JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SG-JIN-77/2024, Y SG-JIN-78/2024 ACUMULADOS

PARTES ACTORAS: MOVIMIENTO CIUDADANO[1] Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.[2]

AUTORIDAD RESPONSABLE: 02 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE JALISCO[3]

PARTES TERCERAS INTERESADAS: MORENA Y MOVIMIENTO CIUDADANO

MAGISTRADA PONENTE: GABRIELA DEL VALLE PÉREZ

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: OLIVIA NAVARRETE NAJERA[4]

Guadalajara, Jalisco, veintiséis de julio de dos mil veinticuatro

El Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha determina modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, al actualizarse una causal de nulidad de votación recibida en una de las casillas invocadas por las partes actoras; y confirmar la declaración de validez de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva realizadas por el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco.

Frases clave: Nulidad de elección, irregularidades en la sesión de cómputo distrital, nulidad de votación recibida en casilla; recepción de votación por personas distintas a las autorizadas, irregularidades, presión al electorado y personas funcionarias de mesas directivas de casilla por servidores públicos, rebase de topes de gastos de campaña.

A N T E C E D E N T E S

De los escritos de demanda y de las constancias que integran los respectivos expedientes en que se actúa, se advierte:

1. Jornada electoral. El pasado dos de junio se llevó a cabo, entre otras, la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría correspondiente al 02 distrito electoral federal en el Estado de Jalisco.

2. Cómputo distrital. El siete de junio siguiente, el Consejo responsable realizó el cómputo distrital de la elección señalada, cuyos resultados fueron los siguientes:

Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido político y coalición, el Consejo Distrital realizó la distribución final de votos a partidos políticos, para quedar de la siguiente forma:

Votación obtenida por cada candidatura[5]

Finalizado dicho cómputo, se declaró la validez de la elección, la elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de los sufragios, y se expidió la constancia de mayoría y validez en favor de la candidatura postulada por Movimiento Ciudadano, integrada por Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, como propietario y Vicente García Campos como suplente.[6]

3. Interposición de los juicios de inconformidad. Inconformes con los actos anteriores, el once de junio, los partidos políticos MC y PAN promovieron en lo individual juicio de inconformidad ante la autoridad responsable aduciendo lo que a su derecho estimaron pertinente.

4. Parte tercera interesada. En los presentes juicios de inconformidad comparecieron como parte tercera interesada los partidos políticos MORENA (SG-JIN-77/2024), así como MC y MORENA (SG-JIN-78/2027), según se desprende de las razones de retiro levantada por el secretario del Consejo Distrital indicado.[7]

5. Turno a ponencia. Recibidas las constancias respectivas, mediante acuerdos de dieciséis de junio, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar los expedientes SG-JIN-77/2024 y SG-JIN-78/2024, turnarlos a la Ponencia de la Magistrada Gabriela del Valle Pérez para su sustanciación y, en su oportunidad, formular el proyecto de sentencia correspondiente.

6. Radicaciones, requerimientos y desahogo de requerimientos. Mediante diversos proveídos la Magistrada instructora radicó los referidos juicios en su ponencia, tuvo por cumplidos los trámites de ley, realizó diversos requerimientos, en su caso, a la autoridad responsable, a diversas autoridades o la parte actora, y se pronunció sobre el desahogo de éstos.

7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora admitió las demandas y, al considerar que estaban debidamente integrados los expedientes, declaró cerrada la etapa de instrucción, y ordenó poner los expedientes en estado de resolución y formular el proyecto de sentencia.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, por tratarse de juicios de inconformidad promovidos durante un proceso electoral federal, contra los resultados de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa celebrada en el 02 distrito electoral federal en el estado de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno; entidad federativa que corresponde a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce su jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los siguientes artículos:

        Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución). Artículos 41, párrafo tercero, base VI; 60, párrafo segundo; 99, párrafo cuarto, fracción I.

        Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 1, fracción II; 164; 165; 166, fracción I; 173; 174 y 176; fracción II.

        Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Ley de Medios). Artículos 3, numeral 2, inciso b); 34 numeral 2, inciso a); 49; 50, numeral 1, inciso b), 53, numeral 1, inciso b y 78.

        Acuerdo INE/CG130/2023. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva[8].

        Acuerdo de la Sala Superior de este Tribunal 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral[9].

        Acuerdo de la Sala Superior de este Tribunal 2/2023, por el que se regulan las sesiones de las Salas del Tribunal, así como el uso de herramientas digitales.

SEGUNDA. Acumulación. De la lectura de los escritos de demanda, se advierte que las partes actoras controvierten los mismos actos y señalan a la misma autoridad responsable; por tanto, atendiendo al principio de economía procesal, lo conducente es acumular el juicio de inconformidad SG-JIN-78/2024 al juicio de inconformidad SG-JIN-77/2024, por haber sido éste el primero en registrarse en esta Sala Regional.[10]

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los autos del juicio acumulado.

TERCERA. Partes terceras interesadas.

Se tiene a los partidos políticos MORENA y MC compareciendo como partes terceras interesadas en los juicios SG-JIN-77/2024 y SG-JIN-78/2024, respectivamente, en los siguientes términos:

Al respecto, esta Sala determina procedente la admisión de los escritos de las partes terceras interesadas, ya que satisfacen los requisitos previstos en los artículos 12, numeral 1, inciso c), y 17 de la Ley de Medios, pues en cada uno se hace constar el nombre de la parte tercera interesada, así como el de quien comparece en su nombre o representación, calidad que le es reconocida por la autoridad responsable al rendir sus respectivos informes circunstanciados; expresan la razón del interés jurídico en que funda su pretensión concreta y contraria a las de las partes actoras; los escritos contienen su firma autógrafa; asimismo, fueron presentados dentro del plazo establecido para la publicación del medio de impugnación.

CUARTA. Requisitos generales y especiales. Este órgano jurisdiccional considera que en los presentes juicios se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, numeral 1, 52, numeral 1, 54, numeral 1, inciso a) y 55, numeral 1, inciso b), de la Ley de Medios para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

A. Requisitos generales.

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito, en cada una de ellas se hace constar el nombre del partido político actor, el de la persona que promueve en su representación, así como la firma autógrafa de este último. Se identifica el acto impugnado y a la autoridad responsable; asimismo, se exponen hechos y agravios que en opinión de las partes actoras les causa perjuicio, así como los preceptos legales presuntamente violados.

2. Legitimación. La partes actoras tienen legitimación para promover los medios de impugnación, porque son partidos políticos nacionales.

Además, en el caso del PAN se trata de un partido político, el cual se encuentra coaligado con otros partidos políticos (Partido Revolucionario Institucional[11] y Partido de la Revolución Democrática[12]) para participar en las elecciones de diputaciones federales.

Al respecto, este Tribunal Electoral ha sostenido que los partidos coaligados pueden interponer los medios de impugnación ya sea a través de los representantes de la coalición (conforme al convenio respectivo)[13] o bien, en forma individual a través de sus representantes, en tanto que la figura de la coalición implica que los partidos políticos conservan su individualidad aun cuando postulan a la misma candidatura a un cargo de elección popular[14].

3. Personería. Se tiene por acreditada la personería de José Francisco Barrientos Muñoz como representante propietario de MC; y de Juan Jaime Hernández Villalobos como representante propietario del PAN ambos ante el 02 Consejo Distrital del INE en el estado de Jalisco, toda vez que el Consejo responsable les reconoce la personería en sus respectivos informes circunstanciados.[15]

4. Oportunidad. Se cumple este requisito, pues la sesión especial de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales, cuyos resultados se controvierten, dio inicio el seis de junio y concluyó el día siguiente, como se constata con el Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo que obra en el expediente, referida con antelación.[16]

Así, los cuatro días para cuestionar dicho acto transcurrieron del ocho al once del señalado mes, tomando en consideración que durante los procesos electorales como el que actualmente se desarrolla en el ámbito federal, todos los días y horas son hábiles, atento a lo establecido en el artículo 7, numeral 1 de la Ley de Medios.

De modo que si MC y el PAN presentaron sus escritos de demanda el once de junio, como se hizo constar con el acuse de recibo asentado en la primera página de cada ocurso[17], es clara su promoción oportuna

B. Requisitos especiales.

Los escritos de demanda satisfacen los requisitos especiales previstos en el artículo 52, numeral 1, de la Ley de Medios, en tanto que la parte actora en el expediente SG-JIN-77/2024 dirigen su impugnación contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa; por nulidad de votación recibida en diversas casillas.

A su vez, en el expediente SG-JIN-78/2024 se requirió PAN mediante acuerdo de diecisiete de junio para que aclarara el tipo de elección que impugnaba, si la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa o representación proporcional o por ambos principios, apercibiéndole de que en caso de no precisarlo se entendería que impugnaba la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.

Así, toda vez que el PAN no aclaró cuál elección impugnaba, se hizo efectivo el apercebimiento, de manera que, en el expediente SG-JIN-78/2024 se determinó que impugna únicamente la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.

Al encontrarse satisfechos en la especie los requisitos de procedencia de este juicio, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada.

QUINTA. Estudio de fondo.

1. Suplencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1 de la Ley de Medios, este Tribunal Electoral suplirá las deficiencias en la expresión de agravios, siempre y cuando las partes actoras hayan proporcionado hechos a través de los cuales se puedan desprender las violaciones que reclaman, sin que lo anterior implique una suplencia total ante la ausencia de agravios, pues es menester que las partes actoras mencionen de manera expresa y clara los hechos en que basan su impugnación, los agravios que le causan los actos impugnados, así como los preceptos presuntamente violados, en observancia de lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso e) de la ley de referencia.[18]

2. Pretensión. En el expediente SG-JIN-77/2024 MC hace valer la nulidad de votación recibida en casilla.

Por su parte, el PAN en el expediente SG-JIN-78/2024 hace valer, por un lado, causas de nulidad de votación recibida en las casillas que más adelante se precisarán y, por otro, se inconforman contra la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría.

3. Metodología. Atendiendo a lo anterior, esta Sala Regional analizará en primer lugar los agravios relacionados con la nulidad de votación recibida en casilla y, posteriormente, se estudiarán los motivos de disenso hechos valer respecto a la nulidad de la elección conforme a la siguiente metodología.

A.     Nulidad de la votación recibida en diversas casillas, a la luz de las causales de nulidad de votación recibida en casilla contempladas en los incisos e), f), i) y k) del artículo 75, numeral 1 de la Ley de Medios. Dicho estudio se realizará por separado atendiendo a las casillas que impugnó cada uno de los partidos actores.

B.     Nulidad de la elección impugnada

1.     Por rebase de topes de gastos de campaña.

Lo anterior no vulnera la esfera jurídica de las partes accionantes, sino que, por el contrario, busca atender a los principios de exhaustividad y congruencia a los que está compelido este Tribunal en el dictado de sus sentencias.[19]

4.     Análisis de los agravios.

Apartado A.

Nulidad de la votación recibida en diversas casillas, a la luz de las causales de nulidad de votación recibida en casilla contempladas en los incisos e), f), i) y k) del artículo 75, numeral 1 de la Ley de Medios

Conservación de los actos válidamente celebrados. Previo a analizar los motivos de disenso expresados por las partes actoras en torno a dicha temática, resulta pertinente aclarar que, dentro del análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, este órgano colegiado tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados[20], lo cual se traduce en que, irregularidades menores que puedan ocurrir antes, durante o incluso después de concluida la etapa de la jornada electoral, que no sean determinantes para el resultado de la votación o la elección, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de la ciudadanía electora de una casilla.

Asimismo, se tendrá presente que en toda causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, solo que, en algunos supuestos se encuentra regulado de manera expresa, en tanto que, en otras causales dicho requisito está implícito.

Esta diferencia no impide que en el último caso no se deba tomar en cuenta ese elemento, sino que su referencia expresa o implícita, repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, tratándose de las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en los incisos f), g), i), j) y k) del artículo 75 de la Ley de Medios, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla se deben acreditar los supuestos normativos que la integran, pero, además será necesario valorar los errores, inconsistencias o irregularidades con el objeto de ponderar si son determinantes para el resultado de la votación.

En el caso de las reguladas en los incisos a), b), c), d), e) y h), de artículo 75 de la Ley de Medios, existe una presunción iuris tantum de que las respectivas causas que provocan la sanción anulatoria son determinantes para el resultado de la votación, salvo prueba en contrario, por lo que, la irregularidad que se presente no será determinante cuando se acredite que no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis normativa.[21]

Los partidos MC y PAN impugnan las siguientes casillas.

Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios encaminados a cuestionar la existencia de irregularidades ocurridas en las casillas señaladas por las partes demandantes, conforme a las hipótesis de nulidad establecidas en el artículo 75, numeral 1 del precitado ordenamiento.

Los partidos MC y PAN controvierten la votación recibida en las casillas referidas previamente; dicho análisis se hará sistematizando su estudio mediante el agrupamiento de las casillas materia de controversia, atendiendo a la causal de nulidad invocada en cada caso por las partes actoras:

APARTADO A

En esencia los partidos MC y PAN señalan que diversas personas que participaron como funcionarias en las mesas directivas de casillas no fueron designadas por la autoridad electoral, se tomaron de la fila y no se encuentran inscritas en la lista nominal del electorado.

Marco Normativo.

Conforme a lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que la misma se recibió por personas u órganos distintos a los facultados conforme a la normativa electoral vigente.

Al respecto, el artículo 82, párrafo 1, de la LGIPE dispone que las mesas directivas de casillas se deben conformar por una persona presidenta, una secretaria, dos personas escrutadoras y tres personas suplentes generales. Para el caso que concurran dos procesos electorales, el mismo dispositivo prevé la adición de una persona secretaria y una escrutadora.

Dicha ciudadanía es designada en la etapa preparatoria de la elección mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 254 de la LGIPE. Sin embargo, cuando alguna persona designada no acuda el día de la jornada electoral, la propia normativa prevé el procedimiento que debe seguirse para su sustitución a fin de que la casilla se instale, funcione y reciba el voto de las personas electoras.

En efecto, el párrafo 3 del artículo 274 de la LGIPE dispone que las sustituciones del funcionariado de casilla deben recaer en personas electoras que se encuentren formadas en la casilla para emitir su voto. En ningún caso podrán recaer los nombramientos en personas representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes.

De esta manera, si se demuestra que la mesa directiva de casilla se integró por personas que no fueron previamente designadas y además que no están incluidas en el listado nominal de la sección, o bien, son representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, se tendrá por acreditada la causal de nulidad que se invoca.

Es posible que no se tenga por actualizada la causal en estudio cuando, a pesar de la ausencia de alguna o algunas de las personas funcionarias de la mesa directiva de casilla, se acredite que las personas integrantes de la mesa directiva de casilla, que estuvieron presentes, realizaron las actividades del funcionariado faltante sin que ello mermara su desempeño. Por ejemplo, la mesa directiva de casilla puede verse disminuida en el número de personas y prescindir de escrutadoras, pues al ser funciones auxiliares se pueden asumir entre las y los integrantes presentes.[22]

Tampoco se actualizará necesariamente dicha causal, cuando las ausencias de la persona funcionaria originalmente designada se hubiese cubierto sin seguir estrictamente el orden de prelación fijado en la ley, o cuando entre las y los funcionarios intercambien sus puestos. En ambos casos, siempre y cuando la votación habría sido recibida de igual forma, esto es, por personas debidamente insaculadas, capacitadas designadas por el consejo distrital respectivo o, en su caso, tomadas de entre las personas electoras de la sección electoral de que se trate, que estuviesen formadas para ejercer su derecho de voto en esa casilla.[23]

En el caso, MC y el PAN hacen valer esta causal de nulidad respecto de las casillas que en cuadro individuales se insertarán más adelante.

Consecuentemente, a fin de determinar si se actualizan las violaciones alegadas, se elaboró un cuadro comparativo por cada parte actora y del análisis en el que se sintetiza la información que arrojan las pruebas aportadas por las partes respecto de la integración de las mesas directivas de las casillas impugnadas.

Así, en cada caso, en la primera columna se indica el número consecutivo de las casillas impugnadas por la parte actora; en la segunda casilla se indica su número y tipo; en la tercera se precisa el cargo o nombre de la persona que la parte actora afirma que recibió la votación el día de la jornada electoral sin estar facultada para ello conforme a la normativa aplicable. Los datos anteriores se obtuvieron de los escritos de demanda que dieron origen a los juicios que aquí nos ocupan.[24]

En la cuarta columna se precisa el nombre de la persona cuestionada —en caso de que la parte actora solo haya proporcionado el cargo— o se verifica si la persona cuestionada efectivamente se desempeñó como funcionaria de la casilla impugnada —en caso de que la parte inconforme hubiese proporcionado su nombre o, en su caso, nombre y cargo—. Este dato se obtiene de lo asentado en el acta de la jornada electoral (AJE) o, a falta de ésta, de alguna otra acta o documento generado en el ámbito de la casilla el día de la jornada electoral —por ejemplo, acta de escrutinio y cómputo (AEC), hoja de incidentes (HI), constancia de clausura (CC), incluso alguna constancia documental de la elección local requerida en auxilio a la autoridad electoral local (CDEL), o bien, de ser necesario el AEC alojada en el Programa de resultados electorales preliminares (PREP), en cuyo caso, se identifica el documento y folio o fuente del que fue obtenido a partir de las constancias que obran agregadas al expediente.

En el caso que nos ocupa las actas de la jornada electoral, las de escrutinio y cómputo, las hojas de incidentes y el encarte se allegaron de manera física y/o electrónica por la autoridad responsable junto con su informe circunstanciado o derivado de diversos requerimientos formulados en los expedientes que se resuelven. En ese sentido, en los casos en los que se invoque algún dato obtenido de esas actas, después de las iniciales del documento, se precisará el número de folio en el que obra agregada la documental o el medio magnético que contiene la información a que se hace referencia.

En la columna quinta y a partir de la información registrada en la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla —aprobada previamente por la autoridad administrativa electoral (encarte) el cual obra agregado en un DVD visible a fojas 1-92 en el cuaderno accesorio 3 del expediente SG-JIN-78/2024 — se constata si la persona funcionaria cuestionada fue previamente designada para integrar la mesa receptora de la votación el día de la jornada electoral pues, de ser así, será evidente lo infundado del agravio.

Para verificar si la persona cuestionada fue designada previamente por la autoridad administrativa electoral, se revisará la integración de la casilla según el encarte; en cualquier caso, se indica que “SI” o “NO” (se encontró en el encarte) seguido de la página en que se puede visualizar la integración de la casilla, pero en este caso, con base en la numeración particular del propio encarte.

