VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-2/2022

Fecha de clasificación: 4 de marzo de 2022.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: Confidencial por contener datos personales o elementos y/o situaciones sensibles.

Periodo de clasificación: Sin temporalidad por ser confidencial.

Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

                                                           Laura Tetetla Román

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-2/2022.

ACTORA: CLAUDIA ILIANA VALDOVINOS FLORES.

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA.

SECRETARIADO: BERTHA LETICIA ROSETTE SOLIS E INGRID ESTEFANÍA FUENTES ROBLES.

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintidós.

El Pleno de esta Sala Regional, en sesión privada de esta fecha, resuelve el juicio identificado al rubro en el sentido de sobreseer el juicio por lo que respecta al despido injustificado reclamado y las prestaciones que de ello derivan; reconocer la relación laboral existente entre las partes por el periodo controvertido, así como condenarle al pago de diversas prestaciones y absolverlo en otras, con base en lo siguiente.

GLOSARIO

Contenido

ANTECEDENTES

I. Relación jurídica entre las partes.

II. Juicio laboral SCM-JLI-14/2021 y escisión.

III. Integración Juicio SCM-JLI-2/2022.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

TERCERA. Contestación de demanda.

CUARTA. Procedencia.

QUINTA. Pretensión de la actora.

SEXTA. Estudio de fondo.

SÉPTIMA. Sentido de la sentencia y efectos.

RESUELVE

ANTECEDENTES

I. Relación jurídica entre las partes.

1. Inicio. La actora afirma que inició su relación con el Instituto demandado a partir del doce de febrero del dos mil dieciséis como “Operador de equipo tecnológico A2”, con adscripción en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.

2. Terminación. Refiere la promovente que el catorce de abril del dos mil veintiuno, fue convocada ─junto con otras personas─[1] a una junta en la que la Vocal Ejecutiva y la Vocal Secretaria de la 02 junta Distrital Ejecutiva mencionada hicieron de su conocimiento que quedaban separadas (os) de su cargo a propósito de una reestructura organizacional, lo que, en concepto de la actora, vulneró sus derechos laborales, ya que el INE no justificó objetivamente las razones por las que su plaza era la que debía quedar suprimida sin que la decisión se tomara en función de una evaluación sobre su desempeño.

II. Juicio laboral SCM-JLI-14/2021 y escisión.

1. Demanda. Inconforme con la terminación de su relación con el INE, el trece de mayo del dos mil veintiuno, la actora y otras personas, promovieron el presente juicio para reclamar al INE el reconocimiento de naturaleza laboral de su relación y el pago de diversas prestaciones.

2. Turno. Por acuerdo de la misma fecha se integró el expediente SCM-JLI-14/2021, que fue turnado a la Ponencia a cargo del Magistrado José Luis Ceballos Daza, para los efectos previstos en el Libro Quinto de la Ley de Medios y capítulo II del Título Sexto del Reglamento.

3. Recepción en ponencia y reserva por primera suspensión de plazos. Mediante proveído del catorce de junio del año pasado se tuvo por recibido en la Ponencia instructora el expediente al rubro indicado, así como el oficio a través del cual, la Secretaría General de este órgano jurisdiccional remitió el acuerdo de veintiséis de febrero anterior[2] relacionado con la suspensión de plazos para la tramitación y resolución de los asuntos laborales competencia de este órgano jurisdiccional.

Asimismo, se acordó reservar lo conducente a la sustanciación del juicio al rubro indicado para el momento procesal oportuno, atento a la suspensión referida.

4. Segunda suspensión de plazos.

Es un hecho notorio para esta Sala Regional que el nueve de noviembre del dos mil veintiuno, se decretó por segunda ocasión una suspensión de los plazos legalmente establecidos para la sustanciación de los juicios laborales, la cual comprendería del diez de noviembre de ese año al dos de enero de dos mil veintidós.

5. Escisión.

Por acuerdo plenario del diez de enero de este año, el pleno de esta Sala Regional determinó escindir el escrito de demanda que dio lugar al juicio al rubro indicado, con el objeto de que fueran integrados los expedientes correspondientes a cada una de las personas que suscribieron la demanda de manera conjunta.[3]

III. Integración Juicio SCM-JLI-2/2022.

1. Turno. Con motivo de la escisión señalada, el diez de enero de este año, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente SCM-JLI-2/2022, que fue turnado a la Ponencia a cargo del Magistrado José Luis Ceballos Daza, para los efectos previstos en el Libro Quinto de la Ley de Medios y capítulo II del Título Sexto del Reglamento.

2. Radicación y admisión. Mediante proveído del catorce de enero se tuvo por radicado en la Ponencia instructora el expediente al rubro indicado; se admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar al INE, a efecto de que contestara lo que a su interés conviniera y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes.

3. Contestación, vista y citación para audiencia. Contestada la demanda por parte el INE, mediante proveído del nueve de febrero de esta anualidad, se dio vista a la parte actora con dicha contestación, y se citó a ambas partes para la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas, para que se desahogara por videoconferencia.

4. Audiencia. El veintiuno de febrero del año en curso tuvo lugar la audiencia de ley con la comparecencia de las partes, en la cual fueron admitidas las pruebas que ofrecieron en sus respectivos escritos de demanda y contestación,[4] mismas que se desahogaron por su propia y especial naturaleza, en el entendido de que ambas partes expresaron su voluntad de desistirse de las pruebas confesionales que ofrecieron, en cada caso, a cargo de su contraria, a su entero perjuicio.

Una vez que no quedaron diligencias ni pruebas pendientes de ser desahogadas, se tuvieron por vertidos los alegatos de las partes y se declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

Esta Sala Regional ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver esta controversia, al tratarse de un juicio laboral entre el Instituto demandado y la actora, quien lo promovió, por conducto de su apoderado, para reclamar el despido injustificado del que refiere haber sido objeto, así como el reconocimiento de la naturaleza “laboral” del vínculo que sostuvo con el INE y de los años de servicio desde su ingreso al Instituto demandado, entre otras prestaciones.

Hipótesis normativa competencia de esta autoridad jurisdiccional y entidad que se ubica dentro de la circunscripción donde ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 99, párrafo cuarto, fracción VII.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (abrogada). Artículos 186, fracción III, inciso e) y 195, fracción XII.[5]

Ley de Medios. Artículos 3, párrafo 1 inciso e); y 94 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo INE/CG329/2017[6] de veinte de julio de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo General del Instituto, por el que aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

Se precisa que en los juicios que tienen por objeto la resolución de los conflictos laborales entre el INE y sus servidores (as), además de la Ley de Medios, el Reglamento Interno de este tribunal, el Estatuto, así como la normativa interna del propio Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a) La Ley Federal de (las y) los Trabajadores al Servicio del Estado.

b) La Ley Federal del Trabajo.

c) El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d) Las leyes del orden común.

e) Los principios generales de derecho.

f) La equidad.

