VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-30/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI-OT- JLI.4-SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica. Periodo de clasificación: No aplica Fundamento Legal: No aplica.

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-30/2024

PARTE ACTORA: IRMA PATRICIA VILLALOBOS RUEDA

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIA: GREYSI ADRIANA MUÑOZ LAISEQUILLA

Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada reconoce la relación laboral entre las partes y ordena al Instituto Nacional Electoral el pago de diversas prestaciones mientras que le absuelve de otras.

ÍNDICE

3.  Valor de las pruebas................................13

SEXTA. Determinación de la controversia.....................14

SÉPTIMA. Análisis de fondo...............................15

1.  Naturaleza de la relación jurídica entre la parte actora y el INE15

a.  Prestación de un trabajo personal....................17

b.  Subordinación...................................19

c.  Pago de un salario................................24

2.  Inicio y continuidad de la relación laboral................26

3.  Demás prestaciones reclamadas.......................31

A.  Prestaciones de seguridad social.....................31

B.  Solicitud de constancia de servicios..................34

C.  Horas extras.....................................35

D.  Prestaciones del Manual............................43

OCTAVA. Efectos de la sentencia...........................52

RESUELVE............................................53

GLOSARIO

ANTECEDENTES

I.   Relación jurídica. La parte actora afirma que el INE le tuvo laborando del primero de marzo de dos mil dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, bajo el régimen de honorarios con el cargo de “Auxiliar de Atención Ciudadana de MAC” en la Junta Distrital, y que el primero de febrero de dos mil diecisiete se le otorgó “una plaza presupuestal y/o de la rama administrativa”, teniendo actualmente el cargo de “Secretaria de Vocalía Ejecutiva Local”, con adscripción a la Junta Local y cuya relación continúa vigente.

II.   Acuerdos de suspensión de plazos. El trece de marzo de dos mil veinticuatro2, el pleno de esta Sala Regional emitió un acuerdo por el que decretó la suspensión de los plazos legalmente establecidos para la sustanciación de los Juicios Laborales. Dicha suspensión fue ampliada mediante acuerdos de siete de octubre y veintiuno de noviembre.

1 Aprobado mediante acuerdo INE/JGE13/2021, que fue modificado mediante acuerdo INE/JGE56/2022, este último aprobado el 17 (diecisiete) de febrero de 2022 (dos mil veintidós) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 (nueve) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), consultable en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5651360&fecha=09/05/2022#gsc

.tab=0, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15.1 de la Ley de Medios y el criterio esencial de la jurisprudencia XX.2o.J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN

PARTICULAR (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009 [dos mil nueve], página 2479 y registro 168124).

2 En lo sucesivo las fechas referidas corresponden a dos mil veinticuatro, salvo precisión expresa de otro año.

III.  Juicio Laboral

1.    Demanda. El cinco de abril, la parte actora presentó Juicio Laboral contra el INE para demandar el reconocimiento de la relación laboral por el periodo señalado y el pago de diversas prestaciones.

2.     Turno. Con la demanda de la parte actora se integró el expediente SCM-JLI-30/2024 que se turnó a la ponencia a cargo del magistrado José Luis Ceballos Daza.

3.  Admisión y emplazamiento. Una vez reanudados los plazos para la sustanciación de los Juicios Laborales, el diecisiete de enero de dos mil veinticinco, se admitió la demanda y emplazó a juicio al INE.

4.   Contestación a la demanda. El treinta de enero de dos mil veinticinco, el INE contestó la demanda, opuso excepciones y defensas y ofreció pruebas; por lo que, el seis de febrero siguiente, el magistrado instructor tuvo por contestada la demanda, con ella dio vista a la parte actora3 y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos.

5.  Audiencia y cierre de instrucción. El veintiuno de febrero de dos mil veinticinco fue realizada la audiencia en la que, ante la falta de conciliación entre las partes, fueron admitidas y desahogadas las pruebas que ofrecieron y aportaron, se expusieron alegatos y -al no quedar diligencias pendientes- fue cerrada la instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

3 La parte actora (a través de su persona apoderada en este juicio) presentó un escrito con relación a esa vista el siete de febrero de dos mil veinticinco.

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio por tratarse de una demanda presentada por una persona que reclama la falta de reconocimiento de la relación laboral -por un periodo específico- y el pago de diversas prestaciones, refiriendo que en la actualidad se desempeña como “Secretaria de Vocalía” de la Junta Local; lo que tiene fundamento en:

 Constitución: artículos 41 base VI y 99 párrafo cuarto fracción VII.

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación4:

artículos 166-III.e), 173 y 176-XII.

 Ley de Medios: artículos 3.2.e) y 94.1.b).

 Acuerdo INE/CG130/2023 que establece el ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

Cabe señalar que la Constitución prevé la competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver los Juicios Laborales; así, cuando una persona que dice mantener una relación laboral con el INE plantea una vulneración a sus derechos y la expone en una demanda, le sujeta a emitir la sentencia que en derecho corresponda.

Lo anterior, con independencia de que el INE pueda invocar diversas excepciones y defensas con el propósito de evidenciar

4 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K

-todas de Tribunales Colegiados de Circuito- de rubros RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES y RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS,

consultables  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta

-respectivamente- en el tomo VIII, julio de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), página 308; tomo V, abril de 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 178; y tomo II, agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), página 614. Con los siguientes registros digitales: 195906, 198940 y 204646.

que quien promueve carece de acción y derecho para reclamar las prestaciones, debido a la inexistencia de un vínculo laboral.

En este entendido, determinar la existencia o no de dicho vínculo forma parte de la controversia, como en el caso acontece, de ahí que sea un supuesto que actualiza la jurisdicción de este Tribunal Electoral5.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La Ley Burocrática.

b.       La Ley del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TERCERA. Requisitos de la demanda y contestación

5 Atribución establecida por la Constitución en el artículo 99 párrafo cuarto fracción

VII. Al respecto, es aplicable la tesis aislada de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de rubro JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA (consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 80, séptima parte, página 21 y registro 245837).

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO6.

I.  De la demanda

a.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96.1 y 97 de la Ley de Medios, pues en ella la parte actora señaló su nombre y asentó su firma autógrafa, identificó el acto reclamado, mencionó los agravios que le causa, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda, así como ofreció y anexó pruebas.

b.   Oportunidad. La demanda es oportuna porque la pretensión principal de la parte actora es el reconocimiento de la relación laboral que afirma le unió con el INE por un periodo específico7 y que sigue vigente, recamando el pago de diversas prestaciones derivadas de esa situación.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido8 que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado y, en consecuencia, ese derecho es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, como sucede en el caso, ya que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los plenos de circuito PC.I.L. J/54 L (10a.)

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

7 Del primero de marzo de dos mil dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.

8 Entre otros, en los juicios SCM-JLI-1/2022, SCM-JLI-5/2022, SCM-JLI-36/2022, SCM-JLI-5/2024 y SCM-JLI-12/2024.

de rubro SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO  DE  LA  ANTIGÜEDAD  LABORAL,  PUEDE

PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO9; que establece que el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado “De la prescripción”.

Además, al tratarse de una omisión atribuida al INE, resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 15/2011 de la Sala Superior de rubro PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATÁNDOSE DE OMISIONES10.

c.       Legitimación. La legitimación de la parte actora está satisfecha toda vez que se trata de una persona que acude a reclamar la falta de reconocimiento de una relación laboral que afirma sostiene con el demandado, así como el pago de diversas prestaciones.

d.  Interés jurídico. La parte actora lo tiene dado que se trata de una persona que manifiesta que prestó sus servicios al demandado en un periodo del cual busca su reconocimiento y el pago de diversas prestaciones.

9 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019 (dos mil diecinueve), tomo III, página 2357 y registro 2020765. Surgida de la contradicción de tesis 24/2018.

10 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011 (dos mil once), páginas 29 y 30.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

e.  Definitividad. En términos del artículo 96 de la Ley de Medios no existe medio de impugnación que la parte actora debiera agotar antes de acudir ante esta Sala Regional.

II.  De la contestación

a.  Forma. La contestación fue recibida por escrito en que se hace referencia a los hechos y agravios de la demanda, objeciones a las pruebas de la parte actora, se oponen excepciones y defensas, aunado a que ofrece y anexa pruebas.

b.   Oportunidad. El escrito fue presentado en el plazo de diez días hábiles, previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues si el INE fue notificado de la admisión de la demanda el diecisiete de enero de 2025 (dos mil veinticinco), el plazo transcurrió del veinte al treinta y uno de ese mes y año11, y la contestación fue presentada el treinta de enero de esta anualidad, siendo evidente su oportunidad.

c.    Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha pues acude al contestar la demanda por conducto del encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, quien cuenta con representación legal a nombre del instituto, en términos de los previsto en el artículo 67, numeral 1, inciso m) del Reglamento Interior del INE12; a quien se le reconoció su calidad en el acuerdo

11 Sin contar el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero de este año, por tratarse de días inhábiles conforme al artículo 94.3 de la Ley de Medios, al ser un asunto que no está relacionado con algún proceso electoral en curso, en términos de la jurisprudencia 1/2009-SRII de rubro PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS

DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES (consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, 2009 [dos mil nueve], páginas 23 a 25).

12 Artículo 67.

de seis de febrero de dos mil veinticinco.

CUARTA. Acciones y excepciones

1.  Acciones y pretensiones de la parte actora

La parte actora pretende que esta Sala Regional reconozca la existencia de una relación laboral entre ella y el INE, en un periodo específico como “auxiliar de atención ciudadana”, adscrita a la Junta Distrital, y se condene al demandado a:

[a]     el reconocimiento de la relación laboral entre la parte actora y el INE por el periodo del uno de marzo de dos mil dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete;

[b]     el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social que no hubiera realizado el demandado, relativas a la inscripción retroactiva al ISSSTE y FOVISSSTE;

[c]     el pago de las prestaciones que dejó de percibir establecidas en título sexto del Manual relativas a “Despensa Oficial”, “Apoyo para despensa”, “Ayuda para Alimentos” y “Prima Quinquenal”, durante el tiempo que ha laborado para el INE y muy en especial las correspondientes a un año anterior a la presentación a la demanda;

[d]     el pago de tiempo extraordinario por el último año de servicio a razón de diez horas extras semanales; y,

[e]     la entrega de la constancia de servicios.

