JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-29/2021.

ACTORA: DULCE MARÍA BERTHA PEDRAZA AGUILAR.

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA.

SECRETARIA: BERTHA LETICIA ROSETTE SOLIS.

Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintidós.

El Pleno de esta Sala Regional, en sesión privada de esta fecha, resuelve el juicio identificado al rubro en el sentido de reconocer la relación laboral existente entre las partes por el periodo controvertido, así como condenarle al pago de diversas prestaciones y absolverlo en otras, con base en lo siguiente.

GLOSARIO

Contenido

ANTECEDENTES

I. Relación jurídica.

II. Primera suspensión de plazos.

III. Juicio laboral.

IV. Segunda suspensión de plazos.

V. Tercera suspensión de plazos.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

TERCERA. Contestación de demanda.

CUARTA. Procedencia.

QUINTA. Pretensión de la actora.

SEXTA. Estudio de fondo.

SÉPTIMA. Sentido de la sentencia y efectos.

ANTECEDENTES

I. Relación jurídica.

1. Inicio. La actora afirma que inició su relación con el Instituto demandado a partir del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, periodo dentro del cual ha desempeñado diversos cargos, tales como: “Validador”, “Especialista de campo”, “Técnico de control”, “Auxiliar técnico E”, “Auxiliar Técnico C”, “Auxiliar técnico B”, “Operador de equipo tecnológico”; “Responsable de Módulo” y, a la fecha de presentación de la demanda como “Técnico de la Junta Distrital Ejecutiva número 04”.

2. Falta de reconocimiento de tiempo laborado. La promovente refiere que el INE no le ha reconocido el periodo por el cual ha trabajado desde mil novecientos noventa y tres al treinta de abril del dos mil diez, ya que todo ese tiempo justificó la relación al amparo del régimen de contratación por “honorarios”.

Lo que, en concepto de la actora constituye una simulación para desconocer la naturaleza de la relación jurídica que refiere haber sostenido con el Instituto demandado por ese periodo y, con ello, para ignorar su antigüedad laboral generada desde entonces.

Aunado a ello, la actora refiere que dicho reconocimiento de su antigüedad resulta necesario para que, eventualmente, pueda tener acceso a una pensión por años de servicio.

II. Primera suspensión de plazos.

Es un hecho notorio para esta Sala Regional,  que el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno  se emitió el “ACUERDO GENERAL RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS JUICIOS PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE (LAS Y) LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”, en el cual se decretó la suspensión de la sustanciación y de los plazos legalmente establecidos en los juicios laborales, incluyendo los correspondientes al dictado de la resolución, así como para aquellos recibidos o radicados en esta Sala Regional que estuvieran en instrucción o en los cuales se hubiera declarado cerrada esta etapa procesal, según fuera el caso, dentro del periodo comprendido entre el ocho de marzo y el treinta y uno de octubre del año pasado.

III. Juicio laboral.

1. Demanda. Inconforme con la falta de reconocimiento de su relación laboral con el Instituto, el tres de septiembre del dos mil veintiuno, la actora presentó su demanda para reclamar el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones, a saber:

a.            El reconocimiento de su relación laboral y de su antigüedad ─desde el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres hasta la fecha en que le fue otorgada la plaza presupuestal, lo que refiere que aconteció en el año dos mil diez─,

Lo anterior, porque aduce que todos los cargos que ha desempeñado desde el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres han sido realizados de forma subordinada, dentro de un horario de trabajo específico y con las herramientas proporcionadas por el propio INE, por los cuales ha recibido como contraprestación un salario.

b.           El pago retroactivo de las cuotas de seguridad social que tuvo obligación de realizar al ISSSTE y FOVISSTE por todo el tiempo que no hubieran sido cubiertas desde el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres.

c.            El pago de la cantidad que resulte de todas y cada una de las prestaciones que dejó de percibir en su calidad de trabajadora, previstas en el “Manual de normas administrativas en materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral”: “Despensa oficial”, “Apoyo para despensa”, “Ayuda para Alimentos”, “Día de Reyes”, “Día del niño”, “Día de la Madre”, “Vales de fin de año”, “Prima Quinquenal”, y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo laborado, en especial las que corresponden a un año anterior a la presentación de la demanda.

d.           Incentivo por año de servicios que se debe otorgar al personal con plaza presupuestal que cumpla diez, quince, veinte, veinticinco y treinta años de servicios ininterrumpidos en el INE y que, según refiere la promovente, es por el importe de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) ya que advierte que con el reconocimiento de su antigüedad desde el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, tendría derecho a que este incentivo fuera por el equivalente a veintiocho años de servicio ininterrumpido.

