SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL
JUICIOS DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTES: SX-JIN-5/2024 Y SX-JIN-16/2024, ACUMULADOS
PARTE ACTORA: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTRO
AUTORIDAD RESPONSABLE: 04 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[1] EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON CABECERA EN BENITO JUÁREZ
TERCERO INTERESADO: MORENA
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO TRONCOSO ÁVILA
SECRETARIO: VICTORIO CADEZA GONZÁLEZ
COLABORADORA: ANA VICTORIA MENA NERI
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de julio de dos mil veinticuatro.
SENTENCIA relativa a los juicios de inconformidad promovidos por el Partido de la Revolución Democrática[2] y el Partido Acción Nacional[3] a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de las diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, en el 04 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Benito Juárez, Quintana Roo.
Esta Sala Regional determina que no se acredita la causal de nulidad de la elección planteada por el PRD.
Por otra parte, se declara la nulidad de la votación recibida en cuatro casillas al actualizarse la causal de indebida integración de casilla. Por ende, procede la modificación de los resultados del cómputo distrital; sin embargo, al no existir un cambio en la fórmula de candidaturas que obtuvieron el mayor número de sufragios, lo procedente es confirmar el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, y la declaratoria de validez de la elección.
De los escritos de demanda y demás constancias que obran en los expedientes se advierte lo siguiente:
1. Jornada electoral. El dos de junio de dos mil veinticuatro,[4] se llevó a cabo la jornada electoral para la elección del titular del ejecutivo federal, así como las personas integrantes del Congreso de la Unión, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.
2. Sesión de cómputo distrital. En su oportunidad, 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo, con cabecera en Benito Juárez, sesionó para realizar los respectivos cómputos distritales de las elecciones federales; y respecto a la elección de diputaciones de mayoría relativa se obtuvieron los resultados siguientes:
Total de votos en el distrito
Partido / Coalición / Candidatura independiente | Votación |
Con número | Con letra |
| 33,713 | Treinta y tres mil setecientos trece |
| 7,896 | Siete mil ochocientos noventa y seis |
| 1,910 | Mil novecientos diez |
| 32,327 | Treinta y dos mil trescientos veinte siete |
| 3,947 | Tres mil novecientos cuarenta y siete |
| 11,998 | Once mil novecientos noventa y ocho |
| 69,910 | Sesenta y nueve mil novecientos diez |
| 1,899 | Mil ochocientos noventa y nueve |
| 460 | Cuatrocientos sesenta |
| 59 | Cincuenta y nueve |
| 20 | Veinte |
| 4,328 | Cuatro mil trecientos veintiocho |
 
| 253 | Doscientos cincuenta y tres |
| 1,215 | Mil doscientos quince |
| 858 | Ochocientos cincuenta y ocho |
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS | 222 | Doscientos veintidós |
VOTOS NULOS | 4,442 | Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos |
TOTAL | 175,457 | Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete |
Distribución final de votos a partidos políticos y candidaturas independientes
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN | VOTACIÓN (CON NÚMERO) | VOTACIÓN (CON LETRA) |
| 34,606 | Treinta y cuatro mil seiscientos seis |
| 8,769 | Ocho mil setecientos sesenta y nueve |
| 2,582 | Dos mil quinientos ochenta y dos |
| 34,504 | Treinta y cuatro mil quinientos cuatro |
| 5,944 | Cinco mil novecientos cuarenta y cuatro |
| 11,998 | Once mil novecientos noventa y ocho |
| 72,390 | Setenta y dos mil trescientos noventa |
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS | 222 | Doscientos veintidós |
VOTOS NULOS | 4,442 | Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos |
VOTACIÓN TOTAL | 175,457 | Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete |
Votación final obtenida por candidatura
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN | VOTACIÓN (CON NÚMERO) | VOTACIÓN (CON LETRA) |
  
| 45,957 | Cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete |
| 112,838 | Ciento doce mil ochocientos treinta y ocho |
| 11,998 | Once mil novecientos noventa y ocho |
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS | 222 | Doscientos veintidós |
VOTOS NULOS | 4,442 | Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos |
3. El siete de junio concluyó cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, por lo que, en esa misma fecha, el Consejo Distrital hizo la declaración de validez de la elección y entregó la constancia de mayoría a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición integrada por los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA.[5]
II. Del trámite y sustanciación de los juicios
4. Demandas. El nueve y once de junio, el PRD y el PAN, respectivamente, por conducto de sus respectivos representantes acreditados ante el citado Consejo Distrital, presentaron ante dicha autoridad, demandas de juicio de inconformidad a fin de impugnar el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el referido principio.
5. Recepción y turno. El catorce y quince de junio, la Oficialía de Partes de esta Sala Regional recibió las demandas, los expedientes y sus anexos, remitidos por el Consejo Distrital responsable; en la misma fecha, respectivamente, la magistrada presidenta acordó integrar los expedientes SX-JIN-5/2024 y SX-JIN-16/2024, así como turnarlos a la ponencia a cargo del magistrado en funciones[6] José Antonio Troncoso Ávila, para los efectos pertinentes.
6. Radicación, admisión y requerimiento. El quince de junio, el magistrado instructor acordó radicar el expediente SX-JIN-5/2024 en su ponencia y admitir a trámite la demanda. Asimismo, requirió a la autoridad responsable para que remitiera diversa documentación electoral; autoridad que dio cumplimiento en su oportunidad.
7. Radicación y admisión. El veintiuno de junio, el magistrado instructor acordó radicar el expediente SX-JIN-16/2024 en su ponencia y admitir a trámite la demanda.
8. Segundo requerimiento. El veintisiete de junio, a fin de contar con mayores elementos para sustanciar el presente medio de impugnación,[7] el magistrado instructor requirió a la autoridad responsable para que remitiera diversa documentación electoral; autoridad que dio cumplimiento en su oportunidad.
9. Cierres de instrucción. En posteriores proveídos, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción en cada expediente, por lo que los autos quedaron en estado de dictar la resolución correspondiente.
10. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional es competente para conocer y resolver estos medios de impugnación, por dos razones: a) materia, al tratarse de juicios de inconformidad mediante los cuales se combate el cómputo de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, realizado por el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo, con cabecera en Benito Juárez; y b) territorio, porque esa entidad federativa corresponde a esta circunscripción plurinominal.
11. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI; 60, segundo párrafo, y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;[8] 1, fracción II, 164, 165, 166, fracción I, 173, párrafo primero, y 176, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, inciso b), 34, apartado 2, inciso a), 49, 50 apartado 1, inciso b), fracción II, y 53, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[9]
12. En el caso lo procedente es acumular los juicios de inconformidad para su resolución conjunta, toda vez que se advierte coincidencia en la autoridad señalada como responsable, así como en los actos reclamados.[10]
13. En efecto, de las demandas se advierte que en ambos juicios se controvierten los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, en el 04 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Benito Juárez, Quintana Roo; actos realizados por el consejo distrital del Instituto Nacional Electoral en dicho distrito.
14. Así, a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias y facilitar su resolución pronta y expedita, se debe acumular el juicio SX-JIN-16/2024 al SX-JIN-5/2024, por ser éste el primero que se recibió en este órgano jurisdiccional
15. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.
16. En los presentes juicios se le reconoce el carácter de tercero interesado al partido MORENA, quien comparece a través de su respectivo representante acreditado ante el 04 Consejo Distrital del INE en el estado de Quintana Roo, con cabecera en Benito Juárez.
17. Lo anterior, en términos de los artículos 12, apartados 1, inciso c), y 2; 13, apartado 1, inciso a), y 17, apartado 4, de la Ley General de Medios, como se indica a continuación:
18. Legitimación, personería e interés incompatible. En el caso, quien promueve es un partido político, MORENA, quien comparece a través de Eduardo Sebastián Martínez Sánchez, en su calidad representante acreditado ante la autoridad responsable y tal calidad está reconocida en el informe circunstanciado respectivo;[11] por lo que se le reconoce su legitimación y personería.
19. Además, tiene un derecho incompatible al de los actores, toda vez que forma parte de la coalición que obtuvo el triunfo en la elección controvertida, de ahí que, si la parte actora pretende anular tales comicios, es evidente que el ahora tercero interesado tiene un derecho incompatible.
20. Forma. Los escritos de tercero interesado fueron presentados ante la autoridad responsable; se hizo constar el nombre del partido político y la firma autógrafa de quien comparece como su representante; además, expresa la oposición a las pretensiones del actor mediante la exposición de los argumentos.
21. Oportunidad. Los escritos de comparecencia se presentaron de manera oportuna, esto es, dentro de las setenta y dos horas de publicitación del presente medio de impugnación, de conformidad con los siguientes datos:
No. | Expediente | Plazo de publicitación | Fecha y hora de comparecencia |
1. | SX-JIN-5/2024 | De las 22:12 horas del 9 de junio a las 22:15 horas del 12 de junio.[12] | 16:11 horas 12 de junio |
2. | SX-JIN-16/2024 | De las 12:50 horas del 11 de junio a la misma hora del 14 de junio.[13] | 22:37 horas 12 de junio |
22. En el informe circunstanciado de la autoridad responsable, así como en los escritos de tercería presentados por MORENA se plantea la presunta acreditación de diversas causales de improcedencia por las que solicitan que se desechen las demandas de los partidos actores, como se expone a continuación.
Omisión de identificar el acta de cómputo impugnada
23. La autoridad responsable afirma que los presentes medios de impugnación son improcedentes debido a que los partidos actores, en sus respectivos escritos de demanda, omitieron mencionar de manera individualizada el o las actas de cómputo distrital que pretenden impugnar.
24. En virtud de lo anterior, considera que las demandas deben desecharse debido a que los partidos incumplieron con el requisito especial previsto en el artículo 52, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Medios, que textualmente indica que es obligación de los promoventes precisar lo siguiente: b) La mención individualizada del acta de cómputo distrital o de entidad federativa que se impugna.
25. Al respecto, esta Sala Regional desestima dicho planteamiento de la autoridad responsable toda vez que, a partir de la lectura integral de los escritos de demanda de los presentes juicios, se puede identificar que la pretensión de los actores consiste en controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de las diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, en el 04 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Benito Juárez, Quintana Roo.
