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El Tribunal Electoral dispuso la nulidad de la proclamación de una elección interna del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en virtud de que se desconocieron los derechos electorados de los convencionales acreditados para dicha elección.

El proceso penal consistió en el uso de las instalaciones y la hora de trabajo de los funcionarios del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), para realizar reuniones político partidista.

El proceso en referencia consistió en una investigación penal electoral adelantada contra la Procuradora de la Administración, quien en un acto privado en horas de trabajo, pregonó que era un deber de la mujer panameña apoyar la candidatura de la Ministra de Vivienda como candidata a Alcalde en el Distrito de Panamá.
 

Se  reconoció la facultad legal que tienen los convencionales de un organismo partidario, a solicitar la celebración de una sesión del mismo, cuando así lo soliciten una tercera parte de los miembros que integran el organismo, y de igual manera, se deja por sentado que toda sesión extraordinaria debe tener previamente una agenda definida, es decir, que debe tratar sobre aspectos específicos.
 

Se ordenó la revocación de la sentencia condenatoria dictada por un juzgado penal electoral, en la que se sancionó a una ciudadana por haber efectuado un cambio de residencia hacia un corregimiento en donde habitualmente no residía. Dicha determinación, se sustentó en la existencia de un pronunciamiento previo a favor de la ciudadana que validó su cambio de residencia, razón por la cual dicha conducta no podía ser catalogada como un delito.
 
 

Se confirmó el acto impugnado, en razón de que las irregularidades aducidas, consistentes en la supuesta compra de votos por parte de los activistas del candidato ganador, en momento alguno fueron suficientes para desvirtuar el resultado proclamado por la Junta Comunal de Escrutinio. Lo anterior, se sustenta en el hecho de que el Código Electoral exige que los hechos impugnados tengan la magnitud necesaria para afectar el derecho del candidato proclamado.

Se confirmó la nulidad de la elección para Representante del Corregimiento de Salamanca, pues el resultado de ésta fue producto de un conteo indebido.

Se confirmaron las actuaciones del Partido Revolucionario Democrático que determinaron la expulsión y la consecuente revocación del mandato como Legislador de la República.

Se reconoció la facultad legal que tienen los convencionales de un organismo partidario, a solicitar la celebración de una sesión del mismo, cuando así lo soliciten una tercera parte de los miembros que integran el organismo, y de igual manera, se deja por sentado que toda sesión extraordinaria debe tener previamente una agenda definida, es decir, que debe tratar sobre aspectos específicos.

En este fallo el Órgano Electoral dispuso que el proceso de postulación a cargos de elección popular debe efectuarse con el cumplimiento estricto de las formalidades establecidas en el Código Electoral para tal fin, incluyendo, la presentación previa de las autorizaciones y poderes necesarios para la gestión y actuación de terceros ante las direcciones regionales de organización electoral.