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Los retos jurídicos de la revocación de mandato

Strategia Electoral
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El proceso de revocación de mandato es novedoso en México, apenas en la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2019 se incluyó como una figura de democracia directa mediante la cual, a solicitud de la ciudadanía,[i], se busca la conclusión anticipada del encargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de...

El proceso de revocación de mandato es novedoso en México, apenas en la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2019 se incluyó como una figura de democracia directa mediante la cual, a solicitud de la ciudadanía,[i], se busca la conclusión anticipada del encargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

La trascendencia de una decisión así ha puesto en el debate público la discusión sobre si la revocación de mandato es una figura democrática o no. Para determinarlo, habrá que hacer un análisis detallado de su implicaciones y desarrollo, pues como sabemos, este proceso aún está llevándose a cabo. Por ahora, comenzaremos por hacer un breve recuento de los retos que este proceso ha traído a las autoridades electorales.

Disenso entre los Lineamientos del INE y la Ley Federal de Revocación de Mandato

Cuando se promulgó la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, se le dio un año al Congreso de la Unión para emitir la legislación que regulara este proceso, pues lo único que sabíamos hasta ese momento era que para poder llevarla a cabo se requería un número de apoyos ciudadanos equivalente al 3% de Listado Nominal de Electores, que el INE sería la autoridad encargada de organizarla y de llevar a cabo el cómputo de la votación, y que para que el resultado fuera vinculante era necesaria la participación de, al menos, el 40% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal. 

Como ha ocurrido en muchos otros casos, el Congreso de la Unión fue omiso en expedir en tiempo la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta situación obligó al INE a emitir los Lineamientos que regularían este ejercicio[ii], a fin de brindar certeza a cada etapa del proceso. Posterior a la emisión de estos lineamientos, el Congreso de la Unión legisló, y el 14 de septiembre de 2021 finalmente se publicó en el DOF el Decreto mediante el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Una de las principales diferencias entre los lineamientos emitidos por el INE y la legislación fue la forma de recabar el apoyo ciudadano, pues mientras el INE dispuso que se hiciera únicamente de forma digital, a través del uso de una aplicación, como había ocurrido con las candidaturas independientes o los partidos de nuevo registro anteriormente, la ley señalaba que las firmas de apoyo podían recabarse mediante formatos impresos y medios electrónicos.

El disenso derivó en la presentación de diversos medios de impugnación ante la Sala Superior del TEPJF quien determinó que las firmas de apoyo al proceso de revocación de mandato podían recabarse tanto en formatos físicos como mediante dispositivos electrónicos.[iii]

Controversias derivadas de temas presupuestales

El tema del presupuesto para organizar el proceso de revocación de mandato ha sido uno de los que han implicado mayores retos para las autoridades electorales y ha transitado un largo camino:

  1. Procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Ante la negativa de la Cámara de Diputados de otorgar al INE el monto solicitado para la eventual realización de la revocación de mandato, el Instituto promovió ante la SCJN una controversia constitucional (209/2021) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, con el fin de que la Corte ordene a la Cámara de Diputados otorgar los recursos presupuestales suficientes.

Aunado a lo anterior, promovió un incidente de suspensión derivado de la referida controversia constitucional; no obstante, la SCJN negó la suspensión solicitada. En esas circunstancias, el Consejo General aprobó un acuerdo por el que determinó, como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato.[iv]

En contra de dicho acuerdo, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal promovieron controversias constitucionales ante la SCJN (224/2021 y 226/2021), así como incidentes de suspensión derivados de las mismas controversias. Respecto de estos últimos, la Comisión de Receso de la SCJN concedió la suspensión en contra del acuerdo controvertido y ordenó al INE continuar con la organización de la revocación de mandato, en virtud de que el Instituto cuenta con 1,503 millones de pesos, lo que para la Comisión de Receso constituye un indicador de viabilidad financiera para realizar el ejercicio de Revocación de Mandato dentro de ese margen presupuestal.

  1. Impugnación ante el TEPJF

En contra del acuerdo por el que el INE determinó suspender temporalmente la Revocación de Mandato, MORENA, PT, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y otros actores, promovieron diversos medios de impugnación ante la Sala Superior[v], la cual revocó el acuerdo impugnado al estimar que el INE carece de atribuciones para posponer el proceso de Revocación de Mandato, ordenándole explorar otras alternativas de gestión presupuestal para llevarlo a cabo.

En acatamiento a lo dispuesto tanto por la SCJN, como por el TEPJF, el INE emitió el acuerdo INE/CG1798/2021 por el que determinó continuar con el proceso de Revocación de Mandato.

¿Qué sigue?

El proceso de revocación de mandato continua, la etapa que se desarrolla ahora es crucial, el 25 de diciembre fue la fecha límite para presentar los apoyos ciudadanos y sabemos que se entregaron al INE más de 11 millones de firmas, la gran mayoría en formato físico, que están siendo revisadas por la autoridad electoral quien deberá determinar si se cumplió con la meta de más de 2.8 millones de apoyos ciudadanos o no, antes del 4 de febrero.

Con corte al 04 de enero de 2021, se tiene un avance del 60.18% respecto al número de apoyos requeridos (2,758,227). La jornada de votación de la revocación de mandato tendría verificativo el próximo 10 de abril.

 

[i] En un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

[ii] Acuerdo INE/CG1444/2021

[iii] SUP-RAP-415/2021 y acumulados

[iv] Acuerdo INE/CG1796/2021

[v] SUP-JE-282/2021 y acumulados

Fecha de publicacion: 10 de enero de 2022 08:59:00 hrs.