26. Por tanto, se concluye que el acta de cómputo distrital es la correspondiente a esa misma elección –diputaciones federales por el principio de mayoría relativa–, razón por la cual se encuentra satisfecho el requisito cuestionado por la autoridad responsable.
Se pretende impugnar más de una elección
27. MORENA indica que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, apartado 1, inciso e), de la Ley General de Medios, consistente en que se pretenda impugnar dos elecciones en un mismo juicio, ya que en dicha demanda se pretenden impugnar más de una elección.
28. Al respecto, esta Sala Regional considera que la causal invocada no se actualiza en las demandas ya que, de la lectura, se advierte que en ningún momento se menciona que sea pretensión de la parte actora el impugnar algún acto relacionado con la elección de presidencia o senadurías; sino que precisa que el acto reclamado es el resultado, declaración de validez y entrega de la constancia relativa a la elección distrital de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.
29. En ese tenor, la causal de improcedencia es infundada, dado que el planteamiento y solicitud parten de una premisa falsa.
Falta de definitividad del acto cuestionado
30. MORENA aduce que el medio de impugnación debe desecharse porque se actualiza lo previsto en el artículo 10, numeral 1, inciso d) de la LGSMIME, debido a que estima que se impugnan actos que no resultan definitivos ni firmes, ya que no se han agotado los medios de defensa contemplados por las leyes aplicables.
31. El compareciente señala que la parte actora se encuentra impugnando la declaratoria de validez y la emisión de la constancia de mayoría correspondientes a las elecciones de Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales que, al momento de la presentación de sus demandas, tales circunstancias se trataban de actos futuros de realización incierta.
32. Sin embargo, como se precisó en el apartado anterior, en el caso de las demandas en análisis, es posible dilucidar que solo son jurídicamente viable para impugnar el cómputo y demás actos relacionados con la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa.
33. En tanto que, resulta falso que se indique la pretensión de impugnar algún acto relacionado con alguna elección distinta al cómputo, declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 04 de Benito Juárez, Quintana Roo.
34. En ese contexto, se advierte que la causal de improcedencia es infundada, dado que, de conformidad con el artículo 50, inciso b), de la Ley General de Medios, no existe algún medio de impugnación, recurso o instancia que se deba agotar de manera previa, para promover el Juicio de Inconformidad en contra de los resultados y declaración de validez de la elección de diputaciones de mayoría relativa.
Falta de oportunidad
35. Finalmente, MORENA señala que las demandas resultan extemporáneas en términos de lo dispuesto por el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Medios, al considerar que fueron presentadas fuera del plazo de los cuatro días previsto en el artículo 8 de la citada Ley.
36. Esta Sala Regional considera que la causal de improcedencia es infundada.
37. Lo anterior, pues se debe tomar de base que el cómputo impugnado terminó el siete de junio.
38. Luego, si la demanda del juicio SX-JIN-5/2024 se presentó ante la autoridad responsable el nueve de junio, es evidente que es oportuna al haberse presentado dentro del plazo de cuatro días que establecen los artículos 8 y 55, párrafo primero, inciso b), de la Ley General de Medios.
39. Asimismo, por cuanto hace a la demanda del juicio SX-JIN-16/2023, si la demanda se presentó ante la autoridad responsable el once de junio, también es oportuna por estar dentro del referido plazo de cuatro días que establece la Ley General de Medios.
40. En consecuencia, al advertirse que las demandas federales son jurídicamente viables para impugnar el cómputo, declaración de validez y entrega de a constancia de mayoría de la elección de diputaciones federales que realizó el 04 Consejo Distrital del INE en Quintana Roo, y que fue promovida dentro del plazo de cuatro días que establece la Ley General de Medios, la causal de improcedencia invocada deviene infundada.
41. Las demandas de los presentes juicios reúnen los requisitos generales y especiales exigidos por los artículos 9, apartado 1, 13, apartado 1, inciso a), fracción I, 52, párrafo primero, 54, apartado 1, inciso a), 55, apartado 1, inciso b), de la Ley General de Medios, tal como se explica a continuación.
Requisitos generales:
42. Oportunidad. El requisito se satisface en términos de lo razonado en el Considerando previo.
43. Legitimación y personería. Los juicios de inconformidad están promovidos por parte legítima, porque por cuanto hace al SX-JIN-5/2024, lo promueve el Partido de la Revolución Democrática, a través de Jesús Armando Liógon Beltrán en su carácter de representante propietario del partido ante el consejo responsable, calidad reconocida en el informe circunstanciado respectivo[14].
44. Por su parte, el juicio de inconformidad SX-JIN-16/2024, lo promueve el Partido Acción Nacional, a través de Keyla Carola Neri Ortega en su carácter de representante propietaria del partido ante el consejo responsable, calidad reconocida en el informe circunstanciado respectivo[15].
Requisitos especiales:
45. Tales requisitos también están colmados, como se ve a continuación.
46. Señalamiento de la elección que se impugna. Los partidos actores en sus demandas señalan en forma concreta que la elección que impugnan es la de diputación federal del Congreso de la Unión en el 04 Distrito Electoral Federal en el estado de Quintana Roo.
47. Mención individualizada del acta de cómputo distrital. En virtud del punto anterior, el acta de cómputo distrital es la correspondiente a esa misma elección, tal como se precisó al desestimarse la causal de improcedencia planteada por la responsable.
48. La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas. Los partidos actores en sus demandas precisaron las casillas cuya votación solicitan sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso, tal como se precisará en el apartado correspondiente al estudio de fondo.
49. Esta Sala Regional tiene como límite para resolver los juicios de inconformidad de las elecciones integrantes del Congreso de la Unión, a más tardar el tres de agosto del año de la elección; como se advierte de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 44, apartado 1, inciso u), y 327 de la LGIPE[16]; así como 58 y 69 de la Ley General de Medios, tal y como se explica a continuación:
50. Dentro de las atribuciones que tiene el Consejo General del INE se encuentra la de efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de diputados por este principio, determinar la asignación de diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección, en términos del artículo 44, apartado 1, inciso u), de la LGIPE.
51. Asimismo, el Consejo General procederá a la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional conforme al procedimiento indicado en los numerales 15 al 21 de la LGIPE, una vez resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones que se hayan interpuesto a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección, lo anterior, con fundamento en los artículo 327 de la referida ley sustantiva electoral y 54 de la Constitución federal.
52. Por su parte, el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, por el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, de conformidad con la Ley General de Medios, su artículo 3, apartado 2, inciso b).
53. Durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones, entre otras, las de integrantes del Congreso de la Unión, en términos del artículo 49 de la referida Ley General de Medios.
54. En ese orden de ideas, los juicios de inconformidad de las elecciones de integrantes del Congreso de la Unión deberán quedar resueltos el día tres de agosto y los relativos a la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el treinta y uno de agosto, ambas fechas del año de la elección, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley general de medios.
55. Además, se tiene que el recurso de reconsideración procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales y que la Sala Superior del Tribunal Electoral es la única competente para resolver este tipo de recurso y, cuando versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputaciones, deberán ser resueltos a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral, conforme a lo previsto en los artículos 61, 64 y 69 de la citada ley de medios.
56. En ese orden de ideas, la Cámara de Diputados se compondrá de trescientos diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y doscientos diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, electos en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión el primero de septiembre, de acuerdo con los artículos 51, 52 y 65 de la Constitución federal.
57. Ahora bien, de lo expuesto se advierte que la LGIPE dispone, por una parte, que el Consejo General deberá realizar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a más tardar el veintitrés de agosto del año de la elección, pero también señala que la referida asignación deberá realizarse a más tardar el veintitrés de julio del año de la elección; por tanto, hay una incongruencia en la citada ley sustantiva electoral al manejar dos fechas para la realización de un mismo acto.
58. Por su parte, la Ley General de Medios señala que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios de inconformidad a más tardar el tres de agosto del año de la elección y los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral.
59. Cabe señalar que las fechas previstas en la ley sustantiva en relación con la ley adjetiva referidas, no resultan congruentes ya que lo ideal sería que primeramente el Tribunal Electoral resolviera todos los juicios de inconformidad y de reconsideración que se presentaran, a fin de que quedaran firmes los cómputos respectivos y, posteriormente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizara la asignación de diputaciones.
60. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la falta de congruencia en las fechas señaladas se debió a un lapsus calami del legislador, al no ajustar las fechas que permitan coordinar las actividades antes referidas, al dejar como fecha límite al Consejo General para realizar la asignación, una fecha anterior a que culmine el límite temporal con que cuenta el Tribunal Electoral para resolver los juicios y recursos señalados.
61. En consecuencia, aún y cuando se establezca que el Consejo General hará la asignación a más tardar en dos posibles fechas como sería el veintitrés de agosto o el veintitrés de julio del año de la elección, en términos de lo señalado en los artículos 44, apartado 1, inciso u) y 327 de la LGIPE; este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ajustarse a lo previsto en los artículos 58 y 69 de la Ley General de Medios, al ser la que regula lo relativo a los juicios de inconformidad de la elección de diputaciones y que prevé como límite para resolver a más tardar el tres de agosto, y en el caso de los recursos de reconsideración a más tardar el día diecinueve de agosto del año del proceso electoral. Ello, porque este Tribunal Electoral se rige por la referida ley adjetiva electoral.
62. La pretensión del Partido de la Revolución Democrática es que se declare la nulidad de la elección relativa a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el 04 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Benito Juárez, Quintana Roo, porque, en su consideración, ocurrieron las irregularidades graves y determinantes siguientes:
Indebida intervención del gobierno federal en el proceso electoral
Intermitencia en el sistema de carga de la información de los cómputos distritales
63. Además, el actor pretende la nulidad de la votación recibida en ochenta y un (81) casillas que se precisan en la siguiente tabla, debido a que considera que se actualiza la causal prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual prevé que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se recibió la votación por personas u órganos distintos a los facultados.[17]
66. Respecto a la metodología, en primer término, se estudiarán las causales de nulidad de la elección y posteriormente las causales de nulidad de votación, pues de declararse fundada la nulidad de la elección haría innecesario el resto de las causales de nulidad de la votación recibida en casilla.
67. El partido actor estima que está acreditada una violación sustancial, generalizada y determinante, y pide que se declare la nulidad de la elección, por los hechos que se comprenden en los temas siguientes:
a) Indebida intervención del gobierno federal en el proceso electoral
b) Intermitencia en el sistema de carga de la información de los cómputos distritales
68. Para el estudio de las causales señaladas, se estudiarán los incisos en el orden propuesto, abordando las consideraciones del partido actor, para señalar la decisión y justificación que dé respuesta a cada planteamiento.
A. Marco normativo
I. Causal nulidad de elección e invalidez por violación a principios constitucionales
69. El artículo 78, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece lo siguiente:
[…]
Artículo 78.
1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o la entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditados y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.”
[…]
70. Los alcances de esa causa de nulidad, que se ha dado en llamar “genérica” son los siguientes.[19]
Es preciso que se hubieren cometido violaciones:
a) Sustanciales.
b) En forma generalizada.
c) En la jornada electoral.
d) En el distrito o entidad de que se trate.
e) Plenamente acreditadas.
f) Determinantes para el resultado de la elección.
71. En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de que se celebró una elección democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus representantes.
72. Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución federal, y que se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad.
73. Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de diputaciones y senadurías, en el distrito o entidad de que se trate.
74. Lo anterior, con el fin de que, por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está viciada.
75. En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, a primera vista da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza.
76. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral.
77. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera originaria.
78. Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley General de Medios, no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre, secreto y directo, que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades.
79. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.
80. Esto, porque se exige que las violaciones sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que, por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales precisados.
81. Cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso, un delito, que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta importante la prueba indiciaria.
82. Lo anterior, se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes, elemento que, al ser común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por violación a principios constitucionales.
83. Por su parte, la llamada causa de invalidez por violación a principios constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho este Tribunal Electoral ha sostenido que la Constitución federal establece mandamientos respecto de los cuales debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma general, valores que son inmutables y que garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son producto de la experiencia histórica propia del Estado.
84. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función estatal, porque establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden público.
85. Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente, vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables de su observancia.
86. Así, las disposiciones constitucionales no sólo son mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la función estatal, sino que también contienen normas vigentes y exigibles.
87. Consecuentemente, este Tribunal Electoral ha considerado que una elección de mayoría relativa puede declararse inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales o valores fundamentales, constitucionalmente previstos.
88. Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección por violación de principios constitucionales son:[20]
a) Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio de algún principio o norma constitucional, o parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);
b) Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas;
c) Que se constate el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral, y
d) Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.
89. En la sentencia SUP-JIN-359/2012, la Sala Superior de este Tribunal Electoral al analizar el grado de afectación por la violación y que ésta sea cuantitativa o cualitativa, sostuvo que éstas deben ser sustanciales, graves y generalizadas o sistemáticas.
90. Como ya se dijo en el apartado previo, hay principios que son tutelados por el sistema de nulidades; y tratándose de la causa de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley General de Medios, y de la invalidez por violación de principios constitucionales, se puede establecer que ambas comparten algunos elementos, entre otros, exigen que sean violaciones sustanciales, graves, plenamente acreditadas, se constate el grado de afectación o su generalización y que sean determinantes.
91. Este último elemento de “determinancia”, al ser común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por violación a principios constitucionales, se abordará con más detalle a continuación.
II. El elemento determinancia en las causales de nulidad
92. Para que se actualice la nulidad de una elección bien sea por los supuestos jurídicos establecidos en los artículos 76, párrafo 1, incisos a) o b), 78, 78 bis o por violación a los principios constitucionales, es necesario que se pruebe la existencia de una irregularidad o conjunto de ellas, cuya consecuencia sea la vulneración significativa a los principios que rigen las elecciones,[21] es decir, se requiere que se reúna el requisito de la determinancia, el cual es un elemento que siempre debe analizarse.
93. Ahora bien, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha razonado que para establecer si se actualiza la determinancia se pueden utilizar criterios aritméticos, pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de verificar si se han conculcado de manera significativa uno o más de los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió.[22]
94. Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de una violación supone la concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y otro cuantitativo.
95. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático (como sería el caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral).
96. Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la misma.[23]
97. Es más, los criterios cualitativo y cuantitativo mutuamente se complementan, ya que no son criterios netamente puros, pues el criterio cualitativo si bien atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos, no menos cierto es que puede también apoyarse en estadísticas o cifras; y el criterio cualitativo si bien atiende a una cierta magnitud medible o el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular, también lo es que cuando se estima colmado desde este punto de vista, implícitamente está protegiendo los valores constitucionales; pero lo que define uno y otro, es el carácter que predomina, lo que no implica que el criterio diverso de determinancia esté ausente.
98. Ahora bien, no debe dejarse de lado que la evolución de la interpretación constitucional y legal de la figura de la nulidad de una elección permite advertir que la determinancia tiene como finalidad primordial la protección de la voluntad popular y que no cualquier irregularidad tenga como consecuencia la nulidad de una elección, sino que éstas deben ser de una gran magnitud.
99. En efecto, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que el sistema de nulidades solamente comprende conductas calificadas como graves.[24]
100. Por otro lado, al analizar si se vulneraron principios constitucionales, con el fin de verificar si se acredita la determinancia, no debe perderse de vista que todos los principios y valores contemplados por la Constitución federal son vinculantes, por tratarse de elementos fundamentales para considerar válida una elección, por lo que, el sistema de nulidades debe procurar que todos ellos sean cumplidos en cada proceso electivo.
101. De tal modo, el juzgador debe cuidar que al considerar la actualización de la determinancia por vulneración a un principio constitucional no deje insubsistente otro u otros principios de igual jerarquía, pues como se dijo, debe darse vigencia a todos los principios constitucionales.
102. Así el juzgador, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, debe buscar que la decisión de anular o validar una elección, se base en el equilibrio de los posibles principios constitucionales en juego.
103. Pues no debe perderse de vista que, la nulidad de una elección es un asunto sumamente delicado, por un lado, representa una de las sanciones más severas que puede imponer la autoridad electoral a fin de asegurar la legalidad de la competencia política y la legitimidad de los resultados; pero, por otra parte, implica un dilema moral sobre la voluntad de los votantes, que con irregularidades o no, participan en un proceso en el que esperan que su voto cuente.
104. Así, en casos particulares, la Sala Superior ha sostenido que: “…si se está en presencia de una irregularidad leve o no grave, o bien, si la irregularidad, aun de carácter grave, no es de la magnitud o amplitud suficiente para influir en el resultado electoral, no será una irregularidad invalidante y, por tanto, no será susceptible de acarrear la nulidad de una elección (votación), incluso si la diferencia entre los partidos es mínima, así sea de un solo voto, toda vez que debe privilegiarse la expresión de la voluntad popular expresada en las urnas”.[25]
105. Por ende, en atención al artículo 1° de la Constitución federal, el cual impone que, cuando estén en juego los derechos humanos se interpreten de conformidad con esta Carta Magna, y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo cual también debe tomar en cuenta el voto de los ciudadanos que, colectivamente, conforman la voluntad popular.
106. Así, el requisito de determinancia garantiza la autenticidad y libertad del sufragio y de la elección, asimismo otorga certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados.
107. De no exigirse, según el caso, que la violación sea determinante, se podría llegar al absurdo de considerar que cualquier transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas y jurisdiccionales que en última instancia garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio.
B. Caso concreto
a) Indebida intervención del gobierno federal en el proceso electoral
108. El PRD pretende la nulidad de la elección, para lo cual argumenta que contrario a derecho se consideró válida la votación recibida en todas las mesas directivas de casillas instaladas el pasado 2 de junio, cuando -desde su perspectiva- la votación se encontraba viciada por la indebida intervención de gobierno federal.
109. En ese contexto, sostiene que debe determinarse la nulidad de la elección, por vulneración a los principios de neutralidad y equidad, que se traduce en una implícita trasgresión de los principios rectores de la elección; a saber, que sean libres, auténticas y periódicas, mediante voto universal, libre, secreto y directo, así como los derechos de participación política.
110. Lo anterior lo sustenta en que, desde su parecer, la autoridad responsable dejó de considerar la conducta del presidente de la República Mexicana, quien junto con sus candidaturas a diversos cargos de elección popular federal y local, en forma flagrante, continua, sistemática y reiterada, antes y durante el proceso electoral, pudo trasgredir los bienes jurídicos tutelados por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución.
111. El partido actor también sostiene que es evidente que dicha conducta tuvo como resultado generar ventaja a favor de MORENA; aunado a que el beneficio fue materializado para las candidaturas postuladas por ese instituto político, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, al competir aliados.
112. En esa medida y derivado de las acciones que destaca, en concepto del PRD, los referidos partidos transgredieron los principios de neutralidad e imparcialidad, privando a la ciudadanía de manera implícita de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, generando conductas que vulneraron los principios que rigen las elecciones.
113. En sus conceptos de disenso, el partido inconforme indica que a partir de diversas manifestaciones ocurridas en las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo, popularmente llamadas “Mañaneras” se transgredió lo establecido por el artículo 134 de la Constitución, atento a que dicho numeral establece la obligación de las personas servidoras públicas de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos, siendo aplicable -a su decir- la jurisprudencia 12/2015 de Sala Superior[26].
114. En sustento de sus expresiones, cita lo resuelto por Sala Superior en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-43/2009, señalando que en esa decisión se concluyó que la promoción velada o explícita de las personas servidoras públicas constituye promoción personalizada.
115. Continúa indicando que el Presidente de la República, en el ejercicio de su encargo realizó propaganda gubernamental e incidió en forma directa en el proceso electoral 2023-2024 en beneficio de la coalición que obtuvo el triunfo, de sus candidaturas, y en especial de la postulada al Poder Ejecutivo Federal, conducta que afirma es contraria a derecho.
116. De igual manera sostiene que en la especie, resulta aplicable la jurisprudencia 20/2008 de rubro PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO[27].
117. Abunda en la exposición de la presentación de diversas quejas ante el INE, para destacar que en algunas de ellas se determinó la vulneración de los principios constitucionales por parte del titular del Ejecutivo Federal, y finaliza indicando en prueba de su dicho, la clave de identificación de diversos expedientes. En el mismo orden de ideas destaca que, respecto de conductas de esta naturaleza, la Sala Superior de este Tribunal Electoral, ha conocido de diversas impugnaciones.
118. Con base en lo expuesto, solicita de esta Sala Regional que, en plenitud de jurisdicción se determine la nulidad de la votación recibida en las mesas directivas de casilla instaladas el pasado 2 de junio, para la elección impugnada en este juicio de inconformidad.
119. A juico de esta Sala, los agravios del PRD son ineficaces, como se advierte de sus conceptos de disenso, de manera general refieren hechos que -desde su punto de vista- implican intervención del gobierno federal en las elecciones celebradas el pasado dos de junio, lo que -a su decir- constituyen conductas contrarias a los bienes jurídicos tutelados por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución.
120. Con independencia de la existencia o no de las decisiones de queja y medios de defensa ante Sala Superior de este Tribunal, se impone destacar que el partido actor, contrario al deber que tiene de frente a su pretensión de nulidad, incumple con la exigencia de referir y demostrar las circunstancias particulares que pudieran llevar a este órgano jurisdiccional a determinar la nulidad de la elección o de las casillas que se impugnan concretamente en el presente juicio de inconformidad, como a continuación se expone.
121. La litis en este juicio lleva a un análisis específico de esos hechos de frente a la actualización o no de alguna causal de nulidad invocada en su demanda.
122. Conforme a la línea jurisprudencial clara y sostenida de este Tribunal Electoral —la cual quedó señalada en el marco normativo previamente referido— el estudio de nulidades en materia electoral debe vencer la presunción de legalidad de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados.
123. En esta lógica, la nulidad de una elección solo puede actualizarse si se acreditan plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista en la legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación o la elección
124. Así, cómo ya se señaló, cuando los valores tutelados en la elección no son afectados sustancialmente, o el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deberán preservarse los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.
125. En ese orden de ideas, el artículo 78 de la Ley de Medios establece que las Salas de este tribunal podrán declarar la nulidad de alguna elección de diputaciones o senadurías, cuando se acredite que:
Ocurrieron violaciones sustanciales en la jornada electoral.
De forma generalizada.
En el distrito o entidad de que se trate.
Que estén plenamente acreditadas, y, que
Sean determinantes para el resultado de la elección.
126. Adicionalmente, tenemos la presunción de determinancia, misma que se actualiza, como sabemos, cuando existiendo las violaciones en cita, la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% (cinco por ciento).[28]
127. Se entenderá por violaciones graves, las conductas irregulares que produzcan afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.
128. Se calificarán como dolosas, las conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter lícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso.
129. Importa tener presente la consideración de Sala Superior en cuanto a que la causal de nulidad guarda un nexo funcional con los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos.
130. Conforme a estas directrices, será que los tribunales electorales, conforme a sus atribuciones y competencia, podrán reconocer la validez o declarar la nulidad de una elección siempre que, en los planteamientos de la demanda, en primer lugar, se expongan argumentos tendentes a demostrar que está plenamente acreditada la causal específica de nulidad legalmente prevista o incluso irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.
131. En el caso, como se anunció previamente, la parte actora no señala y menos acredita, cómo es que la supuesta intervención del gobierno federal que refiere en sustento de su petición de nulidad fue determinante para el resultado de las casillas que impugna o para la elección que controvierte en este juicio de inconformidad.
132. De la revisión detallada de sus planteamientos no se advierten circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto a la forma en que esos hechos que atribuye al titular del Ejecutivo, pueden incidir en forma determinante en la votación recibida en cada una de las casillas que impugna, tampoco respecto de la elección que controvierte en este juicio; menos cómo pudieran afectarse en forma generalizada, cierta, suficiente y determinante, los principios que tutelan el voto universal, libre, secreto y directo.
133. Las menciones en el orden en que se dan, constituyen afirmaciones que sin someter a debate la existencia de determinaciones judiciales en las que se haya declarado la vulneración al numeral 134 de la Constitución, cierto es que si no son vinculadas directamente con la posibilidad de afectación específica a los centros de votación y a la elección que se revisa, no pueden tener el efecto pretendido, ni ser prueba suficiente de violaciones graves, sistemáticas y determinantes que incidan en el resultado de la votación en casilla o de la elección.
134. En esa distancia de confronta eficaz, se ubican los señalamientos amplios, generales y no directos, particulares e individualizados que eran requeridos, en que centra su impugnación el partido demandante. De manera que, el planteamiento sobre la nulidad de la elección deviene inoperante.
135. Además, al no acreditarse los hechos aducidos, su referencia como causa de nulidad de la elección por violación a principios constitucionales también sería inoperante para controvertir los resultados de la elección impugnada; al no demostrarse la relación de causalidad o determinancia para el resultado de los comicios. Y, por tanto, la causal de nulidad invocada es infundada.
b) Intermitencia en el sistema de carga de la información de los cómputos distritales
136. El PRD solicita que se anule la elección de diputaciones federales celebrada en el distrito electoral federal 04 en Quintana Roo, porque considera que no se cuenta con certeza sobre la autenticidad de los resultados debido que existieron intermitencias en el sistema de carga de la información de los cómputos distritales, que generaron variaciones como si algún usuario distinto a la autoridad electoral estuviera nutriendo el sistema.
137. Al respecto, precisa que la intermitencia en el sistema impedía que se cargara la información o que se tuviera que reiniciar, mientras que los datos disponibles en el vínculo electrónico de consulta pública seguían cargándose; lo que atribuye a la probable alteración dolosa de los resultados obtenidos por los Consejos Distritales.
138. Así, a fin de acreditar su dicho, el partido actor aporta dos vínculos electrónicos[29], pero al acceder a los mismos, se exponen los avisos: “Error 404 a página que buscas no fue encontrada o no existe. Algunas causas pueden ser: La página está fuera de servicio por mantenimiento. La liga o dirección están incorrectas. El contenido no existe o ya no está vigente” y “Extraviado. La URL solicitada no se encontró en este servidor”[30].
139. Al respecto, en la demanda se indica que en los vínculos electrónicos se puede apreciar que en el caso del Distrito electoral federal 03 en Querétaro, se documentó la irregularidad y se corroboró con auxilio del Secretario Ejecutivo del Consejo Distrital del INE correspondiente.
140. En esa tónica, solicita que la información de captura de resultados y el sistema de carga sean auditados y que se identifique la responsabilidad de la vulneración al sistema de carga e información utilizado por el Instituto Nacional Electoral.
141. Para tal efecto, indica que esta autoridad debe requerir a la Unidad Técnica de Sistemas Informáticos y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, un informe en el que se establezcan, ubique y acrediten a todos los usuarios del sistema de carga de los cómputos distritales, el tipo de acceso que tienen al sistema, la ubicación física de la IP donde se conectaron y el informe de intermitencias, así como su explicación desde lo técnico, técnico operativo, tecnológico y de cadena de custodia de la información digital e informática.
142. E incluye una tabla comparativa en la que enlista todos los Consejos Distritales donde considera que se acreditó la irregularidad consistente en la intermitencia y manipulación del sistema de cómputos distritales del INE; entre los que se aprecia el Distrito electoral federal 04 en Quintana Roo.
143. Sin embargo, se estima que la irregularidad aducida por el partido político no se acredita con los elementos que aporta y tampoco argumenta, ni mucho menos demuestra, la manera en que dicha situación fue grave y determinante para el resultado del Cómputo Distrital de Diputaciones que realizó el 04 Consejo Distrital del INE en Quintana Roo.
144. Lo anterior, debido a que las ligas electrónicas aportadas no acreditan la situación de intermitencia alegada por el partido político, en tanto que una de ellas refiere a un Distrito electoral federal y una entidad federativa distinta a la impugnada; aunado a que solicita a esta Sala Regional que requiera pruebas documentales que el partido actor debía aportar o requerir, para ofrecerlas oportunamente.
145. Sobre el tema, el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General de Medios indica que el que afirma está obligado a probar; el artículo 14, párrafo 1, inciso a) y párrafo 4, inciso b), establece que una de las pruebas en materia electoral son las documentales públicas expedidas por órganos electorales; en tanto que los artículos 9, párrafo 1, inciso f) y 15, establecen que las pruebas deben aportarse con la demanda, salvo que deban requerirse, siempre que el demandante justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le fueron entregadas.
146. De tal manera, para que se requirieran las probanzas solicitadas por el actor, debía demostrar que solicitó la información oportunamente y aportar las constancias del trámite correspondiente a esta Sala Regional; por lo que no ha lugar a su solicitud.
147. En esa tónica, se advierte que el agravio enarbolado por el PRD es inoperante al consistir en un reclamo genérico y sin sustento probatorio que el partido político omite relacionar con los resultados de la elección impugnada, así como su validez; por lo que la causal de nulidad prevista en el artículo 78, consistente en la acreditación plena y generalizada de violaciones sustanciales y que se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, deviene infundada en esta temática.
148. En la misma tónica, tampoco se podría retomar lo alegado por el partido actor como una solicitud de modificación del resultado del Cómputo Distrital por error aritmético, dado que, a pesar de que acusa de manera vaga la ocurrencia de “irregularidades” o “intermitencia” en el sistema informático implementado por el INE para computar la votación del 04 Distrito electoral federal en Quintana Roo, entre otros, no precisa el supuesto error o diferencia causada, ni la distribución de la votación que considera correcta. Por lo que sería un argumento inoperante.
149. Finalmente, no se pasa por alto la pretensión del partido actor respecto a que se “identifique y responsabilice” a las personas que causaron los hechos que considera como supuestas intermitencias o irregularidades, sin embargo, el Juicio de Inconformidad tiene por objeto garantizar la autenticidad y legalidad de los resultados de los cómputos de las elecciones constitucionales, no así investigar o sancionar alguna responsabilidad administrativa. Por lo que se dejan a salvo los derechos del partido actor para tal efecto.
150. Finalmente, se precisa que, al no acreditarse la supuesta intermitencia en el sistema de captura de los cómputos distritales del INE que plantea el partido actor, su referencia como causa de nulidad de la elección por violación a principios constitucionales también sería inoperante para controvertir los resultados de la elección; al no demostrarse la relación de causalidad o su determinancia en el caso concreto. Y, por tanto, la causal de nulidad invocada es infundada.
151. El estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casillas se hará tomando en consideración que el elemento “determinante” deberá colmarse en cada uno de los supuestos jurídicos que prevé el artículo 75 de la Ley General de Medios, tanto en los que se encuentra expresamente señalado (incisos f, g, i, j y k) como en aquellos en que no se menciona, pero está implícito (incisos a, b, c, d, e y h).[31]
152. Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante para el resultado de la votación.
153. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito significa que –por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de su prueba– existe la presunción iuris tantum de que la irregularidad es “determinante” para el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se actualizará la nulidad.
154. Para analizar el elemento de determinancia se utilizará cualquiera de los dos criterios siguientes[32]:
Cuantitativo o aritmético
Cualitativo
155. Lo anterior, sin perder de vista “el principio de conservación de los actos válidamente” celebrados, al momento de analizar el elemento de determinancia.[33]
156. El principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, se caracteriza por los siguientes aspectos fundamentales:
a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y
b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanas y ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarias a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.
157. Así, dicho principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados parte de la base que no cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación o elección.
158. Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación con el elemento denominado determinante.
159. El criterio cuantitativo aritmético se basa en factores numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que, de no haberse presentado la irregularidad, el partido, coalición o candidatura independiente que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos.
160. El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico que tutela cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el elemento consistente en que la irregularidad sea determinante.
Pretensión de la parte actora
161. El PRD sostiene que en ochenta y un (81) casillas se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 75, numeral 1, inciso e), concretamente, porque la autoridad responsable validó la votación recibida por personas que no cuentan con su credencial para votar con fotografía o tienen su domicilio en un lugar diferente al que corresponde a las secciones electorales de la Mesa Directiva de Casilla instalada por la autoridad electoral.
162. Mientras que el PAN considera que se actualiza la misma causal de nulidad en cincuenta y tres (53) casillas.
Marco normativo
163. El artículo 75, apartado 1, inciso e), de la Ley General de Medios prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla, lo siguiente:
e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (sic)
164. Las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los trescientos distritos electorales; conforme al artículo 81 de la LGIPE.
165. En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección, la cual se integrará con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, además de un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán las actividades que indique la ley, tal como lo prevé el artículo 82, numerales 1 y 2, de la ley en cita.
166. Por otra parte, el artículo 274 de la misma ley establece que el inicio de los preparativos para la instalación de la casilla se realizará por la presidencia, secretaría y escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados como propietarios, a partir de las siete horas con treinta minutos del día de la elección, debiendo respetar las reglas siguientes:
Artículo 274.
1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente:
a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;
b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;
c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);
d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;
e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;
f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar, y
g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.
2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá:
a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y
b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.
3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o representantes de los Candidatos Independientes.
167. Como se observa, en caso de estar en alguno de esos supuestos, los nombramientos deberán recaer en electores que se encuentren en la fila de la casilla para emitir su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en las representaciones de los partidos políticos o de las candidaturas independientes.
168. En consecuencia, las personas electoras que sean designadas como funcionariado de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de las personas propietarias o suplentes nombrados por la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección electoral, porque en cualquier caso se trata de la ciudadanía residente en dicha sección electoral.
169. De lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que este supuesto de nulidad de votación recibida en casilla protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley.
170. Este valor se vulnera cuando: i) la mesa directiva de casilla se integra por ciudadanía que tienen un impedimento legal para fungir como funcionariado en la casilla; o, ii) la mesa directiva de casilla como órgano electoral se integra de manera incompleta[34] y que esto genere un inadecuado desarrollo de sus actividades, por lo que en este caso, tienen relevancia analizar las funciones de carácter autónomo, independiente, indispensables y necesarias que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre estos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.
171. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, apartado 1, incisos e), de la Ley General de Medios, se actualiza cuando se cumplan los elementos normativos siguientes:
a) Recibida la votación por personas u órganos distintos a los facultados.
b) Que la irregularidad sea determinante.
172. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a lo apuntado en el presente marco normativo.
173. Respecto al segundo elemento, consistente en la determinancia se tendrán que analizar las circunstancias particulares del caso, para verificar si las irregularidades se traducen o no en una vulneración a los principios que tutela la propia causal de nulidad.
Suplencia en la deficiencia
174. Por otra parte, se hace necesario referir que, en el presente caso será aplicable en lo que resulte necesario,[35] el criterio conforme el cual todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva.
175. Por lo que basta que la parte actora exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en las normas aplicables al asunto sometido a su decisión, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio.[36]
176. En esta causal se justifica, pues las actas de donde se obtiene la información necesaria para cuestionar la nulidad de votación son escritas a mano, llenando el apartado correspondiente con los nombres de las y los funcionarios, letras que en algunos casos son de difícil lectura, eso sumado a que las copias al carbón que les corresponde a los partidos políticos en ocasiones pierden nitidez, dificultando todavía más su comprensión.
177. Bajo esa lógica, se precisa que, al momento de realizar el estudio correspondiente de cada uno de los nombres de las personas que la parte actora señala en su demanda, quienes a su consideración fungieron indebidamente como funcionarias o funcionarios de casilla, esta Sala Regional precisará los nombres de las personas que el actor cuestiona, para estar en condiciones de dar una respuesta completa a su planteamiento, pues se advierte que en la trascripción hubo errores menores de captura en algunas letras, sin embargo, son identificables.
178. Por el contrario, donde no es posible subsanar esos errores menores en nombres y apellidos o inconsistencias ortográficas o errores al escribir, los nombres se analizarán como se escribieron en la demanda.
179. Lo que es posible, porque en los juicios de inconformidad procede la suplencia en la deficiencia de la queja, como lo estable la Ley General de Medios en su artículo 23, apartados 1 y 2.
180. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 17, reconoce el derecho a una tutela judicial efectiva, así como el deber de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales.
181. De igual forma, para hacer el análisis de esta causal de nulidad habrá que considerar lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-REC-893/2018, en el que sustentó que es suficiente proceder al estudio si se cuenta con los datos de identificación de la casilla y el nombre de la persona que se considera recibió la votación sin tener facultades para ello.[37]
182. Es decir, ese criterio no implica que se releve totalmente de las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló que, al menos, debe señalarse la casilla y el nombre de la persona que presuntamente fungió ilegalmente.
183. Sobre esa directriz, se procederá al estudio de la causal de nulidad en cuestión.
Material probatorio
184. Es necesario analizar el material probatorio que obra en autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y causal de nulidad que hace valer la parte actora.
185. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material probatorio: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla –comúnmente llamadas encarte–; b) listas nominales de todas las secciones de las casillas impugnadas; c) constancias de clausura de las casillas; d) actas de la jornada electoral; e) actas de escrutinio y cómputo en casilla y f) hojas de incidentes.
186. Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, apartado 4, incisos a) y b), y 16, apartado 2, de la Ley General de Medios.
187. Además, podrán analizarse las documentales privadas y demás medios de convicción que aportaron las partes –de naturaleza distinta a las públicas–, cuando tengan relación con las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto en el artículo 16, apartados 1 y 3, de la Ley General de Medios.
Caso concreto
188. En primer lugar, esta Sala Regional considera que los argumentos expuestos por el PRD resultan inoperantes, ya que ha sido criterio de la Sala Superior de este Tribunal que para analizar si una persona participó indebidamente como funcionario de casilla, es necesario proporcionar (1) el número de la casilla cuestionada y (2) el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente, dato que no señaló el inconforme.
189. De acuerdo con la LEGIPE, al día de la jornada comicial existen ciudadanas y ciudadanos que han sido previamente insaculados y capacitados por la autoridad, para que actúen como funcionarios de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas. Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente.
190. Asimismo, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores, es posible que se cometan errores no sustanciales que evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos. Por ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, esto es, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.
191. Al respecto, el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Medios contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios.
192. En relación con esta causal de nulidad, se destaca que en la jurisprudencia 26/2016 –actualmente no vigente– se sostuvo que, para que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar la referida causal de nulidad, era necesario que en la demanda se precisen los requisitos siguientes:
a) Identificar la casilla impugnada;
b) Precisar el cargo del funcionario que se cuestiona y;
c) Mencionar el nombre completo de la persona que se aduce indebidamente recibió la votación, o alguno de los elementos que permitan su identificación.
193. El criterio en cuestión buscó evitar que, a través de argumentos genéricos y sin sustento, se permitiera que los promoventes trasladaran a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.
194. De otra forma, los accionantes podrían afirmar que todas las casillas de una elección se integraron por presidencias, secretarías y escrutadores que no pertenecían a la sección electoral, y el tribunal respectivo tendría la obligación de: a) revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos; b) corroborar si esas personas aparecen en los encartes de la sección respectiva y, en su caso, c) verificar si se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.
195. En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.
196. Ahora bien, la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, con el fin de privilegiar un análisis racional de los elementos que, en cada caso, hagan valer los demandantes para estimar actualizada la causal de nulidad relativa a que la votación recibida en una casilla se efectuó por personas no facultadas, estimó procedente interrumpir dicha jurisprudencia y adoptar el criterio sobre la carga mínima que corresponde aportar al interesado, tal como: (1) los datos de identificación de cada casilla, y (2) el nombre completo de las personas que considera que recibieron la votación sin tener facultades para ello.
197. Este criterio ha sido reiterado por la propia Sala Superior al resolver las sentencias SUP-REC-1026/2021, SUP-REC-1157/2021, SUP-JRC-69/2022 y SUP-JRC-75/2022.
