Paises

El recurso lo promovieron tres partidos políticos en conjunto, impugnando los acuerdos dictados por el Instituto Federal Electoral, por los cuales estableció los topes máximos de gastos de precampañas, por precandidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados Federales, todos para contender en el proceso electoral federal 2011-2012.

El recurso fue interpuesto por un partido político sancionado por detectar irregularidades en su informe anual de ingresos y egresos de 2009. Se advirtió que el partido no destinó el porcentaje del financiamiento público exigido por la Constitución y por la ley electoral para actividades específicas de capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales.

El recurso lo interpuso un partido político contra el acuerdo del Instituto Federal Electoral por el que decretó la retención de la parte correspondiente del financiamiento público al partido, en cumplimiento a un requerimiento de un juez civil por un adeudo de servicios de publicidad a un tercero.

El juicio de revisión constitucional electoral lo promueve la coalición que ocupó el segundo lugar en la elección de gobernador del Estado de Hidalgo, en contra de la sentencia dictada por el tribunal electoral estatal que confirmó la declaración de validez y los resultados de la elección.
La coalición actora pretende anular la elección alegando la causal estipulada en el código comicial consistente en el rebase de topes de gastos de campaña.

El juicio fue promovido por diversos partidos políticos a fin de controvertir la Declaratoria de Validez de la Elección y de Gobernador Electo del Estado de Michoacán, emitida por Tribunal Electoral de aquella entidad.
La Sala Superior consideró que los institutos políticos, además del financiamiento para actividades ordinarias, se les otorgan recursos para gastos de campaña electoral, con la finalidad de obtener el voto.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la interrupción de la jurisprudencia 11/2009.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido contra el decreto emitido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante el cual se declaró y ratificó la falta de condiciones necesarias para renovar concejales al ayuntamiento de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, sostuvo que aquellos juicios promovidos por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su auto

La Sala Regional Xalapa consideró que, atendiendo a la finalidad de la cuota de género en las candidaturas postuladas por un partido político, ésta debe consistir en la aplicación de la proporción máxima de candidaturas para un mismo sexo (fijada en el sesenta por ciento del total) considerando a la planilla en su integridad, es decir, a las fórmulas de candidatos de manera conjunta y no a las candidaturas en lo individual.

La Sala Superior consideró que la correcta interpretación de la parte final del artículo 220 del código electoral federal, permite arribar a la conclusión de que la regla de alternancia prevista en dicho precepto consiste en ordenar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar las cinco candidaturas de cada segmento, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo.

En este asunto, la Sala Superior ordena que se convoque a una ciudadana para que asuma el cargo de consejera, pues se consideró que al ser una consejera propietaria quien generó la vacante en el Consejo Estatal Electoral, si bien tendría que seguirse el orden de prelación establecida en la lista de suplentes elaborada por el Congreso del Estado, para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 61, fracción IV y 66, primer párrafo, tal orden regiría sólo para consejeras suplentes (género femenino).