Guadalajara, Jalisco, a dieciocho de julio de dos mil veinticuatro.

El Pleno de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, en sesión pública de esta fecha, resuelve modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; al haberse actualizado alguna de las causales de nulidad invocadas por lo que hace a las casillas 1156-C1, 1374-C1, 1778-B1 y 2033-B1; no obstante, se confirma la declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizadas por el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California.

Palabras Clave: diputaciones de mayoría relativa, cómputo distrital.

R E S U L T A N D O

l. ANTECEDENTES. De los escritos de demanda y de las constancias que obran en el expediente SG-JIN-169/2024, se desprende lo siguiente:

a) Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró el inicio del Proceso Electoral Federal ordinario 2023-2024, para la renovación de la Cámara de Diputados.[2]

b) Suscripción de convenios de Coalición. Es un hecho notorio para esta Sala Regional,[3] que diversos partidos políticos nacionales, solicitaron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral,[4] la formación de coaliciones, con la finalidad de postular candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa a elegirse en la jornada electoral federal del seis de junio de dos mil veintiuno, solicitudes que la referida autoridad administrativa declaró procedentes y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación,[5] según se ilustra a continuación:

        Fuerza y Corazón por México. Postula candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, y parcial para la postulación de sesenta fórmulas de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa y doscientas cincuenta y tres fórmulas de candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, aprobada mediante Resolución identificada con la clave INE/CG680/2023, por el Órgano Superior de Dirección del INE, en sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veintitrés y publicada en el DOF el doce de febrero de dos mil veinticuatro[6]; modificado por resolución INE/CG165/2024 aprobada por sesión del Consejo General del INE del quince de diciembre de dos mil veintitrés y publicada en el DOF el veinticinco de marzo[7].

        SIGAMOS HACIENDO HISTORIA. Para postular candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, y parcial para la postulación de cuarenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa y doscientas cincuenta y cinco fórmulas de candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México  y MORENA, para contender bajo esa modalidad en el proceso electoral federal 2023-2024, aprobada mediante resolución INE/CG679/2023 por el Órgano Superior de Dirección del INE, en sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veintitrés y publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil veinticuatro[8]; y su modificación aprobada mediante resolución con la clave INE/CG164/2024, emitida por el Consejo General del INE en sesión del veintiuno de febrero y publicada en el DOF el veintidós de marzo[9].

c) Jornada Electoral.[10] El dos de junio de dos mil veinticuatro[11] se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral federal 2023-2024.

d) Cómputo Distrital. El cinco de junio, inició el cómputo distrital del proceso electoral para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en el 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Baja California, arrojando los resultados reflejados en los cuadros que a continuación se insertan:[12]

Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido político y coalición, el 04 Consejo Distrital del INE en el Estado de Baja California, realizó la asignación de la votación de los partidos coaligados, para quedar de la siguiente forma:

Con base en los anterior, se determinó que la votación final obtenida por los candidatos contendientes fue:

ll. Acto impugnado. Al finalizar el cómputo, el 04 Consejo Distrital del INE en el estado de Baja California, declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de las candidaturas que obtuvieron la mayoría de los votos; y, expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por Morena integrada por Rocío López Gorosave como propietaria y Adriana del Pilar Reyes García como suplente.

II. JUICIO DE INCONFORMIDAD

a)  Presentación. El once de junio, Víctor Manuel Espinoza Melendres, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, promovió juicio de inconformidad ante la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Baja California.

b) Tercero interesado. Mediante escrito presentado el trece de junio del año en curso, Luis Salvador Barragán Fernández, en representación del partido político Morena, compareció con el carácter de tercero interesado.[13]

c) Registro y turno. Mediante oficio INE/BC/CD04/CP/1679/2024, recibido el dieciocho de junio en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable remitió el expediente formado con motivo de la interposición del juicio de inconformidad y demás documentación que consideró atinente; y mediante proveído de misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, ordenó registrar el medio de impugnación con la clave SG-JIN-169/2024, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado en Funciones Omar Delgado Chávez.

d) Sustanciación. Posteriormente, se radicó el medio de impugnación, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe circunstanciado y haciendo constar la comparecencia de la parte tercera interesada, se admitió el medio y, por último, se cerró la instrucción, quedando el asunto en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, tiene jurisdicción constitucional y legal para su conocimiento, y es competente para resolver los presentes juicios de inconformidad,[14] lo anterior por tratarse de un medio de impugnación promovido por el Partido de la Revolución Democrática contra actos correspondientes a la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el 04 Distrito Electoral Federal ubicado en el Estado de Baja California, comprendido en el ámbito territorial de esta circunscripción; supuesto y espacio geográfico en los que esta Sala ejerce su jurisdicción.