2.  Excepciones y defensas del demandado

El demandado hizo valer en la contestación, las siguientes

1.  La Dirección Jurídica estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá las atribu- ciones siguientes:

…

m)  Ejercer la figura de representante legal para la defensa de los intereses del Insti- tuto, en todo tipo de procedimientos administrativos y jurisdiccionales del orden federal y local, en que el Instituto sea parte o tenga injerencia, así como para el desempeño de sus funciones; de manera excepcional por ausencia, los respectivos titulares de las Direcciones de Área de la Unidad Técnica ejercerán dicha facultad, en asuntos que requieran urgente atención o desahogo;

excepciones y defensas:

[a]     inexistencia de relación laboral entre la parte actora y el INE, del periodo comprendido del primero de marzo de dos mil dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete;

[b]      acción y falta de derecho de la parte actora para reclamar las prestaciones laborales y extralaborales que solicita;

[c]      acción y falta de derecho de la promovente para reclamar las prestaciones de tiempo extraordinario, despensa oficial, apoyo para despensa, ayuda para alimentos y prima quinquenal;

[d]       falsedad;

[e]     Improcedencia de la acción y falta de derecho de la promovente para reclamar el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social, despensa oficial, apoyo para despensa, ayuda para alientos y prima quinquenal;

[f]       plus petitio13, por reclamar prestaciones a las que no tiene derecho;

[g]     falta de legitimación de la parte actora para reclamar las prestaciones establecidas en el Manual; y,

[h]     Todas las demás que se encuentren en la contestación de la demanda.14

En esa tesitura, no es posible analizar las excepciones de manera previa al estudio de la controversia, pues de la argumentación planteada se advierte que están íntimamente relacionadas con el fondo de ésta; es decir, con el tipo de relación que unió a las partes y el derecho o no a las prestaciones reclamadas; por tanto, su estudio se efectuará en el apartado

1313 Locución latina que significa "petición de más" o "exagerada".

14 Cabe destacar que del escrito de contestación a la demanda se observa que el Instituto demandado, expresamente, también hizo referencia a la prescripción de aquellas prestaciones que se tenía un año antes para su reclamo, la de pago de aquellas prestaciones “Despensa Oficial”, “Apoyo para despensa”, “Ayuda para Alimentos” y “Prima Quinquenal” y oscuridad de la demanda, así como la falta de acción para reclamar la constancia de servicios.

correspondiente al análisis de fondo del asunto, ya que constituye la base de la materia de impugnación en el presente juicio.

QUINTA. Pruebas admitidas y desahogadas

1.  De la parte actora

En la audiencia de ley se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

[1]     La instrumental publica de actuaciones.

[2]     La presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

[3]     Documentales consistentes en los siguientes recibos de pago:

[4]     Expediente personal de la parte actora integrado por el INE; en el cual entre otras documentales contienen las constancias de sueldos, recibos CFDI, informes de actividades, así como controles de asistencia, mismos que fueron exhibidos por el demandado junto con su contestación y solicitados por la parte promovente en su escrito de dos de abril que adjuntó con la demanda.

2.  Del demandado

En la audiencia de ley se admitieron las siguientes pruebas que ofreció el demandado, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

[1]     Expediente personal a nombre de la actora, en la que se contienen, entre otros documentos, los contratos celebrados con la actora en el periodo comprendido del uno de marzo de dos mil dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.

[2]     Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI), expedidos por el INE a nombre de la actora de los años de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.15

[3]     Listas de asistencia.

[4]     Instrumental de actuaciones; y

[5]     Presuncional legal y humana.

3.  Valor de las pruebas

Las pruebas ofrecidas por las partes y que en su oportunidad fueron admitidas y desahogadas, serán valoradas en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley de

15 Dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro.

Medios, así como a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley del Trabajo.

SEXTA. Determinación de la controversia

La parte actora pretende que esta Sala Regional reconozca la existencia de la relación laboral entre ella y el INE del 1° (primero) de marzo de dos mil dieciséis al 31 (treinta y uno) de enero de 2017 (dos mil diecisiete), respecto del cargo que ocupó como “Auxiliar de atención ciudadana”, de la Junta Distrital; esto en el entendido que, a partir del 1° (primero) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), ingresó a una “plaza presupuestal y/o de la rama administrativa”, teniendo el cargo de secretaria de vocalía de la Junta Local, cuya relación -según afirma- continúa vigente16.

Asimismo, la parte actora demanda el pago de diversas prestaciones.

El INE hace valer que, en el periodo reclamado, no existió una relación de naturaleza laboral con la parte actora, sino civil y de carácter temporal; por tanto, desde su perspectiva, la parte actora carece de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de una relación laboral, así como de la antigüedad correspondiente.

En ese sentido, la controversia en este juicio se centrará en analizar la existencia o no de un vínculo laboral entre las partes en el periodo controvertido.

Posteriormente, se estudiará si es procedente el pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora en tanto que la

16 Cuestión en la que coinciden las partes, como puede verse en la demanda y la contestación.

determinación de la antigüedad y del tipo de relación que existe entre las partes puede incidir en su procedencia, por lo que es necesario resolver ese punto de la controversia en primer lugar.

SÉPTIMA. Análisis de fondo

1.  Naturaleza de la relación jurídica entre la parte actora y el INE

En principio, es preciso señalar que el criterio que ha adoptado esta Sala Regional en relación con el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral y prestaciones inherentes a la misma se ajusta a la dinámica trazada por la Sala Superior17 para este tipo de controversias.

Al respecto, la Sala Superior ha reconocido que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, en virtud de que se actualiza con cada día que transcurre y está vinculada con el derecho humano a la seguridad social previsto constitucionalmente18.

Así, ha considerado que las personas trabajadoras tienen derecho a la determinación y reconocimiento de su antigüedad, en términos de la fracción VIII, base B, del artículo 123 de la Constitución y, específicamente el personal del INE, en el otorgamiento de diversas prestaciones.

