Paises

Se esclareció que la actividad normativa de la Justicia Electoral tiene por objetivo “garantizar el ejercicio de los derechos políticos y la vitalidad del régimen democrático”. Se resaltó que la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal reconoce a determinadas resoluciones del TSE la naturaleza de ley en sentido material, lo que posibilita, incluso, que sean atacadas por medio de acción directa de inconstitucionalidad.

Se determinó que, a pesar de la obligatoriedad del empadronamiento electoral y del voto para ciudadanos con discapacidades diferentes, no se aplicará ninguna sanción si hubiere imposibilidad u onerosidad para el cumplimiento de las obligaciones.

Se ordenó la revocación de la sentencia condenatoria dictada por un juzgado penal electoral, en la que se sancionó a una ciudadana por haber efectuado un cambio de residencia hacia un corregimiento en donde habitualmente no residía. Dicha determinación, se sustentó en la existencia de un pronunciamiento previo a favor de la ciudadana que validó su cambio de residencia, razón por la cual dicha conducta no podía ser catalogada como un delito.
 
 

La Sala Superior decidió modificar el acuerdo impugnado y confirmar la medida cautelar adoptada en el mismo, la cual consistió en suspender la transmisión del promocional del precandidato del Partido Acción Nacional y sustituirlo por uno diverso en tanto se resolvía el fondo del procedimiento especial sancionador, porque generaban confusión en el electorado.

Se explica que las sentencias de la Cámara Nacional Electoral tienen fuerza obligatoria, lo que tiende a la uniformidad de la jurisprudencia y a la consolidación de la seguridad jurídica.
 
 

Se consideró que en aras de salvaguardar los principios de certeza e irretroactividad, tratándose de la remoción de un servidor público, el cual haya sido designado por un órgano legislativo federal o local, para el ejercicio de su cargo por un periodo determinado, éste sólo puede ser privado del mismo mediando el procedimiento de remoción, siempre y cuando haya incurrido en alguna causa de responsabilidad, lo que no ocurrió en el caso en concreto.

La controversia radicó en establecer, a partir de cuándo se computa el plazo para interponer una tacha al registro de una organización política. El Supremo Tribunal Electoral determinó confirmar las resoluciones controvertidas y desestimar las tachas contra la organización política por considerarlas insuficientes.

Se consideró que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano resultaba procedente contra los resultados de la elección de los agentes municipales, que conforme a las disposiciones previstas en las leyes aplicables, surjan de procesos comiciales sustentados en el voto de la ciudadanía.