SEGUNDO. Tercero interesado. Luis Salvador Barragán Fernández, en representación del partido político Morena, ante el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, compareció como tercero interesado, calidad que se le reconoce,[15] en atención a lo siguiente.

a) Forma. En el correspondiente escrito consta el nombre y firma autógrafa del compareciente, así como el carácter con el que actúa; además, se precisa la razón del interés jurídico en que funda su pretensión y, ofrece las pruebas que considera pertinentes.

b) Oportunidad. El escrito fue presentado ante la responsable a las veintiuna horas con cuarenta minutos del trece de junio del año en curso, esto es, dentro del plazo de las setenta y dos horas de la publicitación de las cédulas donde se dio a conocer que se promovió el presente juicio de inconformidad.

c) Legitimación y personería. La parte tercera interesada tiene legitimación para comparecer al presente juicio por tratarse un partido político, y contar con un interés en la causa, derivado de un derecho incompatible con la aquí parte actora; asimismo, Luis Salvador Barragán Fernández, como se desprende del informe circunstanciado, tiene la personería necesaria por comparecer como parte tercera interesada, tal y como lo reconoce la responsable en dicho informe.[16]

d) Interés jurídico. El compareciente tiene un interés opuesto con el de la parte actora, pues pretende que se confirme el acto reclamado, lo que es contrario a la pretensión de la parte aquí accionante.

TERCERO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, por ser de estudio preferente, se analizan las causas de improcedencia que hace valer el tercero interesado.

a)     Parte tercera interesada

El partido político Morena, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en que el partido actor pretende impugnar más de una elección (Presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías), lo que a su decir resulta improcedente.

Por otro lado, señala que se actualiza la causal de improcedencia indicada en el artículo 10, numeral 1, inciso d), de la Ley de Medios, ya que se impugnan actos que no son definitivos ni firmes, lo anterior porque se impugna la declaratoria de validez y emisión de constancia de mayoría correspondientes a las elecciones Presidenciales y de senadurías, siendo que, al momento de la presentación de la demanda, dichas circunstancias se tratan de actos futuros de realización incierta.

Ello, pues respecto a la elección Presidencial, corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la entrega de Constancia de Mayoría y Declaratoria de Validez y no así al Instituto Nacional Electoral ni a sus Consejos Distritales.  

Por lo que refiere a la elección de senadurías, señala que son los Consejos Locales los que deben realizar el cómputo de la entidad federativa que corresponda a dicha elección, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de los cómputos distritales, y en el caso, el partido actor adolece de la declaración de validez y emisión de Constancia de Mayoría correspondiente, pues esta última aún no ha sido emitida.

Continúa señalando que, se actualiza la causal indicada en el artículo 10, numeral 1, inciso b), de la Ley de Medios, porque la presentación de la demanda fue extemporánea.

Lo anterior, porque señala que el cómputo de la elección de Presidente, senadores y diputados culminó el pasado mes de junio y el plazo para impugnarlo transcurrió del nueve al once de mes, de modo que la demanda es extemporánea al haberse presentado en la oficialía de partes del Consejo Distrital hasta el cuatro de junio. 

No obstante, se estima que dichas causales de improcedencia son infundadas, pues, por lo que refiere a las indicadas en los incisos e) y d), de la revisión minuciosa que esta Sala realiza al escrito de demanda, no se advierte que el actor mencione la impugnación de la elección Presidencial ni de Senadurías, por el contrario, especifica que su acto impugnado lo es el cómputo distrital para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa.

Por lo anterior, resulta infundada la afirmación del tercero interesado, en el sentido de que también controvierte los resultados de la elección Presidencial como de las senadurías, como su falta de definitividad, pues la demanda únicamente se constriñe a combatir la elección de diputaciones federales del distrito que nos ocupa, (cuyo cómputo sí es definitivo al haberse realizado por el Consejo Distrital respectivo), además de que, en ninguna otra parte de las mismas hacen alusión a otro tipo de elección.   