En caso de que la persona funcionaria de casilla impugnada no aparezca enlistada en el encarte, en la columna sexta se verifica si ésta aparece en la lista nominal correspondiente a la sección electoral de que se trate pues, de ser así, cabe concluir que la misma fue tomada de la fila de personas electoras el día de la jornada electoral para completar la integración de la mesa directiva de casilla frente a la ausencia de alguna o algunas de las personas designadas originalmente.

Respecto a esta columna es oportuno precisar que los cuadernillos de las listas nominales correspondientes a las secciones de las casillas impugnadas fueron remitidos por la autoridad responsable algunas en formato físico, otras en formato digital[25] y por el Registro Federal de Electorales del INE en archivo electrónico (dispositivo DVD y link de repositorio).[26]

En caso de que la persona cuestionada sí se encuentre en el cuadernillo del listado nominal correspondiente a la casilla en estudio, ello se indica con un “SÍ” seguido, en su caso, del nombre del archivo electrónico, de ser el caso; de la sección, el consecutivo en el que se ubica el registro individual de la persona cuestionada y, en su caso, la página del folio del cuaderno accesorio en que se encuentra agregada lista nominal en forma física . Lo anterior sin perjuicio de que, en casos excepcionales a lo ordinario, se hagan las explicaciones pertinentes en la propia tabla o por nota a pie de página.

Finalmente, en la columna séptima a modo de conclusión de la información que resulta del análisis de la fila a examen, se precisa si el agravio, respecto de la casilla de que se trata, se determina fundado, infundado o inoperante.

Cabe precisar que, salvo excepción específica, los datos necesarios para el análisis de la causal serán obtenidos de la documentación electoral, aprobada por el Consejo General del INE en ejercicio de sus funciones constitucionales, previstas en los artículos 41, bases V, apartado A, párrafos primero, segundo y tercero y apartado B, de la Constitución, así como 44, inciso ñ), de la LGIPE.

En términos de los artículos 14, numeral 1, inciso a), numeral 4, inciso a) y 16, numeral 2, de la Ley de Medios; la documentación electoral elaborada por las autoridades electorales en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales tiene valor probatorio pleno. Dicho en otras palabras, dicha documentación es una prueba preconstituida de los hechos que se hacen constar.

a)      Casilla en la que no formula agravio.

Con relación a la casillas 2797-C1 MC precisa la casilla, pero no señala el cargo ni el nombre de la persona que impugna, por lo que al no tener nombre que verificar su pretensión de nulidad de votación resulta inoperante.

b)    El nombre de la persona cuestionada no corresponde a alguna de las personas funcionarias de casilla el día de la jornada electoral.

Respecto de la casilla 1760-E1 el agravio resulta inoperante ya que la persona cuestionada por PAN no aparece entre quienes desempeñaron alguno de los cargos de la mesa directiva de la respectiva casilla; por tanto, no se acredita el hecho en el que el PAN funda su pretensión de nulidad.

c)    La persona cuestionada que se desempeñó en la mesa de casilla fue designada por la autoridad en el encarte.

Por lo que hace a las personas cuestionadas que fungieron en determinado cargo en las casillas 1703-C1, 1706-B1, 1706-C4, 1707-C3, 1709-B1, 1709-C1, 1736-C1, 1753-B1, 2076-B1, 2797- B1 y 3881-C1 de la tabla que antecede permite visualizar que dichas personas se encuentran en el encarte autorizado por la autoridad administrativa electoral, quienes en ciertos casos participaron en diversos cargos a los que fueron designados, lo que implica que cumplían con los requisitos correspondientes y, por tanto, resulta infundado el argumento de nulidad planteado por la parte actora.

d)    La persona cuestionada no fue designada según el encarte, pero sí aparece en la lista nominal.

En el caso de las personas cuestionadas que se desempeñaron en cierto cargo en las casillas 1702-C6, 1706-C3, 1708-C1, 1713- B1, 1713-C3, 1713-C8, 1722-C1, 1723-B1, 1729 C1, 1729 C2, 1730 B1, 1736 C2, 1747 C1, 1759 B1, 1761 B1, 1761 E1, 1767 E1 C1, 1769 C5, 1772 C2, 2068 B, 2068 C5, 2794 C5, 2796 B1, 2797 B1, 3649 C1 y 3695 C2 el agravio también resulta infundado pues si bien es cierto existió sustitución de alguna o algunas de las personas funcionarias designadas en el encarte, se advierte que las sustituciones necesarias se hicieron con personas electoras que pertenecen a la sección electoral donde recibieron la votación.

Así, en todas las casillas analizadas, los nombres de las personas funcionarias se encuentran incluidas en el listado nominal de la sección, por lo que es evidente que en el caso concreto no se afecta la certeza de la votación recibida, pues la sustitución de las personas funcionarias se hizo en los términos que señala la ley.[28]

No es óbice para concluir lo anterior que, en el caso de la casilla 1708-C1 se haya incorporado a la mesa directiva de casilla una persona tomada de la fila y en el listado nominal de electores con fotografía en prisión preventiva para la elección federal del 2 de junio

En principio, derivado de la sentencia de este Tribunal Electoral SUP-JDC-352/2018 y su acumulado, el INE elaboró los Lineamientos y el Modelo de Operación Voto de la Personas en Prisión Preventiva[29] en donde implementó el procedimiento para la conformación de la Lista Nominal del Electorado en Prisión Preventiva para este proceso electoral.

Dichos Lineamientos y el Modelo de Operación VPPP[30] contemplan el ejercicio del Voto de Personas en Prisión Preventiva de forma anticipada al interior de los Centros Penitenciarios. Así respecto a la integración de la Lista Nominal del Electorado en Prisión Preventiva se consideró que sería a solicitud expresa de las personas en prisión preventiva y su domicilio correspondería al de la prisión en el cual se encontrará.

En el caso, el ciudadano que integró la casilla mencionada como tercer escrutador, de acuerdo con lo que se desprende del acta de escrutinio y cómputo respectiva, y si bien es cierto que, acorde a lo informado por la responsable, dicho ciudadano en su momento fue inscrito en el listado nominal de electores con fotografía en prisión preventiva correspondiente al Centro Integral de Justicia Regional, Altos Norte —lo que supondría que para el actual proceso electoral emitiría su voto en el respectivo centro de reclusión y en términos de la normativa aplicable para esos casos—.