2. Turno. Por acuerdo del tres de septiembre de dos mil veintiuno se integró el expediente SCM-JLI-29/2021, que fue turnado a la Ponencia a cargo del Magistrado José Luis Ceballos Daza para los efectos previstos en el Libro Quinto de la Ley de Medios y capítulo II del Título Sexto del Reglamento.

3. Recepción en ponencia y reserva por primera suspensión de plazos. Mediante proveído del seis de septiembre se tuvo por recibido en la Ponencia instructora el expediente al rubro indicado, así como el oficio a través del cual la Secretaría General de este órgano jurisdiccional remitió el acuerdo de veintiséis de febrero[1] relacionado con la suspensión de plazos para la tramitación y resolución de los asuntos laborales competencia de este órgano jurisdiccional.

Asimismo, se acordó reservar lo conducente a la sustanciación del juicio al rubro indicado para el momento procesal oportuno, atento al acuerdo de suspensión de plazos indicado.

IV. Segunda suspensión de plazos.

Es un hecho notorio para esta Sala Regional que el quince de octubre de dos mil veintiuno se decretó la suspensión de la sustanciación y de los plazos legalmente establecidos, incluyendo los correspondientes al dictado de la resolución, en los juicios laborales, así como para los recibidos o radicados en este órgano jurisdiccional que estuvieran en instrucción o en los cuales se hubiera declarado cerrada esta etapa procesal, suspensión que tendría lugar del dieciséis de octubre al uno de noviembre.

V. Tercera suspensión de plazos.

Por acuerdo del nueve de noviembre esta Sala Regional volvió a decretar la suspensión de plazos para la sustanciación de los juicios laborales para ser reanudada el tres de enero de dos mil veintidós.

VI. Instrucción.

1. Admisión y emplazamiento. El siete de enero del dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar al INE con copia de la demanda y sus anexos, a efecto de que contestara lo que a su interés conviniera y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes.

2. Contestación, vista y citación para audiencia. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, el INE contestó la demanda, por lo que mediante proveído del dos de febrero siguiente se dio vista a la actora con dicha contestación, y se citó a ambas partes para la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas.

3. Audiencia. El once de febrero del año en curso tuvo lugar la audiencia de ley con la comparecencia de las partes, en la cual fueron admitidas las pruebas que ofrecieron en sus respectivos escritos de demanda y contestación, mismas que se desahogaron por su propia y especial naturaleza, en el entendido de que ambas partes expresaron su voluntad de desistirse de las pruebas confesionales que ofrecieron, en cada caso, a cargo de su contraria a su entero perjuicio.

Una vez que no quedaron diligencias ni pruebas pendientes de ser desahogadas, se tuvieron por vertidos los alegatos de las partes y se declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

Esta Sala Regional ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver esta controversia, al tratarse de un juicio laboral entre el Instituto demandado y la actora, quien lo promovió para reclamar principalmente la falta de reconocimiento de su relación laboral y antigüedad desde el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres hasta el treinta de abril de dos mil diez, así como para reclamar el pago de diversas prestaciones derivadas de su relación con el Instituto demandado.

Hipótesis normativa competencia de esta autoridad jurisdiccional y entidad que se ubica dentro de la circunscripción donde ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Federal. Artículo 99, párrafo cuarto, fracción VII.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 166, fracción III, inciso e), y 176, fracción XII.

Ley de Medios. Artículos 3, párrafo 1 inciso e); y 94 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo INE/CG329/2017[2] de veinte de julio de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo General del Instituto, por el que aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

Se precisa que en los juicios que tienen por objeto la resolución de los conflictos laborales entre el INE y sus servidores (as), además de la Ley de Medios, el Estatuto, así como la normativa interna del propio Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a) La Ley Federal de (las y) los Trabajadores al Servicio del Estado.

b) La Ley Federal del Trabajo.

c) El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d) Las leyes del orden común.

e) Los principios generales de derecho.

f) La equidad.

Lo anterior, con base en lo previsto en el artículo 95 de la Ley de Medios, en donde se establece la supletoriedad de los ordenamientos jurídicos listados, en el entendido de que ello acontece siempre que no se contravenga al régimen laboral de las y los servidores del INE previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales y el Estatuto.

TERCERA. Contestación de demanda.

En primer lugar, por ser de orden preferente se analizarán las excepciones hechas valer por el Instituto que pudieran tener incidencia con la procedencia de este juicio, para luego revisar las relacionadas con el fondo.

A.   Excepciones que pudieran tener incidencia en la procedencia de este juicio.

                    Prescripción para exigir reconocimiento de años de servicio (por el período del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta de abril del dos mil diez).

Sobre este particular, el Instituto demandado aduce que transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 96, de la Ley de Medios para la presentación de la demanda.

Para sustentar su excepción, el Instituto demandado refiere que el uno de mayo del dos mil diez emitió el formato único de movimiento (FUM) por nuevo ingreso a propósito del nombramiento que fue expedido en favor de la actora, mismo que fue firmado de conformidad por aquella.

En ese sentido, el INE destaca como parte toral de su excepción de caducidad que fue a partir de ese momento (uno de mayo del dos mil diez) cuando la promovente tuvo conocimiento cierto y fehaciente que hasta ese día fue considerada por el INE como trabajadora de nuevo ingreso sin que le fuera reconocida antigüedad alguna y, por tanto, alega el INE que la promovente era consciente de que el vínculo jurídico anterior al uno de mayo del dos mil diez era de naturaleza estrictamente civil porque su relación laboral comenzó a partir de la fecha indicada.

De ahí que el demandado sostenga que, si la actora consideraba que esa situación le generaba algún perjuicio, entonces debió inconformarse con ello dentro de los quince días posteriores al uno de mayo de dos mil diez, por ser la fecha en que la promovente tuvo conocimiento de esas circunstancias.

                    Caducidad para demandar el reconocimiento de la relación laboral desde el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta de abril del dos mil diez.

Asimismo, el Instituto demandado aduce que, si la promovente consideraba que la celebración de diversos contratos de prestación de servicios profesionales le generaba perjuicios, entonces debió demandar su nulidad dentro de los quince días hábiles siguientes a su celebración.

De manera que al no haberlo hecho así, considera que en el caso concreto se constató una aceptación tácita de la actora en relación con sus condiciones de trabajo y, por tanto, estima que no estaría en aptitud de inconformarse ahora.

Al respecto, en concepto de este órgano jurisdiccional ambas excepciones son infundadas, como se explica.

Por cuanto hace a la excepción de prescripción alegada se debe tener presente que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las y los trabajadores al servicio del Estado, conforme al artículo 50, fracción III, de la ley burocrática cuyo similar está en el diverso 158 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, toda vez que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia PC.I.L. J/54 L (10a.), de rubro: “SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO”,[3] el derecho de las y los trabajadores al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado "De la prescripción", que no establece regla en lo conducente.

En efecto, en la contradicción de criterios que dio lugar a la jurisprudencia que se invoca como orientadora se arribó a las conclusiones:

1.    Conclusión de la contradicción de criterios en torno a si el derecho al reconocimiento de antigüedad de un(a) trabajador (a) al servicio del Estado, es susceptible de prescribir y en qué condiciones.

- El reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las y los trabajadores al servicio del Estado, conforme al artículo 50, fracción III, de la ley burocrática.

- Por principio, ese derecho es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, pues la antigüedad se genera día con día.