Ahora, respecto a la falta de oportunidad en la misma, igualmente resulta infundada la causal, ya que, tal y como lo expresa la responsable en sus informes circunstanciados, el cómputo del referido Consejo Distrital concluyó el siete de junio, mientras que la demanda fue presentada el once de junio ante la responsable, según se aprecia en respectivo sello de recepción.

Por lo que, si el término de cuatro días que refiere el artículo 8 de la Ley de Medios para su impugnación, transcurrió del ocho al once de junio, es incuestionable que el escrito fue presentado en oportunidad.   

Por lo antes expuesto, es que se desestiman las causales de improcedencia invocadas por la parte tercera interesada.

b)    Autoridad responsable

El 04 Consejo Distrital del INE en el Estado de Baja California, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, consistente en que el actor pretende impugnar actos o resoluciones que no afectan su interés jurídico.

Lo anterior, toda vez que las casillas que fueron instaladas en el referido distrito fueron integradas conforme a lo señalado en el artículo 274 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[17], además de que el inicio de la votación en la casilla señalada en sus agravios se efectuó en términos de lo establecido en el diverso 273 de la LGIPE.

Por otra parte, la autoridad argumenta que el medio de impugnación es frívolo y notoriamente improcedente, toda vez que los actos que a través de éste se pretenden impugnar son cuestiones cuyas pretensiones no se pueden alcanzar jurídicamente.

Ello, por ser un hecho notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la existencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoya, pues el promovente tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades al momento de la instalación e integración de las mesas directivas de casilla, así como sí se permitió a un ciudadano votar sin estar en la Lista Nominal de Electores y, en su momento aportar los elementos probatorios.

Al respecto, esta Sala Regional considera que las causales de mérito hechas valer deben desestimarse, toda vez que sus argumentos guardan estrecha relación con el núcleo esencial de la cuestión litigiosa, por lo que tales menciones involucran el fondo de la controversia planteada, esto es, de analizarlas en este apartado, implicaría prejuzgar respecto del fondo de la impugnación.

Respalda lo anterior, por las razones que las informan, los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J.92/99, CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE; P./J. 135/2001, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE; y, P./J. 36/2004, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE[18].

Los anteriores criterios jurisprudenciales cobran aplicación en la especie, toda vez que el análisis de las causales de improcedencia invocadas, están estrechamente relacionadas con las cuestiones de hecho y de derecho que serán sometidas al estudio de fondo en esta sentencia.

CUARTO. Requisitos generales de procedencia y especiales de procedibilidad

El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia, así como los especiales de procedibilidad previstos en los artículos 7, 8, 9, párrafo 1, 13, 49, 50, 51,52, 54 y 55, de la Ley de Medios, tal y como se expondrá a continuación.

a) Requisitos generales

1. Forma. La demanda cumple con los requerimientos que prevé la ley adjetiva electoral, dado que el representante del instituto político actor hace constar su nombre, domicilio y acto impugnado; además, identifica a la autoridad responsable y señala los hechos y motivos de agravio en que basa su impugnación, así como los preceptos presuntamente violados y las pruebas necesarias que ofrece para acreditar su acción e imprime su firma autógrafa.

2. Oportunidad. Como se razonó anteriormente, el medio de impugnación se interpuso oportunamente, dado que del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital que se controvierte, se advierte que la misma concluyó a las nueve horas con catorce minutos del ocho de junio,[19] y dado que la demanda fue presentada ante la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California, el once de junio siguiente a las catorce horas con ocho minutos, es que se encuentran interpuestos dentro del plazo de cuatro días a que se refiere la ley adjetiva de la materia.[20]

3. Legitimación y personería. El presente medio de impugnación fue entablado por Víctor Manuel Espinoza Melendres, en representación del Partido de la Revolución Democrática, quien se encuentra legitimado para instarlo, pues la ley de la materia señala que el juicio de inconformidad solo podrá ser promovido por los partidos políticos o coaliciones.

4. Definitividad y firmeza. El acto impugnado es definitivo, pues fue emitido por el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, derivado de los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa del mencionado distrito y no existe otro medio de defensa para combatirlo.

b). Requisitos especiales

1. Tipo de elección. El escrito de demanda satisface los requisitos especiales previstos en la propia ley; en virtud de que, el partido impugnante plantea el presente juicio de inconformidad contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondiente al distrito electoral ya referido.