No obstante, se tiene que la responsable afirmó en su informe circunstanciado que el día de la jornada electora y a solicitud del propio ciudadano, al haber obtenido su libertad previo a la jornada electoral, fue reincorporado al listado nominal ordinario de la sección 1708, lo que justifica y explica que en esa fecha se encontrara formado para sufragar y, eventualmente se hubiese incorporado a la mesa directiva de casilla frente a la ausencia de funcionarios suficientes.

En apoyo a lo anterior, la responsable aportó como prueba copia certificada de la credencial para votar de la credencial para votar del interesado —de la que se desprende la sección electoral de su domicilio— así como constancia de su registro previo al listado nominal con fotografía de personal en prisión preventiva.

La afirmaciones y pruebas anteriores valoradas conforme a lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley de Medios, se concluye que el ciudadano que integró la casilla 1708-C1 como tercer escrutador, si bien fue tomado de la fila y presumiblemente habría de ejercer su derecho de voto en el centro de reclusión preventiva, también lo es que: i) se encontraba en el Listado Nominal de Electores con Fotografía en Prisión Preventiva para la elección Federal del 2 de junio de 2024; ii) tenía sus derechos político-electorales y credencial de elector vigente; iii) pertenece a la sección 1780; y iv) el día de la jornada electoral se encontraba en libertad.

Sin que pase inadvertido que el referido ciudadano solicitó votar de manera voluntaria en prisión preventiva; sin embargo, al momento de la votación anticipada ya se encontraba en libertad; pero dicho cambio de situación jurídica por el que se vio beneficiado no puede generarle un perjuicio en el ejercicio de sus derechos político-electorales ni afectar el principio de conservación de los actos válidamente celebrados, pues dicha situación no podría estimarse como un impedimento para integrar dicha casilla.

Lo anterior es así ya que se debe potencializar el ejercicio de los derechos de personas en prisión preventiva, incluyendo a aquellas que, cumpliendo con los requisitos previstos, tengan un cambio de situación jurídica. De acuerdo con la sentencia SUP-REC-342/2023 de la cual se destaca que se debe privilegiar la interpretación progresiva a partir de la adaptación de las circunstancias que impone la realidad a los supuestos previstos al momento de establecer la norma.

Por tanto, el agravio es infundado pues la casilla impugnada se integró con una persona perteneciente a dicha sección.

e)    La votación se recibió por personas distintas a las autorizadas por la ley.

Con relación a la casilla 1703 C3 el agravio resulta fundado, ya que en ella quedó plenamente demostrado que la mesa directiva fue integrada de manera indebida, en virtud de que al menos una de las personas funcionarias que actuaron el día de la jornada electoral no fue insaculada por la autoridad electoral correspondiente, ni tampoco se encuentra inscrita en el listado nominal de la sección donde actuó. De ahí que lo procedente sea declara su nulidad y descontar la votación ahí recibida.[31]

En su escrito de demanda, el PAN plantea que la sesión de recuento resulta ilegal y violatoria de los principios constitucionales de legalidad y certeza, pues de manera indebida el Consejo Distrital 2 en Jalisco llevó a cabo el recuento total de la votación, tomando en cuenta para ello, de manera injustificada el PREP, el cual no es un medio legal idóneo para marcar la diferencia entre el primer y segundo lugar en la votación, debido a la falta de conteo de la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo del total del distrito.

El argumento de invalidez anterior se determina inoperante, pues contrario a lo que sugiere la parte actora, y en conforme a una interpretación armónica de lo previsto en los artículos 219.1 y 311. 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales los resultados arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) sí puede constituir una fuente válida para determinar la procedencia del recuento total de la votación como se explica a continuación.  

En efecto, conforme a lo previsto en el segundo de los preceptos invocados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas Consejo Distrital cuando:

        exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual; y

        Al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados.

Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.

Como se ve, lo que la norma pide como condición para que proceda el recuento total de la votación —además de la solicitud del representante de partido al inicio de la sesión— es que se presente la sumatoria de los resultados por partido consignados en las actas de escrutinio y cómputo; es decir, no se impone la obligación de presentar la totalidad de las actas como lo sugiere la parte actora, sino solo la sumatoria de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo, a fin de estar en aptitud de determinar si la diferencia entre el primer y segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual.

En la lógica anterior se estima que acorde a lo que prevé el artículo 219. 1. De la LGIPE, los resultados obtenidos del Programa de Resultados Electorales Preliminares son jurídicamente idóneos para obtener los resultados a que se refiere el diverso 311.2, si tomamos en cuenta que, conforme a dicho precepto, el PREP es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares que, si bien son definitivos, y de carácter estrictamente informativo, si cumplen con la finalidad de aportar el indicio necesario para plantear el recuento total de votos, porque la propia norma prevé que estos resultados se obtienen a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el Instituto o por los Organismos Públicos Locales, además de que  su objetivo es el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía.

De ahí que no le asista la razón a la parte actora en el sentido de que el “PREP” no es un medio legal idóneo para marcar la diferencia entre el primer y segundo lugar en la votación antes del inicio de la sesión de cómputo distrital.

En la misma línea, lo infundado del agravio radica en que contrario a lo argumentado por el PAN, el Consejo responsable realizó el recuento total a petición de MC quien sustentó su solicitud en las cifras que se encontraron publicadas en la página del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para señalar que existía una diferencia entre el primero y segundo lugar era menor a un punto porcentual.

Aunado a que de la lectura del ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE, DIPUTACIONES Y SENADURÍAS PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024.[32], no se advierte que el representante del PAN hubiera manifestado inconformidad alguna  con relación a la determinación de llevar a cabo el recuento total y en el presente juicio no sustenta con medio de prueba alguno que el recuento no se realizó en términos de lo establecido en la normativa aplicable.