- Cuando el reconocimiento de la antigüedad proviene de una comisión mixta, integrada por representantes de la parte patronal y de la trabajadora, conforme a las condiciones generales de trabajo, al reglamento de escalafón o alguna otra disposición similar, en que se haya dado al trabajador (a) la oportunidad de hacer las aclaraciones y demostraciones correspondientes, y el trabador (a) no impugna la resolución definitiva emitida, opera la prescripción.

- El solo conocimiento o notificación al trabajador (a) de la hoja única de servicios, expedida por la parte patronal equiparado con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE, que consigne los años de servicios prestados por el empleado, no es apta para que prescriba la acción de reconocimiento de antigüedad del trabajador o la trabajadora, salvo que exista prueba fehaciente de su conformidad expresa, manifestaciones de voluntad que impliquen dicho consentimiento; o una vez que el trabajador o trabajadora hubiese realizado las aclaraciones y demostrado con pruebas idóneas los errores u omisiones de dicho documento, y la dependencia expida una resolución definitiva al respecto, pues entonces iniciará el término de prescripción con base en el artículo 112 de la ley burocrática, a partir de tales hechos.

2.    Conclusión de la contradicción de criterios en torno a si los derechos de seguridad social para que la parte patronal “equiparada” haga la inscripción retroactivamente y entere las aportaciones omitidas al ISSSTE para gozar de los beneficios relativos, prescriben; en su caso, en qué circunstancias, en esa contradicción de criterios se estableció lo siguiente:

- El acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, así como su ley reglamentaria, es la existencia de una relación de trabajo con las dependencias de los Poderes de la Unión y del Gobierno de la Ciudad de México, por lo cual, una vez acreditado ese vínculo laboral, se hacen exigibles al titular o la titular de la dependencia respectiva las obligaciones relativas a la seguridad social.

- El título quinto "De la prescripción" de la Ley del ISSSTE no establece la prescripción respecto al derecho de los trabajadores y trabajadoras a solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes, por lo cual debe considerarse que dicha excepción no es oponible en tales casos, una vez que la parte actora ha demostrado la existencia del vínculo laboral, aun cuando éste hubiese concluido, en tanto el vínculo laboral continúa vigente, pues se genera día con día; máxime se trata de prestaciones derivadas de un derecho fundamental cuyas bases mínimas prevé el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, por lo que, al ser inmanentes a la persona humana, una vez demostrado su derecho a ellas, su vigencia no prescribe.

- Cuando el derecho a la seguridad social se reclama como consecuencia de la acción de reconocimiento de antigüedad, prescribe en los mismos términos que ésta.

Caso concreto.

En la especie no constituye un hecho controvertido la subsistencia del vínculo laboral al momento en que fue presentada la demanda (lo que el INE reconoce en su contestación puesto que refiere que la actora se desempeña como “Técnico en Junta Distrital”; sino que el punto de disenso sobre este tema se sitúa en la fecha en que dicha relación laboral puede considerarse como iniciada).

En ese entendido, no podría tenerse por prescrito el derecho de la actora a exigir el reconocimiento de su antigüedad y, en su caso, para reclamar el entero de sus cuotas de seguridad social por el tiempo que efectivamente hubiera sido laborado.

Ahora bien, el Instituto demandado sostiene que el derecho de la actora para exigir el reconocimiento de su antigüedad se extinguió bajo el argumento de que el uno de mayo del dos mil diez fue cuando se emitió el Formato Único de Movimiento (FUM), relativo al nombramiento de la promovente como trabajadora del INE.

Es por ello que el INE refiere que fue a partir de esa fecha que debió reputarse que la actora tuvo conocimiento cierto y fehaciente de que hasta ese día fue considerada como su trabajadora y, por tanto, debió ejercer su acción a más tardar el tres de mayo del dos mil once, lo que no ocurrió.

Al respecto, en concepto de este órgano jurisdiccional dicha excepción debe ser desestimada porque a la documental que invoca como sustento de la excepción que alega no se le podría conferir el alcance y valor probatorio pretendido, ya que no es apta para que a partir de su emisión se deba computar el plazo para que prescriba la acción de reconocimiento de antigüedad de la actora.