De igual manera, se destaca que la única excepción reconocida por la Sala Superior a lo anterior19 es que, tras la determinación de la antigüedad, aplica el plazo de 1 (un) año para controvertir

17 SUP-JLI-18/2022.

18 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-17/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-08/2021 y SUP-JLI-10/2021.

19 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-19/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-3/2021,  SUP-JLI-4/2021,  SUP-JLI-5/2021,  SUP-JLI-8/2021, SUP-JLI-10/2021 y SUP-JLI-19/2021.

el acto respectivo20.

En mérito de lo anterior, es pertinente precisar que el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del INE, derivados de su antigüedad, atiende a las circunstancias y parámetros concretos en que se ubiquen, lo que permite dilucidar las prestaciones que legalmente les corresponden en aras de proteger sus derechos fundamentales.

Dado que la parte actora solicita que sea reconocida la relación laboral que -afirma- sostuvo con el INE del 1° (primero) de marzo de 2016 (dos mil dieciséis) al 31 (treinta y uno) de enero de 2017 (dos mil diecisiete), corresponde al demandado demostrar su inexistencia, al aseverar que el vínculo es de naturaleza civil. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO21.

El artículo 20 de la Ley del Trabajo, define una relación laboral como aquella que surge -con independencia del acto que le dé origen- de la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Con base en esa definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

20 Criterio que también sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte 2a./J. 30/2001 de rubro ANTIGÜEDAD GENERAL EN LA EMPRESA. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A INCONFORMARSE CON AQUELLA QUE DETERMINE EL PATRÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 158 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO PUEDE PRESCRIBIR SI EL RECONOCIMIENTO RELATIVO PROVIENE DE LA COMISIÓN MIXTA

A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, agosto de 2001 [dos mil uno], página 192).

21 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Tomo IX, mayo de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), página 480.

1.       La prestación de un trabajo personal que implique hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio de la parte patronal.

2.       La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando de quien emplea y tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora.

3.       El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte22 ha sostenido que la subordinación es lo que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación como laboral o de prestación de servicios, siendo importante atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Así, es claro que la relación de trabajo entre una persona servidora pública y el INE se tendrá por demostrada, si se acredita que existe un vínculo de subordinación.

En consecuencia, esta Sala Regional de acuerdo con las constancias que se encuentran en el expediente, las pruebas admitidas y desahogadas, analizará la existencia de los citados elementos determinantes de la relación laboral:

a.  Prestación de un trabajo personal

La Sala Regional concluye que la relación entre la parte actora y

22 En la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

(consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 187-192, Quinta Parte, página 185). Asimismo, sirve de orientación la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de 1995 [mil novecientos noventa y cinco], página 289).

el INE implicaba la prestación de un trabajo personal por parte de la primera.

Esto a partir de las documentales ofrecidas y admitidas en este juicio, al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, así como la falta de pruebas que pudieran desacreditar su autenticidad, logran generar convicción de su contenido.

En la demanda la parte actora señala que el periodo que reclama, respecto del cual prestó sus servicios fue del 1° (primero) de marzo de 2016 (dos mil dieciséis) al 31 (treinta y uno) enero de 2017 (dos mil diecisiete); mientras que el demandado indica que, si bien sí sostuvieron un vínculo contractual en ese periodo, no fue de índole laboral, sino civil, ante la suscripción de contratos de prestación de servicios.

En esa tesitura, el demandado reconoce que la parte actora se desempeñó como “Auxiliar de Atención Ciudadana A1”.

Conforme a las copias certificadas de los contratos presentados por el INE, se advierte la contratación de la parte actora para desempeñarse en los siguientes cargos:

Las actividades para las que se contrató a la parte actora implicaron realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, tal como se advierte de las funciones descritas en los contratos:

Los documentos ofrecidos por el INE al constar en copias certificadas constituyen documentales públicas23 y reflejan que la parte actora se obligó a prestar “sus servicios”24 -como literalmente señalan los contratos referidos- en favor del demandado en las funciones descritas.

Como puede verse, la descripción de las funciones para las que se contrató a la parte actora según los contratos coincide con lo manifestado en su demanda y demuestran el desempeño de funciones que implicaban realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, lo cual, incluso, no es un hecho controvertido, pues lo controvertido es la naturaleza de dicha relación.

b.  Subordinación

La parte actora señala que durante el tiempo que ha trabajado para el demandado siempre lo ha hecho de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que este le ha proporcionado, bajo sus órdenes y supervisión.

El demandado manifiesta que la parte actora no estuvo subordinada o sujeta a instrucciones directas respecto de personas funcionarias de mando del INE25.

Al respecto, de los contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional concluye que las actividades que describen no podían

23 De conformidad con el artículo 16.1 y 16.2 de la Ley de Medios.

24 Como puede verse en la cláusula primera de las copias certificadas de los contratos presentados por el INE.

25 Página 12 de la contestación de demanda.

ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del INE e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho Instituto.

En el caso, el INE tiene entre sus atribuciones organizar las elecciones además de las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas de personas electoras, como lo establece el artículo 41 base V apartado B inciso a) párrafo 3 de la Constitución; además, uno de los fines de ese Instituto es el de integrar el Registro Federal de Electores (y Personas Electoras), atribución que está contemplada en el artículo 30.1.c) de la Ley Electoral.

La Dirección Ejecutiva de dicho registro de acuerdo a la Ley Electoral26 tiene- entre sus atribuciones, la de formar el padrón electoral, expedir las credenciales para votar y mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral.

Es importante mencionar que el Registro Federal Electoral es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el INE por conducto de su Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (y Personas Electoras), así como de sus vocalías en las juntas locales y distritales27.

