Paises

En este pronunciamiento se establece que la inobservancia de la obligación prevista en el artículo 19 de la ley 25.600 (actual art.

El art. 29 bis de la ley 23.298, incorporado por la ley 25.611 y posteriormente derogado por la ley 26.191, establecía para las internas abiertas que la emisión, en medios televisivos, de espacios de publicidad destinados a captar el sufragio debía limitarse a los 10 días previos a la fecha fijada para la elección.

En esta sentencia, el Tribunal ejerce el control de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas que en la Argentina establecen el carácter obligatorio del sufragio. Rechaza la pretensión de un ciudadano que solicitaba que se lo eximiera de votar en elecciones nacionales.

En este pronunciamiento se resuelve que no es inconstitucional la exigencia legal impuesta a las agrupaciones partidarias de cumplir con ciertos requisitos cuantitativos como condición para el mantenimiento de su personalidad jurídico-política. Se destaca que el sistema legal vigente está fundado en la representatividad de los partidos como condición de su existencia.

En este fallo el tribunal, al ratificar la sentencia del juez de primera instancia que no accedió a otorgarle reconocimiento como partido político a la agrupación Nuevo Triunfo, sostuvo que considerando que los elementos de expresión de la agrupación en cuestión corroboraron su identifiación con el régimen nacional socialista alemán, esta no puede tener cobijo en el derecho constitucional a la libertad de prensa o de expresión.

En una decisión anterior la Cámara Nacional Electoral había declarado la inconstitucionalidad de inc. "d" del art. 3o del CEN en tanto excluía del padrón electoral a "los detenidos por orden del juez competente mientras no recuperen su libertad".
Al momento de este pronunciamiento los poderes políticos no habían adoptado las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a votar de los detenidos sin condena.

En este procedimiento se resuelve que el requisito de obtener un mínimo de votos para la participación en la asiganción de cargos a diputados nacionales -3% del padrón electoral del distrito establecido en los artículos 160 y 161 del Código Electoral Nacional, no constituye una irrazonable reglametación al derecho de representación de las minorías y que tampoco resulta violatorio del principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución Nacional Argentina.

En esta decisión se explica que para calcular el 30% de participación femenina que como mínimo prescribe la ley debe determinarse la cantidad de cargos que renueva el partido.

En esta sentencia se consideró que es al momento de la presentación de las listas ante el juez a los efectos de su oficialización que las agrupaciones políticas deben acreditar haber satisfecho los pertinentes requisitos constitucionales y legales referidos al "cupo", bajo apercibimiento de no oficializarse dichas listas.

En este pronunciamiento se establece que si la lista de un partido no se ajusta a lo que marca la ley, no solamente la está violando sino que también está restringiendo y vulnerando ese derecho del sufragante que nace de ella y que tiene por tanto raíz constitucional, en tanto dicha ley efectiviza las acciones positivas a que hace referencia el art. 37 de la Carta Magna con el objeto de asegurar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos.