que las mismas fueron promovidas con la oportunidad debida, y dentro del plazo establecido en la Ley de Medios.

III. Legitimación y personería. La parte actora se encuentra legitimada para promover los presentes juicios de la ciudadanía, ya que son personas ciudadanas quienes acuden por su propio derecho, para controvertir el acto impugnado.

Cabe destacar que, por lo que respecta a la personería de quienes acuden a juicio en nombre y representación de los partidos políticos actores, se les reconoce en términos del artículo 13, párrafo I, inciso a) de la Ley de Medios porque la autoridad responsable así lo hace en el informe circunstanciado rendido en cada uno de los Juicios de Revisión que se enlistan enseguida:

IV. Interés jurídico. La parte actora cuenta con interés jurídico porque la resolución controvertida se encuentra directamente relacionada con su pretensión de integrar el ayuntamiento que enseguida se enlista.

Respecto de los Juicios de Revisión el requisito de referencia, dicho requisito se encuentra colmado, cuenta habida que la resolución que ahora se controvierte deriva de un medio de impugnación, cuya resolución considera que le es adversa debido a que pretende combatir la designación de regidurías respecto de los municipios en los que estima que los resultados fueron distintos; lo anterior en términos del artículo 88, párrafo primero de la Ley de Medios.

Ello es así, debido a que la parte actora aduce haber sufrido una afectación relacionada con la asignación de las regidurías que considera le corresponden a fin de lograr una representación al interior del cabildo, de ahí que actualice el requisito en estudio.

Asimismo, la Sala Superior ha considerado que el interés jurídico radica en la relación que se presenta entre la situación jurídica irregular que se denuncia y la providencia que se demanda para remediarla mediante la aplicación del Derecho, así como en la utilidad de esa medida, para subsanar la referida irregularidad.

El interés de los partidos políticos se colma toda vez que los actores al tener la calidad de entidades de interés público reconocida por la Constitución Federal, deriva de la posibilidad jurídica de actuar en defensa del interés público, difuso o colectivo, cuando consideren que un acto emitido por una autoridad electoral viola el principio de legalidad, por infracción a las disposiciones previstas en la propia Constitución Federal o en la Ley Electoral, con independencia de la defensa de sus intereses particulares, en tanto que, al hacerlo, no defienden un interés propio, sino que buscan la prevalencia del interés público.

V. Definitividad. El cumplimiento de tal requisito se satisface, porque no existe otro medio de impugnación que deba agotarse de forma previa al juicio federal.

B. Requisitos especiales del Juicio de Revisión

1. Violaciones constitucionales. Este requisito es una exigencia formal que se cumple con la enunciación de los preceptos constitucionales que se estiman vulnerados, y no es necesario determinar la eficacia de lo alegado para estudiar la procedencia, ya que eso es parte del estudio del fondo de la controversia; lo anterior en atención a lo estipulado en la Jurisprudencia 2/2018 de rubro “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”[32].

Al respecto, los partidos señalan que la resolución impugnada vulnera en su perjuicio los artículos 1, 14,16, 17, 35, 41, 60, 99, 115, 116 de la Constitución Federal.

2. Violación determinante. Este requisito está satisfecho pues la controversia está relacionada, entre otras cuestiones, con el mecanismo empleado para realizar la designación de personas integrantes del ayuntamiento; en efecto, de asistir la razón a la parte actora en los argumentos hechos valer podría ocurrir una modificación en la designación de las personas integrantes y en la conformación del propio cabildo.

3. Reparabilidad. El requisito previsto en el artículo 86 párrafo primero, incisos d) y e) de la Ley de Medios está satisfecho, pues en caso de que le asistiera la razón a la parte actora, podría modificarse la resolución controvertida y ello tener injerencia en quiénes integrarán los ayuntamientos en el estado de Tlaxcala, quienes aún no han tomado posesión de sus cargos, debido a que ello lo realizarán el día treinta y uno de agosto inmediato posterior a la fecha de su elección, en términos de lo dispuesto en artículo 90 de la Constitución local.

En consecuencia, al estar satisfechos los requisitos de procedencia y al no advertirse alguna causal de improcedencia, lo conducente es realizar el estudio de los agravios expuestos.

SEXTO. Estudio de fondo.

Por cuestión de metodología, la presente sentencia abordará los agravios planteados en las demandas conforme a los siguientes ejes temáticos: I. Indebido análisis del Tribunal local respecto a la inclusión de las presidencias municipales y sindicaturas, así como de las presidencias de comunidad, para la integración de Ayuntamientos;              II. Indebida interpretación y aplicación del artículo 271, fracción III, de la Ley Electoral local; III. Ajuste de votación para efecto de determinar el porcentaje base para verificar la sobrerrepresentación; IV. Asignación de regidurías de forma alternada; V. Aplicabilidad y temporalidad de implementación de los Lineamientos; VI. Incorrecta aplicación de los Lineamientos; VII. Asignación de una regiduría a una persona que se autodeterminó como mujer; VIII. Falta de exhaustividad; IX. Análisis sobre el cambio de situación jurídica; X. Irregularidades planteadas sobre el corrimiento de la fórmula.

A continuación, se llevará a cabo el análisis en forma conjunta de los motivos de inconformidad de los temas previamente sintetizados, dada la estrecha relación que tienen entre sí, lo que no causa perjuicio alguno a quienes promueven, acorde con el criterio contenido en la Jurisprudencia 4/2000, de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, cuyo rubro es: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”

I. Indebido análisis del Tribunal local respecto a la inclusión de las presidencias municipales y sindicaturas, así como de las presidencias de comunidad, para la integración de Ayuntamientos.

En esencia, la parte actora en los juicios identificados con las claves SCM-JDC-1907/2021, SCM-JDC-1942/2021, SCM-JDC-1944/2021, SCM-JDC-1947/2021, SCM-JDC-1950/2021, SCM-JDC-1951/2021, SCM-JDC-1952/2021, aduce que el estudio conforme al cual el Tribunal local determinó que era conforme a Derecho incluir a las presidencias municipales y sindicaturas de los Ayuntamientos para el procedimiento de verificación de sobre y subrepresentación en la asignación de regidurías, es contrario al principio de legalidad, al vulnerar las disposiciones previstas en los artículos 115 y 116, de la Constitución federal, 32 y 33, de la Constitución local, y 271 de la Ley Electoral local.

Ello, al estimar que la interpretación que llevó a cabo el Tribunal responsable es incorrecta, toda vez que la Ley Electoral local establece una asignación para las regidurías distinta a las presidencias y sindicaturas, ya que las primeras son electas por el principio de representación proporcional y las segundas por el principio de mayoría relativa.

En ese sentido, la parte actora señala que, considerar a las presidencias y sindicaturas para determinar la sobre y subrepresentación en la asignación de regidurías, atenta contra el principio de representatividad en la integración de los Ayuntamientos, previsto en la Constitución federal.

Por otra parte, la parte actora en los juicios identificados con las claves SCM-JDC-1893/2021, SCM-JDC-1905/2021, SCM-JDC-1932/2021 y SCM-JRC-248/2021, señalan que fue indebida la determinación del Tribunal local respecto a que las presidencias de comunidad no deben ser consideradas como integrantes de los Ayuntamientos, pasando por alto que, en términos de la normativa local, están facultadas para asistir a sesiones de cabildo con una figura similar a la de las regidurías. Así, estiman que, de haber sido contempladas como integrantes del Ayuntamiento, habría disminuido el “valor para cada integrante” en la verificación de los límites de sobre y subrepresentación.

Esta Sala Regional estima que los conceptos de agravio son infundados.

Lo anterior, ya que contrario a lo que aduce la parte actora, este órgano jurisdiccional estima que fue correcta la interpretación de la normativa federal y local con base en la cual el Tribunal local sustentó su determinación relativa a que, para fijar el límite de sobre y subrepresentación, debe considerarse a la totalidad de las personas integrantes de los ayuntamientos y no únicamente al número de regidurías por asignarse, con independencia de que hubieran sido electas por el principio de mayoría relativa o por el de representación proporcional.

Al respecto, es de destacar que el principio de representación proporcional establecido para la conformación de los órganos legislativos, se instituyó para dar participación a los partidos políticos con cierta representatividad en la integración de esos órganos y así, cada partido político tenga una representación proporcional al porcentaje de su votación total y evitar la sobrerrepresentación de los institutos políticos dominantes y subrepresentación de los partidos políticos minoritarios, lo que se traduce en que los institutos políticos tengan cierto grado de representatividad a nivel estatal, puesto que en su caso, conformarán precisamente un órgano de gobierno estatal.

Bajo tales parámetros, la previsión del sistema de representación proporcional en el ámbito municipal, debe atender los lineamientos que la Constitución federal señala para la integración de los órganos legislativos, esto es, que los partidos políticos que cuenten con cierto grado de representatividad estatal puedan acceder al órgano de gobierno municipal, lo que no implica, desde luego, que se limite la representación integral y genérica de los intereses de una concreta colectividad, ni que éstos se subordinen a lo que ocurra en otros municipios.

Tales consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia identificada con la clave P./J. 19/2013[33], emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS.

En ese orden, es posible sostener que el sistema constitucional mexicano fija reglas y restricciones en la implementación y aplicación del principio de representación proporcional, en lo concerniente a la integración de órganos colegiados de representación popular; dentro de las cuales se encuentran los límites a la representación que un ente político puede tener dentro del órgano de gobierno.

Al introducir el principio de representación proporcional, mismo que tiene como eje la necesidad de reconocer el pluralismo político y la representación de las minorías, la fuerza electoral se erige como elemento definitorio en la asignación de cargos, esto con el objeto de no provocar una asimetría o distorsión en el sistema y permitir a las minorías participar políticamente en las decisiones trascendentales al interior del órgano colegiado.

El artículo 116, párrafo segundo, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución federal, prevé la implementación de directrices que deben ser observadas a cabalidad por los Congresos locales en la designación de diputados, en los términos siguientes:

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Si bien la aludida directriz constitucional se encuentra dirigida a la integración de órganos legislativos, como se razonó previamente y según lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al introducir las leyes locales el principio de representación proporcional en el ámbito municipal, deben atenderse esos lineamientos que la Constitución federal señala para la conformación de los Congresos Estatales.

Al respecto, resulta importante destacar que, al resolver la contradicción de tesis 382/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija el cumplimiento irrestricto de límites específicos de sobre y subrepresentación en la integración de los ayuntamientos.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero, del artículo 115, de la Constitución federal, los Estados que integran a la federación tendrán como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio.

En la Base I, del citado numeral, se dispone que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine.

Ahora bien, por cuanto hace a la normativa estatal, en los artículos 87 y 90, párrafo segundo de la Constitución local, se prevé que los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento que se integrará por una presidencia municipal, una sindicatura y las regidurías que determinen las leyes aplicables.

Asimismo, en el párrafo tercero, del aludido artículo 90, se dispone que las personas titulares de las presidencias municipales, sindicatura y regidurías tendrán el carácter de munícipes y serán electas por medio de planillas, en la circunscripción municipal, en procesos electorales ordinarios cada tres años.

En similares términos, la Ley Municipal, en sus artículos 3 y 12, de igual forma prevé que el municipio será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, el número de regidurías que determine la legislación electoral vigente y las presidencias de comunidad, quienes tendrán el carácter de munícipes.

Por otra parte, los artículos 266 y 267, de la Ley Electoral local, establecen que las personas integrantes de los Ayuntamientos serán electas por el principio de mayoría relativa (presidencia y sindicatura) y por el principio de representación proporcional (regidurías), y que, atendiendo al respectivo número de habitantes de cada municipio, el Ayuntamiento podrá estar integrado por cinco, seis o siete regidurías.

Por su parte, el artículo 271, de la Ley Electoral local, establece que el procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional se desarrollará conforme a la fórmula de dos rondas y los métodos de cociente electoral y resto mayor.

En la primera ronda se aplicará el método de cociente electoral y se asignarán regidurías a cada partido político o planilla de candidaturas independientes tantas veces como su votación contenga ese cociente y, una vez agotada la primera ronda, en el supuesto de que quedaren regidurías por asignar, en una segunda ronda se aplicará el método de resto mayor, en orden decreciente.

Ahora bien, en la fracción III, del citado artículo 271, la legislatura de Tlaxcala estableció, en ejercicio de su facultad de libertad configurativa, que en la asignación de regidurías deberán considerarse los límites de subrepresentación y sobre representación establecidos en el artículo 116, de la Constitución federal, así como el porcentaje de votación mínima para alcanzar el derecho a la asignación previsto en la Constitución local, para diputados de representación proporcional.

Al respecto, el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución federal, transcrito en párrafos precedentes, dispone que las legislaturas de los Estados estarán integradas con diputadas y diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes y que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.

