La reforma al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación marcó un antes y después en la forma en que se eligen a las personas juzgadoras. Dicha transformación, implicó una colaboración sin precedentes entre los tres poderes de la Unión y las autoridades electorales.
La citada reforma tuvo como objetivo asegurar que las personas que llegaran a impartir justicia lo hicieran no sólo con la legitimidad democrática que el voto ciudadano otorga, sino que, además, cumplieran con los distintos requisitos establecidos en la Constitución o, en su defecto, las leyes aplicables para garantizar tanto la idoneidad como el nivel técnico que cargos como los disputados requieren.