Lo anterior, como se desprende de la referida Acta, la que en lo que al caso interesa, precisa lo siguiente:

“Posteriormente se continuó con el punto 3 relativo al Cómputo distrital de la votación para Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa. El Consejero Presidente informó al 02 Consejo Distrital que se cotejarían en Pleno 122 actas, informando que para recuento de votos se tienen 426 paquetes, con una integración de 3 Grupos de Trabajo con 10 puntos de recuento.-------------------------------------------

Al iniciar el punto, el Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano solicitó se realizara el Recuento Total de la Elección de Diputaciones, ya que de acuerdo a las cifras que se encontraron publicadas en la página del Programa de Resultados Electorales Preliminares existía una diferencia entre los partidos, que ocupan el primero y segundo lugar en la elección de Diputaciones, de menos de un punto porcentual. Por lo que, solicitó fuera realizado el Recuento total.-----------------------------------------------------------------------

Por lo anterior, el Consejero Presidente realizó las gestiones necesarias para atender la solicitud del Representante de Movimiento Ciudadano, solicitando que el Sistema de Cómputos Distritales, de Entidad Federativa y Circunscripción, permitiera realizar el Recuento Total, después de varias horas de espera para que se realizara el ajuste solicitado, se conformaron 4 grupos de trabajo para realizar el cómputo de cada una de las casillas que les fueron asignadas, estando a cargo de cada grupo un Vocal y un Consejero.”

De ahí que al no asistirle la razón su agravio planteamiento resulta infundado

Por otra parte, la parte actora propone la invalidez de la elección, bajo el argumento de que hubo anomalías graves al momento de recontar los votos de las casillas 1892 C2 y 2474 C1, pues en su concepto, la variación entre el registro de la votación tomada en casilla y la registrada en las actas de recuento a favor de MC, responde a una alteración del paquete electoral, donde se utilizaron de forma sistemática las boletas sobrantes de la votación de la jornada electoral, para favorecer a MC al momento del recuento, además de reducirle votos al PAN.

En este apartado, del escrito de demanda del PAN se advierte que plantea la posible actualización de las causales de nulidad de votación a que se refiere el artículo 75, de la ley de medios, numeral 1, incisos f) y k).

Cabe precisar que de acuerdo con el Encarte[33], así como del resto de las constancias que obran en los expedientes que se resuelven se advierte que la casilla 2474 C1 no corresponde al distrito 02 en el estado de Jalisco, sino 16 con cabecera en Tlaquepaque, Jalisco, razón por la cual los agravios expuestos por el PAN respecto a esa casilla resultan inoperantes.

Ahora bien, respecto de la casilla 1892 C2, con relación a la causa de nulidad de votación por el inciso f) del artículo 75 la Ley de Medios, su agravio es inoperante porque sus alegaciones no van dirigidas a cuestionar diferencias determinantes de la comparación de los rubros fundamentales del procedimiento de escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla[34] sino a hacer patentes diversas irregularidades derivado de que en el recuento de dicha casilla a MC se le adicionaron 50 votos, por tal razón únicamente se analizará a la luz del inciso k) del referido numeral de la Ley de Medios.

Ahora bien, para que se actualice la causal genérica de nulidad, deben colmarse los elementos configurativos de la misma; a saber:

a)      Que se acredite plenamente la existencia de irregularidades graves[35];

b)      Que no sean reparables durante la jornada o en las actas de escrutinio y cómputo;

c)      Que las irregularidades pongan en duda la certeza de la elección; y

d)      Que resulten determinantes para el resultado de la elección.

En el caso concreto, el PAN señala que existe una discrepancia de la votación obtenida por el partido MC en el Acta de Escrutinio y Cómputo de la casilla 1892 C2 y en el Acta de Recuento, pues advierte una diferencia de 50 votos en favor de dicho partido, mientras que el PAN resultó con menor cantidad de votos, así como una cantidad menor de boletas sobrantes.

Dicha variación se la atribuye a una supuesta violación de la cadena de custodia, con el objeto de elevar los resultados de la votación de MC.

Los resultados de la votación se registraron de la manera siguiente:

De la tabla anterior, se puede desprender que de los resultados obtenidos en el AEC y el Recuento existe una discrepancia de 72 votos 51 que se adicionaron a MC (contabilizando el voto reservado y que se le otorgó) y 21 más que se sumaron a los votos nulos.

También de la tabla indicada se identifican los votos que variaron derivado que incorrectamente se habían otorgado a otras fuerzas políticas cuya suma asciende a la cantidad de 62 (2 MORENA; 10 PAN-PRI; 1 PAN-PRD; 10 PVEM-PT; 11 PVEM-MORENA; 28 PT-MORENA).

En este sentido, si de los 62 votos anteriores, tomamos 51 para justificar los que se adicionaron a MC, nos restarían 11 que podemos utilizar para justificar los 21 votos nulos faltantes, por lo que solo tendríamos 10 votos presuntamente irregulares.

Ahora bien, para determinar si esos 10 votos son determinantes, se verificará la diferencia que existen entre el 1º y 2º lugar en la casilla 1892 C2.

Del Acta Circunstanciada del Registro de Votos Reservados de la Elección de Diputaciones del Proceso Electoral Federal 2023-2024 para su definición e integración a las casillas correspondientes del distrito electoral uninominal 02 del Estado de Jalisco de la casilla 1892 C2,[38] se advierte que se obtuvieron los siguientes votos:

Con base en lo anterior, se calcula la diferencia entre el 1er y 2º lugar en la casilla.

Como se advierte de lo anterior los 10 votos no son determinantes para de resultado de la votación obtenida en la casilla 1892 C2 ya que la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 35 votos, de ahí que su pretensión de nulidad como irregularidad grave resulte infundada.

Ahora con relación a la alegación del PAN en el sentido de suponer que por la variación de los votos el paquete fue alterado para establecer nuevos valores, violándose la cadena de custodia, tampoco le asiste la razón pues, por una parte, la diferencia de la distribución de los votos quedó explicada y se justifica acorde a la propia naturaleza y finalidad de la figura del recuento de votos, conforme a lo cual y como se demostró previamente los 51 votos adicionados a MC se obtuvieron de votación que presuntamente se había computado en un principio a otras fuerzas políticas en forma incorrecta y no de las boletas sobrantes.

Por otra parte, lo inatendible del alegato, radica también en que la parte actora pretende deducir la supuesta alteración del paquete en las diferencias que reportan el recuento de votos frente a los resultados que reportaba el acta de escrutinio y cómputo de casilla y no en posibles inconsistencias derivadas de los actos y datos propios de la constancia de clausura del a casilla, contrastada por ejemplo con la llegada del paquete al Consejo Distrital o alguna información derivada del acta circunstanciada de la sesión de computo distrital o de las particulares que se generan en las mesas de recuento relativas al estado del paquete electoral, de ahí que su argumento por genérico y vago, se torne inoperante.

