JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SCM-JIN-86/2021, SCM-JIN-87/2021, SCM-JIN-88/2021, SCM-JIN-89/2021 y SCM-JIN-90/2021 ACUMULADOS

PARTE ACTORA: PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOCIALES PROGRESISTAS, FUERZA POR MÉXICO Y ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: 03 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIO: JOSÉ RUBÉN LUNA MARTÍNEZ

Ciudad de México a veintidós de julio de dos mil veintiuno[1].

La Sala Regional Ciudad de México, en sesión pública de esta fecha, modifica los resultados del cómputo de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral Federal 03, con cabecera en Azcapotzalco, Ciudad de México; confirma la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección, y determina vincular al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que considere la modificación del cómputo distrital al realizar la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, con base en lo siguiente:

GLOSARIO

ANTECEDENTES:

De los hechos narrados en los escritos de demanda, así como de las constancias que obran en los expedientes, se advierte lo siguiente:

I. Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veinte inició el proceso para la elección de diputaciones federales.

II. Jornada electoral. El seis de junio se llevó a cabo la jornada electoral para elegir diputaciones federales, entre ellas, la del Distrito Electoral Federal 03, de Azcapotzalco, Ciudad de México.

III. Cómputo distrital. El nueve de junio, el Consejo Distrital inició y el diez siguiente concluyó la sesión en que se llevó a cabo el cómputo de la elección de diputaciones federales por ambos principios en el Distrito Electoral Federal 03, en la que se obtuvieron los siguientes resultados finales por candidatura:

Votación final obtenida por candidaturas

IV. Entrega de la constancia de mayoría y declaración de validez de la elección. Dados los resultados que se obtuvieron, se entregó la constancia de mayoría relativa a las candidatas propuestas por la Coalición “Juntos Hacemos Historia” conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, y se declaró la validez de la elección, previo recuento total en la sede distrital.

V. Juicios de inconformidad.

1. Demandas. Inconformes con lo anterior, el catorce de junio los partidos promovieron los presentes medios de impugnación.

2. Remisión de los expedientes. El dieciocho de junio, se recibieron en esta Sala Regional, las demandas de los juicios con las constancias atinentes al trámite y su publicación, informes circunstanciados y demás documentos que remitió el consejo distrital responsable.

3. Turno a ponencia. En la misma fecha, el Magistrado Presidente ordenó integrar los expedientes SCM-JIN-86/2021, SCM-JIN-87/2021, SCM-JIN-88/2021, SCM-JIN-89/2021 y SCM-JIN-90/2021 y turnarlos a la ponencia del Magistrado José Luis Ceballos Daza, para los efectos de instrucción y presentar los proyectos de sentencia correspondientes.

4. Radicación. El diecinueve de junio siguiente, el Magistrado instructor radicó los expedientes.

5. Requerimiento. El veinticinco de junio, el Magistrado Instructor realizó en el expediente SCM-JIN-86/2021 un requerimiento a la responsable, para su debida integración.

6. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad se tuvieron por admitidas las demandas y al no existir diligencias por resolver se declaró el cierre de instrucción en todos los juicios.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, toda vez que se trata de cinco juicios de inconformidad promovidos por partidos políticos, a fin de impugnar los resultados contenidos en las actas de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales, por ambos principios, en el distrito electoral federal 03, con cabecera en Azcapotzalco, Ciudad de México, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva, supuestos en el que tiene competencia y entidad federativa en la que ejerce jurisdicción esta Sala Regional.

Lo anterior tiene fundamento en:

Constitución. Artículos 41, tercer párrafo, Base VI, primer párrafo; y 99, párrafo cuarto, fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 166, fracción I; y 176, fracción II. 

Ley de Medios. Artículos 3 párrafo segundo inciso b), 34 párrafo segundo inciso a), 49, 50, párrafo 1, inciso b) y c); y 53, párrafo 1, inciso b).

Acuerdo INE/CG329/2017. Emitido por el Consejo General del INE, en que se establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la ciudad que será cabecera de cada una de ellas.

SEGUNDO. Acumulación. En concepto de esta Sala Regional procede acumular los presentes juicios, toda vez que del análisis de las constancias, se advierte que se trata de demandas que controvierten el mismo acto, esto es, los resultados del acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de Diputaciones Federales por mayoría relativa, -y en el caso de los juicios SCM-JIN-89/2021 y SCM-JIN-90/2021 también los resultados de la diputación de representación proporcional- en el distrito electoral federal 03 en Azcapotzalco, Ciudad de México.

La acumulación señalada atiende al principio de economía procesal, a fin de resolver de manera conjunta, expedita y completa los medios de impugnación y evitar la emisión de resoluciones contradictorias.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Medios, esta Sala Regional acumula los expedientes SCM-JIN-87/2021, SCM-JIN-88/2021, SCM-JIN-89/2021 y SCM-JIN-90/2021 al diverso SCM-JIN-86/2021, al ser éste el primero que fue recibido. Por lo que se debe agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución a los juicios acumulados.

TERCERO. Tercero interesado

El escrito presentado por el PAN[2] reúne los requisitos previstos en el artículo 17 párrafo 4 de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente:

a. Forma. En su escrito de comparecencia, Héctor González Martínez -quien se ostenta como representante propietario del PAN ante el Consejo Distrital- hizo constar su nombre y firma autógrafa, formuló los argumentos que estimó necesarios para defender los intereses del partido que representa y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.

b. Personería. El presente requisito debe tenerse por cumplido, toda vez que la mencionada persona, acreditó ser representante propietarios del PAN, ante la autoridad responsable; además, lo anterior se corrobora con el documento atinente a la declaratoria de validez de la elección respectiva, en la cual se desprende con claridad que tienen tal carácter.

c. Legitimación. El PAN tiene legitimación para comparecer como tercero interesado, ya que cuentan con un interés contrario al del partido que compareció como parte actora -SCM-JIN-86/2021-; esto, en razón de que pretende que se confirmen los resultados de las casillas que se impugnan.

d. Oportunidad. El escrito cumple con los requisitos previstos en el artículo 17 párrafo 4 de la de la Ley de Medios, toda vez que fue presentado por parte legítima, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la publicación del citado medio de impugnación, de ahí que resulte evidente que su presentación fue oportuna.

Ahora bien, no ha lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a MORENA en los juicios SCM-JIN-87/2021, SCM-JIN-88/2021 y SCM-JIN-90/2021, quien mediante escritos presentados el dieciocho de junio, pretendió comparecer con tal carácter dentro de los referidos juicios, ya que de las constancias de los expedientes se advierte que el plazo de setenta y dos horas para que pudiera hacerlo transcurrió del quince al diecisiete de junio (según se aprecia de las cédulas de publicitación y retiro de los medios de impugnación), lo que hace extemporánea su presentación.

CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la controversia planteada, es necesario analizar y resolver las causales de improcedencia invocadas por la autoridad responsable en el expediente SCM-JIN-89/2021, ya que su examen es preferente al ser una cuestión de orden público y versar sobre aspectos de procedibilidad del medio de impugnación.

a) Falta de firma autógrafa de la demanda SCM-JIN-89/2021.

Sostiene el Consejero Presidente del Consejo Distrital que la demanda debe desecharse al no cumplir con el requisito previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios, toda vez que carece de firma autógrafa.

Al respecto resulta infundada la citada causal de improcedencia, ello es así, porque si bien, específicamente el escrito de demanda que contiene los agravios carece de firma; también es verdad que, del escrito que se acompañó como ocurso de presentación de la demanda se observa contiene una firma autógrafa de quien se ostenta como presidente interino del Comité Directivo Estatal de FS X MÉXICO en la Ciudad de México.

Lo anterior, es suficiente para poder constatar la voluntad del promovente de combatir el acto de autoridad que considera contrario a sus intereses, esto, porque ambos escritos deben visualizarse como una unidad a través de la cual se promueve un medio de impugnación; de ahí que no se configure la causa de improcedencia invocada, puesto que esta exige la demostración patente de que se carece de un acto de exteriorización de la voluntad de quien insta la acción.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de Sala Superior 1/99 de rubro: “FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO.”[3]

b. Extemporaneidad de la demanda SCM-JIN-89/2021.

Señala la autoridad responsable que es extemporánea la demanda, debido a que el quince de junio, FS X MÉXICO, por conducto de quien se ostenta como su representante, presentó un diverso escrito a través del cual ratificó la demanda, al considerar que por un error involuntario no la había firmado.

La diversa causal de improcedencia resulta también infundada.

Lo anterior, debido a que del escrito de presentación de la demanda - el cual contiene firma autógrafa-, tiene un sello de recepción del catorce de junio, ante el Consejo Distrital.

De ahí que, si la sesión del cómputo del Consejo Distrital concluyó el diez de junio, y el escrito de demanda se presentó el catorce siguiente; es evidente la oportunidad de la demanda, al haberse presentado dentro de los cuatro días a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Medios.

Sin que pase inadvertido que FS X MÉXICO, pretendió ratificar la demanda el día quince de junio; ello ante la incertidumbre que le generó el hecho de que la demanda que contenía los agravios no tenía firma; sin embargo, como se vio al dar respuesta a la causal de improcedencia a que se refiere el inciso anterior; lo realmente relevante es que pudo constarse la voluntad de plasmar la firma autógrafa con el escrito por el que se presentó la demanda el cual sí contenía dicha firma, cuya fecha de recepción fue oportuna.

Desestimadas las causales de improcedencia, es dable analizar los requisitos formales y especiales de los juicios de inconformidad.

QUINTO. Requisitos de procedencia. Esta Sala Regional considera que los medios de impugnación reúnen los requisitos generales y especiales de procedencia, establecidos en los artículos 7; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 52, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

a. Forma. Las demandas fueron presentadas por escrito ante la autoridad responsable; en ella se precisa el nombre de los actores; se identifica el acto impugnado; se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones; se expresan conceptos de agravio, y se hace constar la firma de las personas promoventes.

b. Oportunidad. Los juicios fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, toda vez que según se advierte del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital de la elección impugnada, éste concluyó el diez de junio y el plazo para controvertirla transcurrió del once al catorce siguiente, por lo que, si los escritos de demanda se presentaron el catorce de junio, respectivamente, es evidente su presentación oportuna.

c. Legitimación. Los actores cuentan con ella, para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la ley invocada, en tanto que tienen el carácter de partidos políticos nacionales.

d. Personería. Las personas que firmaron las demandas en nombre de los partidos MORENA, PES, RSP y PAN, son sus personas representantes propietarias ante el Consejo Distrital.

En lo relativo al partido FS X MÉXICO, se trata del Presidente Interino del Comité Directivo Estatal de la Ciudad de México, quien conforme a los estatutos cuenta con facultades de representación en nombre de dicho ente político.

En el entendido que, en todos los casos la autoridad responsable, en los informes circunstanciados, reconoció las citadas representaciones, de acuerdo con los artículos 13, párrafo 1, inciso a), fracción I y 18, párrafo 2, inciso a) de la Ley de Medios.

De igual manera, es relevante destacar que Jaime Ochoa Amorós, Presidente Interino del Comité Directivo Estatal de la Ciudad de México de FS X MÉXICO, compareció en representación de ese partido, de conformidad con lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 13 de la ley de medios, la presentación de los medios de impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos a:

I.            Quienes tengan un registro formal ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados;

II.            Quienes integren los comités nacionales, estatales, distritales, municipales, o sus equivalentes, según corresponda. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido; y

III.            Quienes tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por las personas funcionarias del partido facultados para ello.

En ese tenor, se considera que Jaime Ochoa Amorós, Presidente Interino del Comité Directivo Estatal de la Ciudad de México cuenta con personería para representar al instituto político citado derivado de que el artículo 125 de los estatutos del partido prevén que la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo Estatal tendrá entre sus facultades y atribuciones la de representar legalmente al partido político, en el ámbito de su competencia territorial, ante terceras personas y toda clase de autoridades, organismos e instituciones; para lo que gozará de todas las facultades generales y especiales de administración, administración laboral, pleitos y cobranzas.

Por tales razones es que se estime que el Presidente Interino del Comité Directivo Estatal de la Ciudad de México cuenta con personería para representar al actor en el juicio, sumado a que si bien la autoridad responsable únicamente reconoció que éste se encontraba registrado como Presidente Interino del Comité Directivo Estatal en esta Ciudad de México, lo cierto es que el partido actor acompañó a su demanda copia simple del documento por el que la Directora del Secretariado del INE certifica que se encuentra registrado al cargo partidista referido, lo anterior, en razón de que se tiene como un hecho notorio, en términos del artículo 15, párrafo 1 de la Ley de Medios[4], que en el expediente relativo al juicio de inconformidad SCM-JIN-100/2021 obra copia certificada del documento de referencia.

e. Interés jurídico. Dicho requisito está cumplido, toda vez que los partidos promovieron los presentes medios de impugnación a fin de controvertir del Consejo Distrital, el cómputo distrital de la elección de Diputaciones Federales por ambos principios de en el Distrito Electoral Federal 03; elección en la cual participaron, de ahí que cuenten con interés jurídico para hacer valer diversas causas de nulidad de votación recibida en las casillas.

f. Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme, toda vez que la legislación no prevé algún medio de impugnación que deba ser agotado antes de promover los Juicios de Inconformidad.

Requisitos especiales.

Los escritos de demanda, satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la Ley de Medios, como se expone a continuación:

Precisión de la elección que se controvierte. Los actores, en sus escritos de demanda, impugnan los resultados de la elección de la diputación federal por el principio de mayoría relativa correspondiente al 03 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, con lo cual se cumple el requisito de procedibilidad; y en el caso de los juicios SCM-JIN-89/2021 y SCM-JIN-90/2021, también se controvierten los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputaciones del referido distrito electoral federal por el principio de representación proporcional.

Individualización de acta distrital. En el caso que se analiza, se cumple el requisito porque los promoventes señalan que controvierten el resultado contenido en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al 03 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Azcapotzalco, Ciudad de México, así como el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones del referido distrito electoral federal por el principio de representación proporcional.

Individualización de mesas directivas de casilla. Se satisface este requisito de procedibilidad, porque los actores señalan de forma individual las casillas cuya votación se controvierte, aduciendo la causal de nulidad existente en cada caso, de ahí que se cumpla la exigencia legal en cita.

Error aritmético. Por cuanto hace al citado requisito, tal circunstancia no es aplicable en el particular, porque no se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital por error aritmético, sino por nulidad de la votación recibida en determinadas mesas directivas de casilla.

En vista de lo anterior, al satisfacerse en la especie los requisitos señalados en los preceptos legales adjetivos invocados al inicio de este considerando, resulta procedente el estudio de fondo de la cuestión planteada.

SEXTO. Cuestión previa

En el escrito de demanda, de FS X MÉXICO plantea, de forma aislada, la solicitud de recuento (sin que precise si es parcial o total) de votos ante esta Sala Regional, aduciendo que su representante lo solicitó al Consejo Distrital responsable, pero le fue negado.

De igual forma sostiene que durante el recuento de los paquetes cuya apertura permitió dicho Consejo Distrital, tanto su representante como los auxiliares que tuvo en las mesas de trabajo advirtieron que se realizaron inscripciones o alteraciones a un número indeterminado de boletas en las que se advertía el voto en su favor, para considerarlas como nulas.

Finalmente afirma que durante el cómputo distrital se presentaron diversas irregularidades e inconsistencias entre los resultados consignados en las Actas de casilla y los resultados electorales preliminares (PREP), que generan duda fundada y razonable respecto del resultado de la elección.

Ante tal solicitud, lo ordinario sería que este órgano jurisdiccional ordenara la apertura del incidente de nuevo escrutinio y cómputo, en términos de lo previsto en el artículo 21 Bis, de la Ley de Medios.[5]

Empero, se estima que a ningún fin práctico conduciría realizar ese procedimiento, porque al tratarse de una solicitud formulada de manera genérica de dicho partido, resultaría a todas luces improcedente.

Ello, porque al margen de la solicitud, el partido no expone algún argumento encaminado a evidenciar que, en el caso concreto de la elección que impugna se actualizaba alguno de los supuestos de recuento, parcial o total, previstos en el numeral 311 de Ley Electoral, los cuales se resumen en los apartados siguientes:

a.     Recuento parcial, en alguna o algunas casillas en las cuales los resultados de las actas no coinciden; se detecten alteraciones evidentes en las actas; no exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente de casilla; no obre el acta en poder de la presidencia del consejo; ante la existencia de errores evidentes en las referidas actas; el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el primero y segundo lugares en votación; y cuando todos los votos hayan sido emitidos a favor de un mismo partido.

b.    Recuento total. Cuando exista indicio de que la diferencia entre la o el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y quien haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa de quien representan al partido que postuló al segundo de los candidatos o candidatas antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.

De manera que, si el partido actor no aporta razones y elementos ante esta Sala Regional que actualicen los supuestos mencionados, resulta evidente que la solicitud planteada no podría prosperar al resultar genérica, imprecisa y aislada.

En este orden de ideas, para solicitar el nuevo escrutinio y cómputo de votos en sede jurisdiccional, sea parcial o total, el partido accionante debía exponer en forma clara cuál o cuáles supuestos de procedencia se actualizan en el caso concreto, exponiendo los hechos en que basara sus afirmaciones y aportando los elementos de prueba que las sustentaran, para que este órgano jurisdiccional federal especializado estuviera en posibilidad jurídica de atender su planteamiento y decidir sobre la apertura del incidente respectivo.

Cabe destacar que, en el caso, ya que de las constancias del expediente se advierte que el Consejo Distrital sí efectuó un nuevo escrutinio y cómputo, respecto de la totalidad de las casillas.

En tal virtud, ante la existencia de dicho recuento, es que a consideración de esta Sala Regional resulte inconducente volver a realizar un nuevo escrutinio, cuando ya se efectuó en la sede administrativa.

También, es preciso señalar que, en este caso, quien lo solicita ante la instancia jurisdiccional, no se trata de quien obtuvo el segundo lugar en las votaciones; circunstancias que imposibilitan acoger la pretensión de FS X MÉXICO de recuento.

Por ello, en el medio de impugnación en que se actúa se considera que no tendría sentido alguno realizar la apertura del incidente respectivo debido a que, quien lo solicita no se trata del partido que obtuvo el segundo lugar en la elección; aunado a que, en el caso concreto, ya se efectuó un recuento total de las casillas en sede administrativa; por lo que, el partido no podría alcanzar su pretensión, lo que daría lugar, incluso, a que en el incidente ni siquiera se revisara si se cumplen o no los supuestos de recuento que prevé la norma.

Lo anterior es acorde con el principio de economía procesal, consistente en que “debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de actividad procesal.”[6], a efecto de dotar al proceso de sumariedad y concreción; criterio que ha sido asumido por esta Sala Regional al resolver las diversas solicitudes de recuento en sede jurisdiccional.

De ahí que, con base en las razones expuestas, lo conducente es desestimar la solicitud de recuento planteada.

SÉPTIMO. Suplencia de la deficiencia en los agravios.

Previo al examen de la controversia planteada, se considera oportuno precisar que en términos de lo establecido en el artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, esta Sala Regional debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expresados, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Asimismo, en aquellos casos en que los partidos políticos hayan omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o los que hayan citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto.

De igual manera, esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo de las demandas, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Apoyan lo anterior, las Jurisprudencias 3/2000 y 2/98 emitidas por la Sala Superior de rubros “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”[7] y “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”[8].

Lo anterior no implica que exista una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios, los partidos actores deben mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que basan su impugnación, así como los agravios que les causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Encuentra sustento lo anterior, en la tesis CXXXVIII/2002 de la Sala Superior de rubro “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.”[9].

En ese sentido, tomando en consideración los hechos expuestos por los partidos políticos en sus respectivas demandas, esta Sala Regional realizará el estudio de las casillas que impugnan en atención a los mismos, con independencia de que hayan sido señaladas o clasificadas de manera equívoca en otra causa de nulidad de votación recibida en casilla.

OCTAVO. Estudio de fondo.

● Nulidad de la votación recibida en casilla, por haberse recibido por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral. (SCM-JIN-86/2021, SCM-JIN-89/2021 y SCM-JIN-90/2021)

MORENA, FS X MÉXICO y PAN pretenden la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, por la causal de nulidad contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

En específico, MORENA señala en su escrito de demanda veintisiete casillas, en las que precisa el nombre y cargo de las personas funcionarias que, a su consideración, no estaban autorizadas para ello, mismas que se muestran enseguida:

Por su parte, FS X MÉXICO hace valer la causa de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios; sin que al efecto, precise las casillas y las personas funcionarias que considera recibieron votación, sin estar autorizadas para ello.

Ahora bien, dicho instituto político, al inicio de su demanda menciona cuarenta y seis casillas respecto de las cuales solicita su nulidad; sin embargo, del contenido de la demanda se aprecia que en realidad, solicitó nulidad por diversas causales, esto es, por las señaladas en los incisos f) y k) de la Ley de Medios.

En lo tocante al PAN, en su escrito de demanda, señala también veintisiete casillas, en las que precisa el nombre y cargo de las personas funcionarias que, a su consideración, no estaban autorizadas para ello, las cuales se ilustran en la tabla siguiente:

Metodología de estudio de la causal de nulidad

A efecto de analizar la causa de nulidad alegada y en vista que esta es invocada de manera correlativa por tres partidos políticos, dos de ellos que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación, respectivamente; es pertinente hacer un análisis específico sobre el marco constitucional y legal en que se funda dicha hipótesis de nulidad; los valores que se buscan resguardar con ella en el contexto de la votación recibida en casilla, y de manera preponderante los elementos de configuración y consecuencias jurídicas que  han sido trazadas en la línea de interpretación jurisprudencial de la Sala Superior cuando esta se actualiza.

Marco normativo constitucional y legal

El artículo 41, base VI, párrafos primero y tercero, de la Constitución establece un sistema de medios de impugnación y de nulidades en materia electoral, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

En el mismo artículo 41, base V, de la Constitución, se precisan los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, los cuales deben prevalecer en una elección para considerarla válida.

Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, el párrafo primero del artículo 99 constitucional, estableció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y le otorgó en las fracciones I y II, la facultad de resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y resoluciones de las autoridades electorales.

A partir de los fundamentos constitucionales apuntados, el Tribunal Electoral ha sostenido que,[10] una función importante del sistema de medios de impugnación en materia electoral, por diseño constitucional y legal, es garantizar la constitucionalidad, legalidad y el cumplimiento de los principios rectores en la materia en la recepción de los votos de la ciudadanía así como su correcto escrutinio y cómputo; conservar los actos públicos válidamente celebrados; garantizar la libertad del sufragio y, de manera extraordinaria, anular la votación cuando las irregularidades resultan determinantes para el resultado de la votación recibida en casilla o de la elección.

Un elemento fundamental en el diseño del artículo 99, de la Constitución Federal está dispuesto en su fracción II, en la que se establece en lo medular lo siguiente:

II.

… Las Salas Superior y Regionales sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La inclusión de esta cláusula constitucional tuvo su origen en la reforma constitucional correspondiente al año dos mil siete, que buscó entre otros aspectos dar mayor eficiencia y prevalencia a un principio fundamental dirigido a la preservación de los actos en materia electoral, denominado conservación de los actos públicos válidamente celebrados, el cual fue concebido desde su visión original  como una guía de interpretación relativa a la valoración de una causa de nulidad, particularmente, aquellas que tienen que ver con la votación recibida en casilla.

En ese sentido, cobra especial relevancia el criterio jurisprudencial 9/98, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.”[11]

Como puede verse, más allá de la exigencia de un aspecto de determinancia que generalmente debe operar en muchas de las causas de nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo; es patente destacar que desde su génesis, el citado principio de conservación se tradujo en la necesidad de establecer una regla de prevalencia de los actos válidamente celebrados a través de un principio de taxatividad en el diseño de las causales de nulidad.

Ese mandato de taxatividad, persiguió un valor fundamental porque de algún modo generó una interpretación clara y precisa de los supuestos extremos en que debe declararse la nulidad de la votación recibida en una casilla o en una elección.

La necesidad de ese resguardo se fincó sustancialmente en el propósito válido de no afectar derechos de terceras personas, esto es, de quienes ejercen su derecho al sufragio en una casilla determinada y luego, por una razón contingente y que no les es atribuible, sufren una afectación mediante la anulación de dicha votación.

Es por ello, que el acreditamiento pleno de los extremos previstos en la norma son fundamentales para su configuración.

Acorde con lo anterior, la Ley Electoral en su artículo 75, párrafo 1, establece de manera explícita una serie de causales de nulidad de votación recibida en una casilla.

Así, en el inciso e), párrafo 1, del artículo 75, dispone que será nula dicha votación, cuando se acredite que la votación sea recibida por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley.

De conformidad con lo anterior, es posible desprender que el valor fundamental de la causa de nulidad consistente en recibir la votación por personas distintas a las facultadas legalmente, encuentra una primera razón de ser, en la necesidad de impedir que personas ajenas y carentes de la capacitación necesaria por parte del INE participen activamente en el desarrollo de una mesa directiva de casilla, pues esto de algún modo puede ser una condicionante incluso, para la actualización de otras causas de nulidad.

Lo anterior, porque si no se asegura que la persona o bien, pertenece a la sección de que se trate, o al menos se trata de una persona capacitada legalmente por el organismo electoral competente, se puede dar una intrusión indebida en el funcionamiento de la mesa directiva de casilla y producir un desarrollo viciado o alterado por otros aspectos correlativos que trastocan la certeza en las elecciones (presión, intimidación, inequidad, discriminación, entre otros)

Ahora bien, es la Ley Electoral, la disposición que de modo general, establece la forma como deben en sentido ordinario integrarse las mesas directivas de casilla.

● Ley Electoral

El artículo 81, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral establece que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales y que, como autoridad electoral, tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del voto, garantizar el secreto del mismo y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

De acuerdo con el artículo 82, párrafo 1, de la Ley Electoral, las mesas directivas de casilla se integrarán con una o un presidente, un secretario o secretaria, dos escrutadores o escrutadoras y tres suplentes generales; mientras que el párrafo 2 del mismo artículo establece que, en las elecciones concurrentes, se instalarán mesas directivas de casilla únicas para ambos tipos de elección, las que se integrarán, además con una o un secretario y un escrutador o escrutadora adicionales.

Por su parte, el párrafo 4, del mencionado artículo 282, señala que las juntas distritales ejecutivas integrarán las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento señalado en el artículo 254 de la Ley Electoral.

Al respecto, el artículo 254 de la Ley Electoral prevé el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el cual consta de las siguientes etapas:

a) El Consejo General del INE, en el mes de diciembre del año previo a la elección, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo referido, del uno al siete de febrero del año en que deban celebrarse las elecciones, las juntas distritales ejecutivas procederán a insacular, de las listas nominales del electorado integradas con la ciudadanía que obtuvo su credencial para votar al quince de diciembre del año previo a la elección, a un trece por ciento de ciudadanos y ciudadanas de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de personas insaculadas sea menor a cincuenta.

c) La ciudadanía que resulte seleccionada, se le convocará para que asistan a un curso de capacitación que se impartirá del nueve de febrero al treinta y uno de marzo del año de la elección.

d) Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de oportunidades, con base en los datos que la ciudadanía aporte durante los cursos de capacitación, a quienes resulten aptos o aptas en términos de la Ley Electoral, prefiriendo a las y los de mayor escolaridad e informará a las personas integrantes de los consejos distritales sobre todo el procedimiento.

e) El Consejo General del INE, en febrero del año de la elección sorteará las letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla.

f) De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, las juntas distritales harán entre el nueve de febrero y el cuatro de abril siguiente una relación de quienes, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo, en los términos de Ley. De esta relación, los consejos distritales insacularán a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla, a más tardar el seis de abril;

g) A más tardar el ocho de abril las juntas distritales integrarán las mesas directivas de casilla con la ciudadanía seleccionada, conforme al procedimiento descrito en el inciso anterior, y determinarán según su escolaridad las funciones que cada persona desempeñará en la casilla. Realizada la integración de las mesas directivas, las juntas distritales, a más tardar el diez de abril del año en que se celebre la elección, ordenarán la publicación de las listas de sus miembros para todas las secciones electorales en cada distrito, lo que comunicarán a los consejos distritales respectivos.

h) Los consejos distritales notificarán personalmente a las y los integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les tomarán la protesta exigida por la Ley.

De lo anterior, se advierte que las y los ciudadanos que pueden integrar mesas directivas de casilla, deben solventar primeramente, un procedimiento de designación exhaustivo, derivado de las insaculaciones y un proceso de capacitación organizadas institucionalmente, a efecto de que estén en posibilidad de desarrollar las actividades que les serán encomendadas el día de la jornada electoral.

Así, una vez llevado a cabo el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, las personas seleccionadas por el consejo distrital del INE correspondiente serán las autorizadas para recibir la votación.

Por su parte, el artículo 274, establece el diverso procedimiento por el cual se integrarán las mesas directivas de casilla, ante la ausencia de las personas que fueron previamente designadas por la autoridad administrativa electoral; esto es, conforme al mecanismo comúnmente conocido como el “corrimiento” de las personas designadas.

Así, en caso de que no se completare la mesa directiva de casilla, el procedimiento establecido en el citado precepto dispone que se podrá instalar la casilla nombrando personas funcionarias necesarias de entre las y los electores presentes en la fila, verificando que previamente se encuentren inscritos en la lista nominal de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar.

Los nombramientos nunca podrán recaer en las o los representantes de los partidos, candidatos o candidatas, ni funcionarias o funcionarios públicos.

Cabe señalar que las personas que sean designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de quienes lo fueran en propiedad o suplencia por nombramiento de la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas.

Hechas las sustituciones en los términos que anteceden, la mesa recibirá válidamente la votación.

● Línea jurisprudencial establecida por la Sala Superior para la causa de nulidad de votación recibida por personas distintas a las autorizadas legalmente.

Respecto del análisis de esta causal de nulidad, la Sala Superior ha delineado una línea jurisprudencial de interpretación respecto de los preceptos normativos citados, cuya observancia es aún obligatoria para las Salas Regionales, con el objeto de establecer cuándo se está o no en presencia de la actualización de dicha causal.

En un primer momento, la Sala Superior estableció la jurisprudencia 13/2002[12] de rubro y texto siguientes:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)”. El artículo 116 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, señala que las mesas directivas de casilla se integran con residentes de la sección electoral respectiva, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir, y los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones. Por su parte, el artículo 210 del mismo ordenamiento prescribe la forma en que deben proceder los ciudadanos insaculados y nombrados para los cargos de presidente, secretario y escrutadores propietarios de la casilla electoral para instalarla, previéndose, al efecto, en el numeral 215, los mecanismos o procedimientos a seguir en caso de que no pueda instalarse la mesa directiva con la normalidad apuntada, entre cuyos supuestos eventualmente puede y debe recurrirse a ocupar los cargos faltantes mediante la designación, por parte de algún funcionario propietario o suplente, la propia autoridad electoral o incluso los representantes de los partidos políticos de común acuerdo, según fuere el caso, de entre los electores que se encontraren en la casilla, esto es, pertenecientes a dicha sección electoral. Ahora bien, el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualesquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

El sentido y objetivo esencial de esta jurisprudencia es patente, en cuanto a que buscó definir con claridad que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualesquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no haya sido designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores de la sección respectiva implica una franca trasgresión que pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio.

Bajo esa perspectiva, la aplicación no debe distinguir el cargo ocupado ni tampoco es susceptible de exigir un determinado factor de determinancia, pero es fundamental que se actualicen de manera integral los elementos referidos en el criterio jurisprudencial correspondiente; es decir, que no participe en la mesa directiva una persona que no haya sido designada por el órgano electoral respectivo y que tampoco aparezca en la sección electoral correspondiente.

La línea de interpretación anterior, se hace palpable si se analizan los diversos precedentes que configuraron dicho criterio, en los términos que se explican enseguida:

● SUP-JRC-35/1999

Este asunto, se da en el contexto de la elección de las personas integrantes del ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur.

En dicho juicio, la parte actora puso a consideración la nulidad de votación recibidas en diversas casillas por la recepción de la votación por personas distintas a las autorizadas, ya que en su consideración quienes fungieron en dichas casillas, no fueron designadas por la autoridad electoral (Comité Municipal Electoral), debido a que el día de la jornada electoral, integraron las mesas directivas de casilla personas distintas a las que previamente habían sido aprobadas por la autoridad, y no estaban en el listado nominal para que ejercieran los cargos respectivos.

Así, al analizar la causa de nulidad respecto de una de las casillas, la Sala Superior llegó a la convicción que la persona que actuó como segunda escrutadora no apareció en la lista definitiva que contenía la integración y ubicación de casillas instaladas en el municipio ni apareció en el listado nominal de personas electoras correspondientes a la sección en que integró la mesa; por lo que llegó a la conclusión de que debía anularse la votación recibida en dicha casilla.

Con sustento en ello, concluyó que ha sido criterio reiterado por la Sala Superior que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, independientemente del cargo, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente, ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; consecuentemente, como quedó precisado, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

● SUP-JRC-178/2000

El diverso juicio de revisión constitucional electoral, se dio en el marco de la elección de las y los integrantes del ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México.

En dicho asunto se declararon infundados los agravios del partido actor, relacionado con la indebida sustitución del funcionariado de casilla; ello bajo las siguientes premisas:

● En unas casillas, fungieron las personas que fueron designadas en una segunda publicación del encarte, por lo que sustituyeron a las previamente designadas.

● En otras casillas, actuaron las y los funcionarios que para tal efecto habían sido designados para ocupar las casillas respectivas.

● Se resaltó que la falta de coincidencia en los cargos y nombres señalados en el encarte, con los que aparecían en las actas de la jornada electoral; y, la ausencia de las constancias que advirtieran los procedimientos de sustitución que se efectuaron de las personas funcionarias, para constatar que se hubieren hecho conforme al código citado, eran insuficientes para acreditar la causal de nulidad de votación recibida en casilla.

● También se consideró que la sustitución de alguna persona funcionaria de casilla sin hacerla constar en la hoja de incidentes, o antes de la hora señalada, no constituye causa suficiente para anular la votación recibida, ya que sin desconocer que se trata de una irregularidad a la normativa, la Sala Superior enfatizó que todos los que intervinieron en las casillas fueron seleccionados mediante los procedimientos establecidos por el código y por lo tanto fueron debidamente capacitados por la autoridad electoral, con lo cual, quedó garantizado el cumplimiento de los principios de certeza y legalidad durante el desarrollo de la jornada electoral.

En el mismo precedente, al analizar otras casillas, se constató que las personas que integraron la mesa directiva, no fueron nombradas como propietarias o suplentes, y tampoco se trataban de ciudadanas y ciudadanos que aparecieran inscritos en el listado nominal que fue utilizado para esas casillas. Indicó que ese hecho ponía en duda el resultado obtenido en esas casillas; y, concluyó es claro que una persona no autorizada por la ley intervino en la recepción de la votación de las casillas que nos ocupan, sin ninguna explicación y sin medir causa legal para tal evento.

● SUP-JRC-257/2001

Por otro lado, en el último de los precedentes que configuraron la jurisprudencia derivó de una elección de concejalías del Ayuntamiento de Villa Sola de Vega, Oaxaca.

En dicho juicio, la Sala Superior analizó el agravio del ahí actor, en el que planteó que la votación recibida en casilla fue viciada, porque consideró que para la integración de las mesas directivas, no se siguió el procedimiento legalmente establecido para su conformación.

Una vez analizado el marco normativo que regía la integración de las casillas, conforme a lo previsto en la Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, concluyó que:

El simple hecho de que una persona que no fungió como funcionaria de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiera sido el cargo ocupado, sin que hubiese sido designada por el organismo electoral competente, y no apareciera en el listado nominal correspondiente de la sección electoral de que se trate, constituye una irregularidad que no puede calificarse como meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado por la o el legislador ordinario, de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con personas electoras residentes en la sección electoral que corresponda, circunstancia que pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla.

Con base en lo anterior, es posible establecer que la jurisprudencia 13/2002, a partir de su textualidad y con base en los precedentes que le dieron origen, es enfática en establecer que para actualizar la causa de nulidad de votación en casilla es necesario que la votación sea recibida por personas que no hayan sido designadas por el organismo electoral competente; y, que tampoco hubieran aparecido en el listado nominal de la sección correspondiente.

De ahí que, a efecto de determinar la nulidad de votación recibida en casilla, por personas u órganos no autorizados por la ley, desde el ámbito jurisprudencial, para la actualización de la causa de nulidad de votación recibida en casilla, por personas u órganos que no se encuentran facultados en la Ley, se estableció una condición de tipo acumulativa; esto es, que: las personas no hayan sido designadas por el organismo electoral competente; y, no hubieran aparecido en el listado nominal de la sección correspondiente.

Es relevante destacar que, el criterio establecido en la jurisprudencia 13/2002 sigue rigiendo el método de interpretación y análisis que deben realizar las Salas Regionales al abordar el estudio de esta causa de nulidad de recepción de voto en casilla.

Lo anterior, se pone de manifiesto en la ejecutoria que emitió la Sala Superior al resolver el recurso SUP-REC-1161/2018 y acumulados.

En dicho precedente y ante una formulación expresa de apartarse del criterio jurisprudencial precitado, la Sala Superior reiteró que, para tener por acreditada la causal de nulidad, consistente en que la votación sea recibida por personas no autorizadas por la ley, es decir integrada por ciudadanos y ciudadanas que no fueron designadas por la autoridad administrativa electoral y que no pertenezca a la sección, no es necesario que se acredite el carácter determinante, para declarar la nulidad en esa casilla

Destacó que el simple hecho de que personas no designadas y que no pertenezcan a la sección correspondiente, hayan integrado las mesas receptoras de votación, con independencia del cargo ocupado, es suficiente para tener por actualizada la citada causal de nulidad.

Lo anterior, enfatiza la visión de que la actualización de la causa de nulidad, en estudio, debe concebirse de manera acumulativa, puesto que deben conjugarse dos circunstancias: que la votación recibida en las mesas directivas de casilla se realice por personas que no hayan sido designadas por la autoridad administrativa electoral y adicionalmente, que no pertenezcan a la sección correspondiente.

Esta manera de concebir el análisis de la causa de nulidad es, por supuesto, el que encuentra mayor consonancia con el principio de votación recibida en casilla es compatible con la jurisprudencia 9/98 multicitada, en tanto que el sistema de nulidades configurado desde el texto constitucional busca proteger la certeza en los resultados de los procesos comiciales.

No pasa inadvertido que en la interpretación que se ha desarrollado en el Tribunal Electoral también se han adoptado algunas posiciones que de manera categórica han estimado que el solo hecho de que la persona participante en la mesa no sea de la sección, ya actualiza la causa de nulidad atinente, al margen de si la persona se encuentra en el encarte y/o ha sido capacitada legalmente por la institución electoral.

Dicha interpretación, por supuesto, busca adoptar una posición más rigurosa en la tutela del respeto al diseño general trazado por el artículo 83, numeral 1, de la Ley Electoral, consistente en que las mesas directivas deben estar integradas por a) ciudadanas y ciudadanos mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y ser residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla; b) estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores (y electoras); c) contar con credencial para votar; d) estar en ejercicio de sus derechos políticos; e) tener un modo honesto de vivir; f) haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente; g) no ser servidora o servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y h) saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la elección.

Sin embargo, esa interpretación incorpora elementos en la causa de nulidad que no están trazados en el texto expreso del artículo 75, párrafo 1, inciso a) de la Ley de Medios, pero además no encuentran sustento en la línea de interpretación que ha forjado de manera semántica la jurisprudencia 13/2002, a partir de los precedentes que la conformaron.

Incluso, es pertinente considerar que esta Sala Regional en integraciones anteriores a la actual, asumió una posición razonada, de manera mayoritaria[13], en la cual, entre sus consideraciones, visualiza la perspectiva de que podría replantearse la vigencia de la jurisprudencia 13/2002.

Así, en el contexto, señalaron que sería deseable que, a efecto de cumplir con los principios de legalidad y de certeza pudiera verificarse si la irregularidad acreditada tiene la magnitud necesaria para generar la nulidad de la votación recibida en casilla, lo que evidencia que ha existido un cuestionamiento válido sobre su alcance en casos concretos.

En la presente determinación, en cambio, se está privilegiando la necesidad de cuidar que la aplicación de las causas de nulidad siga un curso a la luz del principio de taxatividad que debe regir la aplicación de las nulidades en la materia, bajo el enfoque del principio de conservación de los actos válidamente celebrados.

Finalmente, otro elemento de reflexión de cara a la forma como deben concebirse los requisitos de actualización de la causal de nulidad, están relacionados con el crecimiento exponencial que han tenido los procesos electorales en los años recientes y particularmente, los que han transcurrido desde la adopción de la jurisprudencia 13/2002 hasta la época actual.

Concretamente en el 03 distrito electoral federal con cabecera en Azcapotzalco, Ciudad de México que es materia del presente análisis, puede verse que ha aumentado de manera importante el número de casillas, tal como se aprecia del siguiente cuadro:

El crecimiento demográfico y el dinamismo que exige un proceso electoral mucho más complejo y desarrollado, genera sin lugar a dudas un incremento natural de los factores que pueden propiciar la necesidad de utilizar procedimientos de sustitución de personas en las casillas, y que por supuesto de manera natural podrían generar que no participaran personas incluidas en el listado nominal de la sección, aun cuando sí estuvieran en el encarte y hayan sido objeto de capacitación por el organismo electoral correspondiente.

De ahí que, es dable asumir que, la postura que ha sido precisada con anterioridad, derivada de la textualidad de la jurisprudencia 13/2002 y los precedentes que la conforman; es la que permite así concebir las exigencias para la actualización de la causal de nulidad de manera acumulativa, y de esa manera, encontrar un balance más idóneo y consecuente con los principios de certeza y legalidad en los procesos electorales, con la necesidad de otorgar una mayor garantía de salvaguarda del derecho al sufragio de quienes emitieron su voto en la casilla.

En razón de todo lo anterior, para analizar esta causal, se comparará a las personas funcionarias que los partidos actores identifican como no autorizadas, con las personas que sí lo están para integrar alguna mesa directiva de casilla de acuerdo con el documento conocido como “encarte”.

Lo anterior, porque en dicho documento constan los nombres de las personas que fueron seleccionadas por el INE para integrar las mesas directivas de cada una de las casillas; así, en el caso de que el nombre de las y los funcionarios aparecieran en el encarte de la misma, esta Sala Regional considera que dichas personas sí estaban autorizadas para integrar la mesa directiva de casilla, por lo que la alegación devendría infundada.

Ahora bien, en caso de que el nombre de las y los citados ciudadanos no apareciera en el encarte, se buscarán sus nombres en la lista nominal de electores (y electoras) de toda la sección correspondiente a las casillas señaladas por los promoventes.

Lo anterior, porque de acuerdo con lo señalado con anterioridad, ante la ausencia de las y los funcionarios de casilla originalmente designados, pueden tomarse votantes de la fila de la misma sección electoral, para integrar la mesa directiva de casilla.

Así, en el caso de que las personas que integraron la casilla pertenecieran a dichas secciones electorales se estima que el agravio sería infundado ya que sí estaban facultadas para recibir la votación en las casillas de dichas secciones electorales.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada; para ello, se tomarán en consideración, como medios de convicción: el encarte (ubicación e integración de casillas) publicado y utilizado el día de la jornada electoral; y de las actas de jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, y listas nominales de personas electoras, documentales públicas con valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

Análisis del caso concreto.

Al respecto, esta Sala Regional estima que el agravio hecho valer por el partido político MORENA (SCM-JIN-86/2021), en lo relativo a que en algunas de las casillas que impugna actuaron personas funcionarias no autorizadas por la ley, al pertenecer a una sección electoral diversa para la cual se instaló la mesa directiva de casilla, es parcialmente fundado, conforme a lo siguiente:

Para arribar a ello, es necesario incluir las siguientes tablas esquemáticas:

● Casillas impugnadas por MORENA en las que las personas que integraron mesa directiva de casilla SÍ se encontraban facultadas para recibir la votación.

De la tabla anterior, se aprecia que contrario a lo que señala MORENA en su demanda, las personas mencionadas sí se encuentran facultadas para recibir la votación en casilla, conforme a lo siguiente:

II. Ciudadanía designada por el procedimiento establecido previo a la jornada electoral.

Funcionariado designado por el INE que actuó en otra casilla.

En el caso de las casillas 28-C2, contrario a lo afirmado por la responsable en su informe y 210-C1, Aldo Giovanny Hernández Montaño y Claudia Elena León Tamayo, de las constancias se advierte que se tratan de personas que actuaron en las citadas casillas, y que si bien no fueron personas designadas para el cargo que desempeñaron, sin embargo, previamente habían sido insaculadas, habilitadas y designadas para un cargo diferente en alguna casilla pertenecientes a la misma sección electoral, en el caso a las casillas -28-B y 210-B-.

De igual forma, en lo relativo a las casillas 131-B y 321 C1, las personas de nombre María Sandra Angulo Clorio, Gabriela Ángela Magdaleno del Río y Fernando Corona Rocha, se trata de personas que actuaron en las citadas casillas, y que si bien no fueron personas designadas para el cargo que desempeñaron, sin embargo, previamente habían sido insaculadas, habilitadas y designadas para un cargo diferente en alguna casilla de otra sección en el mismo distrito electoral.

Cabe destacar que, en el caso de esas casillas, si bien las personas que fungieron como personas integrantes de mesa directiva, no estaban en su sección, lo cierto es que fueron insaculadas, capacitadas y designadas por el INE, para actuar en secciones aledañas -126-C1, 126-B y 322-B, respectivamente- a las que pertenecen, tal como se aprecia del encarte; lo que conduce a establecer que en el caso de ellas, no puede operar la causa de nulidad de recepción de votación recibida en casilla, esto con sustento en la jurisprudencia 13/2002, y los precedentes de la Sala Superior que le dieron origen y han refrendado su alcance, de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores.

Es decir, en todos esos casos se trata de ciudadanos y ciudadanas que previamente fueron insaculadas, capacitadas y designadas por personal del INE para desempeñarse en las funciones que se desarrollarían durante el día de la jornada electoral; sin que en el caso, inclusive su actuar haya traído alguna consecuencia en la operatividad de las mesas, en tanto no existe algún dato reportado por algún supuesto actuar indebido en las actas de jornadas, escrutinio y cómputo y hojas de incidencias.

De ahí que, si se desempeñaron en alguna función dentro de las mesas directivas de casillas, su actuación resultó jurídicamente válida.

Por tanto, la alegación de que se integraron las casillas en forma indebida resulta infundada.

II. Ciudadanía designada por el procedimiento establecido para el día de la jornada electoral (sustitución).

Ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal de la sección (obtenidas de la fila)

En este supuesto se encuentran las personas que actuaron en las casillas 1-C1, 18-C1, 79-C4, 82-B, 91-B, 110-B, 116-B, 127-C1, 133-B, 140-B, 144-B, 150-B, 175-C1, 183-B, 223-B, 239-B, 240-C2, 246-B y 330-B.

De una revisión de los listados nominales, las y los ciudadanos controvertidos, desempeñaron un cargo en las casillas mencionadas, en las que no fueron designadas para integrar las mesas directivas respectivas; sin embargo, ante la ausencia de diversas personas funcionarias designadas previamente, fueron habilitadas para actuar en forma emergente, con tal de que fueran personas electoras formadas para votar en la casilla y/o pertenecer a la sección electoral a que pertenezca la casilla, y contar con la credencial para votar con fotografía.

Por tanto, al estar facultadas dichas personas para actuar en las mesas directivas de las casillas cuestionadas, es dable concluir que éstas se integraron debidamente y, en consecuencia, la alegación expuesta por el partido actor resulta infundada, sin que se actualice la causa de nulidad invocada.

Es preciso señalar que en algunos de los casos como se advierte de la tabla inserta, de la documentación llenada el día de la jornada electoral (acta de jornada, escrutinio y cómputo), contiene algunas imprecisiones en los nombres de las personas que fungieron como integrantes de casilla, y no se asentó el motivo o la causa que motivó la sustitución de las personas; sin embargo, ese hecho no puede llevar a la nulidad de la votación recibida en casilla, tal y como lo estableció Sala Superior en el recurso SUP-REC-893/2018, en el que se precisó que no se actualiza dicha nulidad en los siguientes casos:

        Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de las personas funcionarias de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada[24].

        Cuando las y los ciudadanos originalmente designados intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas[25].

        Cuando las ausencias de las personas funcionarias propietarias son cubiertas por las y los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo[26].

        Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla[27].

        Cuando faltan las firmas de funcionarios en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza.

        Cuando los nombres de las personas funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario o secretaria, quien es la persona encargada de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos[28].

En atención a lo anterior, su pretensión de nulidad respecto de tales casillas es infundada.

● Casilla impugnada por MORENA en la que la persona que integró mesa directiva de casilla NO se encontraba facultada para recibir votación.

Por otra parte, de la revisión de la documentación que remitió la autoridad responsable, se advierte que la persona que a continuación se indica, integró una mesa directiva de casilla sin que hubiere sido designada por el INE y tampoco se encontraba en el listado nominal de la sección en la que se recibió la votación:

En el caso de la persona que integró la casilla 198-C2, de listado nominal se aprecia que pertenecía a la sección 202-C1; sin que del encarte se advierta que haya sido insaculada, capacitada y designada por la autoridad electoral.

Por lo tanto, tal persona al no pertenecer a la sección en que integró la casilla respectiva y no haber sido insaculada, capacitada y designada por la autoridad administrativa electoral, se encontraba impedida para recibir votación al no encontrarse en alguno de los supuestos de sustitución permitidos por la Ley Electoral.

Por lo anterior, el agravio, respecto de esa casilla es fundado; lo que conduce a declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla: 198-C2

Por cuanto hace al instituto político PAN, sostiene que en las casillas de votación que en líneas siguientes se analizarán, se observó que la recepción de la votación se verificó por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, ya que indica no están domiciliadas en la sección electoral de las casillas en las que actuaron como personas funcionarias o son militantes de algún partido; para ello distingue en cada caso, con la palabra NO, quiénes son esas personas que no estaban autorizadas para recibir votación.

En ese sentido, de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas a las actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, el encarte y los listados nominales, respecto de las casillas que impugna, se puede concluir que son parcialmente fundados los agravios, en razón de lo siguiente:

● Casillas impugnadas por el PAN en las que las personas que integraron mesas directivas de casilla SÍ se encontraban facultadas para recibir votación.

De lo anterior, se aprecia que contrario a lo que indica el PAN en su demanda, las personas mencionadas en la tabla que antecede sí se encuentran facultadas para recibir la votación en casilla, conforme a lo siguiente:

II. Ciudadanía designada por el procedimiento establecido previo a la jornada electoral.

a) Funcionariado designado por el INE que actuó en la casilla para la que fue escogido.

En el caso de las casillas 27-C1 (solo en lo que respecta a Juan Román Bernal López), 29-B, 51-B, 51-C1, 59-B, 109-B, 148-B (solo en lo relativo a Norma Méndez Martínez), 219-C3, 261-B y 264-B, las personas que se controvirtieron, en todos los casos fungieron en la casilla para la que fueron designadas; precisando que según la tabla que antecede, si bien en algunos casos ocuparon un diverso cargo, ello se debió al corrimiento que existió para la debida integración de la casilla.

b) Funcionariado designado por el INE que actuó en otra casilla.

En el caso de las casillas 251-C1, 252-C1 y 308-C1, las personas que actuaron en las citadas casillas, y que si bien no fueron designadas para el cargo que desempeñaron, sin embargo, previamente habían sido insaculadas, habilitadas y designadas para un cargo diferente en alguna casilla pertenecientes a la misma sección electoral, en el caso a las casillas -251-B, 252-B y 308-B-.

De igual forma, en lo relativo a las casillas 61-B, 61-C1, 162-C1 y 324-C1, las personas de nombre Samantha Uxue Mendoza Rodríguez, Manuel Iván Vargas Parra, Francisca Melo Cruz y Jazel Arévalo Vázquez, se tratan de personas que actuaron en las citadas casillas, y que si bien no fueron designadas para el cargo que desempeñaron, sin embargo, previamente habían sido insaculadas, habilitadas y designadas para un cargo diferente en alguna casilla de otra sección en el mismo distrito electoral.

Cabe destacar que, en el caso de esas casillas, si bien las personas que fungieron como personas integrantes de mesa directiva, no estaban en su sección, lo cierto es que fueron insaculadas, capacitadas y designadas por el INE, para actuar en secciones aledañas -62-C1, 60-C1, 166-C1 y 316-B, respectivamente- a las que pertenecen, tal como se aprecia del encarte; lo que conduce a establecer que en el caso de ellas, no puede operar la causa de nulidad de recepción de votación recibida en casilla, esto con sustento en la jurisprudencia 13/2002, y los precedentes de la Sala Superior que le dieron origen y han refrendado su alcance, de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores.

Es decir, en todos esos casos se tratan de ciudadanos y ciudadanas que previamente fueron insaculadas, capacitadas y designadas por personal del INE para desempeñarse en las funciones que se desarrollarían durante el día de la jornada electoral; sin que en el caso, inclusive su actuar haya traído alguna consecuencia en la operatividad de las mesas, en tanto no existe algún dato reportado por algún supuesto actuar indebido en las actas de jornadas, escrutinio y cómputo y hojas de incidencias.

De ahí que, si se desempeñaron en alguna función dentro de las mesas directivas de casillas, su actuación resultó jurídicamente válida.

Por tanto, la alegación de que se integraron las casillas en forma indebida resulta infundada.

II. Ciudadanía designada por el procedimiento establecido para el día de la jornada electoral (sustitución).

Ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal de la sección (obtenidas de la fila)

En este supuesto se encuentran las personas que actuaron en las casillas 27-C1 (solo en el caso de Axel Fernando Hernández Piña), 93-C1, 148-B (solo en el caso de Cristina Mendoza Maldonado), 260-B, 262-B, 262-C1 y 264-C1.

De una revisión de los listados nominales, las y los ciudadanos controvertidos, desempeñaron un cargo en las casillas mencionadas, en las que no fueron designadas para integrar las mesas directivas respectivas; sin embargo, ante la ausencia de diversas personas funcionarias designadas previamente, fueron habilitadas para actuar en forma emergente, con tal de que fueran personas electoras formadas para votar en la casilla y/o pertenecer a la sección electoral a que pertenezca la casilla, y contar con la credencial para votar con fotografía.

Por tanto, al estar facultadas dichas personas para actuar en las mesas directivas de las casillas cuestionadas, es dable concluir que éstas se integraron debidamente y, en consecuencia, la alegación expuesta por el partido actor resulta infundada, sin que se actualice la causa de nulidad invocada.

En atención a lo anterior, su pretensión de nulidad respecto de tales casillas es infundada.

De igual manera, se destaca que en algunos de los casos como se advierte de la tabla inserta, de la documentación llenada el día de la jornada electoral (acta de jornada, escrutinio y cómputo), contiene algunas imprecisiones en los nombres de las personas que fungieron como integrantes de casilla, y no se asentó el motivo o la causa que motivó la sustitución de las personas; sin embargo, ese hecho no puede llevar a la nulidad de la votación recibida en casilla, dado que tales inconsistencias se pueden atribuir a la falta de experiencia de quienes integraron tales casillas, pues no puede perderse de vista que se trata de ciudadanas y ciudadanos que apoyan en esa labor, sin contar con la experiencia en la materia electoral; lo que se ajusta como se vio a lo establecido por la Sala Superior en el recurso SUP-REC-893/2018.

De igual manera es infundado el agravio del PAN, en el que sostiene que respecto de las casillas 109-B y 259-C1, estuvieron indebidamente integradas, durante el desarrollo de la votación, ya que precisa solo estuvieron presentes las personas siguientes, lo cual en su concepto actualiza la causal de nulidad de votación en análisis:

Contrario a lo que indica el PAN, de las actas de jornada, escrutinio y cómputo, así como de la hoja de incidentes de la casilla de la sección 109-B, se observa que quienes integraron la mesa directiva de casilla fueron:

Presidente     Velasco Rivera Erik Ismael

Primer Secretario    Hernández Gutiérrez Juan Antonio

Segundo Secretario   Eduardo Brenes Doroteo Ernesto

Primera Escrutadora   Paredes Toledo Jennifer

Segundo Escrutador   Carrillo Santos Sergio

Tercera Escrutadora  Rodríguez Gómez María de los Ángeles

En las referidas constancias, las citadas personas asentaron su firma, en la que incluso se advierte que también las representaciones de los partidos PAN, Partido Revolucionario Institucional, PVEM, PT, MORENA, PES y FS X MÉXICO, asentaron su rúbrica; sin que en esas actas hicieran constar alguna incidencia relacionada con que la ausencia de las personas citadas y una indebida integración de la casilla.

Asimismo, de las actas de jornada, y la hoja de incidentes se aprecia que quienes conformaron la mesa directiva de casilla de la sección 259-C1 fueron:

Presidenta     Blanca Flor de Jesús Suárez

Primera Secretaria   Claudia Millán Aceves

Segundo Secretario   Víctor Hugo Aguirre García

Primera Escrutadora  Wendy Rivera Castillo

Segundo Escrutador  Antonio Ricardo Molinero Ángeles

En las referidas constancias, las citadas personas asentaron su firma, en la que incluso se advierte que también las representaciones de los partidos PAN, MORENA y FS X MÉXICO, asentaron su rúbrica; sin que en esa acta hicieran constar alguna incidencia relacionada con la integración de la casilla.

Cabe destacar que, si bien en el acta de escrutinio y cómputo solo aparece el nombre y la firma de la presidenta y primera secretaria; lo relevante es que, de la demás documentación señalada, se puede constatar que la mesa directiva de casilla estuvo integrada por una presidenta, primer y segundo secretariado, y dos personas escrutadoras; lo que permite concluir que la integración de la mesa directiva de casilla correspondiente a la sección citada se efectuó con el personal necesario para asumir las actividades propias de la recepción de la votación, lo que conduce a establecer que no se actualiza la causa de nulidad de votación que hace valer el PAN respecto de esas casillas.

Por otra parte, en los casos que a continuación se detallan, tal como lo sostiene el PAN, las personas precisadas no se encontraban facultadas para recibir la votación en las secciones respectivas, ya que no formaban parte de la sección correspondiente en la que participaron, según se advierte del cuadro siguiente:

● Casillas impugnadas por el PAN en las que las personas que integraron mesas directivas de casilla NO se encontraban facultadas para recibir votación en la sección controvertida.

En el caso de la casilla de la sección 97-C2, Elisa Naveira Hernández Ramírez, sí pertenecía a la sección en la que integró casilla, lo que se constata de los listados nominales, contrario a lo que señala el PAN; sin embargo, la diversa persona Roxana Esperanza Peña quien fungió como primera escrutadora, no se encuentra en los listados nominales de la sección 97, ni en el encarte.

En lo que respecta a las diversas casillas de las secciones 173-B, 288-B y 313-B, dichas personas no aparecen en los listados nominales de esas secciones, ni se advierte que hayan sido insaculadas, capacitadas y designadas para recibir votación e integrar mesas directivas de casilla, según el encarte.

Por lo tanto, tales personas al no pertenecer a las secciones en que integraron las casillas respectivas y no haber sido insaculadas, capacitadas y designadas por la autoridad administrativa electoral, se encontraban impedidas para recibir votación al no encontrarse en alguno de los supuestos de sustitución permitidos por la Ley Electoral.

Por lo anterior, los agravios, respecto de esas casillas es fundado; lo que conduce a declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas:

● 97-C2

● 173-B

● 288-B

● 313-B

En efecto, a consideración de esta Sala Regional, las circunstancias apuntadas son suficientes para tener por acreditadas la causa de nulidad de la votación recibida en las casillas que se precisan con anterioridad, en los casos en que no pudo constatarse que las personas que integraron las casillas referidas, pertenecían a la sección en que participaron al no cumplir con el requisito legal relativo a que las y los electores que sean designados como parte del funcionariado de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de las personas propietarias o suplentes nombradas por la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas, siempre y cuando correspondan a las instaladas en la misma sección.

Tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia 13/2002 de la Sala Superior, de rubro “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES).”[29].

En consecuencia, como en el caso se actualiza el supuesto de nulidad previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, lo procedente es anular la votación recibidas en las casillas respectivas y, por tanto, modificar el cómputo distrital de la elección de la diputación del distrito electoral federal 03 con cabecera en Azcapotzalco, Ciudad de México.

Finalmente, se desestima la causa de nulidad, en estudio, por cuanto hace a las casillas que detalló MORENA en su demanda como 84-B, 102-B y 323-B; así como por lo que hace al PAN en lo relativo a la casilla 177-C1; al igual que en lo relativo a los agravios que formula FS X MÉXICO.

Ello es así, porque en esos casos, dichos partidos se abstuvieron de proporcionar datos suficientes para identificar a las personas funcionarias que en su concepto recibió indebidamente la votación.

Se considera lo anterior, en tanto que, por lo que hace a las casillas 84-B, 102-B y 323-B, MORENA se abstuvo de precisar cuáles fueron las personas que indebidamente integraron las mesas de casilla respectivas, esto es, se abstiene de precisar los elementos mínimos para realizar un contraste y así poder verificar si efectivamente la integración se hizo de manera contraria a la Ley.

En lo que respecta a la casilla 177-C1, cuya nulidad aduce el PAN, resulta infundada, debido a que indica que como tercera escrutadora intervino una persona de nombre Lorena; cuando del acta de jornada y de escrutinio y cómputo, se observa que, quien integró ese cargo fue una persona de nombre distinto -Lourdes Abarca Mora-.

Por cuanto hace al partido FS X MÉXICO, tal como se precisó en párrafos anteriores; dicho instituto político se abstuvo de precisar las casillas ya que si bien precisa algunas casillas que debieran anularse (aunque por otros supuestos), aún de considerar que en su concepto debieron anularse por la supuesta integración por personas distintas a las facultadas por la ley, no aporta los elementos mínimos con son el nombre de las personas que en su concepto integraron indebidamente las casillas.

En ese sentido, la Sala Superior[30] ha referido que al analizar esta causal resultan inoperantes los agravios en los que se solicita la nulidad de la votación de casilla por recibirse la votación por personas u órganos distintos a los facultados cuando la parte actora omite proporcionar algún elemento mínimo para estar en condiciones de identificar a la persona funcionaria, como podría ser el nombre.

Al respecto, la Sala Superior razonó que el criterio en cuestión busca evitar que a través de argumentos genéricos y sin sustento se permita que quienes promueven trasladen a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

De ahí que resulte inoperantes los agravios respecto de estas casillas que formulan dichos entes políticos.

● Nulidad de casilla por iniciar la recepción de la votación con posterioridad a la hora señalada legalmente. (SCM-JIN-90/2021)

El PAN sostiene que se recibió la votación en fecha distinta y se actualiza la causa de nulidad de la votación prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso d) de la Ley de Medios.

Cabe destacar que si bien, en su demanda, realiza la expresión “De manera particular me refiero a las casillas referidas en los hechos del presente ocurso y que fueron indebidamente instaladas o cerradas en horarios fuera de los plazos que estipula la norma electoral, …”; lo cierto es que del contenido de la demanda se observa que solo controvierte en lo específico la supuesta apertura tardía de la casilla 80-C1; por lo que el análisis de esta causal se circunscribirá al análisis de las circunstancia fácticas que rodearon ésta casilla.

Al respecto el PAN refiere que, la apertura de dicha casilla fue tardía, esto es, a las 10:01 (diez horas con un minuto); y, que ello provocó que la participación de las personas fuera menor al del distrito, aunado a que, en ese lapso dejó de participar un 3.79% (tres punto setenta y nueve por ciento de personas electoras), cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar fue del 1.68% (uno punto sesenta y ocho por ciento), lo que considera fue determinante para el resultado de la votación; por lo que a su consideración la casilla 80-C1 debe ser anulada.

Marco normativo.

El artículo 75, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios prevé que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se recibió la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

Con ello se pretende tutelar el bien jurídico consistente en la certeza respecto al parámetro temporal en el que tendrán lugar los siguientes actos: el ejercicio del sufragio por parte de las y los electores; la recepción de la votación por parte de las personas funcionarias de casilla; y la vigilancia que sobre el desarrollo de los comicios, sea ejercida por parte de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes.

En efecto, el artículo 273, párrafo 2, de la Ley Electoral prevé que el primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las siete horas con treinta minutos, las personas que presiden las mesas directivas de casilla, las secretarías y quienes fungen como personas escrutadoras (propietarias) deben presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla en presencia de quienes fungen como representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes que concurran.

Enseguida, el párrafo tercero del citado artículo prevé que, a solicitud de un partido político, las boletas podrán ser rubricadas o selladas por una de las personas representantes partidistas o de candidaturas ante la casilla designada por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación.

También dispone que, acto seguido, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.

Por su parte, el artículo 277, párrafo 1, de la ley citada dispone que una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, la persona que preside la mesa anunciará el inicio de la votación.

Es decir, la votación inicia una vez que fue ha sido llenada y firmada el acta de jornada electoral en el apartado de la instalación, lo cual ordinariamente tiene lugar después de su instalación.

De esta manera, el sufragio debe emitirse ante las mesas receptoras, una vez que se encuentran debidamente instaladas, en el entendido de que la instalación debe llevarse a cabo ante las personas representantes de los partidos políticos presentes, a fin de que vigilen que las urnas se armaron y se encontraban vacías, así como una vez colocadas las mamparas y levantada el acta de la jornada electoral en la parte de instalación.

Así, la finalidad de establecer una hora para iniciar la instalación se traduce en permitir la presencia del funcionariado y personas representantes de partidos para que vigilen que todos los actos se lleven a cabo con apego a la norma.

En tal virtud, la recepción de la votación se retrasará con causa justificada en la misma medida en que se retrase la instalación de la casilla.

Por ejemplo, el artículo 274, párrafo 1, de la Ley Electoral establece un procedimiento de corrimiento y sustitución de quienes deban fungir como integrantes de la mesa directiva en caso de que la casilla no haya sido instalada a las ocho horas con quince minutos.

La misma disposición establece que si no asiste ninguna persona funcionaria de la casilla, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para la instalación y designará al personal encargado de ejecutarlas.

Igualmente, dicho artículo prevé que cuando por razones de distancia o dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención oportuna del personal del instituto designado, a las diez horas, las personas  representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes ante las mesas directivas de casilla, designarán, por mayoría, a las personas necesarias para integrar el funcionariado de las mesas directivas de casilla de entre aquellas que estuvieran presentes, previa verificación de que se encuentren inscritas en la lista nominal y cuenten con la credencial para votar.

Al final de esa disposición, se determina que integrada la mesa directiva de casilla iniciará válidamente la votación y funcionará hasta la clausura.

En ese sentido, la ley citada prevé la existencia de causas ─como la falta de integración correcta y completa de la mesa directiva de casilla─ que pueden tener como consecuencia que la votación inicie después de las diez de la mañana del día de la elección; habida cuenta que, como ya se explicó, la votación debe iniciar después de que se conforme la mesa directiva de casilla y de que hayan tenido lugar los procedimientos de instalación de la casilla.

Ahora bien, la hora de instalación de la casilla no debe confundirse con la hora en que inició la recepción de la votación, pero la primera es referencia para establecer la segunda, cuando esta última no conste de manera expresa en las constancias del Juicio.

En ese sentido, es necesario precisar a qué se refiere el artículo 75, inciso d), de la Ley de Medios cuando alude a la “fecha” de la elección, esto es, qué debe entenderse por fecha para esos propósitos.

Al respecto, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española establece que la fecha es “el tiempo en que se hace o sucede algo”.[31]

En esa línea argumentativa, se tiene que el artículo 208, párrafo 2, de la Ley Electoral establece que la etapa de la jornada electoral se inicia a las ocho horas del primer domingo de junio, y concluye con la clausura de la casilla que, de acuerdo al artículo 285, párrafo 1, es a las dieciocho horas.

Luego entonces, de esas disposiciones se tiene que, ordinariamente, la fecha de la elección se da entre las ocho y dieciocho horas del día de la jornada electoral.

Sin embargo, como ya ha quedado establecido, existen causas que pueden dar lugar a que la votación inicie tiempo después, tal como acontece ante la falta de personas integrantes de la mesa directiva de casilla, en cuyo caso es posible e, incluso se admite que la votación inicie incluso después de las diez de la mañana.

Ahora bien, con relación a las posibles causas que pueden retrasar el inicio de la votación, se tiene que en la tesis CXXIV/2002, de rubro: “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO),”[32] la Sala Superior interpretó que la instalación de una casilla importa la realización de diversos actos, entre ellos: llenado del apartado respectivo del acta de la jornada electoral; conteo de las boletas recibidas para cada elección; armado de las urnas y cerciorarse de que están vacías; instalación de mesas y mamparas para la votación; firma o sello de las boletas por quienes representan a los partidos políticos.

Actos que, en términos del criterio de interpretación en cita, pueden generar una demora en el inicio de la recepción de la votación, máxime si se considera que las mesas directivas de casilla se integran por personas ciudadanas que no siempre realizan con rapidez la instalación de una casilla como para que la recepción de la votación se inicie a la hora legalmente señalada de manera exacta.

En ese tenor, se debe tener presente que el hecho de que la recepción de la votación inicie con posterioridad al horario legalmente previsto para ello, no implica que se actualice dicha causal de nulidad prevista en el inciso d), pero tampoco, en automático, la establecida en el inciso j) del artículo 75 de la Ley de Medios.

En efecto, en la jurisprudencia 15/2019, de rubro: “DERECHO A VOTAR. LA INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA POSTERIOR A LA HORA LEGALMENTE PREVISTA, NO IMPIDE SU EJERCICIO”,[33] la Sala Superior interpretó que si bien las casillas deben comenzar la recepción de la votación a partir de las ocho horas del día de la jornada electoral, lo cierto es que reconoce que el hecho de que su instalación ocurra más tarde y, con ello, se dé lugar a un retraso en la recepción del voto, tal situación es insuficiente, por sí misma, para considerar que se impidió votar a las personas electoras, ya que una vez iniciada dicha recepción se encuentran en posibilidad de ejercer su derecho a sufragar.

Es decir, a partir de ese criterio interpretativo, se puede articular el estudio de ambas causales de nulidad, esto es, la d) con la j), del artículo 75 de la Ley de Medios.

Atento a ello, se destaca que la causal de nulidad de votación en casilla prevista en el inciso j) del artículo 75 de la Ley de Medios a que hace alusión la jurisprudencia en cita establece que esta se producirá cuando se acredite fehacientemente que:

a) Se impidió el ejercicio del voto activo a ciudadanos que tenían derecho a emitirlo.

b) No hubo causa justificada para ello.

c) Tal irregularidad fue determinante para el resultado de la casilla.

Expuesto lo anterior, se reitera lo expresado en líneas precedentes, en el sentido de que lo ordinario es que la recepción de la inicie a las ocho horas del día de la elección; sin embargo, es común que acontezcan retrasos en los casos en los que hay dificultades para la instalación de la casilla en el lugar previsto –que incluso pueden provocar la reubicación de la casilla–, o bien cuando las personas originalmente designadas como funcionarios de la mesa directiva llegan tarde al lugar o simplemente no se presentan, según se ha expuesto o únicamente por el retraso normal en la realización de los actos que implica la instalación de la casilla por personas no expertas en ello.

En ese entendido, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de verificar si en el caso concreto se actualizaron dichas causales de nulidad de votación recibida en las casillas controvertidas, corresponde precisar que el marco probatorio para llevar a cabo el análisis respectivo está dado por la valoración de los siguientes elementos de convicción:

1.     Actas de la jornada electoral;

2.     Hojas de incidentes relacionados con el apartado de instalación de la casilla;

3.     Diversa información remitida por el Consejo responsable, tal como escritos de protesta.

Documentación a la cual se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 14, párrafo 4, inciso a) y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

En el caso concreto, a consideración de esta Sala Regional aun cuando pueda asistirle la razón al PAN en lo relativo a que la casilla impugnada fue abierta en forma posterior a la señalada en la Ley Electoral; ello es infundado para considerar que deba declararse nula la votación recibida en esa casilla.

En principio se precisa, que el hecho de que la votación haya iniciado en forma posterior a la establecida por la Ley encuentra una justificación razonable.

Lo anterior, ya que de la hoja de incidentes que se levantó el día de la jornada se aprecia que, a las 8:15 (ocho horas con quince minutos) se asentó un incidente relacionado con la instalación de la casilla en el que se indicó: “LA CASILLA NO SE ACOMPLETABA Y NADIE QUERÍA PARTICIPAR DE LA FILA”.

Esa incidencia, de igual manera fue reportada en el acta de la jornada electoral, en la que, en similares términos se precisó que la casilla no se completaba y nadie quería participar.

De lo precisado se puede advertir que, el hecho de que la votación haya iniciado en hora posterior a la determinada por la ley, se debió a que la casilla no podía completarse con las y los integrantes de la mesa directiva correspondientes; esto es, la recepción del voto en forma posterior a la hora establecida en la ley, se advierte que se sustentó en hechos justificados, en tanto que, de las constancias del día de la jornada se aprecia que ello fue por la ausencia de personas integrantes de la mesa directiva de casilla; sin que en el caso, se logre advertir que a la hora prevista por la ley, ya estaba completa dicha casilla con las personas que iban a integrar la mesa directiva y que pese a ello tomaron la decisión de no dar inicio en la recepción del voto.

Así, en el caso, no se advierte del acta de jornada, ni de la de escrutinio y cómputo, o de la hoja de incidentes; ni el PAN lo refiere que, aun cuando se abrió en forma tardía la votación, ya se encontraban personas electoras en la fila, a quienes debido al retraso decidiendo mejor retirarse y por ello no pudo captarse su voto, que eventualmente pudiera haber favorecido a dicho ente político.

En ese orden, aun cuando de las constancias de la jornada electoral se aprecia que se inició la votación de manera posterior a la indicada en la Ley Electoral la casilla 80-C1, lo relevante es que ello encuentra una justificación tal como se destalló con antelación.

Así, de lo expuesto se advierte que, si la votación no inició exactamente a las ocho de la mañana, ello obedeció a diversos inconvenientes para la integración de la mesa directiva de casilla ante el retraso o ausencia de quienes debían fungir como personas funcionarias.

Al respecto, en el marco normativo aplicable a esta causal de nulidad ya ha quedado explicado que la integración del funcionariado de una casilla puede ser un factor que justifique la demora en la hora fijada para la recepción de la votación. Ello, ante la complicación que supone la ausencia de algunas de las personas originalmente autorizadas para integrar la mesa directiva de casilla, lo que genera la necesidad de suplir a quienes no se presentaron.

En efecto, de las anotaciones hechas en el acta de jornada electoral y hoja de incidentes, se puede apreciar que en la casilla referida la demora en el inicio de la votación se explicó, justamente, a partir de la dificultad que hubo para la integración de las mesas directivas de casilla, a consecuencia de problemas relacionados con el arribo del funcionariado.

Documentación de la cual se desprende la existencia de inconvenientes para la integración del funcionariado de la mesa directiva de casilla, lo que para este órgano jurisdiccional constituye una razón que justificó, en cada caso, la demora en el inicio de la recepción de la votación.

En ese contexto, no podría tenerse por actualizada la causal de nulidad alegada por el PAN si se considera que las y los electores, finalmente, estuvieron en posibilidad de emitir su sufragio.