En el caso, las funciones que fueron encomendadas a la parte actora y constan en los contratos analizados se vinculan de manera directa con las actividades relacionadas con la actualización de productos electorales entre los que se encuentra la expedición de la credencial para votar.

26 Artículo 54.1 [b), c) y h)] de la Ley Electoral.

27 De acuerdos con los artículos 126.2 y 138.2 de la Ley Electoral.

En ese sentido, la Sala Regional considera que no era posible que la parte actora realizara de manera independiente sus labores ni con sus propios elementos.

Así, no se actualiza en el caso una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que dichos servicios son realizados con medios propios de quien los presta.

Respecto a los contratos, cabe señalar que en ellos se establece que la parte actora “se obliga a realizar en forma eficiente los servicios materia de este contrato (…)”28 redacción que se mantuvo en todos los contratos que se suscribieron entre las partes durante su relación.

Así, de la valoración de las pruebas, esta Sala Regional tiene por probado que, en los hechos, la parte actora estaba sujeta a las instrucciones y órdenes del personal del demandado y que recibió instrucciones directas e indirectas sobre la prestación de sus servicios en el cargo que ejerció durante el periodo controvertido.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades que desempeñó la parte actora no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del INE, quien tenía la atribución de supervisarlas, corregirlas y de considerarlas incumplidas, terminar el vínculo; también podía establecer el lugar donde deberían ser desarrolladas, cuestiones que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

28 Cláusula QUINTA.

Asimismo, dadas las funciones que la parte actora ha desempeñado a favor del demandado puede desprenderse que no presta el servicio con recursos propios, sino que lo realiza con los medios que le fueron proporcionados por el demandado a fin de cumplir las funciones y atribuciones constitucionales y legales de este, bajo las órdenes y supervisión del órgano al que estaba adscrito.

En efecto, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que estos son realizados con medios propios de quien los realiza; por tanto, para concluir que en este caso existía una relación civil, los medios para realizar el servicio no deberían ser proporcionados por el INE.

Por tanto, se advierte que entre las partes existió una relación laboral lo que se evidencia pues las actividades convenidas que la denominada “prestador del servicio” -la parte actora- debería realizar no podía llevarlas a cabo ni con instrumentos personales, ni en un domicilio diverso al del INE, y mucho menos en los horarios y términos que determinara de manera libre, sino que las hizo bajo la supervisión del funcionariado del demandado.

Incluso en la cláusula SEXTA, de los contratos analizados, se indica que la parte actora, como persona prestadora de servicios, se obligó a entregarle al demandado informes de las actividades realizadas.

La entrega de reportes para justificar el desempeño de las funciones para las que fue contratada la parte actora implicaba una interacción con otras personas que prestaban sus servicios también  para  el  demandado  en  las  diversas  áreas  de

adscripción, lo que permite inferir29 que no podía realizar sus actividades en un tiempo autoadministrado ni en un horario libre ni con recursos y elementos propios.

De ahí que la sola denominación de los contratos y las constancias que exhibió el INE son insuficientes para acreditar una relación distinta a la laboral, pues de los mismos se advierte que las actividades que realizaba la parte actora eran subordinadas a las instrucciones del personal del INE y con equipo, espacios y horarios proporcionados por el mismo.

Sirve de sustento la jurisprudencia I.1o.T. J/52 de rubro CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS  NO  SON  SUFICIENTES  PARA  ACREDITAR  UNA

RELACIÓN DE ESA NATURALEZA30 que señala que para determinar que una relación es civil es necesario acreditar que la persona prestadora del servicio es profesionista, que lo preste con sus propios medios y que se determine expresamente que tiene libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional; situación que no ocurrió en este caso.

Por lo anterior, en concepto de esta Sala Regional de los contratos analizados se advierte que, en el caso, se reúnen los elementos de una relación laboral consistentes en el personal y la subordinación, ya que sus actividades se efectuaron con medios proporcionados por el INE que no eran propiedad de la parte actora y bajo su dirección, al no poder desarrollarse al libre albedrío o voluntad de la parte actora dado que le eran asignadas y supervisadas por personal del INE, para realizarse atendiendo a los horarios de prestación de servicios y atención a la ciudadanía del demandado, por lo que también

29 A partir de la valoración de las copias certificadas de los contratos en términos del artículo 16.2 de la Ley de Medios.

30 Jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito que resulta orientadora par esta sala y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, junio de 2006 (dos mil seis), Tomo XXIII, página 1017.

debían ser realizados en un espacio físico determinado por el referido instituto.

c.  Pago de un salario

Se actualiza también el tercer elemento de la relación laboral, consistente en el pago de un salario.

Lo anterior, porque de los recibos de pago presentados por la parte actora sobre el periodo controvertido y contratos ofrecidos por el demandado, al ser documentales públicas31, valoradas en conjunto y de acuerdo con las manifestaciones de las partes, se advierte la entrega de una cantidad de dinero a cambio de las labores de la parte actora.

En efecto, de los contratos se advierte que el demandado se obligó a pagar a la parte actora por la prestación de sus servicios, un salario o sueldo.

Además, se emitieron a la parte actora los recibos de pago correspondientes.

Si bien el INE denominó -en los recibos- como “desglose de percepciones y deducciones” al pago que proporcionaba a la parte actora por la prestación de su servicio y en los contratos exhibidos -en la cláusula SEGUNDA de los contratos- refiere que la cantidad señalada como contraprestación será por el concepto de “honorarios”, lo cierto es que tiene por acreditado la entrega de un salario, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales que la denominación como “honorarios” no determina por sí misma que la relación jurídica entre las partes contratantes sea de naturaleza civil, porque como se señaló, esta

31 De conformidad con el artículo 16.1 y 16.2 de la Ley de Medios, así como 796 y 810 de la Ley del Trabajo.

debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad, y dependencia económica, entre otros.

Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias de tribunales colegiados de circuito de rubros CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA32 y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA33.

De esta forma se tiene por acreditado el tercer elemento relativo al pago de un salario a favor de la parte actora.

En tal sentido, la parte actora probó su acción en cuanto a la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, toda vez que las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del INE, que no pueden considerarse de carácter esporádico o eventual.

Así, está acreditado que la relación que unió a las partes es de naturaleza laboral, por lo que las excepciones de inexistencia de relación laboral entre el actor y el INE, así como falta de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de dicha relación, son infundadas.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia I.5o.T. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro RELACIÓN LABORAL, CARGA DE LA PRUEBA.

32 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2007 (dos mil siete), Tomo XXV, página 1396.

33 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006 (dos mil seis), página 1017.

CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO AFIRMA QUE ES DE OTRA NATURALEZA34.

2.  Inicio y continuidad de la relación laboral

De la demanda y contestación se advierte que no existe controversia, en torno al carácter continuo de la relación, esto en el entendido que, ambas partes son coincidentes en cuanto al inicio, esto es, a partir del 1° (primero) de marzo de 2016 (dos mil dieciséis).

Lo anterior, debido a que, mientras la parte actora refiere que a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis ha mantenido una relación laboral con el INE; por su parte, el demandado señala que no existió una relación laboral por la temporalidad reclamada, sino de carácter civil sustentada en los contratos de prestación de servicios; y, que posteriormente fue hasta el 1° (primero) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete) que la promovente empezó a ocupar una plaza presupuestal o de la rama administrativa.

Además, señala el INE que anterior al ingreso a la plaza presupuestal, la relación durante el periodo controvertido fue por diversas vigencias determinadas en los contratos respectivos.35

De las pruebas admitidas a las partes, esta Sala Regional arriba a la convicción de que la relación laboral entre ellas puede considerarse iniciada de manera ininterrumpida a partir del 1° (primero) de marzo de 2016 (dos mil dieciséis).

Lo anterior se advierte, de la valoración conjunta de los contratos celebrados entre las partes, así como los recibos de pago ofrecidos tanto por la parte promovente, pruebas que valoradas

34 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), página: 379.

35 Página 13 de la contestación de la demanda.

en su conjunto con las afirmaciones de las partes y la relación que guardan entre sí, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Medios, generan en este órgano jurisdiccional la convicción de lo siguiente:

                    Del 1° (primero) de marzo de dos mil dieciséis al 31 (treinta y uno) de enero de 2017 (dos mil diecisiete), el Instituto demandado suscribió dos instrumentos con el objeto de contratar a la parte promovente para que desempeñara el puesto de “Auxiliar de Atención Ciudadana A1”.

                    Que de los contratos y recibos de pago se advierte una periodicidad de la temporalidad laborada por la parte actora, conforme al periodo antes señalado.

                    Al finalizar el primer contrato con la parte actora dio inicio una nueva contratación; además que el 1 (uno) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete) la actora ingresó a una plaza presupuestal o de la rama administrativa, sin que se advierta algún formato de movimientos en donde se contemplara la opción “BAJA” dentro del periodo controvertido o en algún otro.

                    Del acervo probatorio no se advierte que el vínculo entre la parte promovente y el Instituto demandado hubiese finalizado de manera permanente, cuestión que en su caso debió acreditar el INE con documentos como formatos de movimiento o baja de personal, actas de entrega-recepción, pagos de finiquitos por terminación de la relación de trabajo, o algún documento que de forma mínima generara un indicio de que el vínculo jurídico con la parte actora terminó de forma permanente; sino que, por el contrario, en el periodo controvertido se observa que se trató de una renovación contractual sucesiva.

En efecto, el INE limitó su defensa a manifestar que al tratarse de contratos bajo el régimen de honorarios no podría hablarse de una relación de trabajo al haber quedado amparada por la suscripción de contratos de índole civil, por lo que no se podía tener una relación laboral desde la fecha indicada por la promovente, esto es, que hubiera continuidad; sin embargo, el INE no aportó prueba alguna para demostrar la terminación permanente de su relación de trabajo con la parte actora.

Al respecto, se tiene que ha sido criterio de esta Sala Regional considerar que la presunción de continuidad de las relaciones de trabajo se ve robustecida con la existencia de diversos contratos que acrediten el vínculo laboral entre las partes.

En efecto, de conformidad con los artículos 784, fracciones I II y VII y 804, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, corresponde a la parte patronal, en este caso al demandado, la carga de acreditar sus afirmaciones en torno a la antigüedad o discontinuidad en la relación con la parte actora, quien afirmó en su demanda que el vínculo laboral se dio sin interrupciones.

En la especie, este órgano colegiado estima que del análisis de la documentación presentada por el Instituto demandado y de los planteamientos expuestos en su contestación, no se desprende que dicho vínculo hubiese finalizado en algún momento después de que inició la relación laboral entre las partes, sino que dio inicio desde el 1° (primero) de marzo de dos mil dieciséis y continúa hasta la fecha.

