Esta breve entrada busca ofrecer un panorama general de Revolutionary Constitutions. Charismatic leadership and the rule of law, de Bruce Ackerman, que, me parece, es uno de los más interesantes que se han publicado en los últimos años en la materia constitucional. No existe traducción al español, pero ojalá pronto se cuente con ella. Mi idea es incentivar la lectura del texto, no sustituirla. Publicado por Belknap-Harvard, se trata del primer tomo de tres que anuncia el académico de Yale y que, francamente, ya se antojan.
El texto presenta un modelo de análisis de lo que el autor llama "revoluciones humanas", esto es, aquellas que no están orientadas a la creación de un gobierno totalitario. Esta propuesta parte de una primera etapa de lucha, una segunda de triunfo, tercera de consolidación y una cuarta que consiste en la crisis sucesoria.
Para ilustrar el modelo, Ackerman presenta análisis de diversos casos, que van de Francia a la India, pasando por Polonia y Estados Unidos, sin dejar a Israel y a Irán. Esta es una virtud del texto, pues no se queda con los casos clásicos del derecho constitucional.
El estudio de cada caso se ajusta a una estructura en la que se aborda el momento revolucionario, el advenimiento de la primera generación de gobernantes, el establecimiento constitucional, la renovación de la dirigencia. La repetición de este método de análisis facilita el entendimiento de los casos, así como detectar similitudes y diferencias.
Figuras como Mandela, De Gaulle o Indira Gandhi circulan por las páginas, y la buena pluma con que están escritas nos acercan a la realidad de cada personaje, lo que da un mejor panorama de los sucesos políticos y jurídicos que se estudian.
Ackerman procede con honestidad intelectual, señalando los límites de su análisis que, como afirma, se realiza desde su oficina en Yale, pero asombra el manejo de la información y la perspicacia analítica. La manera en que relaciona con facilidad los temas jurídicos y políticos se agradece, pues no huye del entrelazamiento que presentan en la realidad.
Este libro navega, bajo la mano firme de su piloto, en los mares de la política y el derecho, lo que se agradece. Particularmente en temas como las crisis sucesorias o los choques entre grupos de poder, el autor no se hace a un lado invocando que “eso no es derecho”, sino que analiza los sucesos, sus causas y los efectos que se relacionan con la construcción y funcionamiento del estado.
A mí, en lo personal, me atrae el análisis que hace de los tribunales constitucionales. La manera en que la máxima judicatura se convierte en la guardiana de las promesas constitucionales, cuando ya la generación que instauró el texto revolucionario ha pasado.
Cabe realizar una crítica de sus categorías, desde la de liderazgo carismático hasta la de revolución humana, pero eso no oculta la coherencia del volumen.
¿Quiénes pueden leer con provecho este libro? En primer lugar, cualquier persona que se interese por la manera en que nos gobernamos como sociedad; en segundo lugar, quien esté interesado en el derecho constitucional; en tercero, las y los estudiosos de la ciencia política.
En suma, se trata de un libro estupendo, que vale la pena leer en clave mexicana (y latinoamericana).
Luis Octavio Vado Grajales es profesor-investigador de la EJE.
Fecha de publicacion: 24 de septiembre de 2021 10:00:00 hrs.
De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, por lo que el día de la jornada electoral la voluntad popular se manifiesta fehacientemente en las boletas electorales a través de las cuales la ciudadanía manifiesta su mandato supremo.
Es por lo anterior que tales documentos adquieren una importancia fundamental en la vida democrática del país, y de aquí que, en principio, su escrutinio y cómputo debe realizarse por la mesa directiva de cada casilla electoral, integrada a su vez por ciudadanas y ciudadanos sin vínculos con las autoridades de la materia, por lo que representan una garantía de imparcialidad necesaria para proporcionar certeza al proceso de elección.
Tal es el sentido de la Tesis XXIII/99 “Escrutinio y cómputo de votos, en principio, corresponde realizarlo exclusivamente a las mesas directivas de casilla”. No obstante, las opciones políticas que no obtuvieron el triunfo que esperaban tienden con frecuencia a solicitar un nuevo escrutinio y cómputo, en sede administrativa o en sede jurisdiccional. Por eso la legislación aplicable regula con toda puntualidad la posibilidad de atender una petición de esta naturaleza que implica un nuevo manejo de las boletas electorales.
