Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

4 /mayo /2012 / Sala Superior 66/2012

México, D.F.,

Al resolver el recurso de apelación presentado por la coalición Movimiento Progresista, el Pleno concedió la razón al apelante en el sentido de que el IFE no ha agotado todas las opciones para obtener la mayor cobertura posible del debate, por lo que no existe la certeza de que el evento se difunda en la totalidad de las entidades federativas del país, por ello le instruyó a realizar esa tarea entre hoy y el día del evento.

En cambio, se desestimaron los agravios formulados por la citada coalición que se inconformó con la negativa del Consejo General del IFE para solicitar a la Secretaría de Gobernación que el debate entre los aspirantes a la Presidencia se difundiera en cadena nacional.

La sentencia, elaborada por la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza, resolvió que no se pueden imponer mecanismos que conviertan el derecho y el ejercicio a la información en algo obligatorio para las personas, ya que con ello, el derecho dejaría de ser tal para convertirse en una obligación.

El magistrado ponente comentó que los debates difundidos por radio y televisión son fundamentales para la orientación cívica de la población y permiten, de manera espontánea, que los candidatos puedan discutir los problemas, las plataformas, las virtudes o los defectos que su propia orientación puede tener. Dijo que la Constitución no prevé que el derecho a la información sólo se satisfaga con la difusión del debate a través de una cadena nacional, pero que la autoridad administrativa electoral debe llevar a cabo las acciones necesarias para que la difusión del debate cubra todas las entidades federativas del país.

Por su parte, el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar consideró que la negativa del IFE para solicitar a la Secretaría de Gobernación la cadena nacional para la difusión del debate no viola los artículos 1° y 6° de la Constitución General de la República, pero consideró que el IFE sí puede hacer más para garantizar la difusión del debate, tal como lo establece el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

El magistrado Nava Gomar subrayó que el derecho a la información es una garantía de potencia o de realización constante, y para que se satisfaga, los individuos deben de estar en condiciones de poder acceder a la información. Aclaró que la sentencia aprobada hoy no obliga a concesionario alguno a transmitir el debate, pero sí solicita gestionar lo necesario para garantizar una mayor difusión.

En su oportunidad, el magistrado Constancio Carrasco Daza mencionó que el IFE cuenta con elementos suficientes para saber, en este momento, qué cobertura está alcanzando la difusión del debate presidencial. A partir de ello, agregó, tendrá que redoblar esfuerzos para lograr una mayor cobertura, tomando en cuenta que éste es un tema cuya instrumentación “está protegiendo de manera eficaz derechos humanos que son indispensables en una democracia deliberativa”.

El magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos subrayó que los debates constituyen un espacio para que los candidatos confronten sus posiciones antagónicas respecto de los temas que conforman sus respectivas propuestas de campaña y programas de acción, a fin de posicionarse frente al electorado como la mejor opción, y desde luego, su difusión permitirá que mayor número de ciudadanos puedan acceder a los mismos.

Aclaró, sin embargo, que no le asiste la razón al promovente cuando sostiene que la autoridad responsable violó los artículos 1º y 6° constitucional, así como diversos tratados internacionales, para que se preserve la vigencia del derecho a la información político-electoral y su libre ejercicio no requiere que el debate sea difundido en cadena nacional.

En la sesión pública, el Pleno resolvió 7 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 5 juicios de revisión constitucional electoral, 11 recursos de apelación y 8 recursos de reconsideración, lo que hace un total de 31 medios de impugnación

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4 /octubre /2011 / Sala Regional Toluca 98/2011

Toluca de Lerdo, Estado de México

Es indispensable que el Estado lleve a cabo acciones para garantizar la participación efectiva de las comunidades y pueblos indígenas en la vida política del país, sin que pierdan su identidad, enfatizó el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El inaugurar el “Seminario sobre Jurisprudencia, Derechos Humanos y Derechos Político-Electorales de los Pueblos Indígenas”, el magistrado Luna Ramos subrayó que no basta que México haya incorporado en la Constitución el reconocimiento de la auto organización y auto determinación de las comunidades indígenas, sino que es pertinente que todos los sectores de la sociedad y el Estado contribuyan a un ejercicio efectivo de esos derechos.

