JUICIOS ELECTORALES

EXPEDIENTES: SX-JE-167/2021 y SX-JE-168/2021 ACUMULADO

PARTE ACTORA: JAVIER LÓPEZ CRUZ Y JACINTO LÓPEZ CRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

MAGISTRADA PONENTE: EVA BARRIENTOS ZEPEDA

SECRETARIA: MARIANA VILLEGAS HERRERA

COLABORÓ: MARÍA GUADALUPE ZAMORA DE LA CRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, treinta de julio de dos mil veintiuno.

SENTENCIA relativa a los juicios electorales promovidos por Javier López Cruz y Jacinto López Cruz quienes se ostentan por propio derecho[1], a fin de impugnar la sentencia emitida el uno de julio del presente año, por el Tribunal Electoral del Tabasco[2] dentro de los expedientes TET-AP-59/2021-II y su acumulado TET-AP-62/2021-II, en la que, entre otras cuestiones, confirmó la resolución emitida el veintisiete de mayo del año en curso por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco[3] en el Procedimiento Especial Sancionador PES/056/2021, que declaró la existencia de violencia política en razón de género por parte de los hoy actores en contra de la denunciante de dicho procedimiento especial sancionador.  

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Esta Sala Regional determina confirmar la sentencia controvertida toda vez que los agravios formulados por la parte actora resultan infundados e inoperantes.

 ANTECEDENTES

I.                  El contexto

De las demandas y demás constancias que integra los expedientes de los presentes juicios, se advierte lo siguiente:

1.             Acuerdo General 8/2020. El trece de octubre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 8/2020, de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, por el que se reanudó la resolución de todos los medios de Impugnación a través de sesiones realizadas mediante videoconferencia.

2.            . Presentación de la denuncia. El dos de marzo de dos mil veintiuno, una precandidata, denunció vía electrónica a diversos periodistas y miembros de otros partidos políticos, por realizar y difundir a través de la red social Facebook comentarios que la difamaban traduciéndose en violencia política de género.

3.            Admisión de la denuncia. El veintiuno de abril, se admitió la denuncia registrando el Procedimiento Especial Sancionador PES/056/2021 y se ordenó el emplazamiento de las partes.

4.            Audiencia de pruebas. El treinta de abril, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos del aludido Procedimiento  PES/056/2021

5.            Resolución PES/056/2021. El veintisiete de mayo, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aprobó, en sesión extraordinaria urgente, la resolución mediante la cual declaró la existencia de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género atribuidos a los ciudadanos Jacinto López Cruz y Javier López Cruz.

6.            Presentación de las demandas locales. Inconformes con lo anterior el dos y tres de junio, respectivamente, Jacinto López Cruz y Javier López Cruz, interpusieron demandas de recursos de apelación ante el Instituto Electoral local.

7.            Sentencia impugnada. El uno de julio, el Tribunal local emitió sentencia en los recursos de apelación TET-AP-59/2021-II y su acumulado TET-AP-62/2021-II, en la que, entre otras cuestiones, confirmó la resolución emitida por el Consejo General del Instituto local en el Procedimiento Especial Sancionador PES/056/2021, que determinó existente la violencia política en razón de género por parte de los hoy actores.

II. Trámite de los juicios federales

8.            Presentación de las demandas. El seis y ocho de julio respectivamente, Jacinto López Cruz y Javier López Cruz, promovieron juicios a fin de impugnar la sentencia señalada en el parágrafo anterior.

9.            Recepción y turno. El trece siguiente, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, las demandas aludidas y demás constancias del trámite, el mismo día el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó integrar los expedientes SX-JE-167/2021 y SX-JE-168/2021, y turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada Eva Barrientos Zepeda, para los efectos legales correspondientes.

10.       Sustanciación. En su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó los expedientes en la ponencia a su cargo, admitió las demandas y, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva a favor de la denunciante en la instancia local, se le dio vista para que manifestara lo que a su interés conviniera.

11.       Certificación de no desahogo de vista y cierre de instrucción. Posteriormente, se tuvieron por recibidas las certificaciones de desahogo de la vista ordenada.

12.       Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Magistrada instructora declaró cerrada la instrucción en los juicios, con lo cual los expedientes quedaron en estado de emitir sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

13.       El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral es competente para resolver los presentes juicios electorales; a) por materia, al tratarse de juicios promovidos por  ciudadanos a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tabasco, relacionada con un procedimiento especial sancionador; y b) por territorio, toda vez que esa entidad federativa pertenece a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.

14.       Lo anterior, de conformidad con los artículos 41, párrafo tercero, base VI, y 99, párrafos segundo y cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164, 165, 166, fracción X, 173, párrafo primero, y 176, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; además, acorde con el Acuerdo General 3/2015 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral.

15.       Asimismo, cabe precisar que la vía denominada juicio electoral fue producto de los “Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”[4] en los cuales se razona que el dinamismo propio de la materia ha originado que en ocasiones no exista un medio de impugnación específico para hacer valer la afectación derivada de algún acto o resolución en materia electoral.

16.       Para esos casos, dichos lineamientos inicialmente ordenaban formar los asuntos generales, pero a raíz de su última modificación, se indica, que debe integrarse un expediente denominado juicio electoral, el cual debe tramitarse en términos de las reglas generales previstas para los medios de impugnación establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[5].

SEGUNDO. Acumulación

17.       De los escritos de demanda de los juicios que se analizan, se advierte que existe conexidad en la causa, ya que en ambos casos señalan como autoridad responsable al Tribunal Electoral de Tabasco, y controvierten el mismo acto, es decir, la sentencia emitida en los expedientes TET-AP-59/2021-II y su acumulado TET-AP-62/2021-II, en la que, entre otras cuestiones, confirmó la resolución emitida el veintisiete de mayo del año en curso por el Instituto Electoral local en el Procedimiento Especial Sancionador PES/056/2021, que a su vez determinó la existencia de violencia política en razón de género.

18.       Por tanto, es evidente que existe conexidad en la causa, por lo que, con la finalidad de facilitar la resolución de la presente controversia de manera pronta y expedita, y evitar el dictado de resoluciones contradictorias, se acumula el juicio electoral SX-JE-168/2021, al diverso SX-JE-167/2021, al ser este el más antiguo.

19.       Lo anterior, con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

20.       Por tanto, deberán agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente del asunto acumulado.

CUARTO. Requisitos de procedencia

En términos de los artículos 7, apartado 2, 8, 9, apartado 1, y 13, apartado 1, inciso b, de la Ley de Medios, previo al estudio de fondo de los asuntos, se analiza si se cumplen los requisitos de procedencia de los presentes juicios.

21.       Forma. Las demandas se presentaron por escrito, en ellas se hicieron constar el nombre y firma autógrafa de quienes promueven, se identificó el acto impugnado, se mencionaron los hechos en que se basa la impugnación y se exponen los agravios conducentes.

22.       Oportunidad. Las demandas fueron presentadas de manera oportuna, toda vez que la sentencia se emitió el uno de julio y fue notificada a los actores el dos de julio siguiente[6]; por lo cual, el plazo de cuatro días para impugnar previsto en la Ley de Medios corrió del cinco al ocho de julio.

23.       Por tanto, si las demandas se presentaron el seis y ocho de julio, resulta evidente que se cumple con este requisito.