Lo anterior, con base en lo previsto en el artículo 95 de la Ley de Medios, en donde se establece la supletoriedad de los ordenamientos jurídicos listados, en el entendido de que ello acontece siempre que no se contravenga al régimen laboral de las y los servidores del INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

TERCERA. Contestación de demanda.

En primer lugar, por ser de orden preferente se analizarán las excepciones hechas valer por el Instituto que pudieran tener incidencia con la procedencia de este juicio, para luego revisar las relacionadas con el fondo.

A.   Excepciones que pudieran tener incidencia en la procedencia de este juicio.

Caducidad.

En principio, este órgano jurisdiccional advierte que la excepción de caducidad hecha valer por el Instituto demandado quedó referida a dos cuestiones:

1.    Con relación al derecho de la promovente para combatir la terminación unilateral del vínculo jurídico existente con el INE y para el reclamo de las prestaciones que se pudieran generar con motivo de ello.

2.    En torno al derecho de la promovente para reclamar el reconocimiento de la relación laboral y sus años de servicio (desde el doce de febrero del dos mil dieciséis), el reconocimiento de la naturaleza laboral del vínculo que la unió con el Instituto demandado.

Así, por lo que hace a la primera cuestión, en su escrito de contestación, el INE destacó que la propia promovente reconoció que la fecha en que se hizo de su conocimiento la terminación de la relación jurídica con el Instituto demandado fue el catorce de abril del dos mil veintiuno.

En ese sentido, argumenta que al día en que se presentó la demanda, esto es, el trece de mayo del dos mil veintiuno, ya había transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 96 de la Ley de Medios para reclamar las causas que motivaron la terminación de esa relación, así como para reclamar las demás prestaciones derivadas de esa conclusión en su cargo, en el entendido de que el límite del plazo para controvertir esos actos feneció el seis de mayo de esa anualidad.

Asimismo, argumenta que la suspensión de plazos decretada por este órgano jurisdiccional a propósito del proceso electoral dos mil veinte ─ dos mil veintiuno, no suponía en forma alguna que fueran ampliados los plazos para la presentación de las demandas en este tipo de juicios.

Ahora bien, por lo que respecta a la segunda cuestión, el INE argumenta que también caducó el derecho de la actora para demandar el reconocimiento de la relación laboral y sus años de servicio (desde el doce de febrero del dos mil dieciséis).

Sobre este particular, el Instituto demandado aduce que transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 96, de la Ley de Medios para la presentación de la demanda.

Lo anterior, porque argumenta que si la promovente consideraba que la celebración de diversos contratos de prestación de servicios profesionales le generaba perjuicios, entonces debió controvertirlos dentro de los quince días hábiles siguientes a su celebración o, en su caso dentro de los quince días que siguieron al término de su vigencia.

De manera que al no haberlo hecho así, considera que en el caso concreto se constató una aceptación tácita de la actora en relación con sus condiciones de trabajo y, por tanto, estima que no estaría en aptitud de inconformarse ahora.

Análisis de esta Sala Regional en cuanto a las dos cuestiones respecto de las cuales se alega caducidad.

1.    En relación con el derecho de la promovente para combatir la terminación unilateral del vínculo jurídico existente con el INE y prestaciones derivadas de esa terminación.[7]

El Instituto demandado alega que la actora reconoce haber tenido conocimiento de la determinación de dar por concluida la relación jurídica el catorce de abril del dos mil veintiuno, consecuentemente, el plazo para presentar la demanda venció quince días después, esto es el seis de mayo de ese año. Por lo tanto, el INE afirma que, si la demanda fue presentada hasta el trece de mayo, es evidente que resulta extemporánea.

Para este órgano jurisdiccional federal, la excepción hecha valer por el Instituto demandado es fundada de acuerdo con lo siguiente.

El artículo 96 de la Ley de Medios establece que el plazo para presentar una demanda en contra de la determinación del Instituto demandado que presuntamente vulnere algún derecho y/o prestación laboral es dentro de los quince días hábiles siguientes al que se notifique tal determinación.

El plazo previsto en el precepto legal citado, deriva en la exigencia de que cuando un servidor o servidora del INE considere que se han conculcado sus derechos laborales, por alguna determinación emitida por ese instituto, debe presentar su demanda dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la determinación, lo que se traduce en una condición indispensable para su ejercicio, de modo que, si la demanda no se presenta en ese plazo, el derecho a hacerlo se extingue.

En ese tenor, a fin de establecer la procedencia de la acción intentada por la actora, resulta indispensable identificar la fecha en que el INE hizo de su conocimiento la determinación que considera lesiva de sus derechos o prestaciones laborales.

Al respecto, de conformidad con la jurisprudencia 12/98, de rubro: “NOTIFICACIÓN. LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL NO ES DE NATURALEZA PROCESAL”,[8] ha sido criterio de la Sala Superior considerar que la notificación para efectos de lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Medios debe ser entendida a partir de la noticia cierta del hecho que una de las personas participantes de la relación laboral hace saber o pone de manifiesto a la otra.

De esa manera, conforme a la fecha en que se comunicó la terminación de la relación laboral, es posible determinar si la acción intentada para reclamarla fue oportuna o no.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave 10/98, publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD.” [9]

En el caso concreto, la propia actora en el hecho marcado con el número “3.-“ de su escrito de demanda refirió que el catorce de abril del dos mil veintiuno fue convocada ─junto con otras personas─ a una reunión de trabajo en las instalaciones de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, en la que le fue informado que quedaba separada de su cargo en razón de una reestructura organizacional.

De ahí que esa fecha constituye la noticia cierta del hecho y respecto de la cual hubo reconocimiento expreso por parte de la promovente en su escrito de demanda.

Atento a lo anterior, si la propia promovente manifestó en su escrito de demanda que desde el catorce de abril del año dos mil veintiuno personal del Instituto demandado hizo de su conocimiento los motivos por los que se daba por terminada su relación y, adicionalmente, se tiene que todavía el quince posterior el INE llevó a cabo una diligencia en ese sentido,[10] y la demanda se presentó hasta el trece de mayo de ese año, es de concluirse que aquella se presentó de manera extemporánea, al haber transcurrido casi un mes desde la fecha en que la promovente tuvo conocimiento de las causas que motivaron la terminación de su relación con el INE y la fecha en que presentó la demanda, esto es, el trece de mayo del dos mil veintiuno, por lo que resulta fundada la excepción de caducidad opuesta por el INE.