198. Así como en los precedentes más recientes (2022), dicha Sala también precisó que, esto no incentivaba una conducta como la que la referida jurisprudencia pretendió inhibir, pues el criterio adoptado no permite que se analice una causal de nulidad a partir de argumentos genéricos, sino únicamente cuando se proporcionen elementos mínimos que permitan identificar con certeza la persona que presuntamente actuó de manera ilegal, como lo es (1) la casilla y (2) el nombre completo de la persona cuya actuación se cuestiona.
199. En el caso concreto, el partido actor señala que la Mesa Directiva de Casillas se integró con personas que no se encuentran inscritas en el listado nominal de las secciones electorales de la Mesa Directiva de Casilla, en los términos siguientes:
Como se puede observar, el recurrente proporciona una lista de casillas en las que, según su dicho, se presenta la anomalía referente a la integración de los funcionarios; sin embargo, no especifica el nombre de la persona cuya actuación cuestiona.
200. Expuesto lo anterior y, como se anticipó, no es posible verificar la inconformidad del partido actor, porque se abstuvo de especificar el dato mínimo reconocido por este Tribunal Electoral para identificar a la persona que, desde su óptica, actuó integrando la mesa directiva de casilla sin pertenecer a la sección electoral correspondiente, que es la mención de alguno de los nombres o apellidos de la persona que, en su consideración, no debía integrar la Mesa Directiva de Casilla y no limitarse únicamente a enunciar las casillas, señalando cargos y no a la persona que los ejerció.
201. En ese tenor, el partido político debió proporcionar el nombre completo de las personas que considera no existen en la lista nominal, de lo contrario, bastaría esa afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección, el cual no está permitido conforme al criterio de la Sala Superior previamente descrito.
202. Si bien los tribunales deben atender a la causa de pedir y, en su caso, suplir la deficiencia de la queja, ello no implica que deban suprimir las cargas mínimas que le corresponden a las partes, como en el caso, el recurrente tenía la carga de aportar elementos para acreditar las causales de nulidad de casilla invocadas, como en el caso, la identificación del nombre de la persona que, en su consideración, se encontraba impedida para integrar una mesa directiva.
203. En particular, si el partido actor omitió señalar los nombres de las personas que, a su juicio, no estaban facultadas para recibir la votación para anular determinadas casillas, tal omisión no podría ser subsanada por la autoridad que conoce de la impugnación, puesto que implicaría una sustitución total en las cargas que corresponden al interesado; sin que ese requisito constituya un formalismo o rigorismo jurídico, toda vez que sólo se trata de una exigencia mínima que no lesiona la sustancia del derecho del acceso a la justicia,[38] al ser un elemento indispensable para contrastar si la persona se encontrase habilitada por pertenecer a la sección respectiva de la lista nominal.
204. En ese contexto, no es suficiente que el partido se inconforme de manera genérica porque en las casillas alguno de los cargos de la Mesa Directiva fue ejercido por una persona tomada de la fila, lo cual, no está prohibido, al ser un supuesto previsto en la Ley para integrar al funcionariado faltante el día de la jornada electoral, de conformidad con el artículo 274, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE.
205. Sino lo que podría acreditar una irregularidad, es que la persona tomada de la fila para integrar la Mesa Directiva de Casilla pertenezca a una sección distinta a la de la casilla; de manera que, para que el reclamo del partido político pueda ser analizado, es necesario que indique el nombre de la persona que considera no debió tomarse de la fila.
206. Así las cosas, dado que la parte actora omite señalar de forma específica el nombre de las personas de cada una de las casillas impugnadas que, en su opinión, realizó las funciones inherentes el día de la jornada electoral de forma incorrecta y fuera de los cauces legales pertinentes, ello hace que esta Sala Regional no pueda realizar el cruce de información entre el encarte correspondiente y las actas de la jornada electoral para de esta manera poder concluir si se acredita o no los extremos de la causal de nulidad invocada.
207. Pues de acuerdo con el criterio que ha adoptado la Sala Superior, previamente descrito es necesario que el partido justiciable exprese, señale el nombre de la o las personas que integraron la casilla sin estar facultadas para ello, lo que en el caso no se hace. De manera que, el agravio relativo, resulta inoperante.
208.Por otra parte, el PAN expone que en cincuenta y tres (53) casillas se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 75, numeral 1, inciso e), concretamente, porque la autoridad responsable validó la votación recibida por personas que no cuentan con su credencial para votar con fotografía o tienen su domicilio en un lugar diferente al que corresponde a las secciones electorales de la Mesa Directiva de Casilla instalada por la autoridad electoral.
209. Al respecto, esta Sala Regional realiza el análisis y valoración de las casillas impugnadas por el PAN, de conformidad con lo siguiente.
NO. | CASILLA | CARGO Y PERSONA DESIGNADA SEGÚN EL ENCARTE | PERSONA QUE FUNGIÓ CONFORME A LAS CONSTANCIAS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA[39] | PERSONA QUE FUNGIÓ ILEGALMENTE SEGÚN EL ACTOR[40] | CONCLUSIÓN |
1. | 13-B | 2º secretario MARBELLA CANUL MAY | CORONEL PEREZ J TAYDE | CORAND PEREZ TAYDE | Corrimiento. Fue designada como 3er suplente, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 2º secretario. |
1er escrutador CARLOS ALEJANDRO DZUL YAM | MARIA DEL ROSARIO CALIZ | MARIA DEL ROSARIO FALIZ I. | Corrimiento. Fue designada como 3er escrutador, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 1er. escrutador. |
2º escrutador AMERICA SHADEM MARTINEZ RUIZ | KARLA CECILIA AGUIRRE R. | KARLA CECILIA AGURRC R | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (13B en el consecutivo 36). |
2. | 13-C1 | 2º secretario LIZBETH SHARON ESMERALDA CHI HAY | EDUARDO HERNANDEZ ZEPEDA | EDUARDO HERNANDEZ ZAPEDA | Corrimiento. Fue designada como 1er escrutador, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 2do secretario. |
1er escrutador EDUARDO HERNANDEZ ZEPEDA | ELIA MARIA BABADILLA PUC | ELIA MARIA BABADILLA PUC | Corrimiento. Fue designada como 2º suplente, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 1er escrutador. |
3. | 13-C3 | 1er secretario JOSE OSVALDO CANCHE POOT | ROCIO POLONCA MAHUAY | ROCIO POLANCA MALIA | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (13C2 en el consecutivo 629). |
2º secretario CARMELA DZIB CEME | ALFONSO REYES SOLORIO | ALFONSO REYES SOLORIO | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (13C3 en el consecutivo 141). |
1er escrutador TOMASA ALEJANDRO LEON | JOSE AUSTERIO CHICMUL TUZ | JOSE ANTRO CHISMUL TUZ | Corrimiento. Fue designada como 2º suplente, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 1er escrutador. |
4. | 149-B | 1er secretario KARLA FABIOLA GONZALEZ MUÑOZ | MARTIN ALBERTO CHI | MARTIN ALBERTO CHE | Corrimiento. Fue designada como 2º secretario, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 1er secretario. |
2do secretario MARTIN ALBERTO CHI | YESICA YOMIR VIDAL LUNA | YESICA YOMIR VIDAL LUNCI | Corrimiento. Fue designada como 1er escrutador, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 2º secretario. |
5. | 149-C1 | 1er secretario EDGARELLA GUADALUPE PALMA ACEVEDO | JUAN CARLOS CALDERON MÉNDEZ | JUAN CARLOS CALDERON MENDEZ | Corrimiento. Fue designada como 2º secretario, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 1er secretario. |
6. | 149-C2 | 2ª secretaria CLAUDIA BERENICE VARGAS LUENGAS | MAGALI ABADILLA LOPEZ | MAGALI ABADILLA LOPEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (149B en el consecutivo 1). |
7. | 151-B | 2do escrutador VERONICA TERESA QUINTANILLA BENITA | MARIA ISABEL OROZCO RODRIGUEZ | MARIA ISABEL OROZCO RODRIGUEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (151C4 en el consecutivo 534). |
8. | 151-C4 | 2do escrutador GABRIELA SOFIA ANGULO HIDALGO | GABRIELA ROSALY YAÑEZ CAN | GABRIELA ROSALY YAÑEZ CAN | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (151C6 en el consecutivo 646). |
9. | 151-C5 | 3er escrutador NIDIA ELENA POOT CARRILLO | JORGE ROBERTO MANZANILLA ALCANTARA | JORGE ROBERTO MANZANILLA ALCANTARA | Corrimiento. Fue designada como 2º suplente, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 3er escrutador. |
10. | 152-C2 | 1er escrutador DAMIANA LOPEZ MAGAÑA | KRISTEL GUADALUPE CASTRO LEON | KRISTEL GUADALUPE LEON CASTRO | Corrimiento. Fue designada como 2º secretario, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 1er escrutador. |
11. | 155-C1 | 2do secretario ALEJANDRA VIVEROS CONTRERAS | PIÑA ZETINA RAFAEL | PIÑA ZEPEDA RAFAEL | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (155C1 en el consecutivo 302). |
1er escrutador JARUMI MARITERE DZIB VARGUEZ | CHIMAL CHIMAL ALBA FLOR | CHIMAL CHIMAL ALBA FLOR | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (155B en el consecutivo 295). |
2º escrutador MATILDE GARDUZA SANCHEZ | ROSAS PRIETO RUBEN | ROSAS PRETO RUBEN | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (155C1 en el consecutivo 406). |
12. | 156-B | 3er escrutador EZEQUIEL RUIZ MARTINEZ | JOHANA MONSERRAT ORTIZ PEREZ | JOHANA MONSERRAT ORTIZ PEREZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (156C1 en el consecutivo 261). |