24.       Legitimación e interés jurídico. Se cumple con estos requisitos, toda vez que quienes impugnan acuden por propio derecho, aunado a que se estima que cuentan con interés jurídico porque fueron actores en la instancia local y pretenden que se revoque la sentencia de uno de julio, misma que no fue favorable a sus intereses.[7]

25.       Definitividad. El acto reclamado es definitivo y firme, debido a que en la Legislación de Tabasco no existe algún medio de impugnación que deba ser agotado para combatir las sentencias dictadas por el pleno del Tribunal Electoral local.

26.       En consecuencia, toda vez que se satisfacen los requisitos de procedencia descritos de manera previa, lo procedente es analizar el fondo de la controversia planteada.

CUARTO. Estudio de fondo

27.       La pretensión de la parte actora es que se revoque la determinación del Tribunal local y, en consecuencia, se determine la inexistencia de la violencia política en razón de género, así como su sanción.

28.       Para tal pretensión, los actores formulan los temas de agravio siguientes:

a) Indebida fundamentación y motivación

b) Violación al principio de seguridad jurídica

c) Falta de congruencia

d) Omisión de resolver lo planteado

e) Vulneración a los principios de independencia e imparcialidad

f) Omisión de valorar cualitativamente

g) Violación a principios constitucionales y convencionales

h) Falta de exhaustividad

i) Falta de fundamentación y motivación

j) Violaciones procesales

29.            Ahora bien, por cuestión de método se realizará el análisis de los planteamientos en la manera como se encuentran enunciados, haciendo la aclaración que por el tema que aluden los actores, en algunos casos el estudio, será de manera conjunta, haciendo la precisión respecto al juicio al que pertenece dicho planteamiento; sin que ello le genere afectación jurídica, pues no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados[8].

30.            Asimismo, se precisa que, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de la denunciante en la instancia local, se le dio vista para que manifestara lo que a su interés conviniera; empero, se tuvo por recibida la certificación en la que consta que no desahogó la vista ordenada. 

31.       Ahora bien, previo al estudio de los planteamientos es necesario precisar las consideraciones de la sentencia impugnada.

Consideraciones del Tribunal local

32.       Los promoventes impugnaron ante el Tribunal local la determinación emitida el pasado veintisiete de mayo dentro del expediente PES/056/2021 por el Instituto Electoral local en la que declaró existente la violencia política en razón de género atribuida a los hoy actores.

33.       En ese sentido, los promoventes señalaron la existencia de violaciones procesales. Por su parte el Tribunal responsable, consideró inoperantes sus planteamientos, pues no señalaron los argumentos lógicos y jurídicos, por los cuales se desprendiera qué perjuicio a sus derechos procesales les causó, que la audiencia de pruebas y alegatos fuera realizada cuarenta y ocho horas después del emplazamiento y que el contar con veinticuatro horas más para la elaboración de su defensa, les irrogara alguna lesión.

34.       Además, señaló que los agravios son extemporáneos al no haber sido combatidos en el momento procesal oportuno.

35.       En lo concerniente a la determinación de la responsable de juzgar con perspectiva de género, consideró que la actuación de la responsable fue correcta, ya que juzgar con perspectiva de género implica reconocer la situación de desventaja particular en la cual históricamente se han encontrado las mujeres, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente existe en torno a la posición y rol que debieran asumir, como una cuestión inevitable e implícita a su sexo.

36.       Por cuanto a que la denunciante no justificó que contara con una condición adicional de vulnerabilidad además de la de género, determinó que es una premisa errónea de la que parte el apelante, pues si justificó la vulnerabilidad la quejosa al señalar que los comentarios vertidos hacia su persona causaban una lesión, ya que fueron mensajes de odio, misoginia y denigración que fueron dirigidos por su condición de mujer,

37.       Ante tales circunstancias, tuvo como infundados dichos agravios.

38.       Respecto al agravio identificado como inexistencia de violencia política en razón de género, lo consideró infundado, debido a que, de la revisión de las constancias de autos, ese órgano jurisdiccional advirtió que tal como lo consideró la responsable, los hechos denunciados, quedaron plenamente acreditados.

39.       Asimismo, ese órgano jurisdiccional sostuvo que tampoco le asistía la razón al actor cuando adujo que la responsable no justificó cada uno de los aspectos señalados en la jurisprudencia 21/2018; pues de la revisión a la resolución reclamada se advirtió que los hechos denunciados sí constituyeron violencia política de género, acreditándose cada uno de los elementos que actualizan la violencia política de género en el debate político.

40.       En ese sentido, ese órgano jurisdiccional consideró que las expresiones contenidas en el mensaje elaborado por el apelante resultaron insidiosas y ofensivas, trasgrediendo la dignidad humana de la denunciante y mermando su derecho político-electoral para acceder a una candidatura a un cargo de elección popular.

41.       Por ello, no era posible justificar cualquier discurso o expresión en contra de las mujeres que participan en política o desconocer que algunas afirmaciones tienen un impacto diferenciado cuando se dirigen a mujeres por reproducir estereotipos o generar efectos de exclusión injustificada del debate público.

42.       Ahora bien, en lo que respecta al actor Javier López Cruz, señaló que no le asistía la razón, toda vez que para tener por acreditada la violencia política de género determinó que éste al compartir en su cuenta personal de Facebook que también contenía una crítica con tono sátiro causó perjuicio a la denunciante, sin que aportara algún elemento de prueba mediante el cual se deslindará del mensaje.

43.       Asimismo, la responsable sostuvo que el hecho de que Javier López Cruz compartiera en su cuenta personal de Facebook un mensaje periodístico cuyo contenido aludía estereotipos de género generaron una afectación en la esfera de la vida privada y pública de la denunciante, ya que dicho mensaje tenía como finalidad menoscabar sus competencias políticas, deteriorando su imagen política y sus aspiraciones para ocupar un cargo de elección popular, lo que llegó a un sin número de usuarios de las redes sociales, desplegando con ello una conducta para menoscabar a la denunciante frente a usuarios de la red social, razones por las que se le impuso una sanción.

Consideraciones de esta Sala Regional

44.       Los planteamientos son infundados e inoperantes, por las razones siguientes.

SX-JE-167/2021

a) Indebida fundamentación y motivación

45.       El actor señala que le causa agravio la sentencia de la responsable pues carece de la debida fundamentación y motivación, porque convalida las violaciones al debido proceso, que durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador fueron cometidas por el Instituto Electoral local, pues no obstante reconoce que fue omiso en notificar de manera personal la adopción de medidas cautelares en dicho procedimiento, declara inoperante su agravio partiendo de una premisa equivocada al determinar que el suscrito no realizó argumentos tendentes a evidenciar que perjuicio le ocasionaron dichas medidas.

46.       Asimismo, manifiesta que el Tribunal responsable parte de una premisa equivocada al declarar inoperante su agravio de violación al proceso bajo el argumento de que la autoridad administrativa tiene facultades para seguir investigando aún después de realizada la audiencia de pruebas y alegatos, pues indica que pierde de vista que no reclama que se le tenga que notificar que se llevara una diligencia, sino que después de realizada tiene la obligación de dar vista con dicha actuación, lo que no aconteció con la diligencia de inspección del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, realizada mediante acta circunstanciada.

47.       Máxime si se toma en cuenta que es precisamente con esa inspección a la página electrónica del Instituto Nacional Electoral que acreditan su militancia al partido de la revolución democrática y al cual le da valor probatorio para imputarle al suscrito la violencia política en razón de género y, en consecuencia, imponerle una sanción.