El PAN refiere que el día de la jornada electoral en diversas casillas personas que fungieron como funcionarias de mesas directivas de casillas o representaciones de MC cuentan con el carácter servidoras públicas, lo que se traduce en una clara señal de coacción hacia la ciudadanía que acudió a emitir su sufragio, así como de las personas que participaron como funcionarias de casilla.

Alega que no se trata de un acontecimiento aislado, ya que son centros de votación que se instalaron en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, el cual es gobernado por MC, tal como se desprende de la página electrónica del Instituto Electoral y de Participación del Estado de Jalisco.

Respecto de las personas servidoras públicas que se desempeñaron como funcionarias de casilla o representantes de MC refiere que esa información podía ser visualizada en la página electrónica del Ayuntamiento, que solicitó al Ayuntamiento la expedición de la plantilla laboral de todos los servidores públicos sin que se le hubiera facilitado la misma, ya que al ingresar la dirección electrónica  http://ldm.gob.mx/ le arrojó el siguiente mensaje “Error al establecer conexión en la base de datos.”

También precisa que hizo una solicitud de información al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco,[39] misma que inserta en su demanda, por lo que manifiesta que esta autoridad deberá requerir la estructura del referido Ayuntamiento, ya que la adjunta en formato físico a su demanda.

También argumenta que ha sido criterio de la Sala Superior de este Tribunal que las autoridades de mando superior que participan como funcionarias o representantes generan una presunción de presión sobre el electorado, sin embargo, en este caso, no debe tomarse en cuenta dicha circunstancia, sino que se trata de una conducta sistematizada en la que se detectaron por lo menos 39 personas servidoras públicas que el día de la jornada fungieron como funcionarias de casilla o representantes de MC.

Dicha conducta señala debe ser considerada como un despliegue del gobierno municipal encabezado por Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, candidato a diputado federal por el 02 distrito electoral quien también es jefe de todas las personas que se desempañaron en dichos cargos el día de la jornada, por lo que su permanencia en los centros de votación como vigilantes de las actividades de las mesas directivas de casilla y del electorado que detentan frente a los vecinos de la localidad con los que entablan relaciones necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana como la prestación de los servicios públicos que administran dichas autoridades.

Además, refiere que al ser Lagos de Moreno una comunidad pequeña resulta claro que la sola presencia y permanencia en la casilla para cuidar el voto que se habrá de emitir en favor del presidente municipal con licencia genera temor ante las posibles represalias por parte de la autoridad, debido a que el electorado es vigilado por los servidores públicos municipales, lo que no puede considerarse una conducta aislada, sino sistemática para vigilar la votación, que puede generar coacción o inhibición para que el electorado cambie el sentido de su voto, debido a que son funcionarios del Ayuntamiento y quien participa en la elección es precisamente el presidente municipal con licencia.

Por otra parte, señala que el artículo 83 de la LGIPE prevé que para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere no ser servidor público de confianza con mando superior, debido a que tal participación genera presunción de que se ejerció presión sobre las personas votantes.

Por lo que considera que si el partido MC desarrolló una actividad ilícita al establecer representantes ante mesas directivas de casilla en por lo menos 39 centros de votación, que son servidores del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, la sola presencia de éstos debe ser considerada como una potestad del presidente municipal con licencia debido a que él fue candidato a diputado federal por el 02 distrito electoral federal en Jalisco, por lo que reitera que la sola presencia de los servidores públicos independientemente de que cuenten con mando superior o no, es en realidad una supervisión que lleva a cabo el ayuntamiento a través de sus servidores públicos respecto de la actividad electoral y considerar que por no contar con mando superior no se genera coacción es permitir un posible fraude a la ley, en que el presidente municipal que contiende a un cargo público pone a sus subalternos a vigilar que el voto de la ciudadanía le favorezca necesariamente conlleva una coacción o presión sobre el electorado.

Finalmente refiere como apoyo a sus manifestaciones mutatis mutandis la jurisprudencia 24/2000 de la Sala Superior de rubro VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLAO LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES), así como criterio orientador la jurisprudencia 39/2002, de rubro NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA CRITERIOS PARA ESTABLECER CUANDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN.

Asimismo, que resulta procedente la declaración de nulidad de la votación recibida en las casillas que previamente individualizó y que ante el cambio de ganador se deberá otorgar la constancia de mayoría a la candidatura postulada por el PAN.

Las casillas en las que refiere el PAN se presentó esa irregularidad son 39, las cuáles serán precisadas en párrafos posteriores.

Marco Normativo.

La causa de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso i) del artículo 75, de la Ley de Medios, se actualiza cuando se ejerce violencia física o presión sobre las y los miembros de la mesa directiva de casilla o las y los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

La consecuencia de la actualización de los hechos previstos como hipótesis normativa en la causa de nulidad mencionada, es la anulación de la votación, dado no puede reconocerse efectos jurídicos a la votación que es recibida en una casilla bajo esas condiciones.

Cuando se actualizan los elementos de la causa de nulidad se priva de efectos jurídicos al acto de la votación recibido en la casilla sin que se reconozca ningún voto a favor de los partidos políticos y las candidaturas.

En ese sentido, a través de una sanción de anulación se busca asegurar la realización de elecciones libres y auténticas; los principios rectores de la función estatal de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como las características del voto como libre y secreto; de modo que, la nulidad de la votación recibida en casilla es un instrumento que inhibe la realización de la violencia física y la presión.

Los elementos normativos del tipo de nulidad son:

Se distinguen dos tipos de acciones, una que consiste en la realización de actos de violencia y la otra en la realización de actos de presión, las cuales se analizarán al referirse a las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Existen conductas que, cuando se realizan de acuerdo con las condiciones, términos y plazos que se prevén en la normativa electoral son lícitas, pero si llegan a traspasar las prohibiciones jurídicas resultan en actos de presión hacia el electorado.

También pueden existir casos en los que la presencia de personas funcionarias públicas con ciertas facultades relevantes y reconocimiento social como integrantes de las mesas directivas de casilla o representaciones de partidos ante las mismas pueden constituir una forma de presión hacia las personas integrantes de la mesa directiva de casilla o las y los electores.

Criterios sostenidos en la jurisprudencia 3/2004 y tesis II/2005, de la Sala Superior de este Tribunal, de rubros: “AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCION DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES)”[40] y “AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DE SINALOA)”[41].

