Lamentablemente, la incidencia del crimen organizado en distintos rubros de la vida pública de nuestro país -incluyendo el ámbito de las elecciones- es una realidad de la que resulta incómodo hablar.
Sin embargo, cerrar los ojos y hacer como si nada ocurriera no es una opción viable para la protección del Estado de Derecho.
El reconocimiento de la problemática es un paso por demás necesario para reflexionar y proponer medidas dirigidas a prevenir y resolver las irregularidades que puedan surgir por la intervención de grupos criminales en los procesos electorales.
Ahora bien, el tratamiento de este complejo fenómeno requiere de un enfoque multidisciplinario, en el que sería indispensable la opinión de personas expertas en materia de seguridad pública.
Dicho lo anterior, la visión de las autoridades electorales resulta también de suma importancia, dada su experiencia en la organización, desarrollo, vigilancia y ejecución de los procesos electorales que se llevan a cabo en el territorio nacional.
Es a partir de esta precisión que en este espacio se propondrá una serie de medidas cuya implementación tendría por objetivo evitar y paliar los posibles efectos de la intervención de grupos delictivos en las elecciones.