SX-JE-168/2021

48.       Asimismo, el actor de este juicio electoral, señala que le causa agravio la resolución controvertida, pues manifiesta que el agravio que hizo valer se determinó inoperante, toda vez que la responsable manifestó que no argumentó como el cúmulo de violaciones al debido proceso le causaban daño, aun cuando refiere que dejó  muy en claro en su escrito de impugnación que el hecho que no notificaran con anticipación la diligencia de inspección de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, le causaba un daño directo a su derecho humano de la adecuada defensa.

49.       Pues desde su concepto eso no requiere mayor explicación, máxime que todas las actuaciones que se celebren antes de la audiencia de pruebas y alegatos deben ser notificadas inmediatamente a las parte con la finalidad de que conozcan su contenido y puedan formular los argumentos necesarios de defensa, por lo que considera que el órgano electoral al no notificarle el contenido de dicha verificación y al hacerlo en el momento de la audiencia de desahogo de pruebas y negarle el derecho a leer el contenido de la misma, dotándolo de un tiempo oportuno de darle vista, sólo le pidió imponerse de él, sin poder conocer su contenido, por lo que considera que no tuvo forma de defenderse en relación con esa inspección.

50.       En consideración de esta Sala Regional los agravios planteados resultan infundados.

51.       Lo anterior, debido a que se constata que fue correcta la determinación del Tribunal local al considerar como inoperantes sus planteamientos, ello porque el actor Javier no realizó argumentos tendentes a evidenciar que perjuicio le ocasionaron dichas medidas.

52.       Pues de su escrito de impugnación en la instancia local señaló: “…la responsable establece que el diecisiete de marzo, la comisión de quejas y denuncias, aprobó la adopción de medidas cautelares, solicitada por la secretaría ejecutiva, sin que la autoridad responsable, haya notificado al suscrito de manera personal dicho acuerdo, lo que ocasionó que estuviera imposibilitado para poder controvertir dicha medida…”.

53.       De lo anterior, se desprende que efectivamente el actor sólo indicó que se vio imposibilitado para poder impugnar la medida cautelar dictada, pero omitió expresar algún argumento por el que controvirtiera la decisión de la autoridad administrativa electoral al dictar el acuerdo de medidas cautelares.

54.       Asimismo, se considera que no aportó algún razonamiento apto para desvirtuar las medidas cautelares dictadas a favor de la actora de la instancia administrativa.

55.       Ahora bien, en esta instancia federal el actor Javier argumenta una indebida fundamentación y motivación del Tribunal responsable, empero, se advierte que en la sentencia controvertida se estimó correcto el dictado de las medidas cautelares sin notificarla al actor; pues a pesar de las investigaciones que se habían realizado, no se contaba con el domicilio de las personas titulares o administradores de los links en los que se encontraban las publicaciones denunciadas, por lo que manifestó que no podía notificarles a efecto de que se abstuvieran de realizar, nuevas o similares publicaciones.  

56.       Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respectar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad.

57.       Además, indicó que la autoridad administrativa electoral debía actuar de manera inmediata en el dictado de las medidas cautelares, sin que tuviera que esperar a conocer la identidad de las personas titulares de las cuentas denunciadas, pues adujo tener la obligación de lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normativa electoral con el objeto de evitar la producción de daños irreparables.

58.       Y que si bien, no existía notificación personal posterior una vez que se tuvo conocimiento de la identidad de los denunciados, el actor Javier no realizó argumentos tendentes a evidenciar el perjuicio que le ocasionó la aplicación de dichas medidas y así ese órgano estuviera en la posibilidad de analizar, si existió alguna vulneración al debido proceso y restituirlo.

59.       Determinación que en concepto de esta Sala Regional se comparte, porque la finalidad de las medidas cautelares es prevenir daños irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.

60.       Asimismo, en cuanto al alcance de las medidas cautelares, la Sala Superior de este Tribunal ha considerado que no sólo se tiene una función tutelar, sino que también es preventiva, al respecto, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido consistentemente que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter inescindible: uno cautelar y otro tutelar.

61.       Lo anterior significa, entre otros aspectos, que su finalidad es la de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y de esa forma evitar que se lesionen los derechos aducidos, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final.

62.       Esto también implica, a su vez, que el carácter de urgencia se determina por la información que señala que el riesgo o la amenaza sean inminentes y pueda materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar.

63.       En ese sentido, es dable sostener que debe ampliarse el carácter tutelar de las medidas cautelares, a fin de cumplir una verdadera función preventiva respecto de situaciones que pueden configurar violaciones al principio de equidad en la contienda electoral.

64.       Por tanto, es que se considera que la determinación del Tribunal responsable fue correcta respecto a dicho planteamiento, en consecuencia, en estima de esta Sala Regional fue debidamente fundada y motivada.

65.       Ahora bien, respecto al argumento del actor Javier, relativo a que el tribunal responsable parte de una premisa equivocada al declarar inoperante su agravio de violación al proceso bajo el argumento de que la autoridad administrativa tiene facultades para seguir investigando aún después de realizada la audiencia de pruebas y alegatos, pues indica que pierde de vista que no reclama que se le tenga que notificar que se llevará una diligencia, sino que después de realizada la autoridad responsable tiene la obligación de dar vista con dicha actuación, lo que no aconteció con la diligencia de inspección del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, realizada mediante acta circunstanciada.

66.       Máxime si se toma en cuenta que es precisamente con esa inspección a la página electrónica del Instituto Nacional Electoral que acreditan su militancia al partido de la revolución democrática y al cual le da valor probatorio para imputarle al suscrito la violencia política en razón de género y, en consecuencia, imponerle una sanción.

67.       Así como el planteamiento del actor Jacinto cuando señala que le causa agravio la resolución controvertida, al determinarse inoperante su agravio, toda vez que la responsable manifestó que no argumentó como el cúmulo de violaciones al debido proceso le causaban daño, aun cuando refiere que dejó  muy en claro en su escrito de impugnación que el hecho de que no notificaran con anticipación la diligencia de inspección de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, le causaba un daño directo a su derecho humano de la adecuada defensa.

68.       Pues desde su concepto eso no requiere mayor explicación, máxime que todas las actuaciones que se celebren antes de la audiencia de pruebas y alegatos deben ser notificadas inmediatamente a las parte con la finalidad de que conozcan su contenido y puedan formular los argumentos necesarios de defensa, por lo que considera que el órgano electoral al no notificarle el contenido de dicha verificación y al hacerlo en el momento de la audiencia de desahogo de pruebas y negarle el derecho a leer el contenido de la misma, dotándolo de un tiempo oportuno de darle vista, sólo le pidió imponerse de él, sin poder conocer su contenido, por lo que considera que no tuvo forma de defenderse en relación con esa inspección.

69.       En concepto de esta Sala Regional dichos argumentos devienen infundados, ello porque se advierte de la determinación controvertida que el Tribunal responsable, contrario a lo señalado por los actores, adujo que:

“…en cuanto a la falta de notificación de que se duelen, es de decirse que, la normativa electoral, no se desprende que obligatoriamente tenga que notificar a las partes para llevarlas a efecto.

Sin embargo, el resultado de ellas establecidas en forma escrita, sí se debe dar a conocer a las partes en la audiencia de pruebas y alegatos, ya que, en esta, es donde están en aptitud de defenderse.