El mismo precepto, establece que, en la integración, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Por su parte, el artículo 33, base II, de la Constitución local, dispone que el porcentaje de votación mínima para participar en la asignación de diputaciones será de tres punto ciento veinticinco por ciento (3.125%), de la votación total válida en la circunscripción plurinominal.

Asimismo, el último párrafo de la base VI, del referido artículo 33, de la Constitución local, establece que en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda de ocho puntos su porcentaje de votación emitida y que, de igual forma, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Las anteriores disposiciones, tal como lo estimó el Tribunal responsable, son aplicables tratándose de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, conforme a lo previsto en el artículo 271, fracción III, de la Ley Electoral local, que refiere que para establecer los límites de sobre y subrepresentación debe tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 116, de la Constitución federal y el porcentaje de votación mínima para alcanzar el derecho de asignación previsto en el artículo 33, la Constitución local.

Ahora bien, esta Sala Regional estima que fue adecuada la determinación del Tribunal local, en cuanto a que estas disposiciones determinan que para fijar los referidos límites, debe considerarse a las personas electas por ambos principios, es decir, por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, de ahí que al trasladar esas hipótesis a los casos de integración de ayuntamientos también deba considerarse a la totalidad de sus integrantes, esto es, tanto a las personas que fueron electas mediante el principio de mayoría, para ocupar la presidencia municipal y la sindicatura, así como a quienes ocuparán las regidurías que habrán de asignarse mediante el principio de representación proporcional.

Resulta importante destacar que las anteriores consideraciones, se ajustan a los razonamientos sustentados por este órgano jurisdiccional al resolver el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-2093/2016, y confirmados por la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-774/2016 y acumulados, en el sentido de considerar que, de esta forma, se garantiza de mejor manera la pluralidad en la integración de los ayuntamientos, permitiendo que formen parte de ellos las fuerzas políticas que hubieran obtenido menor porcentaje de votación pero de manera representativa y se previene que quienes hayan obtenido el mayor porcentaje de votos alcancen un alto grado de sobre representación, lo que implicaría la integración de órganos de elección popular que no correspondan con la votación emitida por la ciudadanía.[34]

Lo anterior es acorde al razonamiento expuesto por el Tribunal responsable en el sentido de que, el principio de proporcionalidad busca reflejar la proporción entre votos y lugares a elegir dentro de un órgano colegiado, lo cual justifica la introducción de reglas que permitan garantizar y evitar la sub y sobrerrepresentación en la asignación de regidurías, como la prevista en la fracción III del numeral 271 de la Ley Electoral Local, con la finalidad de lograr mayor pluralidad y proporcionalidad en la integración de los ayuntamientos.

En ese sentido, se estima adecuada la determinación del Tribunal local en cuanto a que resulta razonable la medida de incluir a la presidencia y la sindicatura en la verificación de los límites de sub y sobrerrepresentación porque la finalidad primordial de la norma consiste en asegurar el respeto a tales límites en la integración del órgano de gobierno en su integridad, motivo por el cual, no sería dable excluir a parte de sus integrantes para la verificación del cumplimiento de los límites previstos en la normativa; en la medida que estos deben ser respetados respecto a la totalidad de la integración del Ayuntamiento y no en relación con una parte de este.

Lo anterior en apego al principio de proporcionalidad, entendido como una conformación del órgano público lo más apegada a la votación que cada opción política obtuvo, de modo que se otorgue una representación a las fuerzas políticas en proporción con su fuerza medida en votos, para compensar las pérdidas de escaños en el sistema de mayoría y así maximizar el carácter igualitario del voto, al conceder valor a todos los sufragios, incluso a los que no hubiesen sido útiles para efectos de ganar la elección por el método de mayoría, permite alcanzar una de las finalidades del principio de representación proporcional que es la de posibilitar que los partidos políticos minoritarios cuenten con representación en los órganos públicos en una proporción aproximada al porcentaje de votación que recibieron.

En esta lógica, la introducción de límites a los grados de sobre y sub representación admisibles respecto de cada fuerza política evidentemente se encuentran referenciados a la conformación de un órgano colegiado en su totalidad, en forma que resulta irrelevante el número de espacios que sean asignados por el principio de mayoría relativa y aquellos otorgados por el principio de representación proporcional.

Así, la verificación de los referidos límites deben analizarse tomando en consideración el nivel de representación que cada fuerza política tenga en el órgano colegiado en su integridad, en tanto que el principio de representación proporcional tiene como finalidad, precisamente, que los contendientes en una elección municipal cuenten con un grado de representatividad acorde a su presencia en el municipio, de tal manera que su participación reflejada en la integración del Ayuntamiento, sea equivalente al porcentaje de su votación total y no solo respecto de una parte del órgano municipal.

En ese sentido, no asiste razón a la parte actora cuando aduce que los cargos de ayuntamientos que se eligen por el principio de mayoría relativa no deben ser considerados para verificar la sobre y sub representación de las fuerzas políticas, pues lo relevante no es que la presidencia municipal  y la sindicatura sean electas por el principio de mayoría relativa, sino que forman parte de un órgano colegiado que toma decisiones en su conjunto, por lo que debe garantizarse la pluralidad y proporcionalidad en la representatividad de las fuerzas políticas en la totalidad de su integración y no sólo en parte de ella.

Así, se considera adecuado el razonamiento del Tribunal local en cuanto a que la forma idónea de verificar la sub y sobrerrepresentación es considerar la fuerza política de la que dimana cada una de las personas electas para integrar el Ayuntamiento, ya que excluir a determinados cargos con base en el principio por el cual son electas, distorsionaría el objetivo constitucional de obtener una mayor pluralidad y proporcionalidad al interior de los ayuntamientos del estado de Tlaxcala.

Por otra parte, esta Sala Regional estima que, de igual forma, es infundado el agravio en el que la parte actora señala que fue indebida la determinación del Tribunal local respecto a que las presidencias de comunidad no deben ser consideradas como integrantes de los Ayuntamientos, pasando por alto que, en términos de la normativa local, están facultadas para asistir a sesiones de cabildo con una figura similar a la de las regidurías; por lo que debieron ser contempladas como integrantes del Ayuntamiento para efecto de verificar la sobre y subrepresentación.

Como ha quedado precisado, en el artículo 115, Base I, de la Constitución federal, se dispone que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine.

Al respecto, esta Sala Regional advierte que, para arribar a la determinación de que las presidencias de comunidad no deben ser consideradas para efecto de verificar la sobre y subrepresentación, tomó en consideración el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Controversia Constitucional 28/2019, en el sentido de que las personas titulares de las presidencias de comunidad no tienen la potestad de votar en las sesiones del Cabildo por no ser uno de los cargos a los que, de forma exclusiva, el artículo 115 de la Constitución federal atribuye la titularidad de los ayuntamientos.

En efecto, ese alto Tribunal sostuvo que al disponer explícitamente que un ayuntamiento estará integrado por un Presidente —o una Presidenta— Municipal, así como por el número de sindicaturas y regidurías que determine la ley, es decir, sin hacer referencia a alguna otra figura u órgano, la fracción I del artículo 115 de la Constitución federal implícitamente también prohíbe que en las sesiones del cabildo municipal voten personas que no ostenten alguno de esos tres cargos.

Y agregó que, la especificación con carácter limitativo de los distintos funcionarios que integran el ayuntamiento representa a su vez un impedimento constitucional del resto de la población para votar en sus asambleas deliberativas. De lo contrario, las decisiones de gobierno municipal se compartirían con funcionarios ajenos al ayuntamiento y, por ende, las competencias constitucionales del municipio no se ejercerían de manera exclusiva por ese órgano colegiado, vulnerándose así un mandato constitucional expreso[35].

De tal forma que, con independencia de que las disposiciones normativas de las entidades federativas establezcan que una figura diferente a las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías forme parte o integre el ayuntamiento, ello no puede traducirse en que efectivamente puedan ejercer su titularidad, pues, conforme a la interpretación del artículo 115, de la Constitución federal, cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por una presidencia municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad, electos por la ciudadanía de manera directa.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que fue conforme a Derecho la conclusión del Tribunal local, al considerar que no sería acertado establecer que, si se contempló a los cargos de presidencia y sindicatura para efecto de analizar el elemento de sobre y subrrepresentación, también debe considerarse a las presidencias de comunidad, ya que, estas no integran genuinamente el ayuntamiento.

En efecto, en consonancia con lo dispuesto en el citado artículo 115, de la Constitución federal, el artículo 90 de la Constitución de local se dispone que, cada ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y los regidores cuya cantidad determinen las leyes aplicables.

Si bien el párrafo tercero del citado precepto constitucional local señala que las presidencias de comunidad tienen el carácter de munícipes, al igual que el resto de los cargos mencionados en el párrafo que antecede, no se dispone de manera expresa que los mismos integren el ayuntamiento como órgano colegiado.

Ello aunado a que, como destacó la autoridad responsable, en la referida disposición se prevé que la presidencia municipal, la sindicatura y las regidurías serán electos por medio de planillas, en la circunscripción municipal, en procesos electorales ordinarios cada tres años, o en el plazo y para el periodo que determinen el Congreso del Estado y las leyes aplicables, mientras que, por cuanto hace a las presidencias de comunidad, se prevé que las leyes aplicables determinarán las reglas, los procedimientos y las modalidades de su elección, así como sus atribuciones y obligaciones.

Es decir, la propia Constitución local establece un sistema de elección para el caso de los integrantes del ayuntamiento (presidencia municipal, sindicatura y regidurías), y de manera separada refiere el relativo a las presidencias de comunidad.

Lo anterior, tal como lo destacó el Tribunal local, se ve reflejado en la Ley Electoral local, en la que, en congruencia con lo previsto en la Constitución local, se regulan en capítulos separados el sistema de elección de los cargos que genuinamente integran el Ayuntamiento, y el respectivo a las personas que se desempeñaran como presidencias de comunidad:

TÍTULO QUINTO

Sistemas de Elección y Calificación de Resultados

[…]

CAPÍTULO III

Sistema de Elección de Integrantes de Ayuntamientos por los Principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional.

Artículo 266. Cada Municipio estará gobernado por un Ayuntamiento, cuyos integrantes serán electos cada tres años conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

[…]

CAPÍTULO IV

Sistemas de Elección de Presidentes de Comunidad

Artículo 272. La elección de presidentes de comunidad por los principios de mayoría relativa y de sufragio universal, libre, directo y secreto, se realizarán cada tres años, el mismo día que la de los ayuntamientos.

[…]

Por tanto, si las presidencias de comunidad no forman parte del ayuntamiento, resulta claro que las mismas no deben ser consideradas para fijar los límites de subrepresentación y sobrerrepresentación, toda vez que, como se expuso, la totalidad de los miembros del ayuntamiento se conforman de manera exclusiva con el (la) Presidente(a) Municipal, Síndico(a) y sus respectivas  regidurías[36].

Finalmente, cabe destacar que abona a las consideraciones vertidas, el hecho de que, en el artículo 112, de la Ley Municipal, se establece que las presidencias de comunidad son autoridades auxiliares de los ayuntamientos, entre otras, las presidencias de comunidad.

Por su parte, en el diverso artículo 112, de la propia Ley Municipal, se establece que son autoridades auxiliares de los ayuntamientos, entre otras, las presidencias de comunidad.

Asimismo, el artículo 113, del ordenamiento en cita dispone que en poblados distintos a la cabecera municipal que tengan más de mil habitantes se establecerán presidencias de comunidad.

Por su parte, el numeral 115, de la referida Ley Municipal, dispone que las Presidencias de Comunidad actuarán en sus respectivas circunscripciones como representantes de los Ayuntamientos y, por consiguiente, tendrán de manera delegada las atribuciones que le sean necesarias para mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad de las personas vecinas del lugar de su jurisdicción.

De igual forma, de los artículos 116 y 117, del mismo ordenamiento, se desprende que las presidencias de comunidad son órganos desconcentrados de la administración pública municipal, subordinadas al Ayuntamiento del Municipio, cuyas personas depositarias serán electas de manera directa cada tres años en su propia comunidad.

Conforme a lo expuesto, esta Sala Regional advierte que existen diferencias sustanciales entre los cargos que integran el Ayuntamiento y las presidencias de comunidad, ya que si bien, quienes las ejercen desempeñan facultades de naturaleza político-administrativa, lo cierto es que las facultades, la representación y sus responsabilidades, son diversas.

De tal forma que, si bien las presidencias de comunidad tienen reconocida la la facultad y obligación de asistir a las sesiones de cabildo con derecho de voz, lo cierto es que tienen la naturaleza de autoridades auxiliares y órganos desconcentrados de la administración pública municipal.

Es decir, las Presidencias de Comunidad, actúan en sus respectivas circunscripciones como representantes del Ayuntamiento, ejerciendo de manera delegada la función administrativa municipal., por lo que sus responsabilidades se circunscriben de manera concreta y acotada, a la comunidad que representan, es decir, en la cual fueron electas.