13. | 158-B | 2º secretario MIGUEL ANGEL DZUL POOL | ANDRES HERNANDEZ DIAZ | ANDRES HERNANDEZ D. | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (158B en el consecutivo 518). |
14. | 163-C2 | 2º secretario JORGE PEÑA TAPIA | IRMA ANGELICA MARTINEZ TAVAREZ | ANGELICA MARTINEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (163C1 en el consecutivo 485). |
15. | 585-B | 1er secretario EDGAR EDUARDO MOO DZIDZ | CONSTANTINO CRUZ SUAREZ | MARINA ASCENCIO GALVON | No ejerció algún cargo. De la revisión de las constancias que integran los expedientes, se concluye que la persona señalada por el partido actor no ejerció algún cargo en la Mesa Directiva de Casilla. |
2º secretario JESUS SANCHEZ MORALES | ALAN VITTER MENA | ANDON GEMINA FORCAS | No ejerció algún cargo. De la revisión de las constancias que integran los expedientes, se concluye que la persona señalada por el partido actor no ejerció algún cargo en la Mesa Directiva de Casilla. |
1er escrutador MIGUEL ANGEL BASTOS SOSA | WILBERTH KU MAY | GERMAN TOLEDO OJEDA | No ejerció algún cargo. De la revisión de las constancias que integran los expedientes, se concluye que la persona señalada por el partido actor no ejerció algún cargo en la Mesa Directiva de Casilla. |
2º escrutador CONSTANTINO CRUZ SUAREZ | GELMI HOMA BENZA | SILVANO DE LA CRUZ TIMON | No ejerció algún cargo. De la revisión de las constancias que integran los expedientes, se concluye que la persona señalada por el partido actor no ejerció algún cargo en la Mesa Directiva de Casilla. |
16. | 591-E1 | 2º secretario MIGUEL ANGEL ARIAS JIMENEZ | ELIZABETH SOBERANO SOLIS | ELIZABETH SOBERANO SOLIS | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (591E1C1 en el consecutivo 507). |
1er escrutador HILARIA DEL CARMEN LOPEZ HERNANDEZ | MARIA LUISA SOLIS DIAZ | MARIA LUISA SOLIS DIAZ MA | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (591E1C1 en el consecutivo 512). |
17. | 591-E1C1 | 2º secretario ELIZABETH CAMACHO GONZALEZ | TEREZA ALVAREZ RAMIREZ | TEREZA ALVAREZ RAMIREZ | Corrimiento. Fue designada como 1er escrutador, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 2º secretario. |
1er escrutador TERESA ALVAREZ RAMIREZ | MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ BUSTO SANCHEZ | MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ BUSTO | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (591E1 en el consecutivo 374). |
18. | 595-C1 | 2º escrutador MIGUEL ANGEL ARIAS ARELLANO | MARTHA PATRICIA GONZALEZ FERNANDEZ | MARTHA PATRICIA GONZALEZ FERNANDEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (595B en el consecutivo 354). |
19. | 616-B | 2º secretario JORGE ADRIAN CASANOVA POLITO | JORGE ADRIAN CASANOVA | JONATHAN TADKO G | No ejerció algún cargo. De la revisión de las constancias que integran los expedientes, se concluye que la persona señalada por el partido actor no ejerció algún cargo en la Mesa Directiva de Casilla. |
20. | 622-C1 | 1er escrutador ERICK JUAN FRANCISCO MEZA AGUIRRE | LUIS GUILLERMO MEJENES CHACON | LUIS GUILLERMO NEGUENES CHACON | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (622C1 en el consecutivo 44). |
21. | 628-B | 1er escrutador MARCOS MANUEL BALAN CANUL | MEX DOMINGUEZ JULIAN AZAEL | MEX DOMINGUEZ JULIAN AZAE | Corrimiento. Fue designada como 3er escrutador, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 1er escrutador. |
2º escrutador RAQUEL VELIZ MERCADO | TEC MORALES JOSHUA ALEXANDER | TEC MORALES JOSHUA ALEX | Encarte de otra casilla. Fue designada como 1er escrutador en la casilla 628 C2 (misma sección), pero ejerció el cargo de 2º escrutador en la casilla controvertida, por tanto, sí pertenece a la misma sección. |
22. | 628-C2 | 1er secretario CARLOS ANTONIO TAMAYO PALMA | ENRIQUE MAUPOME SAAVEDRA | ENRIQUE MASPONE SACUED | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (628C1 en el consecutivo 424). |
1er escrutador JOSHUA ALEXANDER TEC MORALES | JUAN JESUS ESCALANTE MIS | JAN JESUS ESCALANTE UNCHES | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (628B en el consecutivo 470). |
23. | 632-C7 | 2do secretario JOSE RICARDO MURILLO MEDINA | JOSE ALFREDO ARIAS TELLEZ | JOSE ALFREDO ARVO TELLER | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (632B en el consecutivo 549). |
1er escrutador ALVARO RAMIREZ JIMENEZ | LUCIA HERNANDEZ RUIZ | LUCIA HERNANDEZ RULE | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (632C6 en el consecutivo 140). |
24. | 632-C8 | 3er escrutador ADDY SELENE PAN NEGRETE | MARISELA LOPEZ RODRIGUEZ | MARISELA LOPEZ RODRIGUEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (632C7 en el consecutivo 365). |
25. | 634-B | 2do secretario ABRIL ALONDRA CORTES HERRERA | MERCY GUADALUPE WAN MEDINA | GUADALUPE CHAN MEDINA | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (634 C1 en el consecutivo 486). |
26. | 636-B | 1er secretario REYES SELENA CANCHE KUYOC | LAURA ISABEL CATZIN PECH | LAURA ISABEL CATZIN PECH | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (636B en el consecutivo 73). |
2do secretario LUIS ENRIQUE CONCEPCION DIAZ | MARIA ESTHER GARCIA HERNANDEZ | MARIA ESTHER GARCIA HERNANDEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (636B en el consecutivo 195). |
27. | 638-C1 | 2do secretario JOSE GASPAR MEDINA CIAU | ANA AC CAB | ANA AC AB | Corrimiento. Fue designada como 2º suplente, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 2º secretario. |
3er escrutador HORACIO MENDOZA AGUILAR | EULALIO NOLASCO JUAREZ | EULALIO NOLASCO JUAZEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (638C1 en el consecutivo 199). |
28. | 641-B | 2º secretario LUCIA RODRIGUEZ CHACON | MARIA DEL ROCIO CALDERON CASTAÑEDA | MARIA DEL ROCIO CALDERON CASTAÑEDA | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (641B en el consecutivo 103). |
29. | 813-C1 | 2º escrutador JAVIER RICARDEZ PEREZ | PEREZ JIMENEZ JUAN CARLOS | JUAN CARLOS PEREZ JIMENEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (813C1 en el consecutivo 267). |
30. | 818-C1 | 1er secretario LUCERO JANETH LOPEZ POOT | GUILLERMO GARCIA RAMIREZ | GUILLERMO GARCIA RAMIREZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (818B en el consecutivo 479). |
31. | 826-C11 | Presidente JOSE LUIS CANDELERO GOMEZ | ORTIZ RUIZ FILY MANUEL | ORTIZ RUIZ FILY MANUEL | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (826C8 en el consecutivo 225). |
1er secretario ABIAS GONZALEZ ANGULO | REYES LOPEZ ELI | REYES LOPEZ ELI | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (826C9 en el consecutivo 485). |
2º secretario SANDRA CARMINA MAY LAZO | JOSUE ALEJANDRO TUN COHUO | TUN CONVO JOSUE ALEJANDRO | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (826C11 en el consecutivo 23). |
2º escrutador LILIA GUADALUPE BALCAZAR CAMPOS | MORALES DIAZ LILIA PATRICIA | MORALES DIAZ LILIA PATRICIA | Corrimiento. Fue designada como 3er escrutador, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 2º escrutador. |
32. | 832-B | Presidente JASON GREGORIO CONTRERAS GARCIA | JASON GREGORIO CONTRERAS GARCA | JASON GREGORIO CONTRERAS GARCA | Coincide. El cargo lo ejerció la misma persona que fue autorizada de acuerdo con el encarte. |
33. | 834-B | 3er escrutador DIANA MAYTE MAY CHAY | SANDOVAL MARTINEZ PATRICIA | SANDOVAL MARTINEZ PATRICIA | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (834B en el consecutivo 492). |
34. | 835-B | 2do escrutador VERONICA GONZALEZ CONTRERAS | CARMEN ESTELA HERNANDEZ OLIVERA | CARMEN ESTELA HERNANDEZ O | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (835B en el consecutivo 225). |
35. | 1032-C3 | 2º secretario MARIA FERNANDA ABNAL CANUL | DAVID DE JESUS CRUZ OCAÑA | RIO DAVID DE JESUS CRUZ CONA | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1032 C1 en el consecutivo 486). |
36. | 1039-B | 1er escrutador MARTHA SARAI ABAN EK | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONCEPCION | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONCEPCION | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1039C3 en el consecutivo 218). |
2º secretario MARIA MATILDE GARCIA VELAZQUEZ | GOMEZ PEREZ ANGELA | GOMEZ PEREZ ANGELA | No pertenece a la sección. La persona referida por el actor ejerció el cargo sin estar autorizada en el encarte; además, no se encuentra en las listas nominales de la sección. |
37. | 1039-C1 | 2do secretario MELBA DIANA GOVIN CRUZ | DE LA CRUZ FONSECA JAZMIN KARINA | JAEMIN KARINA DE LA CINE FORETA | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1039 B en el consecutivo 672). |
1er escrutador BENJAMIN ALVARADO SANCHEZ | MARCO ANTONIO GUZMAN RUIZ VELASCO | MARCO ANTONIO GURMAN RUTZ VELASCO | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1039C1 en el consecutivo 417). |
38. | 1043-B | 1er secretario ALMA LETICIA CABAÑAS SANCHEZ | HECTOR ROLANDO PECH REJON | HECTOR ROLANDO PECH REJON | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1043C2 en el consecutivo 108). |
2º secretario ANETTE MICHELLE DIAZ MORENO | CANDELARIA GARCIA LUNA | CANDELARIA GARCIA LUNG | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1043C1 en el consecutivo 44). |
39. | 1043-C1 | 1er secretario JOSE CARDONA HERNANDEZ | ROSA MARIA RAMOS HERNANDEZ | ROSA MARIA RAMOS HERNANDEZ | No pertenece a la sección. La persona referida por el actor ejerció el cargo sin estar autorizada en el encarte, además no se encuentra en las listas nominales de la sección. |
1er escrutador YESENIA DEL PILAR DOMINGUEZ LIVERA | JUAN CARLOS MATOS GARCIA | JUAN CARLOS MATOS GARCIA | No pertenece a la sección. La persona referida por el actor ejerció el cargo sin estar autorizada en el encarte, además no se encuentra en las listas nominales de la sección. |
40. | 1043-C2 | 1er escrutador REY CRUZ RAMIREZ | JACOB GARCÍA BUCIO | MARIA DEL CONSUELO ALVAREZ | No ejerció algún cargo. De la revisión de las constancias que integran los expedientes, se concluye que la persona señalada por el partido actor no ejerció algún cargo en la Mesa Directiva de Casilla. |
2º escrutador ANSELMO GONZALEZ GOMEZ | CYNTHIA REBECA GARCIA DELGADO | VICTOR VAZQUEZ | No ejerció algún cargo. De la revisión de las constancias que integran los expedientes, se concluye que la persona señalada por el partido actor no ejerció algún cargo en la Mesa Directiva de Casilla. |
41. | 1046-B | 1er escrutador CARLOS CAUICH UC | ZAIDA GABRIELA LOPEZ BURGOS | ZAIDA GABRIELA LOPEZ BURGOS | Corrimiento. Fue designada como 3er escrutador, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 1er escrutador. |
42. | 1052-B | 1er escrutador CARLOS ALBERTO GARCIA TOVAR | FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ ARIAS | FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ ARIAS | Corrimiento. Fue designada como 1er suplente, pero debido a un corrimiento ejerció el cargo de 1er escrutador. |
43. | 1054-C2 | 1er escrutador GUADALUPE FUENTES ALEN | EDUARDO ANTONIO GIL TRINIDAD | ALON GAL TRADED | No ejerció algún cargo. De la revisión de las constancias que integran los expedientes, se concluye que la persona señalada por el partido actor no ejerció algún cargo en la Mesa Directiva de Casilla. |
44. | 1058-C1 | 1er secretario JOSE ALEJANDRO BRITO MOO | MARIO PEÑALOZA LOPEZ | MARIO PEÑALOZA LOPER | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1058C2 en el consecutivo 79). |
2º secretario JUDITH SARAI CAUICH CUPUL | ARELI DEL CARMEN ROMAN M | AVELI DEL CARNEY ROMOTE | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1058C2 en el consecutivo 287). |
2º escrutador MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ | BRAYAN MANUEL CAMARA DIAZ | BRAYAN M CAMARA DIAZ | No pertenece a la sección. La persona referida por el actor ejerció el cargo sin estar autorizado en el encarte, además no se encuentra en las listas nominales de la sección. |
45. | 1061-C1 | Presidente MARIA FERNANDA GARCIA GUZMAN | JAIME VAZQUEZ SALINAS | JAIME VAZQUEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1061C1 en el consecutivo 653). |
1er secretario JUAN CARLOS CANO PERERA | MIRIAN DEL SOCORRO GUILLEN PRIEGO | MIRIAN GUILLON PRIEGO | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1061 B en el consecutivo 575). |
46. | 1062-C2 | 2º secretario MARA ELVA LOPEZ ROMO | LIZ ARELY BOAS NOVELO | TARIO CARLOS ANTONIO GONZALE | No ejerció algún cargo. De la revisión de las constancias que integran los expedientes, se concluye que la persona señalada por el partido actor no ejerció algún cargo en la Mesa Directiva de Casilla. |
47. | 1064-C1 | 1er secretario GLORIA YULISA ESCALANTE CORTES | MANUELA DIAZ MENDEZ | MANUELA DIAZ MENDEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1064B en el consecutivo 317). No pasa inadvertido que dicha persona asentó su nombre y firmó en los apartados correspondientes al 1er y 2do secretario, sin embargo, se debe tomar como un error involuntario que no trasciende a los efectos pretendidos por el actor respecto a la nulidad de la votación, ya que lo relevante consiste en que la casilla se integrara con personas que pertenecen a la sección. |
48. | 1091-C3 | 1er escrutador MARIA MONICA CAUICH CAUICH | PUENTES FLORES RICARDO ANTONIO | PUENTES FLORES RICARDO ANTONIO | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1091C2 en el consecutivo 627). |
2º escrutador MIGUEL ANGEL PINZON YAM | AMADO SANCHEZ CARMEN JULIETA | AMADO SANCHEZ CARMEN JULIETA | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1091B en el consecutivo 94). |
49. | 1092-B | 2º secretario ANGEL RUBIEL BARBOSA COHUO | JIMENEZ PUC RAMIRO | JIMENEZ PUC RAMIRO | No pertenece a la sección. La persona referida por el actor ejerció el cargo sin estar autorizado en el encarte, además no se encuentra en las listas nominales de la sección. |
50. | 1094-B | 1er escrutador BIANCA IVONNE ESTRADA ROMAN | SELENE SARAI MENDOZA GARCIA | SELENE SARAI MENDOZA GARCIA | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1094C2 en el consecutivo 244). |
51. | 1094-C2 | 2º secretario PAOLA CRISTINA CRUZ SANCHEZ | MARIA ISABEL SERRATTA CHAN | HAND SUBEL SERRATTA CHAN | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1094C3 en el consecutivo 364). |
52. | 1125-B | Presidente SALMA DOMINGUEZ VARELA | SILVIA SOFIA SERRALTA CHERRIZ | SILVIA SOFIA SERRALTA CHERRIZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1125C2 en el consecutivo 348). |
53. | 1126-C1 | 1er secretario CARLOS GUILLERMO ZUÑIGA CASTILLO | REYNA CRISTELL DE LA CRUZ JIMENEZ | CRISTELL DE LA CRUZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1126B en el consecutivo 279). |
2º secretario INGRID CRISTAL CAMACHO BUSTAMANTE | CINDY MONTSERRAT DE LA CRUZ JIMENEZ | CINDY MONTSERRAT DE LA CRUZ JIMENEZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1126B en el consecutivo 278). |
1er escrutador | LUIS ARMANDO DE LA CRUZ | LUIS ARMANDO DE LA CRUZ | Tomada de la fila. Se encuentra en la LNE de la misma sección (1126B en el consecutivo 273). |
I. Casillas integradas con personas tomadas de la fila, que no pertenecen a la sección electoral
210. Del análisis de las respectivas actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, listas nominales de electores definitivas con fotografía de la sección correspondiente y encarte; se desprende que, en las casillas 1039 B, 1043 C1, 1058 C1 y 1092 B, en cada caso, uno de los funcionarios habilitados para actuar en la casilla no estaba autorizado para tal efecto, además de que está incluido en el encarte ni tampoco se encuentra en la lista nominal de la sección correspondiente.
211. En efecto, en la casilla 1039 B, el PAN señala que “GOMEZ PEREZ ANGELA” ejerció el cargo de 2º secretaria, y al analizar el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a dicha casilla se advierte que en efecto la referida ciudadana ocupó el referido cargo; sin embargo, no fue localizada en las listas nominales de electores de esa sección.
212. Por otro lado, en la casilla 1043 C1, el partido actor cuestiona que “ROSA MARIA RAMOS HERNANDEZ” y “JUAN CARLOS MATOS GARCIA”, ocuparon los cargos de 1er secretaria y 1er escrutador, lo cual se encuentra acreditado con el acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de senadurías.[41] Sin embargo, a partir de la búsqueda de las referidas personas en la totalidad de las listas nominales de electorales correspondientes a la sección donde fungieron, no fueron localizadas.
213. De igual forma, en la casilla 1058 C1, el PAN señala que “BRAYAN M CAMARA DIAZ” ocupó el cargo de 2º escrutador; lo que se acredita con el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a dicha casilla, ya que se puede obtener que quien ocupó el cargo en cuestión fue “BRAYAN MANUEL CAMARA DIAZ”, es decir, la persona que refiere el actor; sin embargo, al buscarla en las listas nominales de electores correspondientes a la sección donde fungió, no fue localizado.
214. Por último, en la casilla 1092 B, el actor señala como persona impugnada a “JIMENEZ PUC RAMIRO”, quien, a su decir, ocupó el cargo de 2º secretario; al analizar el acta de la jornada electoral correspondiente a dicha casilla se advierte que en efecto el referido ciudadano ocupó el cargo en cuestión; sin embargo, no se encuentra registrado en las listas nominales correspondientes a la sección donde fungió.
215. En consecuencia, en las referidas casillas se infringió lo previsto en el artículo 274, párrafo 3, de la LGIPE, que señala que las sustituciones que se realicen para integrar la casilla deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, aunado a que deben residir en la sección electoral que comprenda la casilla, en términos de lo dispuesto por el inciso a), del apartado 1, del numeral 83 del ordenamiento invocado, lo cual solamente se acredita si la ciudadanía se encuentra incluida en alguna de las listas nominales de electores correspondiente a la sección de la casilla en la que actúa como funcionario, lo que no aconteció en la especie.
216. Dicha situación pone en duda la certeza que debe regir en la emisión y recepción del sufragio, ya que, en el caso que se analiza, las personas mencionadas que fungieron en esas casillas no pertenecen a la sección electoral en que se desempeñaron como funcionarios de casilla, lo cual afecta el principio de certeza respecto a la validez de la votación emitida en esos centros de votación, en la medida en que frente a tal efecto, no puede afirmarse que las mesas directivas de casillas, receptoras de la votación impugnada, hayan sido debidamente integradas, ni que la votación correspondiente fuera recibida por las personas o el órgano facultado por la LGIPE para tal efecto.
217. Ello, porque al no reunirse los requisitos mínimos señalados por la Ley electoral federal, se afectan los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones, amén del riesgo que dicha circunstancia representa para las características que debe revestir la emisión ciudadana del voto, como son el de ser universal, libre y secreto.[42]
218. En consecuencia, al actualizarse la causal prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Medios, resulta fundada la causal de nulidad de la votación recibida en las casillas 1039 B, 1043 C1, 1058 C1 y 1092 B, al encontrarse indebidamente integradas y, por tanto, resulta procedente declarar la nulidad de la votación recibida en las mismas.
II. Funcionarios que concuerdan con el encarte
219. En primer lugar, debe destacarse que se declara infundada la causa prevista en el artículo 75 párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Medios, respecto de la casilla 832 B.
