A efecto de garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y brindar la más amplia garantía y protección a los derechos de acceso a la justicia, defensa y audiencia de las personas que los integran, el Tribunal Electoral creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, como órgano auxiliar de la Comisión de Administración con independencia técnica y autonomía operativa, encargada de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren.

Ante la necesidad de un acceso real a la jurisdicción del Estado, alejado de formalismos, privilegiando un diálogo abierto, incluyente y plural en favor de los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren. la Defensoría Electoral reconoce el derecho constitucional de asistencia por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de las diversas lenguas y culturas.

La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se erige como una protección jurídica especial que contribuirá a que los pueblos y comunidades indígenas estén en aptitud de acceder, en condiciones de igualdad material respecto de las demás personas, a la jurisdicción electoral completa y efectiva para la defensa y protección de sus derechos político-electorales.