De acuerdo a los razonamientos y consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional estima que, tal como lo consideró el Tribunal responsable, las presidencias de comunidad no deben ser consideradas para efecto de fijar los límites de sobre y subrepresentación, por lo que los planteamientos de la parte son infundados.

II. Indebida interpretación y aplicación del artículo 271, fracción III, de la Ley Electoral local.

La parte actora en los juicios identificados con clave de expedientes SCM-JDC-1898/2021, SCM-JDC-1935/2021 y SCM-JRC-248/2021, aduce, esencialmente, que fue indebido aplicar el ocho por ciento establecido en el artículo 116 de la Constitución federal con relación al artículo 271 de la Ley Electoral local ya que, en su concepto, este únicamente aplica para el Congreso local, puesto que no existe normativa que señale de manera clara el porcentaje exacto para los Ayuntamientos.

Asimismo, alega que es un alto porcentaje para los Ayuntamientos, toda vez que están conformados por un menor número de integrantes en comparación al Congreso local, al cual si se le puede aplicar dicho porcentaje, por lo que, desde su perspectiva, aduce que el Tribunal responsable dejó de analizar si la regla aplica para la verificación de la sobre y sub representación para el caso de los Ayuntamiento de Tlaxcala.

En concepto de esta Sala Regional, los planteamientos de la parte actora son infundados.

En la sentencia impugnada el Tribunal local destacó el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior, en el sentido de que las entidades federativas no están obligadas a replicar el contenido del principio de representación proporcional que se delimita para la legislatura federal, porque pueden establecer las reglas de integración y la mecánica de conformación del poder legislativo local, lo cual también resulta aplicable en la conformación de ayuntamientos, en tanto que las legislaturas locales cuentan con libertad configurativa para adoptar el diseño que mejor se aplique a su dinámica y contexto específico.

Lo anterior, fue reiterado por ese alto Tribunal Constitucional al resolver la contradicción de tesis 382/2017, en el sentido de que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija el cumplimiento irrestricto de límites específicos de sobre y subrepresentación en la integración de los ayuntamientos.

Al respecto, el artículo 115, base VIII, de la Constitución federal, contempla el principio de representación proporcional en el sistema electoral para integrar los órganos de gobierno municipales. El aludido modelo constitucional establece límites a la representatividad de cada partido político, con la finalidad de garantizar el pluralismo político en la integración de citados órganos de gobierno.

En ese sentido, tal como lo sostuvo el Tribunal local, si bien las entidades federativas deben introducir el principio de representación proporcional en su sistema electoral local, no están obligadas a replicar el contenido de tal principio que se delimita para las legislaturas federal y estatales, sino que, al contar con libertad de configuración de las reglas electorales, pueden establecer las directrices de integración y la mecánica de conformación del poder legislativo local, lo que también resulta aplicable en la integración de ayuntamientos.

Ahora bien, el artículo 90, base II, párrafo quinto, de la Constitución local dispone que, para las asignaciones de los cargos específicos de presidencia municipal, sindicatura y regidurías, la ley de la materia establecerá los cálculos, la fórmula y los métodos aplicables para el procedimiento de asignación respectivo.

En ese sentido, el artículo 271, de la Ley Electoral local, dispone que el Consejo General del Instituto local realizará el procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional, el cual se desarrollará conforme a la fórmula de dos rondas: el método de cociente electoral y el de resto mayor.

En la primera ronda se aplicará el método de cociente electoral y se asignarán regidurías a cada partido político o planilla de candidatos independientes tantas veces como su votación contenga dicho cociente y, en la segunda ronda se aplicará el método de resto mayor en orden decreciente.

Asimismo, la fracción III, del referido artículo 271, establece que en la asignación deberán considerarse los límites de sobre y subrepresentación establecidos en el artículo 116 de la Constitución federal, así como el porcentaje de votación mínima para alcanzar el derecho a la asignación, previsto en la Constitución local, para diputados de representación proporcional.

Al respecto, el artículo 116, párrafo segundo, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución federal, prevé que las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes y que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Asimismo, dispone que, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al correspondiente a la votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

Conforme a lo anterior, las fracciones II y V del artículo 33, de la Constitución local dispone que el porcentaje de votación mínima para alcanzar el derecho a la asignación -en el caso de las diputaciones, aplicables por remisión a las regidurías-, sea de tres punto ciento veinticinco por ciento (3.125%).

Finalmente, el último párrafo de la fracción VI del citado artículo 33, de la Constitución local, establece que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda de ocho puntos su porcentaje de votación emitida y que en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

En ese sentido, el porcentaje para establecer los límites máximos de sobre y subrepresentación permitidos, es del ocho por ciento (8%) ocho puntos porcentuales inferiores o superiores al porcentaje de votación que obtenga cada partido político, candidatura común, coalición o planilla de candidatos y candidatas independientes, tal y como lo disponen los artículos 116 de la Constitución federal, y 33 de la Local, en relación con el artículo 271, fracción III, de la Ley Electoral local.

De las referidas disposiciones se advierte que, tal como lo sostuvo el Tribunal local, la legislatura de Tlaxcala estableció, en ejercicio de su facultad de libertad configurativa, que los límites de sub y sobrerrepresentación previstos en el artículo 116, de la Constitución federal, aplicables en la integración de los congresos estatales, deben observarse para el caso de la integración de los ayuntamientos de la entidad federativa.

Es decir, la normativa local dispone que, en la conformación de los ayuntamientos, se debe verificar que, en ningún caso, alguna fuerza política tenga una representación de ocho puntos porcentuales por encima o por debajo de la votación que haya obtenido en la elección de que se trate.

El establecer tales límites de sobre y subrepresentación, como se ha precisado, tiene como finalidad garantizar la representatividad y pluralidad en la integración del órgano de gobierno municipal, ya que de esta forma se permite que formen parte de la integración del órgano de gobierno municipal las candidaturas postuladas por partidos minoritarios y se impide, a su vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación.

Consecuentemente, este órgano jurisdiccional coincide con lo razonado por el Tribunal local en el sentido de que la decisión del Congreso local de introducir la regla de verificación de sub y sobrerrepresentación es válida en cuanto fue adoptada en ejercicio de su facultad de configuración, sin que sea obstáculo para ello que, para la determinación del parámetro porcentual, remita a lo dispuesto en el artículo 116, de la Constitución federal, lo cual es válido sin importar que tal disposición no se refiera de manera expresa a los ayuntamientos, ya que precisamente la falta de regulación específica en la Constitución federal respecto de la introducción de límites de sub y sobrerrepresentación en la integración de los ayuntamientos, permite a las legislaturas de las entidades federativas prever lo conducente.

De igual forma, esta Sala Regional coincide con la conclusión del Tribunal responsable en cuanto a que el parámetro de ocho por ciento (8%) que establece la disposición constitucional es adecuado como límite superior e inferior de la representación en los órganos de gobierno municipales.

Lo anterior, ya que como sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 382/2017, las legislaturas locales tienen amplia libertad configurativa para estados introducir el principio de representación proporcional en la elección de las personas integrantes de los ayuntamientos, con la condición de que los principios de mayoría relativa y representación proporcional no estén configurados de tal manera que pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal.

Así, esta Sala Regional estima adecuada la consideración del Tribunal local, respecto a la operatividad del diseño legislativo de la verificación de límites de sub y sobrerrepresentación en los ayuntamientos de Tlaxcala, lo cual sustentó siguiendo los parámetros fijados tanto por la Sala Superior como por este órgano jurisdiccional, en el sentido de que el marco normativo local permite desarrollar una fórmula que hace viable el porcentaje de ocho por ciento, sin tener que recurrir a porcentajes diversos y menos a inaplicar la regla de revisión de límites superiores e inferiores de representación.

En efecto, tal como lo señaló el Tribunal local y como lo sostuvo esta Sala Regional al resolver el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-2093/2016 y sus acumulados, en determinados casos la aplicación literal de la fórmula prevista en la norma local ocasiona que el porcentaje de sobre y subrepresentación del ocho por ciento sea alto para un órgano como el Ayuntamiento que, de conformidad con la Ley Electoral local se integra por cinco, siete o nueve munícipes, lo cual genera que, al aplicar la fórmula, las fuerzas políticas resulten sobrerrepresentadas.

No obstante, se determinó mantener la vigencia de la regla aludida, al sostener que, de una interpretación sistemática y funcional del artículo 271 de la Ley Electoral Local, en términos de lo establecido en el artículo 3 [37], de la misma ley, era posible arribar a la conclusión de que la fracción III, del citado artículo 271, debe interpretarse en el sentido de que, durante cada fase de la aplicación de la fórmula, debe verificarse que no exista sobre ni subrepresentación, y en caso de darse ese supuesto, deben hacerse los ajustes necesarios a efecto de salvaguardar el principio de la representación proporcional.

Conforme a tal interpretación, lo conducente es que, durante el desarrollo del procedimiento de asignación de regidurías, una vez que se ha determinado qué partidos políticos o candidaturas independientes obtuvieron el porcentaje de votación requerido para acceder a la repartición, deberá verificarse en cada ronda de asignación los límites de representación de cada fuerza política a efecto de determinar que no se exceda el ocho por ciento permitido en la legislación de la entidad federativa.

En el supuesto de detectar que, al asignar la regiduría correspondiente a alguna fuerza política, esta se coloca en una situación de sobrerrepresentación, lo conducente es excluirla y hacer la asignación a las fuerzas políticas con derecho para ello, descontado los votos de la planilla sobrerrepresentada de la votación válida y ajustando el parámetro de votación, hecho lo cual, se procedería a la asignación que corresponda.

Ello, tomando en consideración que no es posible asignarles las regidurías a los partidos políticos y candidatos independientes que se encuentren sobrerrepresentados.

En ese sentido es de considerar que el artículo 271, de la Ley electoral local prevé que el procedimiento para la asignación de regidurías de representación proporcional, comprende dos rondas por los métodos de cociente electoral y resto mayor y que, agotada la asignación de regidurías en la primera ronda (cociente) y si quedaran regidurías por asignar, en una segunda ronda se aplicará el método de resto mayor en orden decreciente, entendiéndose por “resto mayor” al remanente absoluto más alto entre el resto de los votos de cada partido político o candidato independiente, una vez realizada la asignación de regidurías mediante el cociente electoral[38].

De tal forma que si el Congrego local estableció tanto el método de cociente electoral, como el de “resto mayor” como criterios de asignación de regidurías, debe entenderse que es posible considerar el remanente más alto de votos de los partidos políticos o candidatos, siempre y cuando no rebase los límites de sobrerrepresentación.

Conforme a lo anterior, es viable concluir que un parámetro idóneo para determinar la asignación de regidurías en los casos en que no sean otorgadas a los partidos políticos o candidatos sobrerrepresentados debe ser el que corresponda al remanente de votos más alto que los partidos políticos o candidatos independientes no hubieran utilizado en la asignación de la ronda por cociente electoral, respetando en todo momento los límites de sobre y subrepresentación que dispone el citado artículo 271, fracción III, de la Ley Electoral local.

En ese sentido, esta Sala Regional estima que fue conforme a Derecho que el Tribunal local validara el porcentaje de ocho por ciento previsto en la normativa local para efecto de verificar la sobre y subrepresentación en el procedimiento de asignación de regidurías bajo el principio de representación proporcional, ya que para arribar a tal determinación, el órgano jurisdiccional local tomó como base las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales que establecen la libertad configurativa de las legislaturas locales para regular la forma en la que habrá de incorporarse el sistema de representación en la integración de ayuntamientos.

Asimismo, como se ha señalado, sostuvo la viabilidad de la implementación de este parámetro porcentual para la verificación de los límites de representatividad en el desarrollo de la fórmula de asignación de regidurías, tomando como base la interpretación sistemática y funcional de la normativa local que lo regula y el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional conforme al cual la fracción III, del citado artículo 271, debe interpretarse en el sentido de que, durante cada fase de la aplicación de la fórmula, debe verificarse que no exista sobre ni subrepresentación, y en caso de darse ese supuesto, deben hacerse los ajustes necesarios, conforme a lo razonado.

III. Ajuste de votación para efecto de determinar el porcentaje base para verificar la sobrerrepresentación.

La parte actora en el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-1937/2021, señala que la resolución controvertida vulnera su derecho político electoral de ser votado, ya que, en su concepto, el Tribunal local debió tomar en consideración la votación valida emitida para efectos de verificar los límites de sobrerrepresentación, tal y como lo hizo la autoridad electoral administrativa y no la votación efectiva.

Es decir, desde la perspectiva de la parte actora, el Tribunal responsable debió basar el porcentaje para medir la sobrerrepresentación, en el resultado obtenido de descontar de la votación total emitida únicamente los votos nulos y los votos emitidos a favor de candidaturas no registradas.