Lo anterior es así, porque los extremos que podrían tenerse por acreditados con esa documental son la expedición de un nombramiento a favor de la actora como “ESPECIALISTA TÉCNICO”, con adscripción a la Junta Distrital Ejecutiva 25 del INE y con efectos al uno de mayo del dos mil diez, pero esa documental no podría ser considerada como prueba fehaciente para desvirtuar la existencia de un vínculo jurídico entre la actora y el Instituto demandado previo a la emisión de ese nombramiento y, menos aún, de su contenido se podría inferir una conformidad por parte de la promovente en torno a la naturaleza que le vinculó con el INE durante sus años de servicio y/o trabajo previos.

En ese entendido, la fecha de suscripción de esa documental no podría constituir un referente válido para computar el plazo con que contó la actora para exigir el reconocimiento de antigüedad y, en su caso, el entero de las cuotas de seguridad social omitidas por el tiempo que ha durado la relación jurídica entre la actora.

Lo anterior, sin que de las constancias del expediente se advierta alguna documental en donde el órgano competente del Instituto demandado[4] hubiera expedido y notificado a la actora alguna constancia relativa al reconocimiento de sus años de servicio en los términos a que se refiere el criterio jurisprudencial antes invocado, a partir de la cual se hubiera podido computar válidamente el plazo para la prescripción.

En efecto, de conformidad con los artículos 473 y 474 del “MANUAL DE NORMAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS” del INE, la hoja única de servicios es el documento oficial idóneo para efectos de trámites que exijan la acreditación de la antigüedad:

“Artículo 473. La hoja única de servicios es el documento oficial que emite el Instituto a través de la Dirección de Personal, al Personal de Plaza Presupuestal y prestadores de servicios contratados por honorarios que cotizaron al ISSSTE y que ya no laboran o prestan sus servicios al Instituto, a través del cual se especifica el periodo laborado o cotizado, la percepción o remuneración y la denominación de los puestos ocupados o periodo de contratación, entre otros datos.

La hoja única de servicios se expide para los efectos legales que considere el personal, entre los que destacan trámites de pensiones e indemnizaciones ante el ISSSTE y, en su caso, trámites que exijan la acreditación de antigüedad.

La Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Dirección de Personal, expedirá los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el ISSSTE en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 474. La Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Dirección de Personal, emitirá la hoja única de servicios y demás documentos de acuerdo a las características establecidas en la Ley del ISSSTE y los Lineamientos para la Expedición de la Hoja Única de Servicios”.

El resaltado es añadido.

Así, de lo trasunto se colige que el formato en el que el INE pretende sustentar su excepción de prescripción no es el idóneo para los fines pretendidos.

De ahí que, aunque en dicho formato se hubiera asentado que el nombramiento de la actora fue a partir del uno de mayo del dos mil diez, para este órgano jurisdiccional no constituye un referente temporal válido para efectos de determinar su antigüedad.

En ese entendido, se considera que la presentación de la demanda ─tres de septiembre del dos mil veintiuno─ fue oportuna.

Por otro lado, y por lo que respecta a la excepción de caducidad alegada por el Instituto demandado en relación con la temporalidad en que aduce que la actora debió exigir el reconocimiento de la relación laboral por el periodo del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta de abril del dos mil diez ─atento al carácter civil y no laboral de cada uno de los contratos suscritos─ este órgano jurisdiccional advierte que el análisis que se haga de esa excepción debe quedar referido al estudio de fondo, toda vez que el mismo depende de la definición sobre la naturaleza jurídica del vínculo jurídico existente entre las partes.

B.   Excepciones respecto a la naturaleza de la relación del actor con el Instituto.

                    Falta de acción y derecho para exigir el reconocimiento de la relación laboral desde el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta de abril de dos mil diez y demás prestaciones;

                    Inexistencia de una relación laboral, dado que fue por honorarios eventuales y permanentes al amparo de la suscripción de diversos contratos de naturaleza civil que fueron celebrados de manera discontinua y que en su momento concluyeron su vigencia (excepción de terminación de vigencia de los contratos).

                    Obscuridad y defecto en la demanda por cuanto a que la actora refiere que se le amenaza con pedirle la renuncia sin que se hubieran señalado circunstancias de tiempo, modo y lugar.

