De conformidad con los artículos 35 y 127 de la Carta Magna, con relación a la tutela de los derechos político-electorales del ciudadano, en la vertiente de ocupar, desempeñar y permanecer en un cargo de elección popular; así como con la jurisprudencia que, al respecto, ha emitido la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se concluye que la determinación de retener las remuneraciones que corresponden a un servidor público que ocupa un cargo de dicha índole, derivado de un préstamo personal con el órgano de gobierno que conforma, puede llegar a constituir una conculcación indebida a su esfera jurídica; y por tanto, ser susceptible de ser reparada por este Tribunal Electoral. Ello, si se comprueba que en el acuerdo voluntario en el que se pactó el préstamo, no se establecieron –con la formalidad debida, y por escrito- las condiciones del mismo; y que la autoridad no haya dado previo aviso - formalmente y de la manera más oportuna- del proceder a descontar una cantidad determinada de la remuneración percibida por el ciudadano, en su calidad de servidor público. Lo anterior, dado que dichas circunstancias implican una violación al derecho de audiencia; y a todas luces, hacen ver que se deja al ciudadano en una posición de desventaja que, en efecto, ocasionan una vulneración a su derecho político-electoral, en la vertiente del ejercicio del cargo de elección popular que se desempeña.