JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: ST-JIN-98/2024 Y ST-JIN-101/2024

PARTE ACTORA: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: 10 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

PARTE TERCERA INTERESADA: MORENA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTRO

MAGISTRADA PONENTE: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

SECRETARIADO: MARCO VINICIO ORTÍZ ALANÍS Y ADRIANA ARACELY ROCHA SALDAÑA

COLABORARON: REYNA BELEN GONZÁLEZ GARCÍA E IVÁN GARDUÑO RÍOS

Toluca de Lerdo, Estado de México, a diecinueve de julio de dos mil veinticuatro.

V I S T O S, para resolver los juicios de inconformidad identificados al rubro, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática y MORENA, por conducto de quienes se ostentan como personas representantes acreditadas por ese instituto político ante el Consejo Distrital Electoral 10, con sede en Morelia, Michoacán, del Instituto Nacional Electoral, a fin de controvertir, entre otras cuestiones, los resultados consignados en la acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez por nulidad de votación recibida en varias casillas o por nulidad de la elección de la Diputación por el principio de mayoría relativa; y,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de los hechos que realiza la parte actora, así como de las constancias que obran en autos y de los hechos notorios vinculados con la materia de la presente determinación[1], se advierte lo siguiente.

1. Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante sesión pública realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral inició formalmente el proceso federal electoral 2023-2024, entre otros, para las elecciones de Presidencia de la República, Senadurías por ambos principios, y de diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

2. Jornada electoral. El dos de junio de dos mil veinticuatro, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral federal 2023-2024.

3. Sesión, cómputo y declaración de validez de la elección. A las ocho horas del seis de junio del año en curso, en el Consejo Distrital Electoral en comento, se llevó a cabo la respectiva sesión relacionada con el cómputo distrital antes mencionado, la cual concluyó a las trece horas con diez minutos del siete siguiente.

Asimismo, en la citada fecha, se realizó el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa de la citada elección, de la cual se obtuvieron los resultados siguientes de votación:

Concluido el cómputo, el Consejo responsable declaró la validez de la elección de la diputación de mayoría relativa y expidió la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula de candidaturas encabezada por David Alejandro Cortés Mendoza, postulado por la Coalición “Fuerza y Corazón por México”.

II. Juicios de inconformidad. El diez de junio del presente año, el Partido de la Revolución Democrática y MORENA promovieron juicios de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital antes inserta.

III. Parte tercera interesada. Durante la tramitación de los juicios de inconformidad comparecieron por escrito con el carácter de terceros interesados los partidos políticos MORENA (ST-JIN-98-2024) y Partido Acción Nacional (ST-JIN-101-2024).

IV. Turno. El catorce de junio del año en curso, el Magistrado Presidente de Sala Regional Toluca acordó integrar los expedientes de los juicios de inconformidad al rubro indicado, y dispuso turnarlos a la Ponencia de la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicaciones y admisiones. En su momento, la Magistrada Instructora radicó los juicios y al no advertir su notoria improcedencia, admitió las demandas.

VI. Cierres de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencia pendiente por desahogar, la Magistrada Instructora determinó cerrar la instrucción, quedando los asuntos en estado de resolución; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver sendos asuntos, toda vez que se trata de dos medios de impugnación, promovidos por partidos políticos a fin de controvertir, el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral Federal en comento, entidad federativa en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción y acto respecto del cual es competente para conocer.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI; 60 párrafo segundo, 94, párrafos primero y quinto, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 164, 165, 166, párrafo primero, fracción I; 173, párrafo primero, y 176, párrafo primero, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, 53, párrafo 1, inciso b), 56, 57 y 58, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Designación del Magistrado en funciones. Teniendo como criterio orientador lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro “SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO” [2], se reitera que se hace del conocimiento de las partes la designación del Secretario de Estudio y Cuenta de esta Sala Regional, Fabián Trinidad Jiménez, en funciones de Magistrado del Pleno de esta autoridad federal[3].

TERCERO. Parte tercera interesada. En tal calidad pretenden comparecer los partidos políticos MORENA (ST-JIN-98-2024) y Partido Acción Nacional (ST-JIN-101-2024), a quienes se les reconoce tal calidad en virtud de cumplimentar los requisitos legales que a continuación se enlistan:

a) Interés incompatible. De conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la parte tercera interesada, entre otros, es el partido político con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende la parte actora.

En esa arista, los citados partidos políticos tienen interés para comparecer como parte tercera interesada al haber participado en el Distrito en comento, de ahí que, si los institutos políticos accionantes pretenden modificar los resultados o anular tales comicios es evidente que existe un derecho incompatible.

b) Legitimación y personería. El párrafo 2, del artículo 12, de la ley citada, señala que la parte tercera interesada deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre que justifique la legitimación para ello.

En el escrito de la parte tercera interesada presentado en el juicio ST-JIN-98/2024, se tiene por colmado el citado requisito, en consideración que el escrito objeto de análisis fue presentado por José Dolores Tafolla Morfín, quien se ostenta como representante de MORENA acreditado ante el Consejo Distrital responsable.

Por lo que corresponde al escrito de la parte tercera interesada presentado en el juicio ST-JIN-101/2024, se tiene por colmado el mencionado requisito, en consideración que el escrito objeto de análisis fue presentado por Gerardo Ponce de León Váldes, quien se ostenta como representante del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo Distrital responsable.

Calidad que les es reconocida a ambas personas por la responsable y de las diversas actas elaboradas por el órgano colegiado distrital que obran en el sumario se constata que tales personas han actuado y participado con la calidad de representantes de los mencionados partidos políticos durante las sesiones del Consejo Distrital responsable.

Por otra parte, no pasa inadvertido que Gerardo Ponce de León Váldes, pretende comparecer en el mismo escrito de tercero interesado del juicio ST-JIN-101/2024 como representante del candidato electo David Alejandro Cortés Mendoza.

Sin embargo, de las constancias de autos se desprende que al momento de desahogar el requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de diecisiete de junio del año en curso, en el que se le solicitó que exhibiera en original o copia certificado documento idóneo en el que se acreditara la aducida representación de la mencionada candidatura electa, únicamente remitió un escrito en el que señaló:

“comparezco con una doble personalidad, primero, como representante del Partido Acción Nacional ante el 10º Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, personalidad que se acredita mediante la documental adjunta al presente y que permite al Instituto Político que represento comparecer al juicio con dicho carácter y, adicionalmente, como Representante del C. David Alejandro Cortés Mendoza, en su carácter de diputado electo, misma que por esta vía se solicita sea reconocida mediante la presente comparecencia firmada por el suscrito y por el ciudadano candidato electo, en la que expresamente avala la representación con la que me ostento”.

De lo transcrito no se desprende que David Alejandro Cortés Mendoza otorgara la anuencia o consentimiento para ser representado previo al momento en que se presentó el escrito de comparecencia.

Ello, resulta acorde a lo previsto a la regla general en la que se dispone que el consentimiento puede ser expreso o tácito; el primero, supone que la voluntad se manifiesta en forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos; y el segundo, es aquél consentimiento que resulta de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto que, por disposición de la ley o por convenio, la voluntad se hubiere tenido que manifestar expresamente[4].

De conformidad con el artículo 88, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para la presentación de los medios de defensa como los escritos de personas terceras interesadas sólo pueden ser promovidos por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos: i) los registrados formalmente ante el órgano responsable; ii) los que hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución impugnada; iii) los que hayan comparecido con el carácter de tercero interesado en la resolución combatida; y, iv) los que tengan facultades de representación de acuerdo los Estatutos del partido.

Como se advierte, la posibilidad de tener representación acreditada ante el órgano responsable, no se confiere a las personas ciudadanas, por lo que sus representantes deben acreditar su personería mediante poder notarizado o carta poder, sin que en la especie, se hubiese exhibido ninguna clase de esa documentación para acreditar la personería pretendida.

En el caso, Sala Regional Toluca considera que el escrito presentado por Gerardo Ponce de León Váldes, no es de la entidad suficiente para tenerle por reconocida la representación en favor de David Alejandro Cortés Mendoza, ya que no se desprende el reconocimiento tácito por parte del candidato de que se presente el escrito de que se trata, esto es, que se advierta la mención expresa de que haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional que fue su deseo que instaran en su favor, en razón de lo anterior es inconducente la mencionada representación.

c) Oportunidad. De conformidad con el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la invocada ley procesal electoral, la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 72 (setenta y dos) horas fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice su publicidad.

El párrafo cuarto, del artículo 17, de la ley procesal, señala que dentro del plazo de publicación del medio de impugnación, las partes terceras interesadas podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

En el caso del juicio ST-JE-98/2024, la publicitación de la demanda fue a las veintidós horas del diez de junio de este año; así, el plazo de comparecencia finalizó a las veintidós horas del trece de junio; en tanto, el partido político MORENA presentó su ocurso a las catorce horas con treinta minutos del trece de junio siguiente, por lo que, es evidente su oportunidad.

En cuanto al juicio ST-JE-101/2024, la publicitación de la demanda fue a las once horas con treinta minutos del once de junio de este año; así, el plazo de comparecencia finalizó a las once horas con treinta minutos del catorce de junio; en tanto, el Partido Acción Nacional presentó su ocurso a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de junio siguiente, por lo que, es evidente su oportunidad.

CUARTO. Causales de improcedencia

Expediente ST-JIN-98/2024

Causales de improcedencia. La parte tercera interesada hace valer las causales de improcedencia siguientes:

Pretensión de controvertir más de una elección

La parte tercera interesada arguye que el juicio de inconformidad es improcedente, debido a que con la demanda respectiva el partido político accionante pretende controvertir la elección de la Presidencia de la República, la de Senaduría y la de Diputación Federal, por lo que considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A juicio de Sala Regional Toluca, la causal de improcedencia se debe desestimar.

Lo anterior, en virtud que del análisis integral de la demanda es manifiesto e indudable el hecho de que la pretensión de la parte accionante se dirige a impugnar la elección de la Diputación Federal en cuestión.

La aserción precedente se verifica al tener en consideración que en la página primera de la demanda, la parte actora identifica expresamente la elección que impugna como la de la “DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN”, lo cual es reiterado, en el contenido del ocurso, al desarrollar los requisitos formales de la demanda del juicio de inconformidad, en particular en lo que respecto a la exigencia de identificar la elección que se controvierte en el medio de impugnación, en la que se reitera que se cuestiona el referido ejercicio democrático, como se advierte de las imágenes siguientes del indicado documento:

Primera página de la demanda

Pagina cuatro de la demanda sobre el requisito formal de la elección que se controvierte

Como se advierte, en la demanda se expresa de manera concreta la elección que impugna, lo cual se robustece con lo señalado en el propio rubro; aunado del resto de su contenido no se advierte señalamiento alguno para cuestionar alguna otra elección, en los términos que plantea la parte tercera interesada, por lo que se desestima la causal de improcedencia.

Impugnación de actos que no son definitivos ni firmes

A partir de que la parte tercera interesada considera que en la demanda del juicio de inconformidad se impugna la elección de Presidencia de la República, la de Senaduría y la de Diputación de Mayoría Relativa, sostiene que la controversia sobre los primeros dos ejercicios democráticos mencionados corresponde a una impugnación que se sustenta en hechos futuros e inciertos, en virtud de que a la fecha de la presentación de la demanda respectiva no se había realizado la declaración de validez y la emisión de constancia en las elecciones de Senadurías y Presidencia de la República, por lo que considera que el medio de impugnación es improcedente en términos de lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la ley procesal electoral.

A juicio de Sala Regional Toluca, la causal de improcedencia se debe desestimar.

Esto es el de modo apuntado, debido a que, como se ha razonado, se ha considerado que con la demanda del juicio de inconformidad en que se actúa únicamente se controvierte la elección de Diputación Federal respectiva y no así las demás elecciones que menciona la parte tercera interesada.

Destacándose que respecto de la controversia de la elección de la Diputación referida es un acto que resulta definitivo para su impugnación ante esta sede jurisdiccional electoral federal, en términos de lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI; 60 párrafo segundo, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 166, párrafo primero, fracción I, y 176, párrafo primero, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 56 y 57, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme a tales consideraciones, la causal de improcedencia bajo análisis se desestima.

Extemporaneidad de la demanda

La parte tercera interesada aduce que la demanda se presentó de forma inoportuna, en virtud de que el cómputo de la elección impugnada concluyó el cinco de junio de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo para controvertir transcurrió del día seis al nueve del citado mes y año; por lo la propia parte tercera interesada afirma que, en atención a que la demanda de juicio de inconformidad se presentó el diez de junio de dos mil veinticuatro resulta extemporánea.

La causal de improcedencia se desestima, conforme a las premisas siguientes.

La demanda mediante la cual se promueve el juicio de inconformidad se presentó de forma oportuna, en tanto que se promovió dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente al distrito electoral federal en análisis, se advierte que el cómputo para la elección de Diputaciones al Congreso de Unión concluyó el siete de junio, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del ocho al once de junio siguiente, de ahí que al haberse presentado la demanda el diez de junio, es que se estima que el medio de impugnación se promovió oportunamente, destacándose que las fechas en las que tuvieron lugar esas actuaciones, incluso, son reconocidas por la propia parte tercera interesada.