                    Falsedad, en atención a que el Instituto demandado sostiene que la actora apoya sus reclamos en hechos y argumentos falsos.

Al respecto, las excepciones señaladas en este apartado B no podrían ser analizadas por este órgano jurisdiccional de manera previa, al encontrarse íntimamente relacionadas con el fondo de la controversia, que se circunscribe a determinar precisamente la naturaleza de la relación existente entre las partes en el periodo alegado por la actora (dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres a treinta de abril del dos mil diez) y, en consecuencia, el eventual pago del resto de las prestaciones reclamadas.

C.   Excepciones en relación con prestaciones accesorias.

                    Prescripción del reclamo de pago de las prestaciones consistentes en despensa oficial, apoyo para despensa, ayuda para alimentos, día de reyes, día del niño y de la niña, día de la madre, vales de fin de año, prima quinquenal, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, incentivo por años de servicio por todo el tiempo que duró la relación laboral que no fueron reclamadas dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que hipotéticamente se generó el derecho a percibirlas, para lo cual el INE aduce que si la demanda se presentó el tres de septiembre del dos mil veintiuno, estarían prescritas aquellas que fueron exigibles con anterioridad al tres de septiembre del dos mil veinte.

                    Excepción de pago de la prestación consistente en despensa, la cual se integra con los conceptos de despensa oficial y apoyo para despensa, así como la ayuda para alimentos del tres de septiembre de dos mil veinte al dos mil veintiuno, ya que las mismas fueron cubiertas en tiempo y forma en términos de los comprobantes fiscales de nómina.

                    Falta de acción y derecho para reclamar día de reyes, día del niño y de la niña y de la madre, ya que conforme a los artículos 253, 254, 260, 262 y 263 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos se otorga al personal que se encuentre en activo y que tenga hijos (as) menores de doce años a la fecha de celebración de esas festividades y que se encuentren registrados (as) en el censo. De ahí que, si la actora no tiene hijos (as) menores de doce años, no encuadra en los supuestos para acceder a dicha prestación.

                    Excepción de pago en relación con los vales de fin de año correspondientes al dos mil veinte y dos mil veintiuno, en términos de la relación de “VALES NAVIDE%OS QNA.23/2020” y “VALES NAVIDE%OS QNA. 23/2021”.

                    Falta de acción y derecho para reclamar el pago de la prima quinquenal con anterioridad al período del tres de septiembre de dos mil veinte a tres de septiembre de dos mil veintiuno y excepción de pago por lo que respecta a la prima quinquenal del periodo posterior (en donde se parte de que la actora inició su relación de trabajo a partir del uno de mayo del dos mil diez).

Prestaciones las anteriores que el Instituto demandado sostiene que al ser de naturaleza extralegal, están sujetas a disponibilidad presupuestal.

                    Falta de acción y derecho para reclamar el pago del incentivo por años de servicio por un tiempo anterior al uno de mayo del dos mil diez y, excepción de pago respecto al incentivo correspondiente al reconocimiento por diez años de servicio el cual le fue cubierto el trece de diciembre del dos mil veinte, de donde se desprende que la actora recibió por concepto “PREMIO_INST_ANT” la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional).

Al respecto, las excepciones señaladas en este apartado C no podrían ser analizadas por este órgano jurisdiccional de manera previa, al encontrarse íntimamente relacionadas con el fondo de la controversia.

CUARTA. Procedencia.

Previo al estudio de fondo de la controversia, corresponde a esta Sala Regional verificar que se encuentren satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro “ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO”.[5]

Así, del análisis de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende que se encuentran satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada por la promovente, como se explica a continuación:

1. Forma.

En la demanda consta el nombre de la actora, el acto que identifica como generador de un perjuicio a sus derechos laborales, los hechos que sustentan su impugnación, las pruebas que ofreció y su firma autógrafa.

2. Oportunidad.

Este requisito se debe tener por satisfecho en términos de los argumentos señalados en la consideración “TERCERA” de esta sentencia, en el sentido de que no puede tenerse por actualizada la prescripción en cuanto al reclamo de reconocimiento de los años de servicio alegados por la actora.

