Paises

En este fallo se explica que dentro de los distintos sistemas de elecciones primarias, nuestro legislador –con la sanción de la ley 26.571- adoptó un sistema de primarias abierto y pleno que toma el aspecto de una verdadera elección preliminar. Por ello, mediante el voto de los ciudadanos no afiliados y afiliados, las primarias abiertas constituyen un mecanismo concreto de participación popular.

Por medio de esta resolución la Cámara Nacional Electoral consideró que la obligación contenida en el artículo 12 de la ley 26.215 se vincula con propender al cumplimiento del requisito genérico previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional y deriva, naturalmente, del artículo 38

En este fallo el tribunal afirmó que el carácter representativo de la forma de gobierno adoptada por nuestra Constitución importa que el pueblo ha dispuesto –por medio de la Constitución que le da existencia- ejercer su soberanía a través de representantes cuyas condiciones de capacidad y elegibilidad establece él mismo, para cada una de las funciones que se les encomienda, y que son constituyentes y gubernativas.

En esta sentencia se explica que si bien la última reforma electoral (ley 26.571) no alteró la exigencia de intervenir en los comicios como condición para mantener la personalidad política, sí modificó -en cambio- el elemento cuantitativo previsto por el art.

En esta decisión se explica el procedimiento legalmente previsto para cuestionar por vía directa ante la Cámara Nacional Electoral, las decisiones de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior en materia de asignación de aportes públicos y espacios de publicidad.
 

Este pronunciamiento niega el reconocimiento como partido político a una agrupación cuyo accionar vulneraba principios y normas constitucionales. El fallo, vinculado con el debate en torno a los partidos antisistema (nacional socialistas), desarrolla aspectos del régimen representativo, la libertad de expresión, el derecho de asociación y el principio de no discriminación.
 
 

Se declaró la nulidad de una convocatoria electoral para cubrir cargos que debían ser renovados 10 meses y once días después de la fecha fijada para el acto electoral. El Tribunal funda su decisión en el principio de razonabilidad que debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas, pues ningún hecho concreto se invocaba en él que justificara la necesidad de disponer tan excesivo plazo.
 
 

Se desestimó la inconstitucionalidad de las restricciones temporales impuestas por la ley al desarrollo de las campañas electorales y a la emisión de avisos publicitarios proselitistas. Se señala que la desigualdad económica que existe entre los partidos aconseja establecer límites que garanticen la igualdad de oportunidades.
 
 

Se explica que las sentencias de la Cámara Nacional Electoral tienen fuerza obligatoria, lo que tiende a la uniformidad de la jurisprudencia y a la consolidación de la seguridad jurídica.
 
 

En este fallo se desestima la inconstitucionalidad de la norma legal que atribuye a los partidos políticos, en forma exclusiva, la facultad de nominar candidatos a cargos públicos electivos.