La Constitución de nuestro país reconoce, entre otros, el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos, de votar en las elecciones federales y locales, sin mayor restricción que cumplir con los requisitos que para ese efecto establece la propia norma fundamental. De igual forma, se establece la obligación de las autoridades de proteger ese derecho y, en términos generales, generar y establecer las condiciones necesarias para su ejercicio.
En atención a ello, el Tribunal Electoral resolvió una impugnación1 presentada por diversas mujeres que son madres y cuidadoras primarias de personas con discapacidad, vinculada con su derecho a votar, así como el de sus hijas e hijos.