Caso concreto.

De manera destacada el PAN refiere que el día de la jornada electoral en diversas casillas personas que fungieron como funcionarias de mesas directivas de casillas o representaciones de MC cuentan con el carácter servidoras públicas, lo que se traduce en una clara señal de coacción hacia la ciudadanía que acudió a emitir su sufragio, así como de las personas que participaron como funcionarias de casilla.

Que para analizarse dicha pretensión de nulidad de votación en casilla no debe tomarse en cuenta la circunstancia de que las personas impugnadas no son autoridades de mando superior, sino que se trató de un conducta sistemática en la que se buscaba vigilar los votos a favor del candidato a diputado federal del 02 distrito electoral federal quien es el presidente municipal con licencia de Lagos de Moreno Jalisco.

Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere, entre otras condiciones, el no ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía.

En el mismo tenor, de acuerdo la Jurisprudencia 3/2004, de rubro: AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES); en atención a la sola posibilidad de que las autoridades enumeradas puedan inhibir la libertad hasta con su mera presencia, y con más razón con su permanencia, en el centro de votación, como vigilantes de las actividades de la mesa directiva y de los electores, en consideración al poder material y jurídico que detentan frente a todos los vecinos de la localidad, con los cuales entablan múltiples relaciones necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como la prestación de los servicios públicos que administran dichas autoridades, las relaciones de orden fiscal, el otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos o concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o fabriles, la imposición de sanciones de distintas clases, etcétera.

Lo anterior, pues los ciudadanos pueden temer en tales relaciones que su posición se vea afectada fácticamente, en diferentes formas, en función de los resultados de la votación en la casilla de que se trate. En efecto, si se teme una posible represalia de parte de la autoridad, es factible que el elector se sienta coaccionado o inhibido y que esta circunstancia lo orille a cambiar el sentido de su voto, si se sienten amenazados velada o supuestamente pues aunque esto no debería ocurrir, en la realidad se puede dar en el ánimo interno del ciudadano, sin que el deber ser lo pueda impedir o remediar, por virtud a la posición de cierta subordinación que le corresponde en la relación con la autoridad.

Es decir, resulta lógico que el elector pueda tomar la presencia de la autoridad como una fiscalización de la actividad electoral, con la tendencia a inclinar el resultado a favor del partido político o candidato de sus preferencias, que son generalmente conocidas en razón del partido gobernante.

En consecuencia, cuando se infringe la prohibición de que una autoridad de mando superior sea representante de partido en una casilla, tal situación genera la presunción de que se ejerció presión sobre los votantes, presunción proveniente propiamente de la ley, si se toma en cuenta que el legislador tuvo la precaución de excluir terminantemente la intervención de las autoridades de referencia en las casillas, no sólo como miembros de la mesa directiva, sino inclusive como representantes de algún partido político.

En congruencia con lo anterior, los “lineamientos que establecen medidas para evitar la injerencia y/o participación de personas servidoras públicas que participan en la ejecución de programas sociales, así como las denominadas personas “servidoras de la nación” en los procesos electorales federales y locales 2023-2024, el día de la jornada electoral” (lineamientos) establece en su artículo 10, que las personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales, operadoras de programas sociales, y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, así como las personas servidoras de la nación, de los tres órdenes de gobierno, deberán abstenerse de participar el día de la jornada electoral:

        Como representantes partidistas generales o ante la mesa directiva de casilla;

        Como observadores electorales;

        Como funcionarios de las mesas directicas de casilla.

Cabe señalar, que en el artículo 2 de los lineamientos indican que se entiende por personas operadoras de programas sociales y actividades institucionales: “personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno, cualquiera que sea la denominación de su cargo o comisión encargadas de la difusión, empadronamiento, gestión, administración, implementación, entrega material de los beneficios y programas sociales y actividades institucionales a cargo de cualquier orden gubernamental.

Asimismo, los diversos artículos 15 y 19 de los mismos lineamientos, imponen la obligación a las personas que se pretende acreditar como funcionarios de la mesa directiva de casilla o como representantes de partido para que junto con su solicitud o designación firmen el formato de declaratoria bajo protesta de decir verdad de que no son personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación y no ser persona servidora de la nación o haber ostentado alguno de estos cargos al momento de realizar su registro.

En mérito de lo anterior, la presencia de las personas cuestionadas por la parte actora, en caso de ser verificada, será analizada a la luz de la causal propuesta, con la finalidad de determinar si, en cada caso, se acredita que las mismas se ubiquen en alguna de las hipótesis que permiten establecer la presunción de que su sola presencia implica presión sobre los electores (ya sea porque se trate de funcionarios de mando con poder de decisión, o porque estén vinculados u operen programas sociales o institucionales o se trate de las denominadas servidoras de la nación).

En caso afirmativo, se pasará al examen del resto de los elementos configurativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla, destacadamente la determinancia y, para finalmente examinar el hecho desde la perspectiva que cuestiona la validez de la elección frente al planteamiento de la concurrencia de una irregularidad generalizada.

Para llevar a cabo el examen siguiente, la información relativa al caso se presenta en la siguiente tabla analítica, y posterior a ella, las conclusiones que derivan del examen lógico jurídico del caso.

Cabe señalar, que para verificar si las personas cuestionadas efectivamente se desempeñaron como funcionarios de casilla o representantes de partido ante las mismas, se consultarán las respectivas actas de la jornada electoral (AJE) o, en su defecto de escrutinio y cómputo (AEC) generadas en cada una de las casillas impugnadas; asimismo, se procederá a verificar a partir de los apartados u hojas de incidentes (HI) si se registró alguna incidencia relacionada con la hipótesis de presión que en el caso que nos ocupa hace valer la parte actora.

Por otra parte, para verificar si las personas cuestionadas son servidores públicos que laboran en ese Ayuntamiento se tomó en cuenta el documento denominado “Plantilla e Ingresos por nómina mayo y junio 2024” remitido por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno a requerimiento de esta Sala.

En lo que aquí interesa, en el documento se obtiene el nombre, puesto y área de adscripción de la persona buscada, Lo anterior a fin de determinar, a partir de esa información, si la persona servidora pública ostenta un cargo de mando superior o, en su caso, por la naturaleza de su puesto, es posible concluir que se encuentre en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 10 de los lineamientos.[42]