QUINTO. Análisis de los requisitos de procedencia. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran colmados los requisitos generales y especiales exigidos por los artículos 9, párrafo 1; 52, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la presentación y procedencia de los juicios de inconformidad, como a continuación se razona.

A. De los generales

a. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable; consta el nombre de los partidos políticos, la firma autógrafa de quienes promueven en su representación, los domicilios para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para tal efecto; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se enuncian los hechos y agravios que el acto impugnado les causa, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

b. Legitimación. Los enjuiciantes cuentan con legitimación para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que corresponde incoarlo a los partidos políticos, y en la especie, los promoventes son precisamente entes políticos con carácter nacional.

c. Personería. En el caso, el Partido de la Revolución Democrática y MORENA impugnan a través de las personas representantes acreditadas ante el Consejo Distrital responsable, lo cual, si bien no fue probado directamente a través de alguna constancia que lo acreditara como tal, es visible para esta autoridad que tal carácter les es reconocido expresamente por tal autoridad administrativa electoral en sus respectivos informes circunstanciados.

Máxime que del análisis a los autos que obran en el expediente, particularmente del acta 13/CIRC/06-06-24, relativa a la respectiva sesión de cómputo, es posible advertir que Roberto Pablo Domínguez Aguirre participó con el carácter con que se ostenta y de lo cual no se hizo alguna manifestación en contrario.

d. Oportunidad. Las demandas mediante las cuales se promueven los juicios de inconformidad se presentaron de forma oportuna, en tanto que se promovieron dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente al distrito electoral federal en análisis, se advierte que el cómputo para la elección de Diputados al Congreso de Unión concluyó el siete de junio a las trece horas con diez minutos, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del ocho al once de junio siguiente, de ahí que al haberse presentado las demandas el diez de junio respectivamente, es que se estima que los medios de impugnación se promovieron oportunamente.

e. Interés jurídico. Para Sala Regional Toluca, la parte actora tiene interés jurídico para promover los juicios que se resuelven, dado que alegan que se presentaron inconsistencias en la recepción de la votación en diversas casillas por lo que, en su concepto, se actualiza la nulidad de votación recibida en casilla y en consecuencia la nulidad de la elección, ello con independencia de que les asista o no razón respecto al fondo de la controversia.

Por cuanto hace al Partido de la Revolución Democrática, conviene puntualizar, que no se inadvierte por este órgano jurisdiccional que la parte enjuiciante mencionada forma parte de la Coalición que postuló las candidaturas electas; empero, ha sido criterio de la Sala Superior de este Tribunal Electoral en que, son los partidos contendientes en una elección los que tienen interés para controvertir los cómputos por nulidad de votación recibida en casilla, como se advierte de la tesis XXIX/99, de rubro “INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR. LO TIENE TAMBIÉN EL PARTIDO POLÍTICO AL QUE LE FAVORECIÓ LA VOTACIÓN RECIBIDA (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ)”[5].

De la que se desprende que los partidos políticos que participan en una contienda electoral, además de tener un interés en el desarrollo del proceso electoral, también lo tienen respecto de que cada una de las determinaciones y resultados se encuentren apegados al principio de legalidad y constitucionalidad; de tal forma, que cuando a su juicio estiman que no se cumplió con el principio antes aludido, además de estar legitimados para promover los medios de impugnación, en ese momento surge también su interés jurídico para la defensa de los derechos que estiman afectados.

De esta manera, el interés de un partido político para combatir un acto o resolución electoral, no se agota cuando el acto producido de manera ilegal le favorezca, debido a que las normas electorales son de orden público y de observancia general, de manera que el partido político actor tiene interés jurídico para reclamar la nulidad de la votación recibida en las casillas en que la votación le favoreció e incluso de la elección, al considerar que se violaron diversos principios constitucionales.

De esa forma, se entiende que el interés que detenta el partido político actor para controvertir los resultados, así como la validez de la elección, descansa en las acciones de intereses difusos que les ha sido conferida ejercitar, dado que de esa forma defienden los intereses de la ciudadanía como ente amorfo, quien está interesada en el respeto de la regularidad constitucional y legal de los procesos comiciales.

En el apuntado contexto, es evidente que la participación en la contienda electoral mediante la postulación de candidaturas es el hecho jurídico que permite que cualquier partido político contendiente tenga interés para presentar los medios de impugnación que garanticen la constitucionalidad y legalidad de los comicios.

De modo que, si en el caso el instituto político actor controvierte los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, correspondientes al Distrito Electoral Federal 10 en el Estado de Michoacán en el que participó, se considera que cuenta con interés para controvertir tal cuestión.

f. Definitividad y firmeza. De conformidad con lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también están colmadas las aludidas condiciones, porque en la legislación electoral federal no está previsto medio de impugnación alguno, que se deba agotar previamente, por el cual, el acto impugnado pudiera ser revocado, anulado o modificado; por tanto, el medio de impugnación es definitivo y firme para la procedibilidad del juicio de que se trata.

B. De los especiales

a. Señalamiento de la elección que se controvierte. Los escritos de demanda mediante los cuales se promueve los juicios de inconformidad satisfacen el requisito a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que la elección que la parte actora controvierte es la correspondiente a la Diputación Federal indicada al rubro, ya que desde su perspectiva se actualiza la nulidad de votación recibida en diversas casillas, así como la nulidad de la elección.

b. Referencia individualizada del acta distrital controvertida. Se cumple el presupuesto previsto en el artículo 52, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque de los argumentos formulados por la parte actora se constata que se impugna el acta de cómputo distrital de la elección de la referida elección del legislador en el mencionado distrito electoral federal.

c. Mención individualizada de las mesas directivas de casilla cuya votación se controvierte del acta distrital controvertida. En la demanda se precisan las mesas directivas de casillas en las que se alega su nulidad y las causales invocadas para ello, conforme se precisa en el siguiente cuadro:

ST-JIN-98/2024 (PRD)

ST-JIN-101/2024 (MORENA)

Al encontrarse cumplidos en la especie, los presupuestos procesales de este juicio, lo conducente es llevar a cabo el estudio de la materia de la presente sentencia.

SEXTO. Motivos de inconformidad. La parte actora en su demanda hace valer los motivos de inconformidad que se sintetizan enseguida:

Respecto a la demanda presentada por el Partido de la Revolución Democrática, se hace alusión a la actualización de la causal de nulidad previstas en el artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, arábigo 1, incisos e), f), g) e i), en diversas casillas que enumera y precisa, porque en ellas se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por intermitencia en el sistema de carga de información de los cómputos distritales, permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

Asimismo, expone diversos argumentos relativos a la intervención del crimen organizado que propiciaron variaciones irregulares en los porcentajes de votación que a su decir actualizan el supuesto previsto en el artículo 78, numeral 1, de la invocada Ley procesal electoral, esto es, la nulidad de la elección y, finalmente, se hace valer la intervención del gobierno federal lo cual a decir de la parte actora actualiza la nulidad de los comicios.

Por su parte, respecto a la demanda presentada por la representación del instituto político MORENA, se hace alusión a la actualización de la causal de nulidad previstas en el artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, arábigo 1, incisos d) y e), en diversas casillas que enumera y precisa, porque en ellas se recibió se recibió la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección y la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, efectúa los siguientes motivos de inconformidad:

A. Rebase de topes de gastos de campaña. Refiere que reclama la nulidad de la elección en términos del artículo 41, fracción VI, inciso a), de la Constitución Federal relativa a que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

Lo anterior, lo hace depender de la perspectiva en la que señala que la candidatura a la diputación federal postulada por la coalición “FUERZA Y CORAZÓN POR MÉXICO” realizó las siguientes conductas: 1) Exceso en publicidad y promoción del candidato de manera previa, durante la precampaña y campaña; 2) Ocultamiento doloso de los ingresos y/o gastos en el Sistema Integral de Fiscalización para evitar que el Instituto Nacional Electoral fiscalizara sus recursos; 3) Reporte de gastos de bienes y servicios a precios subvaluados en términos de la matriz de precios autorizada; y, 4) Los demás hallazgos que se determinen en los procedimientos sancionadores iniciados en su contra.

Para lo que, solicita a este órgano jurisdiccional que se recabe diversa información para acreditar su decir, ello al señalar que se le dificulta el recabar las pruebas atinentes.

Señala que se acredita el mencionada rebase puesto que en términos de lo previsto en el artículo 41, Constitucional, una vez que el Instituto Nacional Electoral haya actualizado los montos totales de ingresos y gastos de los dictámenes respectivos, deberá tener por actualizada la nulidad.

Asimismo, aduce que con base en los precedentes SUP-REC-887/2018 y SUP-REC-1001/2021 la Sala Superior sostuvo que las resoluciones de fiscalización producen efectos jurídicos propios, se considera que se debe ponderar que, dado lo complejo del entramado diseño constitucional impugnativo, se debe alcanzar por otra vía la nulidad por rebase de topes y no sólo por la vía de fiscalización.

Refiere que al efectuar un análisis de los gastos reportados por el candidato David Cortés durante la campaña electoral, se desprende que son inferiores a los que realmente erogó durante la campaña, ello en perjuicio del principio de equidad en la contienda electoral.

Lo que se puede constatar con los procedimientos especiales sancionadores que fueron presentados en su contra, en lo que se pidió a la autoridad fiscalizadora le fincara los gastos no reportados a la candidatura denunciada y se sumaran a su tope de gastos de campaña.

Para ello detalla una relación de los procedimientos presentados por ese efecto.

B. Extemporaneidad u omisión de rendir informe de gastos de campaña. La candidatura denunciada no reportó actividades de ingresos y gastos durante el periodo del tres de mayo al uno de junio de dos mil veinticuatro, ello de conformidad con la Plataforma de Rendición de cuentas y resultados de fiscalización, lo que hace depender de las ligas que refiere.

Razón por lo que, ante esa falta, debe sancionarse con una falta sustantiva y con ello acreditarse el rebase de tope de gastos de campaña antes mencionado.

Asimismo, solicita que para que este órgano jurisdiccional resuelva se debe tomar en cuenta la totalidad de los informes de gastos de campaña, de jornada electoral, las resoluciones emitidas en los procedimientos sancionadores antes referidos, las multas efectuadas con motivo de vulneración en las reglas de fiscalización y el dictamen final emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

C. Vulneración a principios y derechos constitucionales. La parte actora refiere que David Cortés, trasgredió la normativa electoral de manera constante y reiterada diversos principios y derechos constitucionales, lo que produce la invalidez de la elección, para ello enumera diversas acciones efectuadas por el mismo para acreditar su decir.

-Vulneración al interés superior de la niñez. Que en el procedimiento sancionador PES/6/2024 (difusión imágenes en las que David Cortés saluda a diversos niños que se encuentran en un camión), al momento de emitirse las medidas cautelares, se ordenó que se abstuviera de publicar cualquier tipo de videos e imágenes en las que se pudieran visualizar personas menores de edad.

- Incumplimiento de medidas cautelares. En el procedimiento PES/8/2024 (aparición de un menor de edad en la red social META), con esa cuestión, el accionante señala que se desprende la reincidencia y la falta de cumplimiento decretado de las medidas cautelares establecidas en el procedimiento señalado con anterioridad.

- Vulneración al derecho al medio ambiente sano. Señala la parte actora que David Cortés lesionó el derecho e interés jurídico de la ciudadanía a tener un medio ambiente sano, lo que también realizó en beneficio de su candidatura, al utilizar de manera constante y permanente propaganda electoral fabricada con materiales no reciclables y que utilizaron sustancias dañinas para el medio ambiente.

* Lonas en tipo inflable. Se inició un procedimiento sancionador en el que se desprendía la utilización de lonas en inflables que no son permitidos en la normativa electoral aplicable y de lo cual se ordenó su retiro al momento de la emisión de las medidas cautelares.

* Colocación de lonas sin el logo de reciclaje. Se presentó una queja en contra del ciudadano mencionado por la colocación de diversas lonas que no contienen las reglas previstas para ello, en su momento, se concedió la adopción de medidas cautelares para su retiro.

- Vulneración a la libertad de expresión (colocación y retiro de lonas sobre propaganda de MORENA). Se denunció la colocación de lonas en las que se desprendía contenido a favor de David Cortés encima de lonas de candidaturas propuestas por el partido político MORENA, además que se destruyó la propaganda electoral, trasgrediendo la libertad de expresión.

- Vulneración al principio de máxima publicidad. Al rehusarse a organizar un debate entre las candidaturas a la diputación federal del distrito federal 10, se transgredió el referido principio, ya que la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, se negó a organizarla, trascendiendo ese actuar a la elección.

- Violación al principio de legalidad de la contienda. Esto refiere que se actualiza con la colocación de material en lugar prohibido por la ley, por lo que la misma debe ser retirada y sancionarse a los infractores.

D. Inegibilidad del candidato. La parte actora señala que David Cortés Mendoza, no es un candidato elegible en términos del artículo 38, Constitucional, puesto que refiere que al ser deudor alimentario y violentador de su cónyuge, es que debe suspendérsele de sus derechos políticos. Para lo cual solicita, ante la imposibilidad que manifiesta tener para ello, que se requiera a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al Poder Judicial del Estado de Michoacán, para que informen a este órgano jurisdiccional sobre los trámites promovidos en contra del mencionado ciudadano y remitan las constancias respectivas.

E. Inconsistencias en el cómputo distrital. Indica que existen inconsistencias en el total de resultados de votación emitida en cada elección, para lo cual inserta la siguiente tabla.

De lo anterior, aduce que se desprende una diferencia de 4,490 votos emitidos entre la elección de la presidencia y la diputación federal, lo que genera dudas en la certeza de la elección, cuestión que solicita sea ponderado por esta autoridad.

Además, del acuerdo AC/06/INE/MICH/CD10/09-05-2024, la Junta Distrital señaló que entregó la cantidad de 369,518 boletas, por lo que, haciendo la operación aritmética correspondiente se colige que faltaron 11,071 boletas a la diputación federal, de las cuales no se tiene la certidumbre de su destino, situación que provoca duda en el cómputo total de la votación.

F. Determinancia cuantitativa. Que el alcance e influencia numérica de las violaciones sobre el electorado es mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar, ello al advertirse los siguientes actos.

1. Uso indebido de cuatro espectaculares en pantalla digital, lo cual no fue registrado en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Espectaculares que se encuentran en ubicaciones donde existe gran influencia peatonal y vehicular del distrito electoral de que se trata.

Pantallas que tuvieron el alcance a 40,000 mil personas cifra que se obtiene de la suma de la totalidad de las secciones que se encuentran cerca de los cuatro espectaculares, por lo que, con ello se demuestra la indebida difusión de propaganda en favor de David Cortés y lo que le generó una ventaja desproporcionada con respecto a las demás candidaturas.

2. Pinta de bardas que tampoco fue reportada ante el Instituto Nacional Electoral, lo que tuvo un alcance de 12,132 electores.

3. Espectacular doble con un solo RNP. El uso de un espectacular con un solo número de registro nacional de proveedores como propaganda electoral, la cual tampoco fue reportada como gastos de campaña, generando un escenario de inequidad en la contienda electoral y un alcance con propaganda ilícita de 15,887 electores, estimando el alcance de las casillas que se encontraban cerca de este.

4. Uso ilegal de redes sociales. Mediante el pago a las plataformas de Meta e Instagram (que no fue reportado al Instituto Nacional Electoral), David Cortés difundió sus actividades proselitistas, en las que, al tener un total de 128,700 seguidores, tuvo una influencia que resultó determinante para la elección.

Actos que consideran fueron determinantes y por los que debe anularse la elección.

SÉPTIMO. Método de estudio. Sala Regional Toluca considera pertinente advertir que la nulidad de la votación recibida en mesa directiva de casilla tiene supuestos expresamente establecidos en la Ley, sin que las partes puedan invocar diversas causas, circunstancias o hechos, por lo cuales consideren que se debe anular la votación.

Al respecto, el artículo 41, Constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se hará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

De esos principios, destaca el de certeza que, en términos generales, significa conocimiento seguro y claro de algo y en especial, en materia electoral, se traduce en el deber que tienen todas las autoridades de actuar con apego al marco normativo, constitucional y legal, a efecto de dotar de certidumbre a sus actuaciones.

Al respecto cabe precisar, como se expuso en los requisitos especiales de procedibilidad, que los promoventes de los juicios de inconformidad deben aducir de forma individualizada las casillas y causa o causas de nulidad en cada una de ellas, porque sólo de esta forma el órgano jurisdiccional puede entrar al estudio de las invocadas irregularidades.

En el anotado contexto, se debe considerar que las causales específicas de nulidad de la votación recibida en casilla en el sistema electoral federal mexicano están previstas en el artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual es al tenor siguiente:

Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale;

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta ley;

h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada;

i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación, y

k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Por tanto, los argumentos de la parte actora en el juicio de inconformidad deben tener sustento en las causas expresamente previstas en el ordenamiento procesal electoral federal.

En ese contexto, si se invoca como causal de nulidad de la votación recibida en casilla una circunstancia diversa, ello no puede ser razón justificada para anular la votación.

De ahí que primero se analizarán los alegatos de la parte en los que se combate la nulidad de la votación recibida en las mesas directivas de casilla, para analizarlos de forma individualizada, para después estudiar los disensos relativos a las causales de nulidad de la elección invocadas por la parte actora y, en su caso, proceder a recomponer el cómputo distrital correspondiente.

El método reseñado de análisis y resolución de los motivos de disenso del juicio, en concepto de esta autoridad federal no causa afectación a las partes, porque lo jurídicamente significativo no es el orden de prelación en que se analizan los conceptos de agravio, sino que todos esos razonamientos sean resueltos de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”[6].

OCTAVO. Elementos de convicción. Previo a realizar el estudio y resolución de los conceptos de agravio que formula la parte actora, Sala Regional Toluca considera necesario precisar que el examen de tales motivos de disenso se realizará teniendo en consideración la valoración de las pruebas que la parte actora ofreció y/o aportó con su ocurso de impugnación.

La parte accionante ofreció como pruebas: i) diversas documentales ii) instrumental de actuaciones y la instrumental pública; así como iii) la presuncional en su doble aspecto.

Respecto de tales elementos de convicción, esta Sala Regional precisa que, en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las documentales públicas que obran en autos, así como a la instrumental de actuaciones, se les reconoce valor de convicción pleno.

Por otra parte y conforme a lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, incisos b), d) y e), así como 16, de la ley procesal electoral, a las documentales privadas que obren en autos, y presuncionales se les reconoce valor probatorio indiciario y sólo harán prueba plena cuando, a juicio de esta autoridad federal, del análisis de los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados o con los hechos con los que se relacionan tales elementos de convicción.

Precisada tal cuestión, se procede al estudio y resolución de los argumentos de la parte justiciable, conforme al método de estudio que se señala a continuación.

NOVENO. Estudio de fondo de litis

A. Estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casilla

Dada la pretensión de nulidad de la votación recibida en la casilla, este órgano colegiado considera pertinente analizar en primer término aquellas alegaciones en las cuales se exponen argumentos de causal de nulidad de la votación de casillas en las que se identifican de forma específica la causal de nulidad de votación, atendiendo a los argumentos expresados por la parte actora.

Expediente ST-JIN-101/2024

a. Casillas en las que se impugna la causal de nulidad prevista en el artículo 75, numeral 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección (casillas impugnadas por MORENA en el expediente ST-JIN-101/2024).

Señala la parte actora que, por fecha de la elección, para lo dispuesto en el artículo 75, numeral 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe entenderse un periodo cierto para la instalación de las casillas y de la recepción válida de la votación, que comprende, en principio, entre las ocho horas y las dieciocho horas del primer domingo de junio del año que corresponda.

De ahí que la fecha de la elección se encuentra predeterminada por horas ciertas en la que legalmente pueden suceder tanto la instalación como la votación, lo que significa que la votación debe recibirse el día de la jornada electoral, a partir de que se concluya con la instalación de la casilla y hasta las dieciocho horas.

Por lo que de los hechos se desprende que en lo correspondiente a las casillas que precisa en su demanda, la votación inició después de las ocho horas sin que existiera causa justificada o motivo para ello, dado que atendiendo a los funcionarios que fungieron como integrantes de la mesa directiva, designados por la autoridad y contenidos en el encarte, todos estuvieron presentes.

Lo que motivó que el flujo ordinario de votantes, en términos de la votación total emitida, durante el periodo que las casillas dejaron de recibir la votación hubiera sido suficiente para la asistencia de un determinado número de votantes, los cuales resultan determinantes, irregularidad que trae aparejada como consecuencia la nulidad de la votación recibida en tales casillas.

Las casillas controvertidas por esta causal de nulidad son las siguientes:

- Marco normativo

Siguiendo la línea jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[7] el presente asunto se analizará a través de la causal de nulidad de votación recibida en casilla, según lo previsto en el artículo 75, numeral 1, inciso j), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que prevé que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se impidió, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación.

Al respecto, para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 34, de la Constitución Política Federal, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen otras condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben ser observados para la legal emisión del sufragio.

De esta manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la propia ley, las personas con derecho a sufragar el día de la jornada electoral serán aquéllas que se encuentren inscritas en el Registro Federal de Electores y cuenten con su credencial para votar.

Para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su derecho al voto, también se requiere que se encuentren inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, aun cuando su credencial contenga errores de seccionamiento.

Asimismo, los electores deben votar en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de la casilla correspondiente a la sección en que se ubica su domicilio, debiendo para tal efecto, mostrar su credencial para votar con fotografía, en términos de lo establecido en los artículos 277 y 278, de la Ley en consulta.

Además, los electores pueden hacer valer su derecho de voto, únicamente durante el tiempo en que se desarrolle la jornada electoral, esto es, una vez instalada la casilla y hasta el cierre de la votación, según lo previsto en los artículos 225, párrafo 4; 277; 279, y 285, párrafos 1 y 3, de la Ley en mención.

Al respecto, resulta pertinente advertir que los preparativos para la instalación de las casillas inicia a las siete horas con treinta minutos del día de la jornada electoral, mediante la realización de diversos actos, como: la firma de las boletas electorales, en caso de que algún representante de partido lo solicitara; el llenado del apartado relativo a la instalación de la casilla; la apertura de las urnas en presencia de los representantes de los partidos políticos para que verifiquen que éstas se encuentras vacías; el armado de las mamparas para la correcta recepción del voto; e, incluso, algunas otras situaciones de carácter extraordinario, como la falta de alguno o algunos de los funcionarios que deban integrar la mesa directiva de casilla; lo que implica que la recepción de la votación no necesariamente debe iniciar a las ocho de la mañana.

Asimismo, se establece que la recepción de la votación puede cerrarse antes de las dieciocho horas, cuando el presidente y el secretario certifiquen que han votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente, o bien, que podrá continuarse con su recepción con posterioridad a esa hora, cuando aún se encuentren electores formados para votar, todo ello atento a lo precisado en los artículos 273, párrafos 2 y 3; 274, y 285, párrafos 2 y 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Existen causas justificadas para impedir que un ciudadano ejerza su derecho a votar, por ejemplo, que el elector esté intoxicado, bajo el influjo de enervantes, embozado o armado, o bien, cuando interfiera o altere el orden (artículos 280, párrafo 5, y 281, párrafo 1, de la ley federal electoral).

A partir de lo señalado se puede establecer cuáles son los elementos normativos que figuran en dicha causa de nulidad de la votación recibida en casilla.

En ese sentido, la referida causa de nulidad se actualiza cuando se acredite que:

a) Se impidió el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, sin causa justificada, y

b) Sea determinante para el resultado de la votación.

De la interpretación sistemática y funcional del contenido de los dispositivos antes citados, se infiere a que la causal en estudio tutela el derecho de voto activo de los ciudadanos, así como el carácter auténtico y libre de las elecciones (artículos 35, fracción I, y 41, fracción I, de la Constitución federal).

De este modo, se considera que cuando se impide votar a ciudadanos que reúnen los requisitos constitucionales y legales establecidos para ello, se afecta en forma sustancial a tal derecho fundamental y dichos principios, por lo cual debe sancionarse la irregularidad.

- Estudio del caso

Lo infundado del motivo de disenso radica en que el retraso en la recepción de la votación con motivo de la instalación de las casillas no necesariamente limita a la ciudadanía ejercer el voto y, por ende, tampoco constituye un elemento suficiente para la asistencia de un determinado número de votantes, que en opinión de la parte actora resultan determinantes, irregularidad que trae aparejada como consecuencia la nulidad de la votación recibida en tales casillas.

Como se ha referido con anterioridad, resulta que con motivo de la dinámica que se desarrolla el día de la jornada electoral es factible que se retrase el inicio de la recepción de los sufragios, sin que ello se esté impidiendo el ejercicio del voto, toda vez que los funcionarios de las mesas directivas de casilla son capacitados para llevar a cabo las labores encomendadas, lo cual no conlleva a que deba de realizarse la instalación de forma automática y sin retraso alguno.

Lo anterior, se ve corroborado por lo previsto en el artículo 274, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que prevé que de no instalarse las casillas a las 8:15 horas, conforme a lo previsto en el artículo 273, del mismo ordenamiento legal, y de no ser posible la intervención oportuna del personal del Instituto designado, a las 10:00 los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla, designarán por mayoría a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, previa verificación del cumplimiento de los requisitos para integrar la misma.

En este sentido, ha sido criterio de este órgano jurisdiccional electoral federal que resulta válido estimar que si las casillas se instalaron antes de las 10:00 horas y no consta incidencia alguna que indique lo contrario, el retraso se puede justificar en la dinámica de su instalación.

Por lo que cualquier ciudadano que acuda a la casilla en la que le corresponde sufragar a partir de las 8:00 horas y encuentre que aún no ha iniciado la recepción de la votación, se encuentra en aptitud de regresar con posterioridad a emitir su voto, durante todo el tiempo que dura la jornada electoral, esto es, hasta las 18:00 horas.

En ese sentido, Sala Regional Toluca arriba a la conclusión que siguiendo el citado criterio de la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-344/2015, la sola razón de que el inicio de la recepción de la votación comience con posterioridad a las 8:00 horas del día de la jornada electoral, no afecta la votación derivado de la propia dinámica en la instalación de las casillas que puede prolongarse más allá de las 8:00 horas, máxime que conforme al supuesto contenido en el artículo 273, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé la prohibición expresa para la que la votación se comience a recibir antes de esa hora, más no para que se pueda recibir con un retraso razonable atribuible, como se ha indicado, a la propia dinámica de instalación de las casillas.

De ahí que bajo la indicada línea argumentativa de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional electoral federal es válido concluir que las casillas que precisa la parte actora en su demanda y que se instalaron después de las 8:00 horas y antes de las 10:00 horas, el retraso se considera justificado en atención a la dinámica de instalación de las casillas, aunado a que la parte accionante tenía la carga de demostrar la existencia de incidencias no consideradas y que hubiesen afectado en forma determinante el resultado de la elección, lo cual en la especie no ocurrió.

Por lo que a continuación se procederá a analizar aquellas casillas que el actor precisa en su demanda, en las que se recibieron los sufragios con posterioridad a las 10:00 horas, en las que manifiesta la posible afectación en la recepción de los sufragios con motivo del retraso en la instalación de las casillas.

Es importante señalar que el análisis se hará de acuerdo con las actas de la jornada electoral y las hojas de incidentes, documentales todas a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de constancias expedidas formalmente por autoridades electorales y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieren.

De la información contenida en la tabla inserta, se advierte que en diversas casillas se recibió la votación antes de las diez de la mañana, siendo las identificadas con las claves 1168 B, 1122 C1, 1230 B, 1069 B, 1096 C1, 1229 C1, 1125 B, 1123 C1, 2753 B, 1178 B, 1229 C2, 1231 B, 1092 B, 1108 C1, 1130 B, 1126 C1, 1156 B, 1082 B, 1039 C1, 1103 C1, 2753 C1 y 0991 B.

De ahí que siguiendo el criterio de la Sala Superior al resolver el mencionado recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-344/2015, se insiste, la sola razón de que el inicio de la recepción de la votación comience con posterioridad a las 8:00 horas y antes de las 10:00 horas del día de la jornada electoral, no afecta la votación derivada de la propia dinámica en la instalación de las casillas que puede prolongarse más allá de las 8:00 horas.

De igual forma, se desprende que en una casilla se recibió la votación con posterioridad a las 10:00 de la mañana, siendo estas la 1033 C1. Sin bien en la citada casilla se recibió la votación con posterioridad a las diez de la mañana, tal situación constituye una irregularidad que no tiene la entidad que pretende la parte actora, debido a lo siguiente.

Debe tenerse presente que de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto por los artículos 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2, numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales:

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y,

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

Pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la Ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

En el caso, respecto de los elementos probatorios que obran en el expediente y que se precisan en el cuadro inserto, se desprende que en la casilla 1033 C1 se consigna en el acta de la jornada electoral que sí se presentó un incidente, siendo que no se encontraba de forma debida la integración de los funcionarios de casilla, situación que retrasó la instalación de la casilla.

En este caso, resulta por demás evidente la existencia de una causa justificada para haber recibido la votación después de las diez de la mañana. Ello, porque la causa que generó el retraso se hizo consistir en que, ante la falta de la totalidad de los integrantes de la mesa directiva de casilla, ello conllevó a que se efectuaran actos para su debida integración.

Además, tampoco se muestra que no existieron ciudadanos que asistieron a votar desde que se abrió la votación ni que el hecho de que no se hubiere asentado en el acta de la jornada electoral tal información haya provocado que la votación no se hubiere recibido desde el momento en que quedó debidamente instalada, aunque esto sucediera con posterioridad a las diez de la mañana.

Se puede concluir que la votación en la casilla si bien inició después de las diez de la mañana, por ocho minutos, debe tomarse en cuenta el tiempo que utilizaron los funcionarios para realizar los actos de instalación e integración de la casilla, así como el llenado de documentos correspondientes.

Se insiste en que la votación en la casilla de mérito no debe anularse porque se tiene certeza de que se recibió votación después de su instalación tardía y el partido recurrente no demuestra la existencia de incidentes no considerados y que hubiesen afectado en forma determinante el resultado de la elección, lo cual en la especie no aconteció.

Por esas razones anteriormente expresadas, los motivos de disenso devienen, como se adelantó, infundados.

EXPEDIENTES ST-JIN-98/224 y ST-JIN-101/2024

b. Casillas en las que se impugna la causal de nulidad prevista en el artículo 75, numeral 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: Recibir la votación por personas distintas a las facultadas legalmente.

La parte actora invoca la causa de nulidad de votación recibida en casilla la prevista en el párrafo 1, inciso e), del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, a las personas designadas por la autoridad administrativa electoral nacional para fungir como tales.

- Marco normativo

Para analizar la causa de nulidad planteada es conveniente considerar que el procedimiento de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, que deben seguirse de manera sistemática, y se conforma por etapas sucesivas que se desarrollan de manera continua y ordenada.

Al respecto, el artículo 81, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por personas ciudadanas facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 (trescientos) Distritos Electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República.

Asimismo, prevé que tales mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

Por su parte, el artículo 82, de la invocada Ley sustantiva electoral, establece que las mesas directivas de casilla se integrarán con las personas siguientes: persona presidenta, persona secretaría, dos personas escrutadoras, y tres personas suplentes generales; y que en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección; tal mesa directiva se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con una persona secretaria y una persona escrutadora adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 2, del artículo anterior.

Ahora, para ser persona integrante de mesa directiva de casilla, es necesario reunir los requisitos previstos en el artículo 83, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es:

a)  Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f)  Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h)  Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

El artículo 253, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que en las elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la integración y designación de las personas integrantes de las mesas directivas de casillas se realizará con base en las disposiciones de ese propio ordenamiento.

El numeral en cita prevé que las secciones en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 (tres mil) personas electoras, y que en toda sección electoral por cada 750 (setecientos cincuenta) personas electoras o fracción se instalará una casilla para recibir la votación de las personas ciudadanas residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.

Descrito lo anterior, también es posible que el día de la jornada electoral alguna o varias personas designadas por la autoridad para integrar la mesa directiva de casilla no asistan, de modo que para su debida integración deben considerarse los electores para sustituirlos en las funciones, los cuales siempre debe corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque en cualquier caso de sustitución el nombramiento debe recaer en personas ciudadanas residentes en la sección correspondiente conforme a lo previsto en el inciso a), del numeral 1, del artículo 274, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora, teniendo como base la referida regulación, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla en análisis se actualiza cuando se cumplan los elementos constitutivos siguientes:

a)       Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados.

b)       Que la irregularidad sea determinante.

Respecto al segundo supuesto referido, debe precisarse que la irregularidad actualizada siempre es determinante conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 13/2000 de rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”[8].

Asimismo, debe señalarse que la Sala Superior de este Tribunal al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, determinó interrumpir la vigencia de la jurisprudencia 26/2016 de rubro “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO” en la que se establecían 3 (tres) requisitos que debían cumplir los conceptos de agravio para que el órgano jurisdiccional analizara la causal en cuestión, consistentes en: (i) la identificación de la casilla, (ii) el nombre de quienes no cumplían los requisitos y (iii) el cargo que ejercieron.

En la sentencia referida, la Sala Superior razonó que la interpretación textual de la jurisprudencia llevaba a exigir elementos desproporcionales, ya que implicaba la concurrencia de los 3 (tres) factores descritos, cuando en los criterios reiterados que dieron origen a la jurisprudencia y, en el propio caso resuelto en ese recurso, se había señalado que era suficiente con que el impugnante aportara el nombre completo de la persona cuya actuación controvertía en cada casilla; esto es, no era necesario además señalar el cargo desempeñado en la mesa directiva, porque en ese fallo se consideró suficiente que las partes actoras precisen la identificación de la casilla y el nombre y apellido de la persona que presuntamente la integró indebidamente.

De esa forma, es evidente que aun cuando la Sala Superior interrumpió la vigencia del criterio jurisprudencial citado, ha sido consistente en sostener que existe la carga procesal para la parte justiciable de señalar el o los nombres completos de las personas que aduzca que incumplen los requisitos para integrar válidamente la mesa directiva de una casilla en particular; es decir, el citado criterio no implica que se releve totalmente de las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló que al menos debe precisarse la casilla y el nombre completo de la persona que presuntamente fungió ilegalmente.

La referida exigencia garantiza que la impugnación tenga los elementos mínimos para sustentar lo afirmado por la parte actora, lo que no sucede cuando simplemente se mencionan casillas y/o cargos, ya que ello traslada la carga a la autoridad jurisdiccional electoral de analizar la conformación de toda la mesa directiva, lo que es inconsistente con la exigencia general de los medios de impugnación en el sentido de que los actores deben plantear los hechos en los que se basa su pretensión[9].

En correlación con lo expuesto, la Ley exige para el estudio de las causales de nulidad, entre otras cuestiones, el deber de precisar la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Lo anterior, para que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar las citadas causales de nulidad, por lo que resulta indispensable que en la demanda se precisen tales requisitos, los cuales se traducen en los datos mínimos y alegaciones básicas necesarias de sus agravios, los cuales sirvan para evidenciar las presuntas irregularidades, acompañando las pruebas en las que tales menciones se apoyan y la forma en qué los medios probatorios resultan útiles para demostrar tales afirmaciones.

Tal posición ha sido consistente por la Sala Superior de este Tribunal Electoral al resolver el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-75/2022, en el que confirmó el análisis de la autoridad responsable que declaró inoperantes agravios en los que se señalaba casilla y cargo, pero omitió precisar nombre completo de la persona funcionaria.

De modo que tal exigencia, para el análisis de la causal de referencia es necesario que además de precisar la casilla, se indique el nombre completo de la persona respecto de la cual se alega la recepción de la votación de forma indebida.

- Estudio de caso

EXPEDIENTE ST-JIN-98/2024

El Partido de la Revolución Democrática en el expediente ST-JIN-98/2024 argumenta que en diversas casillas fungieron como funcionarios de los centros receptores de sufragios personas no autorizadas por la Ley y, por ende, recibieron la votación transgrediendo el orden jurídico.

Sustenta su argumento de nulidad en la premisa consistente en que las personas que indica no fueron designadas para ese fin, ya que su domicilio corresponde a una sección electoral diferente e independiente a las que componen a la mesa directiva de casilla al no encontrarse inscritas en él, y no pertenecen a la sección electoral, por lo que no se encuentran inscritos en el listado nominal correspondiente a esas mesas directivas de casilla.

El alegato en análisis, a juicio de Sala Regional Toluca es inoperante por las razones siguientes.

La calificativa apuntada obedece a que la parte actora omite precisar el nombre y apellido para identificar a la persona que integró la mesa directiva de casilla, esto es, incumple los requisitos para identificar qué funcionario indebidamente la integró; lo cual constituye un aspecto indispensable para estar en posibilidad de definir si la integración de la casilla se realizó conforme a la ley electoral sustantiva.

En el caso, la parte actora en su escrito de demanda se limita a insertar un cuadro, en el que señala únicamente la entidad federativa, sección, número y tipo de casilla, así como el cargo del funcionario, sin señalar los datos mínimos ya mencionados, que permitan llevar a cabo el estudio de la causa de nulidad que pretende, como enseguida se muestra:

Por tanto, al haberse incumplido el señalamiento de indicar el nombre completo de la persona que indebidamente integró la casilla, es que el análisis del disenso en estudio resulta inoperante.

EXPEDIENTE ST-JIN-101/2024

Casillas impugnadas por MORENA

La parte actora MORENA en el expediente ST-JIN-101/2024 alega que en su concepto se actualiza la causa de nulidad, porque funcionarios de casilla no fueron designados para tal efecto, ni pertenecen a la sección electoral, en el siguiente número de mesas receptoras, conforme se inserta en la siguiente en tabla:

Para llevar a cabo el análisis correspondiente de los alegatos de la parte actora MORENA, se presenta un cuadro esquemático y comparativo con la identificación de cada casilla, los nombres de los funcionarios designados por la autoridad electoral federal conforme al procedimiento ordinario, de aquéllos que actuaron el día de la jornada electoral y de las personas que señala la parte actora.

Los datos de los cuadros que se insertan enseguida, se obtuvieron de los documentos siguientes: 1. Copia certificada de las actas de jornada electoral; 2. Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo; 3. Publicación final de la lista de funcionarios de casilla, realizada por la autoridad administrativa electoral (encarte), 4. Listas nominales; y, 5. Informe rendido por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, respecto de la existencia de diversos nombres en los listados nominales de electores que fueron utilizados el día de la jornada electoral.

Los medios de convicción enunciados son documentales públicas y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, del análisis de tales documentos se arriba a lo siguiente:

- Agravios infundados

i) Personas que no fungieron como funcionarios de casilla

En las casillas anteriores, no se actualiza la nulidad de votación, conforme con el artículo 75 párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que los alegatos del actor se sustentan en la colaboración indebida de las personas identificadas en la columna de rubro “Nombre del funcionario según la parte actora” como funcionarios de casilla, siendo que del cuadro anterior se advierte que tales personas no formaron parte de la mesa directiva correspondiente.

ii) Personas que fungieron como funcionarios de casilla y figuran en el encarte de la sección

Los motivos de inconformidad son infundados, porque la persona que refiere la parte actora se encuentra autorizada legalmente, ya que su nombre figura dentro de la lista de funcionarios de casilla designados por la autoridad electoral federal, según se advierte del cuadro anterior. Por tanto, es improcedente la petición de anular la casilla precisada.

iii) Personas que fungieron como funcionarios de casilla y figuran en el listado nominal de la sección