Normatividad
El artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al regular el procedimiento del cómputo distrital, mandata que deberán realizarse nuevo escrutinio y cómputo cuando:
Igualmente, señala que si existe indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que obtuvo el segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión de cómputo existe petición expresa del representante del partido político que postuló la segunda candidatura, el consejo distrital procederá a realizar el recuento de votos en la totalidad de casillas de ese distrito.
Lo mismo sucede si al término del cómputo se observa esa diferencia entre ambos candidatos de un punto porcentual o menos y existe la petición expresa del representante del partido político afectado, en este caso sólo se excluirá de tal recuento total el de las casillas donde ya se haya realizado.
A su vez, el artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala los casos en los que procede el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de las elecciones federales o locales de que conozcan las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya en Juicios de Inconformidad o Recursos de Reconsideración, para las elecciones federales o por la vía del Juicio de Revisión Constitucional Electoral, en las locales. Esto, bajo el tenor siguiente:
Además, las Salas del TEPJF deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos elementos que obren en el expediente, sin necesidad de recontar los votos y, no procederá el incidente de recuento si ya se llevó a cabo en la sesión correspondiente.
Criterios del TEPJF
Al respecto pueden citarse, entre otros, los siguientes pronunciamientos: la Tesis XXV/2005: “Apertura de paquetes. Requisitos para su práctica por órgano jurisdiccinal” y la Tesis XXI/2001: “Escrutinio y cómputo. Casos en que se justifica su realización por parte de la autoridad electoral administrativa”.
Caso de análisis
En el proceso electoral de 2020/21, en el 09 distrito electoral federal en el Estado de Chihuahua, para la elección de diputaciones federales se impugnaron los resultados del cómputo correspondiente efectuado el 9 de junio del año en curso.
La impugnación en Juicio de Inconformidad quedó consignada en el expediente SG-JIN-63/202, de la competencia de la Sala Regional Guadalajara; se invocaron varias causales de nulidad de la votación recibida en diferentes casillas y la resolución respectiva fue atendiendo puntualmente cada petición, vinculándola con los agravios especificados.
Además, se resuelve el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, solicitado por el Partido Encuentro Solidario, que la sala resolutora consideró improcedente, porque el promovente “…únicamente realiza manifestaciones genéricas con la intención de que este órgano jurisdiccional efectué el recuento total de los votos, pero omite expresar algún hecho concreto en que sustente la afirmación genérica de la irregularidad…”.
Comentario final
Como puede observarse, el solicitar un nuevo cómputo de votos implica la invocación de causales fundadas en disposiciones legales y coincidentes con los hechos ocurridos, sustentados en probanza presentada oportunamente, dado que se trata de una diligencia de gran responsabilidad para las autoridades que deberán efectuar dicho procedimiento, asegurando fundamentalmente el principio de certeza que funge como eje rector de todo el proceso electoral, en consecuencia, la petición de nuevo escrutinio y cómputo no siempre es procedente.
Marco Antonio Pérez De los Reyes es profesor-investigador de la EJE.
Fecha de publicacion: 23 de septiembre de 2021 10:00:00 hrs.
Mucho se habla de la introducción de la perspectiva de género en la impartición de justicia en México: desde el emblemático SUP-JDC-12624/2011, pasando por la Tesis aislada 1a. XCIX/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las recientes acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el aborto y la resolución del Tribunal Electoral por la cual habrá una integración paritaria de diputaciones federales (250/250).
Sin embargo, por sus características, un tema menos explorado es el de la imposición de sanciones tomando en consideración la perspectiva de género. De ahí la importancia de resaltar un asunto resuelto hace algunas semanas: el SUP-REP-303/2021.
Este caso se presentó a partir de la imposición de una multa de $62,734 (700 UMAS) por la Sala Regional Especializada (SRE) a una candidata a diputada federal al vulnerar el interés superior de la niñez por publicar tres videos en Facebook y Twitter en los cuales participaron personas menores de edad sin haber cumplido con los lineamientos sobre su aparición en propaganda política y electoral.
En su estudio, la SRE determinó que la falta era grave ordinaria porque las publicaciones se difundieron de forma intencional durante el periodo de campaña por 41, 40 y 35 días, respectivamente; de modo que otorgó un plazo de 15 días para el pago de la multa (SUP-REP-303/2021).