2. Casillas. Se precisa de manera individualizada las casillas cuya votación se solicita sea anulada por irregularidad, así como las razones por las cuales considera debe declararse su respectiva nulidad.

QUINTO. Suplencia de la deficiencia de los agravios

Previo al estudio de fondo, en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, este Tribunal Electoral se encuentra en aptitud de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos; de ahí, que esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve este medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que estos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.[21]

Sin que lo anterior implique que exista una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley de Medios, en los respectivos medios de impugnación, la parte actora debe mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que basa su pretensión, así como los agravios que le causa el acto o resolución impugnada y los preceptos presuntamente violados.[22]

En ese sentido, para que opere la suplencia de la queja deben existir los siguientes elementos ineludibles:

•  Que haya expresión de agravios, aunque esta sea deficiente;

•  Que existan hechos; y

•  Que de los hechos las Salas puedan deducir claramente los agravios. 

Así, para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de suplir deficiencias en la demanda, deben desprenderse los agravios que presuntamente causan los actos que se impugnan y los motivos o hechos que originaron la presunta afectación;[23] por lo que la parte actora debe cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 9 antes referido, relativos a mencionar en la demanda, en forma expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios que cause el acto o resolución impugnado.

SEXTO. Fijación de la litis

La problemática a dilucidar, se constriñe en determinar si ha lugar o no a decretar la nulidad de la votación recibida en las 85 casillas impugnadas con base en las causales de nulidad previstas en el párrafo 1, incisos a), e), f), y g), del artículo 75, de la Ley Medios; y, como consecuencia, si deben modificarse o no los resultados asentados en el acta de cómputo en la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondientes al 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Baja California y, en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes.[24]

Esto es, si la recepción de la votación recibida en las 85 casillas es acorde o no a los principios de constitucionalidad y de legalidad que rigen la materia electoral, o si, por el contrario, se vulneran dichas bases; todo lo anterior, al tenor de los motivos de disenso formulados, conforme a la causa de pedir del promovente.[25]

En los casos de deficiencias u omisiones en la expresión de agravios, se atenderá los que puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, y examinar si respecto de esas casillas se debe declarar o no la nulidad de la votación recibida.

Esta Sala Regional considera pertinente precisar que las causales específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en el precepto legal invocado en los párrafos que anteceden, y la contenida en el artículo 78 de la Ley de Medios, son diferentes, en virtud de que, esta última se integra por elementos distintos a los enunciados en el referido dispositivo legal.

Así, la certeza, objetividad, imparcialidad, legalidad y máxima publicidad, son las características fundamentales de todos los actos realizados por las autoridades electorales; por tanto, los resultados de las votaciones recibidas en las casillas que se instalan el día de la jornada electoral en todo el territorio nacional, deben reflejar fielmente la expresión de voluntad de los ciudadanos, sin generar dudas por adolecer de alguna de las referidas características.

Ahora bien, dado los motivos expresados, así como su consecuencia jurídica en caso de resultar procedente su pretensión, primero se realizará el estudio de los diversos agravios que se hacen valer respecto de la nulidad de la elección conforme al artículo 78, numeral 1, de la Ley de Medios, y, en caso de que este no llegara a prosperar, se proseguirá con el análisis de las causales de nulidad de casillas, contemplado en el artículo 75, numeral 1, incisos a), e), f)[26], y g), respecto de las 58 casillas impugnadas.

SÉPTIMO. Estudio de fondo

I. Causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral

Se analizan los motivos de queja esgrimidos por la parte actora, sistematizando su estudio, mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se invoca.

Las casillas impugnadas son las siguientes:

Por cuestión de método, se estudiarán los agravios hechos valer por el partido actor, en el orden de las causales de nulidad de votación recibida en casilla establecidas en el artículo 75 de la Ley de Medios.

1.      Recibir la votación en fecha distinta.

Respecto de la casilla 1482-C1, la parte actora considera que se debe declarar la nulidad de la votación recibida en mesa directiva de casilla, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso d),[27] de la Ley de Medios, pues en su concepto, se recibió la votación antes de las 8:00 horas, lo que considera que vulnera el principio del bien jurídico tutelado por el artículo 273, numeral 6, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1.1              Marco teórico

Del análisis de las diversas normas que integran los ordenamientos electorales, es posible identificar la voluntad del legislador de dotar a todos los actos en materia electoral de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

Los resultados de las votaciones recibidas en las casillas que se instalan el día de la jornada electoral en todo el territorio nacional deben reflejar fielmente la expresión de voluntad de los ciudadanos, sin generar dudas por adolecer de alguna de las características ya referidas.

En la legislación electoral, se advierte la intención del legislador de proteger el sufragio universal, libre, secreto, y directo, y tutelar, particularmente, un principio de certeza sobre el tiempo de recepción de la votación emitida.

Este principio de certeza obliga a los miembros de la mesa directiva de casilla a realizar las funciones de recepción de votación en el espacio temporal señalado por la ley para tal efecto; permite a los electores saber cuándo, válidamente, pueden emitir su voto; y garantiza a los partidos políticos y candidatos independientes que, a través de sus representantes, podrán observar y vigilar, adecuadamente, el desarrollo de la votación y, de manera particular, la recepción de la votación, en virtud de que esta se llevará a cabo precisamente en los tiempos señalados por la ley de la materia.

Para hacer efectivo este principio de certeza, la ley señala con precisión los tiempos para la recepción de la votación, específicamente, el día en que han de celebrarse las elecciones federales ordinarias; la hora en la que los funcionarios de la mesa directiva han de proceder a la instalación de la casilla y posteriormente a la recepción de la votación; las formalidades que han de seguirse al inicio y cierre de la votación; la hora del cierre de la votación y sus casos de excepción; los datos que debe contener el apartado de cierre de la votación del acta correspondiente.

Además, para dar transparencia y certidumbre al proceso de recepción de la votación y, consecuentemente, a los resultados electorales, se establece en la LGIPE, el derecho de los observadores electorales, y de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, a través de sus representantes, para observar y vigilar todo el procedimiento de recepción de la votación; y, se establece también en la normatividad electoral, la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

Acorde con lo referido, en los artículos 22, 273 y 277, de la LGIPE de la materia, se dispone que las elecciones federales ordinarias que se verifiquen el primer domingo de junio del año de la elección, a partir de las siete horas con treinta minutos (7:30), los integrantes de las mesas directivas de casilla nombrados como propietarios, procederán a la instalación de la casilla, en presencia de los representantes de partidos políticos y de candidatos independientes que concurran.

Por su parte, en los artículos 277, párrafo primero, en relación con el numeral 273, párrafo quinto, de la LGIPE, establece que hasta que haya sido llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado de instalación, el presidente de la mesa directiva de casilla anunciará el inicio de la votación, y que la declarará cerrada una vez cumplidos los extremos previstos en los artículos 285 y 286, disposiciones que señalan que la votación se cerrará a las dieciocho horas (18:00), salvo en caso de que el propio presidente y el secretario certifiquen que hubiesen votado todos los electores, incluidos en la lista nominal de la casilla; supuesto en el que podrá cerrarse la votación antes de la hora ya apuntada, o el caso de que a las dieciocho horas (18:00) se encontraran electores formados para votar, en el que la votación habrá de cerrarse hasta que esos electores hubieren votado.

A su vez, el artículo 286, párrafo 3, incisos a) y b), de la ley sustantiva de la materia, precisa que el apartado correspondiente al cierre de la votación del acta de la jornada electoral contendrá la hora de cierre de la votación y la causa por la que se cerró antes o después de las dieciocho horas (18:00).[28]

Ahora bien, debe señalarse que la recepción de la votación es un acto complejo, en el que los electores ejercen su derecho al sufragio en el orden y forma que establece la ley electoral; en este procedimiento, los ciudadanos se presentan ante su respectiva mesa directiva de casilla, reciben las boletas electorales, y en secreto y libremente las marcan, para luego depositarlas en la urna correspondiente.

Las normas referidas, procuran en su conjunto dotar a los resultados de las elecciones de las características de legalidad, certeza, objetividad, independencia y máxima publicidad, permitiendo a los miembros de las mesas directivas de casillas, electores, observadores electorales y representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, saber cuál es el tiempo en el que debe ser recibida la votación emitida en las casillas durante la jornada electoral.

En tal virtud, la recepción de la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, cuando genere dudas sobre la objetividad de los resultados, de manera tal que no pueda considerarse que estos reflejen fielmente la voluntad popular expresada en la casilla, por no haberse respetado el principio de certeza en torno al tiempo en el que válida y legalmente puede recibirse la votación, debe provocar la declaración de nulidad correspondiente.

Luego, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando quede demostrado plenamente que se recibió la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el valor protegido por la causal, en virtud de que la recepción de la votación realizada por los integrantes de las mesas directivas de casilla es el reflejo puro y auténtico de la voluntad popular expresada en la casilla por los electores con derecho a ello, y por tanto, los resultados consignados en las actas correspondientes son fidedignos y confiables.

También vale aclarar, que el inicio en la recepción de la votación se retrasa lícitamente en la misma medida en que se retrase la instalación de la casilla, además, los casos previstos por el artículo 274, párrafo primero, inciso f), de la ley sustantiva de la materia, dentro de los que se reconoce la posibilidad legal de realizar la instalación de la casilla a partir de las diez  horas (10:00), cuando se trate de casillas que deban ubicarse en lugares distantes o de difícil acceso para el personal del Instituto Nacional Electoral.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión jurídica de la parte actora, es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, misma que consisten en el acta de la jornada electoral.[29]

Ahora bien, del análisis preliminar de la constancia antes aludida, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna un número consecutivo (columna 1); la información relativa a la identificación de la casilla (columna 2); la hora de su instalación asentada en el acta de la jornada electoral (columna 3); la hora en la que la votación se cerró, y la justificación de la hora del cierre, en los términos en que consigna en el acta de la jornada electoral (columna 4);

1.2              Estudio de fondo

De la revisión al Acta de la Jornada Electoral levantada respecto de la casilla 1482-C1 que se impugna, se advierte que el agravio de la parte actora es infundado, toda vez que la instalación de la casilla comenzó a las 8:30 (ocho horas con treinta minutos) y que la votación inició a las 9:40 (nueve horas con cuarenta minutos) como se muestra a continuación:

En ese sentido, contrario a lo que manifiesta el partido actor, en la casilla de mérito, la votación se recibió después de las 8:00 (ocho horas) tal como lo prevé la normativa electoral antes citada, por tanto, no se actualiza la causal de nulidad hecha valer.

No obstante, que si bien la recepción de la votación inició a las 9:40 (nueve horas con cuarenta minutos), tal cuestión no fue controvertida por el promovente, pues su agravio se centra en el hecho de que supuestamente ésta se recibió antes de las 8:00 (ocho horas), lo cual no se acreditó.

Además, la parte actora no aporta elementos que desvirtúen lo asentado en el acta señalada, de ahí que no le asista la razón.

2. Recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados

2.1 Marco teórico

Conforme a lo previsto en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los facultados conforme a la normativa electoral vigente.

Al respecto, el artículo 82.1 de la LGIPE, dispone que las mesas directivas de casillas se deben conformar por una persona presidenta, una secretaria, dos personas escrutadoras y tres personas suplentes generales. Para el caso que concurran dos procesos electorales, el mismo dispositivo prevé la adición de una persona secretaria y una escrutadora.

Dicha ciudadanía es designada en la etapa preparatoria de la elección mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 254 de la LGIPE. Sin embargo, cuando alguna persona designada no acuda el día de la jornada electoral, la propia normativa prevé el procedimiento que debe seguirse para su sustitución a fin de que la casilla se instale, funcione y reciba el voto de las personas electoras.

En efecto, el párrafo 3 del artículo 274 de la LGIPE dispone que las sustituciones del funcionariado de casilla deben recaer en electores que se encuentren formados en la casilla para emitir su voto. En ningún caso podrán recaer los nombramientos en personas representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes.

De esta manera, si se demuestra que la mesa directiva de casilla se integró por personas que no fueron previamente designadas y además que no están incluidas en el listado nominal de la sección, o bien, son representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, se tendrá por acreditada la causal de nulidad que se invoca.

Es posible que no se tenga por actualizada la causal en estudio cuando, a pesar de la ausencia de alguno o algunos de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, se acredite que las personas integrantes de la mesa directiva de casilla, que estuvieron presentes, realizaron las actividades del funcionariado faltante sin que ello mermara su desempeño. Por ejemplo, la mesa directiva de casilla puede verse disminuida en el número de personas y prescindir de escrutadores, pues al ser funciones auxiliares se pueden asumir entre las y los integrantes presentes.[31]

Tampoco se actualizará necesariamente dicha causal, cuando las ausencias del funcionario originalmente designado se hubiese cubierto sin seguir estrictamente el orden de prelación fijado en la ley, o cuando entre las y los funcionarios intercambien sus puestos. En ambos casos, siempre y cuando la votación habría sido recibida de igual forma, esto es, por personas debidamente insaculadas, capacitadas designadas por el consejo distrital respectivo o, en su caso, tomadas de entre el electorales de la sección electoral de que se trate, que estuviesen formados para ejercer su derecho de voto en esa casilla.[32]

2.2 Estudio de fondo

En los presentes casos, la parte actora hace valer esta causal de nulidad respecto de las casillas que más adelante se precisan.

Consecuentemente, a fin de determinar si se actualiza la violación alegada, se elaboró un cuadro comparativo y de análisis en el que se sintetiza la información que arrojan las pruebas aportadas por las partes respecto de la integración de las mesas directivas de las casillas impugnadas.

Así, en la primera columna se indica el número consecutivo de las casillas impugnadas por la parte actora; en la segunda casilla se indica su número y tipo; en la tercera se precisa el cargo o nombre de la persona que la parte actora afirma que recibió la votación el día de la jornada electoral sin estar facultada para ello conforme a la normativa aplicable. Los datos anteriores se obtuvieron del escrito de demanda que dio origen al juicio que aquí nos ocupa.

En la cuarta columna se determina el nombre de la persona cuestionada —en caso de que la actora solo haya proporcionado el cargo— o se verifica si la persona cuestionada efectivamente se desempeñó como funcionario de la casilla impugnada —en caso de que la parte inconforme hubiese proporcionado su nombre o, en su caso, nombre y cargo— Este dato se obtiene de lo asentado en el acta de la jornada electoral (AJE) o, a falta de ésta, de alguna otra acta o documento generado en el ámbito de la casilla el día de la jornada electoral —por ejemplo, acta de escrutinio y cómputo (AEC), hoja de incidentes (HI), constancia de clausura (CC), incluso alguna constancia documental de la elección local) requerida en auxilio a la autoridad electoral local (CDEL), en cuyo caso, se identifica el documento y folio o fuente del que fue obtenido a partir de las constancias que obran agregadas al expediente.

Respecto a este apartado, en el caso que nos ocupa las actas de la jornada electoral fueron remitidas por la autoridad responsable a través de dispositivos de almacenamiento USB, que obran agregados en los expedientes en que se actúa[33].

En la columna quinta y a partir de la información registrada en la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla —aprobada previamente por la autoridad administrativa electoral (encarte)— se constata si la persona funcionaria cuestionada fue previamente designado para integrar la mesa receptora de la votación el día de la jornada electoral pues, de ser así, será evidente lo infundado del agravio.   

O bien, en la columna sexta se verifica si ésta aparece en la lista nominal correspondiente a la sección electoral de que se trate pues, de ser así, cabe concluir que la misma fue tomada de la fila de electores el día de la jornada electoral para completar la integración de la mesa directiva de casilla frente a la ausencia de alguno o alguno de las personas designadas originalmente.

En este caso, de localizarse a la persona en la lista nominal se indicará la página y consecutivo que le corresponde conforme al listado nominal remitido por la autoridad responsable en forma impresa o en dispositivo electrónico, en cada caso.

Finalmente, en la columna séptima a modo de conclusión de la información que resulta del análisis de la fila a examen, se precisa si el agravio, respecto de la casilla de que se trata, se determina fundado, infundado o inoperante.

Cabe precisar que, salvo excepción especifica, los datos necesarios para el análisis de la causal serán obtenidos de la documentación electoral, aprobada por el Consejo General del INE en ejercicio de sus funciones constitucionales, previstas en los artículos 41, bases V, apartado A, párrafos primero, segundo y tercero y apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 44, inciso ñ), de la LGIPE.

En términos de los artículos 14, numeral 1, inciso a), numeral 4, inciso a) y 16, numeral 2, de la ley de medios; la documentación electoral elaborada por las autoridades electorales en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales tiene valor probatorio pleno. Dicho en otras palabras, dicha documentación es una prueba preconstituida de los hechos que se hacen constar.