Como tampoco se puede tener por caducado el derecho de la promovente a efecto de reclamar la naturaleza laboral del vínculo que aduce haber sostenido con el Instituto demandado por el periodo comprendido del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta de abril del dos mil diez, ni por prescrito el derecho de las demás prestaciones que aduce, ya que ello es una cuestión que será analizada en el fondo.

De ahí que para efectos de procedencia debe tenerse por satisfecho el presente requisito.

En cuanto a la contestación de demanda hecha por el INE, la misma se recibió dentro del plazo concedido para ello, esto es, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación de su emplazamiento a juicio, en términos de lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Medios.

El emplazamiento a juicio del Instituto demandado se realizó el siete de enero del dos mil veintidós.

Por tanto, el plazo que tenía el INE para dar contestación a la demanda corrió del diez al veintiuno de enero, sin considerar los sábados ni domingos ─ocho, nueve ni los días quince y dieciséis de ese mes por haber sido inhábiles─. 

En ese orden de ideas, si la contestación de demanda se presentó en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional en la fecha límite, esto es, el veintiuno de enero de este año, es evidente que se cumplió con tal requisito.

2. Legitimación y personería.

En cuanto a la capacidad procesal de las partes, la de la actora se encuentra satisfecha, toda vez que acude, por derecho propio, a efecto de demandar del INE, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones.

Al efecto, se destaca que el INE, en su escrito de contestación de demanda reconoce que la promovente se desempeña como “Técnico en Junta Distrital”. Lo que además se ve robustecido con diversas documentales de las que se desprende la existencia de un vínculo jurídico entre las partes suficiente para legitimar a la actora para acudir al presente juicio.

En cuanto al INE, se destaca que compareció por conducto de su apoderado, a quien se le reconoció su calidad mediante acuerdo de dos de febrero del año en curso, así como en el acta de audiencia de ley celebrada el once de febrero.

3. Interés jurídico. Se surte este requisito dado que la actora es una ciudadana que actualmente se desempeña como “Técnico en Junta Distrital” del INE, quien reclama del Instituto demandado el reconocimiento de sus años de servicio ─ refiere del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta de abril del dos mil diez─; el entero retroactivo de las cuotas de seguridad social por dicho período, entre otras prestaciones que, según lo refiere la promovente, derivan de la relación laboral existente entre las partes desde la fecha indicada.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

QUINTA. Pretensión de la actora.

Esta Sala advierte que el reclamo principal de la promovente consiste en que le sea reconocida la relación de trabajo que refiere haber sostenido con el INE por el periodo comprendido del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta de abril del dos mil diez ─ya que el uno de mayo del dos mil diez obtuvo su nombramiento como trabajadora del Instituto demandado─, entre otras prestaciones, a saber:

En el escrito de demanda la actora refiere las prestaciones siguientes:

“a) Se reclama el reconocimiento de la relación laboral entre la suscrita actora y el Instituto Nacional Electoral, desde la fecha en la que se me otorgó la plaza presupuestal o de personal de la rama administrativa que fue en el año de 2010, en el entendido que en la fecha antes indicada de ingreso, se me hizo firmar un supuesto contrato de prestación de servicios profesionales, mismo que fue renovándose en varias ocasiones, teniendo una categoría y desempeñando en un inicio labores de Operador de Equipo Fotográfico, funciones que desde luego no tienen el carácter ni de eventuales ni de una prestación de servicios profesionales ya que fueron inherentes al área de atención ciudadana, para el Registro Federal de Electores, en donde desempeñé mi trabajo que tiene que ver con la atención ciudadana de recepción de trámites y expedición de credenciales, en el módulo de atención ciudadana donde se le asignó.