En consecuencia, la entonces candidata impugnó la decisión ante la Sala Superior con el argumento de que la Sala Especializada había omitido valorar para la individualización de la sanción que la aparición de las personas menores de edad era incidental, que era la primera vez que cometía ese tipo de falta y sus condiciones socioeconómicas.
Justicia electoral con transversalización de género
De acuerdo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, por “transversalización de la perspectiva de género” se entiende al proceso de examinar las implicaciones diferenciadas para mujeres y hombres de la aplicación de cualquier ley, programa o acción pública.
Por lo que para su implementación se debe tener en cuenta, además de las desigualdades históricas entre los géneros, la necesidad de formar y sensibilizar en la materia para el adecuado análisis de los datos, del contexto, de los fines que se persiguen y de los medios para alcanzarlos; la visibilización de las personas y la posición en la que se encuentran; la incorporación de la perspectiva de género en todas las etapas de las políticas públicas, así como la previsión de las exigencias, recursos y resistencias a la propia transversalización (Orozco, sf).
Al analizar el asunto, la Sala Superior identificó que la SRE no fundamentó por qué la multa impuesta era la medida razonable y proporcional a la falta cometida por la candidata para restituir el orden vulnerado y para disuadirla de reincidencias.
Y que, si bien señaló en la sentencia que analizó las condiciones económicas de la candidata a través de los registros en el Sistema de Administración Tributaria, no observó sus condiciones familiares ni las derivadas de los roles de cuidado que desempeña (por ejemplo, lo gastos anuales personales y familiares) y mucho menos el impacto indirecto de la sanción a las personas bajo su cuidado. Así, revocó la multa y le solicitó a la Sala Especializada que reindividualizara la sanción, esta vez motivándola adecuadamente.
De lo anterior, es posible distinguir que la Sala Superior incorpora la transversalización de la perspectiva de género porque —sin hacer a un lado el respeto a la normativa electoral, a los principios rectores y a la equidad en la contienda— enfatiza en el reconocimiento de los impactos diferenciados de la decisión judicial con base en el género y también en cómo la sanción podría transgredir indirectamente los derechos de otras personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, con esta resolución, el Tribunal Electoral reitera su compromiso con la impartición de justicia desde una visión inclusiva.
Alma Verónica Méndez Pacheco, comunicóloga política con estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas, es investigadora en la EJE.
Fuentes consultadas
Orozco Vargas, Rosibel. sf. “Transversalidad de género e interseccionalidad”. En Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes. Costa Rica.
Sentencia SUP-REP-303/2021. RECURRENTE: WENDY GONZÁLEZ URRUTIA. AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
La ilustración que acompaña a esta entrada es de Nalex.25 y se reproduce con una licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.
Fecha de publicacion: 22 de septiembre de 2021 00:00:00 hrs.
Debo a la generosidad sin mácula de mi amigo el hoy magistrado federal José Rogelio Alanís la lectura de la completísima biografía que Jan Swafford escribió con Ludwig van Beethoven, el genio de Bonn, como leit motiv. Publicadas por la preciosista editorial Acantilado y traducidas al castellano por Juan Lucas, las más de 1450 páginas develan cuestiones desconocidas o de complicado acceso en torno a esa vida maravillosa y polémica que sigue sorprendiendo y apasionando a las multitudes que, a causa de la epidemia del covid-19, no pudieron festejar cabalmente sus dos centurias y media de nacimiento.
Más allá de sus conocidas posiciones políticas, es poco lo que creíamos asociado entre el compositor y pianista de excepción y el derecho constitucional en su expresión electoral. Swafford, sin embargo, narra la historia de las llamadas tres Sonatas electorales que el niño Beethoven (tenía escasos doce años cuando las compuso, en 1783) dedicó al príncipe elector de la levítica Colonia, el prelado ilustrado Maximiliano Federico. Su maestro, Christian Neefe, uno de los iluminati recalado en Bonn, logró con las Electorales un efecto pianístico de altos vuelos: el efecto que iba a tornar célebre al futuro sordo y que permitió trascender la mera composición para todo tipo de teclados y centrarse en su majestad, el pianoforte.
Como si se tratara de una intuición en torno a los principios de ejercicio de la potestad en el ámbito de una constitución mixta o moderada, en el sentido que explica inmejorablemente el iushistoriador florentino Maurizio Fioravanti, el niño Beethoven inaugura su trilogía en un tono galante y aristocrático, con la Sonata no. 1 en mi bemol. Sostiene Swafford que la afectación pomposa bien pudo ser un “homenaje al elector”. La Sonata no. 2 en fa menor, por su parte, anuncia la intensidad de Cristo en el monte de los olivos, la Missa solemnis o la Fantasía Coral, con un andante como tercer movimiento “increíblemente patético para un muchacho de doce años”. De hecho, esta primera sonata beethoveniana escrita en tonalidad menor profetiza la Patética opus 13, por su sombría introducción, su “torrencial” allegro y la repetición temática de la introducción en un muy poco usual par de ocasiones.
La electoral no. 3 en re mayor es vitalista, incluso se diría que democrática, popular o, al menos, iluminista en el sentido de un Haydn. Con un minueto seguido por seis variaciones, la “idea formal” de Beethoven encuentra, siempre según Swafford, un acabado más cabal. El amigo del pueblo que, andando el tiempo, tachará la dedicatoria bonapartista de la Heroica, es otro gentil anuncio infantil de esta extraordinaria sonata.
El niño domina ya, gracias a Neefe pero sobre todo a su aluvional talento, la práctica de la armonía y de la forma sonata en la que las décadas venideras hallará exultación. Ofrece a cada tonalidad un carácter propio: nobiliario en el mi bemol mayor, “oscura y furiosa” con el fa menor, luminosa y esperanzadora en el re mayor. Conecta sus temas a través de pequeños motivos, lo cual habla de una precoz madurez que confiere a sus composiciones la unidad de carácter que con el tiempo conmovería a la humanidad entera.
Obras proto-adolescentes, las Electorales son también convencionales e, incluso, informes. “Es difícil aventurar si sus desviaciones de las formas habituales son producto de su imaginación o simples ingenuidades; aún no había llegado a aprender la lógica interna de la forma, de cómo hacer que el material elabore un diseño y se instale convincentemente en su interior”. Imposible no pensar en la Transición mexicana a la democracia al leer las crudas admoniciones del experto Swafford. Se trata, por supuesto, de una casualidad o del efecto lógico que produce leer la palabra “electoral” en un libro dedicado a celebrar la Música mayúscula, pero no deja de dar vueltas en la cabeza de quien esto escribe la perversa idea de que todos nuestros problemas son, en el fondo, una cuestión de ingenuidad y de falta de convencimiento que, con los años, habrá de resolverse en la celebración “heroica” y “pastoral” de una “Oda a la alegría”: soy, con León Tolstoi, un convencido de que el allegretto de la Séptima Sinfonía tiene la potencialidad de exterminar los obstáculos para el encauzamiento de realidades espirituales de tan alta y trascendente encomienda como es la relacionada con la conducción racional, sensata y bondadosa de un pueblo.
Llenas de indicaciones expresivas, algunas “extremas de dinámica” como ff y pp, “infrecuentes en Mozart y Haydn”, las Sonatas electorales del preadolescente renano desbordan entusiasmo y patetismo, y no se hallan exentas de la preocupación constante que ha acompañado a nuestros procesos democratizadores: pareciera que miran una y otra vez al abismo y que la escritura idiomática, causa de innumerables y multiseculares críticas, se torna una obsesión capaz de desafiar al más profesional de los maestros, el racionalista Neefe. El esfuerzo, en todo caso, como pasará tantas veces con Beethoven (y con nuestra multicolor transición) escapa voluntariamente a todo intento reduccionista de codificación.
Concluyamos, si no, transcribiendo la dedicatoria al elector que el joven Ludwig plasmó en la partitura impresa de las sonatas: “¡Vuestra Alteza! Desde que cumplí cuatro años la música ha sido la primera de mis ocupaciones infantiles. Habiendo sido introducido muy pronto en esta querida musa que inspiró las más puras armonías de mi alma, crecí para amarla y, como a menudo he podido sentir, ella correspondió a este amor. Ahora he alcanzado mi undécimo año y, como entonces, en las horas de dichosa soledad, mi musa me ha susurrado con frecuencia: ‘Intenta escribir las armonías que suenan en tu alma!’…”
¿A quién sería capaz de escribir con tanta armonía y belleza nuestra adolescente (y adolorida) democracia? En todo caso, estamos en posibilidad, aún, de disfrutar las apasionadas variaciones sobre el mismo tema electoral.