Aseguró que el TEPJF, a través de sus sentencias, ha transitado con paso firme por el camino de garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas; por ejemplo, ampliando el criterio para poder revisar las sentencias de las salas regionales cuando alguna de ellas determine la inaplicación de normas consuetudinarias y por contravenir la Constitución Federal Mexicana.

También recordó que han emitido diversas tesis relevantes, una de cuales establece que las autoridades electorales están obligadas a hacer lo conducente para que se lleven a cabo elecciones en los pueblos indígenas, respetando sus usos y costumbres; ello, luego de que en una comunidad de Oaxaca no se realizaban comicios porque las autoridades tradicionales consideraban que no había condiciones para ello, y así se violaban los derechos político electorales de todos.

Con sus sentencias, el Tribunal ha hecho efectivo los derechos político–electorales de las comunidades indígenas, bridando pleno acceso a la justicia electoral aún en condiciones de marginación, sostuvo Luna Ramos.

Fortalecer la igualdad y la participación política de todos

En su oportunidad, Mariano Azuela Güitrón, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actual director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, sostuvo que la igualdad y la participación política se han visto amenazadas e inclusive violentadas, por lo que es tarea de todos fortalecer dichos principios.

El magistrado Santiago Nieto Castillo, presidente de la Sala Toluca del TEPJF, señaló en su intervención que la igualdad reconocida en la Constitución no se ha hecho efectiva en el ejercicio de las comunidades indígenas, ni todas las entidades federativas han legislado al respecto, conforme a lo que dispone la Carta Magna. Subrayó que la Sala Toluca del TEPJF ha desarrollado actividades como programas de radio, talleres, carteles, entre otras, en lenguas indígenas para difundir sus derechos políticos.

En tanto, Ana María López, Gerente del Programa de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México, consideró que la multiculturalidad de una nación es un reto para el Estado, sobre todo al hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas. Reconoció la voluntad de distintas instituciones por vigilar el respeto de los derechos de votar y ser votado.

Xavier Antonio Abreu Sierra, Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, advirtió que el próximo año podrán votar 8 millones de mexicanos indígenas, de un total de 15.7 millones que existen en México. Enfatizó que los indígenas de 2011 son distintos a los de hace siglos; dichas comunidades quieren conservar su identidad, pero también son firmes al manifestar su intención por modificar las condiciones de marginación en las que viven.

Por ello, agregó, el mosaico multicultural de México representa un reto por armonizar los derechos universales con la identidad cultural; en lo que se avanzaría si el Congreso de la Unión aprobara una Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, sobre todo a la hora de llevar a cabo obras de infraestructura que pudieran afectar los territorios y cultura indígenas; sería conveniente que todas las acciones de gobierno pasaran por una consulta previa a dichos pueblos.

El seminario se desarrolló en dos sedes. En la Sala Superior tuvo lugar la mesa “Acceso de los pueblos indígenas a la justicia”, en la que participaron los magistrados Adriana Favela, de la Sala Toluca del TEPJF; José María Chambé, Presidente del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial de Chiapas; la Dra. Parastoo Anita Mesri, Secretaria Particular de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca; Adín Antonio de León, Secretario Instructor de la Sala Superior del TEPJF; y Eber Omar Betanzos, asesor en el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la SCJN.

En la Sala Toluca, el magistrado Manuel González Oropeza, integrante de la Sala Superior del TEPJF, dictó la conferencia magistral “Precedentes y Futuro de los Derechos Políticos de las Comunidades Indígenas”.

También se dieron a conocer los Avances del Diagnóstico con Perspectiva de Género sobre la Situación Actual de los Derechos Político Electorales en Comunidades Indígenas de la V Circunscripción Electoral Federal.

Además, se llevó a cabo la mesa “La interlegalidad: el derecho positivo y la costumbre”, con la participación del magistrado Santiago Nieto; Marco Antonio Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Alejandro Habib, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Hidalgo; María Oudalia Gutiérrez, Jueza Comunal en Uruapan, Michoacán; y Ruth Zavaleta, coordinadora de Institucionalización de la Perspectiva de Género del TEPJF.