Lo anterior, ya que, en concepto de la parte actora, el artículo 217, fracción III, de la Ley Electoral local, al establecer los parámetros establecidos por el artículo 116, de la Constitución federal, para medir los límites de sobrerrepresentación, no prevé que sea verificado con la votación ajustada que consideró el Tribunal local, ya que el propósito de la norma es beneficiar la pluralidad política en la integración de los ayuntamientos.

Esta Sala Regional considera que el planteamiento de la parte actora es infundado, ya que, contrario a lo que señala la parte actora, la determinación del Tribunal local al analizar el tópico en cuestión, se ajustó a Derecho.

Como se refirió en el apartado que antecede, esta Sala Regional estima que, tal como sostuvo el Tribunal local, de la interpretación sistemática y funcional del artículo 271, de la Ley Electoral local, se concluye que la fracción III, del citado artículo se debe interpretar en el sentido de que, durante cada fase de la aplicación de la fórmula, debe verificarse que no exista sobre ni subrepresentación, y en caso de darse ese supuesto, deben hacerse los ajustes necesarios, descontando la votación de la fuerza política sobrerrepresentada y, asignar sobre la base del nuevo universo de votación y participantes (tomando en consideración que la fuerza sobrerrepresentada ya no podría ser considerada); a efecto de salvaguardar el principio de la representación proporcional.

En ese sentido, es de precisar que si bien el artículo 239, de la Ley Electoral local, el cual define el concepto de votación total válida para efecto de la elección de ayuntamientos, no prevé expresamente la deducción de los votos correspondientes a candidatos no registrados y de aquellos entes políticos que no hayan alcanzado el porcentaje de votación necesario para tener derecho a participar en la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional, lo cierto es que, de una interpretación armónica y funcional de dicha disposición en relación con el último párrafo del artículo 271 del citado ordenamiento, es posible concluir que en el desarrollo de las fórmulas correspondientes debe realizarse tal ajuste.

Lo anterior, en razón de que en el último párrafo del citado artículo 271, se determina que para la asignación de regidurías se debe utilizar un concepto que es empleado en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el artículo 238, diferenciando sus alcances únicamente en el sentido de que deben incluirse los votos emitidos a favor de candidatos independientes en vez de descontarse. Se explica:

En el artículo 239, del ordenamiento en cita, se dispone que, para efectos de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, conforme al artículo 90 de la Constitución local, se entenderá por:

I. Votación total emitida: La suma de todos los votos depositados en las urnas de la elección de Ayuntamiento en cada Municipio, anotados en las actas respectivas;

II. Votación total válida: La que resulta de deducir los votos nulos a la votación total emitida en cada Municipio;

III. Cociente electoral: El que resulta de dividir la votación total válida entre el número total de regidurías a asignar; y

IV. Resto mayor: El remanente absoluto más alto entre el resto de los votos de cada partido político, una vez realizada la asignación de regidurías mediante el cociente electoral.

En tanto que, en el artículo 238 del mismo ordenamiento, se dispone que, para efectos del cómputo de la elección y asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional, conforme al artículo 33, de la Constitución local, se entenderá por:

I. Votación total emitida: la suma de todos los votos depositados en las urnas de la elección de que se trate, anotados en las actas respectivas;

II. Votación total válida: la que resulta de deducir a la votación total emitida los votos nulos;

III. Votación total efectiva: la que resulta de restar a la votación total válida lo siguiente:

a)    Los votos de los partidos políticos que no tienen derecho a participar en el procedimiento de asignación de diputaciones de representación proporcional; e

b)    Los votos recibidos a favor de candidatos independientes y de los candidatos no registrados;

IV. Cociente electoral: El que resulta de dividir la votación total efectiva entre el número total de diputaciones de representación proporcional a asignarse; y

V. Resto mayor: El remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, después de deducir la utilizada para la asignación de diputaciones de representación proporcional por cociente electoral.

Como se puede advertir de lo antes descrito, resulta evidente que, en el caso de la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional, no se prevé expresamente el concepto de votación total efectiva, sin embargo, en el último párrafo del artículo 271, se dispone que “Para la asignación de regidores se tomara como votación efectiva aparte de lo establecido en la presente Ley, los votos emitidos a favor de candidatos independientes”.

De tal forma que, en concepto de este órgano jurisdiccional, en una correcta interpretación de las disposiciones referidas, se debe entender que, para efectos del cómputo de la elección de integrantes de los ayuntamientos y de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, se entenderá por “votación efectiva”, la que resulta de restar a la “votación total válida” lo siguiente:

a) Los votos de los partidos políticos que no tienen derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, para integrar el ayuntamiento respectivo; y

b) Los votos recibidos a favor de candidatos no registrados.

Es decir, sí se prevé la votación recibida por candidatos independientes.

De tal forma que, como se precisó, el concepto de ”votación efectiva”, derivado de una recta y correcta interpretación de la normativa de la legislación del Estado de Tlaxcala, en los términos antes precisados, se advierte que se trata de una definición diversa al de “votación total efectiva”, pues la primera se refiere al procedimiento de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en tanto que, el segundo, aplica respecto del procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional.

En este sentido, cabe advertir que la diferencia entre uno y otro concepto radica esencialmente en que, en el caso de la elección de integrantes de los ayuntamientos, los candidatos independientes sí participan en la integración del ayuntamiento, mediante la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en tanto que, en el caso del Congreso del Estado, no participan las candidaturas a una diputación por el principio de representación proporcional.

Lo anterior es acorde con el criterio sustentado en la jurisprudencia identificada con clave 4/2016[39], de la Sala Superior, de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

Debe destacarse que, tal como lo señaló el Tribunal local, no resultaría jurídicamente viable tomar como base para obtener el elemento de distribución de cociente electoral, votos de fuerzas políticas que por disposición expresa no pueden aspirar a la asignación de regidurías.

Es así, ya que para analizar la sobrerrepresentación es necesario saber cuántas regidurías son asignadas a partidos políticos y candidaturas conforme a un cociente electoral obtenido sobre la base de una votación que no considera ya a las fuerzas políticas que no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido, lo cual es lógico en cuanto estas ya no participan en la asignación.

De tal forma que, tal como lo estimo la responsable, no puede introducirse una votación que no depura a las opciones políticas que no participan ya en la ronda de cociente por no superar la barrera legal, pues se trata de un elemento no relevante en el análisis.

En tal sentido, como se ha razonado, si bien no existe disposición expresa que establezca la votación que debe utilizarse para calcular el porcentaje sobre el cual se analiza la sobrerrepresentación, conforme al principio constitucional de proporcionalidad en la integración de los ayuntamientos, el cual predomina en el ámbito local, es adecuado considerar que debe utilizarse la votación depurada o efectiva, esto es, la votación resultante de restar a la votación total emitida, los votos nulos, votos a favor de candidaturas no registradas y votos a favor de opciones políticas que no alcanzaron el porcentaje requerido para participar en la asignación de regidurías (3.125%).

Conforme a lo expuesto, es que se estima que no asiste razón a la parte actora en cuanto a su planteamiento relativo a qué votación debía tomarse en consideración, y lo que comprendía la misma, para efectos del procedimiento de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, toda vez que la determinación del Tribunal local se ajustó a la normativa constitucional y legal aplicable al estado de Tlaxcala[40].

IV. Asignación de regidurías de forma alternada

Las personas promoventes de las demandas de los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-1859/2021, SCM-JDC-1892/2021, SCM-JDC-1896/2021, SCM-JDC-1903/2021, SCM-JDC-1904/2021, SCM-JDC-1930/2021, SCM-JDC-1931/2021, SCM-JDC-1939/2021, SCM-JDC-1945/2021 y SCM-JDC-1896/2021, refieren una falta de fundamentación y motivación al aplicar la fórmula de asignación de regidurías.

Lo anterior, al sostener esencialmente, que la resolución impugnada no respetó la alternancia en la conformación de los ayuntamientos, para alcanzar y atender el principio de paridad de género en su vertiente horizontal y vertical.

En tal virtud, se considera que dichos agravios, resultan infundados, debido a que el Tribunal local al resolver sobre la asignación por género en los juicios referidos, se ajustó al marco normativo aplicable mismo que se precisa a continuación:

Marco normativo

El seis de junio de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115[41] de la Constitución a fin de garantizar que, en los subsecuentes procesos electorales, la mitad de los cargos de elección popular en sus tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- en los tres poderes de la Unión -ejecutivo, legislativo y judicial- y órganos autónomos, sean para mujeres, y así poder garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder público y político.

Al respecto, en relación con los cargos relativos al nivel municipal se estableció que los ayuntamientos de elección popular directa se integrarían por el principio de paridad, es decir por un presidente o presidenta y las regidurías y sindicaturas que determinara la ley, razón por la cual debían cumplir los criterios de paridad vertical y horizontal.

Para lograr dicha paridad, los partidos políticos debían garantizarla en la postulación de las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, mientras que las autoridades electorales correspondientes garantizarían que la integración final de los ayuntamientos sea paritaria[42].

La aplicación de esta reforma requirió que las legislaturas en las entidades federativas realizaran las adecuaciones normativas correspondientes a más tardar el siete de junio de dos mil veinte[43], a efecto de que la paridad transversal verdaderamente constituya un piso mínimo de mujeres en los espacios de toma de decisión y no un tope máximo que impida puedan obtener más espacios de toma de decisión.

En estas leyes reglamentarias se otorgarían facultades a las autoridades electorales para cumplir la aplicación de este principio. La selección de la forma a realizarse estaría a cargo de las leyes reglamentarias de cada entidad federativa, pero, sin importar el criterio, se debería garantizar la paridad entre hombre y mujeres en todos los municipios que eligen a sus autoridades por elección directa.

En ese contexto, el treinta de octubre de dos mil veinte el Consejo General del Instituto, emitió el acuerdo ITE-CG 47/2020, mediante el cual aprobó los Lineamientos, a fin de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y dar certeza a los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes así como a las Independientes respecto del referido principio, para garantizar la integración paritaria de los ayuntamientos.

El mencionado acuerdo, sufrió modificaciones a través de los diversos CG 90/2020, de veinticinco de diciembre de dos mil veinte y CG 22/2021, de treinta y uno de enero.

Se hace la aclaración, que el anexo 1 del señalado acuerdo CG 90/2020, que contiene, entre otras, las disposiciones aplicables para la asignación de regidurías de ayuntamientos por el principio de representación proporcional, quedó vigente.

Destaca, por ser necesario para la resolución de la presente controversia, señalar el contenido del artículo 33 del mencionado anexo 1, en que se establecen las reglas para la integración paritaria de las regidurías en los ayuntamientos.

Artículo 33. Respecto a la asignación de regidurías por representación proporcional del ayuntamiento que corresponda, atendiendo a la igualdad sustantiva, el Consejo General, para tal efecto podrá realizar los ajustes necesarios conforme a lo siguiente:

I. Si del ejercicio de asignación de regidurías por cada ayuntamiento, conforme el orden de prelación que ocupen las candidaturas de las planillas registradas por los partidos políticos, no garantiza la integración paritaria del ayuntamiento correspondiente, es decir, que exista sobre representación de los hombres, como se ejemplifica en la siguiente tabla:

Entonces por consecuencia, se encuentren sub representadas las mujeres se deberá:

a) A fin de que la sub representación de las mujeres sea reparada, de entre los partidos políticos que tengan derecho a asignación de regidurías, se modificará el orden de prelación de la planilla registrada del partido político que tenga a un hombre como primer regidor y haya obtenido el menor porcentaje de votación.

b) Se realizará el ejercicio anterior, hasta designar las regidurías necesarias para las mujeres, y en medida de lo posible alcanzar la igualdad sustantiva en la integración de los Ayuntamientos del Estado del Estado de Tlaxcala.

Se debe observar, que dependiendo del número de regidurías que integre el ayuntamiento, será el porcentaje que se busque para garantizar el principio de paridad en la integración del ayuntamiento, cuando en su integración sean seis regidurías, las mujeres deben representarse en un 50% del total de las regidurías, en los demás casos, en los que sean cinco o siete regidurías, el escaño remanente podrá asignarse a cualquier género.

Decisión

Con base en el marco normativo referido se advierte que la conclusión del Tribunal local se demuestra a partir de las interpretaciones, sistemática y funcional del mismo.

Al respecto se advierte que este Tribunal Electoral ha sostenido que la labor interpretativa de las normas, debe tener como premisa fundamental, el darle al precepto o disposición sujeto a desentrañar su contenido, un significado que además de resultar coherente con la intención de la legislación, permita su cumplimiento, para aquellos casos en que se surta la o las hipótesis normativas respectivas, o cuando ello no sea posible, el significado que menos perjudique al gobernado o gobernada, cuando su consecuencia pudiera implicar la vulneración a alguno de sus derechos fundamentales.