Yo, por mi parte, apuro una sonrisa de lado pensando en Artur Schnabel, el maestro espressivo, comenzando a grabar por primera vez el ciclo integral de las sonatas del amado inmortal justo en el instante en que la noche de los tiempos parecía ceñirse, implacable, sobre la democracia constitucional.
Rafael Estrada Michel es profesor universitario, miembro del SNI nivel 2.
El retrato que acompaña a esta entrada fue realizado por un artista no identificado y se piensa que muestra a Beethoven a la edad de 13 años. Pertenece a la colección del Kunsthistorisches Museum de Vienna. La fotografía del cuadro es de RobertG y se reproduce con una licencia GNU Free Documentation License.
Fecha de publicacion: 21 de septiembre de 2021 10:00:00 hrs.
¿Es posible que el derecho, a través de las instituciones del estado, pueda ir hasta lo más profundo del ser a fin de garantizar el cumplimiento de las normas? Esta pregunta me la he hecho desde que estudio el derecho electoral. Pero vaya, es una pregunta que se hace la filosofía desde siempre. Sin pretensiones de irnos hasta la arqueología que del castigo ejemplar y la vigilancia hace Michael Foucault en Vigilar y castigar y que tal vez nos llevarían a reconsiderar de inmediato la excesiva intromisión del estado y sus agentes en el cuerpo y mente de las personas, me parece que es de vital importancia plantearnos los alcances deseables e indeseables del derecho en una sociedad democrática.
Recordemos algo: si bien el derecho siempre está en el campo de lo moral, no abarca toda la moral; es decir, si bien todo derecho es moral, no toda moral es derecho. En una sociedad democrática no es deseable que el derecho determine todas las reglas de lo “bueno” y de lo “malo.” ¿No han habido ya suficientes experiencias desgarradoras en la historia de la humanidad en que los estados totalizan con éxito la vida de las personas con desgarradoras consecuencias para la dignidad humana? Basta releer los orígenes del totalitarismo de Arendt para que esto no se nos olvide.
Entonces, parece que sí resulta de gran trascendencia la pregunta hecha por John Stuart Mill en su insuperable ensayo Sobre la libertad acerca de los límites del estado y la sociedad frente a las personas.
No vamos a defender de ninguna manera el relativismo moral, pero estamos de acuerdo con Mill en que, dado que somos seres mortales con capacidades racionales limitadas, nada ni nadie, ni el gobierno, ni la sociedad, pueden declararse los portadores de la verdad absoluta, mucho menos los portadores de los mejores valores o las mejores costumbres. Podemos llegar a consensos sobre “la verdad” o lo “bueno” y positivarlo en leyes, pero aun así siempre existirá, y esto lo dijo Hobbes desde el Leviatán, el legítimo derecho de resistir el castigo producto de la desobediencia a esos pactos sociales. Si no reconociéramos esto pues no estaríamos tampoco reconociendo la posibilidad de la desobediencia y la resistencia civil.
Por ello, aun con muy buenas razones que han expuesto filosofías políticas como la comunitarista o la republicanita (que desde mi perspectiva funcionarían más como excepciones y no como reglas), ni el estado, ni la sociedad, pueden imponer reglas de conducta más allá de lo que le compete en exclusiva y en esencia determinar a la persona en ejercicio de su autonomía: “sobre sí mismo, sobre su cuerpo y espíritu el individuo es soberano” (Sobre la libertad, Mill).
Entonces, a lo que voy con todo esto es que, aunque muchas cosas que consideramos “injustas” o “inmorales” desde nuestro especifico punto de vista quisiéramos que fuese sancionado por el estado o condenado por la sociedad de manera unánime, lo cierto es que debemos reconocer que hay campos en los que el estado y sus autoridades simplemente no tienen jurisdicción.
Por años hemos creído que regulando cada aspecto de la materia electoral íbamos a lograr construir la democracia perfecta, inhibir las malas prácticas y sancionar todas las infracciones y delitos. Pero afortunadamente ni la más avanzada regulación ni la más estricta vigilancia pueden llegar hasta el foro interno de las personas aun cuando nuestra más profunda intuición nos haga creer que algunos están violentando la ley.
Para bien de la democracia y las libertades más fundamentales, debemos reconocer que hay un espacio que le corresponde claramente a las leyes electorales y otro espacio que le corresponderá a la ética de las y los actores políticos. El estado no puede sancionar con meras intuiciones, conjeturas o suposiciones.
En el caso de Mariana Rodríguez resuelto esta semana (SUP-RAP-180/2021) y que causó gran polémica ¿no sería mejor para la democracia y los derechos humanos, reconocer que no podemos realmente saber sus motivaciones más allá de lo que ella ha afirmado? Salvo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien afirma está obligado a probar. En este caso considero que no se probó por parte del INE que sus publicaciones no fueron espontaneas y que tuvieron por objeto hacer una aportación ilegal a la campaña de Samuel García.
Afirmar lo anterior nos podría llevar al extremo de considerar que a cualquier persona con una cantidad “suficiente” de seguidores debería limitársele su derecho a la libertad de expresión. Vale la pena recordar que de acuerdo a los estándares para la libertad de expresión de la OEA, toda limitación a la libertad de expresión, además de estar debidamente regulada (cuestión que en el caso concreto no lo está), debe pasar un estricto test de proporcionalidad. Pregunto, ¿no existe una mejor solución para lograr el fin legítimo de la equidad en la contienda? ¿Y si mejor empezamos a construir una ética publica electoral sólida en lugar de seguir en este círculo vicioso de policías y ladrones, y castillos de arena en que queremos resolver todo con derecho punitivo y la coacción del estado?
Aunque a partir de mi texto podría pensarse lo contrario, me inclino más por la filosofía política republicanista en cuánto a la importancia de promover desde el estado valores cívicos fundamentales para la vida colectiva. Es decir, no creo en la indeseable e imposible neutralidad del estado. Sin embargo, estoy convencida de que esto tendría que ser desde el campo de la ética. No es lo mismo fomentar los más altos valores comunitarios de solidaridad, igualdad y justicia social que imponerlos. La imposición a través del uso de la violencia no es propia de las democracias, sino como hemos dicho ya del auto y los totalitarismos.
Alejandra Tello Mendoza, politóloga de la UNAM, es profesora-investigadora de la EJE.
El retrato de John Stuart Mill que acompaña a esta entrada es obra de la London Stereoscopic Company y fue realizado alrededor de 1870, se encuentra en el Hulton Archive y pertenece al dominio público.
Fecha de publicacion: 20 de septiembre de 2021 10:00:00 hrs.
El reconocimiento de los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos requiere de una visión relativista y casuística, tomando en consideración que su contenido va mutando debido a los precedentes que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La construcción de un “bloque de convencionalidad” en materia de derechos políticos requiere de la interpretación evolutiva y creativa que dicho tribunal supranacional realiza al resolver un caso contencioso o emitir una opinión consultiva.
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el dispositivo normativo de naturaleza sustantiva que sirve de apoyo para realizar el ejercicio interpretativo del contenido esencial de los derechos políticos, a razón de un reconocimiento expreso que parte de tres supuestos:
Ahora bien, como todo derecho humano (regla general) el reconocimiento de los derechos políticos tiene un contenido prima facie susceptible de ser restringido siempre y cuando la medida restrictiva implementada por el estado parte goce de un fin convencionalmente válido, ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto; en otras palabras, esa medida debe ser proporcional y razonable.
La anterior premisa encuentra sustento precisamente en el numeral 2, del referido artículo 23 de la Convención, en razón de que faculta a los estados americanos a reglamentar los derechos y oportunidades político-electorales, a ciertas razones como edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. Dicho precepto debe ser interpretado a la luz del diverso 30 del mismo instrumento internacional que establece las bases sobre las que debe descansar (revestir regularidad) una restricción al ejercicio de un derecho humano; lo conducente, en aras de que la medida restrictiva supere las gradas de la proporcionalidad y sea declarada convencionalmente válida.
Sentadas dichas premisas, realizaré un breve pasaje sobre los precedentes más relevantes que ha emitido la CIDH, mismos que dotan de contenido esencial a los derechos políticos y buscan una evolución gradual a la luz del principio de progresividad.
Derechos políticos y realidades democráticas
En el caso Yatama Vs. Nicaragua la CIDH determinó que en una sociedad democrática los derechos políticos y su ejercicio resultan indispensables para el desarrollo de la persona. Además, precisó que, al ser inherentes a la persona, así como sus garantías (primarias y secundarias) los estados tienen la obligación de dotarlos de contenido y permitir que todos los grupos, en especial las categorías de protección gocen de un acceso integral (párrs. 191-192).
Manifestación política como derecho humano
En un precedente muy relevante (Caso López Lone y otros Vs. Honduras) para la libertad de expresión y el derecho a la manifestación política, la CIDH estableció de una interpretación progresiva de la Carta Democrática Interamericana (como parte del corpus iuris interamericano), que la promoción y la consolidación de una democracia representativa requiere del respeto al principio de no intervención en la exposición de ideas, manifestaciones, interposición de acciones judiciales o denuncias, que se enmarcan en el respeto de un estado democrático de derecho.
Los derechos políticos como oportunidades
El caso López Mendoza Vs. Venezuela encuadra perfectamente el desarrollo interpretativo de la CIDH, al manifestar que los derechos políticos constituyen verdaderas oportunidades para los ciudadanos, dado que son un medio fundamental para que las sociedades democráticas puedan garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, se sientan cobijados bajo un auténtico umbral de protección sustantivo (párrs. 106-108).
Los derechos políticos y sus restricciones
La CIDH reiteró en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, que los derechos políticos no son absolutos de tal manera que aceptan restricciones siempre y cuando las mismas no se configuren de manera discrecional y sean aplicadas por autoridades no competentes para ese efecto, toda vez que dicha facultad configurativa está limitada por el derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana (párrs. 94-95). Dichas consideraciones también fueron expuestas por este Tribunal en el caso Castañeda Gutman Vs. México, relacionadas con la restricción para acceder a cargos públicos a través del sistema de partidos políticos, determinación al que se realizó una especie de margen de discrecionalidad estatal.
Los derechos políticos interdependientes e indivisibles
Es clara la relación de los derechos políticos con diversos derechos humanos que integran el “bloque de convencionalidad” ya sea por su proximidad (libertad de expresión) o simplemente por la construcción lógica y coherente de una teoría de derechos humanos. En el caso Cepeda Vargas Vs. Colombia estableció que la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, hacen posible el juego democrático y a su vez, la posibilidad de un ejercicio integral de derecho que contribuye a la consolidación del estado de derecho.
Reelección indefinida ¿derecho humano?
El pasado 7 de junio de 2021, la CIDH resolvió la Opinión Consultiva OC-28, presentada por el estado de Colombia, en torno a la pregunta ¿la reelección indefinida es un derecho humano reconocido por el corpus iuris interamericano?
La decisión de la CIDH es relevante para América Latina sobre todo tomando en consideración una cultura predominante de dominio del poder político. En consideraciones de dicho tribunal la reelección no constituye un derecho humano susceptible de reconocimiento, ya que la periodicidad en las elecciones y la posibilidad de acceso a los cargos públicos por diversos actos políticos contribuye a la estabilidad democrática y a la protección de los derechos humanos. La falta de consenso en América Latina es suficiente para determinar que la reelección no conforma un derecho humano, de tal manera que su prohibición es perfectamente compatible con el “bloque de convencionalidad”.
A manera de conclusión, debo referir que las interpretaciones de la CIDH no sólo han nutrido el contenido del corpus iuris interamericano sino que también han provocado un efecto transformador en los sistemas normativos democráticos en América Latina, ya que a través de una recepción y vinculatoriedad correcta los cambios constitucionales y legales para mejor no se han hecho esperar. Me resta confiar en que el sistema interamericano seguirá contribuyendo a la consolidación de las democracias en América Latina, así como a la defensa y garantía de los derechos políticos.
Jesús Ángel Cadena Alcalá, especialista en justicia constitucional y derechos fundamentales por las Universidades Castilla La-Mancha, Toledo, España y Pisa, Italia, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeña como secretario de apoyo en la Escuela Judicial Electoral.
Fecha de publicacion: 17 de septiembre de 2021 10:00:00 hrs.
Venustiano Carranza promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero del 1857, el 5 de febrero de 1917. Asimismo, ordenó que se imprimiera, circulara y publicara por bando solemne y pregón en toda la república para su debido cumplimiento.
Dicho documento se integró con 136 artículos permanentes y 16 transitorios. De acuerdo con su transitorio 1º las disposiciones relativas a las elecciones de los supremos poderes federales y de los estados, entraron de inmediato en vigor. El demás texto constitucional inició su vigencia el 1º de mayo de 1917, fecha en que se instaló el Congreso de la Unión y el ciudadano que resultó electo en las elecciones para ejercer el cargo de presidente de la república, tomó la protesta de ley.
Originalmente, Carranza contempló que las primeras elecciones federales se llevaran a cabo en febrero de 1917, sin embargo, los constituyentes consideraron que era muy probable que no diera tiempo, por lo que mejor previeron que ocurrieran en el mes posterior, de conformidad con las siguientes bases:
Las autoridades involucradas —en su mayoría eran afines al carrancismo— tenían la gran responsabilidad de cumplir en tres meses con las disposiciones constitucionales y legales para lograr la elección de los legisladores federales y del presidente de México y el inicio formal de sus funciones.
Desde el Palacio Nacional de Querétaro, Carranza expidió la ley electoral el 6 de febrero de 1917, en la que se regularon las elecciones extraordinarias, tomando como base el censo de 1910, la división territorial que se hizo para las elecciones de poderes federales en 1912 y la división de las municipalidades en secciones en que se efectuó para la elección de diputados al congreso constituyente.
De la misma forma, se adoptaron los padrones electorales que sirvieron para esa elección, con las modificaciones necesarias, es decir, la Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos del 19 de septiembre de 1916, que fue el modelo de la primera ley electoral con la vigencia de la constitución que nos rige.
Se permitió postular a candidatos tanto de partidos políticos como independientes y se introdujeron causas de nulidad de elecciones como el carecer de algún requisito de elección, en caso de existir cohecho, soborno o amenazas, ejercer violencia, si hubiere error o fraude en el resultado de la votación, entre otras. La secrecía del voto no existió.
Las primeras elecciones federales para elegir a diputados, a senadores y al presidente de la república de forma directa, se celebraron el domingo 11 de marzo de 1917, de 9:00 a 15:00 horas.
Concluida la jornada electoral, se procedió al cómputo de los votos asentándose en el acta el resultado de la votación y los incidentes que llegaron a presentarse. Con ello, se integraron expedientes que se remitieron a las juntas computadoras, quienes se encargaron de contabilizar los sufragios.
Posteriormente, declararon el número de votos que obtuvieron los candidatos, incluyendo a los que tuvieron más para ser diputados o senadores y se les entregaron sus credenciales respectivas. Enseguida, los paquetes electorales se enviaron a la cámara de diputados y a la cámara de senadores para su revisión y validez.
Tratándose de la elección del presidente de la república, las juntas computadoras procedieron en términos similares al párrafo anterior. Los expedientes se hicieron llegar a la cámara de diputados para continuar con el procedimiento.
Dicho órgano legislativo celebró ocho juntas preparatorias del 2 al 14 de abril de 1917, en las que se aprobaron los dictámenes de las elecciones, se declararon la validez de las elecciones y se rindieron las protestas de ley para asumir los cargos. No obstante, conoció otros expedientes después de esas fechas.
De igual forma, por mayoría de votos, se declaró la nulidad de credenciales (elecciones) de diputados como los casos de los distritos electorales 4º de Coahuila, 3º de Tabasco y 14º de Puebla. En otros, se encontraron irregularidades y violaciones a la ley electoral por lo que se anularon votos y resultados en algunas casillas.
En el mismo lapso que la colegisladora y con esos objetivos, el senado de la república llevó a cabo tres juntas previas y tres juntas preparatorias. También, anuló elecciones de dos suplentes en Hidalgo, dos propietarios de Campeche, de tres senadores de Tabasco, uno propietario y dos suplentes.
El 26 de abril de 1917, ya en su calidad de diputados, se erigieron en colegio electoral para calificar la elección de presidente de la república, por ello se informó que se revisaron los expedientes electorales de todas las entidades federativas y territorios federales, con excepción de Morelos, dado que no se recibió ningún paquete al no haber elecciones (el zapatismo lo impidió). En otros estados se registraron irregularidades.
A pesar de esas situaciones, Venustiano Carranza obtuvo la mayoría de los votos (797,305) y fue declarado presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 1º de diciembre de 1916 al 30 de noviembre de 1920. Le siguieron Pablo González con 11,615 y Álvaro Obregón con 4,008.
La constitución de 1917 fue la primera en el mundo de carácter social. Nos brindó la oportunidad para empezar a construir un sistema democrático y electoral durante el siglo XX y fortalecerlo en el siglo XXI con la justicia electoral.
Francisco Burgoa es profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Fecha de publicacion: 16 de septiembre de 2021 10:00:00 hrs.