Resultan orientadores los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte en la jurisprudencia 2a./J. 123/2009 de rubro: “ACCIÓN DE PRÓRROGA DE CONTRATO POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA

PRUEBA DE LA INSUBSISTENCIA DE LA MATERIA DE TRABAJO QUE ORIGINÓ  LA  CONTRATACIÓN  RELATIVA”36  y  de  Tribunales

Colegiados de Circuito, contenido en la tesis XIX.3o.2 L, de rubro: “CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, HIPÓTESIS EN LOS QUE LOS CONTRATOS SUCESIVOS POR TIEMPO DETERMINADO SON CONTRARIOS A LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y ADQUIEREN EL CARÁCTER DE”.37

En el último de los referidos criterios se reconoce que, conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, los contratos laborales por tiempo determinado solo están permitidos cuando lo exija la naturaleza del servicio a prestar ─lo que, además, es indispensable probar─.

Por ello, no puede concluirse la existencia de contratos transitorios, temporales o de obra determinada, si la o el trabajador ha sido contratados (as) para una actividad normal y permanente por años.

Lo anterior, es consistente con la tesis XVII/2017, de la Sala Superior con el rubro: “RELACIÓN LABORAL POR TIEMPO DETERMINADO. CUANDO CONCLUYA EL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PACTADO, PERO SUBSISTA LA MATERIA DEL TRABAJO, EL CONTRATO DEBE SER PRORROGADO.”.38

De acuerdo con el mismo, si la naturaleza del trabajo no lo justifica, debe reconocerse que constituye una relación laboral por tiempo indefinido.

36 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009 (dos mil nueve), Materia Laboral, Registro digital: 166529, página 467.

37 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003 (dos mil tres), página 955.

38 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20, 2017, páginas 36 y 37.

Por lo expuesto, esta Sala Regional concluye que debe reconocerse que existió con carácter de indefinida la relación laboral, dado que las características y naturaleza de los servicios prestados no justifican que en los hechos se trate de una actividad transitoria y cuya materia se extinga en un tiempo determinado.

Criterio similar se adoptó por esta Sala Regional al resolver los juicios SCM-JLI-15/2020, SCM-JLI-26/2020, SCM-JLI-1/2021 y

SCM-JLI-29/2021, entre otros.

En este contexto, y dado que las normas sobre derechos laborales imponen que en todo momento se privilegie el principio de continuidad, ante los elementos probatorios que se encuentran en el expediente lo procedente es reconocer la relación laboral continua entre la parte actora y el demandado, respecto del periodo del 1° (primero) de marzo de dos mil dieciséis al 31 (treinta y uno) de enero de 2017 (dos mil diecisiete) que se reclama.

Atento a las consideraciones anteriores, es que esta Sala Regional colige que son infundadas las excepciones y defensas hechas valer por el INE relativas a la falta de acción y derecho para exigir el reconocimiento de la relación laboral, e inexistencia de una relación laboral, así como la falta de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de la relación laboral por el periodo demandado por la parte actora.

Ello, porque las mismas se sustentan en la idea de que la relación jurídica existente entre las partes fue de carácter civil, lo que, como ha quedado explicado, no fue así, aunado a que el INE no demostró que la relación entre las partes hubiera concluido de manera definitiva.

De ahí lo conducente sea analizar la procedencia del pago de las demás prestaciones que reclama la parte actora.

3.  Demás prestaciones reclamadas

Como consecuencia del reconocimiento de la relación laboral, la parte actora reclamó las siguientes prestaciones:

[a]     el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social que no hubiera realizado el demandado, relativas a la inscripción retroactiva al ISSSTE y FOVISSSTE;

[b]     el pago de las prestaciones que dejó de percibir establecidas en título sexto del Manual relativas a “Despensa Oficial”, “Apoyo para despensa”, “Ayuda para Alimentos” y “Prima Quinquenal”, por el tiempo laborado y muy en especial las correspondientes a un año anterior a la presentación a la demanda;

[c]     el pago de tiempo extraordinario por el último año de servicio a razón de diez horas extras semanales; y,

[d]     la entrega de la constancia de servicios.

A.  Prestaciones de seguridad social

La parte actora reclama el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante el tiempo que no se haya hecho.

Debe señalarse que esta Sala Regional ha reconocido la relación laboral entre la parte actora y el demandado por el periodo del: 1° (primero) de marzo de dos mil dieciséis al 31 (treinta y uno) de enero de 2017 (dos mil diecisiete) que se reclama.

El reclamo de la parte actora se funda en el artículo 206.2 de la Ley Electoral en cuanto a que el personal del INE será

incorporado al régimen del ISSSTE39.

Cabe señalar que el pago de cuotas de seguridad social está íntimamente relacionado con el derecho a la pensión y, por tanto, no se rige por las disposiciones de la Ley del Trabajo ni las normas que rigen las relaciones laborales de las personas servidoras públicas federales, sino por la Ley del ISSSTE que dispone en su artículo 248 que el derecho a la pensión es imprescriptible.

Por tanto, si la pretensión de la parte actora es que el INE cubra las cuotas de seguridad social desde el inicio de la relación laboral (por el periodo reconocido), y están íntimamente ligadas al derecho a la pensión de la parte actora, su acción relacionada con tales derechos también es imprescriptible.

Sirve de apoyo de manera orientadora, lo establecido en la jurisprudencia I.6o.T. J/21 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL40.

El demandado señala que la parte actora no tiene derecho a la inscripción retroactiva de tal prestación por el periodo reclamado que alega porque se trató de una relación de carácter civil.