Así, la regla jurídica se interpreta para ser observada, de manera que, no puede aceptarse que la interpretación se traduzca en que la norma deba ser desacatada o que pueda o deba hacerse caso omiso de ella, o perjudicar a alguien; es decir, hacer de cuenta que su texto no existe, porque ese modo de proceder no constituiría una interpretación de la norma sino su anulación o derogación.

Por esta razón, una regla fundamental en la técnica de la interpretación de la ley consiste en que el sentido que se desentrañe de la norma debe estar encaminado, precisamente, a que ésta pueda surtir sus efectos y refleje lo más fielmente posible la intención de quienes integran la legislatura, a fin de ser acatada, sin perjudicar los intereses de las personas destinatarias, pues de otro modo se podrían afectar sus derechos fundamentales.

En ese contexto, si la norma es clara y precisa, debe interpretarse en forma directa, esto es, debe extraerse su sentido, atendiendo a los términos en que el texto está concebido, sin eludir su literalidad, con lo que, el órgano intérprete le otorga a la norma todo el alcance que se desprende de su contenido, en virtud de que no es lógico que las personas legisladoras, para expresar su pensamiento, se aparten de las reglas normales y usuales del lenguaje, a esto se le identifica como la interpretación gramatical.

En el caso concreto, la Ley electoral local en sus artículos 269, 270 y 271 prevé, por lo que hace a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, lo siguiente:

El artículo 269, dispone que al partido político o candidatos independientes cuya planilla obtenga el mayor número de votos válidos en el municipio de que se trate, se le otorgarán las constancias de mayoría que acrediten la obtención de los cargos de presidencia municipal y de sindicatura.

Por su parte los artículos 270 y 271, señalan:

1° Para realizar la asignación de regidurías se atenderá el orden de prelación en que aparecen los candidatos en la planilla de cada partido político o de candidatos independientes.

2° El procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional, se desarrolla conforme a la fórmula de dos rondas y los métodos de cociente electoral y resto mayor.

3° En la primera ronda se aplica el método de cociente electoral y se asignan regidurías a cada partido político o planilla de candidatos independientes tantas veces como su votación contenga dicho cociente.

4° Agotado ese reparto y si quedaren regidurías por asignar, en una segunda ronda se aplicará el método de resto mayor en orden decreciente.

Así, de lo señalado se advierte que la asignación de regidurías se hará conforme se vaya realizando cada una de las rondas de distribución -cociente electoral y resto mayor- entre los partidos políticos o planillas de candidaturas independientes atendiendo el orden de prelación, sin que se precise si dicho reparto se deba realizar de manera intercalada y sucesiva de los géneros -como lo señala la actora-.

De ahí que, lo anterior debe integrarse con lo que señala la normativa aplicable -Lineamientos-, en los casos en donde exista sub representación, la cual debe equilibrarse entre los partidos políticos que tengan derecho a asignación de regidurías, modificando el orden de prelación de la planilla registrada del partido político que tenga a un hombre como primer regidor y haya obtenido el menor porcentaje de votación.

Adicionalmente, se debe observar que, dependiendo del número de regidurías que integre el ayuntamiento, será el porcentaje que se busque para garantizar el principio de paridad en la integración del ayuntamiento; cuando en su integración sean seis regidurías, las mujeres deben representarse en un cincuenta por ciento del total de las regidurías, en los demás casos, en los que sean cinco o siete regidurías, el escaño remanente podrá asignarse a cualquier género.

De lo dicho, si aún existe incertidumbre o incongruencia al aplicar los dispositivos normativos, con otra providencia o principio perteneciente al mismo contexto normativo, se debe emplear el criterio sistemático, acorde con el cual, a una norma se le debe atribuir el significado que la haga lo más coherente posible con otras reglas del sistema o con un principio general del derecho[44].

Con relación a ello, se ha establecido que esta interpretación parte de considerar al ordenamiento jurídico nacional como un sistema, busca el sentido lógico objetivo de la norma en conexión con otras que existen dentro del mismo, es decir, la norma no debe aplicarse aisladamente sino en su conjunto, pues se encuentra condicionada en su sentido y alcance por las demás normas del sistema del cual forma parte[45].

Al respecto, resulta necesario señalar que la Sala Superior en el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-1368/2018, entre otros aspectos, señaló:

“(…) se debe vincular al Instituto local para que, antes del inicio del siguiente proceso electoral, emita un acuerdo en el que establezcan los lineamientos y medidas de carácter general que estime adecuados para garantizar una conformación paritaria de los distintos órganos de elección popular.”

En ese tenor, el Consejo local con base en la mencionada consideración emitida por la Sala Superior, entre otros aspectos, aprobó los Lineamientos para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género en el Estado de Tlaxcala, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Lo anterior permite establecer dos conclusiones: en primer lugar, que, contrario a lo manifestado por las personas promoventes en los agravios de las demandas que se analizan, el Tribunal local resolvió atendiendo los motivos de inconformidad planteados en la instancia primigenia y aplicó lo establecido en los Lineamientos como una normativa que instrumenta lo señalado por la Ley electoral, sin que de dicha normativa se desprenda que el procedimiento de asignación deba llevarse a cabo de manera intercalada y sucesiva en atención a los géneros.

En segundo lugar, que todas las disposiciones contenidas en los Lineamientos deben -de manera complementaria y acorde al procedimiento de designación de regidurías establecido previamente en la Ley Electoral -, asegurar que los órganos de elección popular estén conformados de manera paritaria, y establecer medidas de carácter general, adecuadas para garantizar una conformación paritaria de los órganos de elección popular.

Así, los Lineamientos y la ley Electoral deben ser interpretados como un todo sistematizado, lo que a consideración de este órgano jurisdiccional fue realizado por el Tribunal local al emitir la sentencia impugnada.

Ello es así, en tanto que, como se ha señalado el artículo 33 de los Lineamientos se previó que:

- Si del ejercicio de asignación de regidurías conforme el orden de prelación que ocupen las candidaturas registradas, no se garantiza la integración paritaria del ayuntamiento, es decir, que exista sobre representación de los hombres, la sub representación de la mujer debe repararse, de entre los partidos políticos que tengan derecho a asignación de regidurías.

- lo anterior, mediante la modificación del orden de prelación de la planilla registrada que tenga a un hombre como primer regidor y haya obtenido el menor porcentaje de votación, hasta designar las regidurías necesarias para las mujeres, y en medida de lo posible alcanzar la igualdad sustantiva en la integración de los ayuntamientos; y,

- dependiendo del número de regidurías que integre el ayuntamiento, será el porcentaje que se busque para garantizar el principio de paridad, cuando en su integración sean seis regidurías, las mujeres deben representarse en un cincuenta por ciento del total; en los demás casos -en los que sean cinco o siete regidurías-, el escaño remanente podrá asignarse a cualquier género.

A partir de ello, en la sentencia impugnada se aprecia también que, como parte de la interpretación sistemática llevada a cabo por el Tribunal, expresó entre sus argumentos que:

        El hecho de que en la integración final de los ayuntamientos existiera un número mayor de hombres que de mujeres, no resultaba contrario al principio de paridad.

        Señaló que de forma correcta el Consejo local llevó a cabo la distribución conforme a lo establecido el artículo 33 de los Lineamientos y los dispositivos atinentes de la Ley electoral local. 

        Asimismo, dispuso que dependiendo del número de regidurías que integrara un ayuntamiento, sería el porcentaje que se aplicara para garantizar el principio de paridad; es decir, cuando en su integración fueran seis regidurías, las mujeres debían representarse en un cincuenta por ciento, en los demás casos, el escaño remanente podría asignarse a cualquier género.

        De igual forma, señaló que el hecho de que la autoridad electoral hubiera asignado el escaño remanente al género masculino, ello resultaba conforme a lo dispuesto por los Lineamientos, en los cuales, se determinó que en aquellos casos en los que existan cinco o siete regidurías, el escaño remanente podría asignarse a cualquier género.

        Así también, advirtió que al tratarse de un número impar de regidurías, resultaba imposible obtener un número igual de hombres y mujeres en su integración, por ello invariablemente algún género tendría un miembros más que el otro, sin que dicha circunstancia resultara una inobservancia al principio de paridad de género.

Razonamientos que, como se ha explicado, permiten dar sentido e instrumentar el marco normativo que garantiza la integración paritaria del Ayuntamiento a partir de una interpretación sistemática de las reglas y principios en que se sostienen, pues una lectura como la sugerida por las personas promoventes se centra en una comprensión parcial de una definición de conceptos -alternancia y sesgo- que se encuentra en los Lineamientos que, como se ha visto no resulta integral para la interpretación de los mismos, y que, además, no podía dejar de lado la instrumentación establecida por dicha normativa, que tiene el carácter de orden público y de observancia obligatoria.

Cabe destacar que la Sala Superior en la Jurisprudencia 36/2015, de rubro: “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.”[46] estableció que la aplicación de reglas para alcanzar la paridad, como la de alternancia; su aplicación no constituye condición necesaria para lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla.

Así refiere que dicho principio de alternancia debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese principio.

De esta forma para definir el alcance del principio de paridad al momento de la integración de un órgano colegiado de elección popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin de armonizar los principios que sustentan la implementación de una medida especial en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados.

En ese contexto, a fin de privilegiar el principio de certeza, debían seguirse esas directrices, que fueron establecidas para atender, entre otros principios y mandatos, a la reforma constitucional en materia de paridad complementando el procedimiento previsto originalmente en la Ley electoral, de tal manera que se logre que la integración de los ayuntamientos sea paritaria.

Lo anterior implica que, como señaló el Tribunal local[47], en la aplicación de la fórmula de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en primer lugar, se debe atender al procedimiento de asignación de escaños y posteriormente verificar la sub o sobre representación de algún género, a fin de realizar la asignación correspondiente.

De ahí que, de considerar la contrario, se podría omitir asignar escaños a quien conforme a la votación obtenida tenía derecho.

Lo anterior, porque parte de un criterio funcional de interpretación, según el cual se permite atribuir el significado a una disposición, conforme a la naturaleza, finalidad o efectividad de una regulación, la intención de las personas legisladoras, las consecuencias de la interpretación y la admisibilidad de ésta, tratándose de un criterio que tiene en cuenta la naturaleza y objetivo de la institución, los fines perseguidos por la ley o los valores que ésta protege[48].

De manera que, como apreciara el Tribunal local, la forma de asignación del género de las regidurías por representación proporcional resulta acorde con el marco normativo aplicable y es la que mejor posibilita que éste pueda surtir sus efectos en el caso concreto, por lo que lo conducente es confirmar la resolución controvertida.[49]

V. Aplicabilidad y temporalidad de implementación de los Lineamientos.

En las demandas de los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-1882/2021, SCM-JDC-1883/2021, SCM-JDC-1884/2021 y SCM-JDC-1885/2021 refieren las personas promoventes que no era dable aplicar el principio de paridad de género para ajustar la integración de los Ayuntamientos que indican, ya que debían publicarse por lo menos noventa días antes del inicio del proceso electoral las leyes electorales que se pretenden aplicar.

De igual forma, en dichos juicios, así como en el de la ciudadanía SCM-JDC-1892/2021, las personas promoventes indicaron que se dejó de considerar que los Lineamientos se trataban de una norma de carácter heteroaplicativa, cuya afectación se originó hasta que les causó afectación con motivo de su aplicación; por lo que incluso estiman deben ser inaplicados.

De lo anterior se advierte que, los agravios señalados se dirigen a controvertir el exceso en la facultad reglamentaria en la implementación del principio de paridad en la integración de los ayuntamientos establecida en los lineamientos, al no estar previstos en una ley de Tlaxcala; así como la temporalidad de la emisión de tales lineamientos.

En tal sentido, a juicio de esta Sala Regional son infundados los agravios que se analizan en este apartado, debido a lo siguiente:

De la resolución impugnada se advierte que el Tribunal Local al dar respuesta a estas temáticas concluyó que si bien, ni en la Constitución Local ni en la Ley Electoral Local, existe disposición alguna que disponga el cumplimiento del principio de paridad de género en la integración de ayuntamientos.

Lo cierto es que, ello no implica que los partidos políticos y las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, inobserven el mandato constitucional de paridad de género en la integración de ayuntamientos, el cual, se encuentra consagrado en el artículo 115 Constitucional.

Por lo que, no obstante de no existir regulación en la normatividad electoral y constitucional local, regulación relativa a la integración paritaria de ayuntamientos, tal y como se mencionó, dicha obligación deviene de la Constitución, la cual, es la norma máxima.

En ese orden, consideró que de acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe un mandato constitucional para garantizar el principio de paridad de género en la conformación de las autoridades municipales, ya que constituye una medida para hacer efectiva la igualdad entre la mujer y el hombre; aunado a que no es obstáculo que la Constitución no aluda a paridad vertical y horizontal, toda vez que es suficiente con el reconocimiento de la paridad de género; aunado a los compromisos derivados de los tratados internacionales de los cuales deriva la obligación del Estado Mexicano de llevar a cabo acciones que la hagan efectiva o por las cuales se logre.

Ello de conformidad con la jurisprudencia P./J. 1/2020 (10a.)[50] de rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. EXISTE MANDATO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL PARA GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, TANTO EN SU VERTIENTE VERTICAL COMO EN LA HORIZONTAL.”

Importa destacar que conforme a dicha jurisprudencia cuya observancia es obligatoria al haber sido emitida por el Pleno del alto Tribunal de este país, que, conforme al marco Constitucional que garantiza el principio de igualdad y no discriminación; y Convencional, en la configuración de cargos de elección popular impera una obligación de observar el principio de paridad de género, lo que provoca instrumentar mecanismos para reducir las desigualdades entre las mujeres y los hombres; y, fundamentalmente, para lograr una participación plena y efectiva de aquéllas en todos los ámbitos en los que se desarrolla el servicio público.

Ello es así, ya que los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución General, establecen los principios de igualdad y no discriminacion, así como el derecho a la igualdad de la mujer y el hombre.

De igual manera, en distintos instrumentos internacionales, disponen diversas previsiones dirigidas a proteger y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como la participación en la vida política del país de ésta.

Entre esos instrumentos está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 3 establece que los Estados parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el propio pacto.

En la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en su artículo III establece que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém Do Pará”), en los incisos f) y j), del artículo 4 señala que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la ley y de la ley, así como a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos.

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el artículo 3 dispone que los Estados parte tomarán, en todas las esferas y, en particular, en la política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres.

De igual manera, el artículo 7, inciso b), de la CEDAW, dispone que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

En la Recomendación General 25 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, indica que las medidas especiales son parte de una estrategia estatal para lograr la igualdad sustantiva o de facto de las mujeres.

De igual manera, en dicha recomendación en el párrafo 19, señala que los Estados Parte deben distinguir claramente entre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas en virtud del párrafo 1, del artículo 4 para acelerar el logro de un objetivo concreto relacionado con la igualdad sustantiva o de facto de la mujer, y otras políticas sociales generales adoptadas para mejorar la situación de la mujer y la niña, pues no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter temporal; ya que -indica- el establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal.

Por otra parte, conforme al artículo 41, base V, de la Constitución General, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

En el apartado C, del citado precepto se dispone que, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales, quienes ejercerán funciones en las siguientes materias:

“1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

2. Educación cívica;

3. Preparación de la jornada electoral;

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y

11. Las que determine la ley.”

Por su parte la Ley Electoral local, en su artículo 6 Bis[51] establece que el Instituto local deberá garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos político-electorales, sí como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

El artículo 24, fracción VIII, de la Ley Electoral Local establece como uno de los fines del Instituto local, garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.

Por su parte, el artículo 51 de la ley citada, en sus fracciones I, II, VIII, XLIV, LVII, LVIII y LIX señala, entre otras atribuciones del Consejo General del ITE, las siguientes:

    Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral;

    Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios, formatos y cumplir con las funciones delegadas o de coadyuvancia que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución General y la ley, establezca el Instituto Nacional Electoral;

    Aprobar todo lo relativo a la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos electorales, en los términos de esa ley y las demás leyes aplicables;

    Resolver sobre el registro de candidaturas a gubernatura, diputaciones locales, integrantes de los ayuntamientos y presidencias de comunidad;

    Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos electorales de las mujeres;

    Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esa ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emita el Consejo General del ITE para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres debido a género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos, y

    Las demás que le confieren la Constitución General, la Constitución Local, la Ley Electoral Local y demás disposiciones legales aplicables, así como aquéllas que no estén reservadas al Instituto Nacional Electoral.

De los preceptos señalados se observa que la facultad reglamentaria del ITE se despliega con la emisión de reglamentos, acuerdos generales y lineamientos, la cual debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución General, sin exceder el principio de reserva de ley, ni el principio de subordinación jerárquica.

Lo anterior, según se observa del contenido de la jurisprudencia P./J. 30/2007[52], del Pleno de la Suprema Corte, en la que se establece que el principio de reserva de ley se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, la legislación ordinaria ha de establecer por sí misma la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento.

El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar.

Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos.

Al respecto la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-726/2017 y sus acumulados señaló que el principio de reserva de ley trata evitar que la facultad reglamentaria aborde materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o en su caso de los congresos estatales.

De igual manera señaló que una disposición constitucional puede reservar expresamente a la ley, la regulación de cierta materia, excluyendo la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por otras normas secundarias, en especial, el reglamento; pudiendo a su vez la norma constitucional, permitir que otras fuentes diversas a la ley, regulen parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero condicionadas a que la propia ley determine expresa y limitativamente las directrices correspondientes.

Indicó que, la ley debe establecer los principios y criterios conforme a los cuales, el desarrollo específico de la materia reservada podrá, posteriormente, ser establecida por una fuente secundaria, lo que no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sin que tales referencias hagan posible una regulación independiente y no subordinada al propio ordenamiento legal del que derivan, ya que esto supondría una degradación de la reserva establecida por la Constitución General.

Destacó que, la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, que los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones a las que reglamentan; por ende, solamente pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la sistemática jurídica, ni crear limitantes distintas a las previstas expresamente en la ley.

Así, al reglamento compete el desarrollo de los supuestos jurídicos, debido a que éste únicamente desarrolla la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, en ese tenor, de ninguna manera puede ir más allá de lo que ésta regula, ni extenderla a supuestos distintos, y menos aún contradecirla, sino que exclusivamente debe concretarse a indicar la forma y medios para cumplirla.

En relación con el principio de paridad, al resolver el juicio
SCM-JDC-1065/2018 esta Sala Regional estableció:

El principio de paridad se introdujo en el sistema político mexicano con la reforma constitucional al artículo 41 Base I párrafo segundo de (2014) dos mil catorce. Como se expone en la sentencia del juicio
SUP-JDC-537/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 45/2014 y acumuladas y 35/2014 y acumuladas, sostuvo que tal artículo dispone un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, que se debe tomar en cuenta en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular.”

Ahora bien, tal como lo destaca la Sala Superior al resolver el juicio de revisión SUP-JRC-14/2020, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil diecinueve, del decreto por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, de la Constitución General, en materia de Paridad entre Géneros; el referido principio se vio reforzado en su garantía constitucional pues de manera general, se dispuso la paridad, vertical y horizontal, como eje rector en la integración del poder legislativo federal y local, de los municipios y los órganos autónomos; y regula medidas como el encabezamiento alternado de listas de representación proporcional al senado y a las diputaciones en general.

Las reformas constitucionales en materia de paridad de géneros quedaron impactadas de la manera siguiente:

“Artículo 2.

...

A. ...

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.”

“Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...”

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

…

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

…”

“Artículo 41.

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.

...

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

...”

“Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.”

“Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados o diputadas de mayoría.

Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.”

“Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

...”

“Artículo 94.

...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas.

...

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.

...”

“Artículo 115.

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.”

En cumplimiento al Transitorio segundo de la citada reforma, el trece de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual, el Poder Legislativo federal reformó diversas disposiciones legales que, entre otros temas, abordan el principio de paridad.

Esas reformas establecieron reglas en materia paritaria que repercuten en los procesos electorales federal y locales, como se advierte de los preceptos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que a continuación se transcriben:

“Artículo 3.

1.

…

d) Ciudadanos o Ciudadanas: Las personas que teniendo la calidad de mexicanas reúnan los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

d bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación;

…”

“Artículo 6.

…

2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

…”

“Artículo 26.

1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de las 32 entidades federativas de la República se integrarán y organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, así como la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes respectivas.

2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución y la ley de cada entidad, así como los órganos político-administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México.

En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde o alcaldesa, concejalías, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género.

Las fórmulas de candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género que la persona propietaria.

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, así como el de elegir a sus autoridades, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, garantizando el principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o. de la Constitución, de manera gradual.

4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y paridad, guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.”

“Artículo 207.

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías en la Ciudad de México. En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal.”

“Artículo 232.

…

2. Las candidaturas a diputaciones tanto locales como federales y a senadurías a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatas y candidatos compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatas o candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas, las planillas de Ayuntamientos y de las Alcaldías.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

...”

“Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones locales y federales, senadurías, así como a las planillas a Ayuntamientos y Alcaldías que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto y organismos públicos locales, según corresponda, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución.”

“Artículo 234.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista.

2. En el caso de las diputaciones, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo.

3. Tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.”

“Artículo 235.

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 233 y 234, el Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en el ámbito de sus competencias, le requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidaturas, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en el ámbito de sus competencias, le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de incumplimiento se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.”

De lo reseñado se advierte que la reforma legal en materia de paridad realizada por el Poder Legislativo Federal estableció reglas que trascienden en la postulación e integración de los cuerpos legislativos federal y locales, al igual que los ayuntamientos.

Por su parte, el artículo CUARTO transitorio de la reforma a la Constitución General, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil diecinueve, a que se refieren las personas promoventes, señala que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41 constitucional.

En cuanto al cumplimiento del principio de paridad de género la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, dispone:

En su artículo 12, último párrafo que todos los partidos políticos garantizarán la paridad en sus dos vertientes horizontal y vertical.

De acuerdo con el artículo 13, para el cumplimiento de sus atribuciones y fines, los partidos políticos deberán garantizar y cumplir con la paridad de género conforme a lo dispuesto por la Constitución Local, las leyes en la materia y sus estatutos.

El artículo 33, fracción II, inciso b) establece que los procesos internos para la postulación de candidaturas a elección popular estarán a cargo de un órgano colegiado que garantizará la paridad de las etapas del proceso de selección.

De igual manera, el artículo 52, fracción XX dispone que son obligaciones de los partidos políticos garantizar la paridad de género en candidaturas a diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, planillas de candidaturas de las personas integrantes de los ayuntamientos y candidaturas a presidencia de comunidad, tanto propietarios como suplentes.

Por su parte, en la Ley Electoral Local, a parte de las disposiciones relacionadas con la obligación del Instituto Local para garantizar el principio de paridad de género, se encuentran las siguientes previsiones:

En el artículo 2, se establece como un principio rector de la función estatal electoral, el de la paridad.

De lo anterior se advierte que, los Lineamientos no vulneran el principio de reserva de ley ni el de subordinación jerárquica, en tanto la Ley Electoral Local estableció cuáles son las reglas esenciales para respetar el principio de paridad de género; y, por su parte, los Lineamientos establecen las modulaciones y acciones afirmativas, sustentadas en la ley para garantizar la paridad.

Lo anterior atendiendo a que el ITE cuenta con las atribuciones y facultades para implementar directrices con el propósito de hacer efectivo y garantizar el principio de paridad de género que es un mandato establecido en la propia Constitución General y en diversas leyes generales de aplicación en el ámbito estatal.

Esto es, el ITE implementó medidas afirmativas tendientes a fortalecer la dimensión sustantiva del derecho a la igualdad jurídica de las mujeres, frente al resto de ciudadanos que no tienen esta condición, a fin de que las personas pertenecientes a tal grupo tengan condiciones reales de participación política y acceso a cargos de elección popular en los términos relatados en el propio acuerdo tildado de inconstitucional.

Lo anterior considerando que la autoridad administrativa electoral, puede válidamente desarrollar derechos, modalidades o variables normativas a cargo de los sujetos que en ellos se vinculen, siempre y cuando, exista un sustento o base legislativa en el correspondiente marco jurídico, ateniéndose a los principios y valores orientados desde la construcción legal.[53]

En cuanto a la temporalidad de la implementación de los Lineamientos, conviene resaltar que, constituyeron una instrumentación accesoria y temporal, que únicamente modula el derecho y obligación constitucional que tienen los partidos políticos de presentar las candidaturas respetando el principio de paridad de género y potencializa el principio paridad de género reconocido en la Constitución General.

Así las medidas implementadas por el Instituto local se tratan de acciones temporales que garantizan la participación de la mujer, en la elección de cargos públicos en Tlaxcala; las cuales no implican modificaciones fundamentales.

Respecto lo anterior, esta Sala Regional al resolver el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-88/2020 y sus acumulados, ha seguido el criterio establecido por la Sala Superior en el SUP-RAP-726/2017, en el que se analizó lo siguiente:

La Sala Superior conoció de demandas contra el acuerdo INE/CG508/2017, emitido en noviembre de dos mil diecisiete (una vez iniciado el proceso electoral federal) por el que se implementaron medidas afirmativas a favor de personas indígenas y mujeres en la elección de diputaciones federales; al respecto, uno de los agravios se basó en que dicho acuerdo vulneraba el artículo 105 de la Constitución General al haberse creado una vez iniciado el proceso electoral, esto es, sin cumplir con los noventa días previos que traza el artículo constitucional acerca de modificaciones fundamentales en materia electoral.

