17/noviembre /2012 / Sala Superior 191/2012

México, D.F

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cumplió con su deber de cuidar el voto ciudadano y respetar la forma en que se hizo valer este derecho en las urnas el pasado 1 de julio, aseguró el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos.

Al participar como moderador de la mesa “El supuesto financiamiento ilegal”, en el marco del V Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral del TEPJF: la Elección Presidencial 2012, Luna Ramos dijo que el tema del financiamiento de los partidos políticos es de vital importancia, por lo que éstos ya piensan en reformar el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe), dados los problemas que se registraron en el pasado Proceso Electoral Federal y ante el impedimento que existe para que particulares compren tiempo en radio y televisión.

“Se ha hablado mucho de que va a haber reformas tanto legales como constitucionales, por los resultados que hubo en esta elección, esto es lo lógico. Yo he visto en el actuar de los partidos políticos que quieren regresar al modelo para que los particulares puedan adquirir propaganda electoral por cuenta propia”, apuntó.

En ese sentido, reconoció que uno de los principales retos que tiene el Congreso de la Unión es revisar hasta dónde se están afectando las limitantes a la libertad de expresión, con la prohibición para que los particulares financien propaganda política, como han argumentado diversos actores políticos y académicos.

El Magistrado Presidente indicó que si en los procesos electorales los partidos violan la ley en materia de fiscalización, las autoridades administrativas, como el Instituto Federal Electoral (IFE), están obligadas a imponer las sanciones correspondientes.

En esta mesa de trabajo participaron Ignacio Torres Muro, académico de la Universidad Complutense de Madrid; Edgar Corzo Sosa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Rafael Estrada Michel, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), quienes hablaron de los análisis elaborados por diferentes instituciones respecto de las restricciones impuestas en la norma electoral mexicana para el financiamiento de las campañas electorales.

La sentencia de la elección del 1 de julio, sobre la base de las pruebas aportadas: Alanis Figueroa
La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección presidencial del 1 de julio es firme y definitiva, y la decisión de declarar la validez de la contienda se tomó con base a las pruebas aportadas, así como de los informes que se recibieron por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Fiscalización del IFE, aseguró la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.

“Para mí la sentencia que emitió el Tribunal Electoral es definitiva y firme porque para los Magistrados todo ese cúmulo de evidencias y de argumentos presentados en la impugnación, no fueron suficientes para anular la elección”, dijo.

Al moderar la mesa “La validez de la elección”, Alanis Figueroa reconoció que es necesario revisar los tiempos establecidos en la ley electoral para la fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos, y también, a juicio de algunos expertos en la materia, se deben analizar las causales de nulidad de una elección. “Con lo que marca la normatividad en la materia, el Tribunal Electoral no puede cambiar su sentencia, a pesar de que la Unidad de Fiscalización del IFE determinara el próximo año que hubo un rebase de topes de campaña”, apuntó.

La magistrada aseguró que la labor de la autoridad jurisdiccional es velar por elecciones auténticas, libres y democráticas y, al valorar las pruebas aportadas por la coalición Movimiento Progresista, no se encontraron elementos para declarar la invalidez de los comicios presidenciales.

En su intervención, Francisco Javier Ezquiaga, de la Universidad del País Vasco, respaldó la posición de la magistrada María del Carmen Alanis al señalar que el resultado de la pasada elección ya no se debe alterar. “No sería apropiado, pero sí resulta un llamado de atención para los legisladores, quienes deberán establecer las reglas que minimicen todos esos elementos que intervienen en el proceso electoral”, aseveró.

La impugnación contra la elección presidencial no daba para anular 50 millones de votos: Nava Gomar
Los argumentos presentados por la coalición Movimiento Progresista para solicitar la anulación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no daban para anular 50 millones de votos, aseguró el magistrado Salvador Nava Gomar.

Al moderar la última mesa de trabajo “La validez de la elección”, el magistrado reconoció el trabajo colegiado del TEPJF que respaldó la calificación jurisdiccional de la pasada elección presidencial y destacó la unanimidad de los integrantes de la Sala Superior en la decisión de integrar una comisión especial para que elaborara el dictamen final. “Los tres magistrados que integraron la Comisión Calificadora respetaron el método establecido con toda seriedad, estudiaron cada uno de los planteamientos, de los argumentos, y valoraron todos los elementos presentados por la coalición actora”, aseveró.
En su oportunidad Marco Antonio Zavala Arredondo, secretario general de Acuerdos del TEPJF, hizo una reseña de los modelos de calificación de la elección presidencial aplicados en México a lo largo de su historia y que han sido producto de diversas reformas electorales.

Abundó en la necesidad de reforzar los mecanismos con que cuentan las autoridades electorales para efectuar evaluaciones más rápidas de presuntas violaciones.

Imer B. Flores, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), se pronunció por una reforma que considere la segunda vuelta electoral, la instrumentación de un modelo de fiscalización en tiempo real, así como la revisión del tema de las sanciones, más allá de la aplicación de multas.

En tanto, Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM indicó que, a diferencia del dictamen presentado respecto de la elección presidencial de 2006, en 2012 el TEPJF tomó decisiones que dieron buenos resultados, por ejemplo, la separación del llamado “juicio madre”, lo que hizo más accesible el entendimiento de la calificación.

Compra de votos, práctica recurrente en comicios
Especialistas nacionales e internacionales que participaron en la mesa “La presunta compra y coacción de votos”, moderada por Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, coincidieron en que la compra y coacción del voto se ha convertido en una práctica recurrente en las elecciones de varios países.

Eneida Desiree Salgado, de la Universidad Federal Do Parana, consideró que la compra de votos daña la autenticidad electoral y la igualdad de la contienda. Dicha práctica, agregó, infringe la regla de llevar a cabo elecciones libres, esenciales para la democracia, además de ultrajar la libertad del sufragio.

El Juez Marlon Reis, de Brasil, indicó que en la compra del voto intervienen aspectos diversos como el ofrecimiento de favores o la entrega de bienes materiales a cambio de beneficiarse con el sufragio de los electores. “La compra de votos está ubicada también en el tema de la propaganda, al ser considerada como un estímulo ilícito para facilitar o añadir más fuerza al pedido del voto a los electores, para lo cual se promueve la distribución de bienes o ventajas”, explicó.

En su intervención Miguel Pérez Moneo, de la Universidad de Barcelona, señaló que es evidente que la compra del voto corrompe la libre formación y expresión popular, así como el ejercicio de un sufragio igualitario, no sólo desde la perspectiva de la igualdad de la competencia electoral, sino también con la máxima “de una persona, un voto”.
Al clausurar el V Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, el magistrado Salvador Nava Gomar resaltó la celebración de las siete mesas temáticas con la participación de especialistas nacionales e internacionales que analizaron los puntos más relevantes de la calificación de la elección presidencial 2012.

A través de este tipo de eventos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación refrenda su compromiso con la transparencia al difundir, analizar y discutir, de manera temática, las sentencias emitidas durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, las cuales expresan paso a paso la forma en la que el máximo órgano jurisdiccional del país hizo valer el voto de los mexicanos expresado en las urnas el pasado 1 de julio.


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