Ahora bien, toda vez que se acreditó que existe una relación laboral entre las partes (por el periodo indicado), el INE debe cumplir las obligaciones derivadas de esa relación y debe ordenársele que acredite el pago de las prestaciones de seguridad social reclamadas desde el inicio de la relación

39 Lo que, en términos del artículo 3 de la Ley del ISSSTE comprende los seguros de salud, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía, vejez.

40 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 17, abril de 2015 (dos mil quince), tomo II, página 1628.

laboral acreditada y por el periodo del 1° (primero) de marzo de dos mil dieciséis al 31 (treinta y uno) de enero de 2017 (dos mil diecisiete).

Por ello, debe ordenarse al INE que acredite la inscripción retroactiva, el reporte y pago de las cuotas a su cargo que no hubieran sido cubiertas, así como el entero de las aportaciones que debió retener a la parte actora respecto de las cotizaciones al ISSSTE y al FOVISSSTE41 desde el inicio de la relación laboral acreditada y por el periodo ante señalado; esto, en el entendido de que el pago de la prestación de seguridad social incluye los subconceptos relativos al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido42 que debe entenderse que las cuotas y aportaciones que deben pagarse respecto de la condena por el pago de la prestación en estudio son aquellas de carácter obligatorio.

Sobre esa base, al analizar el artículo 3 de la Ley del ISSSTE se desprende43 que los seguros de retiro, cesantía en edad avanza y vejez son obligatorios, por lo que deben ser cubiertos por el INE cuando se le ordene el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE, como en el caso.

Apoya este criterio la razón esencial de la jurisprudencia 2a./J. 3/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE UN

41 Al respecto, acorde con el artículo 4 de la Ley del ISSSTE, una de las prestaciones obligatorias es la de préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda -el cual integra el FOVISSSTE-; asimismo, el artículo 6-II, de esa misma ley, señala que las aportaciones, son los enteros de recursos que cubran las Dependencias y Entidades en cumplimiento a sus obligaciones que tienen respecto a sus personas trabajadoras, lo cual de conformidad con el artículo 167 de esa normativa es administrado por el ISSSTE.

42 Como lo ha hecho, por ejemplo, mediante acuerdo plenario de cumplimiento emitido en el Juicio Laboral SCM-JLI-11/2024.

43 Criterio sustentado en el acuerdo plenario de tres de julio en el juicio SCM-JLI-11/2024.

TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, AUN CUANDO YA NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRÓN DEMANDADO44.

En ese sentido, dado que en el expediente no hay pruebas suficientes para calcular dicho monto, el INE deberá realizar los cálculos correspondientes, conforme a los salarios de la parte actora y los lineamientos y directrices establecidos en la norma aplicable pues la obligación de enterar las mismas fue responsabilidad del INE y no de la parte actora45.

Lo anterior, previa consideración de los periodos durante los que sí se hubiera hecho el pago y retención de las cuotas y aportaciones correspondientes.

En mérito de lo expuesto, la Sala Regional considera infundada la excepción del demandado respecto relativa a la improcedencia de la acción y falta de derecho de la promovente para reclamar el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social por el periodo en que se acreditó la relación laboral con la parte actora.

B.  Solicitud de constancia de servicios

La parte actora solicita que el INE le expida la constancia de servicios contemplada en el artículo 537 del Manual.

Esta Sala Regional considera procedente condenar al INE a la emisión de la constancia de servicios contemplada en el artículo 537 del Manual, pues esta se otorga al personal del INE y es un documento que le permite a la persona trabajadora estar en posibilidades de efectuar trámites de carácter personal.

44 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011 (dos mil once), página 1082 y registro 162717.

45  Similar criterio se sostuvo al resolver los juicios SDF-JLI-10/2016, SCM-JLI-15/2018,  SCM-JLI-9/2018,  SCM-JLI-17/2019,  SCM-JLI-3/2020, SCM-JLI-26/2020, y SCM-JLI-12/2024, entre otros.

En mérito de lo expuesto, la Sala Regional considera infundada la excepción del demandado de falta de acción y derecho para reclamar la expedición de dicha constancia.

C.  Horas extras

La parte actora señala que trabajó diez horas extras semanales y reclama el pago de aquellas relacionadas al último año de servicio -a partir de la interposición de su demanda hecha el 5 (cinco) de abril.

Por su parte, el INE señala que la parte promovente reclama el concepto aludido por un periodo que es considerado como “electoral” (es decir, del cinco de abril de dos mil veintitrés al cinco de abril de dos mil veinticuatro) en el que las cargas de trabajo suelen ser más intensas y las jornadas laborales más extensas, no obstante lo cual el Instituto afirma que la parte actora mantuvo una jornada de trabajo de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Estatuto sin exceder las ocho horas establecidas en el artículo 61 de la Ley del Trabajo.

Con respecto a lo anterior, el INE sostiene que así quedaba registrado en el Reporte de Asistencia del Sistema de Trabajo Híbrido en que se desprendía la jornada real de la persona trabajadora que, insiste, no excedía las ocho horas diarias.

Además, resalta que el diecisiete de enero de dos mil veinticuatro el INE emitió el acuerdo INE/JGE01/202446 mediante el que

46 Aprobado el diecisiete de enero por la Junta General Ejecutiva del INE, cuyo contenido hizo valer el demandado al responder las prestaciones derivadas de las labores              extraordinarias              y              consultable              en              el              siguiente              enlace: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/163718/JG Eor202401-17-ap-2-1.pdf, la que se cita como hecho notorio en términos del artículo 15 párrafo 1 de la Ley de Medios y la razón esencial de y la tesis I.3o.C.35 K (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO  ES UN HECHO  NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE  SER