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Se declaró la nulidad de una convocatoria electoral para cubrir cargos que debían ser renovados 10 meses y once días después de la fecha fijada para el acto electoral. El Tribunal funda su decisión en el principio de razonabilidad que debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas, pues ningún hecho concreto se invocaba en él que justificara la necesidad de disponer tan excesivo plazo.
 
 

En el caso, el Jurado Nacional de Elecciones consideró que no se encontraban suficientemente acreditados los acontecimientos, ni que estos fueran de una gravedad tal que supusieran una distorsión en la manifestación del ejercicio del derecho de sufragio de los pobladores de la provincia de Casma y que, consecuentemente, enmarcaran dentro de la causal de nulidad prevista en la Ley de Elecciones Municipales.

Se consideró que no se acreditaron las irregularidades señaladas, consistentes en que en el escrutinio provincial ejecutado por la Junta Provincial Electoral se aprobaron en forma ilegal actas de la Junta Receptora del Voto que son nulas, así como se alteraron los kits electorales que contienen las papeletas electorales, las actas de escrutinio y demás documentos electorales. Por ello, se rechazó la solicitud de nulidad de elección.

Se determinó confirmar la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que decidió declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, porque se acreditó  la utilización y aprovechamiento de símbolos religiosos en la campaña electoral por parte del candidato ganador, lo cual trasciende en la libertad del voto y la equidad en la contienda. 

Se consideró que no se acreditaron las irregularidades aducidas en el escrutinio y cómputo de la elección de  Concejales Urbanos del Cantón Salinas, provincia de Santa Elenay, en consecuencia se rechazó la solicitud de la actora de declarar la nulidad de la elección.

Se confirmó el acto impugnado, en razón de que las irregularidades aducidas, consistentes en la supuesta compra de votos por parte de los activistas del candidato ganador, en momento alguno fueron suficientes para desvirtuar el resultado proclamado por la Junta Comunal de Escrutinio. Lo anterior, se sustenta en el hecho de que el Código Electoral exige que los hechos impugnados tengan la magnitud necesaria para afectar el derecho del candidato proclamado.

Se estimó que no se acreditaron las irregularidades señaladas en el escrutinio y cómputo de los votos, por lo que se rechazó la solicitud de nulidad de la elección de Alcalde del cantón Palestina, provincia del Guayas, realizada por el actor.

Se confirmó la nulidad de la elección para Representante del Corregimiento de Salamanca, pues el resultado de ésta fue producto de un conteo indebido.

Se juzgó procedente el pedido para invalidar el acta del gobernador y determinó la realización de nuevas elecciones al acreditarse el abuso de poder por otorgar nombramientos y exoneraciones en los tres meses que antecedieron los comicios, así como la promoción ilegal de la imagen del gobernador en medios de comunicación.

Se confirmó la destitución del actor como juez suplente encargado del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de los Ríos con sede en Montalvo y la suspensión de sus derechos políticos por el término de un año al resolver una Acción de Protección relacionada con la materia electoral sin tener competencia para ello, pues el actor, con su conducta, interfirió con el proceso electoral.