Al analizar este argumento, la Sala Superior concluyó que no asistía la razón a la parte recurrente porque:

- Los lineamientos constituían una instrumentación accesoria y temporal, que únicamente moduló el derecho y obligación constitucional que tienen los partidos políticos de presentar las candidaturas respetando el principio de paridad de género y potencializa el principio de pluralismo cultural reconocido en la Constitución General, que no implicó una afectación fundamental al principio de auto organización de los partidos políticos y no vulneró el principio de certeza electoral.

- La Suprema Corte ha referido que la previsión contenida en el artículo 105 constitucional no puede considerarse como tajante, toda vez que admite la realización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral ya sea dentro del plazo de noventa días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no constituyan "modificaciones legales fundamentales"[54].

- En este sentido, la Suprema Corte ha definido que las "modificaciones legales fundamentales" como una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo las autoridades electorales. Por lo que las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto materialmente legislativo no repercute en las reglas a seguir durante el proceso electoral.

- Consecuentemente, si las modificaciones tenían como única finalidad precisar la forma en cómo los partidos políticos debían en cumplir con su obligación constitucional y legal de presentar las candidaturas de manera paritaria, y fomentar la participación de las minorías indígenas -en el caso en cita-, la reforma no tendrá el carácter mencionado.

- Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido que las modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, si su carácter es accesorio o de aplicación contingente, por lo que, la falta de cumplimiento del requisito formal de su promulgación y publicación sin mediar el plazo de noventa días a que alude el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución General no producirá su invalidez, pues aun en el supuesto de que rompieran con la regularidad constitucional por diversos motivos, su reparación bien podría ordenarse sin dañar alguno de los actos esenciales del proceso electoral, aunque éste ya hubiera comenzado[55].

-En este sentido, la emisión de los lineamientos no constituía modificaciones fundamentales a los actos esenciales e imprescindibles de alguna de las etapas del proceso electoral, en especial la atinente a los procesos de selección de candidaturas y al procedimiento de su registro, puesto que el objeto y finalidad de tales procedimientos no fue alterado, ya -sostiene la sentencia en cita- que solamente se establecieron cuestiones instrumentales para optimizar el principio de paridad de género y pluralismo cultural de los sujetos obligados por la Constitución General y la ley.

- El principio contenido en el artículo 105 constitucional no se vio afectado de manera fundamental con la implementación de dichas medidas, porque si bien los partidos políticos nacionales ya habían definido sus métodos de selección de candidaturas previo a la aprobación de los. lineamientos impugnados -en el caso-, ello no era obstáculo para dar cumplimiento a dichas reglas, dado que podían modificar el método de selección aprobado y tomar las medidas necesarias para tales efectos.

De igual manera respecto a los temas en análisis la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-170/2020, estableció una serie de consideraciones relacionadas con las modificaciones fundamentales a las normas en materia de paridad. Estableció:

    Los lineamientos de los Organismos Públicos Locales Electorales emitidos conforme a esa facultad, que establezcan mecanismos orientados a garantizar y a hacer efectivo el principio de paridad en el registro de planillas, se sustentan en el principio de igualdad reconocido en la Constitución General y en tratados internacionales, sobre todo cuando buscan verificar a partir de criterios objetivos dispuestos por la propia legislación, que los partidos cumplan efectivamente con la postulación paritaria.

    La Suprema Corte y la Sala Superior han establecido que las medidas dirigidas a garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad abarcan una amplia gama, que incluyen a las de carácter reglamentario, ya que la paridad constituye un fin constitucionalmente válido y exigible, por lo que para su cumplimiento es factible establecer medidas administrativas y/o legislativas que implican un tratamiento preferente a un cierto grupo o sector que se encuentra en desventaja o discriminado.

    Si los lineamientos de los Organismos Públicos Locales únicamente instrumentan las reglas de paridad de género ya previstas en la legislación local, evidentemente no se está en presencia de alguna modificación legal fundamental[56].

Así, en el caso concreto, los Lineamientos que efectivizan el principio de paridad no constituyen una modificación fundamental, en términos del artículo 105 de la Constitución General, ni una violación a la temporalidad que éste se establece.

Ello pues como se vio, la creación de acciones afirmativas tiene como base el artículo 41 de la Constitución General, así como la propia normativa estatal en la que se fijaron las bases para garantizar el principio de paridad.

Así, los Lineamientos como ya se vio se trata de una instrumentación del marco normativo previsto para hacer efectivo y real el principio de paridad sustancial.

Por lo anterior, es que resulta infundada la inaplicación que solicitan de los Lineamientos, ello ya que con independencia del momento en que pudieron haber sido impugnados, lo cierto es que bajo el análisis realizado con anterioridad, se pone de manifiesto de que se trata de una medida que instrumenta el principio constitucional de paridad de género, cuyo fin se dirige a garantizar el respecto al derecho de igualdad y no discriminación, cuya base normativa precisamente encuentra asidero en la norma suprema.

VI. Incorrecta aplicación de los Lineamientos.

El promovente de la demanda SCM-JDC-1897/2021, en esencia, señala que los Lineamientos se aplicaron de manera incorrecta debido a que el ajuste de paridad debió realizarse en la candidatura del PT, para que dicho partido quedara, debido a que dicho instituto tenía menor votación.

Dicho agravio resulta infundado ya que contrario a lo que se indica, el ajuste de paridad efectuado ante el Consejo General del ITE se efectuó de manera correcta conforme a los Lineamientos, tal como se expondrá a continuación:

En principio, es preciso señalar que el actor de este juicio se postuló para una regiduría por el partido Alianza Ciudadana, en la elección del ayuntamiento de Teolocholco, cuya votación fue la siguiente:[57]

Con sustento en esos resultados se consideró que el Porcentaje de Votación y Votación total efectiva, derivado de descontar de la votación valida, los votos del o los partidos políticos y/o candidaturas independientes que no obtuvieron por lo menos el 3.125% (tres punto ciento veinticinco porciento) de la votación total válida en el municipio del que se trate, así como el de candidaturas no registradas, correspondió al siguiente porcentaje:

Una vez que el Consejo General corrió la fórmula para la integración del órgano, conforme a las rondas de cociente natural y resto mayor, la cual no se controvirtió la actora, se procedió a verificar si la integración del órgano se realizó en forma paritaria.

Así, conforme a la fórmula concluyó que los resultados finales de distribución de regidurías entre todos los partidos y candidatos independientes era:

Con base en ello advirtió que el órgano estaba conformado de la siguiente manera por género:

Así para hacer el ajuste respectivo tomó en consideración los siguientes porcentajes de votación:

Así con base en esos porcentajes el ITE advirtió que los partidos con los menores porcentajes de votación correspondían al de la Revolución Democrática y Alianza Ciudadana, por lo que estimó se debía realizar la sustitución por cuanto hace a la primera regiduría para que se hiciera la designación correspondiente de la fórmula que se encuentra en la regiduría número dos, que corresponde a una fórmula de mujeres, como a continuación se describe: 

Con la sustitución antes mencionada, el ITE estableció que la integración del ayuntamiento citado, estaría integrada de la siguiente manera:

De lo anterior se advierte que fue acertado que el ajuste de paridad se haya realizado en las candidaturas que obtuvieron menor porcentaje de votación que, en el caso concreto, fueron el Partido de la Revolución Democrática y Alianza Ciudadana, y no así el Partido del Trabajo, como lo pretende establecer el actor.

Lo anterior, porque como se advierte de los porcentajes de votación el Partido del Trabajo obtuvo el 18.71%, (dieciocho punto setenta y un porciento) mientras que el partido Nueva Alianza por el que se postuló el promovente tuvo un 8.03% (ocho punto cero tres por ciento), lo que evidencia que contrario a lo que india el actor el porcentaje del Partido del Trabajo no era menor al de su partido; de ahí lo infundado del agravio.

En la demanda del juicio de la ciudadanía SCM-JDC- SCM-JDC-1946/2021, la promovente indica que le causa agravio el Acuerdo 251, ya que aduce que de forma homofóbica y sin realizar la paridad de género conforme a la Constitución; aunado a que se le omitió asignar una representación en la integración de las regidurías, en su favor, y conforme al orden de prelación de las planillas de los partidos políticos.

Asimismo, refiere que fue violatorio de sus derechos que se determinara asignar las dos últimas regidurías a mujeres de las dos minorías en porcentaje de votación; además que, considera que para asegurar una debida integración paritaria la asignación de regidurías se tuvo que haber realizado de manera alternada.

Por su parte el promovente de la demanda del juicio SCM-JDC-1948/2021 señala que le causan agravios las modificaciones que hizo el Consejo General del ITE, por no haberse efectuado conforme al procedimiento establecido; aunado a ello indica que el ajuste de paridad que se efectuó en su candidatura fue indebido, ya que debió realizarse en el diverso partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST).

Dichos agravios resultan inoperantes debido a lo siguiente:

En lo que respecta al juicio SCM-JDC-1948/2021, la inoperancia deriva de que en las constancias del expediente se advierte que la actora, ante la instancia local expuso, a igual que en esta instancia federal que, para garantizar la integración paritaria de los ayuntamientos, no debía realizarse mediante sustituciones a fórmulas integradas por hombres respecto de los partidos políticos que obtuvieron menor votación por fórmulas de esos mismos partidos políticos, integradas por mujeres, sino que, para asegurar una debida integración paritaria la asignación de regidurías se tuvo que haber realizado de manera alternada, es decir, hombre, mujer o en su caso, mujer, hombre y así sucesivamente.

Asimismo, indicó que los cambios de paridad que se tuvieron que realizar debió haber sido a los partidos que obtuvieron la votación más alta.

Así lo inoperante de los agravios resulta en función de que los agravios se tratan de una reiteración de lo expuesto ante el Tribunal Local; sin que hubiere controvertido frontalmente las respuestas que dio dicho órgano jurisdiccional a los agravios que se expresaron en la instancia primigenia.

Esto es, respecto de dichos agravios el Tribunal Local señaló:

● Que eran infundados, ya que el ajuste realizado se efectuó conforme a lo dispuesto en el artículo 115 Constitucional, fracción I.

● Los Lineamientos en que se fundamentó el ajuste atienden a la forma en como los partidos políticos y el propio Consejo General del ITE, darían cumplimiento al mandato constitucional de paridad de género.

● El artículo 33 de los referidos lineamientos de paridad, establece las reglas que se aplicarán para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del ayuntamiento que corresponda, en el que se dispuso que

“… en los supuestos en los que las mujeres estén sub representadas dentro de un ayuntamiento, se deberán seguir los siguientes pasos:

a) A fin de que la sub representación de las mujeres sea reparada, de entre los partidos políticos que tengan derecho a la asignación de regidurías, se modificará el orden de prelación de la planilla registrada del partido político que tenga a un hombre como primer regidor y haya obtenido el menor porcentaje de votación.”

● Que con la medida en favor de las mujeres adoptada por el Consejo General del ITE, no se victimizaba al género, sino que, por el contrario, con independencia de sí la sustitución de fórmulas se realice de los partidos políticos de entre mayor o menos votación, esto no genera perjuicio alguno al sector femenino.

● El hecho de que el ITE realizara los ajustes para garantizar una integración paritaria de los ayuntamientos, mediante sustituciones en las fórmulas de partidos políticos que obtuvieron menor votación y no mediante una paridad vertical, es decir, mediante la asignación alternada de género, se considera, apegada a derecho, al estar ello fundamentado en los Lineamientos.

De lo anterior se advierte, que la actora no controvirtió los agravios que expuso ante el Tribunal Local, sino solo realiza una reiteración a lo expresado en aquella instancia.

De igual manera, en lo atinente al juicio SCM-JDC-1948/2021, se advierte que el actor ante la instancia local señaló que fue incorrecto el ajuste de paridad que efectuó el Consejo General del ITE, debido a que tenía que haberse realizado en la fórmula con menor votación, esto es, la del partido encuentro social Tlaxcala (PEST) y no en su partido.

En respuesta a dichos agravios el Tribunal Local señaló que el agravio era infundado, debido a que en el Acuerdo 251 se advirtió que el ajuste de género se realizó también en dicho partido (PEST).

En efecto de las constancias del expediente se advierte, como lo indicó el Tribunal responsable que, al momento de realizar el ajuste de paridad la autoridad administrativa estimó que el ajuste de paridad tenía que hacerse también en el partido Encuentro Social Tlaxcala, al tratarse de los dos partidos con menor votación, tal como se advierte de lo siguiente:

“En ese sentido, los partidos con sus respectivos porcentajes de votación, que se les ha designado alguna regiduría mediante el presente Acuerdo por el principio de representación, son los siguientes:

De la tabla inserta anterior, se desprende que el partido que se designaría una diputación por el principio de representación proporcional, con los menores porcentajes de votación corresponde a los Partidos Políticos MORENA y Encuentro Social Tlaxcala. Por ende, se debe realizar la sustitución por cuanto hace del propietario para que se realice la designación correspondiente la fórmula que se encuentra en la regiduría número dos, que corresponde a una fórmula de mujeres, como a continuación se describe: 

…”

En tal sentido, el actor en lugar de controvertir lo que al respecto concluyó el Tribunal Local se limita a reiterar los agravios vinculados con su indebida sustitución; de ahí que lo argumentos que ahora en esta instancia federal se traten de una reiteración ante la instancia local.