Cuestión que fue realizada en el procedimiento especial en cuestión, ya que en el acta de la audiencia de pruebas y alegatos se advierte que la Secretaría puso a la vista de las partes por un plazo de quince minutos la inspección ocular realizada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, para que se manifestaran al respecto; lo cual realizaron en el apartado de alegatos, en el caso del ciudadano Jacinto López Cruz, a través de su apoderado legal y Javier López Cruz, personalmente.”

70.       De ello, se advierte que dicha diligencia de inspección sí les fue notificada, además dicha información se corrobora con el acta de audiencia de pruebas y alegatos[9] en su apartado de desahogo de pruebas, apartado cuatro, que señala: “Por otra parte, se hace constar que esta Secretaría Ejecutiva, en ejercicio de su facultad investigadora, conferida por el artículo 359 de la Ley Electoral, requirió informes a diversas autoridades…k. Acta circunstanciada de Inspección Ocular PES/056/2021-I. Concluido el periodo probatorio, se concede el uso de la voz a las partes comparecientes, para que por una sola vez y en un tiempo no mayor a quince minutos formulen sus ALEGATOS”.

71.       De ahí que se estima no existe una indebida fundamentación y motivación, debido a que el Tribunal responsable señaló las razones y fundamentos utilizados en la instancia administrativa electoral que sustentaron su determinación, ello contrario a lo argumentado por la parte actora.

72.       Es decir, adujo que, si bien en la normativa electoral no se desprendía la obligación de notificar a las partes para llevar a cabo las diligencias de investigación, sí existía el deber de darlas a conocer en la audiencia de pruebas y alegatos; ello atendiendo a su derecho de defensa.

73.       Aunado al hecho de que, por una parte, se debe destacar que la diligencia que señalan no se les notificó con anticipación, se realizó el veintinueve de abril y la audiencia de pruebas y alegatos, fue celebrada el siguiente día (treinta de abril del año en curso) y; por la otra, a pesar de que declarara inoperante su agravio, lo cierto es que en la contestación al mismo se expusieron las razones por las cuales el agravio no podía prosperar.

74.       En ese sentido, es que se considera que la determinación del Tribunal responsable sí fue debidamente fundamentada y motivada, de ahí que se consideren infundados sus planteamientos.

SX-JE-167/2021

c) Falta de congruencia

75.       Respecto al argumento de falta de congruencia de la sentencia, porque contrario a la reclamación que hace el suscrito sobre la determinación de la autoridad administrativa, el Tribunal responsable va más allá cuando dice “que se acreditó la intención de afectar a la candidata”, lo cual considera es una afirmación subjetiva, ya que el Tribunal no puede acreditar su intención, pues lo que se le imputa es el hecho de haber compartido una nota periodística, sin realizar algún comentario a favor o en contra.

76.       Para estudiar el presente planteamiento, es necesario precisar que los elementos que actualizan la violencia política de género son una guía para determinar si se trata de violencia política contra las mujeres; empero dado la complejidad del tema, es necesario que en cada caso se analice de forma particular, lo que en la especie se considera sí aconteció, como se verá.  

77.       Ahora bien en el caso concreto, contrario a lo señalado por el actor, se precisa que desde la instancia administrativa electoral al realizar el estudio de los elementos que actualizan la violencia política de género, se tuvieron por acreditados los cinco elementos, específicamente el cuarto (tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres), en el que se estableció que el mensaje tanto del infractor y su divulgación tuvieron por finalidad menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio del derecho político-electoral de la víctima, quien en su momento era precandidata a una diputación local; además de que se señaló que las expresiones realizadas por Jacinto López Cruz, y las divulgadas por Javier López Cruz, tenían la intención de disminuir las competencias políticas de la víctima, así como deteriorar su imagen política y sus aspiraciones a un cargo de elección popular.

78.       Lo anterior, fue confirmado por el Tribunal responsable al analizar los elementos que actualizan la violencia política de género, y específicamente respecto al elemento cuarto, adujo que se actualizaba toda vez que el contenido del artículo de opinión periodística tuvo como resultado menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante, en razón de que las manifestaciones inmersas en el mensaje periodístico evidencian una descalificación como aspirante a un cargo de elección popular.

79.       Por tanto, el Tribunal responsable consideró que si bien el actor Javier López Cruz no fue el autor material del mensaje infractor sí compartió su contenido con la intención de popularizar un mensaje cuyos elementos tuvieron la finalidad de menoscabar los derechos político-electorales de la denunciante.  

80.       En ese contexto, tanto la instancia administrativa como la jurisdiccional local tuvieron por acreditada la vulneración al derecho político-electoral de la denunciada, no de manera subjetiva referida a la intencionalidad, respecto al psique interno del infractor, sino en el sentido de la afectación en la esfera de derechos de la candidata al materializarse en los hechos la conducta infractora.

81.       Sin que obste a lo anterior que no haya realizado algún comentario a favor o en contra, debido a que la afectación por compartir la publicación controvertida tuvo un menoscabo a los derechos político-electorales de la candidata, de ahí que se considere infundado su planteamiento.

d) Omisión de resolver lo planteado

82.       Respecto a lo señalado por el actor en el sentido de que contrario a lo que sostiene el Tribunal responsable, la autoridad administrativa si estaba obligada a realizar el test para determinar como la publicación “CARTA A MI AMIGO MANUEL” publicada por “yo SOY Barradas Tabasco, en la parte que se refiere a la quejosa, el ahora con la cuota de poder está colocando a su amiga cambrano a ser candidata a diputada por Macuspana cuando su amiga no sabe que con contonearse va poder conquistar a los votantes de esa zona como los bitzales con los cuales tiene cuenta pendiente”, debiendo dejar bien establecido como las palabras AMIGA o CONTONEAR, afecta las pretensiones de la quejosa a ser candidata o cómo influyen en la contienda, lo que en la especie no aconteció, pues si bien el Tribunal realizó el test, esto lo hizo sobre la nota periodística en la cuenta de Facebook “Noticias del Edén”, la cual le atribuye a Jacinto López Cruz, pero fue omiso en resolver sobre los planteamientos hechos por el actor Javier.

83.       Es decir, señala que el Tribunal responsable confunde el hecho atribuido a Jacinto con el atribuido a Javier, mismo defecto que cometió la autoridad administrativa electoral, es decir es omisa en determinar cómo las palabras amiga o contonear influyeron y afectaron las pretensiones de la quejosa y cuál fue el grado de afectación, para lo cual debió analizar cuál fue el alcance de la publicación, es decir, cuántas personas reprodujeron o leyeron dichas publicación, cuántas reproducciones hubieron, cuántos comentarios se realizaron, cuántos seguidores tiene dicha cuenta, porque no puede tener el mismo grado de afectación la publicación que realiza un periodista o comunicador, que el que realiza un ciudadano, como lo es el caso del actor Javier. 

84.       Dichos planteamientos se consideran infundados, ello porque contrario a lo señalado por el actor, el tribunal local sí realizó un estudio de las palabras amiga o contonear, tan es así que determinó calificar de infundados sus agravios expuestos en la instancia local, relativos al planteamiento relacionado con la inexistencia de violencia política en razón de género, dado que señaló que de la revisión de las constancias de autos advirtió que tal como lo consideró la responsable administrativa, los hechos denunciados, quedaron plenamente acreditados.

85.       Lo anterior, debido a que del acta circunstanciada OE/OF/CCE/047/2021 y de las capturas de pantalla aportadas por la quejosa, quedó demostrado que se publicó una nota periodística en la cuenta de Facebook “Noticias del Edén”,              la cual era atribuible al hoy actor Jacinto López Cruz, en cuyo contenido se aludía a la denunciante como “arribista” y se le criticaba su desempeño como servidora pública, además de que se refería hacia ella que “por contonearse y mostrar sus  curvas a un alto funcionario de gobierno, podría ser candidata a diputada”.

86.       De igual forma, en otro mensaje proveniente de la cuenta de Facebook “Yo SOY Barrabas Tabasco”, la cual fue compartida por la cuenta del actor Javier López Cruz en la misma fecha, se emitió un mensaje de opinión periodística y al final de éste se referían a la denunciante como parte de un pago, cuota de poder de un funcionario del Estado para imponerla como candidata a diputada en el distrito electoral ubicado en Macuspana, Tabasco, señalando que por contonearse podría obtener votantes.

87.       Así, una vez que la responsable advirtió de dónde provenía el mensaje por el cual presuntamente se denostaba a la denunciante procedió a verificar si las palabras utilizadas en el mismo constituían violencia política en razón de género; por lo que de la valoración en conjunto de los medios de pruebas y los hechos denunciados estimó que le asistía la razón a la denunciante ya que las expresiones referidas si configuraban tal conducta —violencia política en razón de género,— al considerar a la denunciante como arribista en un partido político atribuyéndole que sus méritos los ha obtenido por contonear sus curvas a un alto funcionario de gobierno, manifestaciones que consideró se encontraban fuera del ejercicio a la libertad de expresión.

88.       Realizando la responsable en la resolución impugnada un análisis de las locuciones “arribista” y “contonearse”, arribando a la conclusión de que la intención del emisor del mensaje era darles a estos adjetivos un sentido irónico; refiriendo así que el autor del mensaje tiene la creencia de que una mujer puede acceder a un cargo de elección popular por sus atributos físicos  o por medio de alguna relación con funcionarios de un alto nivel jerárquico, y al referir que por contonearse y ser amiga de un funcionario público en sentido despectivo, son estereotipos atribuidos a las mujeres que menoscaban la posibilidad de las mujeres para acceder a cargos públicos o categorías electorales por méritos propios.

89.       En ese contexto, se advierte que contrario a lo señalado por el actor, el Tribunal local sí realizó un análisis que lo llevó a confirmar la determinación de la autoridad administrativa electoral, tan es así que concluyó que las expresiones contenidas en el mensaje controvertido resultaron insidiosas y ofensivas, trasgrediendo la dignidad humana de la denunciante, mermando su derecho político electoral para acceder a una candidatura a un cargo de elección popular, porque más allá de críticas hacia el trabajo que realizó como funcionaria pública, los comentarios la subestimaron y colocaron en una situación de victimización, denostando su capacidad para participar en una contienda electoral con base en su trabajo profesional. 

90.       Ahora bien, respecto a la omisión que señala del Tribunal local para determinar cómo las palabras amiga o contonear influyeron y afectaron las pretensiones de la quejosa y cuál fue el grado de afectación, para lo cual debió analizar cuál fue el alcance de la publicación, es decir, cuántas personas reprodujeron o leyeron dichas publicación, cuántas reproducciones hubieron, cuántos comentarios se realizaron, cuántos seguidores tiene dicha cuenta, porque no puede tener el mismo grado de afectación la publicación que realiza un periodista o comunicador, que el que realiza un ciudadano, como lo es el caso del actor Javier.

91.       El Tribunal responsable señaló que no le asistía la razón al actor Javier, pues la responsable administrativa para tener por acreditada la violencia política de género, determinó que éste al compartir en su cuenta personal de Facebook el mensaje proveniente de la cuenta “YO SOY Barradas Tabasco”, que también contenía una crítica con tono sátiro en perjuicio de la denunciante, puesto que se refería a ella como una “amiga” de un funcionario del gobierno estatal y que por ello es que obtendría la candidatura, refiriendo la palabra amiga en un sentido irónico, sin que el promovente aportara algún elemento de prueba mediante el cual se deslindara del mensaje.

92.       Por tanto, la autoridad administrativa consideró que si bien el actor Javier, no fue el autor material del mensaje infractor sí compartió su contenido con la intención de popularizar un mensaje cuyos elementos tuvieron la finalidad de menoscabar los derechos político-electorales de la denunciante.

93.       Asimismo, señaló que, de esa manera, la responsable estableció que, si bien se requiere de un elemento volitivo para la consulta del mensaje en una red social, lo trascendente es la propagación de un mensaje que trae inmersos estereotipos de género y con su divulgación, aunque sea mínima afecta la vida privada y pública de una mujer en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

94.       De ahí que se considere infundado su planteamiento, pues se comparte tal aseveración por esta Sala Regional, de que: “…lo trascendente es la propagación de un mensaje que trae inmersos estereotipos de género y con su divulgación, aunque sea mínima afecta la vida privada y pública de una mujer en el ejercicio de sus derechos político-electorales”. Lo anterior, se considera así pues dicho mensaje reproduce estereotipos de género, basados en condiciones sexo-genéricas que vulneraron su condición de mujer trasgrediendo su honra y reputación como persona.

95.       Afirmar lo contrario podría subestimar a las mujeres y colocarlas en una situación de victimización, negándoles, a priori, su capacidad para participar en las contiendas electorales.

96.       Por tanto, no es posible justificar cualquier expresión en contra de las mujeres que participan en la política o desconocer que en ciertos casos algunas afirmaciones tienen un impacto diferenciado cuando se dirigen a mujeres por reproducir estereotipos o generar efectos de exclusión injustificada, de ahí lo infundado.

f) Omisión de valorar cualitativamente

97.       Respecto al planteamiento relativo a que el Tribunal responsable para desestimar su argumento hizo una valoración cuantitativa y adujo “que su voto no fue determinante”, pero es contrario a la naturaleza de la excusa, ya que se debe analizar y valorar cualitativamente, como pudo influir de manera negativa en la resolución dictada, pues se trata de la consejera que preside el órgano colegiado, lo cual vició de origen el procedimiento especial sancionador.

98.       Esta Sala Regional considera que dicho planteamiento es infundado, debido a que se comparte la decisión aprobada por el Tribunal responsable respecto a dicho tema de agravio, pues la decisión tomada aún sin el voto de la consejera presidenta hubiere sido aprobada por mayoría tal como lo señaló el propio Tribunal.

99.       Aunado a que se considera que el hecho de que la consejera presidenta no se haya excusado, de ninguna manera pudo influir de manera negativa dicha determinación, toda vez que de la resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de veintisiete de mayo de dos  mil veintiuno[10], no se advierte pronunciamiento alguno de parte de la Consejera Presidenta con la finalidad de influenciar de forma negativa a los demás consejeros.

100.   Aunado a que el actor no expresa la forma en que la consejera presidenta pudo influir de manera negativa dicha determinación.

g) Violación a principios constitucionales y convencionales

101.   Tocante a lo manifestado por el actor cuando aduce que le causa agravio la sentencia del Tribunal responsable, pues no cumple con la constitucionalidad, convencionalidad, ya que confirma la dictada por la autoridad administrativa electoral por parte del actor Javier, así como la sanción, la cual considera que viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 19 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos.

102.   Lo anterior, en virtud de que se le sanciona por sólo hacer uso de su libertad de expresión en redes sociales, pues no existe o está reglamentado que es lo que un ciudadano puede compartir en sus redes sociales y la autoridad administrativa, como la jurisdiccional pretende castigarle o sancionarlo por algo que no es de su autoría o creación.

103.   Por lo que considera que la sanción viola los principios constitucionales y convencionales, pues el solo hecho de compartir una publicación pretenden imponerle una sanción consistente en: a) una multa consistente en 200 UMA; b) la inscripción en el registro estatal de infractores; c) una disculpa pública; y d) la asistencia y participación a las sesiones grupales del grupo reflexión “construyendo practicas equitativas”.  Lo que en su concepto viola sus derechos humanos consagrados en la constitución, como en los tratados internacionales, pues son desproporcional a la falta cometida.

104.   Señala que, si bien es cierto el Tribunal responsable, revocó el monto de la multa, también es cierto que dejó a la autoridad administrativa electoral en condiciones de fijar la misma, violando sus derechos humanos.

105.   En consideración de esta Sala Regional los planteamientos son infundados.

106.   Primeramente, se comparte lo decidido por el Tribunal responsable en el sentido de considerar que las expresiones contenidas en el mensaje elaborado, resultaron ser insidiosas y ofensivas, transgrediendo la dignidad humana, mermando su derecho político-electoral, porque más allá de críticas hacia el trabajo que realizó como funcionaria pública se emitieron comentarios que la subestimaron y colocaron en una situación de victimización, denostando su capacidad para participar en una contienda electoral con base en su trabajo profesional.

107.   Además, de que efectivamente no es posible justificar cualquier discurso o expresión en contra de las mujeres que participan en la política o desconocer que algunas afirmaciones tienen un impacto diferenciado cuando se dirigen a mujeres por reproducir estereotipos o generar efectos de exclusión injustificada del debate público; ya que si bien es cierto, el debate que se da entre personas que contienden por un cargo de elección popular resiste cierto tipo de expresiones y señalamientos, ello no debe rebasar el derecho a la honra y dignidad de la persona, reconocidos como derechos fundamentales[11].

108.   Al respecto, tal como lo ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal en diversas ejecutorias, debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica.

109.   De igual forma, se ha sostenido que es consensual al debate democrático, que se permita la libre circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión y ofrecer información.

110.   De ahí que deba permitirse a los titulares de los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, de expresión y de información que cuestionen e indaguen sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, de forma que los electores puedan formar libremente su propio criterio para votar. En tal virtud, las libertades de expresión y de información, así como el ejercicio de los derechos fundamentales de carácter político-electoral, constituyen una trama normativa y se fortalecen entre sí.

111.   Además, que las elecciones libres y auténticas, así como la libertad de expresión, en particular la libertad de debate y crítica política, así como el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, constituyen el fundamento de toda democracia constitucional.

112.   Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la libertad de expresión en relación con la propaganda electoral que en el curso de una campaña electoral difundan los partidos políticos o coaliciones a través de los medios de comunicación, admite un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en esos debates o cuando estén involucrados cuestiones de interés público o de interés general, en una sociedad democrática.

113.   Por tanto, las expresiones relativas a servidores públicos o a otras personas que ejercen funciones de carácter público deben gozar de un margen de apertura a un debate amplio en torno a asuntos de interés público o interés general, en conformidad con lo establecido en el artículo 13, parágrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con lo establecido en los artículos 30 y 32, parágrafo 2, del mismo instrumento internacional de derechos humanos, lo cual es fundamental en una sociedad democrática, entonces tal criterio es aplicable también respecto de las expresiones que se profieran en relación con una persona pública, por ejemplo, un político o un candidato a un cargo de elección popular, quien se somete voluntariamente al escrutinio público, en relación con cuestiones de interés público o interés general, en los cuales la sociedad tienen un legítimo interés de mantenerse informada o de conocer o saber la verdad.

114.   No obstante lo anterior, se estimó que ello de ninguna forma implicaba que la honra, la reputación y la dignidad de los servidores públicos o de las personas públicas no deban ser jurídicamente protegidos, dado que en conformidad con el artículo 11, parágrafos 1 y 2, de la invocada Convención Americana, por un lado, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y, por otra, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

115.   En tal virtud, el derecho al respeto a la honra y a la dignidad personal constituye un límite a la expresión, injerencias o ataques de particulares, grupos y del Estado.

116.   Por tanto, esta Sala Regional considera que existe el deber de los partidos políticos, coaliciones, candidatos, o cualquier persona de abstenerse de proferir expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a los partidos políticos y a sus candidatos, en particular durante las campañas electorales y en la propaganda política que utilicen.

117.   Debido a que constituye un imperativo del sistema de la democracia mexicana, si se tiene presente que es un derecho fundamental, de toda persona el respeto y la garantía del derecho a la dignidad, para no ser sujeto de ataques indebidos en su honra y reputación, así como de conductas que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

118.   En ese sentido, los candidatos, los militantes, los simpatizantes y los propios partidos políticos y las coaliciones, por una parte, no dejan de ser beneficiarios de esa obligación de respeto al honor o dignidad, a pesar de que sean sujetos de una crítica desinhibida, vigorosa y abierta, a través de eventuales cuestionamientos vehementes, sarcásticos y de contenido negativo y, por la otra, esos mismos sujetos están obligados a respetar el derecho al honor y la dignidad de los demás.

119.   Lo anterior, como se anticipó, es relevante, porque en materia de libertad de expresión está como límite, entre otros, el derecho de los demás o de terceros; es decir, el respeto a la dignidad, honra o reputación de las personas, por cuanto a que el ejercicio de dicho derecho, si bien es cierto que no puede estar sujeto a censura previa, también lo es que no puede ejercerse de una manera irresponsable, ya que da lugar a responsabilidades ulteriores.

120.   En base a esas consideraciones se considera transgresión a la normatividad electoral el contenido de mensajes que implique la disminución o el demérito de la estima o imagen de algún otro partido o coalición, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los ciudadanos en general, como consecuencia de la utilización de diatribas, calumnias, infamias, injurias o difamaciones, esto es, por la utilización de calificativos o de expresiones intrínsecamente vejatorias, deshonrosas u oprobiosas, que, apreciados en su significado usual y en su contexto, nada aportan a la formación de una opinión pública libre, a la consolidación del sistema de partidos y al fomento de una auténtica cultura democrática entre los afiliados o militantes partidarios y la ciudadanía en general, siendo, por tanto, la simple exteriorización de sentimientos o posturas personales y subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática.

121.   De ahí que se comparta el estudio realizado por el Tribunal responsable, ya que el hecho de compartir tal publicación se estima contraviene la normativa electoral en términos de lo ya expuesto, por tanto, el Consejo General del Instituto Electoral local, como garante de velar y salvaguardar el desarrollo periódico y pacífico del proceso electoral, ante la presencia de la publicidad controvertida, la cual se vincula con el desarrollo del proceso electoral pasado, que lo afectó de manera grave y notable, resulta incuestionable a restaurar el orden jurídico electoral violado. 

122.   En ese contexto, contrario a lo sostenido por el actor Javier, la libertad de expresión tiene límites como ya se apuntó y es susceptible de ser sancionada, como en el caso ocurrió, al compartir la publicación controvertida en su red social.

123.   No pasa desapercibido que el actor Javier señala que la sanción viola principios constitucionales y convencionales, y por el sólo hecho de compartir una publicación se le pretende imponer una sanción[12], lo que en su concepto viola derechos humanos consagrados en la constitución como en tratados internacionales, pues la considera desproporcional a la falta cometida.

124.   Asimismo, señala que, si bien es cierto el Tribunal responsable, revocó el monto de la multa, también es cierto que dejó a la autoridad administrativa electoral en condiciones de fijar la misma, violando sus derechos humanos.

125.   Primeramente, los argumentos dirigidos a la multa económica y la inscripción en el registro estatal de infractores, resultan ser apreciaciones subjetivas y relacionadas con hechos futuros e inciertos, es decir se trata de especulaciones al respecto, lo cual en concepto de esta Sala Regional son inoperantes. Ello al tratarse de actuaciones pendientes de realizar, revocadas por el Tribunal responsable, que, en su caso, el actor estará en un futuro inmediato en la posibilidad de controvertir al estar inconforme.

126.   Ahora bien, respecto a la sanción consistente en una disculpa pública; y la asistencia y participación a las sesiones grupales del grupo reflexión “construyendo practicas equitativas”, el actor únicamente señala que viola sus derechos humanos consagrados en la constitución, como en los tratados internacionales, pues en su estima son desproporcionales a la falta cometida; en concepto de esta Sala Regional son alegaciones que no controvierten los razonamientos de la responsable, que hayan sido el sustento de la sentencia reclamada, por tanto se consideren inoperantes.   

127.   Al respecto resulta aplicable, en lo que interesa la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA”.[13]

SX-JE-168/2021

h) Falta de exhaustividad y i) Falta de fundamentación y motivación

128.   Relacionado con los argumentos del actor Jacinto, en el sentido de que le causa agravio la falta de exhaustividad en el dictado de la resolución controvertida de la que deriva una incongruencia interna y externa, toda vez que, al momento de contestar la denuncia derivada del procedimiento especial sancionador, expuso que no existía un supuesto para que se considerara la nota como de su autoría, argumento que no fue debidamente analizado por el Tribunal responsable. De ahí que considere que la autoridad electoral local fue omisa en estudiar a fondo sus argumentos.

129.   Asimismo, señala falta de fundamentación y motivación del Tribunal responsable pues considera que el Tribunal local fue omiso en señalar con razón suficiente y total claridad las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las que estimó probado que el actor Jacinto es autor de la nota, realizando injerencias y analogías y no un ejercicio de subsunción, de ahí que considere que la sentencia no se encuentre debidamente fundada y que respete el principio de exhaustividad.

130.   Indica que le causa agravio que el tribunal electoral responsable incumpliera con el principio de exhaustividad, ya que no logra cubrir la carga de probar la conducta sobre la autoría del denunciado respecto de la nota, así como la pertenencia o propiedad del sitio web al actor.

131.   En el caso concreto, los planteamientos señalados se consideran infundados.

132.   En primer lugar, es necesario destacar que el principio de exhaustividad establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, con sustento en la Constitución Federal, artículo 17.

133.   La justicia completa conlleva al principio de exhaustividad que impone a la autoridad el deber de agotar en la resolución, todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por las partes.

134.   El acceso a la impartición de justicia consagrado en dicho numeral a favor de los gobernados se traduce, entre otras cosas, en que las autoridades deben otorgar una justicia completa, consistente en que quien conoce de un asunto emita un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre lo que ha solicitado.

135.   Al caso resultan aplicables las tesis de jurisprudencia 12/2001 y 43/2002, de rubros “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”[14] y "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN"[15], respectivamente.

136.   Otro aspecto fundamental, lo constituye la observancia del principio de congruencia que debe regir en las determinaciones judiciales.

137.   Respecto de dicho tema, la Sala Superior ha considerado que se trata de un requisito, si bien de naturaleza legal, por regla, es siempre impuesto por la lógica, sustentada en el principio dispositivo del proceso, que obliga al órgano jurisdiccional a resolver de acuerdo con lo argumentado por las partes y probado en el medio de impugnación, lo cual le impide ocuparse de aspectos que no han sido planteados.

138.   Así, debe señalarse que el principio de congruencia de las sentencias se manifiesta en dos ámbitos: la congruencia externa, que consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia; mientras que la congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

139.   Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior, como se advierte de la lectura de la tesis de jurisprudencia 28/2009 de rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”[16].

140.   Como se ve, el principio de congruencia respeta el carácter dispositivo del proceso, por el cual son las propias partes las que fijan el tema a resolver, limitando el pronunciamiento del juez a aquellas alegaciones introducidas en los escritos constitutivos de la litis.

141.   Se precisar que la motivación y la fundamentación son requisitos establecidos en general para todo acto de autoridad por la Constitución Federal, en el artículo 16, y específicamente para las decisiones judiciales por el artículo 14, mismas que consisten en la exigencia a la autoridad de razonar y expresar los argumentos en los cuales se apoye la aplicación de los preceptos normativos que se invocan para resolver el conflicto.

142.   Ahora bien, la fundamentación consiste en que la autoridad emisora del acto exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso en concreto, mientras que la motivación implica el deber de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron para la emisión, siendo necesario, para que ésta sea correcta, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en cada caso en concreto se configuren las hipótesis normativas.

143.   Así, para estimar que un acto de autoridad se encuentra debidamente fundado y motivado, no basta con que la autoridad cite los preceptos que estima aplicables, sino que debe expresar las razones por las que considera que los hechos que imperan se ajustan a la hipótesis normativa, pues de lo contrario, el gobernado desconocerá los motivos que impulsan a una autoridad para actuar de una manera y no de otra, viéndose disminuida así la certeza jurídica que, por mandato constitucional, le asiste[17].

144.   Por tanto, existe falta de fundamentación y motivación cuando en la determinación no se den razones, motivos ni fundamentos, que justifiquen la decisión.

145.   Por otro lado, la indebida fundamentación está presente en un acto cuando el órgano de autoridad responsable invoca algún precepto legal, pero no es aplicable al caso concreto por que las características particulares del caso no actualizan lo dispuesto en la normativa.

146.   Mientras que se acredita la indebida motivación cuando sí se expresan las razones particulares que llevaron a tomar determinada decisión, pero son discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable al caso.

147.   En este sentido, la falta de fundamentación y motivación implica la ausencia total de tales requisitos; en tanto que, una indebida fundamentación y motivación supone la existencia de esos requisitos, pero con una discrepancia entre las normas invocadas y los razonamientos expresados por el órgano de autoridad responsable, respecto del caso concreto.

148.   En el caso, como se señaló previamente, el actor refiere que la responsable no cumplió con los principios de exhaustividad y congruencia, así como fundamentación y motivación, toda vez que él expuso que no existía un supuesto para que se considerara la nota como de su autoría, argumento que no fue debidamente analizado por el Tribunal responsable; en consecuencia, en su estima, fue omiso en señalar con razón suficiente y total claridad las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las que estimó probados los hechos denunciados.

149.   En ese contexto, esta Sala Regional, estima que contrario a lo señalado por el actor, de la revisión a la resolución controvertida se advierte que el Tribunal responsable, sí realizó el estudio de forma exhaustiva para acreditar que él es autor de la nota denunciada. 

150.   En ese sentido, el Tribunal local en el estudio del agravio relativo a la autoría de la nota controvertida señaló:

“En efecto del contenido del acta circunstanciada OE/OF/CCE/047/2021 y de las capturas de pantalla aportadas        por la quejosa en su escrito de denuncia respecto de las   publicaciones realizadas en la red social Facebook en los links https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=24958255673930 51&id=1423846871257598 y https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=13452204424956 24&id=100010230424387; quedo demostrado que el cinco de  febrero de la presente anualidad, se publicó una nota periodística en la cuenta de Facebook “Noticias del Edén”,              la   cual era atribuible al hoy actor Jacinto López Cruz, en cuyo  contenido se aludía a la denunciante como “arribista” y se le criticaba su desempeño como servidora pública, además de que se refería hacia ella que “por contonearse y mostrar sus curvas a un alto funcionario de gobierno, podría ser candidata a diputada”.

Aunado a ello, la autoridad responsable estimó que conforme al acta circunstanciada PES/056/2021-I, pudo aseverar que el denunciado Jacinto López Cruz, se auto adscribía como periodista con treinta y ocho años de ejercicio y colaborador en diversos medios de comunicación.

En ese sentido, con todas las diligencias realizadas por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral local quedo plenamente demostrado que los hechos denunciados sí fueron cometidos por el ciudadano Jacinto López Cruz, toda vez que la  cuenta de correo electrónico proporcionada por éste, para efecto de que se le notificaran todas las actuaciones derivadas del procedimiento especial sancionador incoado en su contra, coincidía plenamente con la vinculada en la cuenta de Facebook “Noticias del Edén”; por tales razones la responsable aseveró que resultaba ser el propietario de la cuenta.

Se arriba a lo anterior, en razón de que la responsable al  realizar la diligencia de inspección ocular en veintinueve de abril del año en curso, pudo constatar que la cuenta de Facebook “Noticias del Edén”, provenía del correo electrónico Jaclop62@hotmail.com, la cual resultaba ser idéntica a la dirección de correo electrónico que fue proporcionada por el  hoy actor Jacinto López Cruz, a la autoridad administrativa electoral.

Asimismo, el apoderado legal del actor Jacinto López Cruz, durante la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos manifestó que “…el Instituto se dio a la tarea de inspeccionar una nota en la cuenta de twitter personal del denunciado sobre una opinión periodística que critica el quehacer y las determinaciones del Instituto”; lo que consideró la responsable como suficiente para tener como cierto que la cuenta de facebook “Noticias del Edén”, pertenece al denunciado Jacinto López Cruz, quien utilizó su columna periodística para emitir comentarios misóginos en perjuicio de la ciudadana …”

151.   Ahora bien, de lo transcrito y del análisis realizado por esta Sala Regional a los temas de agravio que preceden, se advierte que la responsable expuso con razón suficiente y total claridad de conformidad con las pruebas recabadas por la autoridad administrativa electoral, porque se demostró que la nota controvertida sí era de su autoría.

152.   Lo anterior, a pesar de que en esta instancia federal aduzca que en la página controvertida exista otra cuenta de correo electrónico en datos de contacto, ya que ello no hace prueba plena de que se le exima de su responsabilidad, debido a que el Tribunal responsable confirmó que la autoridad administrativa electoral comprobó que la cuenta de correo electrónico sí era del denunciando. 

153.   Ello como ya se expuso, atendiendo a las diligencias realizadas por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral local, pues no sólo realizó injerencias o analogías, ya que tuvo por acreditado que el actor Jacinto era autor de la nota confrontando los datos que obtuvo de la diligencia de inspección, por tanto, con los datos obtenidos pudo deducir quién era el autor de la nota controvertida.

154.   En ese contexto, la diligencia realizada por la autoridad administrativa electoral, al ser un documento expedido por una autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, ello debido a que la Sala Superior de este Tribunal ha determinado que conforme a su naturaleza, se consideran como constancias reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, mediante su elaboración.

155.   En ellas se consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los actos representados.

156.   El documento no entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado[18].   

157.   De ahí que se considere, que contrario a lo argumentado por el actor, el Tribunal responsable sí fue exhaustivo, además de que fundó y motivó su decisión.

Agravios inoperantes

158.   Tocante a lo mencionado por los actores Javier López Cruz y Jacinto López Cruz respecto a los siguientes argumentos:

159.   Esta Sala Regional determina que los argumentos de referencia identificados en los recuadros 1 y 2 devienen inoperantes con base en las consideraciones siguientes.

160.   Los motivos de inconformidad deben estar encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta para tomar la determinación controvertida.

161.   Es decir, al expresar sus agravios la parte actora debió exponer las argumentaciones que consideraba convenientes para demostrar la ilegalidad del acto o resolución reclamados.

162.   En este contexto, los agravios que dejen de atender tales requisitos resultan inoperantes, puesto que no atacan en sus puntos esenciales la resolución impugnada dejándola, en consecuencia, intacta. Al respecto el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que son inoperantes todos aquellos argumentos que pretenden combatir aspectos resueltos en un juicio o recurso anterior.

163.   Esto es, de acuerdo con la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO PRETENDEN COMBATIR ASPECTOS RESUELTOS EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR[19]”, los aspectos que ya fueron materia de decisión en un anterior juicio de garantías, promovido por el mismo quejoso y en relación al mismo proceso penal deben considerarse irremediablemente juzgados, es decir, constituyen cosa juzgada, por lo que no pueden ser examinados en un nuevo juicio, resultando inoperantes los conceptos que se formulen sobre los mismos temas.

164.   En el caso concreto, los agravios señalados en el recuadro identificado con el número 1, en estima de esta Sala Regional, son conceptos de agravios que al ser reiteraciones de los planteados en ante el Tribunal Electoral local, ya fueron objeto de estudio; por tanto, los mismos se consideran inoperantes. 

165.   Asimismo, respecto a los agravios señalados en el recuadro 2, esta Sala Regional se encuentra imposibilitada para hacer el estudio respectivo, ya que ha sido criterio de este Tribunal Electoral que la parte actora tiene que exponer los hechos y las razones por las cuales estima que, con su decisión, se vulneró su esfera jurídica, situación que en la especie no ocurre, en virtud de que la parte actora, se limita a realizar afirmaciones[20], aunado a que no combaten frontalmente la sentencia controvertida, de ahí que se consideren de igual manera inoperantes.

166.   Por esas razones, al ser infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora, lo procedente es confirmar la sentencia controvertida por las razones expuestas en esta ejecutoria.

167.   Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

168.   Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se acumula el expediente SX-JE-168/2021 al SX-JE-167/2021, por ser éste el más antiguo. En consecuencia, agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tabasco en el expediente TET-AP-59/2021-II y su acumulado TET-AP-62/2021-II.

NOTIFÍQUESE de manera electrónica a la parte actora en el correo electrónico que proporcionaron en su escrito de demanda; de manera electrónica u oficio, anexando copia certificada de la presente resolución, al Tribunal Electoral de Tabasco, así como al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; y por estrados a las demás personas interesadas.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, 28, 29, apartados 1, 3 y 5, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en los numerales 94, 95, 98 y 101 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 4/2020, numeral XIV, emitido por la Sala Superior de este Tribunal.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional, para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y la sustanciación de estos juicios, se agregue al expediente que corresponda para su legal y debida constancia.

En su oportunidad devuélvanse las constancias atinentes y archívese este asunto, como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la magistrada y los magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, Enrique Figueroa Ávila, Presidente, Eva Barrientos Zepeda y Adín Antonio de León Gálvez, ante Carlos Edsel Pong Méndez, Titular del Secretariado Técnico Regional, en funciones de Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral segundo del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.