Confirma Sala Xalapa resoluciones del IFE que declararon infundadas quejas contra el PAN en Tabasco
10/marzo /2009 / Sala Regional Xalapa 6/2009
Xalapa, Ver.
En sesión pública, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las resoluciones emitidas el pasado mes de febrero por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) que declararon infundadas dos quejas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y Nicolás Alejandro León Acosta, dirigente estatal panista, por promoción de obras, programas sociales y acciones de gobierno a favor de este partido.
En la demanda, el PRI argumentó que dichas resoluciones carecían de fundamentación y motivación, además de que transgredían el principio de exhaustividad al no analizar todos los planteamientos; sin embargo, en los proyectos de sentencia, se consideró que la resolución impugnada sí contenía las razones legales en las que basó su proceder y que la Junta Local del IFE analizó todos los planteamientos hechos valer en la demanda inicial.
En otro punto, se consideró que no era ilegal la propaganda partidista que alude a programas sociales del gobierno; puesto que no está prohibido para los partidos políticos hacer mención de los programas, logros o acciones de gobierno, ya que ello no transgrede los principios de legalidad y de certeza.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos por la Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla y las Magistradas Judith Yolanda Muñoz Tagle y Yolli García Alvarez.
Por otra parte, la Sala Xalapa confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, mediante la cual confirmó la negativa de registro a Pedro Gutiérrez Gutiérrez como precandidato a diputado federal por el distrito VI, con cabecera en Centro, Tabasco, toda vez que el actor no comprobó el apoyo de al menos 45 presidentes de comités seccionales, que establecía la convocatoria.
Por otro lado, ante el desistimiento de Martín Pompilio de León Robledo, candidato a la presidencia del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, se tuvo por no presentada su demanda en contra de la resolución del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado.
En la sesión pública de este martes la Sala Xalapa resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y dos recursos de apelación, que hacen un total de cuatro medios de impugnación.
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El Tribunal Electoral es un pilar fundamental del sistema democrático mexicano: Magistrado Manuel González Oropeza.
25/febrero /2009 / Sala Superior 11/2009
México, Distrito Federal a
Al participar en el Taller sobre Resoluciones Electorales organizado por el Centro Carter en la ciudad de Atlanta, Estado Unidos, con la colaboración del Colegio Electoral de ese país y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral de Suecia, el magistrado expuso su experiencia en la observación de procesos electorales y solución de controversias.
En ese sentido, mencionó que los resultados de las observaciones electorales pueden perfeccionar las pruebas que integran un juicio electoral –si las partes así lo demuestran-, pero por sí mismos no son vinculantes para emitir una sentencia, pues la ley no lo contempla de esa manera.
Por otra parte, el magistrado González Oropeza enfatizó que el Tribunal Electoral contribuye a la democracia interna de los partidos políticos, al contar actualmente con facultades para analizar casos relacionados con violaciones de los derechos de los militantes partidistas. Señaló que los militantes han acudido al Tribunal para cuestionar los actos de sus organizaciones, y en la gran mayoría de los casos éste les ha dado la razón; los partidos han tenido que proporcionar información, democratizar sus procesos de selección de candidatos y de elección de sus dirigencias.
El magistrado puntualizó que a lo largo de 13 años de existencia del organismo, la justicia electoral se ha ido perfeccionando en México. A pesar de las críticas respecto de la ambigüedad de algunos criterios jurídicos, reconoció grandes avances en la materia, y advirtió que ir más deprisa podría alterar la estabilidad o independencia del propio organismo.
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