Por lo anterior, es que resulten inoperantes los agravios que se analizan de las citadas demandas, por reiterativos.

Sin que pase inadvertido que el actor del juicio SCM-JDC-1948/2021, también señale que el Consejo General del ITE realizó la sustitución de la candidatura en una sesión que no se llevó conforme a las formalidades reglamentarias; sin embargo, es preciso señalar que tales manifestaciones no fueron materia de pronunciamiento por el Tribunal Local; sino se advierte que pretende controvertir una situación diversa a lo resuelto en la instancia primigenia, por lo que también resulta inoperante.

Resulta aplicable por su contenido la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.”[58].

Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.”[59].

VII. Asignación de una regiduría a una persona que se autodeterminó como mujer.

En las demandas del juicio SCM-JDC-1939/2021 el actor manifiesta que la persona designada como acción afirmativa de las personas de la diversidad sexual, su registro fue aprobado como mujer al haberse autodeterminado de esa manera, sin embargo, refiere que dicha persona pretende hacer un fraude a la ley, ya que es conocido en la comunidad como una persona de sesenta años, viuda y con cinco hijos y que jamás se le ha identificado como mujer.

Por su parte, en la demanda del juicio de la ciudadanía SCM-JDC-1941/2021 la actora aduce que la persona designada como acción afirmativa de las personas de la diversidad sexual, su registro fue aprobado como mujer al haberse autodeterminado de esa manera; sin embargo, refiere que dicha persona es hombre y su identidad de género es masculino, tal como es conocido en la comunidad, por lo que su actuar está siendo doloso intentando engañar a la autoridad electoral.

Por lo que, solicita que dicha persona sea ubicada como perteneciente al género masculino y, en consecuencia, sea aplicado el principio de paridad a su favor.

Dichos agravios resultan infundados, debido a lo siguiente:

En principio es preciso señalar que el Tribunal Local, determinó declarar fundado el agravio expuesto por Leoncio Bautista Bautista, pues consideró que quedó acreditado que el ahí promovente fue postulado por el partido Redes Sociales Progresistas en atención a las medidas afirmativas de las personas de la diversidad sexual, y que su registro fue aprobado debidamente por haberse autodeterminado como mujer.

Indicó que dicho instituto político, alcanzó la votación suficiente para acceder a la sexta regiduría, misma que correspondía asignar a quien apareciera en primer lugar de la planilla de Redes Sociales Progresistas para el Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, esto es, a favor de la persona citada, sujeta a la probable reasignación de actualizarse alguno de los supuestos del artículo 33 de los lineamientos de paridad.

De ahí que concluyó, que le asistía la razón a la parte actora porque indebidamente se consideró su postulación como hombre, siendo que, en los archivos de la autoridad administrativa electoral, constaban los documentos en los que la parte actora se autodeterminó como mujer, hecho que tuvo por acreditado con la copia certificada del informe rendido por la titular de la Dirección de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del ITE, al que adjuntó copia certificada de manifestación de autodeterminación de preferencia sexual e identidad de género57.

Por lo anterior, determinó dejar sin efecto la asignación aprobada en el Acuerdo 251, y vinculó al Consejo General del ITE para que expidiera la constancia de asignación a favor de Leoncio Bautista Bautista, y de acuerdo con lo siguiente:

Finalmente señaló que, la determinación que adoptó no es contraria al principio de paridad, porque la parte actora se autoadscribió en su momento como mujer, además de que se dota de efectividad a las cuotas reservadas para la comunidad de la diversidad sexual, lo cual es congruente con el valor de la pluralidad al interior de los órganos de gobierno.

En ese sentido, esta Sala Regional considera que fue acertada la conclusión a la que llegó el Tribunal Local al haber asignado la regiduría que le correspondía al partido Redes Sociales Progresistas a Leoncio Bautista Bautista, ello de conformidad con el acuerdo ITE-CG/132/2021 POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DENTRO DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-421/2021, Y SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

En efecto, los artículos 27, 28 y 29 de dicho acuerdo establecen:

Artículo 27. Los partidos que postulen candidaturas que se manifiesten como integrante de la población de la diversidad sexual, deberán de acreditar la pertenencia de sus candidaturas a la comunidad LGBTTTIQ+ correspondiente, esto de manera enunciativa y no limitativa, mediante el requisito mínimo correspondiente a la simple manifestación de autodeterminación a dicho sector de la población, el cual es anexo del Acuerdo ITE -CG 132/2021.

I. Entiéndase por candidaturas a las postulaciones de fórmulas completas integradas por propietarios o propietarias y suplentes pertenecientes a la misma comunidad LGBTTTIQ+ .

II. Para la elección de Diputaciones Locales, los partidos políticos y coaliciones podrán realizar las postulaciones de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

III. Para la Elección de Integrantes e Ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones y 26 candidaturas comunes deberán postular cuando menos a tres candidaturas en cualquiera de los cargos de: Presidencia, Sindicatura y Regidurías, en cualquiera de los 60 ayuntamientos.

IV. Para la Elección de Titulares de Presidencias de Comunidad, los partidos políticos deberán postular una candidatura como mínimo si postulan cuando menos en 150 presidencias de comunidad y dos candidaturas si postula en la totalidad de presidencias de comunidad.

Artículo 28. Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, deberán cumplir con las reglas establecidas en los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, así como candidaturas independientes para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género en el Estado de Tlaxcala, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 y los extraordinarios que devengan de este, aprobados por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante el Acuerdo ITE CG 90/2020, en cumplimiento a la sentencia TET -JE -038/2020, asimismo se observaran las reglas siguientes:

I. Para el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, la fórmula de candidaturas que se registren pertenecerá al género de la persona o al que se autoadscriban, según corresponda.

II. La fórmula de candidaturas para personas de la diversidad sexual, propietario y/o propietaria así como suplente, se contabilizan con el género que se autodeterminen, fórmula que deberán ser del mismo género autodeterminado.

Se podrá exceptuar lo anterior, cuando el propietario se autodetermine como hombre, en tal caso, se podrá postular a una persona que se autodetermine como mujer como suplente, pero no a la inversa.

III. En estos casos, la candidatura corresponderá al género al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género, y en la solicitud de registro de candidatura el partido político, deberá informar que la postulación se realiza dentro de la acción afirmativa de persona de la diversidad sexual, a fin de constatar el cumplimiento de la misma.

IV. En el caso de que los institutos políticos o coaliciones postulen a una fórmula de una diputación a personas Queer o no binarias, esto es, que no se identifican como mujer ni como hombre, se considera que en reconocimiento de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad de la diversidad sexual, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros; pero, para efectos de paridad, cuando sólo una de las personas que integre la fórmula se identifique como Queer o no binario, el género contabilizará con el que se identifique la diversa persona que integre la fórmula.

V. Por lo que se refiere a las personas Intersexuales deberán señalar el género con el cual se identifican, o bien, como las personas Queer o no binarias, deberán indicar que no se identifican como mujer ni como hombre.

VI. En el caso de que se postulen personas no binarias y/o queer, en reconocimiento de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad LGBTTTIQ+, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros; sin embargo, los partidos políticos y coaliciones no podrán postular más de 1 persona que se identifiquen como no binarias y/o queer.

Artículo 29. En el supuesto de que en una persona forme parte de más de un grupo en situación de vulnerabilidad (autoadscribientes indígenas y juventudes), será la persona quien, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, manifieste en qué grupo desea ser considerada, para efectos de ser contabilizada en solo una de las acciones afirmativas.

De lo anterior se aprecia que los partidos que postularan candidaturas pertenecientes a la diversidad sexual tendrían que acreditar su pertenencia a la comunidad LGBTTTIQ+, con algún requisito mínimo, como pudiera ser la autodeterminación a ese sector.

Asimismo, se estableció que, para el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, la fórmula de las candidaturas pertenecerá al género que se autodeterminen, según corresponda.

Ahora bien, de las constancias que aparecen en el expediente, se advierte que el ITE informó al Tribunal Local que la persona asignada como regidora a Redes Sociales Progresistas, presentó su manifestación de autodeterminación de preferencia sexual e identidad de género (integrantes de la población LGBTTIQ+); en donde para efectos de la verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en su postulación destacó que debía computarse de acuerdo con la identidad de género mujer.[60]

En ese sentido, las solas manifestaciones de las personas promoventes de las demandas que se analizan, relativas a que la persona asignada como regidora a Redes Sociales Progresistas no pertenece a la comunidad LGBTTIQ+ y que se autodetermina como mujer, no logran desvirtuar la presunción que genera el hecho de que de manera previa a la asignación de las regidurías, desde la etapa de registro de candidaturas, dicha persona se autodeterminó a ese género.

Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 15, numeral 2 de la Ley de Medios establece que el que afirma está obligado a probar; de igual manera el que niega, cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho.

En el caso, las personas promoventes no ofrecen prueba alguna para demostrar sus aseveraciones, solamente se concretan a sostener que a quien se le asignó la candidatura de Redes Sociales Progresistas, no corresponde al género mujer, a quien le correspondía ese espacio.

Así, el hecho de que la persona asignada como regidora a Redes Sociales Progresistas haya dado cumplimiento al requisito mínimo previsto en el artículo 27 de los lineamientos antes citados, esto es, que haya manifestado su autodeterminación genera una presunción de validez de la entidad suficiente para efectos del acatamiento del principio de paridad ya que debía computarse y asignársele en un espacio destinado al género mujer respecto del cual se autodeterminó.

Sin que, al efecto, dicha presunción haya sido vencida por algún documento fehaciente que demostrara que dicha persona simuló una asignación de un género que no corresponde con su autopercepción; de ahí lo infundado de los agravios.

VIII. Falta de exhaustividad.

En esencia, la parte actora aduce que el Tribunal responsable realizó un estudio deficiente de sus motivos de disenso inicialmente planteados debido a que algunos de ellos no fueron analizados en su totalidad.

Desde su perspectiva, en el acto de decisión la responsable dejó de atender algún punto litigioso, actuación que afirman vulnera en su perjuicio el principio de exhaustividad.

El agravio es parte inoperante y, en otra infundado, como enseguida se demuestra.

Para justificar dicha calificativa, conviene considerar lo siguiente:

El principio de exhaustividad consiste en que la autoridad jurisdiccional debe realizar el examen de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno; esto es, implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos por las partes y demás pretensiones hechas valer oportunamente[61].

Este principio impone el deber de examinar de manera completa e integral todas y cada una de las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin limitarse al estudio exclusivo y, por lo tanto, parcial de alguna de ellas, pues el objetivo que está detrás de este principio es que los órganos resolutivos agoten la materia de la controversia.

Cumplir con el propósito del principio de exhaustividad implica, por ende, dotar a las resoluciones de la mayor calidad analítica, argumentativa y discursiva posible y, para ello, es indispensable que no sólo se identifiquen y examinen todos los tópicos que forman parte de una discusión, sino que, además, dichas acciones se realicen con profundidad y en forma diligente, de manera tal que se expongan, sin ninguna reserva, las razones que sirvieron para adoptar una interpretación, efectuar una valoración probatoria, acoger o rechazar un argumento, o tomar una decisión final y concluyente.

En este sentido, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, consagra el derecho al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional, que concluye con el dictado de una resolución en que se dirimen las cuestiones efectivamente debatidas.

Este derecho fundamental obliga a las personas juzgadoras a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda y todas las pretensiones deducidas oportunamente en la controversia, a efecto de resolver sobre todos los puntos sujetos a debate, de ahí que, cuando la autoridad emite el acto de decisión sin resolver sobre algún punto litigioso, tal actuación es violatoria del principio de exhaustividad[62].

En el caso concreto, respecto de las demandas de los Juicios de la Ciudadanía identificadas con las claves de expediente SCM-JDC-1859/2021, SCM-JDC-1881/2021, SCM-JDC-1901/2021, SCM-JDC-1903/2021, SCM-JDC-1904/2021, SCM-JDC-1943/2021 y SCM-JDC-1952/2021, el motivo de disenso es inoperante porque los argumentos planteados en las demandas son genéricos e imprecisos sin que de ellos se logre advertir, en concreto, cuáles cuestiones no fueron atendidas ni agotadas por parte de la autoridad responsable en la sentencia impugnada.

A fin de evidenciar lo anterior se inserta un cuadro en el cual se advierte en qué consisten los planteamientos plasmados en las respectivas demandas de juicio de la ciudadanía.