…

b) De igual forma se reclama el pago de las aportaciones que se deben realizar al ISSSTE durante el tiempo que no se hayan hecho, ya que la hoy demandante he tenido una relación laboral ininterrumpida con el Instituto desde el 15 de octubre de 1993, en el entendido que la parte patronal deberá acreditar haber cubierto las cuotas antes señaladas.

c).- Se demanda el pago de la cantidad que resulte de todas y cada una de las prestaciones que dejé de percibir, que me corresponden como trabajadora y que se encuentran establecidas en el Título Sexto, Sección primera del Manual de normas administrativas en materia de recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante Acuerdo INE/JGE47/2017, tales como “Despensa oficial”, “Apoyo para despensa”, “Ayuda para Alimentos”, “Día de Reyes”, “Día del niño”, “Día de la Madre”, “Vales de Fin de Año”, “Prima Quinquenal”, y demás prestaciones que dejé de percibir durante el tiempo que he laborado para el INE y muy en especial se reclaman las que corresponden a un año anterior a la presentación de la demanda…”.

d).- Se demanda en forma especial de conformidad con el MANUAL ANTES REFERIDO, el INCENTIVO POR AÑO DE SERVICIOS, de conformidad con la siguiente norma:

Artículo 395. El incentivo por años de servicio en el Instituto se otorgará al Personal de Plaza Presupuestal que cumpla 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicios ininterrumpidos en el Instituto…”

SEXTA. Estudio de fondo.

A. Planteamiento.

Esta Sala Regional advierte que a partir de lo expresado por las partes, la controversia en el presente asunto consiste en determinar las siguientes cuestiones:

1.    Naturaleza de la relación que existió entre las partes del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres al treinta de abril del dos mil diez.

2.    La antigüedad que debe ser reconocida a la promovente y, en su caso, el entero retroactivo de sus cuotas de seguridad social que no se hubiera realizado.

3.    La procedencia de las demás prestaciones que son reclamadas por la promovente.

B. Marco probatorio.

Para solucionar la controversia se describe el material probatorio ofrecido por las partes, mismo que fue admitido y desahogado en la correspondiente audiencia de ley, a excepción de las pruebas confesionales a cargo del Instituto demandado y de la actora, ya que sus oferentes hicieron expreso su deseo de desistirse de esas probanzas.

De la actora:

1. Documentales consistentes en diversos recibos de pago del año mil novecientos noventa y tres al dos mil diez.

2. Documental consistente en copia certificada de su expediente personal integrado con motivo de su contratación con el instituto demandado.

3. Documental consistente en escrito del veintisiete de agosto del dos mil veintiuno, acusado de recibido el dos de septiembre, a través del cual la actora solicitó a la Junta Distrital Ejecutiva 04 de la Ciudad de México, copia de su expediente personal y de las constancias de sueldos, salarios, conceptos, asimilados, crédito al salario, subsidio al empleo, de retenciones, recibos de comprobantes fiscales y equivalentes generados correspondientes a los ejercicios de mil novecientos noventa y tres al año dos mil diez; informes mensuales y quincenales de actividades realizadas en cumplimiento de los diversos contratos suscritos entre la actora y el Instituto demandado; constancias de altas, formatos únicos de personal, constancia de antigüedad y reconocimientos otorgados por el demandado, así como movimientos de las áreas en donde laboró; controles de asistencia y oficios que se firmaban con horario de la suscrita.

4. Instrumental pública de actuaciones, en todo lo que favorezca los intereses de la actora.

5. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que favorezca los intereses de la actora.

Del Instituto demandado:

1.    Documentales.

a.    Copia certificada de la escritura ciento veintinueve mil cuatrocientos setenta y seis, del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del notario público ochenta y nueve de la Ciudad de México, en donde consta el acto por el que el Instituto Nacional Electoral confiere y otorga poder general -entre otras personas- en favor de los ciudadanos Roberto Santibáñez Mendiola y Sergio Jahaziel Mendoza Quintana.

b.    Copia certificada del expediente personal de la actora número veinticuatro mil ochocientos noventa y dos, integrado por diversas constancias.

c.    Ciento cuatro contratos de prestación de servicios profesionales celebrados ente la actora y el Instituto demandado en diversas fechas que datan de mil novecientos noventa y seis al dos mil diez; ciento un escritos a través de los cuales la actora solicita la retención de impuestos respectiva, como se ilustra: