14/junio /2016 / Sala Superior 202/2016

Ciudad de México

Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que se requiere revisar la ley para simplificar el sistema de medios de impugnación y expedir una auténtica ley procesal electoral, a fin de que a Sala Superior conozca sólo controversias de trascendencia jurídica que sean realmente constitutivas de litigio, no de procedimientos administrativos.

Al participar en la Mesa “¿Es necesaria la reforma del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral?”, del Seminario La Reforma de la Justicia Electoral realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Magistrado consideró que el sistema de medios de impugnación se ha vuelto asistemático, por lo que requiere de una reforma.

Galván Rivera habló de la complejidad que se vive en materia procesal y recordó que mientras en 1987 con el Tribunal de lo Contencioso Electoral los recursos en etapa preparatoria eran: revocación, revisión, apelación y queja, ahora son nueve medios de impugnación con la jurisprudencia.

Refirió que a estos recursos se agregaron uno que está previsto en la ley y otro que no está nominativamente previsto en la ley: El juicio laboral para los servidores públicos al servicio del Instituto Nacional Electoral (INE), con todo un capítulo y los conflictos laborales de los trabajadores del Tribunal Electoral, del que conoce la Sala Superior”.

En este contexto planteó que los juicios laborales estén en su Tribunal porque se rompen todos los principios del debido proceso legal, al resolver siendo jueces y demandados, además de ser patrones. “Dejemos en libertad a los trabajadores para que puedan recurrir a un Tribunal imparcial, a un auténtico tercero en la controversia”, dijo.

Respecto a las Salas Regionales, Galván Rivera propuso tener un Magistrado Unitario de primera instancia por cada entidad federativa, ya que en su opinión hay asuntos que no requieren de siete, sino de tres Magistrados. Es decir, dos salas colegiadas de tres integrantes y un Pleno de siete para resolver temas de auténtica constitucionalidad y convencionalidad.

“Se dice mucho actualmente de la judicialización de las elecciones y es cierto, bueno, desfoguemos la cantidad de trabajo que se tiene, resolvamos a tiempo, que se pueda instalar una Sala en el momento que sea requerido sin que tengamos necesidad de esperar quórum de cuatro, con tres se puede sesionar si se organiza con dos salas”.

Asimismo, planteó que el presidente no tenga integración a Sala sólo cuando forme parte del Pleno que tenga funciones jurisdiccionales y que la ausencia de un Magistrado propietario sea suplida por un Magistrado supernumerario o bien por integrantes de una sala auxiliar.

El magistrado Galván Rivera aseguró que las Salas Regionales sufren de capitis deminutio al no establecer tesis de jurisprudencia, no por falta de capacidad o entusiasmo, sino porque a diferencia de la Sala Superior, cuando establecen el mismo criterio en cinco casos similares, tienen que elaborar la explicación del proyecto de tesis y tiene que ser el TEPJF quien resuelva si se establece o no.

Coordinación entre autoridades jurisdiccionales y electorales permitirá fiscalización exhaustiva
En su participación el consejero del INE, Benito Nacif Hernández, estimó que se deben de ajustar los tiempos de los procesos de impugnación en materia de fiscalización porque hay muy poco tiempo para hacer una fiscalización exhaustiva de todas las operaciones realizadas por los partidos políticos.

Indicó que poco más de 60% de las 450 quejas en materia de fiscalización en el proceso pasado se presentaron después de la jornada electoral, por lo que se debe aprovechar el área de oportunidad que existe y que brinda el tiempo que transcurre ente la fecha de la jornada electoral y la toma de posesión de los cargos de elección popular.

Nacif se pronunció por acomodar de forma escalonada los dictámenes y así darle tiempo a la autoridad administrativa para hacer una fiscalización más a fondo y efectiva, que implica coordinar a las autoridades jurisdiccionales que califican elecciones locales en primera instancia y dejar espacio suficiente para que el TEPJF, que tiene la última palabra, pueda resolver las apelaciones a estos actos locales.

"El modelo de fiscalización implantado busca una justicia más completa, abriendo la posibilidad de nulidad de elección por un rebase de topes de campaña, por lo que requiere de un esfuerzo más coordinado de las dos autoridades que intervienen en este proceso que debe concluir en una fiscalización más creíble."

Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de Sala Especializada del TEPJF, advirtió que es el momento oportuno de repensar y perfeccionar el modelo de justicia electoral, toda vez que el próximo 22 de noviembre la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral —que consta de 110 artículos— cumple 20 años.

Llamó a la reflexión para que se determine si este modelo debe estar a cargo de la autoridad administrativa o de la autoridad jurisdiccional.

Por su parte, Armando Maitret, magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, expresó que actualmente existe un desorden en materia procesal, lo que propicia que se reencaucen juicios y se provoquen debates estériles cuando lo importante es resolver los asuntos.

El magistrado Maitret se pronunció porque existan como medios de impugnación: un juicio electoral en donde entre el recurso de apelación, juicios para la protección de los derechos electorales, de revisión constitucional y el de reconsideración contra resoluciones del INE y un recurso de apelación en el que se revisen sentencias de Salas Regionales.

El Seminario La Reforma de la Justicia Electoral se realiza durante esta semana en el auditorio Dr. Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.