Ello, sin que el PAN presentara algún elemento de convicción para evidenciar el modo en que ese retraso pudo redundar en un impedimento real para que cierto número de personas electoras votaran en esa casilla.

De ahí que por las razones apuntadas deba desestimarse la causal de nulidad de votación en casilla alegada en este punto.

● Nulidad de votación en casilla por haber mediado dolo o error en la computación de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

(SCM-JIN-89/2021)

El partido político FS X MÉXICO sostiene la existencia de error y dolo en el cómputo de los votos, respecto de las casillas que se enlistan a continuación, con lo cual estima que se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios.

En ese sentido, el inciso f), del referido artículo de la Ley de Medios establece que la votación recibida en casilla será nula cuando haya mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

El propósito de esta causal de nulidad, es que el resultado de la votación recibida en cada casilla se hubiera contabilizado de forma tal que a cada candidatura se le sumaran los votos que realmente obtuvo.

Es decir, que el resultado aritmético del cómputo correspondiera a la voluntad del electorado, castigando con la nulidad de la votación recibida en casilla, el hecho de que a través del error o de prácticas irregulares, engañosas o fraudulentas, se rebasara la voluntad ciudadana, atribuyéndole a cualquier candidatura votos que no obtuvo[34].

En este sentido, será necesaria la acreditación de los presupuestos que la conforman, para declarar su actualización[35].

Así, se tiene que los supuestos que deben ser demostrados para configurar la hipótesis de esta causal de nulidad son:

-         La existencia de error o dolo.

-         Que la irregularidad sea determinante.

Respecto a los supuestos normativos ya señalados, es conveniente apuntar que el error es cualquier idea o expresión no conforme a la verdad, aunque implica ausencia de mala fe. A su vez, el dolo se define como una conducta que lleva implícitos el engaño, el fraude, la simulación o la mentira.

En ese orden de ideas, el error en el cómputo de los votos se entiende como la falta de congruencia en los rubros fundamentales. En tal sentido, deben distinguirse los rubros fundamentales de los que no los son, considerando que tales rubros fundamentales son aquellos datos o registros numéricos asentados en el acta de escrutinio y cómputo que se relacionan directamente con los votos o votación emitida en una casilla.

En concreto, los rubros fundamentales se refieren a:

-         Las personas ciudadanas que votaron conforme la lista nominal.

-         Los votos sacados o extraídos de la urna.

-         La votación emitida.

Los rubros no fundamentales o auxiliares se refieren a datos asentados en el acta que no impactan directamente en la votación de las elecciones, como pueden ser las boletas sobrantes o las inutilizadas.

El registro numérico de éstas se asienta en el acta, pero su falta de coincidencia o congruencia con el resto de los rubros no actualiza el error en el cómputo de los votos como la causal de nulidad de esa casilla, ya que no se refieren al voto de la ciudadanía o al resultado de la elección, como sí sucede con los rubros fundamentales, siempre y cuando sean determinantes.

En principio, los rubros fundamentales deben coincidir, pues se trata del mismo dato; es decir, las boletas sacadas o extraídas de las urnas convertidas en votos debe ser –en teoría– el mismo número de los ciudadanos que votaron conforme a la Lista Nominal y, a su vez, debe corresponder al total de la votación recibida en la casilla en cuestión.

Dicho de otra manera, el primer elemento, o sea, el error, se actualiza cuando hay incongruencia entre los rubros fundamentales; mientras que el segundo, la determinancia, tiene efectos en la medida en que la irregularidad numérica, o sea dicha incongruencia, resulte mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar (determinancia cuantitativa).

De esta forma, los dos componentes de la causal son como una especie de requisitos o elementos a reunir, los cuales tienen por objeto verificar que una vez acaecido uno y otro, se actualizaría la hipótesis de nulidad[36].

Si bien la situación ideal es que no haya variación en los rubros fundamentales, puede ocurrir que esos tres rubros no coincidan y, por tanto, deba hacerse el análisis a fin de verificar si se actualiza o no la nulidad de la votación en casilla.

En tal supuesto, en caso de existir discrepancia entre los mencionados rubros fundamentales (error), se actualiza el primer elemento de esta causal, entendido como incongruencia en los rubros fundamentales.

En caso de corroborarse la existencia del error, el segundo elemento consiste en comprobar si la irregularidad es determinante en sentido cuantitativo[37].

De igual forma puede acontecer que algún rubro estuviere en blanco, lo que no necesariamente implica la nulidad[38].

Esto último, porque al existir correlación en los rubros fundamentales, los espacios en blanco pueden subsanarse con el resto de los rubros. Por ejemplo, si en el acta está en blanco el dato de ciudadanos que votaron, este dato se subsana con los cuadernillos de las listas nominales.

Así, ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral que el error en el cómputo de los votos se acredita cuando en los rubros fundamentales existan irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo; los mencionados rubros son: 1) La suma del total de personas que votaron y representantes de partidos políticos que votaron en la casilla sin estar incluidos en la Lista Nominal; 2) El total de boletas sacadas de las urnas; y, 3) El total de los resultados de la votación.

En efecto, los rubros en los que se indica el total de ciudadanos y ciudadanas que votaron, las boletas depositadas y votación emitida son fundamentales, en virtud de que éstos están estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales el número de electores y electoras que acuden a sufragar en una casilla debe ser igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que si existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en el cómputo de los votos.

Caso contrario sucede cuando el error está en el rubro de boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, lo que eventualmente genera una discrepancia entre algunos de los denominados rubros fundamentales y la cantidad resultante de restar las boletas sobrantes al total de las recibidas, en cuyo caso existe un error en el cómputo de las boletas y no necesariamente de los votos, o bien, probablemente un error en el llenado de las actas, los cuales, por sí mismos, no se consideran suficientes para actualizar la causa de nulidad que se analiza, ya que, si bien se pudiera considerar una irregularidad, la misma no se traduce necesariamente en votos indebidamente computados (lo cual, en todo caso, debe ser probado) y, en consecuencia, no se viola principio alguno que rige la recepción del sufragio.

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error “sea determinante” para el resultado de la votación, se ha atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el cualitativo.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, ya que, de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error será determinante para el resultado de la votación cuando en las actas de escrutinio y cómputo se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas o subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales.

Cabe precisar que la naturaleza del escrutinio y conteo de votos realizado por quienes integran las mesas directivas de casilla es distinta a la acción de nuevo escrutinio efectuado por los Consejos Distritales, pues estos últimos, de conformidad con el artículo 311 de la Ley Electoral, cuando realizan nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla en los casos que así se requiera, contabilizan en voz alta las boletas sobrantes, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad resultante en el espacio del acta correspondiente, en cuyo caso se corrige cualquier inconsistencia que pudiera existir en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas el día de la jornada electoral.

Lo anterior es así pues los posibles errores o inconsistencias que pudieron detectarse, en su caso, en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas, son susceptibles de subsanarse a través del procedimiento de recuento ante los Consejo Distritales, de ahí que en términos del numeral 8 del precepto legal en cita, esas casillas no podrían ser impugnadas en esta instancia.

Bajo ese contexto, para que la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, es necesario que quien promueve identifique los rubros en los que afirma existen discrepancias y que a través de su confronta se haga evidente el error en el cómputo de la votación, ya que en caso contrario la casilla no podrá ser objeto de análisis, sobre todo si fue objeto de recuento y no se identifica cómo o de qué manera subsiste algún error o se generó alguno nuevo al asentar los datos de recuento.

Esto es así, porque tal como quedó asentado, no en todos los casos los aparentes errores o datos en blanco de las actas de escrutinio y cómputo son por sí mismas suficientes para nulificar la votación recibida en una casilla, por lo que debe evidenciarse en cada caso, por qué las inconsistencias pueden dar lugar a la máxima sanción electoral.

En ese sentido, pretender que se analice en forma oficiosa las irregularidades en cada casilla que invoca y en las que fue omiso en exponer algún principio de agravio llevaría a que este órgano jurisdiccional supla en forma total las presuntas inconformidades que el actor dejó de esgrimir en su demanda.

Se afirma lo anterior, porque en cada caso, FS X MÉXICO solamente señala que existieron votos computados “de manera irregular” y que hay discrepancias entre las cifras, así como entre el número de votos extraídos de la urna; dice que la sumatoria de votos y el total de personas electoras en una proporción superior a la diferencia de votos entre el primer y segundo lugares, lo que según su dicho, puede ser verificado en las actas correspondientes, sin embargo no evidencia los errores o inconsistencias en la computación de los votos en ninguna de las mesas receptoras que insertó en su esquema inicial.

Tampoco pormenoriza en las casillas que enlista qué rubros esenciales son los que no muestran coincidencia, ni reseña siquiera en forma somera en cada caso, por qué los aparentes errores en las casillas que enuncia podrían ser determinantes para modificar el resultado de la votación obtenida en cada una de las mesas receptoras, lo que era necesario para analizar el supuesto contenido en el artículo 75 párrafo 1 fracción f) de la Ley de Medios.

Máxime si se considera que la totalidad de las casillas impugnadas mediante la causal en estudio fueron materia de recuento en la sede distrital y FS X MÉXICO no hace referencia alguna respecto a que dichas inconsistencias no hayan sido subsanadas al momento de realizarse el recuento correspondiente.

En esa tesitura, FS X MÉXICO pretende que se analicen las actas para desprender su principio de agravio, sin embargo, tales circunstancias debía hacerlas valer en su demanda.

De ahí que a juicio de esta Sala Regional no sea dable acoger su pretensión de analizar las casillas que relata en este punto.

● Nulidad de la votación recibida en las casillas por permitir sufragar a personas sin credencial o cuyos nombres no aparecían en la respectiva lista nominal de personas electoras. (SCM-JIN-88/2021)

El partido RSP aduce que es nula la votación recibida en las casillas 9-B1, 22-C1, 29-C1 y 266-C1, porque se permitió sufragar a personas sin credencial o cuyos nombres no aparecían en la respectiva lista nominal de electores y electoras, con lo cual estiman se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios[39].

Antes de estudiar las casillas señaladas por RSP, resulta conveniente señalar el marco normativo que sustenta la causal de nulidad de mérito.

En torno a la causal de nulidad propuesta, se debe tener presente que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Electoral, para estar en aptitud de ejercer el derecho de voto, además de los requisitos que fija el artículo 34 de la Constitución, las y los ciudadanos deben estar inscritos en el Registro Federal de Electores (y Electoras) y contar con credencial para votar.

De conformidad con la norma, la credencial para votar es el documento indispensable para que las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley Electoral, para ejercer su derecho de voto, las y los electores deben mostrar su credencial para votar con fotografía, debiendo quien ocupe la secretaría de la mesa directiva de casilla comprobar que el nombre del elector o electora figure en la lista nominal correspondiente; hecho lo anterior, la o el Presidente puede entregar las boletas de las elecciones.

De conformidad con el artículo 75, inciso g), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite el haber permitido a ciudadanos o ciudadanas, sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de personas electoras y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en la ley.

El artículo antes referido textualmente señala:

Artículo 75.

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

[…]