Paises

En este pronunciamiento se desestima la inconstitucionalidad de las previsiones legales que -conforme al sistema D’Hondt con barrera legal- supeditan la asignación de cargos de diputados nacionales a la obtención de un mínimo de votos equivalente al 3% del padrón nacional. Así, se señala que la barrera legal es común en el derecho comparado y descarta que constituya una reglamentación irrazonable del derecho de representación de las minorías.

Se establecieron pautas importantes sobre el procedimiento de fiscalización y sobre las medidas para asegurar la publicidad de la información patrimonial de las agrupaciones políticas. Además, reseña las razones que imponen regular y controlar el financiamiento partidario.
 

Se declaró la inconstitucionalidad de una disposición legal que inhabilitaba como electores a los ciudadanos “detenidos por orden de juez competente”, pese a no haberse dictado sentencia penal condenatoria. La decisión se funda, sustancialmente, en el principio de presunción de inocencia y en la protección jurídica que los tratados internacionales reconocen a las personas sometidas a proceso penal que son privadas de su libertad con carácter preventivo.
 
 

En esta sentencia el tribunal consideró que la disposición legal que inhabilitaba a quien se encontraba ejerciendo su segundo período presidencial consecutivo y aspiraba a presentarse para un tercero, no es discriminatoria ni inconstitucional, en el entendimiento de que las normas que vedan la reelección para cargos electivos no obedecen a una razón persecutoria sino que tienden a preservar el principio republicano en uno de sus aspectos esenciales, como es la periodicidad de la renovación de autoridades.

En este pronunciamiento se resuelve que no es inconstitucional ni vulnera el Pacto de San José de Costa Rica la exigencia legal según la cual, para conservar su personalidad política, los partidos deben obtener un umbral mínimo de votos en al menos una de dos elecciones consecutivas. Se destaca que en el sistema legal vigente, la subsistencia de los partidos políticos está vinculada a su representatividad electoral.