En sesión pública reciente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se sometió a nuestra consideración un proyecto de sentencia que pretendía anular la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SUP-JIN-194/2025). El planteamiento descansaba en la supuesta existencia de una estrategia ilícita: la distribución y uso de “acordeones” con los que, presuntamente, se habría manipulado la voluntad del electorado.
Mi voto fue en contra porque el proyecto no logró acreditar, con pruebas sólidas, la existencia de una práctica sistemática, generalizada o determinante para el resultado de la elección. Se construyó sobre suposiciones y documentos privados sin verificación, nunca sobre evidencias que cumplieran los estándares probatorios requeridos para la nulidad electoral.