Al efecto, se citan como criterios orientadores los contenidos en las tesis de rubros:

         “PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DE DESPIDO, SEA JUSTIFICADO, O BIEN, INJUSTIFICADO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA HASTA QUE SE ENTREGUE AL TRABAJADOR EL AVISO RESCISORIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 47, PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 518 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012)”;[11]

        “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE COMPUTARSE EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO” y;[12]

         “PRESCRIPCIÓN. EL TÉRMINO COMIENZA A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PATRÓN INTENTA ENTREGAR EL AVISO DEL DESPIDO AL TRABAJADOR Y ÉSTE SE NIEGA A RECIBIRLO”.[13]

Criterios de cuyas razones esenciales se desprende que el plazo para computar la prescripción para reclamar un despido que se considera injustificado comienza a correr o bien al momento en que la parte afectada se hace sabedora de su separación, o bien, cuando se entrega o intenta entregar el aviso rescisorio.[14]

Así, en el caso concreto ambos extremos se satisfacen dado que la parte actora en su demanda manifestó expresamente haberse hecho sabedora de su separación el día catorce de abril del año dos mil veintiuno y de las razones invocadas por el Instituto demandado para ello. Pero, adicionalmente en el expediente consta la diligencia que llevó a cabo el INE para notificar dicha decisión a la actora en su domicilio, la cual data del quince de abril.

Ahora bien, para arribar a la conclusión que antecede no constituye un obstáculo la circunstancia de que esta Sala Regional hubiera acordado la suspensión de plazos legalmente establecidos para la sustanciación de los juicios como el que nos ocupa, a propósito del proceso electoral dos mil veinte-dos mil veintiuno.

Lo anterior, debido a que la suspensión determinada por esta Sala Regional en los acuerdos respectivos no tuvo por efecto interrumpir los plazos para la presentación de las demandas correspondientes, sino aquellos establecidos para su sustanciación, incluido el dictado de la resolución, así como para aquellos recibidos o radicados en esta Sala Regional que estuvieran en instrucción o en los cuales se hubiera declarado cerrada esta etapa procesal, según fuera el caso.

Es decir, la suspensión de plazos acordada por esta Sala Regional no fue constitutiva de un derecho para que las personas que se vieran afectadas por alguna determinación emitida por el INE tuvieran posibilidad de ejercer la acción correspondiente después de los quince días a que se refiere el artículo 96 de la Ley de Medios y/o hasta el momento en que fueran reanudados los plazos por parte de este órgano jurisdiccional.

Por otro lado, tampoco constituye un obstáculo para tener por fundada la excepción de caducidad, la circunstancia alegada por el apoderado de la parte actora[15] en el sentido de que, como el “despido” surtió sus efectos hasta el día treinta de abril del dos mil veintiuno ─que corresponde con el último día laborado por la promovente─, entonces el plazo para computar los quince días para la presentación de la demanda debía comenzar a correr a partir del primer día hábil siguiente, esto es, el tres de mayo del dos mil veintiuno.

Lo anterior, toda vez que como ha quedado explicado en términos de la jurisprudencia 12/98, de rubro: “NOTIFICACIÓN. LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL NO ES DE NATURALEZA PROCESAL” citada, la actora tuvo noticia y/o conocimiento de la terminación de su relación jurídica con el INE y de las razones para ello el catorce de abril del dos mil veintiuno.

De ahí que es posible establecer que a partir de esa fecha fue cuando se generó la probable afectación a los derechos laborales de la promovente (y no a partir del día hábil siguiente su último día de trabajo como lo sugiere su apoderado).

Por lo anterior, tal como lo aduce el Instituto demandado, es evidente, que resulta fundada la excepción de caducidad, lo que impide que este órgano jurisdiccional analice si las causas por las que el INE dio por concluida dicha relación jurídica existente con la parte promovente estuvo o no justificada y si la misma obedeció a alguna pauta discriminatoria como se sostiene en el escrito de demanda, así como para estudiar la procedencia sobre el reclamo de las prestaciones que, en su caso, hubieren podido derivar de ese acto (entre ellas, los salarios caídos y/o reinstalación).

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b de la Ley de Medios, toda vez que la demanda fue presentada fuera del plazo establecido para tal efecto; por tanto, al haber sido admitida la demanda, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, conforme al artículo 11, párrafo 1 inciso c) de la Ley de Medios, solo por lo que hace a las prestaciones que, en su caso, hubieran podido derivar de la terminación de la relación jurídica que unió a la actora con el INE, conforme a lo señalado a continuación.

Solo es procedente decretar el sobreseimiento respecto de las prestaciones derivadas de la terminación de la relación jurídica, ya que ha sido criterio de este Tribunal Electoral que atendiendo a la naturaleza de ciertas prestaciones, hay algunas que no dependen de forma directa de la subsistencia del vínculo laboral ni están supeditadas a que prospere o no la acción principal, ya que se generan por la prestación del servicio y el simple transcurso del tiempo, como el pago de aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, por lo que el plazo para reclamarlas es de un año, a partir de que sea exigible el derecho de que se trate, siempre y cuando no exista una determinación del Instituto respecto de las prestaciones referidas, pues en este supuesto, se tendrían que demandar dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios.

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio de interpretación contenido en la jurisprudencia 1/2011-SRI, aprobada por la Sala Superior, de rubro: “DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL”.[16]

En el caso, conforme a su demanda, la actora exigió las prestaciones que se indican a continuación:

a)                      La reinstalación forzosa en su puesto de trabajo frente al despido injustificado del que refiere haber sido objeto;

b)                      El pago de salarios vencidos y demás prestaciones derivadas del despido injustificado y las que se sigan generando hasta la fecha de su reinstalación física y material;

c)                      El pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo por todo el tiempo laborado y que no fueron cubiertas por causas imputables al demandado al no haber sido reconocida como trabajadora.

d)                      El pago de horas extra laborado por la actora al no ser reconocida como trabajadora del INE.

e)                      El pago de “Despensa”, al tenor de lo dispuesto por el artículo 228 del Manual de normas administrativas en materia de Recursos Humanos del INE, aprobado mediante acuerdo INE/JGE99/2019 que se cubre quincenalmente bajo los conceptos 38 “Despensa Oficial” y 39 “Apoyo para Despensa”;

f)                        El pago de “Vales de fin de año”, prevista en los artículos 242, 243 y 244 del Manual referido que se generen por el tiempo en que se encuentre separada de su empleo hasta la fecha en que sean física, legal y materialmente reinstalada.

g)                      El pago de “Ayuda para alimentos”, prevista en los artículos 231, 232 y 233 del Manual mencionado, que se cubre de manera quincenal a través de nómina, que se reclama por el tiempo laborado por la actora que no le fue retribuida al no reconocerle calidad de trabajadora.

h)                      La prima quinquenal prevista en el artículo 278 del Manual mencionado desde la fecha que ingresó al INE (doce de febrero del dos mil dieciséis).

i) El pago retroactivo de las cuotas de seguridad social que tuvo obligación de realizar al ISSSTE y FOVISSTE por todo el tiempo que no hubieran sido cubiertas desde el doce de febrero del dos mil dieciséis y las que se generen durante el tiempo en que se encuentre separada de su cargo.

j) El pago de la compensación con motivo de las labores extraordinaria derivadas del proceso electoral federal 2020-2021, establecido en el artículo 67, párrafo 1, fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y aprobada mediante el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE INE/JGE21/2021, a razón de un mes de salario tabular

k)                      …[17]

l)  La declaración judicial de reconocimiento de la relación laboral continua existente entre el INE y la actora desde el doce de febrero del dos mil dieciséis;

m)                    La entrega de una constancia relativa al pago y enteramiento de las cuotas de seguridad social que debió realizar el INE al ISSSTE desde su ingreso, esto es, a partir del doce de febrero de dos mil dieciséis.

n)                      La entrega de una constancia laboral correspondiente al tiempo laborado por la actora desde su ingreso al Instituto demandado.

o)                      Para el caso de que se considerara justificado el despido de la actora, se reclama el pago de la compensación por término de la relación laboral a que se refieren los artículos 507, 508, fracción V, 517 y 519 del Manual, consistente en el importe de tres meses de salario por cada año trabajado por concepto de prima de antigüedad.

En ese sentido, conforme a los razonamientos y jurisprudencias señaladas, la excepción de caducidad es procedente únicamente por lo que hace a las prestaciones derivadas de la terminación de la relación jurídica, consistentes en: la reinstalación forzosa en su puesto de trabajo frente al despido injustificado del que refiere haber sido objeto (“a”) y el pago de salarios vencidos y demás prestaciones derivadas del despido injustificado y las que se sigan generando hasta la fecha de su reinstalación física y material (“b”).

En consecuencia, esta Sala Regional decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de esas prestaciones.

Similar criterio adoptó esta Sala Regional al resolver el juicio SCM-JLI-11/2018.

De conformidad con lo anterior, en el apartado siguiente se procederá al análisis de la excepción de caducidad en relación con la segunda cuestión anunciada.

2.    Análisis sobre la “caducidad” alegada por el INE en relación al derecho de la promovente para reclamar el reconocimiento de la relación laboral y sus años de servicio y el entero de sus cuotas de seguridad social (desde el doce de febrero del dos mil dieciséis).

Por cuanto hace a la excepción alegada se debe tener presente que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las y los trabajadores al servicio del Estado, conforme al artículo 50, fracción III, de la ley burocrática cuyo similar está en el diverso 158 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que es “imprescriptible” mientras subsiste la relación laboral, toda vez que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia PC.I.L. J/54 L (10a.), de rubro: “SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO”,[18] el derecho de las y los trabajadores al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado "De la prescripción", no establece regla en lo conducente.

En efecto, en la contradicción de criterios que dio lugar a la jurisprudencia que se invoca como orientadora se arribó a las conclusiones:

a.    Conclusión de la contradicción de criterios en torno a si el derecho al reconocimiento de antigüedad de un trabajador (a) al servicio del Estado, es susceptible de prescribir y en qué condiciones.

- El reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las y los trabajadores al servicio del Estado, conforme al artículo 50, fracción III, de la ley burocrática.

- Por principio, ese derecho es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, pues la antigüedad se genera día con día.

- Cuando el reconocimiento de la antigüedad proviene de una comisión mixta, integrada por representantes de la parte patronal y de la trabajadora, conforme a las condiciones generales de trabajo, al reglamento de escalafón o alguna otra disposición similar, en que se haya dado al trabajador (a) la oportunidad de hacer las aclaraciones y demostraciones correspondientes, y el trabador (a) no impugna la resolución definitiva emitida, opera la prescripción.

- El solo conocimiento o notificación al trabajador (a) de la hoja única de servicios, expedida por la parte patronal equiparado con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE, que consigne los años de servicios prestados por el empleado (a), no es apta para que prescriba la acción de reconocimiento de antigüedad del trabajador (a), salvo que exista prueba fehaciente de su conformidad expresa, manifestaciones de voluntad que impliquen dicho consentimiento; o una vez que la o el trabajador hubiese realizado las aclaraciones y demostrado con pruebas idóneas los errores u omisiones de dicho documento, y la dependencia expida una resolución definitiva al respecto, pues entonces iniciará el término de prescripción con base en el artículo 112 de la ley burocrática, a partir de tales hechos.

b.    Conclusión de la contradicción de criterios en torno a si los derechos de seguridad social para que la parte patronal “equiparada” haga la inscripción retroactivamente y entere las aportaciones omitidas al ISSSTE para gozar de los beneficios relativos, prescriben; en su caso, en qué circunstancias, en esa contradicción de criterios se estableció lo siguiente:

- El acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su ley reglamentaria, es la existencia de una relación de trabajo con las dependencias de los Poderes de la Unión y del Gobierno de la Ciudad de México, por lo cual, una vez acreditado ese vínculo laboral, se hacen exigibles al titular de la dependencia respectiva las obligaciones relativas a la seguridad social.

- El título quinto "De la prescripción" de la Ley del ISSSTE no establece la prescripción respecto al derecho de las y los trabajadores a solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes, por lo cual debe considerarse dicha excepción no es oponible en tales casos, una vez que la o el actor ha demostrado la existencia del vínculo laboral, aun cuando éste hubiese concluido, en tanto el vínculo laboral continúa vigente, pues se genera día con día; máxime que se trata de prestaciones derivadas de un derecho fundamental cuyas bases mínimas prevé el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al ser inmanentes a la persona humana, una vez demostrado su derecho a ellas, su vigencia no prescribe.

- Cuando el derecho a la seguridad social se reclama como consecuencia de la acción de reconocimiento de antigüedad, prescribe en los mismos términos que ésta.

Caso concreto.

En la especie no constituye un hecho controvertido que a la fecha de presentación de la demanda ya no subsistía el vínculo jurídico entre las partes ya que el mismo concluyó en el mes de abril del dos mil veintiuno.

Ahora bien, de las constancias del expediente no se advierte alguna en donde el INE hubiera emitido alguna resolución relativa al reconocimiento de los años que la actora prestó sus servicios para dicha dependencia.

En ese sentido, no podría considerarse extemporáneo el reclamo de la parte actora quien pretende el reconocimiento sobre el carácter laboral de la relación que sostuvo con el INE y el reconocimiento de sus años de servicio (desde el doce de febrero del dos mil dieciséis), así como el entero de sus cuotas de seguridad social por el tiempo que efectivamente hubiera sido laborado.

Ahora bien, el Instituto demandado sostiene que el derecho de la actora para exigir el reconocimiento de la naturaleza laboral de su relación así como sus años de servicio “caducó” bajo el argumento de que la relación jurídica existente entre las partes se dio al amparo de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales, por lo que en ese contexto, el INE sostiene que la promovente debió inconformarse con dicha situación transcurridos quince días a partir del vencimiento de la vigencia de cada instrumento contractual celebrado con el INE.

Al respecto, esta Sala Regional considera que el análisis que se haga de esa excepción debe quedar referido al estudio de fondo, ya que implica un pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica del vínculo jurídico existente entre las partes.

B.   Excepciones respecto a la naturaleza de la relación de la actora con el Instituto.

En el entendido de que al haber sido sobreseída la demanda por lo que respecta al reclamo del despido alegado y las prestaciones derivadas de ello, no se analizarán las excepciones que el INE hizo valer en torno a dichas prestaciones.

                    Falta de acción y derecho para exigir el reconocimiento de la relación laboral desde el doce de febrero del dos mil dieciséis a la fecha de presentación de su demanda, atento a que la naturaleza del vínculo existente fue de índole civil.

                    Inexistencia de un vínculo laboral, dado que el vínculo entre las partes se justificó al amparo de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales, suscritos de manera discontinua, los cuales en su momento concluyeron su vigencia. Aunado a que la prestación recibida por la parte actora por sus servicios fue por concepto de “honorarios”.

Con relación a las excepciones señaladas en este apartado B, este órgano jurisdiccional aprecia que su estudio no podría tener lugar de manera previa al encontrarse íntimamente relacionadas con el fondo de la controversia, la cual se centra en determinar precisamente la naturaleza de la relación existente entre las partes en el periodo alegado por la actora (desde el doce de febrero del dos mil dieciséis al último día de trabajo, esto es, el treinta de abril del dos mil veintiuno) y, en consecuencia, el eventual pago del resto de las prestaciones reclamadas.

C.   Excepciones en relación con prestaciones inconexas al despido alegado y accesorias a la de reconocimiento de la relación laboral.

                    Prescripción de las prestaciones consistentes en despensa oficial, apoyo para despensa, ayuda para alimentos, vales de fin de año, prima quinquenal, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional que no fueron reclamadas dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que hipotéticamente se generó el derecho a percibirlas, para lo cual el INE aduce que si la demanda se presentó el trece de mayo del dos mil veintiuno, estarían prescritas aquellas que fueron exigibles con anterioridad al trece de mayo del dos mil veinte.

En relación con estas prestaciones por el periodo no prescrito se oponen las siguientes excepciones:

                    Falta de acción y derecho, pago y “plus petitio” (pedir demás).

En relación con vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, ya que, a decir del INE, por el tipo de relación jurídica existente entre las partes, no hay fundamento para que la actora gozara de dichas prestaciones.

Con relación a las vacaciones, el INE aduce que su personal cuenta con dos periodos en los cuales manifiesta que la promovente no prestó sus servicios, lo que intentó demostrar mediante la exhibición de los avisos del primer y segundo periodo vacacional del año dos mil veinte (primer periodo comprendido entre los meses de mayo a noviembre del dos mil veinte y el segundo periodo comprendido del veintiuno de diciembre del dos mil veinte al cinco de enero de dos mil veintiuno).

Ahora bien, en relación con el aguinaldo, el INE señala que a la actora se le cubrió por ese concepto la prestación denominada “gratificación de fin de año” que es pagadera en noviembre o diciembre, misma que le fue cubierta el veinticinco de noviembre del dos mil veinte, en términos de la documental que exhibió, además de que refiere haber cubierto la parte proporcional de esa prestación por el año dos mil veintiuno el quince de diciembre.

        Falsedad, “plus petitio” (pedir demás), defecto legal y oscuridad en la demanda.

Excepción que el INE hizo valer en torno al reclamo de pago de horas extras, ya que aduce que de los instrumentos contractuales celebrados por las partes no se desprende el establecimiento de un horario, además de que el INE no cuenta con registros de asistencia en algún control, sin que se le pueda exigir la exhibición de documento alguno de esa naturaleza al no encontrarse obligado a lo imposible.

Aunado a ello, el INE destaca que la promovente fue omisa en precisar los días en que laboró horas extra, por lo que su reclamo resulta vago, genérico e impreciso.

Lo anterior, con independencia de que en términos del artículo 38 del Estatuto se requiere de autorización expresa de las y los superiores jerárquicos para trabajar tiempo extraordinario.

        Oscuridad, imprecisión, defecto legal en la demanda, falta de acción y derecho.

Excepción que el INE hizo valer en torno a las prestaciones consistentes en “Despensa” o “Despensa Oficial” y “Apoyo para Despensa”, “Vales de fin de año”, “Ayuda para alimentos” y “Prima Quinquenal”, ya que, a su decir, la parte actora no refiere los hechos en los que funda su reclamo, ni indica el monto que corresponde por cada concepto.

Aunado a ello, el Instituto demandado refiere que esas prestaciones se otorgan al personal que forma parte de su fuerza laboral, sin que la actora se encuentre en ese supuesto porque fue contratada bajo el régimen de honorarios.

Con relación a los “Vales de Fin de año” refiere el Instituto demandado que correspondía a la actora exhibir el oficio a través del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó el otorgamiento de la medida de fin de año correspondiente a los años dos mil veinte y dos mil veintiuno.

Finalmente, por lo que hace a la prima quinquenal reclamada refiere que la actora carece de derecho a ella toda vez que fue contratada bajo el régimen civil de honorarios.

        Falta de acción y derecho para reclamar el pago de aportaciones de cuotas de seguridad social al ISSSTE y FOVISSSTE.

Al respecto, el INE sostiene que la actora no tiene derecho para reclamar el pago de esas prestaciones, atento el régimen civil bajo el cual fue contratada, quien fue dada de alta por el INE a partir del uno de enero del dos mil dieciocho.

        Pago de la compensación con motivo de labores extraordinarias derivadas del proceso electoral dos mil veinte- dos mil veintiuno.

Al respecto, el INE sostiene que la primera parte de esa prestación le fue pagada a la actora el trece de marzo del dos mil veintiuno, a la luz de la documental exhibida para esos efectos.

Con relación a la segunda parte de esa prestación, el INE aduce que la misma sería cubierta en el mes de junio del dos mil veintiuno, sin embargo, aduce que la misma solo se paga a personal activo a la fecha en que se haga efectivo dicho derecho, lo que en la especie o acontece dado que a esa fecha la actora ya no se encontraba activa.

     Se niega la acción y derecho para exigir la entrega de una constancia laboral.

Con relación a esta prestación el INE sostiene que no existe fundamento alguno que sirva de base a la actora para exigir la entrega de una constancia laboral, menos si se toma en consideración que la naturaleza de la relación jurídica entre las partes fue civil.

     Falta de cumplimiento de la condición en torno al reclamo para la compensación por término de la relación laboral.

En relación con esta prestación, el Instituto demandado aduce que para el reclamo de la misma el Manual prevé un procedimiento que inicia con la solicitud de pago que la persona trabajadora debe realizar al enlace o a la coordinación administrativa del área de adscripción, para lo cual se debe anexar la recomendación de pago que para tal efecto se expida a su favor y cumplir con todos los requisitos, entre ellos, haber prestado sus servicios bajo el régimen de honorarios permanentes por lo menos durante dos años.

Ahora bien, con relación a las excepciones señaladas en este apartado C, este órgano jurisdiccional aprecia que las mismas no podrían ser analizadas de manera previa al encontrarse íntimamente relacionadas con el fondo de la controversia.

CUARTA. Procedencia.

Previo al estudio de fondo de la controversia, corresponde a esta Sala Regional verificar que se encuentren satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro: “ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO”.[19]

Así, del análisis de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende que se encuentran satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada por la promovente, como se explica a continuación:

1. Forma.

En la demanda consta el nombre de la actora, el acto que identifica como generador de un perjuicio a sus derechos laborales, los hechos que sustentan su impugnación, las pruebas que ofreció y la firma autógrafa de su apoderado.

2. Oportunidad.

Del escrito de demanda.

Este requisito se debe tener por satisfecho en términos de los argumentos señalados en la razón y fundamento “TERCERA” de esta sentencia, en el sentido de que no puede tenerse por caducado el derecho de la actora para reclamar el reconocimiento sobre la naturaleza laboral del vínculo que aduce haber sostenido con el Instituto demandado ni su derecho a reclamar el reconocimiento de sus años por el periodo comprendido del doce de febrero del dos mil dieciséis al treinta de abril del dos mil veintiuno, ya que ello es una cuestión que será analizada en el fondo.

De ahí que, para efectos de procedencia, debe tenerse por satisfecho el presente requisito.

En cuanto a la contestación de demanda del INE, la misma se recibió dentro del plazo concedido para ello, esto es, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación de su emplazamiento a juicio, en términos de lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Medios.

En efecto, el emplazamiento a juicio del Instituto demandado tuvo lugar el catorce de enero del dos mil veintidós. De ahí que el plazo para producir su contestación transcurrió del diecisiete al veintiocho de esa mensualidad, sin considerar los sábados ni domingos ─quince, dieciséis, veintidós y veintitrés─ por haber sido inhábiles. 

En ese orden de ideas, si la contestación de demanda se presentó en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional en la fecha límite, esto es, el veintiocho de enero, es evidente que se cumplió con tal requisito.

3. Legitimación y personería.

En cuanto a la capacidad procesal de las partes, la de la actora se encuentra satisfecha, toda vez que acude por conducto de su apoderado, a efecto de demandar del INE el pago y cumplimiento de diversas prestaciones.

Al efecto, se destaca que el Instituto demandado, en su escrito de contestación de demanda, reconoció la existencia de un vínculo jurídico con la promovente e, incluso, señaló que el último puesto que desempeñó fue el de “Operador de equipo Tecnológico A2”, circunstancia que adicionalmente se robustece con las diversas documentales aportadas por las partes y de las cuales se desprende la legitimación de la actora para acudir al presente juicio para controvertir actos que considera conculcatorios de sus derechos laborales.

En cuanto al INE, se destaca que compareció por conducto de su apoderado, a quien se le reconoció su calidad mediante acuerdo de quince de febrero del año en curso, así como en el acta de audiencia de ley celebrada el veintiuno de febrero del año en curso.

4. Interés jurídico. Se surte este requisito dado que la actora es una ciudadana cuyo último cargo desempeñado en el INE fue como “Operador de equipo tecnológico A2”, quien reclama del Instituto demandado el reconocimiento de sus años de servicio ─ del doce de febrero del dos mil dieciséis, al último día de trabajo que fue el treinta de abril del dos mil veintiuno─; el entero retroactivo de las cuotas de seguridad social por dicho período, entre otras prestaciones que, según lo refiere la promovente, derivan de la relación laboral existente entre las partes desde la fecha indicada.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

QUINTA. Pretensión de la actora.

En la razón y fundamento “TERCERA” de esta sentencia ya se ha señalado que el análisis de la controversia no tendrá por objeto revisar si la conclusión de la relación jurídica entre las partes estuvo o no justificada, ni si son o no procedentes las prestaciones derivadas de esa terminación (reinstalación, salarios caídos entre otras), ya que, con respecto a esas cuestiones, este órgano jurisdiccional coligió como fundada la excepción de caducidad invocada por el INE.

En ese sentido, el reclamo principal de la promovente consiste en que le sea reconocida la naturaleza laboral de la relación que sostuvo con el INE por el periodo comprendido del doce de febrero del dos mil dieciséis, a su último día de labores, esto es, al treinta de abril del dos mil veintiuno, así como sus años de servicio a favor del Instituto demandado, entre otras prestaciones.

En efecto, en su escrito de demanda la actora refiere las prestaciones siguientes:

         El pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo por todo el tiempo laborado y que no fueron cubiertas por causas imputables al demandado al no haber sido reconocida como trabajadora.

         El pago de horas extra laborado por la actora al no ser reconocida como trabajadora del INE.

         El pago de “Despensa”, al tenor de lo dispuesto por el artículo 228 del Manual de normas administrativas en materia de Recursos Humanos del INE, aprobado mediante acuerdo INE/JGE99/2019 que se cubre quincenalmente bajo los conceptos 38 “Despensa Oficial” y 39 “Apoyo para Despensa”;

         El pago de “Vales de fin de año”, prevista en los artículos 242, 243 y 244 del Manual referido que se generen por el tiempo en que se encuentre separada de su empleo hasta la fecha en que sean física, legal y materialmente reinstalada.

         El pago de “Ayuda para alimentos”, prevista en los artículos 231, 232 y 233 del Manual mencionado, que se cubre de manera quincenal a través de nómina, que se reclama por el tiempo laborado por la actora que no le fue retribuida al no reconocerle calidad de trabajadora.

         La prima quinquenal prevista en el artículo 278 del Manual mencionado desde la fecha que ingresó al INE (doce de febrero del dos mil dieciséis).

         El pago retroactivo de las cuotas de seguridad social que tuvo obligación de realizar al ISSSTE y FOVISSTE por todo el tiempo que no hubieran sido cubiertas desde el doce de febrero del dos mil dieciséis y las que se generen durante el tiempo en que se encuentre separada de su cargo.

         El pago de la compensación con motivo de las labores extraordinaria derivadas del proceso electoral federal 2020-2021, establecido en el artículo 67, párrafo 1, fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y aprobada mediante el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE INE/JGE21/2021, a razón de un mes de salario tabular

         La declaración judicial de reconocimiento de la relación laboral continua existente entre el INE y la actora desde el doce de febrero del dos mil dieciséis;

         La entrega de una constancia relativa al pago y enteramiento de las cuotas de seguridad social que debió realizar el INE al ISSSTE desde su ingreso, esto es, a partir del doce de febrero del dos mil dieciséis.

         La entrega de una constancia laboral correspondiente al tiempo laborado por la actora desde su ingreso al Instituto demandado.

         Para el caso de que se considerara justificado el despido de la actora, se reclama el pago de la compensación por término de la relación laboral a que se refieren los artículos 507, 508, fracción V, 517 y 519 del Manual, consistente en el importe de tres meses de salario por cada año trabajado por concepto de prima de antigüedad.

SEXTA. Estudio de fondo.

A. Planteamiento.

Esta Sala Regional advierte que a partir de lo expresado por las partes, la controversia en el presente asunto, consiste en determinar las siguientes cuestiones:

1.    Naturaleza jurídica de la relación que existió entre las partes del doce de febrero del dos mil dieciséis al treinta de abril del dos mil veintiuno.

2.    De ser el caso, el tiempo de servicios que debe ser reconocido a la promovente y, en su caso, el entero retroactivo de sus cuotas de seguridad social que no se hubiera realizado.

3.    De ser el caso, la procedencia de las demás prestaciones que son reclamadas por la promovente.

B. Marco probatorio.

Para solucionar la controversia se describe el material probatorio ofrecido por las partes, mismo que fue admitido y desahogado en la correspondiente audiencia de ley, a excepción de las pruebas confesionales a cargo de la ciudadana Evelia Cancino Magaña, del ciudadano Jesús Evaristo Molina Muñoz y de la promovente, toda vez que en dicha audiencia sus respectivos oferentes se desistieron de las mismas.

Adicionalmente, se destaca que la confesional a cargo de la ciudadana Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP. Datos personales que hacen a una persona física identificada o identificable y la inspección ocular, ambas ofrecidas por la actora, fueron desechadas en la audiencia indicada por las razones que ahí se hicieron constar.

En ese entendido, el marco probatorio para la resolución de la controversia está dado por las pruebas que se reseñan a continuación.

De la parte actora ofrecidas en su escrito de demanda.

1. Instrumental pública de actuaciones.

2. Presuncional humana.

3. Documentales:

        Dos copias simples de las páginas 10 y 11 del Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana respecto a las funciones y responsabilidad del “Operador de Equipo Tecnológico” y “Auxiliar de Atención Ciudadana”.

        Dos impresiones de pantalla relativas al directorio del INE, en donde se advierte el nombre y correo institucional de la promovente.

        Diversas impresiones de pantalla relativas al campus virtual del INE ─todas ellas impresas con fecha diecisiete de abril del dos mil veintiuno con excepción de una con fecha de treinta de marzo de dos mil veintiuno─, en donde se advierten evaluaciones practicadas a la actora en los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil veinte, como se ilustra:

          Impresión del expediente electrónico de la actora en el Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (por sus siglas SINAVID), de donde se desprende la fecha en que la promovente fue dada de alta por el INE ante el ISSSTE.

          Oficio INE/COC/0476/2021, de nueve de abril de dos mil veintiuno, dirigido a Dulce María Esquerra Salazar, Directora de Administración y Gestión, suscrito por el Ing. Jesús Ojeda Luna, Coordinador de Operación en Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.

          Diversas impresiones de correos electrónicos dirigidos al correo electrónico institucional de la promovente:

                    Solicitud de información de la actora en la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (por sus siglas INAI) con número de folio 2210000166721 dos, dos, uno, cero, cero, cero, cero, uno, seis, seis, siete, dos y uno, de la que se desprende que fue recibido por el INAI el doce de mayo de dos mil veintiuno.

Pruebas admitidas de la actora que fueron ofrecidas en el escrito de desahogo de vista ordenado mediante proveído del ocho de febrero:

                    Copia simple de una cédula de descripción de puesto AD00793, Operador de Equipo Tecnológico, en donde se establece que entre sus funciones están:

Capturar en sistema la información para la credencial de las y los ciudadanos;

Proporcionar información para actualizar el padrón electoral;

Apoyar en la recepción y captura de credenciales;

Realizar la entrega de credenciales a las y los ciudadanos;

Efectuar el seguimiento de cifras respecto de la solicitud y entrega de credenciales;

Generar e imprimir los reportes del sistema de credencialización;

Apoyar en la organización de la documentación electoral;

Ejecutar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así como la lectura y retiro de credenciales no entregables;

Llevar a cabo la recepción y lectura de las remesas de credenciales;

Ubicar el domicilio de las y los ciudadanos en el “SOGEC”

                    Impresión del expediente electrónico de la actora en el Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (por sus siglas SINAVID), de donde se desprende que el INE la dio de alta ante el ISSSTE el uno de enero del dos mil dieciocho, en donde se registra como fecha de término de la última contratación el treinta de abril del dos mil veintiuno.

Del Instituto demandado:

        Documentales.

- Documental pública. Consistente en la escritura ciento treinta y dos mil trescientos treinta y cinco, del veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, pasada ante la fe del notario público ochenta y nueve de la Ciudad de México, con la que se acredita la personería de quien contestó la demanda en representación del INE.

- Oficio INE/COC/0927/2020 y anexos, de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Coordinador de Operación en Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Local en la Ciudad del Registro Federal de Electores (as), relacionada con la solicitud de fusión de los módulos 090251 con el 090252.

- Consistente en copia certificada del expediente personal de la actora, integrado por diversas constancias, entre ellas:

        Ocho[20] contratos de prestación de servicios y un convenio modificatorio del dos mil diecinueve:

        Oficio INE/02JDE-CM/0530/2021 de catorce de abril de dos mil veintiuno y sus anexos, oficio INE/COC/0476/2021 de nueve de abril de dos mil veintiuno, a través del cual se acreditan los motivos por los que se rescindió de forma anticipada la contratación de la actora.

        Informe de actividades de las y los prestadores de servicios profesionales elaborado por la actora y revisado por parte de una persona del INE, correspondientes a los meses de enero a diciembre de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho; dos mil diecinueve: dos mil veinte; y enero, febrero, marzo y abril de dos mil veintiuno.

- Evaluación Técnica, emitida por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de la cual se otorga visto bueno de la fusión de los Módulos de Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores 090251 con el 090252.

- Veintisiete recibos de nóminas CFDI (comprobantes fiscales digitales) expedidos a favor de la actora, por el periodo del uno de mayo de dos mil veinte al treinta de abril de dos mil veintiuno.

- Impresión del expediente electrónico de la actora en el Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (por sus siglas SINAVID).

- Instrumental pública de actuaciones.

- Presuncional legal y humana.

De modo que, atendiendo además a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, esta Sala Regional advierte que son hechos no controvertidos y aceptados por ambas partes que:

     Que el último cargo desempeñado por la actora fue el de “Operador [a] de Equipo Tecnológico A2” adscrita a la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en la Ciudad de México.

     Que existió un vínculo jurídico entre las partes, mismo que concluyó el treinta de abril del año dos mil veintiuno, circunstancia de la que la promovente tuvo conocimiento la actora desde el catorce del mes y año indicados.

Dicho lo anterior, se aclara que el periodo controvertido respecto del cual la actora reclama que le sea reconocida su relación con carácter de “laboral” es del doce de febrero del dos mil dieciséis al treinta de abril del dos mil veintiuno que corresponde con la fecha de su conclusión.

En ese entendido, se procede a estudiar el caso concreto motivo del conflicto, conforme al orden expuesto en el apartado de planteamiento.

C. Caso concreto.

1.    Naturaleza jurídica de la relación que existió entre las partes del doce de febrero del dos mil dieciséis al treinta de abril del dos mil veintiuno.

La promovente sostiene la existencia de una relación de trabajo ininterrumpida con el INE, a partir del doce de febrero del dos mil dieciséis la cual refiere que se prolongó en el tiempo hasta su último día de labores, esto es, al treinta de abril del dos mil veintiuno; mientras que el INE negó la existencia de esa relación de trabajo, ya que, a su decir, se trató de un vínculo civil, derivado de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales.

Dada la contradicción de afirmaciones, se destaca que la carga probatoria de demostrar que la relación jurídica era de naturaleza diversa a la laboral, preeminentemente correspondía a quien supuestamente es la parte patronal, esto es, al INE.

Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO”.[22]

En ese sentido, para estar en condiciones de esclarecer qué tipo de relación unió a las partes en dicho período, se deben analizar las características propias de una relación laboral, para luego, determinar si, a partir de las pruebas aportadas por las partes ─teniendo en consideración que la principal carga probatoria le corresponde al INE─ podrían encontrarse elementos propios de una relación laboral o de otro tipo.

Ello, porque la naturaleza laboral de la relación no depende de la denominación que las partes atribuyan a los contratos en los que se finca su acuerdo de voluntades, como se explica.

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, define una relación laboral como un trabajo personal, subordinado, mediante el pago de un salario, con independencia del acto que le dé origen.

Definición, a partir de la cual se obtienen los siguientes elementos que definen una relación de naturaleza laboral:

a.    La prestación de un trabajo personal que implica hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio de quien le emplea.

b.    La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando ostentado por la parte patronal, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, el o la trabajadora.

c.    El pago de un salario, en contraprestación por el trabajo realizado.

Así, en el caso concreto se tiene que, para demostrar la temporalidad de su relación con el INE y que la misma fue de tipo laboral desde el doce de febrero del dos mil dieciséis al treinta de abril del dos mil veintiuno, la promovente aportó diversas documentales consistentes en oficios, impresiones de correos electrónicos dirigidos a su persona, evaluaciones correspondientes a distintas anualidades, las cuales fueron precisadas en el marco probatorio plasmado en esta resolución.

Por su parte, el INE aportó diversos contratos e impresiones de comprobantes de pago para acreditar que el vínculo jurídico existente entre las partes fue de carácter civil y no laboral, así como para demostrar los periodos y condiciones en los que se pactaron los servicios desarrollados por la promovente.

Expuesto lo anterior, se analizará si a partir de la valoración de la documentación de referencia se podrían tener por satisfechos los elementos para afirmar que el vínculo existente entre las partes por el periodo controvertido (del doce de febrero del dos mil dieciséis al treinta de abril del dos mil veintiuno) puede reputarse de naturaleza laboral.

        Prestación de un trabajo personal.

La promovente refiere que ingresó a laborar para el demandado el doce de febrero del dos mil dieciséis, tiempo en el que refiere que desempeñó los cargos de “Operador[a] de Equipo Tecnológico”, siendo que su última plaza fue la de “Operador[a] de Equipo Tecnológico A2”.

Por su parte, al contestar la demanda, el INE manifestó que su vínculo con la actora no fue continuo, pues a su decir con la suscripción de cada nuevo contrato se inició una nueva relación jurídica de naturaleza civil entre las partes.

Así, con independencia de que las manifestaciones de las partes sean distintas respecto a la continuidad de la relación jurídica y los periodos en que ésta se desarrolló (lo que será analizado más adelante), lo cierto es que, atendiendo a lo argumentado y al contenido de las copias de los contratos celebrados entre la promovente y el INE que fueron adjuntados a su escrito de contestación de demanda y con las documentales ofrecidas por la actora, se corrobora la existencia del elemento de la relación laboral consistente en la prestación de un trabajo personal de la promovente a favor del demandado.

Documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numerales 1 y 3 de la Ley de Medios, si bien por su naturaleza tienen un valor indiciario, lo cierto es que, al no estar controvertidas en cuanto a su autenticidad y contenido por alguna de las partes, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, genera convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original. 

Es de observar que de los documentos que se tienen a la vista, se desprende que del mes de febrero del dos mil dieciséis al treinta de abril del dos mil veintiuno ─periodo controvertido─, la actora desempeñó los siguientes puestos:

Así, del cuadro ilustrativo que antecede se puede apreciar que desde el año dos mil dieciséis en cada uno de los contratos que el INE adjuntó a su contestación de demanda se indicó a la actora el cargo y las funciones que, en cada caso, debía ocupar y llevar a cabo.

De ahí que, para este órgano jurisdiccional existan elementos probatorios que acreditan el acuerdo de voluntades existente entre el Instituto demandado y la parte actora respecto del tipo de trabajo que sería desarrollado por aquella y la remuneración que recibiría a cambio.

Así, en las relatadas circunstancias, esta Sala Regional considera que el acuerdo de voluntades para la existencia de la relación laboral mediante la prestación de un trabajo personal por parte de la actora al demandado se actualizó en términos de los diversos contratos celebrados entre las partes que, contrario a lo sostenido por la promovente, se tiene evidencia que datan del año dos mil dieciséis.

        Subordinación.

En ese orden de ideas, se destaca que las actividades señaladas en los contratos mencionados se encuentran vinculadas con la función estatal que le corresponde al Instituto de organizar las elecciones federales.

Se arriba a dicha conclusión toda vez que, en términos de lo dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el INE tiene entre sus atribuciones de forma integral y directa, las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas nominales de personas electoras.

Además, se debe tener en cuenta que el artículo 30, párrafo 1 inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como uno de los fines del Instituto, la integración del Registro Federal Electoral.

En concordancia con lo anterior, el artículo 54, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley Electoral establece que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral tiene entre sus atribuciones, la de formar el padrón electoral y expedir las credenciales para votar con fotografía.

Por su parte, los artículos 134 al 146 de la ley de referencia regulan lo relativo a los procedimientos del señalado Registro, dentro de los que se encuentran los relativos al padrón electoral, la lista nominal de personas electoras y las citadas credenciales para votar.